EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA NO. 1 COCHABAMBA – BOLIVIA EDICTO Para: CRISTHIAN MAURIZIO IMAÑA ROMERO (IMPUTADO) DRA. VIVIAN ENRIQUEZ MONASTERIO PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 1 DE LA CAPITAL COCHABAMBA – BOLIVIA POR EL PRESENTE EDICTO, SE NOTIFICA Y SE HACE SABER CRISTHIAN MAURIZIO IMAÑA ROMERO, CON LA RESOLUCION DE 01 DE JULIO DE 2021 Y DECRETO DE 03 DE AGOSTO DE 2021; A EFECTO QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LAS REFERIDA RESOLUCION Y SI CREEN CONVENIENTE HAGAN VALER SUS DERECHOS CONFORME AL ART. 403 DEL CODIGO DE PROCEDIMMIENTO PENAL, DENTRO LA CAUSA No. 201301759 PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y ACUSACIÓN PARTICULAR DE MARIO ALEJANDRO VILLANUEVA ABAN CONTRA CRISTHIAN MAURIZIO IMAÑA ROMERO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE ESTAFA Y ESTELIONATO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL Art. 335 Y 337 CON DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO:---AUTO---Cochabamba, 01 de julio del 2021---PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Mario Alejandro Villanueva Aban, contra Cristhian Maurizio Imaña Romero.---DELITOS: Estafa y estelionato.---El proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusador particular Mario Alejandro Villanueva Aban, contra Cristhian Maurizio Imaña Romero, por la presunta comisión del delito Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del Código Penal, los antecedentes de la causa penal; y,---I.- (Antecedentes de la tramitación del proceso)---Que el proceso penal de referencia, tuvo origen en los siguientes antecedentes:---a).-El Ministerio Público y Mario Alejandro Villanueva Aban, refieren que Cristhian Mauricio Imaña Romero, se contactó con la familia de Mario Alejandro Villanueva Aban, para realizar un negocio de importación de vehículos o en su defecto la entrega de la totalidad del dinero, el 31 de diciembre del 2012, entregándose el 22 de junio de 2012 la suma de $us de 40.500.- a Cristhian Mauricio Imaña por el negocio, el 24 de agosto de 2012, nuevamente se entregó al querellado la suma de 2.400.-, el 29 de septiembre del 2012 se entrega la suma de $us 350, sin embargo a ello nunca se efectivizo la entrega de lo comprometido.---b. Mediante providencia de 31 de marzo de 2015, 4 de septiembre de 2015 éste Tribunal de Sentencia radico la causa penal y efectuó los actos de preparación del juicio hasta dictar el auto de apertura del juicio de 4 de septiembre de 2015;---c. El Tribunal de Sentencia Nro. 1 de la capital, por auto de 19 de octubre de 2015, declaró la rebeldía del imputado Cristhian Maurizio Imaña Romero disponiendo en su contra, entre otras medidas, la expedición de mandamiento de aprehensión, que no fue ejecutado por el Ministerio y/o el acusador particular Mario Alejandro Villanueva Aban; y,---d. En cumplimiento a la providencia del pasado 10 de noviembre, el representante fiscal se apersono ante este Tribunal solicitando se le expida mandamiento de aprehensión actualizado, hecho que denota por parte de la fiscalía un desinterés total en la tramitación del proceso, toda vez que de antecedentes se tiene que la fiscalía nunca recabo el respectivo mandamiento de aprehensión.---II.- (Fundamentación Jurídica)---II.1. Identificación del problema jurídico---Dentro del proceso penal, a los fines de efectuar una debida fundamentación normativa y motivación fáctica, se formula el siguiente problema jurídico a resolver:---¿Es procedente o no la extinción de la acción penal por prescripción por el tiempo transcurrido desde la declaratoria de rebeldía del imputado en etapa del juicio oral? ---II.2. Fundamentación normativa---II.2.1. Control jurisdiccional en los procesos penales---La SCP 1900/2014 de 25 de septiembre, que ratifica la SCP 0559/2014 de 10 de marzo, respecto del control jurisdiccional dentro de los procesos penales, establece que: "(...) implica la garantía de respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables en el cumplimiento de los roles asignados al órgano de persecución penal, durante la etapa preliminar, investigativa propiamente dicha, la etapa intermedia, de acuerdo a la configuración procesal penal actual, e inclusive a la etapa de juicio (...)".---La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, que complementa la SC 0957/2004-R, en lo que respecta al ejercicio del control jurisdiccional aun de oficio, señala que la autoridad judicial "(...) omitió haber desarrollado un adecuado control de legalidad pues el representado por la accionante tuvo que plantear una solicitud de enmienda, complementación y aclaración de la Resolución judicial de detención preventiva para obtener un control de legalidad, en la Resolución a la solicitud de complementación, el Juez cautelar se limitó a realizar el control de legalidad en dos líneas, en la primera desestimó el control remitiendo a la vía procesal del art. 314 del CPP, al representado por la accionante, sin considerar que el control de legalidad debe producirse por el Juez cautelar incluso de oficio, sin necesidad de esperar la solicitud del procesado” “(...) De los elementos analizados, se concluye que la autoridad judicial omitió realizar el control de legalidad de las actuaciones investigativas, incurriendo en un acto ilegal al no verificar las actuaciones de los asignados al caso, y por no subsanar la persecución ilegal (...)”.---Referente a la importancia del control jurisdiccional, la SC 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: "(...) puede concluirse que son tres los principales beneficios del control de legalidad: a) Sistema de control de vigencia de los derechos y garantías constitucionales; b) Manifestación del subprincipio de separación de poderes en el ejercicio de la persecución penal estatal; y, c) Control del retardo de la etapa de investigación. 1) Sistema de control de vigencia de los derechos y garantías constitucionales.- El juez cautelar se constituye en un verdadero contralor de constitucionalidad del proceso penal, por lo cual la existencia de este control viabiliza la descongestión del sistema concentrado de revisión de acciones tutelares; al respecto tenemos abundante jurisprudencia constitucional que afirma este beneficio, así la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, respecto a un recurso de hábeas corpus, en que el entonces recurrente denunció que el Juez de Instrucción de Villa Tunari vulneró su derecho a la libertad por detención indebida e ilegal, debido a que la autoridad dispuso su detención preventiva pasadas las veinticuatro horas desde su aprehensión, desconociendo el art. 303 del CPP, cuando de oficio debió haber dispuesto su libertad. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, estableció que la parte recurrente no impugnó ante el juez competente la supuesta lesión al derecho a la libertad que invocaba como lesionada en el presente recurso, tampoco lo hizo en la audiencia pública de aplicación de medidas cautelares, por lo que declaró la improcedencia del recurso presentado. En virtud del siguiente argumento: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”. El efecto expansivo de la protección que se brinda a los derechos fundamentales mediante la imagen del Juez de Instrucción en el proceso penal, permite que así no haya existido el aviso correspondiente por parte del Fiscal al Juez de Instrucción, el procesado puede denunciar las ilegalidades como lo expresó la SC 1093/2005-R de 12 de septiembre, al momento de resolver un recurso de hábeas corpus, en el que los recurrentes denunciaron que los Fiscales de Materia y los funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), lesionaron su derecho a la libertad, porque tras haber sido conducidos por particulares a la PTJ, quedaron arrestados en esas oficinas hasta horas 23:00, en base a una denuncia de robo, habiendo sido liberados recién aproximadamente a horas 18:00 del día siguiente debido a las actuaciones ilegales de los recurridos. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, determinó que al existir una denuncia y haberse informado por el Fiscal que la misma se encuentra en fase de investigación, los recurrentes debieron acudir ante el Juez de Instrucción en lo Penal encargado de la investigación para denunciar las supuestas lesiones al derecho a la libertad que ahora reclaman aduciendo haber sufrido un arresto ilegal por parte de las autoridades recurridas. Es más aún en el caso en que el fiscal no dé aviso, los recurrentes pueden presentar denuncia de la omisión ante el Juez de Instrucción en lo Penal de turno; por lo que, revocó la resolución revisada y declaró improcedente el recurso. En virtud del siguiente argumento: “…toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera su derecho a la libertad debe acudir ante el Juez de instrucción en lo penal encargado del control de la investigación para que esta autoridad sin demora se pronuncie sobre la legalidad de su arresto o aprehensión y ordene su libertad si éstos fueren ilegales (…) aún si el Fiscal no hubiera dado aviso del inicio de la investigación al Juez Cautelar dentro de las veinticuatro horas como es su obligación de acuerdo a lo prescrito en la parte in fine del art. 298 del CPP, los recurrentes en uso de sus facultades para hacer respetar sus legítimos derechos, pueden solicitar a la autoridad fiscal que de el aviso correspondiente de forma inmediata, e incluso, en caso de negativa, presentar denuncia de esa omisión ante el Juez de Instrucción en lo Penal de Turno, a fin de que se active el órgano jurisdiccional de control de la investigación, haciendo constar sus reclamos para que dicha autoridad se pronuncie, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0997/2005-R, de 22 de agosto, sin que sea posible plantear directamente el recurso de hábeas corpus”. En el mismo sentido anterior se tiene la facultad de las partes de denunciar ante el Juez de Instrucción de turno la omisión del informe de inicio de las investigaciones, como lo señaló la SC 0997/2005-R de 22 de agosto, en ocasión de resolver un recurso de amparo constitucional, en el que el recurrente denunció que el Fiscal asignado a la Dirección Departamental de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE), el Director Departamental y funcionarios de esa Dirección lesionaron su derecho a la propiedad privada, porque el Fiscal recurrido ordenó la entrega del camión de su propiedad a un tercero, nombrándolo depositario mientras dure el traslado a la ciudad de Cochabamba, sin que éste haya presentado ningún documento que acredite su derecho propietario o representación legal, en base a una orden instruida sin diligenciar y sin exigir ninguna garantía ni documento que determine responsabilidad sobre el vehículo; menos pidió un informe a DIPROVE-Cochabamba o una orden judicial para disponer dicho traslado a otro distrito, como correspondía; las autoridades policiales recurridas llevaron a cabo el traslado sin conocimiento del Juez cautelar y sin requerir una orden judicial. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes determinó que el actor presentó su denuncia por robo de vehículo, y sin verificar menos reclamar al Fiscal recurrido que dé aviso al Juez cautelar de turno sobre el inicio de la investigación, permitió que esta autoridad fiscal continúe actuando junto con las autoridades policiales sin que exista ningún control jurisdiccional; en cuyo mérito, debió exigir al Fiscal recurrido que de aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar de turno y en su caso, presentar él la denuncia de esa omisión y de los supuestos actos ilegales cometidos por las autoridades recurridas, para que regularizada la etapa investigativa, el Juez cautelar asignado resuelva lo que fuere de ley, instancia ordinaria que no puede ser sustituida por el amparo; por lo que, aprobó la Resolución que declaró improcedente el recurso. En virtud del siguiente argumento: “Con el propósito de que la investigación sea realizada en el marco del respeto de los derechos y garantías de las personas, durante la etapa preparatoria, la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción en lo Penal, como prescriben los arts. 54.1 y 279 del Código de procedimiento penal (CPP) (…) a fin de que dicho control jurisdiccional se active, el Fiscal, en su calidad de director funcional de la investigación, tiene la obligación de informar al Juez de Instrucción sobre el inicio de la investigación, dentro de las veinticuatro horas siguientes, cual exige el art. 298 in fine del CPP. Sin embargo, si el Fiscal no diera ese aviso al Juez cautelar, en un claro incumplimiento de los deberes que le asigna la norma procesal citada, la víctima, el querellante ó el imputado, no pueden adoptar una actitud pasiva, sino que en resguardo de sus derechos y garantías, deben exigir a dicha autoridad que cumpla con esa obligación y en caso de no recibir una respuesta positiva, podrán denunciar tal omisión ante el Juez Instructor de turno en lo Penal; todo ello, en ejercicio del derecho que les asiste a exigir el respeto de sus derechos y garantías procesales y en el papel activo que deben asumir para asegurar que los órganos previstos por ley garanticen esos derechos actuando con plena competencia. Pues, aunque la Ley no lo diga, resulta claro que el imputado o el querellante tienen derecho de recurrir ante el Juez Instructor de turno, pidiendo se active el órgano jurisdiccional de control de la investigación. De esta manera, el sistema de control jurisdiccional de la investigación previsto por ley, que es el juez natural, está diseñado como la vía idónea, rápida y expedita para resolver cualquier supuesta lesión a los derechos fundamentales que se denuncien en la etapa investigativa y que merezca un pronunciamiento del Juez cautelar, en ejercicio de su función controladora y de las atribuciones que le reconoce la ley…”. En una línea trascendente para el sistema constitucional y para el sistema procesal en particular se llegó a afirmar que una etapa investigativa sin el debido control jurisdiccional no es válida, al respecto la SC 0972/2002-R de 13 de agosto, a momento de resolver un recurso de amparo constitucional, en el que la recurrente denunció que el Fiscal de Materia vulneró la garantía del debido proceso, porque, entre otros actos denunciados, tomando conocimiento de una denuncia presentada en su contra no puso en conocimiento del Juez cautelar el inicio de la investigación. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, constató que durante la etapa preparatoria el Fiscal recurrido no hizo conocer al Juez de la Instrucción ni el inicio de la investigación y menos las demás actuaciones, permitiendo que su actividad sea realizada sin control alguno y sin dar posibilidad a la recurrente de realizar ningún reclamo para la protección de sus derechos durante la etapa preparatoria; por lo que, por este extremo y otros, revocó la resolución revisada y declaró procedente el recurso. En virtud del siguiente argumento: “…el Fiscal al tener conocimiento de una denuncia, informará al Juez de la Instrucción el inicio de las investigaciones, dentro del plazo de 24 horas, por ser dicha autoridad judicial la que ejerce el control de la investigación y emite las resoluciones jurisdiccionales correspondientes durante la etapa preparatoria, (…) no puede concebirse una investigación, sin el control jurisdiccional correspondiente, por cuanto por una parte garantiza que la actividad funcional del Fiscal no sea utilizada arbitrariamente y otra parte permite al investigado realizar ante la autoridad judicial todos los reclamos que considere pertinentes para la protección de sus derechos fundamentales”. Ahora bien, es necesario ponderar también la labor que tiene el Juez de Instrucción en el ejercicio y vigencia de la garantías generales del proceso penal, en ese sentido ejerce un rol articulador de intereses legítimos, como bien lo expresó la SC 0396/2006-R de 25 de abril, a tiempo de resolver un recurso de hábeas corpus, en el que los recurrentes denunciaron que el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal, los Fiscales de Materia lesionaron sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia así como la garantía del debido proceso, porque no obstante, no existir control jurisdiccional ante la recusación del referido Juez, los Fiscales recurridos libraron órdenes de aprehensión en su contra. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, determinó que los Fiscales recurridos conocían de la suspensión de la competencia del Juez que controlaba la investigación, no obstante ello, libraron órdenes de aprehensión contra los recurrentes, cuando estaban impedidos de ejercer ningún acto de la investigación al no contar en ese momento con control jurisdiccional. En virtud del siguiente razonamiento: “…la actuación del juez de garantías está establecida con el fin de resolver todos aquellos conflictos que puedan presentarse entre los diversos intervinientes del proceso durante el período de la investigación. Lo más característico de estos conflictos es aquello que tiene que ver con la pretensión de los fiscales de utilizar medidas que signifiquen alguna forma de afectación de los derechos del imputado o de otra persona. También pueden presentarse conflictos relativos a la legitimación de algún otro interviniente y, probablemente también resulten frecuentes aquellos que se presentan entre la víctima y el fiscal, en aquellos casos en que este último disponga dar por terminado un caso por anticipado. Para poder resolver estas cuestiones, de modo general, el juez deberá habitualmente ponderar, por una parte, el legítimo interés estatal en llevar adelante la persecución penal de manera eficaz, por lo que debe permitirse al fiscal ejercer su función razonablemente. Por otra parte, también debe considerar al sujeto afectado como un ciudadano que goza de todos los derechos que la Constitución Política del Estado establece en su favor, los cuales, en principio, no debieran ser afectados de modo alguno por la mera existencia de una denuncia y/o imputación en su contra por lo que en todo caso le corresponderá limitar al máximo cualquier perturbación, restricción o privación de los derechos del imputado, dado que sólo al final del proceso se establecerá si existe o no base legítima para establecer esos efectos por medio de la pena. En este sentido, debe entenderse que el rol judicial durante la etapa investigativa es concebir al juez como un articulador de intereses legítimos, a efectos de evitar que sus decisiones se inclinen sólo en pos de una de las partes del proceso, dejando en desprotección o sin consideración al otro. El juez de garantías, juez de instrucción en lo penal o juez cautelar no tiene como único interés la protección de los derechos y garantías constitucionales del imputado, pues como se tiene establecido su otro interés será también el de proteger el legítimo ejercicio de la persecución penal, ya que si como Estado hemos decidido construir un sistema de justicia en lo criminal, tenemos que permitir que aquel pueda razonablemente investigar y sancionar los delitos. (…) De ahí que se encuentra plenamente justificada la exigencia legal del control jurisdiccional, por lo que toda actuación tanto de la Policía como de la Fiscalía debe desarrollarse bajo dicho control”. 2) Como manifestación del subprincipio de separación de poderes.- Se dejó sentado que el juez no realiza actos de investigación, ojo que esto no implica una contradicción con el sentido de la SC 0396/2006-R de 25 de abril, que afirmó que el mismo ejerce un rol articulador de intereses legítimos, ya que el hecho de que ejerza un rol proactivo de articulación, no implica que realice actividades propias de los órganos por esencia de investigación penal, en ese sentido la jurisprudencia es firme en separar las funciones de control de las de investigación, al respecto se puede ver la SC 1411/2002-R de 22 de noviembre, misma que al momento de resolver un recurso de hábeas corpus, en que el recurrente denunció que la Jueza de Instrucción Primera en lo Penal lesionó el derecho a la libertad de sus representadas, porque dispuso en su contra la medida cautelar de detención preventiva, sin que tal medida haya sido solicitada por autoridad, denunciante, querellante o persona alguna. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, constató que sin que exista requerimiento fiscal ni solicitud del querellante, la Jueza cautelar recurrida dispuso de oficio e ilegalmente la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva contra las representadas del recurrente; por lo que, aprobó la Resolución que declaró procedente el recurso. En virtud del siguiente argumento: “…en el sistema penal actual rige el principio acusatorio, según el cual se tiene que diferenciar la función que tiene el Juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, es decir que los últimos no realizan acto jurisdiccional alguno, todo en el marco establecido en la previsión del art. 279 CPP. (…) al estar establecidas las atribuciones de dichas autoridades, se tiene que el Juez no puede disponer de oficio la aplicación de una medida cautelar, la que sólo puede ser impuesta previa solicitud fundamentada del Fiscal o del querellante, conforme establece el primer párrafo del art. 233 CPP”. Reafirmando dicha posición en otro fundamento de la ya glosada SC 0181/2005-R, se dejó sentado que el Juez cautelar ejerce control sobre los actos de los encargados de la persecución penal, mediante el siguiente argumento: “todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos…”. 3) Control del retardo de la etapa de investigación.- Uno de los máximos flagelos de nuestro sistema judicial, en general, y de nuestro sistema procesal penal, en particular, es y ha sido la ausencia de celeridad procesal, en ese sentido, el control jurisdiccional de la etapa investigativa tiene también la función ejercer un control de plazos y cumplimiento de actuaciones eficaces en resguardo no sólo de los derechos sino, también de la persecución penal, como se dijo anteriormente en un rol articulador no sólo de garantías específicas ligadas con el debido proceso, sino también de las garantías generales de orden y seguridad, como expresión de una política criminal, como manifestación del sistema de enjuiciamiento penal, al respecto la SC 0555/2006-R de 13 de junio, al momento de manifestarse sobre un recurso de amparo constitucional, en el que el recurrente denunció que los Vocales de la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, lesionaron el derecho a la seguridad jurídica y a la garantía del debido proceso de la Alcaldía que representa, porque declararon la extinción de la acción penal que siguen contra varios ex funcionarios, sin tomar en cuenta que el requerimiento conclusivo por la acusación formal fue presentado por el Fiscal, dentro del plazo de los cinco días que les otorgó el Juez. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, determinó que correspondía que el Juez, al haberse cumplido el término de seis meses previsto por el art. 134 del CPP, disponga que la acusación sea subsanada dentro de un plazo prudencial, bajo conminatoria de declarar la extinción de la acción penal, y ante la negativa de subsanación, comunicar al querellante la falta de rectificación del requerimiento, para que, en su caso, presente su acusación particular, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal; por lo que, aprobó la resolución que declaró procedente el recurso. “…el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación previsto en el art. 54 inc. 1) del CPP, vigilando que durante la sustanciación de la etapa preparatoria se cumplan los plazos establecidos por la norma procesal respecto a las distintas actuaciones y diligencias que se desarrollen por los órganos encargados de la investigación y, en tal sentido, deberá adoptar las decisiones que la propia ley señala en caso de incumplimiento de los plazos. Un entendimiento contrario, es decir, permitir que las resoluciones de los fiscales sean presentadas fuera del plazo que el Código de procedimiento penal establece, es arbitrario, ya que no tiene un sustento coherente ni en la Constitución Política del Estado ni en el Código de procedimiento penal, por lo mismo no sólo vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, sino también el principio de legalidad procesal, y desvirtuaría los fines del sistema procesal penal, pues estaríamos ante un modelo procesal que sólo perseguiría la aplicación efectiva de la coerción penal, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados… …durante la sustanciación de la etapa preparatoria, la facultad de control de la investigación, de los plazos previstos por la ley para su desarrollo y la adopción de decisiones vinculadas a la etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en ese contexto, ante el eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo de seis meses previsto para la presentación de requerimiento conclusivo, le corresponde conminar al Fiscal de Distrito, para que formule uno de los requerimientos descritos por el art. 323 del CPP, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción, aclarándose que una vez presentada la acusación por el Fiscal, cumpliendo con todas la exigencias legales, no será posible solicitar la extinción de la acción penal, ya que el Ministerio Público cumplió con la conminatoria efectuada. De acuerdo a lo anotado, se debe dejar establecido que no es suficiente la presentación de la acusación al Juez o Tribunal de Sentencia, sino que la misma debe cumplir con las normas contenidas en el Código de procedimiento penal, y debe estar dirigida al juez o tribunal competente. Ello significa que si existe alguna observación a la acusación, el Fiscal debe subsanar la misma, y en tanto el Juez o Tribunal de Sentencia no disponga la radicatoria del caso -actuado que abre su competencia- la etapa preparatoria continúa, y por lo mismo, es el Juez cautelar el que debe ejercer el control jurisdiccional de esa etapa. En ese sentido, cuando el párrafo tercero del art. 134 del CPP señala que una vez efectuada la conminatoria, la Fiscalía debe presentar su solicitud conclusiva dentro del término de cinco días, para evitar de esta manera la extinción de la acción penal, está estableciendo un control del retardo de justicia en la primera etapa del proceso; con la finalidad de que el requerimiento conclusivo pase a conocimiento del juez o tribunal de sentencia en caso de acusación [art. 323 inc. 1) del CPP]; del Juez cautelar tratándose de la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación [art. 323 inc. 2) del CPP]; o se decrete el sobreseimiento por la misma autoridad fiscal [art. 323 inc.3) del CPP]. Conforme a lo anotado, en el caso de una solicitud de acusación, el objetivo es que se inicie en forma inmediata el juicio oral, público y contradictorio, cuya tramitación corresponde al juez o tribunal de sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del CPP; en consecuencia, cuando la presentación de la acusación no cumple con los requisitos legales exigidos, por una actitud negligente del representante del Ministerio Público, provocando el rechazo de la acusación por el juez o tribunal de sentencia, y con ello la dilación de la fase preparatoria, es el juez cautelar quien, velando por el procedimiento y los plazos establecidos en el Código de procedimiento penal, a pedido de parte, debe conminar al fiscal para que en un término prudencial corrija o rectifique los errores detectados, bajo conminatoria de declararse la extinción de la acción penal, previa notificación a la víctima”.---La SCP 1317/2014 de 30 de junio, referente al control jurisdiccional en la etapa preparatoria, determina que de acuerdo a lo establecido por el art. 54 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal: "(...) el juez de instrucción en lo penal se encuentra encargado del control de la investigación preservando los derechos y garantías de los intervinientes en el proceso penal; de forma que, cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer, compulsar y resolver toda petición de las partes, por ello, lógicamente la parte que considere que dentro del proceso de investigación sufrió la vulneración de algún derecho fundamental, puede impugnar ante el juez cautelar competente, pues el mismo tiene el deber de controlar la investigación desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. En ese marco, la SC 0302/2003-R de 19 de marzo, establece que: “...la autoridad jurisdiccional debe cuidar que la investigación se lleve conforme a las normas del procedimiento, en este entendido, dicha función no simplemente se circunscribe a darse por comunicado de la investigación sino que ante la denuncia ya sea del denunciado, de la víctima o parte civil sobre actos que impliquen la amenaza, restricción o supresión de derechos y garantías constitucionales debe reparar la lesión, en esto radica esencialmente, entre otras, la función que se le otorga a los jueces de instrucción en los arts. 54-1) CPP con relación a los arts. 279 y 289 CPP" (...)".---La SCP 1229/2015-S3 de 2 de diciembre, en cuanto al control jurisdiccional que debe ser ejercido por el juez o tribunal de sentencia, precisa que "(...) la autoridad jurisdiccional para conocer y resolver la aplicación o modificación de medidas cautelares una vez concluida la etapa preparatoria es el juez o tribunal de sentencia, autoridad que ejerce control jurisdiccional dentro del proceso (...)".---II.2.2. Extinción de la acción penal por prescripción---El instituto de la prescripción, doctrinalmente constituye una imposibilidad de seguir promoviendo la acción penal, después de haber transcurrido un plazo expresamente determinado por ley, contando desde la fecha en que el delito fue cometido, ello en virtud al principio de seguridad jurídica, que debe brindarse a una persona a quien se le atribuye la comisión de un ilícito, teniendo derecho a ser juzgado en un plazo razonable, conforme prevén los arts. 7.5, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron interpretados por la Corte-IDH, en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua y en el caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. En cuya virtud se entiende a la prescripción como una causal de extinción del derecho penal subjetivo (ius puniendi), cuyo titular es el Estado.---La SC 0600/2011-R de 3 de mayo, ratificada por las SSCCPP 0829/2013 de 11 de junio y 0527/2019-S2 de 15 de julio, referente a los alcances y fines de la prescripción, señaló que: “En principio, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma (...)".---En síntesis se entiende que la prescripción constituye una forma de sanción, por el que se limita la potestad del Estado de ejercer la acción penal, en razón de que la misma no puede ser sostenida en forma indeterminada, sino que el Estado tiene la obligación de promoverla oportunamente; en ese cometido, resulta fundamental la labor del Órgano Judicial dentro del modelo de Estado Constitucional de Derecho, adoptado por la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, de ahí que la o el juez o tribunal ordinario no es solamente garante de la legalidad, sino que en su función de impartición de justicia, es también garante ordinario de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, quien deberá lograr un justo equilibrio entre la eficacia de la ley penal y las garantías procesales del imputado.---Motivo de extinción de la acción penal que se encuentra claramente estipulada en nuestra normativa procesal penal en los art. 27 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, señalando el artículo 30 del citado adjetivo penal que el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que ceso su consumación. ---Conforme determina el art. 30 del Código de Procedimiento Penal: “El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación”, plazo que se interrumpe, de conformidad al art. 31 del citado adjetivo penal, cuando se declara rebelde al imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente, y se suspende en los casos señalados en el artículo 32 del referido cuerpo legal, que textualmente dice: “1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba; 2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4) En los delitos que causen alteración al orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.---Referente a la clasificación de los delitos por el momento de consumación y la duración de la ofensa al bien jurídico y el inicio del término de la prescripción en los delitos instantáneos permanente y delitos instantáneos con efectos permanentes, la SC 0600/2011-R de 3 de mayo, ratificada por la SCP 0648/2019-S2 de 5 de agosto, dispuso que: “El tratadista Benjamín Miguel Harb, efectuó una diferenciación entre delitos instantáneos, permanentes y continuados.---Los delitos instantáneos -adujo-, se presentan cuando la conducta se lleva a cabo en un momento, o sea cuando el hecho que produce el delito dé lugar a daño o peligro y no se prolonga en el tiempo. Por su parte los delitos permanentes, se caracterizan en que el hecho que lo configura da lugar a una situación dañosa o peligrosa que se prolonga en el tiempo a causa de la perduración de la conducta del sujeto, o sea cuando la conducta delictiva se mantiene en el tiempo y cada uno de sus momentos se considera delictivo o de consumación. Finalmente, los delitos continuados se presentan cuando se producen varias conductas que tienden en la intención del agente a un fin común, pero para que se presente esta situación es necesario que la ley no dé relevancia a cada uno de estos casos porque sino tendríamos varios delitos y no uno sólo.---Con relación a los delitos instantáneos y permanentes la SC 1190/2001-R de 12 de noviembre, señaló que: ‘...corresponde precisar que los delitos por la duración de la ofensa al bien jurídico atacado, se clasifican en tipos instantáneos y tipos permanentes. En los delitos instantáneos, la ofensa al bien jurídico cesa inmediatamente después de consumada la conducta típica (Ej. El delito de homicidio); en cambio, en los delitos permanentes, la actividad consumativa no cesa al perfeccionarse la acción típica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración, se imputan como consumación de la acción delictiva’.---Con referencia a los delitos instantáneos con efectos permanentes la SC 1709/2004-R de 22 de octubre determinó: ‘...en función a la duración de la ofensa al bien jurídico vulnerado, los hechos ilícitos se dividen en delitos instantáneos, que -como se tiene referido en la Sentencia constitucional citada precedentemente- son aquellos que con la sola realización de la conducta, acción u omisión, por el sujeto activo quedan realizados o tipificados, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia. Los delitos permanentes, son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza da lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos delitos, es necesario que el estado dañoso o de peligro, provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo; y que la prórroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, que prosigue con ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que constituye el delito. Sin embargo, la doctrina también considera dentro de esta clasificación a los delitos instantáneos con efectos permanentes, que son aquellos cuya conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado, en forma instantánea, en un solo momento, pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo’.---De la jurisprudencia citada precedentemente, concluimos que en los delitos instantáneos, la acción coincide con el momento de consumación del delito, en tanto que en los delitos permanentes, la consumación del delito se prolonga en el tiempo, en ese entendido, para los delitos instantáneos, el cómputo se inicia desde la media noche en que se cometió el delito, y para los permanentes, desde que cesó su consumación”.---Por otro lado, en relación a los delitos instantáneos con efectos permanentes y el computo de la prescripción, la SC 1709/2004-R de 22 de octubre, estableció que: “A partir de lo expuesto, es menester precisar a qué clase de delitos corresponde el despojo según la forma de ejecución, en ese entendido, la acción típica se consuma en el momento en que se produce el desapoderamiento, por ende, constituye un delito instantáneo que se consuma con el acto del despojo, aunque de efectos permanentes cuando el usurpador se mantiene en el inmueble sin permitir el ingreso a los demás. Esto significa que para efectos de la prescripción, ésta se computa desde la medianoche en que se produjo la eyección, sin importar en consecuencia a efectos del cómputo, si el sujeto activo se mantuvo en el inmueble o en su caso lo restituyó (...)".---III. Motivación fáctica---Bajo el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial descrito en los parágrafos II.2.1. y II.2.2. del apartado "Fundamentación normativa", y estimando que, en el enfoque de la Ley 1970, la prescripción de la acción penal es de orden público, el Tribunal de Sentencia como garante ordinario de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales concluye que, en ejercicio del control jurisdiccional durante la etapa del juicio oral, de modo excepcional en casos penales con juicio oral suspendido referente al rebelde, le corresponde ingresar a revisar la procedencia o no de la extinción de la acción penal por prescripción por el tiempo transcurrido desde la declaratoria de rebeldía del imputado en etapa del juicio oral.---Contrastada dicha aclaración, se puede advertir que la sanción penal que establece el art. 335 del Código Penal, referente al tipo penal de Estafa, prevé la pena de reclusión de 1 a 5 cinco años y multa de 60 a 200 días; por lo que, ingresa dentro del marco legal establecido en el art. 29 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, cuando textualmente establece que: "La acción penal prescribe: (...) 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años (...)”.---Ahora bien, tratándose del delito de Estafa, previstos y sancionados en los arts. 335 del Código Penal, cuyo bien jurídico protegido es la propiedad, corresponde acudir al carácter del tipo penal referido.---La SCP 1577/2014 de 11 de agosto, que reitera la SC 0190/2007-R de 26 de mayo, dejo claramente establecido que los delitos de Estafa y Estelionato constituyen delitos de carácter instantáneo, es decir que: "(...) la prescripción de ambos delitos deben empezar a computarse desde la media noche del día en que fueron cometidos conforme estable la regla contenida en el art. 30 del CPP, y si bien, esta conducta podría repetirse en el tiempo y en similar ocasión, no es posible unificar esas acciones para configurar, jurisprudencialmente, el delito continuado, y computar desde que se dio a conocer a la luz pública (...)".---En consecuencia, es menester destacar que el cómputo de la prescripción para el tipo penal de Estafa, debe efectuarse a partir de la media noche en que se cometió el delito.---En el caso presente, de la revisión de los fundamentos fácticos del pliego acusatorio fiscal de 10 de diciembre de 2014 y acusación particular de 21 de abril de 2015, que constituye la base del juicio oral, al tenor del art. 342 del Código de Procedimiento Penal, se tiene que estos refieren que Cristhian Mauricio Imaña Romero, se contactó con la familia de Mario Alejandro Villanueva Aban, para realizar un negocio de importación de vehículos fijándose como plazo máximo para la entrega de la totalidad del dinero el 31 de diciembre del año 2012, habiéndose realizado la primera entrega de dineros al acusado el 22 de junio de año 2012 en la suma de $us. 40.000.- y la ultima el 29 de septiembre del 2012 en la suma de $us 350; consiguientemente, realizando el computo a los fines de la prescripción, evidentemente a partir del primer acto de disposición patrimonial de la víctima en favor del imputado Cristhian Mauricio Imaña Romero, que se realizó el 22 de junio del 2012 a la fecha de la resolución (1ro de julio de 2021) transcurrió 9 años, 8 días, considerando que el inicio del término prescriptivo corre desde la media noche del día que se cometió el delito, conforme establece el art. 30 del Código de Procedimiento Penal. ---Sin embargo, en el caso de autos se constata que, verificando el supuesto de interrupción del término de la prescripción al tenor de los arts. 31 y 90 del Código de Procedimiento Penal, el imputado Cristhian Mauricio Imaña Romero, fue declarado rebelde el 26 de febrero del año 2014, en el transcurso del desarrollo de la etapa preparatoria; y, también el 19 de octubre del 2015, durante la etapa del juicio oral; ante esta situación, conforme a los argumentos descritos en el parágrafo II.2.2. del apartado "Fundamentación normativa", el nuevo computo a los fines de la prescripción la efectuará a partir del 19 de octubre del 2015, que corresponde a la declaratoria de rebeldía declarada en etapa del juicio oral, de ahí que a la fecha de la resolución, es decir 01 de julio de 2021, transcurrió 5 años, 8 meses y 12 días.---Sumado a ello, comprobando supuestos de suspensión del término de la prescripción, en el marco del art. 32 del Código de Procedimiento Penal, se advierte que a nivel mundial y de modo particular en el país, debido a la declaratoria de pandemia mundial por efecto de la propagación del COVID-19, hubo impedimento del ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, que llevo a que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante el Acuerdo SP-TDJ-CBBA Nro. 02/2020 de 21 de marzo, el Instructivo Nro. 05/2020 de 12 de junio, el Instructivo Nro. 06/2020 de 28 de junio y el Instructivo Nro. 08/2020 de 17 de julio, disponga la suspensión de plazos procesales, así como los de caducidad y prescripción, del domingo 22 de marzo al 14 de junio de 2020 (2 meses y 22 días) y del 27 de junio al 19 de julio de 2020 (22 días), por la declaratoria de cuarentena total, es decir por un periodo de tiempo de 3 meses y 14 días, de ahí que incorporando dicha variante de conformidad al inc. 4) del citado art. 32, se tiene de manera definitiva, en el proceso penal de autos, como nuevo cómputo a los fines de la prescripción el transcurso del plazo de 5 años, 4 meses y 28 días.---Finalmente, con el objeto de evitar duda en los sujetos procesales, concierne destacar que no es posible declarar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, porque, por una parte, el art. 133 del Código de Procedimiento Penal prevé que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía; y, por otra parte, la Corte-IDH ha establecido en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia -siguiendo la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el Caso Motta y Ruiz Mateos vs. España-, que en la determinación de la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso debe considerarse cuatro elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. A esto debe añadirse que la Corte, en el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras considera también la legislación nacional sobre la materia, cuya jurisprudencia interamericana fue acogida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 0101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, reiterada por la SC 0551/2010-R de 12 de julio y las SSCCPP 0193/2013 de 27 de febrero, 1231/2013 de 1 de agosto, 1085/2013-L de 30 de agosto y 0424/2014 de 25 de febrero, de ahí que resulta materialmente imposible identificar los actos procesales que motivaron el transcurso del tiempo y a quien es atribuible durante la etapa preparatoria.---Por lo expuesto, bajo la escala temporal incorporada por los arts. 29.2) y 31 del Código de Procedimiento Penal, resulta procedente la extinción de la acción penal por prescripción por el tiempo transcurrido desde la declaratoria de rebeldía del imputado en etapa del juicio oral, atribuible al Ministerio Publico y el acusador particular por no ejecutar oportunamente el mandamiento de aprehensión que ponga a disposición del Tribunal de Sentencia al imputado.---POR TANTO: El Tribunal de Sentencia Nro. 1 de la capital, en razón de los fundamentos expuestos y la normativa citada, declara la extinción de la acción penal por prescripción dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, y Jorge Mamani Quisbert contra ROSENDA ROCHA GARCIA, por la presunta comisión de los delitos Estafa y Estelionato, previstos y sancionados en los arts. 335 y 337 del Código Penal; consiguientemente, dispone el archivo de obrados.---Las partes tienen la facultad de apelar la presente resolución dentro del plazo de tres días computables a partir de sus notificaciones legales, conforme establecen los artículos 403 numerales 2) y 6) y 404 del Código de Procedimiento Penal.---REGÍSTRESE.- y Notifíquese por la Oficina Gestora de Procesos.---Fdo.- Dra. Vivian Enríquez M. Presidenta del Tribunal de Sentencia No. 1. Fdo. Dr. Jhazmany Zenteno V. Juez Técnico del Tribunal de Sentencia No.1. Fdo. Dra. María Antonieta Tejada M. Juez Técnico del Tribunal de Sentencia No.1. ANTE MI.- Dra. Mauricia Mamani Ortega Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia N° 1.- ES CONFORME.---DECRETO-- Cochabamba, 3 de agosto de 2021--- De oficio.- Con la finalidad de notificar con la resolución pronunciada el 1 de julio de 2021 al imputado Cristhian Maurizio Imaña Romero, conforme se advierte de antecedentes se ordena que la notificación se practique mediante edictos conforme establece el art. 165 del Código de Procedimiento Penal, que deberá contener el auto de 1 de julio de 2021 y la presente resolución, a efecto de que tenga conocimiento de las referidas resoluciones y si cree conveniente haga valer sus derechos de acuerdo al art. 403 del Código de Procedimiento Penal, para cuyo efecto, se dispone la publicación de edicto mediante el sistema HERMES, con los actuados referidos precedentemente, conforme las disposiciones contenidas en la Ley 1173, sin perjuicio de que la prenombrada se apersone ante éste Tribunal de Sentencia Nro. 1 en el plazo de 48 horas computables a partir de su notificación procesal, debiendo sus abogados patrocinante y defensor coadyuvar con dicho cometido. Notifíquese por la Oficina Gestora de Procesos.---Fdo.- Dra. Mauricia Mamani Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia N° 1.- ES CONFORME.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El presente edicto es librado en la ciudad de Cochabamba, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veintiuno.-----------------------------------------------------------------------


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