EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA


EDICTO DR. JOSE LUIS MAMANI MOYA PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ, POR EL PRESENTE EDICTO SE CITA, NOTIFICA Y EMPLAZA A: HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS Y LOS HEREDEROS DE VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO, EN EL PROCESO COACTIVO FISCAL SEGUIDO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS EN CONTRA DE HUMBERTO CAMACHO ROJAS Y OTROS (NOTA DE CARGO NO. 03-08/01), A CUYO TENOR SE TRANSCRIBE.--------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y TRES/DOS MIL OCHO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO A TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DE OBRADOS.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- RES. No. 273/2018 SSA.II.- COACTIVO FISCAL: Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros. (Nota de CARGO No. 03-07/01).- La Paz, 5 de diciembre de 2008.- VISTOS: En grado de apelación la Sentencia de fs. 229-246, recurso de apelación de fs. 342-346, respuesta de fs. 350-355, Auto de concesión fs. 356 de obrados, demás antecedentes del proceso.- CONSIDERANDO: Que dentro de la demanda coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas en forma solidaria con Jaime Sivila Chumacera, Ronald Barrientos Porcel, Juan Carlos Gottret Arce y la Asociación de Empresas Constructoras APOLO IASA-MINERVA, la Juez 2do. de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, Dra. Luvia Aspiazu de Vargas, dictó la Sentencia No. 19/2004 de 16 de febrero, cursante a fs. 229-246 de obrados, por la cual declara improbada la demanda de fs. 3, en consecuencia dispone: 1. Dejar sin efecto la Nota de Cargo No. 03-08/01 de 12 de marzo de 2003 y 2. Levantar las medidas precautorias dispuestas en el Auto Interlocutorio No. 19/2003 en contra de los coactivados. Contra dicho fallo y en tiempo hábil y oportuno la entidad coactivante a través de su representante legal, plantea recurso de apelación con los fundamentos expuestos a fs. 342 346, la que previa respuesta de fs. 350-355, se concede mediante Auto de fs. 356 de obrados en el efecto suspensivo por ante esta R. Corte Superior de Distrito.- CONSIDERANDO: Que de la revisión de los antecedentes del proceso, lo expuesto por las partes en el recurso de apelación y su respuesta, así como la pertinencia prevista en el Art. 236 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por mandato del Art. 1º de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, se concluye y se tiene.- Que el hecho controvertido en la presente demanda, emerge de la Licitación Pública No. 94/09546- Proyecto de Mejoramiento Cochabamba Quillacollo convocada por el Servicio Nacional de Caminos en base a los pliegos de Especificaciones Técnicas y Generales, se concluyó con la adjudicación y consecuente firma del contrato de obras viales de mejoramiento y mantenimiento del tramo Cochabamba- Quillacollo con la Asociación de Empresas Constructoras APOLO-IASA- MINERVA (CAMI). La Contraloría General de la República, a través de los Informes de Auditoria No. EL7EN15/G98-R1, EL/EN15/G98-C1, estableció indicios de responsabilidad civil contra servidores públicos y personas colectivas por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, señalando como base fundamentalmente del mismo el incumplimiento del numeral 2.4 "Composición de Mezcla de la Especificación Técnica General ES-11 CONCRETO ASFALTICO, en el que se hubiere aplicado un porcentaje de 2.7 % de contenido de vacios, lo que resulta por debajo del límite especificado, cual era del 3%. En base a estos antecedentes se inicia la presente demanda coactivo fiscal, que concluyó con la sentencia que es motivo de la presente apelación.-Que la entidad demandada, a través de su Presidenta Ejecutiva interpone recurso de apelación contra la sentencia No. 19/2004, mediante memorial de fs. 342-346, manifestando básicamente que ha existido una errónea valoración de aspectos técnicos relacionados con la mezcla asfáltica, por cuanto el Informe Técnico K1/APA06/G8 y los Informes de Auditoria No. EL/EN15/G98-R1 y EL/EN15/G98-C1, de forma clara establecieron que en fecha 6 de octubre de 1995, la Constructora a cargo del Proyecto, puso a consideración del SNC el diseño de la mezcla asfáltica, mismo que fue aceptado, sin cumplir las especificaciones técnicas generales, por cuanto ni la empresa adjudicataria, menos el Jefe de Fiscalización y demás ex funcionarios del SNC involucrados, podían modificar las especificaciones técnicas por medio de simples notas, sino a través de una orden de cambio, lo que no ocurrió, por lo que solicita se revoque la decisión adoptada en primera instancia; este argumento, de modo alguno expresa verdaderos agravios a los fines del Art. 227 del Código de Procedimiento Civil aplicable al presente caso por previsión del Art. 1º de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal.- Que sin embargo y con relación a los expresado por la parte recurrente, debemos referirnos a lo dispuesto en la cláusula cuarta del Contrato, este documento establece y otorga la facultad que tiene la parte contratante como es el Servicio Nacional de Caminos de realizar cualquier modificación en la ejecución de la obra, bajo la supervisión del Ingeniero encargado mediante ordenes de cambio y aprobación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Caminos. En ese marco, en la ejecución del referido Contrato y por razones externas al contenido de éste, se produjo modificaciones al diseño original, pues se establece que las presiones cívicas de los municipios y otras instituciones que en su oportunidad fueron de conocimiento público y hecho innegable por parte de la entidad coactivante, existió la inclusión de rotondas, paradas de transporte público, etc.; de ahí que la modificación del Contrato original fue aprobado atendiendo aquellas circunstancias por el mismo Servicio Nacional de Caminos, como se tiene de la Orden de Cambio No. 02, cuya literal cursa a fs. 746-747 (ANEXO 1); es más, en la parte pertinente de la referida orden autoriza a las empresas coactivadas, lo siguiente: "Estas modificaciones obligan a efectuar una redistribución de los Montos Originales del Contrato, como consecuencia de la necesaria readecuación de cantidades y creación de nuevos ítems. "(SIC); lo que quiere decir que existe autorización en la modificación del concreto asfáltico. El argumento en los informes de auditoría de la Contraloría General de la Republica sobre las ondulaciones, ahuellamiento y deterioro que existen en el tramo Cochabamba-Quillacollo, se deben a la mezcla asfáltica que tiende a tener un comportamiento plástico compatible con aquel tipo de deformación; empero, esta observación, no ha tomado en cuenta que el diseño original del tramo Cochabamba-Quillacollo, fue modificado con la introducción de rotondas, construcción del prado y puesto de Peaje, situación que de ningún modo puede ser de responsabilidad de los coactivados, en consideración a las circunstancias que originaron la modificación del Contrato original.- Que como bien valoró la Juez de instancia, la modificación que sufrió el proyecto de mejoramiento del tramo Cochabamba-Quillacollo, tuvo su efecto inmediato, cual es la inobservancia de la Ley de Cargas, no solo pof las partes intervinientes en el presente exordio, sino también por los mismos transeúntes, siendo que el efecto nocivo que se produce en la capa asfáltica es por los esfuerzos tangenciales provocada por las frenadas de los vehículos y sobrecargas, así concluyó el Departamento de Planificación del Servicio Nacional de Caminos en su informe "Control de Peaje y Clasificación Vehicular". Sin embargo, como se tiene señalado, la modificación al contrato original, no fue un simple querer de las partes suscribientes del mismo, sino fueron por razones completamente externas a éstas.- Que así analizado el caso de autos, y no siendo evidente que los extremos vertidos en el recurso de apelación, corresponde en esta instancia avalar la decisión asumida en primera instancia por la A-quo.- POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la R, Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia No. 19/2004 cursante a fs. 229-246 de obrados.- VOCAL RELATOR: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER.- FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO.- PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E.- SECRETARIO DE CÁMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO.- COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA.- LIC. CARLOS JEMIO BACARREZA, Liquidador a.i. del Servicio Nacional de Caminos Residual, en el proceso coactivo fiscal seguido contra Humberto Camacho Rojas y Otros, (Nota de Cargo N° 03-08/01 por Sus.132.157.96); ante las consideraciones de su Autoridad con el debido respeto pido:.- Habiendo sido debidamente notificado en la fecha, con la Resolución N° 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a fojas 388-389 de obrados, solicito a su Autoridad quiera complementar y enmiende la misma, toda vez que existe un error de escritura en el encabezamiento de la resolución, al haberse señalado: "... COACTIVO FISCAL: Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros. (Nota de Cargo No. 03-07/01)" (Las negrillas son nuestras).- Señores Magistrados, esta observación, que espero no sea mal interpretada, encuentra su fundamento en razón de las disposiciones a las que me reato como Liquidador del Servicio Nacional de Caminos Residual, puesto que todas mis actuaciones por mandato expreso del Decreto Supremo No. 29823 de 28 de noviembre de 2008, parágrafo II del Artículo 2, establece que: "... II. El SNC Residual está sujeto a la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y sus disposiciones reglamentarias".- De donde se infiere que todos mis actos son y serán objeto de auditorías, las mismas que determinarán si mis actividades se realizaron en estricto apego del ordenamiento jurídico y determinarán, si el caso lo amerita, las responsabilidades pertinentes para con mi persona como Máxima Autoridad Ejecutiva y Representante Legal del Servicio Nacional de Caminos Residual.- En base a estas consideraciones, solicito muy respetuosamente, quieran enmendar esta humana equivocación en aplicación del numeral 2 del artículo 196, en relación a los artículos 221 y 239 del Código de Procedimiento Civil, sea con las formalidades de rigor.- Paz y Justicia.- La Paz, enero 28 de 2009.- FIRMA Y SELLA: DR. LUIS A. IRUSTA ZAMBRANA.- ABOGADO. – DIRECCIÓN JURÍDICA, SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- FIRMA Y SELLA: LIC. F. CARLOS JEMIO BACARREZA.- LIQUIDADOR R.A.I. SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- AUTO NUMERO CINCUENTA Y CINCO/DOS MIL NUEVE, CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE OBRADOS.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- A. No. 55/2009 SSA II.- Coactivo Fiscal: Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros.- La Paz, A, 30 de Enero de 2009.-VISTOS: Siendo evidente que en la Resolución No. 273/2008 SSA. II cursante a Fs. 388 389, existe un error de transcripción en cuanto se refiere al encabezamiento del mismo, toda vez que se consignó como Nota de Cargo No. "03-07/01", siendo este dato incorrecto, siendo el correcto Nota de Cargo No. 03 08/01; por lo que a los efectos de evitar nulidades que perjudiquen a las partes, este Tribunal con la facultad que le otorga el Art. 196 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, enmienda dicho fallo, en lo que se refiere únicamente a lo extrañado, bajo el siguiente tenor: Nota de Cargo No. 03-08/01, del encabezamiento de la Resolución Auto de Vista No. 273/2008 de fecha 5 de diciembre de 2008, cursante a fs. 388-389 de obrados", en lo demás firme y subsistente. Sea con las formalidades de Ley.- REGÍSTRESE. –FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO.- PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E. SECRETARIO DE CÁMARA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO A CUATROCIENTOS DOS DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO.- Interpone Recurso de Casación.- Otrosí.- Domicilio.- Lic. CARLOS JEMIO BACARREZA, Liquidador a.i. del Servicio Nacional de Caminos Residual, en el proceso coactivo fiscal seguido contra Humberto Camacho Rojas y Otros. (Nota de Cargo Nº 03-08/01 por $us.132.157.96); ante las consideraciones de su Autoridad con el debido respeto expongo y en derecho pido:- Notificado, en fecha 4 de febrero del año en curso a horas 11:05 a.m., con Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de fecha 5 de diciembre de 2008 y auto complementario de fecha 30 de enero de 2009, el mismo que es gravoso y atentatorio a los intereses de la institución a la que represento y por ende a los sagrados intereses del Estado Boliviano, rompiendo toda regla sana de principio legal, el debido proceso y en contra de la seguridad jurídica en franca vulneración de los Artículos 50, 87, 90 del Código de Procedimiento Civil, Artículos 13, parágrafos I y II, 108 numerales 1 y 2, 109 parágrafos I y II, 110 parágrafos I y II, 115, 116, 117 y 410 parágrafos I y II de la Nueva Constitución Política del Estado, "EN RAZÓN DEL PRINCIPIO JURÍDICO QUE NINGUNA RESOLUCIÓN Y/O ACTO JUDICIAL, OBTENIDO DOLOSAMENTE PUEDE SER CONSIDERADO COSA JUZGADA", para lo cual sostengo que "LOS TRIBUNALES Y JUECES DE ALZADA EN RELACIÓN CON LOS DE PRIMERA INSTANCIA Y LOS DE CASACIÓN RESPECTO DE AQUELLOS, ESTÁN OBLIGADOS A REVISAR LOS PROCESOS DE OFICIO, A TIEMPO DE CONOCER UNA CAUSA, SI LOS JUECES Y FUNCIONARIOS OBSERVARON LOS PLAZOS Y LEYES QUE NORMAN LA TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS PROCESOS, PARA APLICAR EN SU CASO LAS SANCIONES PERTINENTES". En consecuencia estando vigente el plazo establecido por ley, en forma y tiempo hábil tengo a bien de INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, contra el Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados y Auto de Vista complementario No. 55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, cursante a Fs. 395 de obrados, conforme las previsiones de los Artículos 250, 253, 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes fundamentos de orden legal: .- ANTECEDENTES.- I. El Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados y Auto de Vista complementario No. 55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, cursante a Fs. 395 de obrados, no han valorado ni examinado, menos han considerado los hechos en los de la materia, tampoco han tomado en cuenta los inciertos e ilegales sustentos de la sentencia dictada por el inferior, que a toda vista eran claramente contradictorios y ambiguos para su ejecución, por cuanto la relación de los hechos en la que se basa la Sentencia No.19/2004 de 16 de febrero de 2004, no son más que una transcripción de los descargos efectuados por contrario y basando precisamente, reitero, en esos aspectos de dicha resolución se pretende su validez y ejecución; es así que el Tribunal de Alzada ni siquiera se ha dado a la tarea de realizar una revisión y análisis de los datos contenidos en el Informe Técnico No. Inf. Tec. S.S.A. No. 016/2008 de 11 de febrero de 2008, evacuado por el Lic. Moisés Arebalo Loayza, Auditor Financiero de las Salas Sociales y Administrativas, quien concluye por el análisis técnico realizado, se mantenga firme la Nota de Cargo No. 03-08/01, sin embargo a rajatabla, el Tribunal de Alzada, apartándose de dicho criterio técnico, erróneamente procede a confirmar la injusta Sentencia Nº 19/2004, lo que legitima la interposición del presente recurso de casación, en aplicación del Artículo 253, numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, cuando se señala que procede el recurso de casación en el fondo entre otros, cuanto del Tribunal de Alzada en la apreciación de las pruebas hubiera incurrido en error de hecho y en error de derecho; a mayor abundamiento, en los hechos, los informes de auditoría No. EL/EN15/G98 y No. EL/EN151/G98, han establecido la existencia de indicios de responsabilidad civil en la ejecución del Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento del Tramo Cochabamba-Quillacollo, los cuales constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente en los que se establecieron los cargos correspondientes y dieron base a la existencia de suma liquida y exigible, conforme lo previsto en el Art. 43 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, para que la Contraloría General de la República en estricto uso de sus atribuciones dictamine indicios de Responsabilidad Civil, sujeta a la aplicación del Artículo 77, inciso h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal en contra de los coactivados; es decir que estos han sido los parámetros técnicos y fácticos para iniciar la acción en el presente proceso y que justifican la responsabilidad civil al haber incurrido los coactivados en una serie de errores, sin embargo de estar demostradas las infracciones y el abuso cometido por los coactivados, así como por las empresas también coactivadas, tal cual se desglosa de los informes de auditoría realizados que hacen buena fe para la acción de la demanda coactivo fiscal, la sentencia del juez a quo, deliberadamente ignora los hechos reales que originaron el daño económico contra el Estado cuantificable en dinero, a efectos de la determinación de la responsabilidad civil, los mismos que han sido motivo de este proceso; por el contrario, de los antecedentes y pruebas contundentes el juez a quo, en franca parcialización con los coactivados, sin sustento legal alguno, dictó sentencia declarando improbada la demanda.- II. El Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados y Auto de Vista complementario No.55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, cursante a Fs. 395 de obrados, no han considerado ni advertido, menos reconocido, las infracciones cometidas en la sentencia dictada por el Juez a quo, de acuerdo a los fundamentos formulados oportunamente en el recurso de apelación interpuesto ante esa Sala y que no ha tenido consideración ni relevancia alguna ante ese Tribunal, el mismo se ha remitido tan solo a confirmar la sentencia del inferior sin realizar un examen minucioso, tanto de la prueba documental aportada en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, así como el análisis del informe técnico emitido por el Auditor Financiero de las Salas Sociales y Administrativas, siendo que la ACCIÓN PRINCIPAL NACE PRECISAMENTE DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, QUE DEMUESTRAN LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS DEMANDADOS Y LAS EMPRESAS MENCIONADAS, COMO LA ERRÓNEA VALORACIÓN REFERENTE A ASPECTOS ENTERAMENTE TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA MEZCLA ASFÁLTICA. Es así que, el informe técnico No. K1/APA06/G8 y los Informes de Auditoria Nº EL/EN15/G98-R1 y No. EL/EN15/G98-CI, de forma clara y precisa, en base a prueba documental fehaciente que cursa en obrados, establecen que en fecha 6 de octubre de 1995, la Constructora a cargo del proyecto, puso a consideración del SNC, el diseño de la mezcla asfáltica, el mismo que fue aceptado por los ex servidores públicos del SNC involucrados, sin cumplir las especificaciones técnicas generales, vale decir, que ni la empresa adjudicataria, menos el Jefe de Fiscalización y demás ex funcionarios del SNC intervinientes, podían modificar las especificaciones técnicas generales. Dicho de otra forma, el procedimiento Administrativo para la modificación de una especificación técnica, es la Orden de Cambio, tal como establece el Pliego de Condiciones y fundamentalmente la Cláusula Cuarta del contrato suscrito entre el SNC y la Empresa APOLO-IASA MINERVA, en tal sentido, la Orden de Cambio, es el único documento que puede tener la aptitud legal para modificar dichas condiciones técnicas. Por otra parte, se ha enfatizado al señalar que en el marco de la Responsabilidad por el Ejercicio de la Función Pública, el documento referente a la Orden de Cambio debe justificar de forma detallada e inequívoca las razones y aspectos técnicos que sustentan el beneficio de modificar las especificaciones técnicas generales.- Sin embargo, en el presente caso, como se puede apreciar estos errores de hecho en la valoración de la prueba, que hacen insubsanables y que no fueron de consideración del Tribunal de Alzada, no obstante que, al formular nuestro recurso de apelación se ha fundamentado de manera clara y precisa, en relación a que NO HUBO, NI EXISTIÓ NINGUNA ORDEN DE CAMBIO y las modificaciones que se hicieron permitiendo la variación de la mezcla asfáltica fueron discrecionales, tal como establecen los citados informes de Auditoría, reitero, SIN QUE EXISTA LA RESPECTIVA ORDEN DE CAMBIO, incumpliendo lo establecido en el contrato y los documentos que forman parte indisoluble del mismo.- Este hecho, sumado al clima y el alto tráfico de la vía, han sido perjudiciales y ocasionaron ondulamientos y un deterioro evidente en el tramo Cochabamba Quillacollo. En ese razonamiento, la empresa adjudicataria APOLO-IASA MINERVA, al presentarse a la Licitación Pública No. 94/09546 Proyecto de mejoramiento Cochabamba - Quillacollo, SE SOMETIÓ VOLUNTARIAMENTE Y SIN CONDICIONAMIENTO ALGUNO A TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, hechos precedentes que no se han considerado en el Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados y Auto de vista complementario No. 55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, cursante a Fs. 395 de obrados.- III. Ante las tantas irregularidades existentes en el cuaderno de autos y la vulneración al presupuesto procesal, en razón a existir una sentencia parcializada y fraudulenta, así como también la convalidación de actos ilegales por parte del Tribunal de Alzada, al confirmar una sentencia que apartándose de criterios técnicos contenidos en informes técnicos, mismos que han sido la razón de este proceso, dicta fallos judiciales erróneos en desmedro del Servicio Nacional de Caminos, y por ende, contra de los intereses del Estado, por lo que, aun pecando de redundante nuevamente corresponde reiterar que, la acción coactiva fiscal SE INICIA CON LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EXPEDIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL CASO DE AUTOS, LOS INFORMES EMITIDOS NO. EL/EN15/G98-R1 Y NO. EL/EN15/G98-CI, CLARAMENTE ESTABLECEN LOS INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, en contra de Humberto Camacho Rojas, Jaime Sivila Chumacero, Ronald Barrientos Porcel, Juan Carlos Gottret Arce y la Asociación de Empresas Constructoras APOLO-IASA-MINERVA, representada por José A. Crespo Bonadona, Máximo H. Rivera Justiniano y Alex Cuellar Chávez, por la suma de $us132.157,96 (Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete 96/100 Dólares Americanos). En ese sentido, estos informes no son producto de una mera casualidad, ni fueron inventados por el Máximo Órgano Contralor; más todo lo contrario, es con esta línea de control gubernamental que el SNC interpone la acción coactiva fiscal en contra de los nombrados coactivados.- Ahora bien, contradictoriamente a la emisión del Auto Interlocutorio. No.19/03 de 12 de marzo de 2003, por el que el Juez a quo dispone se gire la Nota de Cargo N° 03/08/01, por la suma de $us132.157,96 (Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete 96/100 Dólares Americanos) y pese a la existencia de suficiente prueba documental como son los documentos que en anexo forman parte de los informes de auditoría de la C.G.R., mismos que son contundentes en los de la materia, sin que exista fundamento técnico o legal alguno, se declara improbada la demanda y como corolario de estos actos y hechos inusuales, el Tribunal de Alzada se REMITE A CONFIRMAR UNA SENTENCIA SIN ASIDERO LEGAL, CUANDO EN LOS HECHOS EXISTE SUPERABUNDANTE PRUEBA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRA EL DAÑO ECONÓMICO VALUABLE EN DINERO CAUSADO AL ESTADO, GENERANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CONTRA DE LOS COACTIVADOS.- Siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, para dictar el Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados, el Tribunal de Alzada tenia los alcances jurídicos suficientes para revocar la pseudo sentencia del inferior en grado, por no contener una apreciación correcta de las pruebas, siendo ésta incongruente, ambigua, parcializada y errónea.- IV. NO SE CONSIDERÓ EL ECUÁNIME DICTAMEN TÉCNICO DE FONDO DEL AUDITOR FINANCIERO DE LAS SALAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA R. CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO Por último, el Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados, enmendado por Auto de Vista No.55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, cursante a Fs. 395 de obrados, en franca violación y lesión de los informes de auditoría expedidos por la Contraloría General de la República, dejando en el vacío legal a los mismos, se limita a confirmar la sentencia del Juez a quo, incurriendo en grave error de hecho, al omitir el dictamen técnico de fondo pronunciado por el Auditor Financiero de las Salas Sociales Administrativas, que con suficiente argumento técnico legal ha expresado su acuerdo sobre la Responsabilidad Civil de los coactivados, por existir suficiente prueba documental que demuestra el daño económico ocasionado por los adjudicatarios de la Licitación Pública No.94/09546. Dicho de otra forma, el Informe Técnico N° 016/2008 de fecha 11 de febrero de 2008, cursante a Fs. 376 378 de obrados, ha sido categórico en su evaluación, así como uniforme en la apreciación de los hechos y la verdad jurídica en el presente caso, lo que significa que al haber desglosado de manera clara los orígenes y los alcances que ocasionaron el daño reflejado en la suma coactivada de $us132.157,96 (Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete 96/100 Dólares Americanos), bajo los argumentos técnicos, económicos y legales, manifiesta con absoluta claridad que de acuerdo a las especificaciones técnicas, la composición de la mezcla referido al porcentaje de vacíos debería de estar entre los límites de 3% a 5% (Fs. 289-290), habiendo el Servicio Nacional de Caminos reclamado oportunamente este punto, ya que por las pruebas técnicas establecidas, este aspecto no ha sido cumplido por el contratista, de acuerdo a las pruebas realizadas, señala el informe, se ha establecido que la mezcla solo alcanza al 2,7% porcentaje por debajo de los límites de la especificación técnica.- También señala, el informe del auditor imparcial que, según la empresa contratante, el cambio ha sido de conocimiento del Servicio Nacional de Caminos y la misma ha sido aprobada mediante nota dirigida al Jefe de Fiscalización de la Zona Central; sin embargo, cuando se verifica el contrato suscrito en fecha 10 de mayo de 1995, en la cláusula Décimo Quinta, que está referida a la modificación de obras, está señalando que en el caso de Ordenes de Cambio, modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la obra, que determinen incrementos al monto del contrato, dice de manera clara PREVIAMENTE DEBE SER EXPRESAMENTE CONOCIDAS Y CONSIDERADAS EN SUS ALCANCES TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LEGALES POR EL S.N.C. EN LA INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN EJECUTIVA, PARA SU APROBACIÓN, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE PUEDE VER QUE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE), NO HA TENIDO O NO HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO LAS MODIFICACIONES QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HABRÍA SOLICITADO INTRODUCIR EN LA OBRA. Además, tanto los funcionarios a cuyo cargo se encontraba la supervisión y dirección, así como la empresa contratada, no han dado cumplimiento a lo establecido en el contrato, tanto en las condiciones generales como en el Pliego de Condiciones y demás documentación que forma parte del contrato de adjudicación de la Licitación Pública No. 94/09546.- CONCLUSIÓN.- De lo anterior, se tiene por el informe de auditoría efectuada por el Lic. Moisés Arebalo Loayza, que el contrato suscrito NO HA SIDO CUMPLIDO EN LO REFERENTE A LA GRADACIÓN DEL CONCRETO BITUMINOSO, Y QUE RESPECTO A CUALQUIER CAMBIO, SE TENÍA LA OBLIGACIÓN DE PONER EN CONOCIMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD (SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS), ASPECTO QUE NO HA SIDO CUMPLIDO POR LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NI POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA. El informe además expresa que, LA OBSERVACIÓN ANTERIOR HACE QUE SE HAYA INCUMPLIDO LA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA DEL CONTRATO DE OBRA, LA MISMA QUE DEBERÍA DE SER CONOCIDA EN LÍNEA DIRECTA HASTA EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SNC, ASPECTO QUE NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO Y ESTÁ DEMOSTRADO EN OBRADOS DEL PROCESO.- En ese contexto, es altamente asombroso e inentendible, que con estos pilares claros y categóricos expuestos por el Auditor Financiero de las Salas Sociales y Administrativas, el Tribunal de Alzada no haya tomado en cuenta la importancia de este informe técnico y convalide actos ilegales al confirmar la sentencia del inferior, sin considerar ni valorar adecuadamente las pruebas documentales aportadas por la Contraloría General de la República, en franca violación y vulneración a la garantía del debido proceso, consagrado en nuestra Carta Magna, contraviniendo toda disposición legal y atentando contra la seguridad jurídica.- PETITORIO.- Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, probadas y demostradas que han sido de manera objetiva la verdad jurídica, en relación a los antecedentes propiamente del presente caso de autos, y en las que ha incurrido el referido Auto de Vista Res. No.273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, cursante a Fs. 388-389 de obrados, enmendado por Auto de Vista No.55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, cursante a Fs. 395 de obrados, al amparo del artículo 253, numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, solicitando a ese Alto Tribunal conceda el presente recurso por ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo Máximo Tribunal, tomando conocimiento de los errores del Tribunal de Alzada y deliberando en el fondo, en aplicación del Artículo 271, numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, se dignen CASAR el recurrido Auto de Vista Res. No. 273/2008 SSA.II de 5 de diciembre de 2008, enmendado por Auto de Vista No.55/2009 SSA.II de 30 de enero de 2009, por existir en obrados del proceso suficiente prueba documental, que demuestra de manera fehaciente la equivocación manifiesta del tribunal Ad quem en la valoración de las pruebas, por lo que fallando en lo principal, corresponde enmendar los errores señalados en el presente recurso, aplicando las leyes inculcadas.-- Otrosí.- Señalo domicilio sito en la Avenida Mariscal Santa Cruz, No.1364, Torre "A", piso 19, oficina de la Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Caminos Residual.- Paz y Justicia.---La Paz, febrero 11 de 2009.- FIRMA Y SELLA: DR. LUIS A. IRUSTA ZAMBRANA.- ABOGADO.- DIRECCIÓN JURÍDICA SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- FIRMA Y SELLA: LIC. F. CARLOS JEMIO BACARREZA.-LIQUIDADOR A.I. SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS DOS.- La Paz, A, 13 de Febrero de 2009, Del recurso de casación interpuesto TRASLADO.- Otrosí.- Por señalado. FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MÍ: GUSTAVO IVAN ESPEJO E. SECRETARIO DE CAMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS SEIS A CUATROCIENTOS OCHO DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PROPUGNA AUTO DE VISTA RESPONDE AL TRASLADO. - OTROSI. – DOMICILIO.- RONALD ENRIQUE BARRIENTOS PORCEL, dentro de la injusta demanda coactiva fiscal seguida por el Servicio Nacional de Caminos en contra de HUMBERTO CAMACHO Y OTROS con la NOTA DE CARGO N° 03-08/01, ante su autoridad con el debido respeto expone y pide:.- PROPUGNA AUTO DE VISTA Y RESPONDE AL TRASLADO.- Señor Presidente, notificado que he sido con el Auto de Vista (Resolución N° 273/2008-SSA II) de fecha 5 de Diciembre de 2009 y Recurso de Casación en el fondo interpuesto por la entidad coactivante, tengo a bien responder al traslado ordenado por esa digna Sala, sobre la base de los fundamentos de derecho que paso a exponer y que desvirtúan la pretensión de contrario, que busca nuevamente en el presente recurso, justificar lo injustificable dejando de lado que a lo largo del proceso se ha demostrado por los medios probatorios que franquea la Ley en los cuales se incluyen los Informe Técnicos, la correcta valoración de los juzgadores al develar lo ilegal e injusto de un cargo establecido al margen de la Ley, por ello corresponde propugnar totalmente, el Auto de Vista N° 273/2008 de 5 de Diciembre de 2008, recurrido sin el fundamento legal necesario y por mero formalismo para evitar la responsabilidad funcionaria establecida por Ley SAFCO.- El Servicio Nacional de Caminos presenta un recurso amparado en la cita de algunos artículos de la norma procedimental civil, empero en ningún momento relaciona y menos demuestra la procedencia del mismo en el fondo, toda vez que se limita a observar subjetivamente el Auto de Vista recurrido y citar los artículos 250, 253, 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, sin establecer ningún agravio jurídico y menos señalar porque el Tribunal de Alzada hubiera incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, argumento reiterativo más de ninguna manera que conlleve la debida fundamentación que viabilice el Recurso de Casación, es más el recurso planteado contiene imprecisiones y contradicciones jurídicas que lo hacen infundado, como paso a detallar:.- 1° Debo hacer notar previo a entrar a los antecedentes del memorial de recurso, que los funcionarios públicos firmantes, refieren un sin número de garantías constitucionales, manifestando a partir de ellas una vulneración de normas procedimentales, que debieron servir de mejor fundamento para interponer el presente recurso, pero sirvieron de prólogo de obra ajena, pues no corresponde a la presente acción, ya que omiten señalar los fundamentos legales que amparan su pretensión, llegando al extremo de afectar el principio universal de irretroactividad de la ley, al pretender la aplicación de la Nueva Constitución Política del Estado en un asunto iniciado con anterioridad a su vigencia y aún más cuando el Auto de Vista fue notificado con la norma anterior.- Ahora bien, no se puede justificar la ausencia de fundamentos jurídicos a partir de la responsabilidad funcionaria y menos se debe soslayar la obligación de conocer a fondo la realidad demandada y aún más, el conocimiento jurídico del procedimiento coactivo fiscal que nos ocupa, ya que es contradictorio utilizar como "argumento” que el”… Tribunal de Alzada en la apreciación de las pruebas hubiera incurrido en error de hecho y en error de derecho; a mayor abundamiento, en los hechos, los informes de auditoría N EL/EN15/G98 y N° EL/EN151/G98, han establecido la existencia de indicios de responsabilidad civil en la ejecución del Proyecto..." (sic). Al respecto corresponde valorar al Supremo Tribunal que esos informes citados como máxima prueba supuestamente mal apreciada por el Tribunal de Alzada de la Corte Superior, ni siquiera contienen los datos correspondientes a los verdaderos informes: preliminar (EL/EN15/G98-R1) y complementario (EL/EN/15/G98-C1), respectivamente, es más si los informes citados en el recurso fueran los correctos, el recurrente no toma en cuenta que éstos sólo se constituyen en simples indicios de responsabilidad civil, por cuanto los mismos deben ser aprobados o en su caso sirven de fundamento para el Dictamen de Responsabilidad Civil aprobado por el Contralor General de la República, al amparo del Art. 43 de la Ley SAFCO y que de acuerdo con el Art. 3 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, se convierten en instrumentos con fuerza coactiva suficiente.- Por otra parte, si bien de acuerdo al Art. 43 inciso a) de la Ley 1178. (SAFCO), el Dictamen del Contralor General y los informes y documentos que sustentan se constituyen en prueba preconstituida para iniciar la acción correspondiente, no es menos cierto, que en el inciso b) del mismo. Artículo, uno de los requisitos fundamentales para darles validez, es que se realice una remisión de oficio de TODO LO ACTUADO a la entidad afectada, para que ésta cumpla con lo dictaminado. Es decir, que no se puede presentar un Recurso de Casación en el fondo basado sólo en supuestos errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, si el COACTIVANTE, SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS, no entregó ni siquiera por orden judicial del juez de primera instancia (en reiteradas oportunidades), toda la documentación requerida para su análisis, prueba de ello son las múltiples solicitudes establecidas en los otrosíes de las respuestas a las demandas presentadas por los coactivados y los oficios enviados a la entidad cautivante, que nunca fueron respondidos. Es más, durante la sustanciación del proceso, se solicitó expresamente la entrega del Informe Técnico de Consultoría del Ing. Pablo Del Águila y su correspondiente aprobación -Otrosí 2º de mi memorial de respuesta a la demanda-, solicitud que no fue considerada y menos respondida por la parte ahora recurrente, aspecto que fue tomado en cuenta en la Sentencia de primera instancia por haber sido la prueba ofrecida de acuerdo al Art. 330 del Código de Procedimiento Civil. Es más, no se puede de ninguna manera fundamentar el presente recurso en base a error en la apreciación de la prueba, cuando quien tiene la absoluta carga de la prueba, como es el coactivante, no cumple con ese rol en el proceso y pretende simplemente que el juez de por bien hechas las actuaciones de la Contraloría General de la República, sin haber proporcionado la documentación que las sustenta.- 2 Dentro del mismo aspecto, corresponde señalar que si bien la Ley 1178 le da el valor de prueba preconstituida a los Informes de Contraloría, no es menos cierto que se crea también una Jurisdicción Coactiva Fiscal en el Art. 47 de la misma norma, para el conocimiento de todas estas demandas, justamente para evitar los abusos administrativos, ya que de lo contrario no se requeriría una instancia judicial, sino simplemente una fase administrativa que no admita revisión, donde el Sr. Contralor seria autoridad definitiva, lo que sin duda destruye la garantía constitucional del debido proceso y la seguridad jurídica, puesto que la vía jurisdiccional justamente garantiza no sólo el equilibrio e independencia de poderes sino también, la aplicación de los principios constitucionales y toda la normativa jurídica a efecto de evitar discrecionalidades o arbitrariedades de funcionarios públicos. En este sentido, es importante resaltar más bien que los funcionarios públicos deben ser los primeros en buscar el cumplimiento de las normas garantizando su aplicación efectiva, solo de esa manera se puede entender la independencia de poderes del Estado y dentro de él la majestuosidad de la justicia: equidad e igualdad para todos. 3* También otro inconsistente argumento, se refiere a que no se tomó en cuenta el Dictamen Técnico emitido en segunda instancia, dejando de lado que durante la sustanciación de la causa en primera instancia, también se elaboró un Informe Técnico, se llevó adelante una inspección ocular y se realizó un peritaje, actuaciones a partir de las cuales se demostró la improcedencia de la pretensión del cautivante, es más tampoco se considera que el último Informe Técnico ratifica el cargo en base a argumentos jurídicos que son competencia del juzgador y no de un profesional técnico, que ni siquiera leyó mi memorial de respuesta a la apelación sobre la obtención de muestras y su análisis posterior, único argumento técnico válido para desvirtuar el supuesto cargo, ya que no se tomaron las muestras en el momento propio de la construcción, sino años después de entregada la obra, lo que desvirtúa la validez de los informes sobre granulometría tomados en cuenta en esta actuación.- PETITORIO.- Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, no habiéndose justificado ni demostrado por el Servicio Nacional de Caminos la procedencia del Recurso de Casación en el Fondo del Auto de Vista Res. 273/2008, Conforme a lo previsto por el Art. 253 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo a lo señalado en Art. 273 de la misma norma, solicito se declare INFUNDADO EL RECURSO interpuesto por el Servicio Nacional de Caminos y en consecuencia se CONFIRME EL AUTO DE VISTA Res Nº 273/2008 que confirma la Sentencia N" 19/2004 cursante a fs. 229-246. OTROSI. Domicilio, la Secretaria de Cámara.- Será Justicia, etc.-La Paz, 12 de Marzo de 2009.- FIRMA Y SELLA: DR. ROBERTO A. MUNIN PRADEL.- ABOGADO.- M.C.N.A. 02007 M.C.A. 0004760.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS NUEVE DE OBRADOS.- La Paz, A, 13 de Marzo de 2009.- Téngase por propugnado el Auto de Vista y téngase por respondido en la forma expuesta. Y por la Srta. Oficial de Diligencias de Sala, se proceda a la notificación con el Auto de Vista a los demás coactivados.- OTROSI.- Por señalado.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E.- SECRETARIO DE CÁMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- INFORME CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS ONCE DE OBRADOS.- INFORME.- A: Dr. Fernando Aranibar Rico y Dr. Orlando Ríos Luna.- PRESIDENTE Y VOCAL DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- DE: Mónica Tintaya Bautista.- OFICIAL DE DILIGENCIAS DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- REF.: Notificación por edicto.- FECHA: 21 de marzo de 2009.- Dentro el proceso Coactivo Fiscal seguido por El Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros con nota de cargo No. 03-08/01. Dando estricto cumplimiento al decreto de fs. 409. tengo a bien informar lo siguiente: Que, de la revisión del expediente se pudo verificar que mediante memorial de demanda cursante a fs. 3 La parte coactivante señala como domicilio de los coactivados Humberto Camacho Rojas en la calle Tadeo Ahenke No. 1721 de la ciudad de Cochabamba y de Jaime Sivila Chumacera en la ciudad de Santa Cruz (desconociéndose su dirección exacta), además que la citación y emplazamiento con la demanda para que los coactivados asuman defensa se hizo mediante edicto cursante a fs. 213 de acuerdo a la publicación La Jornada de fecha 1 de noviembre del 2003. El mismo que fue ordenado mediante auto cursante a fs. 117, sin que los mismos se hayan apersonado para asumir su defensa hasta la fecha tanto en primera como en segunda instancia.- Por lo que me es imposible la notificación a los mencionados coactivados de forma personal o en sus domicilios reales.- Es cuanto informo en honor a la verdad y para los fines consiguientes de ley.- FIRMA Y SELLA: J. MÓNICA TINTAYA BAUTISTA.- OFICIAL DE DILIGENCIAS DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS NUEVE DE OBRADOS.- La Paz, A, 23 de Marzo de 2009.- En conocimiento de la institución coactivante el informe que antecede.- FIRMA Y SELLA: J. ORLANDO RÍOS LUNA.- VOCAL DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E.- SECRETARIO DE CÁMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA. MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS CATORCE A CUATROCIENTOS DIECISIETE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- RESPONDE AL RECURSO DE CASACIÓN Y PROPUGNA RESOLUCION.- OTROSÍ.- DOMICILIO.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO-MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo seguido por el Servicio Nacional de Caminos con NOTA DE CARGO N° 03-08/01, Notificados con la Resolución N° 273/2008-SSA II de fecha 5 de Diciembre de 2009 y el Recurso de Casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional de Caminos, en término hábil respondemos al inocuo recurso planteado, propugnando más bien por el contrario, el Auto de Vista emitido por la Sala Social II Administrativa de la Corte Superior, desvirtuando mediante el presente escrito las pretensiones de contrario en base a los argumentos que a continuación se desarrollan.- Al realizar un análisis de los supuestos fundamentos jurídicos que llevan al Servicio Nacional de Caminos a recurrir por simple cumplimiento del rol de funcionarios públicos, se evidencia que no refieren los argumentos legales indispensable para ello, tomando en cuenta que en el caso de los recursos de casación en el fondo, se deben establecer con precisión las normas vulneradas, más aún si el recurso se ampara en el Art. 253 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, que a decir del tratadista Carlos Morales Guillen en su obra "Código de Procedimiento Civil Concordado y Anotado, Segunda Edición, Año 1982 en la página 582: "Es doctrina consagrada por la jurisprudencia, repetidamente declarada, que la apreciación de las pruebas (que se considera incensurable en casación), corresponde exclusivamente al juez sentenciador, punto conforme, por lo demás, con la naturaleza del recurso. Por eso se ha dicho que la infracción de la ley debe darse en la parte dispositiva de la sentencia impugnada. Argumento jamás considerado por el recurrente en ambas instancias y aún más cuando en su confusa obligación, pretende dirigir criterios que no tienen efecto en materia jurídica, conforme a lo establecido por el autor citado cuando señala que "Es infundado este recurso cuando el recurrente señala la numeración del art. sin fundamentar las violaciones que supone" (G.J. N° 494, p.9), requisitos (en doctrina y jurisprudencia) incumplidos en el memorial de parte contraria, ya que de la lectura detallada del mismo, se evidencia la simple cita de lo dispuesto en el Articulo 2533) de la norma adjetiva civil, sin llegar a DESARROLLAR DEMOSTRAR Y FUNDAMENTAR JURIDICAMENTE, que se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas, ratificando con ello más bien el descuido procesal de la causa, ya que cita en los antecedentes dos informes de auditoría (N°. EL/EN15/G98 y N° EL/EN151/G98) en los que existirían-según ellos- indicios de responsabilidad en la ejecución del Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento del Tramo Cochabamba-Quillacollo, sin embargo y también según la jurisprudencia citada por el Dr. Morales Guillen (N° 5); "Siendo este recurso una demanda nueva, de puro derecho, en la que deben señalarse concretamente las leyes quebrantadas, las fojas del proceso en que ellas aparezcan y la fundamentación correspondiente, es inatendible que se dé por reproducidos memoriales o alegatos anteriores" (G.J. N° 1589,p.117), ya que sin ánimo de parecer perfeccionistas, los informes citados no corresponden a los que sirvieron de base en el proceso y aun siendo éstos básicos, nunca se citaron las fojas donde se encuentran, ya que el Servicio Nacional de Caminos, ni siquiera adjunto los mismos a las diferentes demandas que después fueron desglosadas por el juzgador de primera instancia. Consecuentemente la presente demanda - entiéndase recurso- carece de requisitos de forma inexcusables para su admisibilidad. Aun así, si se entendieran subsanadas las omisiones de cita y numeración con respecto a los INFORMES DE AUDITORIA, como se realiza en la segunda plana de los antecedentes del memorial de recurso, donde además de los Informes (EL/EN15/G98-R1 y EL/EN15/G98-C1) también se incluye otro informe técnico el N° K1/APA06/G8, en el cual se señala que la acción principal nace precisamente de los informes de auditoría, que son los que de forma clara y precisa, establecen la responsabilidad civil, además "en base a la prueba documental fehaciente que cursa en obrados" (sic). Sin embargo, no señalan en que fojas se encuentran estos informes, si los mismos forman parte de las pruebas de cargo o de descargo, o será que el recurrente pretende que los Señores Magistrados lean los informes uno por uno y hoja por hoja?: ¿Será que los funcionarios saben por lo menos de cuantas fojas constan sus informes de auditoría? y peor aún, serán suficientes esos informes, de los que solicitamos en reiteradas oportunidades se oficie para que sean entregados para una valoración jurisdiccional?. Por lo anotado, a simple vista se puede establecer que se vuelve a hacer una relación de hechos pretendiendo consolidar como verdad absoluta los informes de la Contraloría General de la República, que ni siquiera están debidamente identificados y amparan el cumplimiento de su responsabilidad con la cita de artículos del procedimiento civil, sin el debido fundamento que demuestre la procedencia del recurso en el fondo.- Con respecto al supuesto error en la apreciación de las pruebas en la que hubiera incurrido la Sala de Apelación, además del confuso desarrollo del pseudo memorial de recurso, donde la base recursiva se extiende en los ANTECEDENTES, por lo que su propia sintaxis descubre el obligatorio motivo del recurso, nos encontramos ante un argumento reiterativo, más de ninguna manera agravio jurídico que conlleve la debida fundamentación que viabilice el Recurso de Casación, es más contiene el recurso tantas veces citado, imprecisiones y contradicciones jurídicas que lo hacen infundado, como paso a detallar.- 1) Si bien está reconocido por el Art. 43 inc. a) de la Ley 1178, que los informes de auditoría emitidos por la Contraloria General de la República tienen el carácter de prueba preconstituida para las acciones legales correspondientes, no es menos cierto que a dichos informes no se les pueda dar validez absoluta y definitiva, ya que de lo contrario la propia Ley SAFCO no hubiera incluido el Capítulo VII DE LA JURISDICCION COACTIVA FISCAL para el conocimiento de todas las demandas en ocasión de los actos de los funcionarios públicos y las personas naturales o jurídica privadas que hayan suscrito contratos con el Estado, por lo que en sus Arts. 48, 49 y 50 se establece su jurisdicción y competencia, para adicionalmente ser refrendado por el D.S. N° 23318-A, que en su Art. 50 señala que la naturaleza de la responsabilidad civil -como en el caso que nos ocupa- se determina por juez competente, que es justamente el de la jurisdicción coactiva fiscal, es decir que el carácter de prueba preconstituida de los dictámenes e informes del Contralor General, implica que éstos puedan y deban ser revisados por una autoridad jurisdiccional, como garantía de la independencia y equilibrio de los Poderes del Estado, en el entendido que todo acto administrativo debe ser revisado en vía judicial, aspecto ratificado por la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo en su Art. 4 inc. i) que establece el principio de control judicial, en virtud del cual el Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables. En ese sentido, darle validez definitiva al Dictamen de la Contraloría, sería contradecir la doctrina y la ley. Confundiendo prueba preconstituida con cosa juzgada, dejando de lado que este atributo sólo puede ser establecido por el Poder Judicial.- 2) Corresponde también acusar en base al argumento jurídico anterior, que el juzgador debe muñirse de toda la prueba aportada por las partes, aún en un procedimiento especial como lo es el Coactivo Fiscal, en ese sentido debe denotarse que la entidad coactivante no cumplió ni siquiera con la presentación de los informes aprobados para dar curso a la demanda y así hizo nota la juez de primera instancia a fs. 4 y 5 para que casi después de un año subsanen su omisión. Por otra parte, al contestar la demanda a fs. 14 a 33 nuestra Asociación de Empresas Constructoras en los OTROSIES 3 y 4, ratificación de fs. 113 vta. Presentó y solicito prueba, petición que nunca fue atendida por la parte coactivante, es más los co-demandados también pidieron documentación que debía ser presentada a fs. 111 (otrosí primero y segundo), fs. 211 (Otrosí 2.-), peticiones y oficios que jamás se respondieron, ahora bien, no obstante constituirse el Dictamen del Contralor General y los informes y documentos que sustentan el cargo prueba preconstituida para iniciar la acción correspondiente, de acuerdo al Art 43 inciso a) de la Ley 1178 (SAFCO), éstos deben sin embargo, cumplir inexcusablemente con el inciso b) del mismo artículo que se refiere a la remisión de oficio de todo lo actuado a la entidad interesada, debiendo entenderse por todo lo actuado, los descargos administrativos presentados y no simplemente limitarse a entregar las opiniones técnicas y jurídicas de los funcionarios de la Contraloría contenidos en informes, aspecto que fue reclamado en todo el proceso pero que no se dio curso, cuando los propios auditores al ser seres humanos pueden errar o tener limitaciones en la interpretación de algunos aspectos técnicos y jurídicos, defendiendo a rajatabla los cargos "dizque" a favor del Estado y más aún cuando tienen la facultad de valorar pruebas de descargo a las que en todos los casos y cuadros de resumen rechazan. Consecuentemente, no pueden ahora pretender a través del Recurso de Casación acusar una errónea apreciación de las pruebas cuando las que presentaron como prueba preconstituida se limitan a opiniones y comentarios contenidos en informes de terceros que aun siendo funcionarios públicos, son perfectibles, sin especificar en qué caso, como, donde o cuando se dio el error de hecho o el error de derecho en esa apreciación, porque entender entre líneas que el juzgador cometió error de derecho al contradecir el Dictamen e Informes de Contraloría partiendo del principio de prueba preconstituida, es un desatino jurídico parecido al pretender reconocer la existencia de cosa juzgada en fase administrativa. 3) Por último, se ha presentado un Recurso de Casación en el fondo por supuestos errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, pero llama la atención, que su fundamento principal sea en base a la propugnación del Informe del Asesor Técnico asignado a las Salas Sociales, como verdad absoluta, cuando sin ánimo de criticar el mismo, éste no contiene ningún argumento técnico, más por el contrario realiza observaciones de procedimiento e inobservancia de cláusulas contractuales que no son de su competencia, contrariamente a lo realizado por el Asesor Técnico de primera instancia (fs. 217 a 225) que a más de participar en la inspección ocular, tuvo en sus manos informes técnicos, pruebas de laboratorio, etc. y al comenzar sus conclusiones reclamó también los documentos necesarios al S.N.C. (fs. 223). Entonces, ese primer informe contrario al demandante o coactivante, que ni siquiera mereció su impugnación, porque abandonó el proceso el año 2003, prueba de ello es que ni siquiera se enteraron de la Sentencia de fs. 229 a 246 que fue ejecutoriada en febrero, sujeta un mes después (marzo de 2004) a proceso de revisión a partir de un incidente de nulidad que revivió el proceso, ya que obviamente se encontraban en juego los intereses del Estado, y ahí por más negligencia y descuido funcionario, se deja sin efecto la ejecutoria y los fallos en calidad de cosa juzgada. En ese sentido. creen que al no tomar en cuenta el dictamen técnico, se habría incurrido en grave error de hecho al no considerar esa opinión, cuando se deja de lado que existe otro informe de primera instancia que contradice el mismo y que también pertenece al mismo poder judicial invalidando uno o ambos. Menos cuando el último no señala en que se hubiera equivocado el técnico inferior al emitir su informe, por lo que de ninguna manera este paso procesal puede ser motivo legal para fundamentar el supuesto error de hecho en la apreciación de las prueba, porque ese informe no tiene calidad de prueba sino de mera opinión técnica.- PETITORIO.- En base a lo argumentado, no existiendo el debido fundamento jurídico que demuestre la errónea apreciación de hecho y de derecho de las pruebas y menos individualizar o citar las mismas y las fojas en las que se encuentran y que se recurren por parte del Servicio Nacional de Caminos, pido respetuosamente a la Excma. Corte Suprema de Justicia en su Sala Administrativa, conforme al Artículo 272 del Código de Procedimiento Civil numeral 2) se sirva declarar el recurso IMPROCEDENTE con costas al recurrente, por no haberse cumplido con el mandato del inciso 2) del Artículo 258, de la misma norma y más por el contrario firme el Auto de Vista Res. N° 273/2008, enmendado por el Auto de Vista Nº 55/2009, que confirma la sentencia de primera instancia cursante a fs. 229-246 de obrados.- OTROSI.- Domicilio, la Secretaria de Cámara.- Será Justicia, etc.- La Paz, 9 de Abril de 2009.- FIRMA Y SELLA: XAVIER F. BELTRÁN C.- ABOGADO.- M.C.A. 1481 C.N.A. 3928.- NIT: 2706116012.- FIRMA Y SELLA: APOLO CONSTRUCTORA.- FIRMA Y SELLA: EMPRESA CONSTRUCTORA “MINERA” LTDA.- SANTA CRUZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: CONSTRUCTORA IASA.- SANTA CRUZ- BOLIVIA.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS DIECIOCHO DE OBRADOS.- La Paz A 16 de Abril de 2009.- Téngase por propugnada el Auto de Vista y por respondida en los términos expuestos al recurso de casación. Debiendo la institución coactivante pronunciarse sobre el informe cursante a fs. 411 de obrados, a éste se notifique nuevamente con dicho informe, sea con las formalidades de Ley OTROSI- Por señalado.- FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO.- PRESIDENTE DE SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E.- SECRETARIO DE CAMARA.- SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ - BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTE DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA DE LA R. CORTE SUPERIOR DEL DISTRITO.- Solicita se libren órdenes instruidas.- Otrosí 1º. Adjunta boleta de recurso. Lic. CARLOS JEMIO BACARREZA, Liquidador a.i. del Servicio Nacional de Caminos Residual, en el proceso coactivo fiscal seguido contra Humberto Camacho Rojas y Otros, (Nota de Cargo Nº 03-08/01 por Sus.132.157.96); ante las consideraciones de su Autoridad con el debido respeto expongo y en derecho pido:.- Señores Magistrados, si bien las prescripciones de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal y las del Procedimiento Civil, son claras respecto a los formalismos y formalidades en la realización de las notificaciones, no es menos cierto que los coactivados Humberto Camacho Rojas y Jaime Sivila Chumacero fueron citados y emplazados con la demanda a objeto de que asuman defensa en el año 2003 mediante edicto y que luego de seis (6) años de proceso, muy posiblemente ambos coactivados no mantengan los domicilios, por lo que a objeto de no restringir el derecho de defensa de los coactivados, evitando incidentes, solicito se disponga se libren ordenes instruidas a las oficinas de Identificación Personal dependientes de la Policía Boliviana, a objeto de que certifiquen sobre los últimos domicilios registrados del señor Humberto Camacho Rojas, con C.I. No. 593064 Oruro en el Departamento de Cochabamba y del señor Jaime Sivila Chumacero, con C.I. No. 1213517 Potosí en el Departamento de Santa Cruz, sea con las formalidades de rigor.- Otrosí 1º. A los fines del recurso interpuesto, acompaño Comprobante de Caja No.1656119, extendido por el Departamento Financiero del Consejo de la Judicatura de la R. Corte Superior de Distrito, se tenga presente.- Paz y Justicia. La Paz, abril 16 de 2009 FIRMA Y SELLA: DR. LUIS A. IRUSTA ZAMBRANA.- ABOGADO.- DIRECCIÓN JURÍDICA SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- FIRMA Y SELLA: LIC. F. CARLOS JEMIO BACARREZA.-LIQUIDADOR A.I. SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS VEINTIUNO DE OBRADOS.- La Paz, A, 18 de Abril de 2009.- En mérito a lo expuesto, se dispone dirigir oficio a la Dirección Nacional de Identificación Personal, a objeto de que franqueé la certificación solicita en el memorial que antecede, sea previa las formalidades de Ley.- Otrosí 1ro.- Arrímese a sus antecedentes el comprobante de caja que antecede.- FIRMA Y SELLA: DR. FERNANDO ARANIBAR RICO.- PRESIDENTE DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: GUSTAVO IVÁN ESPEJO E. SECRETARIO DE CÁMARA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA.- R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.-INFORME DE SERECI CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS NOVENTA A CUATROCIENTOS NOVENTA VUELTA DE OBRADOS.- SERECI-CL-Nº 2073/2018.- LA UNIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y CONTROL LEGAL, EN CUANTO PUEDE Y EL DERECHO LE PERMITE:- INFORMA.- En atención a solicitud escrita, mediante Oficio No. 105/2018 de fecha 24/04/2018, del Dr. Rubén Ramírez Conde Presidente Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda, recepcionada en fecha 08/05/2018 dentro el proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra Humberto Camacho Rojas y otros, sobre informe de la partida de matrimonio, defunción, descendencia y domicilio. Una vez efectuada la revisión de partidas computarizadas en sus tres categorías que posee esta institución, se procedió a la búsqueda de las partidas actualizada a Nivel Nacional al 04 de Mayo de 2018, informando lo siguiente: 1. La EXISTENCIA del registro de la partida de MATRIMONIO a nombre de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS Y HIGINIA ELISA KOO MONROY, celebrado el 30/06/1973; disuelto por divorcio en fecha 10/07/1976. Se informa que registra una segunda partida de MATRIMONIO, registrada en la a nombre de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS y ILSE SUAREZ ORTIZ, Celebrado el 10/02/1978, partida vigente.- 1.1. Que NO EXISTE PARTIDA DE DEFUNCIÓN con los datos específicos de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS.- 1.2. Con los datos proporcionados el sistema informático reporta los siguientes registros de nacimiento en el cual figura HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS como padre. N°: 1.- Oficialía: 251.- Libro: 134.- Partida 366.- fecha de inscripción: 28/04/1986.- Nombres Y Apellidos: VIVIANA CAMACHO SUAREZ.- sexo: femenino.- fecha de nacimiento: 24/04/1986.- N°: 2.- Oficialía: 247.- Libro: 182.- Partida: 16.- fecha de inscripción: 07/01/1980.- Nombres Y Apellidos: HUMBERTO GERMÁN CAMACHO SUAREZ.- sexo: masculino.- fecha de nacimiento: 29/12/1979.- N°: 3.- Oficialía: 242.- Libro: 176.- Partida: 441.- fecha de inscripción: 25/08/1978.- Nombres Y Apellidos: ROSELY CLAUDIA CAMACHO SUAREZ.- sexo: femenino.- fecha de nacimiento: 18/08/1978.- La búsqueda en el sistema es exacta con los datos proporcionados por el solicitante, por lo cual si el resultado de la búsqueda omite a algún descendiente, se debe a que algunas inscripciones en partidas de nacimiento no se realizaron incluyendo los datos de Cédula de Identidad, fechas de nacimiento, nombres completos, apellidos paternos y maternos de los padres,- 2. La EXISTENCIA del registro de la partida de MATRIMONIO a nombre de VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO Y MARTHA GABRIELA PACHECO LEYTON, celebrado el 25/05/1969.- 2.1. Sin embargo se advierte la EXISTENCIA de registro de partida de DEFUNCIÓN, registrada en la O.R.C. Nº 4060.- Libro Nº LIBD-3, Partida No 64, con fecha de inscripción: 28/03/2018, perteneciente al Departamento de Santa Cruz, Provincia: Andrés Ibáñez, Localidad: Santa Cruz de la Sierra, se encuentra registrado lo siguiente: DATOS DEL FALLECIDO: VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO, con C.I. Nº 1213517; DATOS DE DEFUNCION: Fallecido el día: 27/03/2018, Lugar de Defunción: Departamento: Santa Cruz, Provincia: Andrés Ibañez, Localidad: Santa Cruz de la Sierra, partida vigente.- 1.2. Con los datos proporcionados el sistema informático reporta los siguientes registros de nacimiento en el cual figura VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO como padre.- No: 1.- Oficialía: 1206.-Libro: 1/82-87.- partida: 23.- fecha de inscripción: 14/10/1983.- Nombres y Apellidos: Pablo Sivila Pacheco.- sexo: Masculino.- fecha de nacimiento: 06/10/1983.- No: 2.- Oficialía: 767.- Libro: 11.- partida 159 fecha de inscripción 28/06/1979.- Nombres y Apellidos: Claudia Sivila Pacheco.- sexo: Femenino.- fecha de nacimiento: 19/06/1979.- No: 3.- Oficialía: 1206.- Libro: 1/82-87.- partida: 22.- fecha de inscripción: 14/10/1983.- Nombres y Apellidos: Víctor Andrés Sivila Pacheco.- sexo: Masculino.- fecha de nacimiento: 06/10/1984.- No: 4.- Oficialía: 386.- Libro: 500011420NO.- partida: 426.- fecha de inscripción: 04/05/1973.- Nombres y Apellidos: María Patricia Sivila Pacheco.- sexo: Femenino.- fecha de nacimiento, 30/04/1973.- No: 5.- Oficialía: 386.- Libro: 500011330NO.- partida: 869.- fecha de inscripción: 02/10/1971.- Nombres y Apellidos: Jaime Fernando Sivila Pacheco.- sexo: Masculino.- fecha de nacimiento: 29/09/1971.- La búsqueda en el sistema es exacta con los datos proporcionados por el solicitante, por cual si el resultado de la búsqueda omite a algún descendiente, se debe a que algunas inscripciones en partidas de nacimiento no se realizaron incluyendo los datos de Cédula de Identidad, fechas de nacimiento, nombres completos, apellidos paternos y maternos de los padres.- 3. Con respecto al último domicilio registrado en el padrón electoral de HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS verificar el informe adjunto SERECI-LPZ-CERT-N°144680-2-30420/2018 de fecha 10/05/2018.- FIRMA Y SELLA: ABOG. CINTHIA G. AMPUERO MINAYA.- ADMINISTRATIVO II – TRAMITES SERECI - LA PAZ.- OEP- TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- CERTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO DE OBRADOS.- SERECI LP Nº 144681-2-30421/2018 FECHA 09/05/2018 – CERTIFICACIÓN.- EN TENCION AL OFICIO JUDICIAL del (la) DR. (a) RUBÉN RAMÍREZ CONDE, PRESIDENTE DE SALA ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ solicitando información de la Base de Datos del Padrón Electoral Biométrico, se realizó (s) consulta (s) respectiva (a) la base de datos actualizada hasta el 6 de octubre del 2017 y se reporta lo siguiente: 1.- HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS.- 53064.- 02/03/1950.- PAÍS BOLIVIA.- COCHABAMBA.- LOCALIDAD DE COCHABAMBA.- C/ ECUADOR Nº 583 ZONA CENTRAL.- COLEGIO LA SALLE.- 2.- VÍCTOR JAIME SIVILA CHUMACERO.- 1213517.- 13/05/1944.- BOLIVIA.- SANTA CRUZ.- SANTA CRUZ DE LA CIERRA.- B/ LOS MAGALES RADIAL Nº 3430.- COLEGIO UV LA MADRE.- Es cuanto certifico e informo a dirección, en atención a hoja de ruta Nº T-29980/18, y caso Of Nº 105/2018 para su consiguiente remisión si corresponde, sea para fines administrativos u otros. Firma y sella: ING. GUSTAVO C. M. PRIETO MONTALVO.- TÉCNICO V ADMINISTRADOR BASE DE DATOS PADRÓN ELECTORAL.- SERECI –LA PAZ OEP – TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- OFICIO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS OBRADOS.- La Paz, 25 de mayo de 2018. CITE: JSRC – SERECI LP Nº 2133/2018 – Señor.- Dr. Rubén Ramírez Conde PRESIDENTE SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. REF.: Respuesta a Oficio, recepcionado en fecha 08/05/2018. De mi mayor consideración: En atención a oficio de referencia, por el que solicita “informe sobre la partida de matrimonio, defunción, descendencia y último domicilio de HUMBERTO CAMACHO ROJAS Y VÍCTOR JAIME SIVILA CHUMACERO”, tengo a bien remitir INFORME SERECI- LP- CL-Nº 2072/2018 emitido en la unidad de trámites administrativos y control legal para su conocimiento y fines consiguientes.- con este particular, reciba las atenciones de mi más alta estima.- atentamente. FIRMA Y SELLA: ABOG. JESÚS A. GÓMEZ NOGALES.- JEFE DE SECCIÓN DE REGISTRO CIVIL EN SUPLENCIA.- SERECI – LA PAZ.- OEP- TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DE OBRADOS.- La Paz, 01 de junio de 2018.- El informe que antecede, adjúntese a sus antecedentes a los fines de ley, sea con noticia de partes. FIRMA Y SELLA: DR. RUBÉN RAMÍREZ CONDE.- SALA SOCIAL ADM, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS OCHO.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2DA. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- ACLARA OBSERVACIÓN Y PIDE.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra H UMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo No 03-08/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide: Señor Presidente, junto al memorial de fs. 506 de obrados, se adjuntó la correspondiente publicación con edicto con la citación a los herederos del señor VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO, ameritando el decreto de fs. 507 de fecha 26 de octubre de 2018, que señala: "...con carácter previo adjunte la publicación del edicto..." debiendo aclarar a vuestras autoridades, que el edicto extrañado se encuentra cursando a fs. 500 de obrados.- En ese sentido, solicito a vuestras autoridades, de conformidad a lo establecido en el parágrafo I del Art. 77 de la Ley N° 439, que por Secretaría de su digna Sala proceda a expedir Comisión Instruida para Citar con el Auto de Vista al Coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS en su domicilio ubicado en la Calle Ecuador No 583 Zona Central de la ciudad de Cochabamba, Departamento de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Protestando de mi parte cumplir con los recaudos de rigor.-Sera Justicia, etc.- La Paz, 10 de abril de 2019.- FIRMA Y SELLA: NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- MAT-RPA N° 3383360NAO-A.- MCA 8602 GNA 7219 FIRMA.- ILEGIBLE.- DECRETO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS NUEVE.- La Paz, 02 de abril de 2019.- Suspendido que fue el proceso por Auto N° 116/2018 SSA.II obrante a fs. 496, publicado el edicto ordenado por el referido auto y trascurrido el plazo de ley, sin que los herederos de Víctor Jaime Silva Chumacero se hubieren apersonado, se dispone la prosecución de la causa.- En merito a la petición que antecede, y considerando que Humberto Antonio Camacho Rojas tiene su domicilio ubicado en la calle Ecuador N° 583 de la zona Central de la ciudad de Cochabamba, conforme al informe de fs. 491 en cuyo mérito a efecto de proceder a la notificación con la Resolución Auto de Vista N° 273/2008 SSA-II, obrante a fs. 388 389, su auto complementario y demás piezas pertinentes, de conformidad al art. 81.1, del Código Procesal Civil se dispone que por secretaria del juzgado, se libre Provisión Citatoria, encomendando su ejecución al Juzgado de turno del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de Cochabamba, hecho lo cual la restituya a la Sala de origen debidamente diligenciada.- FIRMA Y SELLA: DR. RUBÉN RABÉMIREZ CONDE.- PRESIDENTE.- SALA SOCIAL ADM, CONTENCIOSO Y CONSTENCIOSA ADM, SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA-LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA.-MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2DA. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- ADJUNTA EXHORTO SUPLICATORIO Y PIDE. ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra HUMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo No 03-08/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide: Señor Presidente, adjunto al presente el Exhorto Suplicatorio N° 80/19 el cual contempla la Provisión Citatoria para proceder a la notificación con la Resolución No 273/2008 (Auto de Vista) al Coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS en la ciudad de Cochabamba. Pero lamentablemente no pudo efectivizarse el mismo ya que el domicilio proporcionado por el SERECI no existe.---En ese sentido, causando un gran perjuicio a nuestras empresas por abandonado del proceso por parte del COACTIVANTE, solicito a vuestras autoridades, de conformidad a lo establecido en del Art. 78 de la Ley N° 439, se sirva proceder a notificar por edictos al coactivado HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS con la Resolución N° 273/2008 (Auto de Vista). Protestando de nuestra parte cumplir con los recaudos de rigor.- Sera Justicia, etc. -La Paz, 12 de agosto de 2019.- FIRMA Y SELLA: ING. JOSÉ A. CRESPO B.- GERENTE GENERAL.- EMPRESA CONSTRUCTORA.- FIRMA Y SELLA: ING. ALEX JOSÉ CUÉLLAR CH.- GERENTE GENERAL -CONSTRUCTORA LASA L.T.D.A.- FIRMA Y SELLA: NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- AT RPA N° 3383360NAO-A.- MCA 8602- CNA 7219.- DECRETO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS CINCUENTA -La Paz, 07 de octubre de 2019.- La Provisión Citatoria, que antecede arrímese a sus antecedentes para fines consiguientes de ley.- Conforme la solicitud que antecede, y los antecedentes del proceso, se dispone la notificación a Humberto Antonio Camacho Rojas y los herederos de Víctor Jaime Sivila Chumacero con la Resolución N° 273/2008 SSA.II obrante a fs. 388 a 389, su Auto Complementario y demás piezas pertinentes mediante edictos, sea previa noticia de parte coactivante.- FIRMA Y SELLA: DRA. ANA MARÍA VILLA GÓMEZ OÑA.- VOCAL.- SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- NOTIFICACIONES CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO DE OBRADOS.- SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA CITACIONES Y NOTIFICACIONES.- Lugar La Paz a los once (11) días del mes de OCTUBRE Del año 2019 a hrs. Nueve (09:00) notifique a: CARLOS GEMIO BACARREZA en representación del SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL - S.N.C.- Con: Mem. De fs. 549-549 vta. y Dec. De fs. 550. Mediante copia de ley, dejando en: Secretaria de Sala conforme, el art. 15 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.- Es cuanto certifico: FIRMA Y SELLA: VALQUIRIA J. L. MACHACA CONDORI.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEGUNDA CITACIONES Y NOTIFICACIONES.- Lugar La Paz a los once (11) días del mes de OCTUBRE Del año 2019 a hrs. nueve y cinco (09:05 ) Notifique a: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIO Y VIVIENDA REP. POR DARIO VELASQUEZ CRUZ.- Con: Mem. de fs. 549-549vta. y Dec. de fs. 550. Mediante copia de ley, dejando en: Secretaria de Sala conforme, el art. 15 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.- Es cuanto Certifico: FIRMA Y SELLA: VALQUIRIA L MACHACA CONDORI.-OFICIAL DE DILIGENCIAS SOCIAL ADM CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.-MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- APERSONAMIENTO.- SOLICITAN INSTRUIR EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIA QUE INDICAN.- Otrosíes.- Su contenido.- DORIS ALANDIA CARVAJAL, con C.I. 3056741 Oruro, Directora General de Asuntos Jurídicos y JAVIER TEDDY GUTIERREZ VERÁSTEGUI, con C.I. 4840756 L.P., Jefe de Unidad de Gestión Jurídica, mayores de edad , hábiles por derecho , servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda , en representación del Señor MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA – HERMNAN ARIAS DURÁN, dentro del proceso coactivo fiscal seguido a instancias del extinto Servicio Nacional de Caminos – Residual, ahora a cargo de esta Cartera de Estado, contra HUMBERTO CAMACHO ROJAS Y OTROS, por el cobro de $us 132,157,96 signada con nota de Cargo No. 03-08/2001, ante las consideraciones de sus probidades, con el debido respeto decimos y pedimos:-APERSONAMIENTO.- En Merito a testimonio poder No 273/2020 de fecha 29 de Junio de 2020, que tenemos a bien acompañar en copia legalizada, se evidencia que el Señor Iván Arias Durán Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, nos ha Conferido Poder Especial y Suficiente para que de manera conjunta o indistinta podamos apersonarnos en la presente causa, a objeto de continuar con la tramitación del proceso, por lo que pedimos aceptar nuestra personería y entenderse con nosotros ulteriores diligencias conforme a derecho.- NOTIFICACION POR EDICTOS.-Señores Vocales, de los datos del proceso colegimos que mediante providencia de fecha 7 de octubre de 2019, (fs. 550), se instruyó la notificación con el Auto de Vista Nº 273/2008 y Auto Complementario, mediante Edicto extremo que hasta la fecha no fue cumplida, por lo que a efectos de evitar mayor dilación, solicitamos instruir que por Auxiliatura de vuestra Sala se dé cumplimiento con la Elaboración de los Edictos correspondientes.- Otrosí 1º.- Adjuntamos Testimonio Poder Nº 273/2020 en copia legalizada, pidiendo sea arrimado a sus antecedentes.- Otrosí 2o.- Domicilio procesal, la Secretaría de Sala, sin perjuicio de señalar correo personal para fines de comunicación procesal efritaqq@hotmail.com o Celular 76529881.- Justicia, etc. La Paz 09 de julio de 2020.- FIRMA Y SELLA. - Abg. Efraín Quispe Quiroga.- ENCARGADO DE GESTIÓN JURÍDICA.- DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN JURÍDICA.- Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda.- FIRMA Y SELLA. – Abog. Doris Alandia Carvajal DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda.- Javier Teddy Gutiérrez Verástegui.- JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda.- PROVIDENCIA CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DE OBRADOS.- En merito a fotocopia legalizada de Testimonio Poder Nº 273/2020 de fecha 29 de junio de 2020, téngase por apersonado a Doris Alandia Carvajal, y Javier Teddy Gutiérrez Verástegui, en su calidad de apoderados legales de Hernán Iván Arias Duran – Ministro de Obras Públicas, Servicios y vivienda, con quienes se entenderán ulteriores diligencias del proceso. Estese al decreto de fecha 07 de octubre de 2019 obrante a fs. 550.- Otrosí1º.- Por Adjuntado.- Otrosí 2o.- Estese a lo dispuesto por el art. 15 de la ley de Procedimiento Coactivo Fiscal. Asimismo de conformidad al Instructivo TSJ N° 15/2020 de fecha 28 de mayo de 2020 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Instructivo N° 22/2020 de fecha 29 de mayo de 2020, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el correo electrónico y número de teléfono WhatsApp señalado, se tiene presente a los efectos de comunicación procesal, dentro los parámetros establecidos en los referidos instructivos.- FIRMA Y SELLA: DRA. ANA MARIA VILLA GOMEZ OÑA.- VOCAL DE SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ-BOLIVA.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI.- SECRETARIO SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS SESENTA Y TRES.- SEÑOR PRESIDENTE Y VV DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSA Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.-Apersonamiento.- Solicita notificación por EDICTOS mediante el sistema HERMES.- Otrosíes.- Su contenido.- Irene Jaqueline Quisbert Callisaya con C.l. No 4314649 LP. Directora General de Asuntos Jurídicos y Luis Alberto Orellano Valenzuela con C.I. N° 3572750 CBBA. Jefe de Unidad de Gestión Jurídica, ambos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mayores de edad hábiles por derecho, en representación del señor ministro de obras públicas y vivienda, Ing. Edgar Montaño Rojas, en el proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos - Residual, ahora a cargo de ésta Cartera de Estado en contra de Humberto Antonio Camacho Rojas y Otros, por el cobro de Sus.132.157,96.- signada con la Nota de Cargo No. 03-08/2001, ante las consideraciones de su probidad, exponemos:.- Apersonamiento.- En mérito al Testimonio de Poder No. 267/2021 de fecha 12 de abril de 2021, que acompañamos, el señor Edgar Montaño Rojas - Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, nos ha conferido Poder Especial y Suficiente para que de manera conjunta o indistinta podamos apersonarnos en la presente causa, a objeto de continuar con la tramitación del proceso, por lo que pedimos aceptar nuestra personería y hacernos conocer diligencias.- Señores Vocales, de la revisión del proceso evidenciamos que mediante decreto de 07 de octubre de 2020, se dispuso la notificación por edictos del coactivado Humberto Antonio Camacho Rojas y los herederos del que en vida fue, Víctor Jaime Sivila Chumacero; al respecto señores magistrados solicito se autorice que la referida notificación por Edictos sea por el sistema HERMES, protestando cumplir con lo que su autoridad disponga.- Otrosí 1º.- Solicitamos por secretaria se franquee fotocopias simples y legalizadas de todo lo obrado.- Otros 2.- Por secretario de su despacho solicito la asignación de NUREJ.- Otrosí 3º.- Sin perjuicio de posteriores notificaciones en estrados judiciales, para fines de comunicación procesal señalamos correo electrónico de: 1. Luis Alberto Orellano Valenzuela: luis.orellano@oopp.gob.bo con WhatsApp /celular 70630676: 2. Víctor Ramos Álvarez, victor.ramos@oopp.gob.bo con WhatsApp/celular 72040501. La Paz, 30 de julio de 2021.- FIRMA Y SELLA: ABG. LUIS ALBERTO ARELLANO VALENZUELA.- JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.- MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.- FIRMA Y SELLA: VÍCTOR RAMOS ÁLVAREZ.- ENCARGADO LEGAL ADMINISTRATIVO.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS- MIN. OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.- DECRETO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO.- En merito a la fotocopia legalizada de Testimonio Poder N° 267/2021 de fecha 12 de abril de 2021, téngase por apersonado a Irene Jaqueline Quisbert Callisaya y Luis Alberto Orellano Valenzuela en su calidad apoderados legales de Edgar Montaño Rojas - Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con quienes se entenderán ulteriores diligencias del proceso.-Por secretaria de Cámara cúmplase con los edictos ordenados, sea mediante el Sistema Hermes, en observancia al decreto de fs. 550.- Al Otrosí 1º.- De conformidad a lo dispuesto por el Art. 129 de la ley 025. extiéndase las fotocopias simples solicitadas, bajo nota de entrega, asimismo, franquéese las fotocopias legalizadas que solicita, siempre que en sus antecedentes se encuentren sus originales, sea previa noticia contraria.- Al Otrosí 2º.- De corresponder, cúmplase como se solicita.- Al Otrosí 3º.- De conformidad al Instructivo TSJ N° 15/2020 de fecha 28 de mayo de 2020 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Instructivo N° 22/2020 de fecha 29 de mayo de 2020, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el correo electrónico y número de teléfono WhatsApp señalado, se tiene presente a los efectos de comunicación procesal, dentro los parámetros establecidos en los referidos instructivos.- FIRMA Y SELLA: MSC. DELFIN E. MAMANI MAMANI.- PRESIDENTE.- SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ-BOLIVIA.- EN SUPLENCIA LEGAL.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI SECRETARIO.- SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO.- SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2DA. DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.-NUREJ: SOLICITA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS MEDIANTE SISTEMA HERMES.- OTROSÍ.- DATOS ELECTRONICOS.- ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS APOLO MINERVA-IASA (CAMI), dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos contra HUMBERTO CAMACHO Y OTROS, con Nota de Cargo Nº 03-08/01, ante su digna autoridad con el debido respeto expone y pide:---Señor Presidente, de la revisión del expediente se puede evidenciar que los Coactivantes (SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS), abandonaron el proceso señalado en el exordio causando un gran perjuicio a nuestras empresas por lo que solicito a vuestras autoridades, se sirva proceder a notificar por edictos a los coactivados: HUMBERTO ANTONIO CAMACHO ROJAS y los herederos de VICTOR JAIME SIVILA CHUMACERO con la Resolución No 273/2008 (Auto de Vista) y sea por el SISTEMA HERMES. Protestando de mi parte cumplir con los recaudos de rigor.- OTROSÍ. Señalo datos Electrónicos; Correo electrónico.- natalio.aliaga.ochoa@gmail.com; teléfono celular: 75881886.- Sera Justicia, etc.- La Paz, 30 de julio de 2021.- FIRMA Y SELLA: ING. JOSÉ A. CRESPO B.- GERENTE GENERAL EMPRESA CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- FIRMA Y SELLA: ING. ALEX JOSÉ CUELLAR CH.- GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA IASA LTDA.- FIRMA Y SELLA: NATALIO ALIAGA OCHOA.- ABOGADO.- MAT. RPA N° 3383360NAO-A.- M.C.A. 8602 - C.N.A. 7218.-DECRETO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS.- La Paz 04 de Agosto de 2021.- Estese al decreto que antecede.-Al Otrosí .- De conformidad al Instructivo TSJ N° 15/2020 de fecha 28 de mayo de 2020 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Instructivo N° 22/2020 de fecha 29 de mayo de 2020, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el correo electrónico y número de teléfono WhatsApp señalado, se tiene presente a los efectos de comunicación procesal, dentro los parámetros establecidos en los referidos instructivos.- FIRMA Y SELLA: MSC. DELFIN E. MAMANI MAMANI.- PRESIDENTE.- SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LAPAZ – BOLIVIA.- EN SUPLENCIA LEGAL.- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: RONALD I. AGUILAR MAQUIVI SECRETARIO.- SALA SOCIAL ADM. CONTENCIOSO Y CONTENCIOSA ADM. SEGUNDA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA.----------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES PUBLICADO EN EL SISTEMA HERMES EN FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-----------------------------------------------------------------------------------


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