EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA


EDICTO DR. JOSE LUIS MAMANI MOYA PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ, POR EL PRESENTE EDICTO CITA, NOTIFICA Y EMPLAZA A: HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS Y LOS HEREDEROS DE VÍCTOR JAIME SIVILA CHUMACERO, EN EL PROCESO COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS EN CONTRA DE HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS Y OTROS (NOTA DE CARGO NO. 03-05/01), A CUYO TENOR SE TRANSCRIBE.---------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN NUMERO DIECINUEVE/DOS MIL NUEVE DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, CURSANTE A FOJAS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE A DOSCIENTOS NOVENTA DE OBRADOS.- SALA SOCIAL Y ADMMINISTRATIVA SEGUNDA RES. No. 019/2009 88A.II COACTIVO FISCAL: Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros. (Nota de Cargo No. 03-05/01).-La Paz, 19 de febrero de 2009 -- VISTOS: En grado de apelación la Sentencia de fs. 125-140, recurso de apelación de fs. 247-249, respuesta de fs. 253-257, Auto de concesión fs. 258 de obrados, demás antecedentes del proceso y,.- CONSIDERANDO: Que dentro de la demanda coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas en forma solidaria con Jaime Sivila Chumacero, Ronald Barrientos Porcel, Juan Carlos Gottret Arce y la Asociación de Empresas Constructoras APOLO IASA-MINERVA, representada por José Crespo Bonadona, Máximo Rivera Justiniano y Alex Cuellar Chávez; la Juez 2do. de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, Dra. Luvia Aspiazu de Vargas, dictó la Sentencia No. 23/2004 de 1 de marzo, cursante a fs. 125-140 de obrados, por la cual declara improbada la demanda de fs. 3, en consecuencia dispone: 1. Dejar sin efecto la Nota de Cargo No. 03-05/01 de 12 de marzo de 2003 y 2. Levantar las medidas precautorias dispuestas en el Auto Interlocutorio No. 15/2003 en contra de los coactivados. Contra dicho fallo y en tiempo hábil y oportuno la entidad coactivante a través de su representante legal, plantea recurso de apelación con los fundamentos expuestos a fs. 247-249, la que previa respuesta de fs. 253-257, se concede mediante Auto de fs. 258 de obrados en el efecto suspensivo por ante esta R. Corte Superior de Distrito.- CONSIDERANDO: Que del análisis prolijo de los actuados procesales conforme establecen los Arts. 15 de la Ley de Organización Judicial y 236 del Código de Procedimiento Civil, en la instancia se determina lo siguiente: Que el hecho controvertido en la presente demanda, emerge de la Licitación Pública No. 94/09546- Proyecto de Mejoramiento Cochabamba - Quillacollo convocada por el Servicio Nacional de Caminos en base a los pliegos de Especificaciones Técnicas y Generales, se concluyó con la adjudicación y consecuente firma del contrato de obras viales de mejoramiento y mantenimiento del tramo Cochabamba - Quillacollo con la Asocia de Empresas Constructoras APOLO - IASA - MINERVA (CAMI). Asimismo se tiene que en ejecución del referido Contrato, se produjo modificaciones en el diseño original, es decir que existió la inclusión de rotondas, paradas de transporte público, etc.--Ahora bien, los Informes de Auditoria No. EL7EN 15/G98 -R1, EL/EN 15/G98-C1, que fueren aprobados por el Contralor General de la República en ejercicio de sus facultades conferidas por ley, estableció indicios de responsabilidad civil contra servidores públicos y personas colectivas por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, señalando como base fundamental del mismo y que hace a la presente acción el pago indebido al numeral II.7 y 5.9 por el pago indebido de movilización de equipos mediante costo más porcentaje, realizada por la orden de cambio No. 2 de 12 de agosto de 1996; y que a decir de los argumentos expuestos en la alzada, este hecho generaría los ilícitos previstos en el Art. 77 Inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal. En base a estos antecedentes se inicia la presente demanda coactivo fiscal, que concluyó con la sentencia que es motivo de la presente apelación.- Que la Presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Caminos, mediante un pago memorial de fs. 247-249 de obrados, interpone recurso de apelación contra la Sentencia No. 13/2004 manifestando que el pago del ítem de movilización de equipos mediante costo más porcentaje, es indebido en razón a que este pago ya se encontraba considerado en los precios unitarios de la obra; el Servicio Nacional de Caminos tenía la facultad de suspender trabajo por motivos que fueran de importancia y que el Contrato señala que el precio de éste comprende los costos de transporte y los costos directos o indirectos; asimismo aduce que de manera extraña se otorga todo el valor probatorio a las pruebas aportadas por los coactivados, siendo que las mismas ya fueron revisadas y valoradas por la Contraloría General de la República, no siendo argumento suficiente el hecho de que los equipos fueron nuevamente trasladados. Por lo expuesto solicita se revoque la Sentencia apelada, declarando probada la demanda. Como se advierte, este argumento, de modo alguno expresa verdaderos agravios a los fines del Art. 227 del Código de Procedimiento Civil aplicable al presente caso por previsión del Art. 1 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal.- Que sin embargo y con relación a lo expresado por la parte recurrente, debemos referirnos a lo dispuesto en la Cláusula cuarta del Contrato, dicho documento establece y otorga la facultad que tiene la parte contratante como es el Servicio Nacional de Caminos a realizar cualquier modificación en la ejecución de la obra, mediante ordenes de cambio y aprobación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Caminos. En ese marco, en la ejecución del referido contrato y por razones externas al contenido de éste, se produjo modificaciones al diseño original, pues se establece que las presiones cívicas de los municipios y otras instituciones que en su oportunidad fueron de conocimiento público, hecho innegable por parte de la entidad coactivante, existió la inclusión de rotondas, paradas de transporte público, etc.; de ahí que la modificación del Contrato original fue aprobado atendiendo aquellas circunstancias por el mismo Servicio Nacional de Caminos, como se tiene de la Orden de Cambio No. 02 (cursante en anexos).- Ahora bien, revisada que fue aquella Orden de Cambio No. 2, se tiene que a través de éste se autorizada a la empresa coactivada textualmente lo siguiente: "Estas modificaciones obligan a efectuar una redistribución de los Montos Originales del Contrato, como consecuencia de la necesaria readecuación de cantidades y creación de nuevos ítems"; lo que quiere decir que como emergencia de las modificaciones que sufrió el diseño original, se produjo la creación de nuevos ítems. En el caso concreto, al haberse introducido en el tramo Cochabamba - Quillacollo, rotondas, construcción del prado y puesto de peaje, resulta por sana lógica, determinar que de una u otra forma ha quedado alterado la normal ejecución de la obra; consecuentemente existió la necesidad de incrementar otros gastos, como bien sostienen los contratados, para el traslado de equipos, en el marco de la Orden de Cambio No. 2.- En el presente proceso, ciertamente se cuestiona el pago supuestamente indebido denominado "movilización de equipos en base a costo más porcentaje; sin embargo, la entidad coactivante pretende olvidar que el diseño original fue modificado en la etapa de ejecución, pues de no haber sufrido ninguna alternación al proyecto original, no hubiere existido la necesidad de crear nuevos ítems que sustenten los efectos de cualquier modificación al Contrato principal, por cuanto este documento en ninguna de sus cláusulas prevé que la empresa contratada deba obligarse con cualquier emergencia en su ejecución; con lo que se desvirtúa los argumentos en la alzada, respecto a que el precio de éste comprende los costos de transporte y los costos directos o indirectos.- Asimismo cabe señalar, que el Contralor General de la República, se halla facultado para encontrar indicios de responsabilidad civil, por tanto al Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, se le halla reservado, la facultad de valorar la prueba para determinar la existencia o no de responsabilidad civil contra los coactivados, conforme lo determina el Art. 47 de la Ley 1178; con esta aclaración, no existe argumento válido que desvirtúe lo expuesto en Sentencia.- Que así analizado el caso de autos, y siendo evidente que los extremos vertidos en el recurso de apelación, carecen de sindéresis y lógica jurídica, y no encontrando verdaderos fundamentos de agravio corresponde avalar la decisión asumida en primera instancias.- POR TANTO.- La Sala Social y Administrativa Segunda de la R. Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, CONFIRMA.- la Sentencia No. 23/2004 cursante a fs. 125-139 de obrados. Sin costas.- En mérito al Decreto de Convocatoria de fs. 288 de obrados, interviene en la presente Resolución la Dra. Jenny Villanueva Suarez, Presidenta de la Sala Social y Administrativa Tercera.- VOCAL RELATOR: J. Orlando Ríos Luna. Regístrese y hágase saber.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RIOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: DRA. JENNY VILLANUEVA SUÁREZ.- PRESIDENTA DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA TERCERA.- R. CORTE SUPERIOR DEJUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVAN ESPEJO.- SECRETARIO DE CAMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA. MEMORIAL CURSANTE A FOJAS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS AL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DE OBRADOS. SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO.- Interpone Recurso de Casación.- Otrosí.- Domicilio.- Lic. CARLOS JEMIO BACARREZA, Liquidador a.i. del Servicio Nacional de Caminos Residual, en el proceso coactivo fiscal seguido contra Humberto Camacho Rojas y Otros, (Nota de Cargo Nº 03-05/01 por $us.12.649, 63); ante las consideraciones de su Autoridad con el debido respeto expongo y en derecho pido:- Notificado, en fecha 20 de marzo a horas 10:55 a.m., con Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de fecha 19 de febrero de 2009, el mismo que es gravoso y atentatorio a los intereses de la institución a la que represento y por ende a los sagrados intereses del Estado Boliviano, rompiendo toda regla sana de principio legal, el debido proceso y en contra de la seguridad jurídica en franca vulneración de los Artículos 50, 87, 90 del Código de Procedimiento Civil, Artículos 13, parágrafos I y II, 108 numerales 1 y 2, 109 parágrafos I y II, 110 parágrafos I y II, 115, 116, 117 y 410 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado, EN RAZÓN DEL PRINCIPIO JURÍDICO QUE NINGUNA RESOLUCIÓN Y/O ACTO JUDICIAL, OBTENIDO DOLOSAMENTE PUEDE SER CONSIDERADO COSA JUZGADA, para lo cual sostengo que, LOS TRIBUNALES Y JUECES DE ALZADA EN RELACIÓN CON LOS DE PRIMERA INSTANCIA Y LOS DE CASACIÓN RESPECTO DE AQUELLOS, ESTAN OBLIGADOS A REVISAR LOS PROCESOS DE OFICIO, A TIEMPO DE CONOCER UNA CAUSA, SI LOS JUECES Y FUNCIONARIOS OBSERVARON LOS PLAZOS Y LEYES QUE NORMAN LA TRAMITACION Y CONCLUSION DE LOS PROCESOS, PARA APLICAR EN SU CASO LAS SANCIONES PERTINENTES. En consecuencia estando vigente el plazo establecido por ley, en forma y tiempo hábil tengo a bien de INTERPONER RECURSO DE CASACION EN EL FONDO, contra el Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, cursante a Fs. 289-290 de obrados, conforme las previsiones de los Artículos 250, 253, 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes fundamentos de orden legal:- ANTECEDENTES.- I. El Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, cursante a Fs. 289-290 de obrados, no ha valorado ni examinado, menos ha considerado los hechos en los de la materia, tampoco ha tomado en cuenta los inciertos e ilegales sustentos de la sentencia dictada por el inferior, que a toda vista son claramente contradictorios y ambiguos para su ejecución, por cuanto la relación de los hechos en la que se basa la Sentencia No. 23/2004 de 1 de marzo de 2004, cursante a Fs. 135-139 de obrados, no son más que una transcripción de los descargos efectuados por contrario y basando precisamente, en esos aspectos de dicha resolución se pretende su validez y ejecución; es así que el Tribunal de Alzada ni siquiera se ha dado a la tarea de realizar una revisión y análisis de los datos contenidos en el Informe Técnico No. Inf. Tec. S.S.A. No.056/2008 de 4 de septiembre de 2008, cursante a Fs. 282-285 obrados, evacuado por el Lic. Moisés Arebalo Loayza, Auditor Financiero de las Salas Sociales y Administrativas, quien inclusive concluye por el análisis técnico realizado, se excluya de responsabilidad a la Asociación de Empresas Constructoras CAMI y se mantenga firme la Nota de Cargo No.03-05/01 en contra de Humberto Camacho Rojas, Jaime Sivila Chumacero, Ronald Barrientos Porcel y Juan Carlos Gottret Arce, que en su calidad de ejecutivos han considerado la inclusión del ítem que ya se encontraba definido en los precios unitarios de la propuesta, sin embargo a rajatabla, el Tribunal de Alzada, apartándose de dicho criterio técnico, y sin fundamentación técnica alguna, erróneamente procede a confirmar la injusta Sentencia Nº 23/2004, lo que legitima la interposición del presente recurso de casación, en aplicación del Artículo 253, numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, cuando esta disposición señala que procede el recurso de casación en el fondo, entre otros, cuanto del Tribunal de Alzada en la apreciación de las pruebas hubiera incurrido en error de hecho y en error de derecho; a mayor abundamiento, en los hechos, los informes de auditoría No. EL/EN15/G98-R1 y No. EL/EN15/G98-C1, han establecido la existencia de indicios de responsabilidad civil en la ejecución del Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento del Tramo Cochabamba-Quillacollo, los cuales constituyen. instrumentos con fuerza coactiva suficiente en los que se establecieron los cargos correspondientes y dieron base a la existencia de suma liquida y exigible, conforme lo previsto en el Art. 43 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, para que la ex Contraloría General de la República en estricto uso de sus atribuciones dictamine indicios de Responsabilidad Civil, sujeta a la aplicación del Artículo 77, inciso h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal en contra de los coactivados; es decir, que estos han sido los parámetros técnicos y fácticos para iniciar la acción en el presente proceso y que justifican la responsabilidad civil al haber incurrido los coactivados en una serie de errores y omisiones, sin embargo de estar demostradas las infracciones y el abuso cometido por los coactivados, así como por las empresas también coactivadas, tal cual se desglosa de los informes de auditoría realizados que hacen buena fe para la acción de la demanda coactivo fiscal, la sentencia del Juez A quo, deliberadamente ignora los hechos reales que originaron el daño económico contra el Estado cuantificable en dinero, a efectos de la determinación de la responsabilidad civil, los mismos que han sido motivo de este proceso; por el contrario, de los antecedentes y pruebas contundentes el Juez A quo, en franca parcialización con los coactivados, sin sustento legal ni técnico valedero alguno, dictó sentencia declarando improbada la demanda.- II. El Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de19 de febrero de 2009, cursante a Fs. 289-290 de obrados, no ha considerado ni advertido, menos reconocido, las infracciones cometidas en la sentencia dictada por el Juez A quo, de acuerdo a los fundamentos formulados oportunamente en el recurso de apelación interpuesto ante esa Sala y que no han tenido consideración ni relevancia alguna ante ese Tribunal, el mismo se ha remitido tan solo a confirmar la sentencia del inferior sin realizar un examen minucioso, tanto de la prueba documental aportada en los informes de auditoría de la ex Contraloría General de la República, así como el análisis del Informe Técnico emitido por el Auditor Financiero de las Salas Sociales y Administrativas, siendo que LA ACCIÓN PRINCIPAL NACE PRECISAMENTE DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, QUE DEMUESTRAN LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS DEMANDADOS Y LAS EMPRESAS MENCIONADAS, COMO LA ERRÓNEA VALORACIÓN REFERENTE A ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PAGO INDEBIDO DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MEDIANTE COSTO MÁS PORCENTAJE. Es así que, el informe técnico no. S.S.A. No. 056/2008 y los Informes de Auditoría Nº EL/EN15/G98-R1 y No. EL/EN15/G98-C1, de forma clara y precisa, en base a prueba documental fehaciente que cursa en obrados, establecen que la Orden de Cambio No. 2 de 12 de agosto de 1996, mediante la cual se autorizó la creación del Item 5.38 NP "Movilización de equipo costo más porcentaje", fue pagada por un valor de Sus.12.649,63 (Doce Mil Seiscientos Cuarenta y nueve 63/100 Dólares Americanos) de manera totalmente indebida mediante certificados de pago No. 13, 14, 15, 16 y 18; que, el pago indebido de la movilización de equipos mediante costos más porcentaje no correspondía debido a que estos equipos y maquinarias se encontraban en el tramo Cochabamba-Quillacollo es así que el cobro por movilización no correspondía; que, la movilización de maquinarias y equipos fue consignada en una primera etapa luego de la orden de proceder del Servicio Nacional de Caminos en estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales; que, las faltas e incumplimientos de carácter técnico en ningún momento fueron sustentados; que, todo gasto directo o indirecto, fue plenamente establecido en los documentos contractuales; que pese al análisis de las pruebas que fueron valoradas por la Contraloría General de la República, el Juez A quo y el asesor técnico consideran que son suficiente justificación para la creación de un item de costo más porcentaje, lo cual se contrapone con las regulaciones estipuladas por documento convenido; que, la acción o pretensión incoada, no basa su fundamento en la calidad de la obra, sino en la vulneración a un pago realizado de forma indebida, mismo que fue claramente manifestado y demostrado por la abundante documentación aparejada a la causa, fundamentos que obviamente el análisis técnico no ha considerado y que necesariamente deberán ser objeto de estudio, en su oportunidad por vuestras autoridades.- Sin embargo, en el presente caso, como se pueden apreciar estos errores de hecho en la valoración de la prueba, que se hacen insubsanables y que no fueron de consideración del Tribunal de Alzada, no obstante que, al formular nuestro recurso de apelación fueron fundamentados de manera clara y precisa, mencionando que el pago indebido de la movilización de quipos mediante costo más porcentaje fue consignado en la fase inicial del proyecto, antes de la iniciación de las obras conforme se establece del contrato y los documentos que forman parte indisoluble del mismo.- En ese razonamiento, la adjudicataria Asociación de Empresas Constructores APOLO-IASA-MINERVA, al presentarse a la Licitación Pública No.94/09546 Proyecto de Mejoramiento Cochabamba-Quillacollo, SE SOMETIÓ VOLUNTARIAMENTE Y SIN CONDICIONAMIENTO ALGUNO A TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, hechos precedentes que no se han considerado en el Auto de Vista Res. No.019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, cursante a Fs. 289-290 de obrados.- III. Ante las tantas irregularidades existentes en el cuaderno de autos y la vulneración al presupuesto procesal, en razón a existir una sentencia parcializada y fraudulenta, así como también la convalidación de actos ilegales por parte del Tribunal de Alzada, al confirmar una sentencia que apartándose de criterios técnicos contenidos en informes técnicos, mismos que han sido la razón de este proceso, dicta fallos judiciales erróneos en desmedro del Servicio Nacional de Caminos Residual, y por ende, contra los sagrados intereses del Estado Boliviano, por lo que, aun pecando de redundante nuevamente corresponde reiterar que, la acción coactiva fiscal SE INICIA CON LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE FUERON EXPEDIDOS POR LA EX CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL CASO DE AUTOS, LOS INFORMES EMITIDOS No. EL/EN15/G98-R1 Y No. EL/EN15/G98-C1, CLARAMENTE ESTABLECEN LOS INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, en contra de Humberto Camacho Rojas, Jaime Sivila Chumacero, Ronald Barrientos Porcel, Juan Carlos Gottret Arce y la Asociación de Empresas Constructoras APOLO-IASA-MINERVA, representada por José A. Crespo Bonadona, Máximo H. Rivera Justiniano y Alex Cuellar Chávez, por la suma de $us12.649,63 (Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve 63/100 Dólares Americanos). En ese sentido, estos informes no son producto de una mera casualidad, ni fueron inventados por el máximo órgano contralor; más todo lo contrario, es con esta línea de control gubernamental que el ex Servicio Nacional de Caminos interpone la acción coactiva fiscal en contra de los nombrados coactivados.- Ahora bien, contradictoriamente a la emisión del Auto Interlocutorio No.15/03 de 12 de marzo de 2003, por el que el Juez A quo dispone se gire la Nota de Cargo Nº 03-05/01, por la suma de $us12.649,63 (Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve 63/100 Dólares Americanos) y pese a la existencia de suficiente prueba documental como son los documentos que en anexo forman parte de los informes de auditoría de la ex Contraloría General de la República, mismos que son contundentes en los de la materia, sin que exista fundamento técnico o legal alguno, se declara improbada la demanda y como corolario de estos actos y hechos inusuales, el Tribunal de Alzada se REMITE A CONFIRMAR UNA SENTENCIA SIN ASIDERO LEGAL, CUANDO EN LOS HECHOS EXISTE SUPERABUNDANTE PRUEBA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRA EL DAÑO ECONÓMICO VALUABLE EN DINERO CAUSADO AL ESTADO, GENERANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CONTRA DE LOS COACTIVADOS.- Siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, para dictar el Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, el Tribunal de Alzada tenia los alcances jurídicos y técnicos suficientes para revocar la pseudo sentencia del inferior en grado, por no contener una apreciación correcta de las pruebas y el sentido técnico que estas resoluciones ameritan, siendo este Auto de Vista -objeto del presente recurso- incongruente, ambiguo, parcializado y erróneo.- IV. NO SE CONSIDERÓ EL DICTÁMEN TÉCNICO DE FONDO DEL AUDITOR FINANCIERO DE LAS SALAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA R. CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO.- Por último, el Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, cursante a Fs. 289-290 de obrados, en franca violación y lesión de los informes de auditoría expedidos por la ex Contraloría General de la República, dejando en el vacío legal a los mismos, se limita a confirmar la sentencia del Juez A quo, incurriendo en grave error de hecho, al inclusive omitir el dictamen técnico de fondo pronunciado por el Auditor Financiero de las Salas Sociales Administrativas, que con argumento técnico legal expresó su acuerdo sobre la Responsabilidad Civil de parte de los coactivados, por existir suficiente prueba documental que demuestra el daño económico ocasionado por ex ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos y por los adjudicatarios de la Licitación Pública No.94/09546. Dicho de otra forma, el Informe Técnico N°056/2008 de fecha 4 de septiembre de 2008, cursante a Fs. 282-285 de obrados, ha considerado y determinado técnicamente la apreciación de los hechos en el presente caso, lo que significa que al haber desglosado de manera clara los orígenes y los alcances que ocasionaron el daño reflejado en la suma coactivada de $us12.649,63 (Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve 63/100 Dólares Americanos), bajo los argumentos técnicos, económicos y legales, manifiesta con absoluta claridad que se han determinado los indicios de responsabilidad civil por haberse alterado el contrato suscrito entre partes.- Es así que la cláusula quinta del contrato, efectivamente hace referencia a que el precio contratado comprende todos los pago por salarios, viáticos, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro. de equipo, maquinaria y de accidentes personales y TODO OTRO COSTO DIRECTO O INDIRECTO, además se señala que es de responsabilidad del contratista, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como costo de la obra, también señala que aquellos autorizados expresamente por escrito por el Ingeniero Contratista, mediante Ordenes de Cambio, aprobadas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Caminos y expedidos con anterioridad a la ejecución de dichos trabajos.- El numeral 42 de los Términos de Referencia, señala que se pueden crear items para trabajos eventuales necesarios que no cuentan con precios unitarios en el contrato y no puedan ser establecidos de mutuo acuerdo y con aprobación del Servicio Nacional de Caminos, serán pagados sobre una base de costo más porcentaje.- También señala, el informe del auditor imparcial que, según la empresa contratante, el cambio ha sido de conocimiento del ex Servicio Nacional de Caminos y la misma ha sido aprobada mediante nota dirigida al Jefe de Fiscalización de la Zona Central; sin embargo, cuando se realiza una revisión puntual del contrato suscrito en fecha 10 de mayo de 1995, en la cláusula Décimo Quinta, que está referida a la modificación de obras, está señalando que en el caso de Ordenes de Cambio, modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la obra, que determinen incrementos al monto del contrato, dice de manera clara: "previamente debe ser expresamente conocidas y consideradas en sus alcances técnicos, ECONÓMICOS Y LEGALES POR EL S.N.C. EN LA INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN EJECUTIVA, PARA SU APROBACIÓN, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE PUEDE VER QUE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE), NO HA TENIDO O NO HAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO LAS MODIFICACIONES QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HABRÍA SOLICITADO INTRODUCIR EN LA OBRA. Además, tanto los funcionarios a cuyo cargo se encontraba la supervisión y dirección, así como la empresa contratada, no han dado cumplimiento a lo establecido en el contrato, tanto en las condiciones generales como en el Pliego de Condiciones y demás documentación que forma parte del contrato de adjudicación de la Licitación Pública No. 94/09546".- CONCLUSIÓN.- De lo anterior, se tiene por el informe de auditoría efectuada por el Lic. Moisés Arebalo Loayza, que el contrato suscrito HA SIDO VULNERADO EN LO REFERENTE A LA CREACIÓN DE UN ITEM QUE YA SE ENCONTRABA DEFINIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA PROPUESTA Y QUE ORIGINÓ EL PAGO INDEBIDO DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MEDIANTE COSTO MÁS PORCENTAJE, Y QUE RESPECTO A CUALQUIER CAMBIO, SE TENÍA LA OBLIGACIÓN DE PONER EN CONOCIMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD (SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS), ASPECTO QUE NO HA SIDO CUMPLIDO POR LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NI POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA. ENTONCES SE TIENE QUE LA OBSERVACIÓN ANTERIOR HACE QUE SE HAYA INCUMPLIDO LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA DEL CONTRATO DE OBRA, la misma que debería de ser conocida en línea directa hasta el director ejecutivo del Servicio Nacional de Caminos, aspecto que no se ha dado cumplimiento y está demostrado en obrados del proceso.- Es en ese contexto que es altamente asombroso e inentendible, que mínimamente con las consideraciones expuestas por el Auditor Financiero de las Salas Sociales y Administrativas, el Tribunal de Alzada no se hubiera tomado por lo menos en parte en cuenta, dada la importancia de este informe técnico, aun en su contexto sesgado, y se convaliden los actos ilegales, al confirmar la sentencia del inferior, sin considerar ni valorar adecuadamente las pruebas documentales aportadas por la ex Contraloría General de la República, en franca violación y vulneración a la garantía del debido proceso, consagrado en nuestra Carta Magna, contraviniendo toda disposición legal y atentando contra la seguridad jurídica.- PETITORIO.- Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente probados y demostrados que han sido de manera objetiva la verdad jurídica, en relación a los antecedentes propiamente del presente caso de autos y en las que ha incurrido el referido Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, cursante a Fs. 289-290 de obrados, al amparo del artículo 253, numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, solicitando a ese Alto Tribunal conceda el presente recurso por ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo Máximo Tribunal, tomando conocimiento de los errores del Tribunal de Alzada y deliberando en el fondo, en aplicación del Artículo 271, numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, se digne CASAR el recurrido Auto de Vista Res. No. 019/2009 SSA.II de 19 de febrero de 2009, por existir en obrados del proceso suficiente prueba documental y de hecho, que demuestran de manera fehaciente la equivocación manifiesta del Tribunal Ad Quien en la valoración de las pruebas técnicas, por lo que, fallando en lo principal, corresponde enmendar los errores señalados en el presente recurso, aplicando las leyes inculcadas, examinando los hechos para determinar si en la aplicación del derecho se ha infringido la ley.- Otrosí.- Señalo domicilio sito en la Avenida Mariscal Santa Cruz, No.1364, Torre "A", piso 19, oficina de la Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Caminos Residual.- Paz y Justicia.- La Paz, marzo 27 de 2009 FIRMA Y SELLA: DR. LUIS A. IRUSTA ZAMBRANA.- ABOGADO.- DIRECCIÓN JURÍDICA SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS.- RESIDUAL.- FIRMA: Ilegible.- DECRETO CURSANTE A FOJAS TRECIENTOS DE OBRADOS.- La Paz, a, 30 de marzo de 2009. Del recurso de casación interpuesto TRASLADO.- Otrosí.- Por señalado el domicilio procesal.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO.- SECRETARIO DE CÁMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ BOLIVIA.- INFORME CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS DIEZ DE OBRADOS.- INFORME,- A: Dr. Fernando Aranibar Rico y Dr. Orlando Ríos Luna Presidente y Vocal de la Sala Social Administrativa Segunda.- DE : J. Mónica Tintaya Bautista Oficial de Diligencias de la Sala Social y Administrativa Segunda.- Ref.: Notificación por Edicto.- FECHA: 21 de abril de 2009.- Dentro el proceso Coactivo Fiscal seguido por El Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros con nota de cargo No. 03-05/01. Dando estricto cumplimiento al decreto de fs. 306, tengo a bien informar lo siguiente: Que, de la revisión del expediente se pudo verificar que mediante memorial de demanda cursante a fs. 3 la parte coactivante señala como domicilio de los coactivados Humberto Camacho Rojas en la calle Tadeo Ahenke No. 1721 de la ciudad de Cochabamba y de Jaime Sivila Chumacero en la ciudad de Santa Cruz (desconociéndose su dirección exacta), además que la citación y emplazamiento con la demanda para que los coactivados asuman defensa se hizo mediante edicto cursante a fs. 113 de acuerdo a la publicación La Jornada de fecha 1 de noviembre del 2003, el mismo que fue ordenado mediante auto cursante a fs. 52, sin que los mismos se hayan apersonado para asumir su defensa hasta la fecha, tanto en primera como en segunda instancia.- Por lo que me es imposible la notificación a los mencionados coactivados de forma personal o en sus domicilios reales.- Es cuanto informo en honor a la verdad y para los fines consiguientes de ley.- FIRMA Y SELLA J. MÓNICA TINTAYA BAUTISTA.- OFICIAL DE DILIGENCIAS DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. LA PAZ BOLIVIA.- DECRETO CURSANTE A FOJAS TRECIENTOS ONCE DE OBRADOS.- La Paz, A, 22 de Abril de 2009. En conocimiento de parte actora el informe que antecede.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO.- SECRETARIO DE CÁMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS DIECIOCHO A TRECIENTOS VEINTIUNO DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- RESPONDE AL RECURSO DE CASACIÓN Y PROPUGNA RESOLUCIÓN.- OTROSÍ.- DOMICILIO.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO-MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo seguido por el Servicio Nacional de Caminos con NOTA DE CARGO N° 03-05/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide:.- Notificados con la Resolución N° 019/2009-SSA II de fecha 19 de Febrero de 2009 y el Recurso de Casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional de Caminos, en término hábil respondemos al recurso planteado, propugnando más bien por el contrario, el Auto de Vista emitido por la Sala Social II Administrativa de la Corte Superior, desvirtuando mediante el presente escrito las pretensiones de contrario en base a los argumentos que a continuación se desarrollan.- Al realizar un análisis de los supuestos fundamentos jurídicos que llevan al Servicio Nacional de Caminos a recurrir por simple cumplimiento del rol de funcionarios públicos, se evidencia que no refieren los argumentos legales indispensable para ello, tomando en cuenta que en el caso de los recursos de casación en el fondo, se deben establecer con precisión las normas vulneradas, más aún si el recurso se ampara en el Art. 253 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, que a decir del tratadista Carlos Morales Guillen en su obra "Código de Procedimiento Civil" Concordado y Anotado, Segunda Edición, Año 1982 en la página 582: "Es doctrina consagrada por la jurisprudencia, repetidamente declarada, que la apreciación de las pruebas (que se considera incensurable en casación), corresponde exclusivamente al juez sentenciador, punto conforme, por lo demás, con la naturaleza del recurso. Por eso se ha dicho que la infracción de la ley debe darse en la parte dispositiva de la sentencia impugnada.".- Argumento jamás considerado por el recurrente en ambas instancias y aún más cuando en su confusa obligación, pretende dirigir criterios que no tienen efecto en materia jurídica, conforme a lo establecido por el autor citado cuando señala que "Es infundado este recurso cuando el recurrente señala la numeración del art. sin fundamentar las violaciones que supone" (G.J. N° 494, p.9), requisitos (en doctrina y jurisprudencia) incumplidos en el memorial de parte contraria, ya que de la lectura detallada del mismo, se evidencia la simple cita de lo dispuesto en el Articulo 2533) de la norma adjetiva civil, sin llegar a DESARROLLAR, DEMOSTRAR Y FUNDAMENTAR JURIDICAMENTE, que se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas, ratificando con ello más bien el descuido procesal de la causa, ya que cita en los antecedentes dos informes de auditoría (N°. EL/EN15/G98-R1 y N° EL/EN15/G98) en los que existirían -según ellos- indicios de responsabilidad en la ejecución del Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento del Tramo Cochabamba-Quillacollo, sin embargo y también según la jurisprudencia citada por el Dr. Morales Guillen (N° 5); "Siendo este recurso una demanda nueva, de puro derecho, en la que deben señalarse concretamente las leyes quebrantadas, las fojas del proceso en que ellas aparezcan y la fundamentación correspondiente, es inatendible que se dé por reproducidos memoriales o alegatos anteriores" (G.J. N° 1589,p.117), ya que sin ánimo de parecer perfeccionistas, los informes citados no corresponden a los que sirvieron de base en el proceso y aun siendo éstos básicos, nunca se citaron las fojas donde se encuentran, ya que el Servicio Nacional de Caminos, ni siquiera adjunto los mismos a las diferentes demandas que después fueron desglosadas por el juzgador de primera instancia. Consecuentemente la presente demanda - entiéndase recurso- carece de requisitos de forma inexcusables para su admisibilidad. Con respecto a los INFORMES DE AUDITORIA, citados en la segunda plana de los antecedentes del memorial de recurso, donde además de los Informes (EL/EN15/G98-R1 y EL/EN15/G98-C1) no se incluye otro informe técnico, específicamente técnico, el N° K1/APA06/G8, donde se basa la acción principal y donde nacen precisamente de los informes de auditoría, que son los que establecen la responsabilidad civil, supuestamente en base a la prueba documental fehaciente que cursa en obrados” (sic), que la aportaron los coactivados en su totalidad. Sin embargo, no señalan en que fojas de sus informes de prueba pre-constituida se encuentran sus afirmaciones, si los mismos forman parte de las pruebas de cargo o de descargo, o será que el recurrente pretende que los Señores Magistrados lean los informes uno por uno y hoja por hoja?: ¿Será que los funcionarios saben por lo menos de cuantas fojas constan sus informes de auditoría? y peor aún, serán suficientes esos informes, de los que solicitamos en reiteradas oportunidades se oficie para que sean entregados para una valoración jurisdiccional?. Por lo anotado, a simple vista se puede establecer que se vuelve a hacer una relación de hechos pretendiendo consolidar como verdad absoluta los informes de la Contraloría General de la República, que ni siquiera están debidamente identificados y amparan el cumplimiento de su responsabilidad con la cita de artículos del procedimiento civil, sin el debido fundamento que demuestre la procedencia del recurso en el fondo.- Con respecto al supuesto error en la apreciación de las pruebas en la que hubiera incurrido la Sala de Apelación, además del confuso desarrollo del pseudo memorial de recurso, donde la base recursiva se extiende en los ANTECEDENTES, por lo que su propia sintaxis descubre el obligatorio motivo del recurso, nos encontramos ante un argumento reiterativo, más de ninguna manera agravio jurídico que conlleve la debida fundamentación que viabilice el Recurso de Casación, es más contiene el recurso tantas veces citado, imprecisiones y contradicciones jurídicas que lo hacen infundado, como paso a detallar.- 1) Si bien está reconocido por el Art. 43 inc. a) de la Ley 1178, que los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República tienen el carácter de prueba preconstituida para las acciones legales correspondientes, no es menos cierto que a dichos informes no se les pueda dar validez absoluta y definitiva, ya que de lo contrario la propia Ley SAFCO no hubiera incluido el Capítulo VII DE LA JURISDICCION COACTIVA FISCAL, para el conocimiento de todas las demandas en ocasión de los actos de los funcionarios públicos y las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos con el Estado, por lo que en sus Art. 48, 49 y 50 se establece su jurisdicción y competencia, para adicionalmente ser refrendado por el D.S. N° 23318-A, que en su Art. 50 señala que la naturaleza de la responsabilidad civil -como en el caso que nos ocupa- se determina por juez competente, que es justamente el de la jurisdicción coactiva fiscal, es decir que el carácter de prueba preconstituida de los dictámenes e informes del Contralor General, implica que éstos puedan y deban ser revisados por una autoridad jurisdiccional, como garantía de la independencia y equilibrio de los Poderes del Estado, en el entendido que todo acto administrativo debe ser revisado en vía judicial, aspecto ratificado por la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, en su Art. 4 inc. i) que establece el principio de control judicial, en virtud del cual el Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables. En ese sentido, darle validez definitiva al Dictamen de la Contraloría, seria contradecir la doctrina y la ley. confundiendo prueba preconstituida con cosa juzgada, dejando de lado que este atributo sólo puede ser establecido por el Poder Judicial.- 2) Corresponde también acusar en base al argumento jurídico anterior, que el juzgador debe muñirse de toda la prueba aportada por las partes, aún en un procedimiento especial como lo es el Coactivo Fiscal, en ese sentido debe denotarse que la entidad coactivante no cumplió ni siquiera con la presentación de los informes aprobados para dar curso a la demanda y así hizo nota la juez de primera instancia a fs. 4 y 5 para que casi después de un año subsanen su omisión. Por otra parte, al contestar la demanda a fs. 14 a 22 nuestra Asociación de Empresas Constructoras en los OTROSIES 2 y 3, ratificación de fs. 48 y vta., presentó y solicito prueba, petición que nunca fue atendida por la parte coactivante, es más los co-demandados también pidieron documentación que debía ser presentada a fs. 40 y 41 (Otrosí primero y segundo); solicitud de fs. 105 (Otrosí 2, fs. 106 y oficio con sello de recepción de fs. 107 a 112, peticiones y oficios que jamás se respondieron, ahora bien, no obstante constituirse el Dictamen del Contralor General y los informes y documentos que sustentan el cargo prueba preconstituida para iniciar la acción correspondiente, de acuerdo al Art. 43 inciso a) de la Ley 1178 (SAFCO), éstos deben sin embargo. cumplir inexcusablemente con el inciso b) del mismo artículo que se refiere a la remisión de oficio de todo lo actuado a la entidad interesada, debiendo entenderse por todo lo actuado, los descargos administrativos presentados y no simplemente limitarse a entregar las opiniones técnicas y jurídicas de los funcionarios de la Contraloría contenidos en informes, aspecto que como se señaló y demostró fue reclamado en todo el proceso pero que no se respondió, cuando los propios auditores al ser seres humanos pueden errar o tener limitaciones en la interpretación de algunos aspectos técnicos y jurídicos, defendiendo a rajatabla los cargos a favor del Estado y más aún cuando tienen la facultad de valorar pruebas de descargo a las que en todos los casos y cuadros de resumen rechazan. Consecuentemente, no pueden ahora pretender a través del Recurso de Casación acusar una errónea apreciación de las pruebas cuando las que presentaron como prueba preconstituida se limitan a opiniones y comentarios contenidos en informes de terceros que aun siendo funcionarios públicos, son perfectibles, sin especificar en qué caso, como, donde o cuando se dio el error de hecho o el error de derecho en esa apreciación, porque entender entre líneas que el juzgador cometió error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, ó señalar temerariamente al comienzo de su escrito "que ninguna resolución o acto judicial obtenido dolosamente puede ser considerado cosa juzgada”. sin demostrar quien cometió el dolo, es calumniar a las partes e inclusive a todos los miembros del Poder Judicial que participaron en el proceso, a será que por contradecir el Dictamen e Informes de Contraloría partiendo del principio de prueba preconstituida confunde al actor en su enceguecida misión poco ilustrada que ratifica el desatino jurídico de pretender reconocer la existencia de cosa juzgada en fase administrativa.- 3) Por último, se ha presentado un Recurso de Casación en el fondo por supuestos errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, pero llama la atención, que su fundamento principal sea en base a la propugnación del Informe del Asesor Técnico asignado a las Salas Sociales, como verdad absoluta, cuando sin ánimo de criticar el mismo, éste no contiene ningún argumento técnico, más por el contrario realiza observaciones de procedimiento e inobservancia de cláusulas contractuales que no son de su competencia, contrariamente a lo realizado por el Asesor Técnico de primera instancia (fs. 118 a 122), tuvo en sus manos informes técnicos, y al comenzar sus conclusiones reclamó también los documentos necesarios al S.N.C. (fs. 121). Entonces, ese primer informe contrario al demandante o coactivante, que ni siquiera mereció su impugnación, porque abandonó el proceso todo el año 2003 y reaparecieron en marzo de 2004, prueba de ello es que ni siquiera se enteraron de la Sentencia de fs. 125 a 139 que fue ejecutoriada por falta de apelación en plazo, sujeta a proceso de revisión a partir de un incidente de nulidad que revivió el proceso, ya que obviamente se encontraban en juego los intereses del Estado, se deja sin efecto la ejecutoria y los fallos en calidad de cosa juzgada. En ese sentido, creen que al no tomar en cuenta el dictamen técnico del Auditor asignado a las Salas de Corte Superior, se habría incurrido en grave error de hecho por no considerar esa opinión, cuando se deja de lado que existe otro informe de primera instancia que contradice el mismo y que también pertenece al mismo poder judicial invalidando uno o ambos, menos cuando el último, no señala en que se hubiera equivocado el técnico inferior al emitir su informe, por lo que de ninguna manera este paso procesal puede ser motivo legal para fundamentar el supuesto error de hecho en la apreciación de las pruebas, porque ese informe no tiene calidad de prueba sino de opinión técnica, que confusamente ahora utilizan como argumento, aún siendo que el mismo es favorable a nuestra Asociación, ya que se dictamina por la inexistencia de responsabilidad civil de nuestra parte y el ahora recurrente no manifiesta su acuerdo o desacuerdo con el, por lo que en el presente proceso, al haber sido liberados, por ambos técnicos, por el juez y por la Corte Superior, de ninguna manera puede afectarse nuestro derecho bajo el principio de la "non “reformatio in peius” como se tiene establecido en las Sentencias Constitucionales SC 0136/2007-R de 14/03/2007, SC 0621/2000-R de 28/06/2000 y SC 0749/2007 de 24/09/2007.- PETITORIO.- En base a lo argumentado, no existiendo el debido fundamento jurídico que demuestre la errónea apreciación de hecho y de derecho de las pruebas y menos individualizar o citar las mismas y las fojas en las que se encuentran y que se recurren por parte del Servicio Nacional de Caminos, pido respetuosamente a la Excma. Corte Suprema de Justicia en su Sala Administrativa, conforme al Artículo 272 del Código de Procedimiento Civil numeral 2) se sirva declarar el recurso IMPROCEDENTE con costas al recurrente, por no haberse cumplido con el mandato del inciso 2) del Artículo 258, de la misma norma y más por el contrario firme el Auto de Vista Res. N° 019/2009 SSA. II, que confirma la sentencia de primera instancia cursante a fs. 125-139 de obrados.- OTROSI.- Domicilio, la Secretaria de Cámara.- Será Justicia, etc.- La Paz, 25 de mayo de 2009.- FIRMA Y SELLA: APOLO CONSTRUCTORA.- FIRMA Y SELLA: EMPRESA CONSTRUCTORA “MINERA" LTDA.- SANTA CRUZ.- FIRMA Y SELLA: XAVIER F. BELTRÁN C.- ABOGADO.- M.C.A. 1481 C.N.A.3928 NIT: 2706116012.- DECRETO CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS VEINTIDÓS DE OBRADOS.- La Paz A, 27 de Mayo de 2009.- Por respondida en la forma expuesta y téngase por propugnada la Resolución en los términos que señala .- OTROSI Por señalado.- FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO.- PRESIDENTE DE SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA.- ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E. SECRETARIO DE CÁMARA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO.- REMITE Y SOLICITA EDICTOS OTROSIES.- SU CONTENIDO.- LIC. CARLOS JEMIO BACARREZA, Liquidador del Servicio Nacional de Caminos Residual, dentro del proceso Lic. Nacional de coactivo fiscal seguido contra Humberto Camacho Rojas y otros (Nota de Cargo N° 03-05/01); ante consideraciones de sus Autoridades con el debido respeto digo: Señores Magistrados, adjunto al presente sus autoridades se servirán encontrar las certificaciones emitidas por la Corte Nacional Electoral y la Corte Departamental Electoral del Departamento de Potosí, de los cuales se advierte que el coactivado Jaime Sivila Chumacero no cuenta con Partida de Defunción; siendo estas certificaciones oficiales dentro de nuestra normativa vigente y siendo estas certificaciones oficiales dentro de nuestra normativa vigente y desconociendo el domicilio del coactivado Víctor Jaime Sivila Chumacero, solicito su notificación mediante edictos, sea en un medio de circulación nacional y previa las formalidades de Ley.- Otrosí. - En merito a la representación evacuada por Marcelo Fuentes Soto, Oficial de Diligencias del Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario de la ciudad de Oruro, en sentido de que en el último domicilio registrado del Coactivado Humberto Antonio Camacho Rojas no habita el mismo, solicito su notificación mediante edictos, sea en un medio de circulación nacional y previa las formalidades de ley.- OTROSI 1.- Adjunto certificaciones señaladas. OTROSI 2.- Asimismo, solicito que por Secretaria de cámara, se me franquee fotocopias legalizadas de las certificaciones que adjunto al presente. Será Justicia.- La Paz, 18 de agosto de 2010.- FIRMA Y SELLA: DRA. CARLA MALDONADO TORRICO.- ABOGADA. – DIRECCIÓN JURÍDICA, SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- FIRMA Y SELLA: LIC. F. CARLOS JEMIO BACARREZA.- LIQUIDADOR A.I. SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- AUTO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS UNO DE OBRADOS.- La Paz, A, 21 de Agosto de 2010.- VISTOS.- En mérito a la representación de fs. 385. y los informes que anteceden, se dispone la Citación mediante Edictos de Ley a JAIME SIVILA CHUMACERO, sea con el Auto de vista, la representación de fs. 385, el memorial que antecede y la presente determinación, a publicarse por tres veces intervalo no menor a cinco días, todo de conformidad a lo dispuesto por los Arts. con 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil, sea previo juramento de desconocimiento de domicilio a recibirse por Secretaría de Cámara en cualquier día y hora hábil a partir de horas 15:00, sea con las formalidades 2010.- Otrosí.- Previamente adjunte los informes de Registro Civil del otro coactivo y se proveerá lo que corresponda.- Otrosí 1ro.- Por adjuntado.- Otrosí 2do.- Por Secretaría de Cámara, franquéese las fotocopias legalizadas que solicita, sea con las formalidades de ley.- FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ -BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA MSC. MIRYAM AGUILAR RODRÍGUEZ VOCAL DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA.- ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEIO E.- SECRETARIO DE CAMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.-LA PAZ – BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS DOS DE OBRADOS.-SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO.- REITERA EDICTOS.- Lic. CARLOS JEMIO BACARREZA, Liquidador del servicio Nacional de Caminos Residual, contra Humberto Camacho Rojas y otros (Nota de Cargo N° 03-05/01); ante las consideraciones de sus Autoridades con el debido respeto digo: Señores Magistrados, tal vez por las recargadas labores que tienen a su cargo en vuestra Sala, sus autoridades no advirtieron la representación evacuada por Marcelo Fuentes Soto, Oficial de Diligencias del Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal Y Tributario de la ciudad de Oruro, en sentido de que la en el último domicilio registrado del Coactivado Humberto Antonio habita el mismo; en virtud a dicha representación misma que por ley se considera oficial, reiteramos se notifique con el Auto de Vista mediante edictos al coactivado Humberto Antonio Camacho Rojas, sea en un medio de circulación nacional y previa las formalidades de ley.- Será Justicia.- La Paz, 05 de octubre de 2010.- FIRMA Y SELLA: DRA. CARLA MALDONADO TORRICO.- ABOGADA. – DIRECCIÓN JURÍDICA, SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- FIRMA Y SELLA: LIC. F. CARLOS JEMIO BACARREZA.- LIQUIDADOR A.I. SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- AUTO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS TRES DE OBRADOS.- La Paz, A, 09 de Octubre de 2010.-VISTOS.- Con la aclaración que antecede y en mérito a la representación de fs. 385, y los informes que anteceden, se dispone la Citación mediante Edictos de Ley a HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS, sea con el Auto de vista, la representación de fs. 385, el memorial que antecede y la presente determinación, a publicarse por tres veces con intervalo no menor a cinco días, todo de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil, sea previo juramento de desconocimiento de domicilio a recibirse por Secretaría de Cámara en cualquier día y hora hábil a partir de horas 15:00, sea con las formalidades de Ley.- FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA PAZ -BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA MSC. MIRYAM AGUILAR RODRÍGUEZ VOCAL DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA.- ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEIO E.- SECRETARIO DE CÁMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTIDÓS DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 2da. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- SOLICITA OOFICIO.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra HUMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo N° 03-05/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide Señor Presidente, de la revisión de obrados se puede evidenciar la dejadez por parte del Coactivante para proseguir con la tramitación de la presente causa, solicitando Certificaciones que se quedan en el limbo, dejándonos en la incertidumbre ya que no se puede notificar a dos de los coactivados ya que posiblemente hayan fallecido.- En ese sentido y con el fin de poder proseguir con la tramitación de la presente causa, solicito se sirva emitir OFICIO para que por las oficinas del SERVICIO DE REGISTRO CIVICO SERECI dependiente del Tribunal Electoral Plurinacional,- para que proceda a INFORMAR a su autoridad lo siguiente: 1. El último domicilio Registrado del señor HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS, con C.I. N° 593064 expedido en Oruro to si correspondiere, su PARTIDA DE DEFUNCIÓN; NOMBRE DEL CONYUGE SUPERSTITE y/o DESCENDENCIA LEGAL para notificación en juicio.- 2. El último domicilio registrado del señor VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO, con C.I. N° 1213517 expedido en Potosí o si correspondiere, SU PARTIDA DE DEFUNCIÓN; NOMBRE DEL CONYUGE SUPERSTITE Y/O DESCENDENCIA LEGAL para notificación en juicio.- Sera Justicia, etc. La Paz, 30 de marzo de 2018.- FIRMA Y SELLA : ING. JOSÉ A. CRESPO B..- GERENTE GENERAL EMPRESA CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- FIRMA Y SELLA.- ING. ALEX JOSÉ CUELLAR CH. GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA IASA LTDA.- FIRMA Y SELLA: NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- MAT. RPA N° 3383360NAO-A M.C.A. 8602 C.N.A. 7219.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS DE OBRADOS.- La Paz 04 de abril de 2018.- En merito a la solicitud que antecede, Secretaria de Cámara, ofíciese al Servicio de Registro Cívico SERECI dependiente del Tribunal Electoral Plurinacional, como se solicita, a objeto de que la institución requerida se sirvan informar a este Tribunal lo solicitado en el memorial que antecede, siempre que la presente determinación no contravenga normas de carácter interno, sea con las formalidades de ley.- FIRMA Y SELLA: DR. RUBÉN RAMÍREZ CONDE PRESIDENTE SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ-BOLIVA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- INFORME DE SERECI CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTISIETE A CUATROCIENTOS VEINTISIETE VUELTA DE OBRADOS.- SERECI-CL-Nº 2072/2018.- LA UNIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y CONTROL LEGAL, EN CUANTO PUEDE Y EL DERECHO LE PERMITE:- INFORMA.- En atención a solicitud escrita, mediante Oficio No. 105/2018 de fecha 24/04/2018, del Dr. Rubén Ramírez Conde Presidente Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda, recepcionada en fecha 08/05/2018 dentro el proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros, sobre informe de la partida de matrimonio, defunción, descendencia y domicilio. Una vez efectuada la revisión de partidas computarizadas en sus tres categorías que posee esta institución, se procedió a la búsqueda de las partidas actualizada a Nivel Nacional al 04 de Mayo de 2018, informando lo siguiente: 1. La EXISTENCIA del registro de la partida de MATRIMONIO a nombre de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS Y HIGINIA ELISA KOO MONROY, celebrado el 30/06/1973; disuelto por divorcio en fecha 10/07/1976. Se informa que registra una segunda partida de MATRIMONIO, registrada en la a nombre de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS y ILSE SUAREZ ORTIZ, Celebrado el 10/02/1978, partida vigente.- 1.1. Que NO EXISTE PARTIDA DE DEFUNCIÓN con los datos específicos de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS.- 1.2. Con los datos proporcionados el sistema informático reporta los siguientes registros de nacimiento en el cual figura HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS como padre. N°: 1.- Oficialía: 251.- Libro: 134.- Partida 366.- fecha de inscripción: 28/04/1986.- Nombres Y Apellidos: VIVIANA CAMACHO SUAREZ.- sexo: femenino.- fecha de nacimiento: 24/04/1986.- N°: 2.- Oficialía: 247.- Libro: 182.- Partida: 16.- fecha de inscripción: 07/01/1980.- Nombres Y Apellidos: HUMBERTO GERMÁN CAMACHO SUAREZ.- sexo: masculino.- fecha de nacimiento: 29/12/1979.- N°: 3.- Oficialía: 242.- Libro: 176.- Partida: 441.- fecha de inscripción: 25/08/1978.- Nombres Y Apellidos: ROSELY CLAUDIA CAMACHO SUAREZ.- sexo: femenino.- fecha de nacimiento: 18/08/1978.- La búsqueda en el sistema es exacta con los datos proporcionados por el solicitante, por lo cual si el resultado de la búsqueda omite a algún descendiente, se debe a que algunas inscripciones en partidas de nacimiento no se realizaron incluyendo los datos de Cédula de Identidad, fechas de nacimiento, nombres completos, apellidos paternos y maternos de los padres,- 2. La EXISTENCIA del registro de la partida de MATRIMONIO a nombre de VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO Y MARTHA GABRIELA PACHECO LEYTON, celebrado el 25/05/1969.- 2.1. Sin embargo se advierte la EXISTENCIA de registro de partida de DEFUNCIÓN, registrada en la O.R.C. Nº 4060.- Libro Nº LIBD-3, Partida No 64, con fecha de inscripción: 28/03/2018, perteneciente al Departamento de Santa Cruz, Provincia: Andrés Ibáñez, Localidad: Santa Cruz de la Sierra, se encuentra registrado lo siguiente: DATOS DEL FALLECIDO: VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO, con C.I. Nº 1213517; DATOS DE DEFUNCION: Fallecido el día: 27/03/2018, Lugar de Defunción: Departamento: Santa Cruz, Provincia: Andrés Ibañez, Localidad: Santa Cruz de la Sierra, partida vigente.- 1.2. Con los datos proporcionados el sistema informático reporta los siguientes registros de nacimiento en el cual figura VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO como padre.- No: 1.- Oficialía: 1206.-Libro: 1/82-87.- partida: 23.- fecha de inscripción: 14/10/1983.- Nombres y Apellidos: Pablo Sivila Pacheco.- sexo: Masculino.- fecha de nacimiento: 06/10/1983.- No: 2.- Oficialía: 767.- Libro: 11.- partida 159 fecha de inscripción 28/06/1979.- Nombres y Apellidos: Claudia Sivila Pacheco.- sexo: Femenino.- fecha de nacimiento: 19/06/1979.- No: 3.- Oficialía: 1206.- Libro: 1/82-87.- partida: 22.- fecha de inscripción: 14/10/1983.- Nombres y Apellidos: Víctor Andrés Sivila Pacheco.- sexo: Masculino.- fecha de nacimiento: 06/10/1984.- No: 4.- Oficialía: 386.- Libro: 500011420NO.- partida: 426.- fecha de inscripción: 14/05/1973.- Nombres y Apellidos: María Patricia Sivila Pacheco.- sexo: Femenino.- fecha de nacimiento, 06/10/1973.- No: 5.- Oficialía: 386.- Libro: 500011330NO.- partida: 869.- fecha de inscripción: 02/10/1971.- Nombres y Apellidos: Jaime Fernando Sivila Pacheco.- sexo: Masculino.- fecha de nacimiento: 29/09/1971.- La búsqueda en el sistema es exacta con los datos proporcionados por el solicitante, por cual si el resultado de la búsqueda omite a algún descendiente, se debe a que algunas inscripciones en partidas de nacimiento no se realizaron incluyendo los datos de Cédula de Identidad, fechas de nacimiento, nombres completos, apellidos paternos y maternos de los padres.- 3. Con respecto al último domicilio registrado en el padrón electoral de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS verificar el informe adjunto SERECI-LPZ-CERT-N° 144680-2-30420/2018 de fecha 10/05/2018.- FIRMA Y SELLA: ABOG. CINTHIA G. AMPUERO MINAYA.- ADMINISTRATIVO II – TRAMITES SERECI - LA PAZ.- OEP- TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- CERTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DE OBRADOS.- SERECI LP Nº 144680-2-30420/2018 FECHA 09/05/2018.- certificación.- en tención al oficio judicial del (la) DR. (a) RUBÉN RAMÍREZ CONDE, PRESIDENTE DE SALA ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ solicitando información de la Base de Datos del Padrón Electoral Biométrico, se realizó (s) consulta (s) respectiva (a) la base de datos actualizada hasta el 6 de octubre del 2017 y se reporta lo siguiente: 1.- HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS.- 53064.- 02/03/1950.- PAÍS BOLIVIA.- COCHABAMBA.- LOCALIDAD DE COCHABAMBA.- C/ ECUADOR Nº 583 ZONA CENTRAL.- COLEGIO LA SALLE.- 2.- VÍCTOR JAIME SIVILA CHUMACERO.- 1213517.- 13/05/1944.- BOLIVIA.- SANTA CRUZ.- SANTA CRUZ DE LA CIERRA.- B/ LOS MAGALES RADIAL Nº 3430.- COLEGIO UV LA MADRE.- Es cuanto certifico e informo a dirección, en atención a hoja de ruta Nº T-29980/18, y caso Of Nº 105/2018 para su consiguiente remisión si corresponde, sea para fines administrativos u otros. Firma y sella: ING. GUSTAVO C. M. PRIETO MONTALVO.- TÉCNICO V ADMINISTRADOR BASE DE DATOS PADRÓN ELECTORAL.- SERECI –LA PAZ OEP – TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- OFICIO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DE OBRADOS.- La Paz, 25 de mayo de 2018. CITE: JSRC – SERECI LP Nº 2134/2018 – Señor.- Dr. Rubén Ramírez Conde PRESIDENTE SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. REF.: Respuesta a Oficio, recepcionado en fecha 08/05/2018. De mi mayor consideración: En atención a oficio de referencia, por el que solicita “informe sobre la partida de matrimonio, defunción, descendencia y último domicilio de HUMBERTO CAMACHO ROJAS Y VÍCTOR JAIME SIVILA CHUMACERO”, tengo a bien remitir INFORME SERECI- LP- CL-Nº 2072/2018 emitido en la unidad de trámites administrativos y control legal para su conocimiento y fines consiguientes.- con este particular, reciba las atenciones de mi más alta estima.- atentamente. FIRMA Y SELLA: ABOG. JESÚS A. GÓMEZ NOGALES.- JEFE DE SECCIÓN DE REGISTRO CIVIL EN SUPLENCIA.- SERECI – LA PAZ.- OEP- TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS TREINTA DE OBRADOS.- La Paz, 01 de junio de 2018 el informe que antecede, adjúntese a sus antecedentes a los fines de ley, sea con noticia de partes. FIRMA Y SELLA: DR. RUBÉN RAMÍREZ CONDE.- SALA SOCIAL ADM, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2DA. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- SOLICITA COMISIÓN INSTRUIDA.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO-MINERVA IASA (CAMI), DENTRO DEL PROCESO COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS CONTRA HUMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo Nº 03-05/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide:.- Señor Presidente, del informe vertido por el servicio de registro cívico (SERECI) dependiente del órgano electoral plurinacional, se puede evidenciar que el coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS tiene residencia en el departamento de Conchababa del Estado Plurinacional de Bolivia; en ese entendido solicito a vuestras autoridades, de conformidad a lo establecido en el parágrafo I del Art. 77 de la ley Nº 439, que por Secretaria de su digna Sala proceda a expedir Comisión Instruida para Citar con el Auto de Vista al coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS en su domicilio ubicado en la Calle Ecuador Nº 583 Zona central de la ciudad de Cochabamba, departamento de Cochabamba del estado plurinacional de Bolivia, a través del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba . Protestando de mi parte cumplir con los recaudos de rigor.- Será Justicia, etc.- La Paz, 19 de octubre de 2018.- FIRMA Y SELLA: ING. JOSE A. CRESPO B.- GERENTE GENERAL EMPRESA CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- FIRMA Y SELLA.- ING. ALEX JOSE CUELLAR CH. GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA IASA LTDA.- FIRMA Y SELLA: NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- MAT. RPA N° 3383360NAO-A M.C.A. 8602 C.N.A. 7219.-DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DE OBRADOS.- La Paz, 26 de octubre de 2018.- Suspendido que fue el proceso por Auto N° 115/2018 SSA.II obrante a fs. 434, publicado el edicto ordenado por el referido auto y transcurrido el plazo de ley, sin que los herederos de Víctor Jaime Silva Chumacero se hubieren apersonado, se dispone la prosecución de la causa.- En merito a la petición que antecede, y considerando que Humberto Antonio Camacho Rojas tiene su domicilio ubicado en la calle Ecuador N° 583 de la zona Central de la ciudad de Cochabamba, conforme al informe de fs. 428 en cuyo mérito a efecto de proceder a la notificación con el Auto de Vista Nº 019/2009 SSA-II, obrante a fs. 289-290, y demás piezas pertinentes, de conformidad al art. 81.1, del Código Procesal Civil se dispone que por Secretaria del Juzgado, se libre Provisión Citatoria, encomendando su ejecución al Juzgado de turno del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de Cochabamba, hecho lo cual la restituya a la Sala de origen debidamente diligenciada.- FIRMA Y SELLA: DR. RUBÉN RAMÍREZ CONDE.- SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- REPRESENTACION CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DE OBRADOS.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA JUZGADO DE PARTIDO MIXTO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y ADMINISTRATIVO COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIO N°1.- Representación:- Dr. RUBEN RAMIREZ CONDE VOCAL DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADAMINISTRATIVA SEGUNDA.- PROCESO: COACTIVO – FISCAL- DEMANDANTE: Servicio Nacional de Caminos.- DEMANDADO: Humberto Antonio Camacho Rojas.- A: 16 de mayo de 2019.- Con el fin de dar cumplimiento a la Previsión Citatoria de fecha 09 de abril de 2019 fui conducida por la entidad coactivante a la dirección proporcionada por el Servicio de Registro Cívico de la ciudad de La Paz correspondiente a la calle Ecuador N° 583, constituida en dicha dirección procedí a buscar el número que corresponde al domicilio del coactivado, sin embargo pude observar que no existe relación entre los números existentes y que ese número no existe en dicha calle, sin embargo y con el fin de cumplir con lo ordenado por su autoridad pregunte a las tiendas comerciales si conocían al Sr. Humberto Antonio Camacho Rojas pero obtuve respuestas negativas al respecto indicando que no lo conocen, por todo lo expuesto y habiendo agotado los medios posibles para cumplir con lo encomendado me veo imposibilitada a efectivizar su mandato, es todo en cuanto tengo a informar en honor a verdad para fines consiguientes.- FIRMA Y SELLA: KATERINNE PEREDO ZAPATA.- OFICIAL DE DILIGENCIA.- JUZGADO DE PARTIDO ADMINISTRATIVO COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIO N° 1 COCHABAMBA - BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2DA. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- ADJUNTA EXHORTO SUPLICATORIO Y PIDE.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO-MINERVA IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra HUMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo Nº 03-05/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide:.- Señor Presidente, adjunto al presente el Exhorto Suplicatorio N° 81/19 el cual contempla la Provisión Citatoria para proceder a la notificación con la Resolución No 019/2009 (Auto de Vista) al Coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS en la ciudad de Cochabamba. Lamentablemente no pudo efectivizarse el mismo ya que el domicilio proporcionado por el SERECI no existe, como representa el Oficial de Diligencias.-En ese sentido, por el perjuicio causado a nuestras empresas por abandonado del proceso por parte del COACTIVANTE, solicito a vuestras autoridades, de conformidad a lo establecido en del Art. 78 de la Ley No 439, se sirva disponer la notificación por edictos al coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS con la Resolución N° 019/2009 (Auto de Vista). Protestando de nuestra parte cumplir con los recaudos de rigor.-Sera Justicia, etc.- La Paz, 12 de agosto de 2019.- FIRMA Y SELLA: ING. JOSE A. CRESPO B.- GERENTE GENERAL EMPRESA CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- FIRMA Y SELLA.- ING. ALEX JOSE CUELLAR CH. GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA IASA LTDA.- FIRMA Y SELLA: NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- MAT. RPA N° 3383360NAO-A M.C.A. 8602 C.N.A. 7219.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DE OBRADOS.- La Paz, 07 de octubre de 2019- La Provisión Citatoria, que antecede arrímese a sus antecedentes para fines consiguientes le ley.- Conforme la solicitud que antecede, por Secretaria extiéndase los edictos solicitados, Humberto Antonio Camacho Rojas, sea conforme lo dispuesto a fs. 403; Asimismo, extiéndase edictos a los herederos de Víctor Jaime Sivila Chumacero en observancia a lo dispuesto a fs. 401 de obrados, adjuntando en ambos casos las piezas pertinentes, sea previa noticia de parte coactivante.- FIRMA Y SELLA: DRA. ANA MARIA VILLA GOMEZ OÑA.- VOCAL DE SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ-BOLIVA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FORMULARIO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS DE OBRADOS.- SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA CITACIONES Y NOTIFICACIONES.- Lugar La Paz a los Once (11) días del mes de OCTUBRE del año 2019 a hrs.(09:00) Notifique a:- CARLOS GEMIO BACARREZA en representación del SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL-S.N.C.- Con: Mem. de fs. 474-474vta. y Dec. de fs. 475. Mediante copia de ley, dejando en: Secretaria de Sala conforme, el art. 15 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.- Es cuanto Certifico: FIRMA Y SELLA: VALQUIRIA L. MACHACA CONDORI.- OFICIAL DE DILIGENCIAS SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA.- SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA CITACIONES Y NOTIFICACIONES.- Lugar La Paz a los once (11) días del mes de OCTUBRE Del año 2019 a horas. nueve y cinco (09:05) Notifique a:.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIO Y VIVIENDA REP. POR DARIO VELASQUEZ CRUZ.- Con: Mem. de fs. 474-474vta. y Dec. de fs. 475. Mediante copia de ley, dejando en: Secretaria de Sala conforme, el art. 15 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.- Es cuanto Certifico: FIRMA Y SELLA: VALQUIRIA L. MACHACA CONDORI.- OFICIAL DE DILIGENCIAS SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS OCHENTA DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- APERSONAMIENTO.- SOLICITAN INSTRUIR EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIA QUE INDICAN.- Otrosíes.- Su contenido.- DORIS ALANDIA CARVAJAL, con C.I. 3056741 Oruro, Directora General de Asuntos Jurídicos y JAVIER TEDDY GUTIERREZ VERÁSTEGUI, con C.I. 4840756 L.P., Jefe de Unidad de Gestión Jurídica, mayores de edad , hábiles por derecho , servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda , en representación del Señor MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA – HERMNAN ÁRIAS DURAN, dentro del proceso coactivo fiscal seguido a instancias del extinto Servicio nacional de Caminos – Residual, ahora a cargo de esta Cartera de Estado, contra HUMBERTO CAMACHO ROJAS Y OTROS, por el cobro de $us 12,649,63.- Signado con nota de Cargo No. 03-05/2001, ante las consideraciones de sus probidades, con el debido respeto decimos y pedimos:-APERSONAMIENTO.- En Merito a testimonio poder No 273/2020 de fecha 29 de Junio de 2020, que tenemos a bien acompañar en copia legalizada, se evidencia que el Señor Iván Arias Duran Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, nos ha Conferido Poder Especial y Suficiente para que de manera conjunta o indistinta podamos apersonarnos en la presente causa, a objeto de continuar con la tramitación del proceso, por lo que pedimos aceptar nuestra personería y entenderse con nosotros ulteriores diligencias conforme a derecho.- NOTIFICACION POR EDICTOS.-Señores Vocales, de los datos del proceso colegimos que mediante providencia de fecha 7 de octubre de 2019, (fs. 475), se instruyó la notificación con el Auto de Vista Nº 019/2009 mediante Edicto extremo que hasta la fecha no fue cumplida, por lo que a efectos de evitar mayor dilación, solicitamos instruir que por Auxiliatura de vuestra Salase de cumplimiento con la Elaboración de los Edictos correspondientes.- Otrosí 1º.- Adjuntamos Testimonio Poder Nº 273/2020 en copia legalizada, pidiendo sea arrimado a sus antecedentes.- Otrosí 2o.- Domicilio procesal, la Secretaría de Sala, sin perjuicio de señalar correo personal para fines de comunicación procesal efritaqq@hotmail.com o Celular 76529881.- justicia, etc. La Paz 09 de julio de 2020.- FIRMA Y SELLA. - Abg. Efraín Quispe Quiroga.- ENCARGADO DE GESTIÓN JURÍDICA.- DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN JURÍDICA.- Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda.- FIRMA Y SELLA. – Abog. Doris Alandia Carvajal DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda.- Javier Teddy Gutiérrez Verástegui.- JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda.- PROVIDENCIA CURSANTE A FOJAS CUATOCIENTOS OCHENTA Y UNO DE OBRADOS.- En merito a fotocopia legalizada de Testimonio Poder Nº 272/2020 de fecha 29 de junio de 2020, téngase por apersonado a Doris Alandia Carvajal, Y Javier Teddy Gutiérrez Verástegui, en su calidad de apoderados legales de Hernán Iván Arias Duran – Ministro de Obras Públicas, Servicios y vivienda, con quienes se entenderán ulteriores diligencias del proceso. Estese al decreto de fecha 07 de octubre de 2019 obrante a fs. 475.- Otrosí1º.- Por Adjuntado.- Otrosí 2o.- Estese a lo dispuesto por el art. 15 de la ley de Procedimiento Coactivo Fiscal. Asimismo de conformidad al Instructivo TSJ N° 15/2020 de fecha 28 de mayo de 2020 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Instructivo N° 22/2020 de fecha 29 de mayo de 2020, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el correo electrónico y número de teléfono WhatsApp señalado, se tiene presente a los efectos de comunicación procesal, dentro los parámetros establecidos en los referidos instructivos.- FIRMA Y SELLA: DRA. ANA MARIA VILLA GOMEZ OÑA.- VOCAL DE SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ-BOLIVA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS. CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EN OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2da. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- SOLICITA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS MEDIANTE SISTEMA HERMES.- OTROSÍ.- DATOS ELECTRÓNICOS. ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra HUMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo No 03-05/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide: Señor Presidente, de la revisión del expediente se puede evidenciar que los Coactivantes (SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS) abandonaron el proceso señalado en el exordio causando un gran perjuicio a nuestras empresas; por lo que solicito a vuestras autoridades, se sirva proceder a notificar por edictos a los coactivados: HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS y los herederos de VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO con la Resolución N° 019/2009 (Auto de Vista) y sea por el SISTEMA HERMES. Protestando de mi parte cumplir con los recaudos de rigor.- OTROSÍ.- Señalo datos Electrónicos; correo electrónico.- natalio.aliaga.ochoa@gmail.com; teléfono celular: 75881886.- Sera Justicia, etc.- La Paz, 30 de julio de 2021.- FIRMA Y SELLA. - ING. JOSE A. CRESPO B.- GERENTE GENERAL EMPRESA CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- FIRMA Y SELLA.- ING. ALEX JOSE CUELLAR CH. GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA IASA LTDA.- FIRMA Y SELLA NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- MAT, RPA N 3383360NAO-A M.C.A. 8602-C.N.A. 7219.- PROVIDENCIA CURSANTE A FOJAS CUATOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DE OBRADOS.- La Paz, 04 de Agosto de 2021.- Por secretaria de Cámara cúmplase con los edictos ordenados mediante el Sistema Hermes, en observancia a los decretos cursantes a fs. 401, 403 y 475.- Al Otrosí.- De conformidad al Instructivo TSJ N° 15/2020 de fecha 28 de mayo de 2020 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Instructivo N° 22/2020 de fecha 29 de mayo de 2020, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el correo electrónico y número de teléfono WhatsApp señalado, se tiene presente a los efectos de comunicación procesal, dentro los parámetros establecidos en los referidos instructivos.- FIRMA Y SELLA.- MSC. DELFIN E. MAMANI MAMANI.- PRESIDENTE. - SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ-BOLIVIA.- EN SUPLENCIA LEGAL.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES PUBLICADO EN EL SISTEMA HERMES EN CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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