EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


E D I C T O EDICTO No. 83/2021 El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la ciudad de Yacuiba, capital de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, constituido por los Sres. Jueces, Dra. Angélica María Gil Vera, Dr. Luis Frías Duran y Dra. Mabel Jaqueline Caba Castro a través del presente edicto HACEN SABER: SE NOTIFICA A: GERMAN ANDIA DELGADILLO (en calidad de victima). CON: sentencia NO. 24/2021 DELITO: TENTATIVA DE HOMICIDIO Y LESIONES GRVAS Y LEVES. SIGUE: Ministerio Público. S E N T E N C I A N° 024/2021. Estado Plurinacional de Bolivia - Órgano Judicial Tribunal de Sentencia Penal 1° de Yacuiba Capital de la Región Autónoma del Gran Chaco – Distrito Judicial de Tarija. NUREJ Nº 6Y063140 N° de Expediente en Tribunal 014/2021 JUECES TECNICOS: Dr. Luis Frías Durán Juez Presidente Dra. Angélica María Gil Vera Juez Técnico Dra. Mabel Jaqueline Caba Castro Juez Técnico ACUSADO: RAUL FROILAN SOLIZ GARCIA. DELITO: Homicidio en grado de Tentativa Arts. 251 y 8 del C.P. SIGUE: Ministerio Público: Dra. Andrea Roymant. DEFENSA: Dr. José Luis Villarroel VICTIMA: Germán Andia Delgadillo. DEFENSA DE OFICIO: Dr. Esteban Sánchez Murillo. SECRETARIA: Dra. Arocely Rocio Bautista. FECHA: viernes, 22 de septiembre de 2021. HORA: 10:00. I.- DATOS PERSONALES DEL ACUSADO: RAUL FROILAN SOLIZ GARCIA, portador de la cédula de identidad N° 10630401 Tja., nacido el 04 de mayo de 1971 en la ciudad de Yacuiba, tiene dos hijos menores, estado civil concubino, domicilio real en calle Santa Cruz Nª 975 entre calles Jorge Tasakis y 4 de Julio, de ocupación Electricista y Plomería aprendió de forma empírica, solo estudio hasta tercero medio, reconoce ser alcohólico, estaba por ser asistido por profesionales antes de la pandemia por el COVID 19, acudió a la parroquia Pilcomayo donde se encuentran los alcohólicos anónimos, datos obtenidos de la declaración del acusado. Asimismo, se explica al acusado que, conforme al Art. 346 del CPP, tiene el derecho de declarar todo cuanto desee en su defensa, como así puede abstenerse de declarar. Al respecto al señor Raúl Froilan Soliz García manifiesta abstenerse de declarar brindando solo sus generales de ley y datos personales. II.- ENUNCIACION DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO. De lo visto y escuchado en audiencia, en cuanto a los hechos expresados en la acusación presentada por el Ministerio Público, que fuera leída en audiencia de Juicio Oral, Público, Continuo y Contradictorio, se tiene que; en fecha 17 de noviembre 2019, a horas 06:30 a.m. aproximadamente, la presunta víctima se apersona a oficinas de la FELCC, quién habría señalado que trabajaba para la señora Norma Soliz y que la misma le habría pedido que se acerque donde su inquilino de nombre NN para pedirle desperdicios para perro y fue entonces cuando habría sido agredido físicamente con un tubo de plástico por parte del denunciado Raúl Froilan Soliz García y que habría tomado un cuchillo he intentado agredirle pero al defenderse logró quitarle el cuchillo, a lo cual el denunciado agredió a la presunta víctima con un palo, golpeándole en la cabeza provocando una lesión, la víctima al momento de interponer la denuncia señaló desconocer el motivo de la agresión. Estos son los hechos de la acusación fiscal ratificados por el representante del Ministerio Público en audiencia de juicio oral. III.- VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO. (FUNDAMENTACIÓN DESCRIPTIVA, ANALITICA Y JURIDICA). El Tribunal toma conocimiento de los hechos teniendo presente lo visto y oído en la audiencia, analizando y valorando los elementos de prueba ofrecidos y producidos por las partes con relación a los hechos acusados y el derecho invocado. Prueba de cargo del Ministerio Público. De la prueba codificada como MP1 Formulario de informaciones y denuncias de 17 de noviembre de 2019, se tiene por cierto que el señor Germán Andia Delgadillo, presentó una denuncia formal en contra del acusado Raúl Froilán Soliz García por el delito de tentativa de homicidio, lo cual generó que funcionarios de la FELCC acudan al domicilio del acusado a verificar el hecho, así se corrobora de la prueba codificada como MP 4 Informe de intervención policial preventiva del 17 de noviembre, firmado por los policías Denis Romero Narvaez y Octavio Vicente Quisbert, quienes acudieron al domicilio del acusado, sito en calle Santa Cruz entre calles Jorge Tasakis y 24 de julio; en el lugar ingresaron con permiso de uno de los inquilinos y encontraron al acusado en estado de ebriedad, a quien arrestaron con el uso de la fuerza, encontrando en el lugar un cuchillo y un palo que estaba en el piso, con el cual le habría golpeado en la cabeza, en ese sentido fue aprehendido, así se observa de la prueba codificada como MP 5 Papeleta aprehensión de la misma fecha con lectura de derechos y garantías, prueba documental a la que se otorga valor positivo. Asimismo, se tiene la documental codificada como MP 6 Acta de registro del lugar de los hechos, sin firma del fiscal de materia en donde se procede al secuestro de un cuchillo tipo cierra con cabo de color naranja y un palo con el cual el acusado habría golpeado a la víctima. Los elementos documentales descritos fueron corroborados por la declaración de los testigos de cargo Octavio Vicente Quisbert de profesión policía con rango de Sargento Mayor quien manifestó que acudieron al domicilio luego de conocer la denuncia y encontraron al acusado en estado de ebriedad, donde observaron en el piso un cuchillo con el que presuntamente se habría agredido a la presunta víctima, corroborado además por la declaración del testigo Denis Romero Narvaez de profesión policía con rango de Sargento Primero, que junto al Sargento Octavio Vicente Quisbert acudió al domicilio del acusado, verificando lo declarado por el anterior testigo, añadiendo que la víctima refirió violencia psicológica y física. Entre la documental de cargo presentada por el ministerio público, se encuentra la prueba codificada como MP 7 Informe de Inicio de Investigación suscrita por el Sgto. 2º Hernán Montero Suárez de 17 de noviembre de 2019 donde informa el secuestro de un cuchillo de cocina sierra con cabo de color naranja y un palo, como así la presencia de manchas de sangre en el piso en poca cantidad, empero lo más sobresaliente de esta documental, es que se encuentra adjunto un requerimiento fiscal del 17 de noviembre de 2019 firmado por el fiscal Andrés Soruco en donde se ordena el registro del lugar del hecho, sin embargo el fiscal no firma tal actuación y este aspecto no es observado por las partes, así mismo ordena el examen médico forense que también es sugerido por el asignado al caso en el informe señalado, empero de la carga probatoria no se tiene dicho certificado ni se aclara en el juicio acerca de las supuestas lesiones, mucho más cuando de la prueba MP 11 Informe preliminar del 18 de noviembre de 2019 suscrito por el mismo signado al caso Hernán Montero y quién no se presentó a brindar su declaración en juicio oral, refiere que el forense Walter Flores Espinoza fue notificado para realizar el examen tanto al imputado como a la supuesta víctima, informe al cual se encuentra adjunto el muestrario fotográfico del lugar de los hechos. Al momento de deliberar, se analiza el hecho, la prueba y el delito por el cual se acusa, en este caso Homicidio en grado de Tentativa, y antes de verificar los aspectos inherentes a la tentativa, previamente debe tomarse en cuenta, si existen los elementos probatorios que acrediten el ánimo de matar, en mérito a las lesiones causadas, para ello se entiende que el animus necandi se define como el deseo de matar, lo que implica dolo con sus dos elementos de conocimiento y voluntad que comprende generalmente tanto el dolo directo como el eventual, en el primero la acción viene guiada por la intención de causar la muerte y en el segundo tal intención no puede ser afirmada, si bien el autor conoce los elementos del tipo objetivo, de manera que sabe el peligro que crea su conducta para el bien jurídico protegido que es la vida, a pesar de lo cual continúa su ejecución, bien porque acepta el resultado probable o bien porque su producción le resulta indiferente. En cualquiera de los casos, el conocimiento de ese riesgo no le impide actuar. La diferencia entre el animus necandi y animus laedendi, es determinar si una acción puede recaer dentro de un delito contra la vida, principalmente en su modalidad de homicidio y, por ende, considerar que el sujeto activo con intención de matar o animus necandi, o, en cambio, inferir que su acción debe calificarse como un delito de lesiones porque en el ánimo del sujeto era lesionar o mermar la integridad física del sujeto pasivo, presidiendo en él un animus laedendi, en ambas situaciones se debe tener en cuenta que es una conducta dolosa. El Artículo 251 del CP modificado por l Ley 1173 establece “La persona que matare a otra será sancionada con presidio de diez (10) a veinte (20) años. Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será de catorce (14) a veinticinco (25) años”, es decir que este es un delito eminentemente doloso. El Artículo 8 del CP señala “El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado. La determinación de cuándo nos encontramos en uno u otro caso, es decir ánimo de matar o de lesionar, es una operación jurídica de carácter hermenéutico que entraña gran dificultad y en la que alcanza su mayor expresión la capacidad de los órganos jurisdiccionales para interpretar no sólo la norma, sino principalmente para valorar las pruebas existentes en cada caso, y discernir cuál fue el elemento subjetivo que detentaba el sujeto al obrar, es decir, cuál era la finalidad en la comisión de su acción (Manresa, 2013). Las circunstancias conexas deben ser acreditadas, pues son elementos que permitirán al juzgador, conocer en primer lugar el número de golpes, las lesiones y tipo de lesiones ocasionadas, días de impedimento, órganos internos afectados, miembros externos, las manifestaciones del propio culpable, palabras precedentes y acompañantes a la agresión y actividad anterior y posterior al delito, las relaciones entre el autor y la víctima, la misma causa del delito; elementos que no se han demostrado en audiencia de juicio oral, pues el certificado médico forense es el elemento probatorio que permite conocer que tipos de lesiones se ocasionaron, si es que las hubo, cuantos días de impedimentos, si el o los golpes que presuntamente ocurrieron ocasionaron un daño tal que posibilite establecer el animus necandi o ánimo de matar o solo se trata de un animus laedendi o ánimo de lesionar o se trata de una acción de defensa ante la presencia de un extraño, más aun cuando el sujeto se encuentra en estado de ebriedad. En este aspecto llama la atención que no se presentó la prueba forense ni al perito a cargo del examen legal, como tampoco se levantaron muestras de sangre, pues recordemos que el informe del asignado al caso, sugiere examen médico legal del imputado y de la víctima, en ese caso se puede presumir que ambos pudieron presentar heridas y la sangre pertenecer cualesquier de ellos, entendiendo además bajo la lógica y la experiencia que de haber existido un hecho como el acusado, donde el imputado habría utilizado un tubo de plástico, luego un cuchillo de sierra y finalmente un palo, tiene que haber producido heridas de consideración, o al contrario la presunta víctima haber causado lesiones al acusado en ejercicio de su defensa, empero no existe prueba que acredite estos hechos, lesiones, impedimentos, circunstancias, actos de defensa, etc., más aun cuando supuestamente se realizó el secuestro de evidencias (un cuchillo sierra y un palo) que no fueron presentados como prueba material y se extraña el tubo de plástico del cual no refieren los informes. El caso genera dudas al respecto pues probablemente estemos frente a una exageración y solo se trate de una gresca sin lesiones, con amenazas o un acto de defensa del propietario al ver en su domicilio a un desconocido, sumado al hecho que se encontraba en estado de ebriedad, considerando que nada se dijo en el juicio acerca de la relación de las partes, que contribuya al conocimiento de la verdad histórica de los hechos. Las pruebas codificadas como MP 9 y MP 10 constituyen certificado de antecedentes penales y policiales respectivamente, en donde se verifica que el acusado tiene antecedentes judiciales y penales. El Tribunal encuentra una limitante seria, cuando ante la falta de diligencia del ministerio público en la presentación de la prueba que no fue ofrecida, denota aparentemente que no se cumple con una investigación objetiva que permita romper el principio de inocencia. A decir de Luigi Ferrajoli, este principio expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario. El maestro italiano, sostiene que, “es necesaria la prueba, es decir la certidumbre, aunque sea subjetiva, no de la inocencia, sino de la culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presunción legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la única certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas, y no de las absoluciones y de las no penas”. El iusfilósofo italiano se refiere a uno de los pilares fundamentales que inspira el proceso penal, “esto es la garantía de presunción de inocencia del imputado”; el juzgador debe estar convencido sobre la participación del procesado en el delito, pero antes, debe estar convencido de la existencia del hecho contando con elementos sub yacentes para determinar al menos si se trata de un animus necandi o animus laedendi, supuestos que en este caso en particular no fueron acreditados más allá de toda duda razonable. Aquel principio de inocencia es un estándar universal de prueba que forma parte de los derechos fundamentales que toda persona goza, sin importar la clase de delito que se juzga. Por medio del proceso penal, el fenómeno probatorio se lleva a cabo, su finalidad es recabar prueba suficiente que acredite que un sujeto ha cometido una conducta punible; solo cuando esa prueba suficiente es producida se puede justificar la condena del justiciable, previa corroboración del hecho que en este caso no fueron probados. Por disposición expresa de la Constitución y la ley, el principio de presunción de inocencia forma parte del derecho al debido proceso penal, el juzgador a fin de dictar sentencia condenatoria, una vez valorada la prueba, debe tener absoluta certeza sobre la participación del procesado en el ilícito. En materia de instrumentos internacionales, relacionados con la garantía de presunción inocencia del imputado, se encuentra el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad, que determina que: “2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” La vigencia del principio de presunción de inocencia como regla de juicio impone al juez el deber de asumir, desde la neutralidad, la acusación como una hipótesis que solo puede llevarla a la afirmación de culpabilidad a través de la comprobación cuidadosa del fundamento probatorio de cada uno y de todos los elementos de la imputación. Cuando esa hipótesis no pueda entenderse confirmada habrá que prevalecer, sin reservas, la afirmación constitucional previa de inocencia del acusado. En el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el Art. 11.1 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, en el sentido de que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa (…)” de igual modo, el citado derecho es enfocado en el Art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última “(…) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” en concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el Art. 116.1 de la CPE establece “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado”. De esta manera el constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como u derecho fundamental. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que “presunción iuris tantum, implica que: “a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. La relevancia de este derecho se ha mencionado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, cuando determina que “en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales”; según el criterio de la corte, el respeto al principio de presunción de inocencia, es un presupuesto necesario para el cabal cumplimiento de las garantías judiciales del sindicado, sin tolerarse, además, que el acusado deba probar que no ha cometido el delito que se le atribuye, por cuanto el onus probandi corresponde a quien acusa. En sintonía con el principio de Inocencia como un derecho fundamental, la legislación interna en materia especial, prevé: ARTÍCULO 13 CODIGO PENAL. (NO HAY PENA SIN CULPABILIDAD). No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente, La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. El principio de culpabilidad se expresa en el apotegma de que no hay pena sin culpabilidad y en el subsecuente de que la medida de la pena no puede exceder la medida de la culpabilidad, entendiendo que en derecho penal moderno no basta la existencia y comprobación del injusto para sentar la responsabilidad, sino que también es necesaria la culpabilidad (atribuibilidad, exigibilidad o capacidad de reproche penal). Asimismo, el tribunal supremo mediante la jurisprudencia, señala: A.S. Nº 76 de 30 de enero de 2006, Sala Penal I; De acuerdo a los principios que informan el nuevo sistema procesal penal, no son los resultados la medida de la culpabilidad, sino la manifiesta negligencia y irreprochabilidad jurídica que se haya probado corriese en la conducta de los acusados a momento del hecho, puesto que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Asimismo, es deber de los juzgadores fundamentar sus resoluciones en forma adecuada y suficiente valorando la prueba en forma conjunta, ecuánime y armónica, teniendo presente los antecedentes del hecho, las leyes y normas infringidas no solamente del ámbito penal, sino las que conciernen sean aplicadas a la resolución del hecho traído a juicio. Sobre la valoración de la prueba por los tribunales de instancia la Corte Suprema resolvió: A.S. Nº 014 de 02 de junio de 2013, Sala Penal II, Doctrina Legal: Los arts. 173 y 359 párr. primero del CPP, a su turno, establecen el sistema de valoración probatoria dentro del derecho procesal penal adoptado por el Estado Boliviano, asumiendo para tal fin el de la sana crítica, donde el juez o tribunal debe valorar la prueba producida durante el juicio de un modo integral y conjunto. Ahora bien, este sistema es conducente a que en la valoración de la prueba efectuada por el Juez o Tribunal se establezca en primera instancia cuál es su utilidad a los fines del objeto del juicio, es decir la corroboración o negación de la pretensión acusatoria fiscal o particular, estableciendo una eficacia conviccional en el juzgador a partir de los elementos de prueba introducidos en juicio oral. Una segunda característica apunta, al sustento de la referida eficacia conviccional, es decir: la obligación impuesta a los jueces de brindar razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas (CAFFERATA NORES, José, La Prueba en el Proceso Penal), tal acción requerirá por ende, la concurrencia de la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya. Ello acarreará el asumir la garantía de que las decisiones judiciales no resulten puros actos de voluntad, conjeturas circunstanciales o emerjan de meras impresiones de los jueces, sino que sean consecuencia directa y racional de lo percibido en el juicio oral, dentro de condiciones que engloben racionalidad y certidumbre de la decisión a ser asumida en sentencia; dicho de otro modo, libre arbitrio no puede equivaler a arbitrariedad, como libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada. Es así y bajo el análisis de la prueba aportada, que el ministerio público no ha probado su tesis acusatoria, pues o se tiene certeza positiva de cómo sucedieron los hechos, si existió lesiones y si fueron causadas por parte del acusado, denotando en el caso una investigación deficiente que debió concluir en una instancia conciliatoria si es que se tratase de una riña y pelea. Conforme al Art. 356 del CPP se otorgó la palabra a la víctima, quién pese a estar legalmente notificada no presentó prueba de cargo ni participó en la audiencia de juicio oral sino hasta el final siendo representado por el profesional abogado designado de oficio Esteban Sánchez, la víctima manifestó: “Que ese señor (en referencia al acusado) no es la primera vez que lo agrede, que no es una persona idónea para la sociedad porque para robando y drogándose”. El acusado, haciendo uso de su derecho a la última palabra establecido en el Art. 356 del CPP, dijo: “Que el solo reaccionó porque él (en referencia a la presunta víctima) ingresó sin su permiso, al lado derecho del inmueble donde viven los hermanos varones, porque al lado izquierdo viven las mujeres”. Admitidos todos los elementos de prueba, valorados por este Tribunal en forma positiva de acuerdo a reglas de la sana crítica, la experiencia y razonamiento lógico, pruebas que fueron ofrecidas y producidas conforme lo prevé los Arts. 340, 346 y 350 del C.P.P. observando además principios de legalidad, de inocencia, debido proceso, inmediación, oralidad y contradicción, tal y como lo señala los arts. 117, 333 y 330 del Código de Procedimiento Penal. POR TANTO: El Tribunal de Sentencia Penal 1° de la ciudad de Yacuiba capital de la Región Autónoma del Gran Chaco del Distrito Judicial de Tarija, administrando justicia en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce; sin incidente previo que resolver y a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, por unanimidad FALLA: declarando a RAUL FROILAN SOLIZ GARCIA de generales de ley expresadas, ABSUELTO de culpa y pena de la presunta comisión del delito de Homicidio en grado de Tentativa, conducta descrita y sancionada en el Art. 251 en relación al Art. 8 del C.P., por cuanto en el presente caso, el ministerio público no ha probado la acusación conforme al Art. 363 núm. 1) primera parte del C.P.P., disponiendo la cancelación de todas las medidas cautelares personales y reales que se hubiesen impuesto al acusado. NORMAS APLICADAS: Arts. 13), 8) y 251) del Código Penal, Arts. 8, 9, 12, 13, 171, 172, 173, 118, 124, 123, 346, 350, 356, 360, 361, 363 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal y Arts. 116 y 180 de la C.P.E. Las partes quedan legalmente notificadas con el contenido de la presente sentencia que será tomada razón y registro donde corresponda y se les hace conocer de conformidad con el Art. 123 con relación al Art. 408 del Código de Pdto. Penal que pueden hacer uso del recurso de apelación restringida en el término de 15 días desde su notificación, la presente sentencia es pronunciada el día viernes 24 de septiembre de 2021 a horas 10:00, dándose lectura conforme al Art. 361 del CPP. ANÓTESE Y REGISTRESE. FDO. DR. LUIS ALBERTO FRIAS DURAN PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, DRA. ANGELICA MARIA GIL VERA JUEZ TECNICO, DRA. MABEL JACQUELINE CABA CASTRO JUEZ TECNICO, FDO. AROCELY ROCIO BAUTISTA SECRETARIA ABOGADO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1°. - SE HACE CONSTAR QUE SE DEJA UNA COPIA EN EL TABLERO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA QUE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SER PUBLICADO. – 05 de OCTUBRE del 2021.-


Volver |  Reporte