EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA QUINTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO Nº414/2021 JUEZ : DR. EMERSON MOSTACEDO ESPADA SECRETARIO : DR. ROCIO HUARACHI C. JUZGADO : SENTENCIA PENAL QUINTO DE LA CAPITAL DELITO : ESTAFA QUERELLANTE : MINISTERIO PÚBLICO ACUSADO : RAUL GUNTHER SUAREZ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Se hace conocer y se notifica AL IMPUTADO, RAUL GUNTHER SUAREZ, Y A LAS VICTIMAS MODESTO MAMANI CALLAPA, MAXIMO TELMO CARDOZO CUENTA, RONALD TRUJILLO ALBORNOZ,BALOY RAUL TRUJILLO ALBORNOZ, SOFIA TERESA ACOSTA LOPEZ con AUTO DEFINITIVO 147/2021 AUTO DEFINITIVO 147/2021 JUEZ: Emerson Mostacedo Espada ACUSADOR: Ministerio Público Dra. Beatriz Soliz IMPUTADO: Raúl Gunther Suarez VICTIMA Y/O DENUNCIANTE: Diego Fabricio Alurrade Calderón DELITO: Estafa, previsto y sancionado por el Artículo 335 del Código Penal. NUREJ: 200900968 TAR: 0900140 Tarija, 13 de septiembre de 2021 VISTOS: La excepción de prescripción formulada por el Ministerio Público, el señalamiento de audiencia para considerar la excepción interpuesta conforme lo establece el Artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, la notificación a los sujetos procesales y los antecedentes procesales, y: CONSIDERANDO I: Que dentro el proceso penal que sigue el M.P. a denuncia de Diego Fabricio Alurrade Calderón contra Raúl Gunther Suarez por la presunta comisión del delito de “Estafa”, previsto y sancionado por el Art. 335 del Código Penal, de la fundamentación y del memorial presentado se puede establecer que interpone la prescripción de la acción penal bajo el siguiente fundamento: Se a indicado que en el caso concreto, se tiene que el delito de Estafa previsto en el art. 335 del CP, está conminado a una pena de reclusión de uno (01) a cinco (05) años, correspondiendo a los efectos del término de la prescripción la aplicación de la norma contenida en el art. 29.1 del CPP, OBSERVANDOSE QUE A LA FECHA, DESDE LA COMISION DEL HECHO, HA TRANSCURRIDO MAS DE OCHO (08) AÑOS, haciendo previsible que una eventual sanción al acusado no cumpliría con los fines de prevención general y especial asignados a la pena, precisamente por tratarse de una manifestación tardía del poder punitivo, infiriéndose también que la víctima, tal y como lo demuestra su falta de seguimiento al proceso en los últimos tres años, ha perdido el interés en la tutela judicial. Finalmente, de los antecedentes NOSE EVIDENCIA LA CONCURRENCIA DE NINGUNA CAUSAL DE INTERRUPCION O SUSPENSIÓN DEL TERMINO PARA LA PRESCRIPCION. Se establece que a la presente fecha estaría cumplido con los requisitos para la prescripción, toda vez que el Art. 29 num.1 CPP, claramente establece que los delitos prescriben a los ocho (8) años ara los delitos que tenga señalada una pena privativa de libertad de seis años o más, por lo que se tendría por cumplido los requisitos establecidos en el CPP. CONSIDERANDO II: Que las normas previstas y reconocidas en los Arts. 115 parágrafo II, 120 parágrafo I, y 180 parágrafo I de la CPE; establece en el marco normativo en el que se desarrolla la actividad jurisdiccional, donde el Juez tiene la obligación de cumplir los mismos en estricta concordancia con el respeto y reconocimiento de los derechos y garantías que tiene toda persona. Que a los fines solicitados y a objeto de resolver las cuestiones planteadas independientemente es conveniente hacer las siguientes consideraciones legales acordes a la jurisprudencia, la doctrina aplicable: Que al haberse interpuesto excepción de prescripción a la acción penal: por lo que corresponde analizar la figura de la prescripción de la acción penal, correspondiendo señalar que en problemáticas relacionadas con la solicitud de extinción de la acción penal por razones vinculadas al transcurso del tiempo, entendiendo éste ya sea como el tiempo procesal o el tiempo que se encuentra vigente el ius puniendi del Estado, que de acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales. Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito. Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica. Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso. De lo dicho se desprende que la prescripción sirve también para compeler a los órganos encargados de la persecución penal, y a la misma administración de justicia penal, a resolver de forma rápida y definitiva el ilícito que se ha cometido. Que con relación al cómputo de la prescripción el art. 29 del CPP determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado, como se analizará posteriormente, y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP: 1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente. 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas. 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado. CONSIDERANDO III: Que, con referencia a la excepción de prescripción, a efectos de considerar correctamente lo expuesto y peticionado en merito a los argumentos de la excepcionista, sin ingresar a considerar sobre la existencia o no del tipo penal, puesto que cursa una imputación formal y una acusación formal dentro la presente causa por el delito “Estafa” previsto y sancionado por el Art. 335 del Código Penal, el suscrito para poder disponer o no la aplicación del instituto jurídico de la prescripción de la acción penal dentro del presente caso considera necesario en primer término analizar el tipo penal imputado por su forma de ejecución de los delitos y así podemos indicar que existe el delito instantáneo que es aquel en que la vulneración jurídica realizada en el momento de consumación se extingue con esta, la acción coincide con la consumación, donde el agente no tiene ningún poder para prolongarlo ni para hacerlo cesar. Ej., el homicidio, robo, hurto; por su parte el delito permanente se dice que es aquel que después de la consumación continúa ininterrumpidamente la vulneración jurídica perfeccionada en aquella. Ej. El rapto, el abandono de familia; en cuanto al delito continuado se dice que es aquel en el que el autor, obedeciendo a una misma resolución y configurando un mismo delito, se lleva a efecto mediante una serie de actos idénticamente vulneratorios. La ley no da relevancia a esos actos (sí fuera así, serían varios delitos). Se caracteriza por la unidad de resolución o de propósito de un mismo sujeto que ha cometido una serie de acciones constitutivas de ejecuciones parciales de un solo delito. Por ejemplo: Él que roba una suma de dinero guardada en un lugar, llevándose centavo a centavo o billete a billete cada día hasta reunir una suma considerable, otro ejemplo de delito continuado quien introduce una partida de contrabando repartiéndola en varias expediciones; él que provoca un envenenamiento aplicando dosis sucesivas de algún producto. En el delito permanente hay una sola acción que se prolonga en el tiempo, en el delito continuado hay pluralidad de acciones que configuran todo un solo delito perfecto. Finalmente, sobre el delito flagrante se dice que es el que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo en que lo cometía, y el delito Conexo o compuesto se da en las acciones están vinculadas de tal manera que unos resultados dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones. Por ejemplo, los delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego cometen delitos en diferentes tiempos y lugares. Otros ejemplos tenemos la rotura de un mueble para robar algo encerrado en el la sustracción de llavero y así poder abrir una caja de caudales en ocasión ulterior; el incendio de una habitación para borrar los rastros de un crimen. Que en merito a estas conceptualizaciones y diferencias de delitos en cuanto a la forma de su ejecución el código penal establece que el delito de estafa y estelionato se comete de la siguiente manera ARTÍCULO 335°.- (ESTAFA). El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días. Por lo que analizado este tipo penal doctrinalmente se puede concluir que se encuadraría dentro de los delitos instantáneos, por cuanto su ejecución habría sido en un solo acto donde la vulneración del bien jurídico se habría realizado en el momento de su consumación se extinguía con esta, por cuanto la acción coincide con la consumación. Bajo este razonamiento, sin ingresar a considerar sobre la existencia o no del hecho dentro de la presente causa, a partir de la prueba ofrecida se evidencia que la acción penal fue iniciada en fecha 13 de febrero de 2009 es decir hasta la presente fecha hubiera transcurrido más de 12 años y que también se debe de tomar en cuenta en el presente caso que si bien la declaratoria de rebeldía suspende los plazos procesales y se tiene que hacer el nuevo computo a partir de la declaratoria de rebeldía en el presente caso se puede establecer que al acusado se le declara rebelde y contumaz en fecha 23 de septiembre de 2015 mediante auto interlocutorio de esa fecha y que hasta la presentación de este memorial de prescripción de la acción se puede evidenciar que ha pasado más de 5 años por lo que hace previsible que se encuentra cumplido el término de la prescripción conforme lo establece el art. 29 inc. 2 CPP. Asimismo, considerando esta figura de la prescripción, con respecto a los mismos en los casos que por negligencia, olvido o desinterés de la parte interesada se ha dejado pasar el tiempo sin denunciar vulneración al bien jurídico por lo que no se puede subir esta inobservancia del particular por los órganos de persecución penal, por lo que corresponde extinguir la persecución penal del delito señalado en estricto cumplimiento y respeto al debido proceso. Que, considerando, que es función del Juez ser el árbitro imparcial, contralor del debido proceso y de la legalidad, se realiza la fundamentación hecha de manera breve, pero concisa y razonable que permita conocer de forma indubitable las razones que llevó al suscrito a tomar la siguiente decisión, la que se tendrá por satisfecha y cumplida el art. 124 del CPP. (SSCC 1846/2004-R y 1917/2004-R). POR TANTO: El suscrito Juez de Sentencia Quinto en lo Penal de la Capital, en mérito a los motivos expuestos y en aplicación de las líneas jurisprudenciales citadas, en acuerdo con el M.P. declara PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL a favor de RAUL GUNTHER SUAREZ, por lo tanto, también la extinción de la acción penal por el instituto de la prescripción de la acción penal. Quedando notificados expresamente las partes en la presente audiencia, quienes pueden hacer uso del recurso de apelación incidental, debiendo notificarse a todos los sujetos procesales que no se encuentran en la audiencia quienes tienen el plazo 3 días para interponer el recurso referido, posteriormente, cumplidas las notificaciones y si no se hiciera uso del recurso de apelación procédase al archivo de obrados. Regístrese. -


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