EDICTO

Ciudad: POTOSI

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ LOS DOCTORES: Dr. EUGENIO MARCA ARCE, Dra. BLANCA FLORES ELIAS JUECES TECNICOS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL Nº 1 DE LA CAPITAL Y PROVINCIA TOMAS FRÍAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. ------------------------------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO, NOTIFICA A VLADIMIR CUIZA FERNANDEZ, CON AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021, PARA QUE ASUMA DEFENSA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE VICTOR HUGO CASANOVA CHOQUE EN CONTRA DE VLADIMIR CUIZA FERNANDEZ y LILIANA ANGELICA MENDOZA GUZMAN, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA Y ESTELIONATO, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ART. 335 y 337 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO DE PENAL, A CUYO FIN SE ADJUNTA LAS PIEZAS ANTERIORMENTE NOMBRADAS.--------------------------------------- RESOLUCION DE HOMOLOGACION DE CONCESION DE AMNISTIA Potosí, 1 de octubre de 2021 VISTOS: En atención a la nota interna SPDP/DDPT/AMCC No. 119/2021, de fecha 30 de septiembre del año 2021, firmado por la Directora Departamental de SEPDEP, Abg. Ana María Chávez Cruz, sobre la solicitud de AMNISTIA a favor de la Sra. Liliana Angélica Mendoza Guzmán, de la revisión de requisitos mínimos para lo impetrado se tiene que: CONSIDERANDO.- Que mediante Resolución de Amnistía No. 119/2021, de fecha 30 de septiembre del año 2021, emitido por la Directora Departamental de SEPDEP, Abg. Ana María Chávez Cruz, establece la procedencia de la solicitud de Amnistía de la Sra. Liliana Angélica Mendoza Guzmán, de nacionalidad Boliviana, con Cedula de Identidad No. 6653604 Pt., procesado por la presunta comisión del delito de Estafa y Estelionato, previsto en los Arts. 335 y 337, del C.P., actualmente con medidas sustitutivas, adjuntando al mismo los siguientes requisitos: 1.- Nota interna SPDP/DDPT/AMCC No. 119/2021, de fecha 30 de septiembre del año 2021, firmado por la Directora Departamental de SEPDEP, Abg. Ana María Chávez Cruz 2.- Resolución de Amnistía No. 119/2021, de fecha 30 de septiembre del año 2021, emitido por la Directora Departamental de SEPDEP, Abg. Ana María Chávez Cruz. 3.- Fotocopia de cedula de identidad de la acusada Sra. Liliana Angelica Mendoza Guzman. 4.- Certificación otorgado por la Sra. Abog. Nancy Ibañez Aramayo, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal No 1, de la Capital Potosí, de fecha 15 de junio del año 2021. 5.- Certificado de nacimiento del menor de nombre Jesiel Benjamín Cuiza Mendoza, en donde la acusada es la progenitora. 6.- Certificado de antecedentes de la Sra. Liliana Angélica Mendoza Guzmán. 7.- Declaración voluntaria notarial de fecha 7 de julio del año 2021. 8.- Certificación de la secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Uno, de fecha 1 de octubre del año 2021, en donde se aclara la fecha de inicio de investigación. CONSIDERANDO: Que el Artículo 22 de la Constitución Política del Estado, determina que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Que el Parágrafo I del Artículo 35 del texto Constitucional, establece que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Que el Parágrafo I del Artículos 73 y el Parágrafo I del Artículo 74 de la Constitución Política del Estado, disponen que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana; y que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. EDICTO Sistema de Registro Judicial SIREJ Que el numeral 14 del Artículo 172 del Texto Constitucional, señala que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró al CORONAVIRUS (COVID-19) como pandemia mundial, recomendando a los Estados asumir acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población vulnerable. Que el Decreto Presidencial Nº 4226, de 28 de abril de 2020, establece la concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria nacional, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), norma que a siete (7) meses de su vigencia no benefició a un número significativo de personas privadas de libertad, principalmente en razón a las múltiples restricciones, limitaciones y trabas burocráticas que contenía. Que ante la amenaza de una segunda ola de contagios por la COVID-19, el Gobierno Nacional considera necesario adoptar medidas de prevención en los Centros Penitenciarios del país, disponiendo la concesión de la Amnistía e Indulto sobre la base de criterios objetivos en el marco de los principios de protección a la vida y la salud de los conciudadanos que se encuentran restringidos en su derecho a la libertad. Que los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis política e institucional, formalmente pueden interpretarse cómo delitos tipificados en el Código Penal. Sin embargo, considerando sus características y antecedentes en cuanto al móvil que impulsó estas acciones, resulta evidente que los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción; más al contrario expresaban una protesta social en defensa de la democracia y la garantía de los derechos civiles y políticos, ante las vulneraciones de derechos y garantías constitucionales fundamentales en el referido período de tiempo. Que estos hechos atribuibles al ejercicio del poder punitivo, que conforme los pronunciamientos de diferentes instancias nacionales e internacionales, han configurado una evidente persecución política en contra de las personas que, en defensa de la democracia y en ejercicio de sus derechos a la protesta, la libertad de expresión y libertad de asociación, fueron perseguidas, procesadas, detenidas e incluso condenadas. Que a su vez, los hechos suscitados en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, el 15 y 19 de noviembre de 2019, en las denominadas “Masacres de Sacaba y Senkata” y otros hecho similares sucedidos en territorio nacional, evidenciaron elementos que configuran graves vulneraciones de derechos contra la población civil, entre ellos, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Preliminar Completo sobre los hechos ocurridos desde las elecciones de octubre de 2019, recomendó en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación: “Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o injustificada a la fecha de hoy, en centros de detención de cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas, y asegurar su acceso a una defensa técnica y a la administración de justicia”. Que por su lado, el Defensor del Pueblo, a través del Informe Defensorial, denominado: CRISIS DE ESTADO - Violación de los Derechos Humanos en Bolivia (octubre - diciembre 2019) en su numeral octava, exhortó: “(...) al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado los incisos b), d) y e) del Artículo 80 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo Nº 3058, (...); emitir una política pública para la reparación integral ante vulneraciones a los derechos humanos suscitados durante el conflicto”. Que el actual Gobierno Constitucional, tiene como prioridad, restablecer la vigencia y credibilidad del Sistema Democrático y su institucionalidad, fortaleciendo el Estado Constitucional de Derecho, la defensa y rehabilitación inmediata de los derechos humanos individuales y colectivos eventualmente vulnerados, para construir la paz social y la reconciliación de todos los bolivianos. Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Presidencial tiene por objeto conceder amnistía e indulto por razones humanitarias, así como establecer los requisitos y regular su procedimiento. Artículo 2°.- (Finalidad) La finalidad del presente Decreto Presidencial es: 1.- Resguardar la vida, la salud e integridad de personas privadas de libertad, por el incremento de contagios por la COVID-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país; 2.- Reestablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020. Sistema de Registro Judicial SIREJ Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) La amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto Presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a: a).-Detención preventiva en los establecimientos penitenciarios del país; b).-Medidas sustitutivas a la detención preventiva o con proceso penal en curso; c).- Aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto. Artículo 5°.- (Concesión de amnistía) Se concede el beneficio de amnistía a las personas que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial cumpla alguna de las siguientes condiciones: 1.-Personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020; 2.- Haber superado quince (15) años con proceso penal en curso sin que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada; 3.- Haber cumplido o excedido con detención preventiva el tiempo de la pena establecido en la sentencia condenatoria en primera instancia sin que haya sido ejecutoriada; 4.- Haber superado el tiempo máximo previsto para la duración de la Etapa Preparatoria sin que se instaure el juicio oral; o, haber superado el tiempo máximo de duración legal del proceso penal sin que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando pertenezcan a los siguientes grupos: a).- Varones mayores de cincuenta y ocho (58) años o mujeres mayores de cincuenta y cinco (55) años; b).- Personas con discapacidad grave o muy grave debidamente acreditada; c).- Personas con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal, debidamente acreditada; d).- Personas que tengan bajo su ciudad o custodia exclusiva y debidamente acreditada, a uno o varios hijos o hijas menores de doce (12) años de edad o con discapacidad grave o muy grave; en este último caso, debe acreditarse la tutoría legal; e).- Mujeres en estado de gestación a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial. II.- Las personas que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 4 del Parágrafo precedente, no se beneficiaran con la amnistía cuando se encuentre procesadas por: 1.- Delitos que, en la Constitución Política del Estado, el Código Penal u otra disposición legal no admitan indulto; 2.- Delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando; tenencia, porte o portación de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas; delitos financieros; 3.- Delitos contra la Libertad Sexual, a excepción de los delitos de Actos Obscenos y Publicaciones y espectáculos obscenos; 4.- Delitos previstos en la Ley Nº 004, de 31 de marzo de 2010, con excepción del primer párrafo del Artículo 154, Incumplimiento de Deberes y Artículo 149, Omisión de declaración de Bienes y Rentas; 5.- Delitos de Violencia contra las mujeres determinados en el Capítulo II del Título V de la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; 6.- Delitos de Acoso Político y Violencia Política contra las Mujeres, incorporados por la Ley Nº 243, de 28 de mayo de 2012, Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres; 7.- Delitos cuya Victima sea niña, niño, adolescente, o persona incapaz; 8.- Delitos con Victimas Múltiples; III.- Tampoco accederán al beneficio de la amnistía aquellas personas beneficiadas con otros Decretos Presidenciales de amnistía o indulto en los tres (3) años anteriores a la vigencia del presente Decreto Presidencial. Artículo 6°.- (Requisitos para solicitar la amnistía) Son requisitos generales para solicitar la concesión de la amnistía: 1.- Documento original o fotocopia, que acredite la identidad de la persona solicitante del beneficio; en el caso de ciudadanos bolivianos: cédula de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar; siendo ciudadanos extranjeros: documento nacional de identidad, certificación consular de documento nacional de identidad o libreta de servicio militar; 2.- Certificación emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia que acredite que las personas no tengan Sentencia Condenatoria Ejecutoriada en el caso por el que solicita la amnistía, especificando el estado en el que se encuentra el proceso; inicio, duración y ampliación de la etapa preparatoria; tiempo de duración del proceso; delitos que se encuentran investigados y si guarda detención preventiva o medidas sustitutivas a la detención preventiva, especificando el tiempo que cumple con la medida cautelar; Sistema de Registro Judicial SIREJ 3.- Certificado de Permanencia emitido por la Dirección del Establecimiento Penitenciario. II.- Son requisitos específicos, según corresponda, los siguientes: 1.- Carnet de Discapacidad registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad - SIPRUNPCD original o fotocopia legalizada que señale el grado de discapacidad grave o muy grave. De manera excepcional y para fines exclusivos del presente Decreto Presidencial se podrá presentar Certificado Médico original que acredite la existencia de una discapacidad grave o muy grave expedido por el Personal de Salud de Régimen Penitenciario, del Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo; 2.- Certificado Médico original, emitido u homologado por el Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF o emitido por Personal de Salud de Régimen Penitenciario, el Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo que acredite la enfermedad crónica avanzada o en estado terminal; 3.- Certificado de Nacimiento original de las o los hijos; en su defecto, Informe del Área Social de Régimen Penitenciario o de los Servicios Municipales que acredite la existencia de hijas o hijos menores de doce (12) años; 4.- Certificado Médico original que acredite estado de gestación, Carnet prenatal o registro en el Bono Juana Azurduy; 5.- Declaración Judicial de Tutoría, Declaración Judicial de Custodia Legal o Declaración Jurada Notariada, previa visita e informe social del o la trabajadora social del ámbito público. Artículo 7°.- (Trámite de solicitud de amnistía), La solicitud de amnistía podrá ser presentada por: 1.- La o el interesado; 2.- Apoderado legal; 3.- Abogado particular; 4.- Servicio Plurinacional de Defensa Pública - SEPDEP; 5.- La Defensoría del Pueblo. II.- La solicitud será presentada ante la Dirección Departamental del SEPDEP correspondiente, mediante nota simple, sin la exigencia de ninguna formalidad, adjuntando los requisitos señalados en el presente Decreto Presidencial. III.- La Dirección Departamental del SEPDEP, verificará el cumplimiento de requisitos mínimos y emitirá la Resolución Administrativa de Concesión de Amnistía en el plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. IV.- Cuando la solicitud presentada no cumpla con alguno de los requisitos exigidos, el SEPDEP en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de la verificación, hará conocer al solicitante las observaciones y si las mismas tienen carácter subsanable o insubsanable. V.- Las observaciones podrán ser subsanadas por el SEPDEP o por el solicitante. En caso de no ser subsanadas en el plazo de dos (2) días hábiles de su comunicación, se tendrá por no presentada la solicitud, lo que no impedirá la presentación de un nuevo trámite, dentro el periodo de vigencia del presente Decreto Presidencial. VI.- Emitida la Resolución Administrativa de Concesión de la Amnistía, la Dirección Departamental del SEPDEP, remitirá al Juez de la Causa dicha actuación conjuntamente los antecedentes que la fundamentan, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de su emisión. VII.- Recibida la Resolución Administrativa de Concesión de la Amnistía, el Juez de la Causa, en el plazo de tres (3) días hábiles, homologará la Resolución, revocará las medidas cautelares y emitirá el Mandamiento de Libertad en favor de la o el beneficiario, si corresponde. CONSIDERANDO.- Que la Resolución de Amnistía No. 119/2021, de fecha 30 de septiembre de 2021, emitido por la Directora Departamental de SEPDEP, Abg. Ana María Chávez Cruz, cumple los requisitos establecidos por el Art. 5, romano I, núm. 4)¨ haber superado el tiempo máximo de duración legal del proceso penal sin que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, en el presente caso se encuentra con señalamiento de juicio para fecha 7 de octubre del año 2021 y d).- Personas que tengan bajo su ciudad o custodia exclusiva y debidamente acreditada, a uno o varios hijos o hijas menores de doce (12) años de edad, del Decreto Presidencial No. 4461, tomando en cuenta las documentales aparejadas, con los cuales se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos y no estando dentro de la improcedencia de la concesión de amnistía. POR TANTO: El Tribunal de Sentencia No. 1, de la Capital, HOMOLOGA LA CONCESION DE AMNISTIA, dispuesta en la Resolución de Amnistía No. 119/2021, de fecha 30 de septiembre de 2021, emitido por la Directora Departamental de SEPDEP, Abg. Ana María Chávez Cruz, el que establece la procedencia de la solicitud de Amnistía de la Sra. Liliana Angélica Mendoza Guzmán, de nacionalidad Boliviana, con Cedula de Identidad No. 6653604, Pt., procesado por la presunta comisión de los delito de Estafa y Estelionato previstos en los Art. 335 y 337 del Código Penal. Ante la acefalía existente de uno de los jueces del Tribunal de Sentencia Penal Uno, en cumplimiento del Art. 52 –II de la Ley 1970 y Art. 5 de la Ley 586 y Art. 68 de la Ley 025, póngase en conocimiento de los jueces Técnicos de turno del Tribunal de Sentencia siguiente en número de esta capital Sistema de Registro Judicial SIREJ Regístrese, Notifíquese.- CON LO QUE TÉRMINO LA PRESENTE AUDIENCIA FIRMANDO EN CONSTANCIA LOS SEÑORES JUECES TÉCNICOS Y LA SUSCRITA SECRETARIA ABOGADA QUE DA FE DE TODO LO OBRADO. ====================================================================== EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO ================================================================== :22154001 :23300


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