EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


EDICTO HACE SABER: QUE, POR EL PRESENTE EDICTO, NOTIFIQUES A: DEBORAH MARJORIE DENEDRI O`CONNOR D`ARLACH CON C.I. N° 3496178 L.P., PARA QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LO EMITIDO POR ESTE TRIBUNAL; CUYO TENOR ES COMO A CONTINUACIÓN SIGUE: -------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCION CURSANTE DE FOJAS 6678 A 6694 DE OBRADOS.----------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCION Nº 016/ 2021 ---- SALA PENAL CUARTA --------------------------------- DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO, EN CONTRA DE FRANKLIN GONZALO ARAMAYO DORIA MEDINA y otros, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE ASESINATO y otros. ---- NUREJ: 200902977 ---- APELACION RESTRINGIDA ---- La Paz, miércoles 03 de marzo de 2021 ---- I. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE APELACION ---- En grado de apelación restringida la Sentencia Nº 53/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019 (Fs. 5973 a 6090) y sus Autos Complementarios de fecha 27 y 30 de septiembre de 2019 (Fs. 6112 a 6112 vta.; 6120 a 6120 vta., respectivamente); los recursos de apelación restringida formulados por: FRANZ MICHAEL RODRIGUEZ CAERO (fs. 6339 a 6346) y su memorial de subsanación (fs. 6661 a 6665 vta.); DUBRAVKA M. JORDAN VELASQUEZ y EDDY JUNIOR FLORES QUISPE en su calidad de Fiscales de Materia (fs. 6354 a 6359vta.) y su memorial de subsanación (fs. 6654 a 6658vta.); RUFINO RODRIGUEZ COCA (fs. 6361 a 6367) y su memorial de subsanación (fs. 6667 a 6669 vta.); MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAERO (fs. 6570 a 6574); asimismo corridos en traslado todos estos recursos se cuenta con los diferentes memoriales de respuesta: DUBRAVKA M. JORDAN VELASQUEZ y EDDY JUNIOR FLORES QUISPE FISCALES DE MATERIA (fs. 6594ª 6595); LUIS FERNANDO CORDOVA SANTIBAÑEZ (fs. 6623 a 6625 vta.); LUCIO LAZO CONTRERAS (fs. 6626 a 6627); ERNESTO VLADIMIR CORDOVA SANTIBAÑEZ (fs. 6628 a 6630); la orden de remisión efectuada por el Tribunal A-quo y la radicatoria a este Tribunal de Alzada previo sorteo respectivo de Sistema Integrado de Registro Judicial, la Audiencia Pública de Fundamentación de Aplicación Restringida (fs. 6676 a 6676 vta.) y todo lo inherente al presente caso se tuvo presente , y: ---- II. CONTENIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA ---- Por medio de la Sentencia Nº 03/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, por voto unánime, en lo pertinente a la presente apelación ha determinado lo siguiente: “FALLA declarando a los acusados RUFINO RODRIGUEZ COCA Y FRANZ MICHAEL RODRIGUEZ CAERO (…) AUTORES de la comisión del delito de ASESINATO Y ROBO AGRAVADO previsto y sancionado por el Art. 252 núm. 3), 6) y 7), Art. 332 núm. 1) y 2) del Código penal, por existir prueba suficiente que género en este Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de los nombrados acusados, condenándolos a la pena privativa de libertad de 30 años de presidio sin derecho a indulto, a cumplir en la penitenciaria de San Pedro de la ciudad de La Paz, pena computable a partir de su detención, más pago de costas al Estado, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.” ---- Asimismo, “FALLA declarando a los acusados SANDRA VERONICA MAMANI QUISPE y MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAERO (…) AUTORES de la comisión del delito tipificado y sancionado por el Art. 172 “RECEPTACION” del Código Penal, por existir prueba suficiente que género en este Tribunal la convicción de su responsabilidad penal, condenándoles a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión a cumplir en la COF de Obrajes de la ciudad de La Paz, pena computable a partir de su detención, mas pagos de costas daños y perjuicios a la víctima y costas al Estado a calificarse en ejecución de sentencia.” ---- Tambien “FALLA declarando a los acusados ARIEL CARLOS MONTAÑO FUENTES, FRANKLIN GONZALO ARAMAYO, JAVIER NAVIA DORIA MEDINA, LUCIO LAZO CONTRERAS, ERNESTO VLADIMIR CORDOVA SANTIBAÑEZ, LUIS FERNANDO CORDOVA SANTIBAÑEZ (…) ABSUELTOS DE PENA Y CULPA, de la comisión de los delitos tipificados y sancionados por el Art. 252 núm. 3), 6) y 7) “ASESINATO”, Art. 332 núm. 1) y 2) “ROBO AGRAVADO” y Art. 132 “ASOCIACION DELICTUOSA”, Art. 23 “COMPLICIDAD”, 171 “ENCUBRIMIENTO” del Código Penal, de conformidad al Art. 363 núm. 2) Porque la prueba aportada no es suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal; por consiguiente se deja sin efecto las medidas sustitutivas que fueron impuestas en contra de los nombrados Se dispone la libertad inmediata del acusado ARIEL CARLOS MONTAÑO FUENTES.” ---- III. CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADA POR FRANZ MICHAEL RODRIGUEZ CAERO ---- Notificado con la Sentencia Nº 53/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019 y sus Autos complementarios de fechas 27 y 30 de septiembre de 2019 en aplicación del Art. 407 del Código de Procedimiento Penal es que Franz Michel Rodríguez Caero, opone recurso de apelación restringida en contra del fallo precitado conforme cursa a fojas 6339 a 6346 y su memorial de subsanación de fojas 6661 a 6665 vuelta, pretensión que lo efectúa bajo los siguientes fundamentos: ---- 1. Como primer agravio invoca los defectos de la Sentencia contenidos por el Art. 370 núm. 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal, en merito a que no existe una correcta valoración de las pruebas y la inexistencia de congruencia entre la acusación y la Sentencia, infiere que los Arts. 6, 124, 216, 342 y 355 del Código de Procedimiento Penal, Arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 14 de los Derechos Humanos, preceptos legales que fueron violados. Aduciendo que los fundamentos expuestos por la acusación Fiscal y los alegatos realizados por el Ministerio Público se basa en hechos totalmente falsos y no acreditados, siendo que en los alegatos se habría fundamentado que mediante declaración informativa de Rufino Rodríguez Coca prueba MP118 en el cual le involucraría al recurrente en el hecho ilícito, asimismo que por certificación de 10 de junio de 2009 emitida por el Banco FIE por el cual señala que en fecha 28 de enero se realiza un depósito de 38.000 $us., a la cuenta bancaria del recurrente dinero que supuestamente seria del atraco, concluyendo que no existe una correcta valoración de los medios probatorios. Siendo que en la fase de juicio no se demostró la configuración de los delitos de Robo Agravado y Asesinato siendo que no se empleó el razonamiento de los medios de prueba mediante las reglas de la sana critica, experiencia y la lógica, puesto que la Sentencia no cuenta con una justificación motivada de la comunidad probatoria, siendo que el fallo apelado toma en cuenta solamente el móvil y por exigencia del Ministerio Público, puesto que el recurrente seria víctima de una persecución ilegal al no existir suficiente prueba de cargo el juzgador debería absolver de los delitos indilgados al hoy recurrente. ---- 2. Como segundo agravio señala que en relación con el allanamiento de domicilio de Rufino Rodriguez no se constató la existencia de un mandamiento de allanamiento conforme ordena el Art. 180 en relación al Art. 169 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual las pruebas obtenidas resultarían ser en base a la violación de los derechos y garantías constitucionales por consiguiente por un medio ilícito y en razón de ello deberían ser objeto de exclusión probatoria conforme lo ordena el Art. 172 de la Ley 1970. ---- 3. Como tercer agravio señala que ante la aprehensión de Rufino Rodríguez quien portaba la suma de 50.000 $us., del cual debe tomarse en cuenta; que el monto sustraído y encontrado son totalmente diferentes; la ciudad del robo fue en La Paz y el dinero encontrado fue en Cochabamba; desde el momento del robo hasta la aprehensión pasaron más de 24 horas siendo que después del hecho se dio alerta para controlar las entradas y salidas de cada ciudad; la aprehensión seria cuando se manejaba una motocicleta con su esposa llevando una bolsa de pañales. Pues una vez secuestrado el dinero del atraco el mismo se hallaba en manos de la Policía quien podía haber realizado las pericias para determinar si en los billetes estaba las huellas de la víctima u otras dos personas que realizaron el retiro. Extremos que podían demostrar el origen del dinero que se encontraba en poder del recurrente. Por lo que dichos extremos deberían ser considerados en la investigación para luego hacer valer el mismo ante el contradictorio en el ejercicio del derecho a la defensa, la cual no ocurrió ya que la investigación no precautelo el principio de la objetividad contenida por el Art. 72 del Código de Procedimiento Penal y como consecuencia se presumió la culpabilidad del recurrente. Siendo que no existe prueba documental, testifical o instrumental que acredite que el recurrente se encontraba a tiempo de producirse el atraco; que el dinero depositado a la cuenta del recurrente provenga de los hechos criminales; como tambien la vinculación del recurrente a los hechos criminales seria producto de una presunción. ---- En merito a estos fundamentos en aplicación del Art. 407 del Código de Procedimiento Penal plantea recurso de apelación restringida en contra de la Sentencia apelada. Ante la existencia de los defectos contenidos por el Art. 370 núm. 6) y 8) de la precitada Ley, como también por haberse aplicado erróneamente los Arts. 37 y 38 del Código Penal, impetrando se admita la misma y se declara probado el recurso anulando la Sentencia en su totalidad. ---- IV. CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA FORMULADA POR MINISTERIO PUBLICO ---- Notificados Con la Sentencia Nº 53/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, en aplicación del Art. 407 del Código de Procedimiento Penal es que Dubravka M. Jordan Velásquez y Eddy Junior Flores Quispe en su calidad de Fiscales de Materia presentan su recurso de apelación restringida conforme cursa a fojas 6354 a 6359 vuelta su memorial de Subsanación de fojas 6654 a 6658 vuelta, pretensión que la efectúan bajo los siguientes fundamentos: ---- 1.Como primer agravio señala la errónea aplicación de la Ley al no haberse aplicado la Ley con relación al delito de Asociación Delictuosa en relación a la participación de los ahora condenados incurriendo en el defecto contenido por el Art. 370 núm. 8) del Código de Procedimiento Penal ya que existe una contradicción entre la parte considerativa y dispositiva, pues en la parte considerativa del fallo apelado se tiene que los coacusados Rufino Rodríguez Coca y Franz Michelle Rodríguez Caero fueron acusados por Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa, conforme se evidencia del Auto de Apertura de juicio y en el fallo apelado en su punto "1.2.4.1.", sin embargo la Sentencia en su parte dispositiva obvia en su totalidad el pronunciamiento respecto al tipo penal de Asociación Delictuosa previsto por el Art. 132 del Código Penal, existiendo una total contradicción entre la parte considerativa y dispositiva por la falta de pronunciamiento del tipo penal de Asociación Delictuosa, vulnerando así la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 2221/2012 de 8 de noviembre de 2012, mismo que hace referencia respecto a la debida fundamentación de toda Resolución judicial y la congruencia que debe existir entre lo pedido y resuelto. Invoca Auto Supremo NO. 239/2012 de 3 de octubre de 2012 mismo por el cual el Tribunal de sentencia no puede incluir ni modificar de oficio nuevos hechos en contradictorio que no hubieran sido parte del pliego acusatorio, razón por la cual el fallo apelado vulnera el debido proceso en su vertiente de principio de certeza. ---- 2. Como segundo agravio invoca el defecto de la Sentencia contenido por el Art. 370 núm. 6) del Código de procedimiento Penal, puesto que en el fallo apelado se basa en una defectuosa valoración de la prueba, puesto que el Tribunal a quo abusaron del principio de la libre valoración al arribar a un razonamiento insensato en cuanto a la participación de Ernesto Vladimir Cordova Santibáñez, Luis Fernando Cordova Santibañez y Lucio Lazo Contreras en grado de autores por la comisión de los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa en grado de complicidad, pues la Resolución apelada se establece en su punto "1.2.-VALORACIÓN INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMÅS ELEMENTOS PROBATORIOS" con relación a la defectuosa valoración en analogía del acusado Ernesto Vladimir Cordova Santibáñez pues las pruebas presentadas por el Ministerio público codificadas como las MP38, 46, 54, 55. 56, y 58 como también la 61, 62 y 90 no fueron debidamente valorados conforme ordena el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal pues el fundamento para absolver se resume en que dichas pruebas no generan convicción en el caso concreto al no encontrarse el dinero robado, las armas empleadas o algún elemento que vincule al precitado, empero esta fundamentación no cumple con el Auto Supremo No. 014/2013-RRC de 06 de febrero de 2013 que determina que el Juez o Tribunal de Sentencia debe otorgar valor probatoria a las prueba de forma integral y conjunta demostrando las razones de su convencimiento demostrando el nexo causal de las negaciones y afirmaciones, quedando prohibido las meras conjeturas y presunciones, siendo que en el fallo apelado no da cumplimiento al sistema de valoración de la sana critica, pues tos medios de prueba sostiene la autoría intelectual y participación pues el día de los hechos el acusado tenía conocimiento del atraco a realizarse el 27 de enero de 2009 en inmediaciones de la Avenida Tejada Sorzano y se tiene por demostrado la relación de la causalidad material de esta persona en el hecho acusado. Similar sentido ocurre en la fundamentación referente a Luis Fernando Cordova Santibáñez pues 1.2.4.5 de la Sentencia el Tribunal a quo señala que las pruebas producidas por el Ministerio Público consistentes en la MP73, 74, 77, 23, 136, 11, 14 y 15 no fueron debidamente valorados pues el fallo apelado señala corno fundamento de la absolución que dichas pruebas no se encuentra elemento que vincule al precitado en los delitos indilgados, empero dichas pruebas acreditan que el mismo tenia pleno conocimiento de las transacciones económicas efectuadas el 27 de enero de 2009 del Banco Unión S.A., donde Jorge O’connor Dalarch y Otras personas retiraron sumas económicas por las adjudicaciones efectuadas en YPFB y en razón de ello este acusado es autor mediato al acreditar la relación de causalidad material en el hecho criminal. finalmente el mismo extremo ocurre con relación al acusado Lucio Lazo Contreras en el punto l, 2, 4 y 6 el Tribunal a quo señala que las pruebas presentadas por el Ministerio Público codificadas MP11, 103, 109, 13, 14, 28, 50, 150, 138, 14 y 50, no fueron debidamente valoradas pues el razonamiento de la absolución se tiene que si bien se encontró la libreta militar de Ernesto Cordova en el domicilio de Lucio Lazo y que el 16 de febrero de 2009 visito a Ernesto Cordova al penal de San Pedro, empero no se demuestra la complicidad del hecho que se juzga ya que no se demostró que este estaba en posesión de alguna arma o que haya ayudado con el atraco. Empero el Tribunal a quo no ha considerado que Lucio Lazo era empleado de Ernesto Cordova y como prueba de ello se tiene que este visito le visito en el penal el 16 de febrero de 2009 y el 17 de febrero saco 138.000 $us., con destino a los yungas prueba suficiente para determinar la complicidad al existir el nexo de causalidad ya que dicho dinero es parte del atraco, por consiguiente dichas pruebas demuestran la complicidad del acusado en el delito y por ende la Sentencia no realiza una correcta valoración de las pruebas y la misma de ningún modo demuestra con que elementos de prueba llega a demostrar la absolución de los acusados precitados. ---- En este sentido, afirma que al haberse acreditado de un defecto absoluto pide al Tribunal de alzada emitir una nueva Sentencia de manera directa conforme Art. 413 del Código de procedimiento Penal por errónea aplicación Ley sustantiva una sentencia condenatoria en contra de Rufino Rodríguez coca y Franz Michel Rodriguez caero por el delito de Asociación Delictuosa. Como tambien Sentencia condenatoria en contra de Ernesto Vladimir Cordova santibañez, Luis Fernando Cordova Santibañez y Lucio Lazo contreras culpables del delito de Asesinato, Robo Agravado, Asociación Delictuosa complicidad y Encubrimiento por existir prueba que genero convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados. ---- V. CONTENIDODEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADO POR RUFINO REDRIGUEZ COCA ---- Notificado con la Sentencia Nº 53/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, en aplicación del Art. 407 del Código de Procedimiento Penal es que Rufino Rodríguez coca conforme cursa fojas 6361 a 6367 y su memorial de subsanación de fojas 6667 a 6669 vuelta, presenta recurso de apelación restringida en contra del fallo precitado, pretensión que lo efectúa bajo los siguientes fundamentos. ---- 1. Como primer agravio señala la errónea aplicación de la Ley al haber subsumido su conducta al tipo penal de Asesinato, pues en el juicio oral no se ha probado que el recurrente haya subsumido su conducta a dicho tipo penal y menos que haya participado en los demás tipos penales, pues el fundamento de la Sentencia es que la víctima cayó por forcejeo y por ende de ningún modo se demuestra la facilitación que haya incurrido el hoy recurrente, más aun cuando el recurrente no estaba el día y el lugar de los hechos, como tampoco no existe prueba testifical y documental que pruebe ello. Reitera señalando que el Ministerio Público no ha probado con elemento de prueba alguno el ensañamiento y alevosía con lo que Obro el ahora recurrente, puesto que testigos señalan el forcejeo que existió entre asaltante y la victima que recibió el $aro posteriormente murió. ---- 2. Como segundo agravio señala la inexistencia de la fundamentación o la contradicción, siendo que la Sentencia no señala ni torna en cuenta la doctrina que hace referencia respecto a la alevosía y ensañamiento cuando se mata aprovechando que la víctima se encuentra desprevenida, incapaz de defensa o el hecho de incrementar el sufrimiento de la víctima, siendo que ninguno de estos presupuestos fueron valorados en ya que en Juicio no se ha probado que el recurrente haya actuado de esa forma. ---- 3. El tercer agravio se encuentra vinculado a que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y en defectuosa valoración de la prueba, conforme el Art. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal, vulnerando con ello la previsión legal del Art. 13 y 173 de la precitada Ley, siendo que la Sentencia apelada incurre en un defecto procesal absoluto y por ende corresponde la nulidad de la misma o en su defecto se emita de manera directa la absolución del recurrente puesto que el fallo apelado no señala cual sería el valor probatorio otorgado a cada elemento de prueba para determinar la culpabilidad del ahora recurrente, para lo que invoca el Auto Supremo No. 342 de 28 de agosto de 2016 misma que hace referencia a que toda decisión judicial debe ser clara, completa, lógica y expresa. ---- En base a estos fundamentos solicita se emita Auto de Vista anulando la Sentencia apelada y ante la existencia de errónea aplicación de la Ley sustantiva y adjetiva se emita una nueva Sentencia conforme lo determina el Art. 413 del Código de Procedimiento Penal. ---- VI. CONTENIDO DEL RECURSO DE APELCION RESTRINGIDA FORMULADO POR MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAERO ----Notificado con Sentencia NO 53/2019 de 06 de septiembre de 2019, en aplicación del Art. 407 del Código de Procedimiento Penal es que María del Carmen Rodríguez Caero conforme cursa a fojas 6570 a 6574, presenta recurso de apelación restringida en contra del fallo precitado, pretensión que lo efectúa bajo los siguientes fundamentos: ---- 1. Afirma que Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley 025 determina una amplia malla de principios que regulan el funcionamiento del Órgano Judicial en su conjunto e individualmente de las jurisdicciones, establecidos corno propios de ordinaria los principios de eficacia y verdad material, siendo que en el caso concreto no existe prueba testifical, instrumental o documental que acredite que el apelante se encontraba en tiempo lugar o al momento de cometerse los hechos, como tampoco refiere la existencia de prueba documental que acredite que el dinero depositado en la cuenta de los hermanos Rodríguez sea proveniente del atraco. Siendo que de dicho análisis no se establece la participación integral de Rufino Rodríguez caero sino más contrario la participación de Franz Michel, por consiguiente no existe prueba documental o testifical que vincule la participación criminal de María del Carmen Rodríguez Caero y en razón de ello invoca el Auto supremo No. 145/2013-RRC respecto al principio del indubio pro reo. ---- 2. Manifiesta que las evidencias encontradas no fueron procesadas, para establecer la vinculación entre el hecho y la supuesta participación de tos sujetos procesados, para destruir el estado de inocencia en base a pruebas legales, licitas y objetivas, pues las evidencias encontradas nunca fueron incorporadas a juicio como pruebas y mucho menos el procesamiento de las mismas, al no existir indicios procesados ni incorporados como pruebas en el proceso oral, se privó al acusado apelante del ejercicio al derecho a la defensa de contradecir los supuestos indicios que existirían en su contra y que sirvieron para sustentar la Sentencia condenatoria misma que no cuenta con pruebas objetivas, ya que los billetes de papel moneda colectados como elementos indiciarios a tiempo de la aprehensión nunca fueron presentados y incorporado al juicio como prueba, y resguardo si no existe al debido esos billetes proceso incorporados ¿cuál la participación al juicio, nace de una sujeto interrogante condenada objetivo y ahora y en apelada? ¿Cómo se demostró que el dinero depositado en la cuenta del acusado Franz Rodríguez Caero, es el mismo dinero producto del robo? ¿Cómo se demostró que la acusada conocía o sabía que el dinero habría sido de un hecho ilícito? Porque Maria del Carmen Rodriguez Caero, no fue participe ni antes ni en el día del hecho sino en actuación legal con poder notarial y ante una entidad financiera, acto en el que no existe ninguna ilicitud. En base a pruebas incorporadas al juicio respetando el debido proceso, nos ayudaría a establecer una convicción objetiva, para lo cual comenzaremos precisando. ---- 3. En este sentido, entiende que la Sentencia apelada carece de una fundamentación y motivación y falta de congruencia conforme lo determina el Art. 370 núm. 5) del Código de Procedimiento Penal, siendo que existe una ausencia material de la prueba ofrecida por el Ministerio Público para ese efecto realiza una copia textual de las partes que considera pertinentes como ser el acápite 1.2.4.1,1.-, como también la parte de la fundamentación de la pena y como tambien la parte dispositiva del fallo en cuestión. Para concluir que en el caso de Autos se incurrió en una inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva conforme el Art. 370 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, puesto que dicho fallo emite una condena producto de ilícitos empero lo hace en función a la participación de Lucio Lazo. ---- En base a estos fundamentos presenta recurso de apelación restringida en contra de la Sentencia precitada, solicitando se declare absuelta de pena y culpa a Maria del Carmen Rodriguez Caero porque no se demostró con ni una sola prueba su participación criminal de los hechos. ---- VII. DE LAS RESPUESTAS FORMULADAS A LOS RECURSOS DE APELACION RESTRINGIDA ---- Habiéndose dispuesto el traslado de los correspondientes recursos de apelación, conforme la previsión del Art. 409 del Código de Procedimiento Penal, se cuentan con las siguientes respuestas efectuada por: ---- 1. En primer término se cuenta con la respuesta efectuada por DUBRAVKA M. JORDAN VELÁSQUEZ y EDDY FLORES QUISPE FISCALES DE MATERIA cursantes fojas 6594 a 6595, por el cual responde a los recursos opuestos por Franz Michael Rodríguez Caero, pretensión que enfoca los siguientes fundamentos: ---- Señala que en relación al primer agravio, dicho argumento no cuenta con fundamento sólido en merito a que los montos de dinero ya habrían sido distribuidos por cuotas partes entre los autores y tos participes. Respecto al punto dos los autores del hecho tenían suficiente tiempo para preparar una coartada y evadir la persecución penal. La facultad de emplear la fuerza pública no tiene nada que ver con la Sentencia apelada. Similar aspecto ocurre en la aprehensión siendo que la misma nada tiene que ver con la emisión de la Sentencia. Con referencia al punto sexto señala que dicho agravio no estaría debidamente fundamentado ---- Por lo que responde a dicha apelación restringida interpuesta por Franz Michael Rodríguez Caero, solicitando que se declare improcedente e infundado dicho recurso de apelación. ---- 2. En segundo término, se cuenta con la respuesta efectuada por LUIS FERNANDO CORDOVA SANTIBÁÑEZ conforme cursa a fojas 6623 a 6625 vuelta, por el cual responde al recurso opuesto por Dubravka M. Jordan Velásquez y Eddy Junior Flores Quispe Fiscales de Materia, pretensión que enfoca los siguientes fundamentos: ---- Afirma que el Ministerio Público ha presentado una Apelación Restringida en la que menciona no tener ningún fundamento jurídico; inciso b) de su punto V "DEFECTOS DE LA SENTENCIA" segundo agravio de las pruebas del Ministerio Publico signadas como MP73, 74, 77, 23, 136, 11, 14 y 15 no fueron debidamente valorados conforme al Art, 171 del Código de Procedimiento Penal, mismo que señalan que la sentencia recurrida no cumple con los parámetros que establece el Auto Supremo No. 012/2013, sin realizar ningún fundamento por lo menos factico que vincule dicho Auto Supremo ya que solo refiere a la valoración de la prueba prevista en los Art. 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal, y no refiere al Art 171 invocado por los fiscales en su recurso como inobservancia en la sentencia apelada. En la relación de las pruebas que pretenden hacer revalorizar por el Tribunal de Alzada la prueba MP73, al tratarse de una declaración testifical que no concurrió al juicio y no fue judicializada lo mismo que la prueba MP74 mismo que tampoco fue judicializada, por lo que pretenden inducir en error al Tribunal Alzada pretendiendo que se revise pruebas no judicializadas. En la relación de la prueba MP77 se trata del detalle de retiros de la cuenta de la empresa Catler que realizo el Banco Unión, pero será que este aspecto va a demostrar que soy autor mediato en un asesinato, basados en la facultad potestativa que les otorga el Art. 173 y Art. 359 del Código de Procedimiento Penal y principalmente en la valoración basado en la sana critica, pero además no se puede pretender que el Tribunal de Alzada se convierta en tribunal de segunda instancia procediendo a revalorizar elemento de pruebas que fueron judicializadas. ---- Asimismo, manifiesta que se puede establecer que el recurso de apelación planteado por el Ministerio Publico, no cumple con las exigencias establecidas en el Art. 408 ya que invoca únicamente Art. 171 del Código de Procedimiento penal que refiere a la libertad probatoria y no precisamente a la valoración de prueba, además que el mismo Art. 408 del Código de Procedimiento penal señala de manera taxativa que debe indicar separadamente (para cada caso) y no copiar un Auto supremo Sin fundamento legal el Ministerio publico señala "que el Tribunal de Azada disponga en aplicación al Art. 413 de Código de Procedimiento penal la nulidad de la Sentencia, petitorio que resulta ajeno a la normativa adjetiva penal, toda vez que el Art. 413 da la posibilidad de anular total y la sentencia, que no es precisamente de aplicación para una Apelación Restringida por lo tanto hasta su petitorio esta errado. ---- Por lo que en base estos fundamentos solicitan al Tribunal de Alzada se designen declarar improcedente el recurso de apelación restringida presentada por el Dubravka M. Jordan Velásquez y Eddy Junior Flores Quispe fiscales de Materia. ---- 3. De similar forma, se cuenta con la respuesta efectuada por el LUCIO LAZO CONTRERAS conforme cursa a fojas 6626 a 6627, por el cual responde al recurso opuesto por Dubravka M. Jordan Velásquez y Eddy Junior Flores Quispe Fiscales de Materia, pretensión que enfoca los siguientes fundamentos: ---- El Ministerio Publico presenta una Apelación Restringida en la que menciona en su inc. c) de su punto V 'DEFECTO DE LA SENTENCIA" segundo agravio, que las pruebas del Ministerio Público signadas MPII, 13, 14, 28, 103, 109 y 150 no fueron debidamente valorados, toda vez que se resume en la conclusión que cursa en la pag. 101 de la Sentencia No. 23/2019 corresponde únicamente al punto 4 de las conclusiones de la sentencia, mismos que los fiscales señalan que la sentencia recurrida no cumple con los parámetros que establece el Auto Supremo No. 014/2013, sin realizar ningún fundamento por lo menos factico que vincule Auto Supremo al caso concreto que se apela. El apelante describe una relación de pruebas que inclusive no fueron judicializadas para decir esa pruebas demuestres mi participación de la revisión de las páginas 96 hasta la 101 de Sentencia No. 53/2019, el Ministerio Publico en su alegato utilizo pruebas no judicializada, mencionan aspectos que no corresponden a las declaración testifical mismo que fue descubierto por el Tribunal en su deliberación de las pruebas y declaraciones ahora dicen en su apelación lo mismo que dijeron en su alegatos, es decir aspectos falsos para forzar la verdad. finalmente, el Ministerio Publico afirmaría que por ser empleado de Ernesto Cordova y haberlo visitado en la cárcel un día antes que viaje a los yungas con un dinero ajeno, soy cómplice de asesinato, cuando es lógico sería establecer lo que menciona el Art. 23 del Código de Procedimiento Penal. En la pruebas descritas por los apelantes pretenden hacer revalorizar por el Tribunal de Alzada, ya que el Tribunal a quo ha descrito uno a uno estos elementos de prueba incluida la prueba MP28 que no fue judicializada y no se puede prender que el Tribunal de Alzada se convierta en Tribunal de segunda instancia procediendo a realizar elementos de prueba que no fueron judicializadas y utilizados en los alegatos por lo sujetos procesales. Siendo que el recurso de apelación no cumple con las exigencias establecidas en el Art. 408, ya que únicamente el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal refiere a la libertad probatoria de las partes y no así sobre la valoración de las pruebas. ---- Por otro lado pide al Tribunal de Alzada se dignen a declarar improcedentes el recurso de Apelación Restringida presentada por el Ministerio Publico y confirme la Sentencia No. 53/2019. ---- 4. Por último, se cuenta con la respuesta por ERNESTO COROOVA SANTIBÁÑEZ cursante a fojas 6628 a 6630, por el cual responde al recurso opuesto por Dubravka M. Jordan Velásquez y Eddy Junior Flores Quispe Fiscales de Materia, pretensión que enfoca los siguientes fundamentos: ---- Afirma que el Ministerio Publico presenta una Apelación Restringida en la que menciona en su inc. a) de su punto V "DEFECTO DE LA SENTENCIA" segundo agravio, siendo que sus pruebas promovidas y signadas con la MP3B, 46, 54, SS, 56 y 58 no fueron debidamente valoradas conforme al Art 171 del Código de Procedimiento penal, se resumen en la conclusión que cursa en la Pagina 86 de la Sentencia No. 53/2019, que señala "de todas las pruebas referidas no se han encontrado ningún elemento de convicción relacionados Con el presente caso que se juzgue no se encontró dinero robado, armas de fueron utilizadas documentos que sea de propiedad de los acusados o algún elemento que vincule a Ernesto Cordova con los otros, fundamento que corresponde únicamente al punto 3 de las conclusiones de la sentencia, los fiscales refieren que la sentencia no cumple con los parámetros el Auto Supremo 01412013 procediendo a realizar una transcripción del Auto Supremo No. 014/2013, sin realizar ninguna fundamentación, corno es la existencia taxativa del Art. 408 del Código de Procedimiento Penal y dicho Auto Supremo solo refiera a la valoración de la prueba previsto en los Art. 173 y 359 del Código de Procedimiento penal y no se refiere al Art. 171 de la Ley precitada. ---- En relación de la pruebas descritas los apelantes pretenden hacer revalorizar por el Tribunal de Alzada en la parte de conclusiones del punto 1 hasta el punto 10 de la Sentencia 53/2019, que el Tribunal a quo ha descrito cada uno de estos elemento de prueba (incluida la prueba MP46 que no fue judicializada) basados en la facultad potestativa que le otorga el Art. 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal. ---- Por lo que pide al Tribunal de Alzada se dignen declarar improcedente el recurso de apelación restringida presentada por el Ministerio Publico y confirme la Sentencia No. 53/2019. ---- VIII. CONCLUSIONES, FUNDAMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA FORMULADO POR FRANZ MICHEL RODRIGUEZ CAERO: ----Puestos todos los antecedentes inherentes al presente caso, es que este Tribunal de Alzada llega a las siguientes determinaciones enteramente de orden legal y jurisprudencial: --1. Es imperativo manifestar que el recurso de apelación restringida en su interposición requiere el cumplimiento de ciertas formalidades y presupuestos normativos que exige la ley Penal Adjetiva, en ese sentido este tribunal de Alzada se encuentra en la obligación inexcusable de verificar si los recursos fueron o no planteados dentro del plazo legal que prevé el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal el cual señala “El recurso de apelación restringida será interpuesta por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia…”, al respecto, de la revisión de obrados se tiene que en fecha 11 de octubre de 2019 se notificó al recurrente Franz Michael Rodriguez Caero con los Autos Complementarios de fechas 27 y 30 de Septiembre de 2019, extremo que se encuentra demostrado por el contenido de la diligencia de notificación cursante de fojas 6126 de obrados, circunstancia en relación con la cual se tiene que el recurso de apelación que ocupa nuestra atención fue presentado el 14 de octubre de 2019 conforme se tiene del sello o cargo de recepción impreso a de fojas 6346 vuelta de obrados, en este sentido, efectuados los cómputos respectivos se puede colegir que el recurso de apelación restringida fue puesto dentro del plazo previsto por Ley, en consecuencia evidenciado este extremo el cual posibilita el análisis de fondo por parte de este Tribunal de Alzada. ---- 2. En segundo lugar corresponde referir que de nuevas directrices que ha establecido Código de procedimiento penal y la línea doctrinal sentada por el Máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, se puede deducir que el recurso de apelación restringida es un recurso legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación a las normas sustantivas, en los cuales hubiere incurro durante la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio ante un o Tribunal, así como errores en la sentencia los cuales se consignan en dos esenciales o procedend0"•, no Siendo este medio jerárquico para pretender nacer revalorizar al Tribunal de Alzada la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen tos Jueces o Tribunales inferiores, Sino para los derechos garantías constitucionales los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley, caso en que necesariamente debe preservar y restablecer los derechos y garantías que se hubieran lesionado. ---- En este sentido, ingresando al análisis de este especifico recurso de apelación se tiene que la parte apelante plantea como primer agravio la concurrencia de los defectos de la Sentencia contenidos en el Art. 370 núm. 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal, en merito a que no existiría una correcta valoración de las pruebas y que existiría ausencia de congruencia entre la acusación y la Sentencia; en este sentido manifiesta que los Arts. 6, 124, 216, 342 y 355 del Código de Procedimiento Penal, Arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia, Art. 14 de los Derechos Humanos, se constituyen en preceptos legales que fueron violados. Afirma, que los fundamentos expuestos por la acusación Fiscal y los alegatos realizados por el Ministerio Público se basan en hechos totalmente falsos y no acreditados, siendo que en los alegatos habría fundamentado que mediante declaración informativa de Rufino Rr½ri9uez Coca y la prueba MP118 Se involucraría al recurrente en el hecho ilícito, asimismo que por certificación de 10 de junio de 2009 emitida por el Banco FIE por el cual señala que en fecha 28 de enero se realiza un depósito de 38.000 Sus. a la cuenta bancarla del recurrente se afirma que ese dinero supuestamente seria del atraco, que no existe una correcta valoración de los medios probatorios, por cuanto en la fase de ultimo no se habría demostrado la configuración de los delitos de Robo Agravado Asesinato, siendo que no se empleó el razonamiento de los medios de prueba mediante las reglas de la sana critica, experiencia y la lógica, puesto que la Sentencia no cuenta con una justificación motivada de la comunidad probatoria, siendo que el fallo apelado toma en cuenta solamente el móvil y por exigencia del Ministerio Pinto, puesto que el recurrente seria víctima de una persecución ilegal y al no existir suficiente prueba de cargo el juzgador debería absolver de los delitos indilgados al hoy recurrente. ---- 3.1.- Respecto a este agravio resulta menester invocar la previsión legal contenida en el Art. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal el cual refleja el siguiente texto, “Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba”., resultando de que la interpretación finalista de este precepto jurídico podemos determinar de que el procedimiento penal de forma inequívoca determina tres vertientes para la invocación de defecto de la sentencia .los cuales a caen en las siguientes posibilidades; a) El primero enfoca en calificar que la Sentencia ha sustentado sus fundamentos en hechos falsos e irreales; b) El segundo referente a que la Sentencia sostiene fundamentos que jamás fueron acreditados objetivamente; c) El tercero denota en calificar que la Sentencia es producto d que una defectuosa o mala valoración de los elementos de prueba. En consecuencia, bajo estas tres vertientes referidas el recurrente tiene toda la facultad de poder emplear una o todas ha momento de fundar su recurso de apelación restringida. En esta premisa en el caso de autos el recurrente a tiempo de fundar su pretensión de forma inequívoca y contundente ha inclinado el mismo a la tercera vertiente referente a que la Sentencia se ha sustentado en una defectuosa valoración de las pruebas. ---- 3.2.- Asimismo corresponde precisar que, a tiempo de invocar este defecto, el recurrente está en la obligación de cumplir con ciertos requisitos conforme lo exige la amplia jurisprudencia y en específico el Auto Supremo No. 113/2016 – RRC de fecha 17 de febrero de 2016 emitido por su Sala Penal puesto que no basta invocar la concurrencia de este defecto de la Sentencia, sino que inexcusablemente debe darse al cumplido de ciertos requisitos de procedencia considerado como la carga de ña prueba. En ese contexto puesta la denuncia de una defectuosa valoración de la prueba como defecto de la Sentencia, precepto legal habilitante para una apelación restringida en la misma medida el agravio debe encontrarse estrechamente vinculado con la infracción del Art. 173 del mismo cuerpo legal, es decir debe existir la vulneración de las reglas de la sana critica, lo que implica de quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cual o cuales de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuales las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuales los hechos no ciertos en ,os cuales se encuentra el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente , cuales las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base a ellos, ya que solo en esa medida es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso. ---- En el presente caso el recurrente a tiempo de fundar su recurso de apelación restringida en primera instancia si bien cito las pruebas documentales y testificales como elementos de prueba que serían objeto de una mala valoración, empero de ninguna manera presento la solución pretendida con dichos elementos de prueba y menos hizo referencia a algunas de las reglas de la sana critica que se habrían quebrantado en la emisión de la Sentencia, sin embargo en aplicación del principio pro homine y pro actione este Tribunal de Alzada pasara en realizar el control de logicidad de las pruebas de cuestiona de defectuosa valoración el hoy recurrente. ---- 3.3.- Para ese fin se ha cuestionado los fundamentos expuestos por la acusación Fiscal y los alegatos realizados por el Ministerio Publico ya que los mismos se basarían en hechos totalmente falsos y no acreditados, siendo que en los alegatos se habría fundamentado que mediante declaración informativa de Rufino Rodríguez Coca y la prueba MP118 se lo involucraría al recurrente en el hecho ilícito. De la lectura de este fundamento podemos determinar que el recurrente de forma simplista alega que los hechos de la acusación y alegatos fundamentados por el Ministerio Publico resultarían ser falsos y para dicho fin cuestiona las siguientes pruebas: 1) MP118 y 2) Certificado de 10 de junio de 2009 emitida por el Banco FIE por el cual señala que en fecha 28 de enero se realiza un depósito de 38,000 $us, a la cuenta bancaria del hoy recurrente, dinero que supuestamente seria del atraco, concluyendo que no existe una correcta valoración de los medios probatorios. ---- Ahora bien, para pretender realizar el correspondiente control de logicidad nos remitimos a la Sentencia apelada y determinamos que la prueba MP118 corresponde a unas copias legalizadas del caso FELCCCBBA 0900391, Informe de Intervención `Policial Preventiva o Acción Directa de fecha 28 de enero de 2009, Acta requisa y secuestro de Sandra Mamani Quispe y Rufino Rodríguez, Consiguientemente en el acápite “1.2.-VALORACION INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS PROBATORIOS” y particularmente en su párrafo “I.2.4.2.” efectuó una fundamentación respecto al accionar desplegado por el acusado y recurrente Franz Michel Rodríguez Caero en el que evidentemente le otorga el criterio de valor correspondiente a la prueba documental precitada y en su parte sustancial el Tribunal a quo asume que dicha documental demuestra el nexo causal entre el recurrente y Rufino Rodríguez Caero, más aun cuando del resultado de la requisa se pudo observar una fotografía entre los precitados. ---- En ese entendido el Tribunal a quo de ningún modo asumió plena convicción sobre la responsabilidad del hoy recurrente en los ilícitos acusados, siendo que dicha labor de ningún modo queda concluida con dicha documental; sino más por el contrario tambien analizo las pruebas MP127 referente a un certificado del Banco Fie mismo que hace referencia a un depósito de dinero de 38,000 $us, a la cuenta del hoy recurrente por el que establece que dicho monto de dinero es producto del atraco el cual habría sido depositado al día siguiente de los hechos; tambien la MP138 referente a un informe de 4 de febrero de 2009 donde se manifiesta que el atraco lo habrían realizado el recurrente y Rufino Rodríguez por el cual el Tribunal a quo asume convicción sobre el vínculo estrecho entre los precitados. ---- Entonces a partir de este razonamiento otorgado a dichas documentales el Tribunal de Sentencia A-quo de manera razonada y coherente, y además de manera conjunta, ha llegado a establecer que el hoy recurrente si tuvo plena participación en el atraco que se habría desarrollado en fecha 27 de enero de 2009 al promediar las 09:00 en inmediaciones de la Avenida Tejada Sorzano, No. 601 de la Zona de Miraflores de la ciudad de La Paz el cual dio como resultado la muerte de Jorge O’connor Darlach Taborga. ---- Por las razones expuestas, este Tribunal de Alzada de ningún modo asume convicción sobre la defectuosa valoración que habría efectuado el Tribunal a quo de la documental MP118, mas al contrario la misma ha sido en respeto a las reglas de la sana critica conforme lo ordena el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal. ---- 3.4.- En referencia a la prueba correspondiente al certificado de 10 de junio de 2009 emitida por el Banco FIE por el cual señala que en fecha 28 de enero se realiza un depósito de 38,000 $us., a la cuenta bancaria del recurrente dinero que supuestamente seria del atraco. Corresponde precisar en primera instancia que el recurrente de ningún modo nos señala cual sería la codificación asignada a dicha documental, sin embargo efectuada la labor del control de logicidad asumimos que la misma esta codificada como la MP127, sin embargo de ello tambien corresponde precisar que el recurrente no proporciona fundamento alguno respecto a cómo se habría efectuado el otorgamiento de un valor defectuoso o diferente a dicha documental, sin embargo de ello este Tribunal de Alzada ha realizado un análisis minucioso de la misma en el punto anterior y como emergencia de ello no resulta necesario efectuar nuevamente el análisis, sin embargo sobre el análisis arribado en el punto anterior debemos aditamentar que esta documental de ningún modo fue objeto de una defectuosa valoración siendo que la misma denota el depósito de una suma de dinero que asciende a los 38,000 $us, en una cuenta perteneciente al hoy recurrente mismo que habría sido efectuado un día después del atraco. ---- Ahora bien esta hecho puede ser sujeto de varias tesis sin embargo tambien debemos considerar que el recurrente a tiempo de ejercer su amplio derecho a la defensa tenía toda la posibilidad, aunque no estando obligado a aquello, de justificar de donde adquirió una suma de tal envergadura, aspecto que no ocurrió en el caso de autos y es por ello que el Tribunal a-quo aplicando el sistema de valoración integral y conjunta de la comunidad de las pruebas es que se demostró que dicho dinero es proveniente del atraco. Entonces bajo este esquema valorativo de ningún modo el mismo ingreso en una defectuosa valoración de las pruebas sino más por el contrario el mismo que halla regido conforme lo ordena el ordenamiento adjetivo penal en su Art. 173 del Código de Procedimiento Penal. ---- 3.5.- Por otro lado con relación a la denuncia referente a que el juicio no habría demostrado la configuración de los delitos de Robo Agravado y Asesinato, por cuanto no se empleó el razonamiento el razonamiento de los medios de prueba mediante las reglas de sana critica, experiencia y lógica, puesto que la Sentencia no contaría con una justificación motivada de la comunidad probatoria, siendo que el fallo apelado tomaría en cuenta solamente el móvil y por exigencia del Ministerio Publico; al respecto, es decir con relación con este especifico reclamo, corresponde precisar que dicha afirmación es completamente genérica y reviste un razonamiento plenamente subjetivo, pues producto del control de logicidad de las pruebas en relación, se tiene que el Tribunal de Sentencia A-quo ha concluido razonadamente en sentido de que en referencia al hoy recurrente existiría prueba plena y suficiente para asumir la participación criminal del recurrente de los ilícitos materializados en fecha 27 de enero de 2009, no resultando ser valedero que ante una simple afirmación se pretende aducir la inexistencia de prueba objetiva para ordenar la absolución del recurrente. Dejando plena constancia que el recurrente de ningún modo se constituye en víctima de una persecución ilegal y al no existir suficiente prueba conforme lo afirma el propio recurrente, cuando en los de la materia se ha determinado lo contrario. ---- Por lo que en base a este análisis minucioso podemos determinar la importancia de este agravio, siendo que el Tribunal a quo de ningún modo ha incurrido en una defectuosa valoración de las pruebas. ---- 4.- Como segundo agravio señala que en la ejecución del allanamiento de domicilio de Rufino Rodríguez no se constató la existencia de un mandamiento de allanamiento con forme ordena el Art. 180 en relación al Art. 169 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual las pruebas obtenidas resultarían ser en base a la violación de los derechos y garantías constitucionales por consiguiente por un medio ilícito y en razón de ello deberían ser objeto de exclusión probatoria conforme lo ordena el Art. 172 del Ley 1970. ---- 4.1.- Con referencia a este agravio corresponde precisar que el recurrente cuestiona la inserción a la comunidad de las pruebas de juicio de la prueba documental referente al allanamiento del domicilio de Rufino Rodríguez ya que para realizar el mismo no existiría una orden conforme lo ordena la normativa; al respecto, corresponde señalar que el recurrente de manera totalmente equivocada busca hacer valer esa pretensión ante esta instancia recursiva procesal, cuando el mismo ejerciendo su amplio derecho a la defensa tenía a su alcance y en el momento oportuno la posibilidad de materializar su pedido de exclusión probatoria de esta documental cuando se hizo la inserción a la comunidad de las pruebas, etapa que naturalmente atañe a la fase del juicio oral público y contradictorio, sin embargo debemos manifestar que dicho extremo de ningún modo ocurrió siendo que el propio recurrente no brinda datos respecto a la reserva del derecho de recurrir conforme lo determina el Art. 407 del Código de Procedimiento Penal, y la oportunidad en la cual habría planeado algún incidente de exclusión probatoria que la misma habría sido rechazada o declarada improcedente. ---- A ello se suma que dicha pretensión reviste de un fundamento inclinado a que este Tribunal de Alzada de oficio corrija una supuesta anomalía al señalar que debió efectuarse la exclusión probatoria de dicho documental, razón por la cual en base a estos extremos de ningún modo resulta procedente este agravio siendo que la labor de efectuar la exclusión probatoria les corresponde a los sujetos procesales y no así al Tribunal o Juez de Sentencia. Por lo que en torno a ello determinamos la improcedencia de este agravio denunciado por el hoy recurrente. ---- 5.- Como tercer agravio señala que ante la aprehensión de Rufino Rodríguez, quien portaba la suma de 50.000$us., debe tomarse en cuenta que el monto sustraído y encontrado son totalmente diferentes; la ciudad de robo fue en La Paz y el dinero encontrado en fue en Cochabamba; además que desde el momento del robo hasta la aprehensión pasaron más de 24 horas siendo que después del hecho se dio alerta para controlar las entradas y salidas de cada ciudad, y que su aprehensión se habría producido cuando él se manejaba una motocicleta con su esposa llevando una bolsa de pañales. Continua afirmando que una vez secuestrado el dinero del atraco el mismo se hallaba en manos de la policía quien podía haber realizado las pericias para determinar si en los billetes estaba las huellas de la víctima o de las otras dos personas que realizaron el retiro, actuación con la cual se podría demostrar el origen del dinero que se encontraba en poder del recurrente. Por lo que dichos extremos debieron haber sido considerados en la investigación para luego hacer valer el mismo ante el contradictorio en el ejercicio del derecho a la defensa, el cual no ocurrió ya que la investigación no precautelo el principio de la objetividad contenida por el Art. 72 del Código de Procedimiento Penal y como consecuencia se presumió la culpabilidad del recurrente. Continúa afirmando que no existe prueba documental, testifical o instrumental que acredite que l recurrente se encontraba a tiempo de producirse el atraco; que el dinero depositado a la cuenta del recurrente provenga de los hechos criminales; como tambien la vinculación del recurrente a los hechos criminales seria producto de una presunción. ---- 5.1.- Con referencia a este agravio este Tribunal de Alzada verifica que el mismo se encuentra referido a los hechos relativos a la participación del co-acusado Rufino Rodríguez, pues en el momento de su aprehensión el portaba la suma de 50.000$us., circunstancia en relación con la cual afirma que el Tribunal a-quo debió tomar en cuenta lo siguiente: a)que le monto sustraído y encontrado son totalmente diferentes; que la ciudad del robo fue La Paz y el dinero encontrado fue hallado en Cochabamba; b) desde el momento del robo hasta su aprehensión pasaron más de 24 horas siendo que después del hecho se dio alerta para controlar las entradas y salidas de cada ciudad; c) la aprehensión misma se habría producido cuando manejaba una motocicleta con su esposa llevando una bolsa de pañales. d) Que, una vez secuestrado el dinero del atraco y que el mismo se hallaba en manos de la Policía, bien se podría haber realizado las precisas para determinar si en los billetes estaban las huellas de la víctima u otras dos personas que realizaron el retiro, por lo que de ningún modo se aplicó el principio de objetividad en la fase de investigación. ---- Respecto a estos cuatro extremos que el apelante solicita se tomen en cuenta, debemos entender que los mismos básicamente se constituyen en la tesis propia y por tanto totalmente subjetiva del acusado apelante, con la cual eventualmente demostraría una verdad material diferente a la arribada por el Tribunal a-quo, sin embargo de ello tambien debemos tener presente que dichas teorías debieron ser puestas y aplacidas a tiempo de asumir defensa en su fase procesal correspondiente lo cual indubitablemente le corresponde al recurrente y su defensa técnica, por lo que ningún modo le corresponde al Tribunal a quo o en su caso a este Tribunal de Alzada el verificar la verdad de dichas teorías pues de pretender realizarlo quebrantaríamos uno de los principios rectores que rigen en los de la materia como ser el principio de imparcialidad contenido por el Art. 178 I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, más aun cuando las mismas se hallan circunscritas en meras afirmaciones por el recurrente que de ningún modo contemplan prueba objetiva que acredite ello. ---- Por lo que en base a este extremo determinamos que esta denuncia se halla totalmente equivocada y por ello se torna totalmente improcedente. ---- 5.2.- Como otra denuncia contenida en este agravio se infiere que en el caso concreto no existe prueba documental, testifical o instrumental que acredite que el recurrente se encontraba a tiempo de producirse el atraco; que el dinero depositado a la cuenta del recurrente provenga de los hechos criminales; como tambien la vinculación del recurrente a los hechos criminales seria producto de una presunción. ---- Con referencia a esta denuncia el recurrente debe tener presente que dicha aseveración es totalmente adjetiva y se constituye en una teoría totalmente ajena a la verdad de los hechos, puesto que el Tribunal de Sentencia A-quo, a partir de la valoración probatoria que ha sido analizada en su control de logicidad por este tribunal de Alzada, ha asumido plena convicción sobre la participación criminal del recurrente en los hechos acusados; conforme se ha desarrollado de forma minuciosa y amplia en los puntos “3.3; 3.4 y 3.5” del presente título donde identificamos toda la prueba que haciendo sido valorada por el Tribunal A-quo demostraría su plena participación, razón por la cual de ningún modo el recurrente con una simple afirmación puede aducir ausencia de la culpabilidad que ha sido declarada producto del juicio, más aun cuando el mismo de ningún modo nos presenta y menos produce prueba alguna que demuestre lo contrario. ---- Por los fundamentos y razonamientos que han sido ampliamente expuestos, determinamos que el Tribunal a-quo de ningún modo quebranto las normas que rigen en materia procesal penal a tiempo de emitir el fallo apelado, merito por el cual se declara la inexistencia de los agravios denunciados. ---- IX. CONCLUSIONES, FUNDAMENTACION Y ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO ---- 1. Se reitera que el recurso de apelación restringida en su interposición refiere el cumplimiento de ciertas formalidades y presupuestos normativos que exige la Ley Penal Adjetiva, en ese sentido este Tribunal de Alzada se encuentra en la obligación inexcusable de verificar si los recursos fueron o no planteados dentro del plazo legal que prevé el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal el cual señala “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificación la sentencia…” ---- Al respecto, de revisión de obrados se tiene que en fecha 09 de octubre de 2019 se notificó a los recurrentes Dubravka M. Jordan Velásquez y Eddy Junior Flores Quispe fiscales de Materia con los Autos complementarios de fechas 27 y 30 de Septiembre de 2019, extremo que se encuentra demostrado por el contenido de la diligencia de notificación cursante de fojas 6125 de obrados, circunstancia en relación con la cual se tiene que el recurso de apelación que ocupa nuestra atención fue presentado el 30 de octubre de 2019 conforme se tiene del sello o cargo de recepción impreso a de fojas 6360 de obrados, en este sentido, efectuados los cómputos respectivos se puede colegir que el recurso de apelación restringida fue opuesto dentro del plazo previsto por Ley, en consecuencia evidenciado este extremo el cual posibilita el análisis de fondo por parte de este Tribunal de Alzada. ---- 2. Ya ingresando al análisis mismo de la apelación del Ministerio Público, se tiene que los Fiscales de Materia como primer agravio señalan la errónea aplicación de la Ley al no haberse aplicado la Ley con relación al delito de Asociación Delictuosa en relación a la participación de los ahora condenados, incurriendo con ello en el defecto de la sentencia contenido por el Art. 370 núm. 8) del Código de Procedimiento Penal ya que existiría "la contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la sentencia impugnada, pues en la parte considerativa del fallo apelado se tiene que los coacusados Rufino Rodríguez Coca y Franz Michelle Rodríguez Caero fueron acusados por Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa, conforme se evidencia del Auto de Apertura de juicio, sin embargo, en el fallo apelado en su punto "I.2.4.1.", y luego en su parte dispositiva obvia en su totalidad el pronunciamiento respecto al tipo penal de Asociación Delictuosa previsto por el Art. 132 del Código Penal, existiendo una total contradicción entre la parte considerativa dispositiva por la falta de pronunciamiento del tipo penal de Asotið0ón Delictuosa, vulnerando así la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 2221/2012 de 8 de noviembre de 2012, misma que hace referencia respecto a la debida fundamentación de toda Resolución judicial y la congruencia que debe existir entre lo pedido y resuelto. Invoca Auto Supremo No. 239/2012 de 3 de octubre de 2012 mismo por el cual el Tribunal de Sentencia no puede incluir ni modificar de oficio nuevos hechos en el contradictorio que no hubieran sido parte del pliego acusatorio. Razón por la cual el fallo apelado vulnera el debido proceso en su vertiente de principio de certeza. ---- 2.1. Con la finalidad de poder verificar la veracidad o no de este agravio corresponde remitirnos a loa antecedentes que cursan en la presente causa y de su revisión se cuenta con el Auto de Apertura de Juicio Oral, Publico y contradictorio en contra de los co- acusados Rufino Rodríguez Coca y Franz Michelle Rodríguez Caero, el cual habría sido emitido por los delitos de ASESINATO, ROBO AGRAVADO y ASOCIACION DELICTUOSA, en similar sentido de los fundamentos contenidos en la Sentencia No. 53/2019 de 6 de septiembre de 2019, particularmente en su acápite “I.2.- VALORACION INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMAS ELEMENTOS PROBATORIOS” y demás especificaciones en su punto “I.2.4.1.-“ se verificara que el Tribunal a quo de manera clara inequívoca señala que los acusados serían los precitados; sin embargo, continuando con la revisión del fallo apelado se logra verifica que en su acápite “IV.- PARTE POSITIVA” del Tribunal a quo a tiempo de pronunciarse en relación a la culpabilidad de los tipos penales respecto a los co-acusados Rufino Rodríguez Coca y Franz Michelle Rodríguez Caero de ningún se pronuncia en relación al tipo penal de Asociación Delictuosa, siendo que simple y llanamente se enfoca en los de ilícitos de Asesinato y Robo Agravado. En consecuencia bajo este extremo debemos determinar que hasta este punto lo aseverado por el Ministerio Publico es cierto y evidente. ---- 2.2. Entonces en merito a lo manifestado precedentemente, lo cual tiene base probatoria en las piezas que se han individualizado, se evidencia la existencia de una incongruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, en virtud a que el Auto de Apertura en relación a los Co-acusados Rufino Rodríguez Coca y Franz Michelle Rodríguez Caero inicia por los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa, mismo que tambien es ratificado por la sentencia en sus fundamentos, empero por un lapsus calamis o una omisión involuntaria el Tribunal a quo no se pronuncia para nada en relación al tipo penal de Asociación Delictuosa, extremo que posiblemente resulta atribuible en torno a la complejidad que representa el caso de autos. ---- Sin embargo, en relación al defecto que acaba de ser detectado, conforme el último párrafo del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal este Tribunal de Alzada puede emitir una nueva sentencia y corregir los defectos incurridos por el juez o Tribunal a quo disposición legal que señala lo siguiente; “ los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularan, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el computo de penas. Asimismo, el tribunal, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria”, asimismo tambien es menester señalar que dicho fundamento jurídico se halla ampliamente refrendado por la línea jurisprudencial y en merito a ello invocamos el Auto Supremo No. 377/2012 de 19 de diciembre 2012 que señala lo siguiente “Por mandato de los arts. 413 parte in fine y 414 Código de Procedimiento Penal, el Tribunal de Apelación, debe anular la Sentencia total o parcialmente y ordenar el juicio de reenvió únicamente cuando sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación; caso contrario aplicando debidamente el principio de economía procesal debe resolver directamente tomando en cuenta la prueba judicializada y valorada por el juez inferior, rectificando los errores de derecho en la fundamentación que no hayan influido en la parte dispositiva, así como los errores y omisiones formales y los que s e refieran a la imposición o el computo de la pena. Del mismo modo el Tribunal puede realizar una fundamentación complementaria si así lo exige el caso, sin que ella signifique revalorización de la prueba, sino rectificación de los fundamentos conforme establece el Art. 414 señalando precedentemente (las negrillas son nuestras), en esa secuencia este Tribunal de Alzada otorga estricta aplicación a lo establecido por el fallo jurisprudencial citado. ---- 2.4. En este sentido, ya incursionado el análisis respecto a la participación de los co-acusados Rufino Rodríguez Coca y Franz Michelle Rodríguez Caero sobre la presunta comisión del Delito de Asociación Delictuosa mismo que se halla previsto y sancionado por el Art. 132 del Código Penal que señala el siguiente texto “El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, destinada a cometer delitos será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año.(las negrillas nos pertenecen)”. ---- En ese sentido corresponden precisar que el verbo rector para la configuración de este ilícito recae en la exigencia de cuatro o más personas asociadas entre sí, en ese entendido corresponde precisar si en el caso de autos se cumple o no dicho requisitos para determinar la culpabilidad o su absolución. Para ese efecto es de total transcendencia determinar Tribunal a quo en sus fundamentos del fallo apelado ha o no verificado dicho extremo, razón por la cual nuevamente remitimos a los fundamentos de la Sentencia y particularmente al acápite “I.2.-VALORACIÓN INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS PROBATORIOS" y en sus puntos "I.2.4.1.- RESPECTO A PARTICIPACIÓN DE RUFINO ROORIGUEZ COCA" y "I.2.4.2.. RESPECTO A LAPARTICIPACIÓN DE FRANZ MICHEL RODRIGUEZ", acápites en los cuales el Tribunal a quo de forma minuciosa e integra pasa en efectuar el análisis de elementos de prueba respecto a los precitados. Más adelante el mismo Tribunal en acápite “II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DERECHO Y DOCTRINALES" en su conclusión "II.1.-" referente a la participación de los acusados Rufino Rodríguez Coca Franz Michel Rodríguez arriba a la conclusión en el que los mismos encuadraron su accionar a los delitos de Asesinato y Robo Agravado. Ahora bien corresponde precisar que este Tribunal de Alzada ha centrado su análisis de los acápites precitados mismos que corresponden a la fundamentación valorativa y jurid.ca en el cual ejerciendo el control de logicidad y de la legalidad se arriba a la conclusión de que no existe acciones Como tampoco elementos prueba que acredite e' verbo rector respecto a la asociación de Cuatro o más personas ello con la finalidad de poder subsumir el accionar de los co-acusados en el tipo pena' de la Asociación Delictuosa. En consecuencia, bajo esta premisa de ningún modo podemos determinar que los ahora acusados Sean también autores del ilícito precitado. ---- 2.5. Este razonamiento arribado precedentemente Cobra mayor relevancia en virtud a que de que el Ministerio Público a tiempo de fundar su pretensión respecto este agravio de ningún modo ha producido, presentado y menos ofrecido elementos de prueba, sea en documental o testifical que acredite el elemento rector de la sociedad delictuosa de cuatro o más personas, más aun cuando la del iter criminis sostenida por el propio Ministerio Público señala su grado de participación de Rufino Rodríguez Coca y Franz Michel Rodríguez consistiría en lo siguiente”……, lugar done descendieron del vehículo Jorge O`connor Darlach Taborga “ofendido” y Mario Ángel Cossío Me Galen portando los maletines con el dinero cobrado, los cuales fueron interceptados por dos personas posteriormente identificados como Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Rodríguez Caero que descendieron de una motocicleta, portando armas de fuego con la finalidad de apoderarse de los maletines ejerciendo fuerza, violencia e intimidación, aclarando que Jorge O’connor Darlach Taborga portaba en su maletín la suma de 300.000 $us (…) y Mario Ángel Cossio Me Galen portaba otro maletín con la suma de 150.000 $us impedir el apoderamiento de los dos maletines, Rufino Rodríguez Coca procede a disparar en contra de su humanidad; materializadas estas acciones Rufino Rodríguez Coca procede a disparar contra su humanidad; materializad estas acciones Rufino Rodríguez y Franz Michael Rodríguez Caero se dieron a la fuga del lugar de los hechos en posesión de los dos maletines de dinero en la suma de 450.000$us”. ---- Entonces del análisis de este iter criminis podemos determinar indubitablemente que Rufino Rodriguez Coca y Franz Michael Rodriguez Caero resultarían ser las dos personas que habrían sido los autores materiales de los hechos criminales por lo que han sido sentenciados, entonces de ningún modo se cuenta con las participación de 4 o más personas conforme lo exige el tipo penal en este especifico hecho o accionar. ---- Adicionalmente ,tambien este este tribunal de Alzada asume convicción sobre las personas que ocupaban un vehículo caldina quienes responderían a los nombres de Ernesto Cordova Santibañez, Yerko Soto, Ariel Carlos Montaño y Sandra verónica Mamani quienes simplemente habrían observado prestos a salir ante cualquier inconveniente y consolidar la huida. Empero estas tesis simplemente se torna en enunciativa ya que no existe directa de estas personas y razón de ello es que el Tribunal a quo los absuelve de tipos penales de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa. ---- 2.6. Por qué en base a todos estos antecedentes analizados y compulsados todos los aspectos vinculados al agravio denunciado por el Ministerio Público arribamos a la conclusión de que el mismo es viable en cierta parte debido a que el Tribunal a quo incurre en un incongruencia entre la parte considerativa dispositiva al no pronunciarse sobre el tipo penal de Asociación Delictuosa en relación a Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Caero, empero de ningún modo se cuenta con prueba suficiente para determinar su culpabilidad del ilícito observado en el caso de autos. Por consiguiente, conforme se ha establecido precedentemente la facultad con la que cuenta este Tribunal de Alzada de reparar de manera directa conforme lo determina los Arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Pena' será materializada a tiempo de emitir la parte del presente auto de vista. ---- 3. Como segundo agravio, el Ministerio Público invoca el defecto de la Sentencia contenido por el Art. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal, puesto que el fallo apelado se basa en una defectuosa valoración de la prueba, puesto que el Tribunal a quo habría abusado del principio de la libre valoración al arribar a un razonamiento insensato en cuanto a la participación de Ernesto Vladimir Cordova Santibáñez. Luis Fernando Cordova Santibáñez y Lucio Lazo Contreras en grado de Autores por la comisión los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa en grado de complicidad, pues la Resolución apelada establecería en su punto "I.2.- VALORACIÓN INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS PROBATORIOS" con relación a la defectuosa valoración en analogía del acusado Ernesto Vladimir Cordova Santibáñez pues las pruebas presentadas por el Ministerio Publico codificadas como ,las MP38, 46, 54, 55, 56, 57 y 58 como tambien la 61, 62 y 90 no fueron debidamente valoradas conforme ordena el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues el fundamento para absolver se resume en que dichas pruebas no generan convicción en el caso concreto al no encontrarse el dinero robado, las armas empleadas o algún elemento que vincule al precitado, empero esta fundamentación no cumple con el Auto Supremo No. 014/2013 – RRC de 06 de febrero de 2013 que determina que el Juez o Tribunal de Sentencia debe otorgar valor probatoria a las pruebas de forma integral y conjunta demostrando las razones de su convencimiento demostrando el nexo causal de las negaciones y afirmaciones, quedando prohibido las meras conjeturas y presunciones, siendo que en el fallo apelado no da cumplimiento aña sistema de valoración de la sana critica, pues los medios de prueba sostiene la autoría intelectual y participación pues el día de los hechos el acusado tenía conocimiento del atraco a realizarse el 27 de enero de 2009 en inmediaciones de la avenida Tejada Sorzano y se tiene por demostrado la relación de la causalidad material de esta persona en el hecho acusado, Similar sentido ocurre en la fundamentación refiere a Luis Fernando Cordova Santibáñez pues en el acápite 1, 2, 4, 5 de la Sentencia el Tribunal a quo señala que las pruebas producidas por el Ministerio Publico Consistentes en la MP73, 74, 77, 23, 136, 11, 14 Y 15 no fueron debidamente valorados pues el fallo apelado señala como fundamento de la absolución que dichas pruebas no se encuentra elemento que vincule al precitado en los delitos indilgados, empero dichas pruebas acreditan que el mismo tenia pleno conocimiento de las transacciones económicas efectuadas el 27 de enero de 2009 del Banco Unión S.A., donde Jorge O’connor Dalarch y otras personas retiraron sumas económicas por las adjudicaciones efectuadas en YPFB y en razón de ello este acusado es autor mediato al acreditar la relacion de causalidad material en el hecho criminal. ---- Finalmente, el Ministerio Publico manifiesta que el mismo extremo ocurre con relación al acusado Lucio Lazo Contreras en el punto 1,2,4 y 6 el tribunal a quo señala que las pruebas presentadas por el Ministerio Publico codificadas MP11, 103, 109, 13, 14, 28, 50, 150, 138, 14 y 50 no fueron debidamente valoradas pues el razonamiento de la absolución se tiene que si bien se encontró la libreta militar de Ernesto Cordova en el domicilio de Lucio Lazo y que el 16 de febrero de 2009 visito a Ernesto Cordova al penal de San Pedro, empero no se demuestra la complicidad del hecho que se juzga ya que no se demostró que este estaba en posesión de alguna arma o que haya ayudado con el atraco. Empero el Tribunal a quo no ha considerado que Lucio Lazo era empleado de Ernesto Cordova y como prueba de ello se tiene que este visito lo visito en el penal el 16 de febrero de 2009 y el 17 de febrero saco 138.000 $us., con destino a los yungas prueba suficiente para determinar la complicidad al existir el nexo de causalidad ya que dicho dinero es parte del atraco, por consiguiente dichas pruebas demuestran la complicidad del acusado en el delito y por ende la Sentencia no realiza una correcta valoración de las pruebas y la misma de ningún modo demuestra con que elementos de prueba llega a demostrar la absolución de los acusados precitados. ---- 3.1. Respecto a este agravio resulta menester invocar la previsión legal contenida en el Art. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal el cual refleja el siguiente texto “que la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba;”, resultando que de la interpretación finalista de este precepto jurídico podemos determinar que el procedimiento penal de forma inequívoca determina tres vertientes para la invocación de defecto de la Sentencia los cuales acaecen en las siguientes posibilidades: a) El primero enfoca en calificar que la Sentencia ha sustentado sus fundamentos en hechos falsos e irreales; b) El segundo referente a que la Sentencia sostiene fundamentos que jamás fueron acreditados objetivamente; c) El tercero denota en calificar que la Sentencia es producto de una defectuosa o mala valoración de los elementos de prueba. En consecuencia bajo estas tres vertientes referidas el recurrente tiene toda la facultad de poder emplear de una o todas ha momento de fundar su recurso de apelación restringida. En esta premisa en el caso de autos la institución recurrente a tiempo de fundar su pretensión de forma inequívoca y contundente ha inclinado el mismo a la tercera vertiente referente a que la Sentencia incurre en una defectuosa valoración de las pruebas, para que este Tribunal de Alzada analiza de manera individual empleando el control de logicidad de las pruebas con el que se halla facultado. ---- 3.2. Previo a ingresar al control de logicidad debemos tener presente los alcances de dicha facultad con la que cuenta un Tribunal de Alzada y para ello invocamos el Auto Supremo No. 282/2016-RRC de 21 de abril de 2016 pronunciada por su Sala Penal que determino lo siguiente “Aunque la pretensión valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de ,los hechos) de la sentencia son inatocables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificara a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la santa critica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. (las negrillas son nuestras)”.Entonces trazados los parámetros para poder efectuar la operación del control de logicidad pasamos a su análisis inmediatamente. ---- 3.3. Con relacion a la participación Ernesto Vladimir Cordova Santivañez señalan que las pruebas presentadas por el Ministerio Publico codificadas como las MP38, 46, 54, 55, 56, 57 y 58 como tambien la 61, 62 y 90 no fueron debidamente valoradas conforme ordena el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, pues el fundamento del Tribunal de Sentencia A-quo para absolver se resumiría en que dichas pruebas no generaron convicción en el caso concreto al no encontrarse el dinero robado, las armas empleadas o algún elemento que vincule al precitado, empero los medios de prueba sostendrían la autoría intelectual y participación de esta persona, pues el día de los hechos el acusado tenía conocimiento del atraco a realizarse el indicado 27 de enero de 2009 en inmediaciones de la Avenida Tejada Sorzano, de manera tal que se tendría por demostrada la relacion de la causalidad material de esta persona en el hecho acusado. ---- Entonces para ese efecto nos remitimos a la Sentencia apelada, la cual en su acápite “I.2.- VALORACION INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMAS ELEMENTOS PROBATORIOS” y particularmente en su punto “I.2.4.4.” el Tribunal a quo realiza un análisis minucioso respecto a la participación del precitado, en ese contexto con la finalidad de poder realizar un mejor análisis es que pasamos a precisar las pruebas denunciadas de defectuosa valoración, para dicho fin la prueba MP38 corresponde a un acta de recepción de 30 de enero de 2009 por el cual Milton Cupi Conde hace la entrega de un casco negro puesto que Ernesto Cordova le habría entregado el mismo y tomado conocimiento de los hechos delictivos y en razón de ello hace la entrega del mismo; MP46 declaración informativa de Milton Cupi quien señala conocer y reconoce a Ernesto Cordova mediante el desfile identificativo; MP54, 55, 56, 57 y 58 mismas que son actas de identificación personal con relacion a Ernesto Cordova Santibañez; MP61 y 62 referentes a informe identificativo de Rufino Rodríguez Coca y finalmente la MP90 referente a un dictamen pericial respecto a Ernesto Cordova Santibañez; básicamente todos estos elementos de prueba son los cuestionados por Ministerio Publico como aquellos que han sido objeto de defectuosa valoración, por consiguiente pasamos a su análisis individual de cada una de ellas. ---- Para ese fin en referencia a la prueba MP38 corresponde precisar que el tribunal a quo le otorga el criterio de valor de que no se tiene plena certeza de que color es el casco que dejo Ernesto Cordova a la persona de Milton Cupi Conde en merito a que este último señalo que fuera de color negro empero de esta prueba se tiene que el mismo fue es de color plomo y ante la inexistencia de pericias genéticas para la obtención de sudor, pelos caspa u otro elemento para determinar que el mismo es irrelevante al no generar certeza. Entonces este criterio de valor se halla totalmente inmerso en las reglas de la sana critica, lógica y sentido común, en virtud a que existe una contradicción inminente en la atestación del testigo que genero este indicio que sería Milton Cupi Conde ya que el de forma categórica señalo que el casco entregado seria de color negro, empero existe otra prueba que demostraría que sería de color plomo, entonces con la finalidad de poder determinar si el mismo le correspondía o no al acusado Ernesto Cordova el Ministerio Publico como director de la investigación bien pudo haber efectuado pericias genéticas con la sustentar dicha tesis extremo que no ocurrió y precisamente en merito a ello es que el valor otorgado es totalmente correcto y certero. ---- Con relacion a las MP46 en referencia a esta prueba este Tribunal de Alzada no ingresa a su análisis respectivo puesto que dicha atestación prestada por Milton Cupi Conde fue realizado en la fase de la investigación empero de ningún modo reproducido en la fase del juicio como tal y es precisamente en merito a ello que el Tribunal a quo no paso a su valoración extremo que es totalmente compartido por este Tribunal de Alzada, ya que las declaraciones de los testigos, bajo el principio de oralidad e inmediación de manera inexcusable tienen que ser producidas efectivamente en el juicio y ante el Tribunal, para permitir el contradictorio que se da en el interrogatorio y contra interrogatorio. ---- En relacion a las pruebas MP54, 55, 57, 58, 61 Y 62 referentes a un desfile identificativo, en las cuales el testigo Milton Cupi Conde reconoce a Ernesto Cordova, ello es totalmente cierto y evidente debido a que ambos tenían una relacion comercial siendo que este último era su anticresista del testigo, por consiguiente si bien genera convicción sobre la identificación del implicado, empero ello es con total anterioridad ya que entre ellos existió un vínculo contractual y por esos razonamientos este criterio de valor resulta ser totalmente coherente que de ningún modo quebranta las reglas de la sana critica como pretende entrever el Ministerio Publico. ---- Finalmente, con relacion a la prueba MP56 el Tribunal a quo no valora la misma en merito a que no se habría cumplido las reglas del desfile identificativo en virtud a que el propio investigador participio en el desfile identificativo, por lo que ello no merece el análisis del control de logicidad. ---- Para concluir, en referencia a la prueba MP90 respecto a ello si bien esta pericia denotaría cierta implicancia al acusado Ernesto Cordova en el caso concreto, empero tambien no es menos cierto y evidente que tambien existen declaraciones de testigos presenciales como Hugo Tapia y Pedro Miranda quienes señalaron que los atracadores eran altos y flacos mismo que de ningún modo se asemejan a la estructura física de Ernesto Cordova quien es bajo y gruesa, a ello tambien se suma un aspecto importante que versa en las declaraciones del investigador asignado al caso Sgto. Juan Callisaya Quispe quien declaro al Tribunal a quo la excesiva presión por parte del Ministerio de Gobierno donde se reunían a puerta cerradas, quienes entregaban requerimientos y sobre todo decían que hay que hundirlos a los hermanos Cordova porque eran amigos de O’connor, como tambien el hecho de que el Ministro de Gobierno desarrollaba el rol de directores de la investigación, entonces este criterio de valor otorgado por el Tribunal a quo es totalmente coherente y valedero en merito a que la prueba analizada ha sido totalmente rebasada y enervada por otros elementos de prueba. ---- En conclusión en este punto podemos concluir en sentido de que el tribunal a quo de ningún modo ha quebrantado las reglas de la sana critica conforme lo señala el Ministerio Público, mas al contrario ha observado y respetado dichas reglas, como tambien ha respetado las reglas que rigen la actividad probatoria contenida por el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal. ---- 3.4. Con referencia a defectuosa valoración de las pruebas referentes a la participación de Luis Fernando Cordova Santibañez se tiene que los apelantes, es decir el Ministerio Publico, afirma que en la acápite 1.2.4.5 de la Sentencia el Tribunal a-quo señala que las pruebas producidas por el Ministerio Publico consistentes en la MP73, 74, 77, 23, 136, 11, 14, Y 15 no fueron debidamente valorados pues el fallo apelado señala como fundamento de la absolución que en dichas pruebas acreditarían que el mismo tenia pleno conocimiento de las transacciones económicas efectuadas el 27 de enero de 2009 en el Banco Unión S.A., donde Jorge O’connor Dalarch y otras personas retiraron sumas económicas por las adjudicaciones efectuadas en YPFB y en razón de ello este acusado resultaría ser autor mediato al acreditar la relacion de causalidad material en el hecho criminal. ---- Entonces para ese efecto nos remitimos a la Sentencia apelada en su acápite”I.2.- VALORACION INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMAS ELEMENTOS PROBATORIOS” y particularmente en su punto “I.2.4.5.”, parte de la sentencia en la cual el Tribunal a-quo realiza un análisis minucioso respecto a la participación del precitado, en ese contexto con la finalidad de poder realizare un mejor análisis es que pasamos a precisar las pruebas denuncias de defectuosa valoración para dicho fin la prueba MP73 correspondiente un acta de declaración de Miguel O’connor de fecha 27 de enero de 2009; MP74 tambien un acta de declaración de Mario Cossio en fecha 27 de enero de 2009, en referencia a estas pruebas este Tribunal de Alzada no ingresar a su análisis de logicidad respectivo puesto que dichas atestaciones fueron realizadas en la fase de la investigación empero de ningún modo fue producido en la fase del juicio como tal y es precisamente en merito a ello que el Tribunal a quo no paso a su valoración extremo que es totalmente compartido por este Tribunal de Alzada. ---- En relacion a la prueba MP77, consiste en una nota del Banco Unión en la cual se evidencia palcas fotográficas de Fernando Cordova en las bóvedas de dicho banco y extracto de las cuentas de Catler Uniservice, documento en relacion al cual el Tribunal a-quo determina que la misma no es pericia alguna sino una nota misma que se torna en irrelevante en merito a que la misma de ningún modo criminal al acusado en relacion con el atraco al acusado Fernando Cordova. ---- La prueba MP23 referente a un acta de inspección técnico ocular de 27 de enero de 2009 se tiene que el implicado habría señalado que sería asesor legal de la Empresa Catler Uniservice empero por otra atestación tambien refirió que el mismo ya no trabajaba con O’connor hace un mes del día de los hechos, empero el tribunal a quo señala que dicha contradicción no generaría convicción para sustentar su autoría con el atraco, criterio de valor que es totalmente valedero en virtud a que esta prueba de ningún modo refleja vínculo directo con el atraco suscitado el día de los hechos. ---- Sobre la prueba MP136 referente a un respuesta de requerimiento fiscal sobre la triangulación de llamadas del número 77267870 mismo que no demuestra movimiento alguno; MP11 informes de investigadores de allanamientos de los locales el Caballito, Taypi, Ticoco y Media Naranja, como el domicilio de Luis Fernando Cordova Santibañez; MP14 solicitud de allanamiento y finalmente la MP15 informe de allanamiento de fecha 5 de febrero de 2009; respecto a estos últimos elementos de prueba corresponde precisar que el Tribunal a quo señala que no se habría encontrado ningún elemento de convicción relacionado con el presente caso que se juzga, no se encontró el dinero robado, armas que fueron utilizadas, documentos de propiedad pertenecientes a los acusados o algún elemento que vincule a Luis Fernando Cordova Santibañez, este criterio de valor es totalmente coherente que guarda congruencia con las reglas de la sana critica, en mérito de que si bien existió diferentes requerimientos y allanamientos empero el resultado que arrojo los mismos de ningún modo vinculan los hechos criminales al acusado precitado, por lo que el resultado lógico y jurídico del mismo es que dichas pruebas son irrelevantes que no generan convicción alguna, por consiguiente el Ministerio Publico al denunciar de la defectuosa valoración de todas estas pruebas de ningún modo ha precisado cual sería la convicción de las mismas que denotarían lo postura contraria a la asumida por el Tribunal a quo, siendo que su labor es totalmente genérica al tildar de defectuosa valoración de las pruebas sin precisar de cómo o porque dichas pruebas generarían convicción respecto a la participación del hecho criminoso en relación al acusado Fernando Cordova Santibañez. ---- 3.5. Finalmente, con relacion a la defectuosa valoración de las pruebas en relacion a la participación de Lucio Lazo Contreras, el Ministerio Publico en su rol de apelante refiere que el punto “1,2,4y6” de la Sentencia del Tribunal a quo señala que las pruebas presentadas por el Ministerio Publico codificadas como MP11 referente a que el precitado habría visitado en el penal de San Pedro a Ernesto Cordova; MP103 informe en el cual se habría encontrado a Lucio Lazo Contreras en el camino a Caranavi en el sector de la rinconada con la suma de 132.800 $us.; MP109 Informe sobre el cacheo de los Fiscales de materia en el que se evidencia que el implicado se encontraba nervioso en el cacheo; MP13 allanamiento y acta de secuestro del domicilio de Ernesto Cordova una libreta de servicio militar perteneciente a Lucio Lazo; MP14 colección de elementos que tienen identificación con Lucio Lazo; Ministerio Publico 28 declaración de Juan Marcelo Quiroga; MP50 entrega de los 132.800 $us.; MP150 acta de entrega de dinero secuestrado; MP138 acta de recepción de indicios de convicción fotocopias de dinero; El valor de criterio que le otorga el Tribunal a quo a todas estas documentales se plasma en determinar que las pruebas de los diferentes extractos de llamadas de varias empresas de telecomunicación empero la mismas de ningún modo de prueba dicha afirmación. Como tambien a la libreta de servicio militar infiere que ello no prueba relacion con los hechos criminosos y finalmente el dinero incautado secuestrado de ningún modo guarda relacion con la tesis acusatoria ya los cortes que contenían eran de 20, 50 y 100 Dólares; Entonces todo ese criterio de valor que otorgo el Tribunal a quo es totalmente coherente que respeta las reglas de la sana critica, siendo que tanto la libreta de servicio militar hallada en el domicilio de Ernesto Cordova es debido a que sería su trabajador y en referencia al dinero secuestrado los cotes de billetes serian totalmente diferentes a los que señala la tesis acusatoria. Entonces bajo estos parámetros podemos determinar que de ningún modo sé quebranto las reglas del sana critica siendo que el mismo guarda lógica y sentido común más aun cuando de dichas pruebas de ningún modo se halla vínculo directo con los hechos criminales del atraco y el asesino. ---- 3.6. En ese entendido habiendo ejercido el control de logicidad de todas las pruebas observadas por el Ministerio Publico es que se arriba a la conclusión de que ningún modo se habría vulnerado las disposiciones legales contenidas en los Arts. 173 y 124 del Código de Procedimiento Penal, puesto que el Tribunal a quo habría otorgado un criterio de valor a los elementos de prueba acorde a las reglas de la sana critica. A ello tambien debemos tener presente que el Tribunal a quo conforme a la facultad privativa contenida por el Art. 173 de la presente Ley, se tiene que la valoración debe ser manera conjunta y armónica, extremo que repercutió en el presente caso ya que la Sentencia de ningún modo basa esencialmente la absolución de los acusados Ernesto Vladimir Cordova Santibañez, Luis Fernando Cordova Santibañez y Lucio Lazo Contreras, puesto que como contracautela tambien existen varios elementos de prueba que fueron objeto de valoración por parte del Tribunal a quo y como emergencia de ello no se acredito la participación de los precitados en el presente caso. ---- X. CONCLUCIONES, FUNDAMENTACION Y ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO DEL RECURSO DE APELACION FORMULADO POR RUFINO RODRIGUEZ COCA ---- 1. Como ya se tiene referido, este Tribunal de Alzada se encuentra en la obligación inexcusable de verificar si los recursos fueron o no planteados dentro del plazo legal que prevé el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal el cual señala “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia…”; al respecto, de la revisión de obrados se tiene que en fecha 25 de octubre de 2019 se notificó al recurrente Rufino Rodríguez Coca con los Autos Complementarios de fecha 27 y 30 de Septiembre de 2019, extremo que encuentra demostrado por el contenido de la diligencia de notificación cursante de fojas 6350 de obrados, circunstancia en relacion con la cual se tiene que el recurso de apelación que ocupa nuestra atención fue presentado el 08 de noviembre de 2019 conforme se tiene del sello o cargo de recepción impreso a de fojas 6367 de obrados, en este sentido, efectuados los cómputos respectivos se puede colegir que el recurso de apelación restringida fue opuesto dentro del plazo previsto por Ley, en consecuencia evidenciando este extremo el cual posibilita el análisis de fondo por parte de este Tribunal de Alzada. ---- 2. Como primer agravio en este recurso de apelación se señala la errónea aplicación de la Ley al haber subsumido su conducta al atipo penal de Asesinato sin tomar en cuenta que en el juicio oral no se ha probado que el recurrente haya subsumido su conducta a dicho tipo penal y menos que haya participado en los demás tipos penales, pues el fundamento de la Sentencia es que la víctima cayó por forcejeo y por ende de ningún modo se demuestra la facilitación que haya incurrido el hoy recurrente, más aun cuando el recurrente no estaba en el día y en el lugar de los hechos, como tampoco no existe prueba testifical y documental que pruebe ello. Reitera señalando que el Ministerio Publico no ha probado con elemento de prueba alaguno el ensañamiento y alevosía con lo que obro el ahora recurrente, puesto que los testigos señalan el forcejeo que existió entre el asaltante y la victima que recibió el disparo y posteriormente murió. ---- 2.1. En referencia a este agravio a efectos de una mejor comprensión del mismo este Tribunal de Alzada invoca la previsión legal contenida en el Art. 370 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal el cual señala de manera textual “La inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva”, en consecuencia, de la interpretación teológica de este precepto legal podemos arribar que a tiempo de invocar como un agravio de la apelación restringida y como defecto en la Sentencia su fundamentación debe estar suspendida a dos dimensiones; a) La primera referida a la omisión de la aplicación de una norma. b) La segunda a la mala aplicación de una norma. Dejando plena constancia que en ambos casos los preceptos legales pueden estar contenidos por la norma sustantiva referente al Código Penal o en su caso puede tambien encontrarse en las normas adjetivas penales contendías en el Código de Procedimiento Penal. ---- 2.2. Bajo esa premisa en el presente caso el recurrente a tiempo de fundamentar tal agravio simple y llanamente hace referencia a la mala aplicación de la Ley sustantiva y particularmente al tipo penal del Asesinato puesto que ha criterio del recurrente no existe prueba alguna que determine la participación del recurrente en el tipo penal precitado. Sin embargo esta labor de ninguna manera puede constituirse en una labor fundamentadora pues de ninguna manera nos señala cual o cuales elementos constitutivos del tipo penal no habrían considerado y que elementos de prueba acreditan los mismos, los cuales naturalmente habría sido objeto de omisión o inobservancia por parte del Tribunal a quo, por consiguiente este tribunal de Alzada no puede realizar y ejercer el control de legalidad en cuanto a la adecuada subsanación que fue efectuada por el Tribunal a quo en la Sentencia recurrida vía este recurso conforme lo ha determinado el Auto Supremo No. 190/2014-RRC de 15 de mayo de 2014 emitida por su Sala Penal, entonces bajo ese enfoque este Tribunal de Alzada de ninguna manera puede suplir dicha labor propia del hoy recurrente pues de pretenderlo quebrantaríamos en forma flagrante el principio de imparcialidad previsto y sancionado por el Art. 178 I. de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, más un tomando en consideración que este Tribunal de Alzada habría observado el recurso analizando en aplicación del 399 del Código de Procedimiento Penal a efectos de que subsane el mismo, empero en bajo este análisis podemos determinar que le mismo no habría sido subsanado por la institución recurrente. En consecuencia, al no contar con tales parámetros este Tribunal de Alzada determina la improcedencia de este primer agravio. ---- 3. El segundo grávido señala la inexistencia de fundamentación, asi como la existencia de contradicción en la sentencia, por cuanto dicha Sentencia no señalaría ni tomaría en cuenta la doctrina que hace referencia respecto a la alevosía y ensañamiento cuando se mata aprovechando que la víctima se encuentra desprevenida, incapaz de defensa o el hecho de incrementar el sufrimiento de la víctima, siendo que ninguno de estos presupuestos fueron valorados en ya que en juicio no se ha probado que el recurrente haya actuado de esa forma. ---- 3.1. Con relacion a este agravio, corresponde realizar algunas precisiones previas, en primera instancia podemos determinar que el mismo aparentemente se constituye en un agravio vinculado al defecto de la Sentencia contenido por el Art. 370 núm. 5) del Código de Procedimiento Penal referente que el fallo apelado no cuenta con una debida fundamentación o que esta se insuficiente o contradictoria, sin embargo dicho defecto se halla vinculado por el Art. 124 de la precitada Ley respecto a la debida fundamentación de toda Resolución Judicial. En ese referido, pese que el apelante no ha especificado el defeco de denunciado, este Tribunal de Alzada dando estricta aplicación al principio pro homine desecha lo malo y coge lo bueno y bajo esa premisa pasada en analizar el mismo. ---- 3.2. Ahora bien, a efectos de un buen razonamiento este Tribunal de Alzada invoca la previsión legal del Art. 370 núm. 5) del Código de Procedimiento Penal el cual refleja el siguiente texto “ Que no exista fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria”; resultando de que la interpretación finalista de este precepto jurídico podemos determinar que el procedimiento penal de forma equivocada determina tres vertientes para la invocación de defecto de la Sentencia los cuales acaecen en las siguientes posibilidades: a) El primero enfoca en calificar que la sentencia no cuenta con una debida fundamentación; b) El segundo referente a que la fundamentación de la Sentencia sea insuficiente; y c) El tercero denota en calificar que los fundamentos de la Sentencia sean contradictorios. En consecuencia, bajo estas tres vertientes referidas el recurrente tiene toda la facultad de poder emplear una o todas ha momento de fundar su recurso de apelación restringida. ---- 3.3. En esta premisa en el caso de autos el recurrente a tiempo de fundar su pretensión de forma inequívoca y contundente ha inclinado el mismo a la primera de ellas respecto a que la sentencia no está debidamente fundamentada, sin embargo, a tiempo de invocar dicha vertiente el mismo debe estar en sujeción de ciertos requisitos y condiciones para su procedencia y en merito a ello este Tribunal de Alzada está en la obligación de determinar el cumplimiento o no de tales puestos. Puesto de que a momento de invocar este defecto el recurrente a tiempo de fundar su pretensión estaba en la obligación de precisar que partes de la Sentencia adolecería de tal efecto y para ello inclusive se debió señalar los acápites y párrafos en los que se encontraban los mismos, pues de la fundamentación realizada simple y llanamente se refuta en determinar que la Sentencia vulneraria la previsión del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, para tal efecto este Tribunal de Alzada invoca el Auto Supremo No. 175/2016-RRC de fecha 08 de marzo de 2016 que señala “…esto supone el planteamiento confuso de varias temáticas, pues el recurrente en términos generales con la cita del defecto previsto por el Art. 370 núm. 5) del CPP, denuncio la inexistencia de fundamentación, sin precisar si el Tribunal de mérito incumplió su deber de fundamentar fáctica, descriptiva, intelectiva o jurídicamente la sentencia, sin que la mera referencia a la reiteración de su conducta respecto a la víctima sea suficiente argumento para sostener la existencia del defecto de sentencia prevista en la señalada norma adjetiva penal; mas cuando de manera confusa y fuera del alcance de la misma norma, denuncio tambien de forma genérica aspectos relativos a la valoración probatoria, cuando ese planteamiento, además de ser formulado en términos fundados, debió estar basado en distinta norma. consecuentemente, al evidenciarse que el planteamiento del recurrente en apelación fue genérico, impreciso y confuso, no puede alegar que el Tribunal de alzada haya omitido realizar una correcta fundamentación en su respuesta, lo que determina que el presente motivo tambien resulte infundado,”; por consiguiente de la interpretación de este fallo jurisprudencial y a la aplicación proccidental en el presente caso se hace viable en a cuestión procedimental, pues a tiempo de que el recurrente invoco como agravio la ausencia de fundamentación este estaba en la obligación de determinar y puntualizar que parte del contenido esencial que debe acarear toda Sentencia como ser la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica es aquella ausente en la sentencia apelada, que fueron determinados por el Auto Supremo No. 65/2012-RA de abril de 2012, empero como se reitera que el recurrente omitió en señalar dichos aspectos más aun cuando este bien pudo haberlo realizado a tiempo de haber sido observado su recurso, más al contrario en forma genérica aduce la ausencia de fundamentación en relación a su participación en los tipos penales de Asesinato y Robo Agravado, en ese entendido ante tal omisión este tribunal de alzada no se encuentra en la obligación de atender la pretensión en este punto y por ende declara la improcedencia del mismo. ---- 4. El tercer agravio denunciado se encuentra vinculado a que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y en defectuosa valoración de la prueba, conforme el Art. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal, vulnerando con ello la previsión legal del Art. 13 y 173 de precitada Ley, sino que la Sentencia apelada incurre en un defecto procesal absoluto y por ende corresponde la nulidad de la misma o en su defecto se emita de manera directa la absolución del recurrente puesto que el fallo apelado no señala cual sería el valor probatorio otorgado a cada elemento de prueba para determinar la culpabilidad del ahora recurrente, para lo que invoca el Auto Supremo No. 342 de 28 de agosto de 2016 misma que hace referencia a que toda decisión judicial debe ser clara, completa, lógica y expresa. ---- 4.1. Respecto a este agravió resulta menester invocarla previsión legal contenida en el Ad. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal el cual refleja el Siguiente texto: “Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba;", resultando que de la interpretación finalista de este precepto jurídico podemos determinar que el procedimiento penal de forma inequívoca determina tres vertientes para la invocación de defecto de la Sentencia los cuales acaecen en siguientes posibilidades: a) El primero enfoca en calificar que la Sentencia ha sustentado sus fundamentos en hechos falsos e irreales; b) El segundo referente a que la Sentencia sostiene fundamentos que jamás fueron acreditados objetivamente; y c) El tercero denota en calificar que la Sentencia es producto de una defectuosa o mala valoración de los elementos de prueba. En consecuencia bajo estas tres vertientes referidas el recurrente tiene toda la facultad de poder emplear una o todas ha momento de fundar su recurso de apelación restringida. ---- 4.2. En el presente caso, el recurrente a tiempo de fundar su pretensión de forma Inequívoca y contundente ha inclinado su pretensión a que la Sentencia contiene una defectuosa valoración de las pruebas, sin embargo a tiempo de invocar dicha vertiente la misma debe estar en sujeción de ciertos requisitos y condiciones para su procedencia, tambien conocido como la carga procesal de los recurrentes ante la denuncia de una defectuosa valoración de las pruebas y en merito a ello este Tribunal de Alzada está en la obligación de determinar el cumplimiento o no de tales presupuestos. Para ese efecto acudimos la amplia línea jurisprudencial generada en el ámbito del derecho penal generada por el Tribunal Supremo de Justicia y como claro ejemplo se invoca el Auto Supremo No. 113/2016-RRC de fecha 17 de febrero de 2016 emitido por su Sala Penal la que trazo la siguiente doctrina legal aplicable: “III.2. Sobre la carga procesal que tiene la parte apelante ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene como finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. “Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieren infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana critica es preciso que la motivación de la sentencia este fundada por un hecho no cierto que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente. Porque no se opone a ellos ninguna científica “De anterior se concluye, que es obligación de quien interpone un recurso en inobservancia de las reglas de la sana critica., señalar las partes de la sentencia donde constarían errores lógico-jurídicos, proporcionando además la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito.” Resultando que de la interpretación de este fallo jurisprudencial se concluye que no Simplemente basta invocar la concurrencia de este defecto de la Sentencia, sino que inexcusablemente debe darse al cumplimiento de ciertos requisitos de procedencia. ---4.3. En ese contexto puesta la denuncia de una defectuosa valoración de la prueba como defecto de Sentencia, precepto legal habilitante para una apelación restringida en la misma medida el agravio debe encontrarse estrechamente Vinculado con la infracción del Art 173 del mismo cuerpo legal, es decir debe existir la vulneración de las reglas de la sana critica, lo que implica que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál o cuáles de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la laicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso. ---- 4.4. Ahora bien, en el caso que nos ocupa el recurrente a tiempo de oponer su recurso de apelación restringida en primera instancia de ningún modo preciso y menos cito de forma individual el o los elementos de prueba que serían objeto de una mala valoración, en la misma medida de forma paralela tampoco presento 'a solución pretendida con dicho elemento de prueba y menos hizo referencia alguna a que las reglas de la sana critica se habrían quebrantado en la emisión de la Sentencia, siendo que los fundamentos simple y llanamente se limitan en señalar la inexistencia de la prueba en relación al recurrente Rufino Rodríguez Coca y ante tal situación corresponde emitir una Sentencia absoluta extremo que de ningún modo puede suplir la labor fundamenta dora exigida por el ordenamiento jurídico y la línea jurisprudencial, en consecuencia de forma clara se concluye que el recurso de apelación restringida hace omisión de tales presupuestos de procedencia, pese a que este Tribunal de Alzada a tiempo de la sustanciación del presente recurso ha observado el mismo y en aplicación del art. 399 del Código de Procedimiento Penal le ha otorgado al recurrente el plazo de los tres días a efectos de que el mismo pueda ser subsanado, aspecto que no repercutió y por consiguiente dichas omisiones no pueden ser subsanadas de oficio por este Tribunal de Alzada pues de hacerlo quebrantaría el principio de imparcialidad prevista por el Art. 178.I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. ---- XI. CONCLUSIONES, FUNDAMENTACION Y ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO DEL RECURSO DE APELACION RSTRINGIDA OPUESTO POR MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAERO ---- 1. Es del caso resaltar la vigencia plena del principio de legalidad previsto por el Arts. 180.I. de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y Art. 30 núm. 6) de la Ley del órgano judicial, por el cual obliga toda Autoridad Judicial aplicar de manera estricta los mandatos legales vigentes en la Ley, en virtud a ello es menester invocar la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 770/2012-R de 13 de agosto de 2012 “en cuanto principio de legalidad de conformidad a lo previsto, por el Art 180,I de Constitución Política del Estado, ”es un principio de la jurisdicción ordinaria; al respecto cita la Sentencia Constitucional Nro., 0919/2006-R de 18 de septiembre, que a su vez cito la Sentencia Constitucional 0062/2002 de 31 de julio, estableció que: "el principio de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho (…) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidos en el procedimiento en cuestión; en el que se respeten las garantías establecidas por en consecuencia es deber y obligación de toda Autoridad Jurisdiccional velar el cumplimiento de este principio pues la omisión del misma llegaría a quebrantar el ordenamiento jurídico procesal penal Y ello acarrearía un caos jurídico procesal quebrantando de manera flagrante el principio de la seguridad jurídica. ---- 2. En este marco corresponde recordar que la naturaleza jurídica de este recurso de apelación restringida se halla prevista en el Art. 407 del Código de Procedimiento penal que establece de manera textual: "El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de sentencia, de conformidad a ,lo previsto por los artículos 169 y 370 de este Código. Este recurso solo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”; en la misma medida el Art. 408 de la misma Ley refiere “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el lazo de quince días de notificada la sentencia. Se citaran concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresara cual es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación. El recurrente deberá manifestar si fundamentara oralmente su recurso” (las negrillas son nuestras). En ese contexto, se concluye que por mandato expreso del Código de Procedimiento Penal se tiene exigencias de ciertos requisitos esenciales para la procedencia y el tratamiento de un recurso de apelación restringida, de los cuales inexcusablemente deben ser cumplidos por quien pretenda impugnar como ser el cumplimiento dentro del plazo previsto por ley. ---- 3. En ese referido, corresponde dejar constancia que en el presente caso de autos ha momento de imprimir el tramite respectivo, el primigenio recurso de apelación restringida presentado ha sido objeto de observación conforme prevé el Art. 399 del Código de Procedimiento Penal, como consecuencia de lo cual este tribunal de Alzada he emitido el proveído de fecha 17 de diciembre de 2020 mismo que cursa a fojas 6652ª objeto de que el apelante subsane lo observado sea en el plazo de tres días, mismo que fue notificado a la recurrente María del Carmen Rodríguez Caero en fecha 13 de enero de 2021 conforme se evidencia del formulario de notificación de fojas 6653 vuelta, sin embargo pese a esa legal notificación la misma se ha presentado memorial alguno que cumpla lo ordenado por este Tribunal de Alzada debiendo puntualizarse que de la lectura integra del recurso de apelación primigenio se tiene las omisiones en la fundamentación de las disposiciones legales vulneradas en la Sentencia, ya que simplemente hace una aseveración de la defectuosa valoración de los elementos de prueba, en la misma línea no ha referido de manera concreta las disposiciones legales que considera violada o erróneamente aplicadas, como tampoco señalo cual es la aplicación que se pretende lograr, en consecuencia existen omisiones esenciales que hacen a un recurso de apelación restringida a objeto de sustanciar su trámite y su análisis. Mismo que no puede ser subsanado y corregido por este Tribunal de Alzada pues de hacerlo se estaría quebrantando de manera flagrante el principio de imparcialidad plasmado por el Art. 178.I de la Constitución Política del Estado y así como por el Art. 3 de la Ley del Órgano Judicial. –--- 4. En ese orden de ideas corresponde precisar que la recurrente María del Carmen Rodríguez Caero al no haber subsanado su recurso de apelación restringida, pese a habérsele otorgado el plazo de los tres días, genera como consecuencia la aplicación de la normativa procesal vigente que determina el rechazo de dicho recurso y en ese efecto invocamos el Auto Supremo No. 102/2015-RRC de 12 de febrero de 2015 pronunciada por su Sala Penal mismo que determino la siguiente doctrina legal aplicable “En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes procesales, se advierte que el Tribunal de alzada, cumplió con el precepto legal señalado en el art. 399 de la norma procesal penal, pues observo los recursos de apelación restringida que presentaron las imputadas porque no cumplían con el requisito de procedibilidad de expresar la fundamentación fáctica y jurídica respecto a los agravios denunciados, no se estableció con absoluta claridad cuáles fueron las normas que hubiesen sido erróneamente aplicadas o interpuestas, que pruebas no fueron debidamente valoradas y finalmente cual la aplicación que pretendían con relación a las normas vulneradas o erróneamente aplicadas, confundiendo la forma de resolución del Tribunal de alzada, con la forma en que debían ser aplicadas las normas adjetivas y/o sustantivas acusadas de infringidas, por ello, el Tribunal de apelación en observancia del principio pro actione, les concedió el plazo de tres días para que puedan subsanar, bajo apercibimiento de rechazo, pese a ello, conforme el razonamiento del Auto de Vista impugnado, las imputadas no subsanaron adecuadamente, dando lugar al rechazo sin más trámite”. Lineamiento jurisprudencial que se ajusta de manera perfecta en el caso concreto. ---- 5. Con todas las consideraciones y fundamentos que han sido expuestos, este Tribunal de Alzada concluye que la recurrente no ha ajustado su pretensión conforme a las reglas que exige el Código de Procedimiento Penal y ello imposibilita el análisis de fondo de la misma y en su mérito se hace posible a la aplicación del Art. 399 segunda parte de la Ley 1970, es decir el rechazo de su pretensión, así como la declaratoria de su inadmisibilidad. ---- XII. PARTE DISPOSITIVA ---- POR TANTO: La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la convocatoria de la Dra. Rosmery Lourdes Pabón Chávez Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al amparo del segundo párrafo del artículo 411 del CPP. En relación con la garantía constitucional del debido proceso establecida en el artículo 115.II de la CPE, y dentro el marco del derecho a la impugnación contenido en el artículo 180.II de la CPE, habiendo ejecutado adecuada motivación y fundamentación conforme establece y exige el artículo 124 del CPP DERTEMINA LO SIGUIENTE: -- PRIMERO: RECHAZA Y DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación restringida interpuesto por la co-acusada MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAERO, al no haberse presentado memorial alguno de subsanación, pese a su legal notificación para dicho cometido, ello en estricta aplicación del Art. 399 del Código de Procedimiento Penal. ---- SEGUNDO: ADMITIR los recursos de apelación restringida interpuestos por separado por los co-acusados FRANZ MICHEL RODRIGUEZ CAERO Y RUFINO RODRIGUEZ COCA, ello debido a que los mismos fueron presentados dentro del plazo previsto por Ley; sin embargo, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas en dichos recursos de apelación restringida. --- TERCERO: ADMITIR el recurso de apelación restringida interpuesto por el MINISTERIO PUBLICO a través de los Fiscales de Materia DUBRAVKA M. JORDAN VELASQUEZ y EDDY JUNIOR FLORES QUISPE; ello debido a que el mis o fue presentado dentro del plazo previsto por Ley, y por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, SE DECLARE LA PROCEDENCIA EN PARTE de las cuestiones planteadas en dicho recurso de apelación restringida. ---- Como consecuencia de ello, SE REVOCA EN PARTE la Sentencia Nº 53/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, pronunciada por el Tribunal Quinto de Sentencia en lo Penal de la ciudad de La Paz, y resolviendo la causa en el fondo al amparo del ultimo parágrafo del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal, FALLA declarando a FRANZ MICHEL RODRIGUEZ CAERO y RUFINO RODRIGUEZ COCA, de generales de ley ya conocidas, ABSUELTOS de pena y culpa del delito de ASOCIACION DELICTUOSA tipificado y sancionado por el Art. 132 del Código Penal, sea en estricta aplicación del Art. 363 núm. 2) de la precita Ley, en virtud a que la prueba aportada no es suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de los precitados. ---- CUARTO: En mérito de lo que acaba de ser determinado en el párrafo precedente, en el marco de la congruencia, ello implica que SE CONFIRMA EN TODO LO DEMAS la Sentencia Nº 53/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia en lo Penal de la ciudad de La Paz. ---- En aplicación del Art. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, se deja directamente establecido que el presente Auto de Vista es recurrible de casación dentro el plazo de cinco días computables a partir de su legal notificación. ---- Vocal Relator: Msc. Yvan Cordova Castillo. ---- Vocal Convocada: Dra. Rosmery Lourdes Pabón Chávez. ---- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y TOMASE RAZÓN. ---- FIRMA Y SELLA: MSC. Yvan Córdova Castillo ---- VOCAL PRECIDENTE ---- SALA PENAL CUARTA ---- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA ---- ORGANO JUDICIAL. ---- FIRMA Y SELLA: Dra. Rosmery Lourdes Pabón Chávez ---- VOCAL SALA PENAL SEGUNDA ---- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. ---FIRMA Y SELLA: Ximena Jiménez Chura ---- SECRETARIA DE CAMARA ---- SALA PENAL CUARTA ---- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. --------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PROVIDENCIA CURSANTE A FOJAS 6715 DE OBRADOS ------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&COD.FUD.200902977 ---- La Paz, 22 de abril de 2021 ---- En atención al memorial que antecede y de conformidad a ,los datos del proceso e informes adjuntos, por el cual se evidencia el desconocimiento del domicilio de DEBORAH VDA, DE O’CONNOR D”ARLCH; por lo que fin de continuar con la tramitación del mismo y evitar el “estado de indefensión” de la parte querellante, en aplicación a lo dispuesto por el art. 77 y 165 del C.P.P., se dispone la notificación mediante EDICTO con la Resolución Nro. 016/2021 de fecha 03 de marzo de 2021, y de más piezas procesales correspondientes, sea esta por medio del Sistema HERMES, todo ello a efectos de evitar vulnerar derechos y garantías constitucionales. ---- FIRMA Y SELLA: Ximena Jiménez Chura ---- SECRETARIA DE CAMARA ---- SALA PENAL CUARTA ---- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA ---------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO, ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VENTIUN AÑOS.---- SALA PENAL CUARTA ---- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA ---- ORGANO JUDICIAL ----------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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