EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


T R I B U N A L D E S E N T E N C I A S E X T O D E L A C I U D A D C A P I T A L TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA E D I C T O LOS DRS. VERONICA ZAMBRANA MIER, JUAN ADALIT MAMANI Q. y BELTRAN QUISPE PUCHO, JUEZ PRESIDENTE Y JUEZ TÉCNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. Notifican, citan y emplazan a: ELIZABETH JACQUELINE ALIAGA AMAYA con C.I. 3330874 LP. EL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ, compuesto por los señores Jueces, DRES. VERONICA ZAMBRANA MIER JUAN ADALIT MAMANI Q. y BELTRAN QUISPE PUCHO, Juez Presidente y Juez Técnico respectivamente; dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO, COORPORACION MINERA DE BOLIVIA Y VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION en contra de ELIZABETH JACQUELINE ALIAGA AMAYA Y OTROS por el delito de CONDUCTA ANTIECONOMICA, se notifica por EDICTO con la pieza procesal SENTENCIA Nº 053/2021 DE FECHA 26/08/2021. *** SENTENCIA Nº 053/2021 DE FECHA 26/08/2021.. SENTENCIA Nº 053/2021 NUREJ:200800978 N° FISC: 494/2008 INTEGRANTES TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ: JUEZ PRESIDENTE:Dra. Verónica Zambrana Mier JUEZ TÉCNICO: Dr. Juan Adalid Mamani Quispecahuana JUEZ TÉCNICO: Dr. Beltrán Quispe Pucho SECRETARIA: Dra. Patricia Helen Álvarez Ponce DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL: Dra. Ingrid Rocio Feraudi Guerra DOMICILIO PROCESAL: Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, ubicado en la calle Potosí Nº 944 de la zona central. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ACUSACION PARTICULAR: NOMBRE: Corporación Minera de Bolivia ABOGADO: Dr. Fernando Fernández Lozano DOMICILIO PROCESAL: Av. Camacho, Nº 1396, edificio COMIBOL, 3er piso, Dirección General de Asuntos Jurídicos. CELULAR: 70637434 CORREO ELECTRONICO: fernandox3sof@hotmail.com DATOS DE IDENTIFICACION DEL DENUNCIANTE NOMBRE: Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción DOMICILIO PROCESAL: Calle Capitán Ravelo, Edificio Capitán Ravelo, Nº 2101 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS: ACUSADO: Jaime Edmundo Rossell Maldonado DOMICILIO REAL: Plaza Isabel La Católica, Edificio Torre de Las Américas, Piso 8, Departamento Nº 803 CELULAR: 73532767 ABOGADO DEFENSOR: Dr. Andrés Rolando Arismendi Aguilar DOMICILIO PROCESAL: Calle Yanacocha, Nº 428, piso 2, oficina 15 TELEFONO WHATSAPP: 75831209 ACUSADO: Julio Luis Quintanilla Gozalves DOMICILIO REAL: Av. Costanera, Nº 22 de la zona La Merced CELULAR: 77779051 ABOGADO DEFENSOR: Dr. Rodrigo Delgadillo Aramayo DOMICILIO PROCESAL: Calle Mercado Nº 1118, edificio Lui, piso 6, todo el piso TELEFONO WHATSAPP: 70131673 ACUSADO: Félix Rosendo Delgado Vásquez DOMICILIO REAL: Calle Gemio, Nº 1615 de la zona Miraflores CELULAR: 77240236 ABOGADO DEFENSOR: Dr. Miguel Camacho Miranda DOMICILIO PROCESAL: Calle Yanacocha, Nº 428, segundo piso, oficina 12 TELEFONO WHATSAPP: 71954496 ACUSADA: Elizabeth Jacqueline Aliaga Amaya (Rebelde) DOMICILIO PROCESAL: Servicio Plurinacional de Defensa Publica, ubicado en la calle Batallon Colorados, Edificio “El Cóndor”, piso 1. TELEFONO WHATSAPP: 79624753 En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, y en cumplimiento de los Arts. 358, 359, 360, 361, 362, y 363 del Código de Procedimiento Penal, se pronuncian la presente sentencia: I. ANTECEDENTES Que, cumplidas las formalidades de ley, sobre la base de la acusación fiscal, este Tribunal emitió Auto de Apertura de juicio oral mediante Resolución Nº 090/2021 de fecha 31 de mayo del 2021, señalando al efecto día y hora de audiencia de inicio de juicio oral; por lo que, constituidas las partes intervinientes en la audiencia, cuya celebración se inició el día 14 de julio del 2021, se desarrolló el juicio oral, público y contradictorio dirigido al descubrimiento de la verdad, establecer la existencia del hecho y la responsabilidad de los acusados. II. ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE FUERON OBJETO DEL JUICIO ORAL Que, la señora Jaqueline Aliaga en su calidad de secretaria de la Dirección de Auditoria Interna de la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL había solicitado licencia de trabajo por el lapso de nueve días hábiles, argumentando que por razones de salud estaba obligada a salir de la ciudad, entonces mediante nota DACI-0118/2007, el Sr. Félix Delgado en su condición de Director de Auditoria Interna de COMIBOL solicita al Gerente Administrativo Financiero de COMIBOL, Lic. Jaime Rossell dar curso al permiso solicitado como compensación a los días de trabajo de la mencionada funcionaria, solicitando a la vez mediante nota DAI-0194/2007 instruir el pago de honorarios a favor de la funcionaria secretaria del periodo comprendido entre el 15 al 31 de enero y todo el mes de febrero. Que, conforme al informe de movimiento migratorio emitido en fecha 30 de julio de 2007 se desprende que la ciudadana y funcionaria Jacqueline Aliaga habría salido del país a Republica de Perú por el lapso de un mes, pero extrañamente en su ausencia aparece su firma suscribiendo una adenda de contrato civil de prestación de servicios determinados suscrito entre los señores Félix Delgado, Jaime Rossell, Julio Quintanilla, Hugo Miranda y Jaqueline Aliaga. Que, de la adenda al contrato civil de servicios determinados por el que se ordena la realización de una auditoria especial sobre el cumplimiento al Decreto Supremo 24686 de 30 de junio de 1997, misma que no se realizando dejando de lado las disposiciones legales que prohíben la recontratación de los que habrían sido beneficiados, todo en perjuicio de la entidad de COMIBOL y del Estado. En base a estos hechos, el acusador público presento su acusación por la comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado en el Art. 224 del Código Penal. III. CUESTIONES INCIDENTALES En la fase de excepciones e incidentes únicamente la defensa del co-acusado que en vida fue Hugo Miranda Rendón (+) interpuso una excepción de extinción de la acción penal por muerte, misma que fue declarada fundada mediante Auto Interlocutorio Nº 0125/2021, de fecha 11 de agosto del 2021, la cual cursa en obrados. IV. DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS 1.- El acusado Jaime Edmundo Rossel Maldonado, fue identificado con la cedula de identidad Nº 139356 LP, ciudadano boliviano, natural del departamento de La Paz, nacido el 1 octubre de 1938, de 82 años de edad, de estado civil casado, de habla castellano, de ocupación jubilado, con un grado de formación académico de Magister en Administración de Empresas, con una renta de aproximadamente de Bs. 4.000, refiere que cuenta con 1 hijo de 41 años de edad, y que actualmente vive en el departamento de Cochabamba, en la calle chimane, Nº 20, de la zona de Sarcobamba, añade que el bien inmueble que ocupa le fue dado en anticresis. Asimismo, señala que tiene un problema de colon irritable e inflamación de la próstata; y, finalmente indica que no cuenta con antecedentes penales, policiales, ni otras causas penales en curso. El acusado, a quien previa advertencia de sus derechos constitucionales y la facultad de abstenerse de declarar, conforme determina el Art. 146 del CPP, manifestó su voluntad de prestar su declaración, y en lo sustancial indicó: “En febrero del 2007 ingreso a mi oficina una carta remitida por el Lic. Félix Delgado Vásquez, Director de Auditoria Interna de COMIBOL solicitando el pago de compensación económica en favor de Jaqueline Aliaga por días trabajados hasta esa fecha, al día siguiente el 7 de febrero yo derive el tramite al director de recursos humanos el que después de seguir un procedimiento administrativo respectivo como se establece en COMIBOL, y luego de pasar a las áreas de prepuesto, unidad jurídica, contabilidad y tesorería es devuelto a mi oficina adjuntando el cheque para la entrega, en esos informes de los departamentos que he indico no me observaron ningún aspecto que indique que este pago no correspondía realizarlo, como Gerente Administrativo, y toda vez que el Sr. Presidente de COMIBOL tenía conocimiento de esta operación se procede a la firma y luego el mencionado cheque fue devuelto al área de contabilidad para ser entregado a la Sra. Jaqueline Aliaga. Estoy seguro que mi función no era revisar contratos con la vigencia de los mismos, puesto que la COMIBOL cuenta con personal en las respectivas instancias administrativas como ser jurídica, recursos humanos, etc., cuya función es revisar la vigencia de los contratos del personal de planta, como eventual. Una vez que tomé conocimiento de que existía un error involuntario de ese desembolso por no corresponder, me parece muy importante reconocer en honor a la verdad que fui yo quien gestiono y consiguió la devolución del dinero por la Sra. Aliaga, y esta devolución se concretó con el deposito en el Banco Mercantil Santa Cruz que ingreso a la cuenta de COMIBOL, tal como consta en los archivos de la COMIBOL, como en el expediente”. 1.- El acusado Julio Luis Quintanilla Gozalvez, fue identificado con la cedula de identidad Nº 2714548 LP, ciudadano boliviano, natural del departamento de La Paz, nacido el 17 de agosto de 1965, de 56 años de edad, de estado civil casado, de habla únicamente castellano, de profesión abogado, actualmente refiere desempeñar funciones de manera independiente, del cual percibe un ingreso mensual aproximado de Bs. 2.000. Añade que cuenta con 2 hijos de 14 y 6 años de edad, los cuales se encontrarían bajo su manutención; actualmente indica que su domicilio real se encuentra ubicado en la Avenida Costanera Nº 22 de la zona La Merced, departamento Nº 9, el cual refiere es de su propiedad. Asimismo, indica que fue diagnosticado con hipertensión y diabetes; y, que no cuenta con antecedentes penales, ni policiales, ni otras causas penales en curso. El acusado, a quien previa advertencia de sus derechos constitucionales y la facultad de abstenerse de declarar, conforme determina el Art. 146 del CPP, manifestó su voluntad de prestar su declaración, y en lo sustancial indicó: “Quiero indicar que este proceso más allá de lo que se ha indicado respecto al tiempo transcurrido considero que no tiene los argumentos necesarios para continuar, en base a que, se habla de contratos realizados al margen de la norma, sin embargo no es evidente ya que hay dos Decretos que respaldan los contratos correspondientes, motivo por el cual fueron suscritos, luego se menciona también de que hubiesen sido suscritos en ausencia de la Sra. Jaqueline Aliaga, pero me permito aclarar que en toda institución pública existen procedimientos para la suscripción de los contratos, en primer lugar hay una instrucción que emana de autoridad competente, en el caso de la COMIBOL del presidente ejecutivo, quien instruye a la dirección administrativa y esta a su vez a recursos humanos, y recursos humanos deriva a la jefatura de contratos o a la dirección jurídica para la elaboración de un contrato una vez elaborado el contrato siguen el mismo curso siendo remitidos a recursos humanos para que en esta oficina sean convocados los funcionarios correspondientes y procedan a su firma, luego pasen a la dirección administrativa y luego pasen a la firma del presidente ejecutivo, esto es un trámite que conlleva su tiempo y lleva sus días y tiene sus registros correspondientes, por eso es que tiene un determinado tiempo para la suscripción de estos contratos, entonces me permito aclarar de que no se firma inmediatamente un contrato sino que tiene su proceso y eso sucede en todas las instituciones públicas (…). Asimismo, esta instrucción ha sido emitida por el que era el Presidente Ejecutivo de COMIBOL y a la vez suscrita por las personas citadas en el contrato, posteriormente los contratos eran elaborados en función de los Decretos Supremos correspondientes que autorizaban la firma de los mismos, ya que en una primera instancia había la posibilidad de no suscribirlos, pero posteriormente con la emisión de otro Decreto Supremo se aclaró que pueden ser suscritos estos contratos, este procedimiento como he indicado ha surgido por un procedimiento interno que tiene la COMIBOL, posteriormente me entere de todo lo que paso por la denuncia, y como ya lo menciono el Lic. Rossell ese dinero ya ha sido devuelto y cursa en los registros correspondientes de la COMIBOL”. 1.- El acusado Rosendo Félix Delgado Vásquez, fue identificado con la cedula de identidad Nº 320582 LP, ciudadano boliviano, natural del departamento de La Paz, nacido el 14 de mayo de 1948, de 73 años de edad, de estado civil viudo, de habla castellano e inglés, de ocupación jubilado, con un grado de formación académica de licenciatura en economía con mención en auditoria interna, con una renta mensual aproximada Bs. 4.000. Refiere que cuenta con 4 hijos, de los cuales únicamente ahora se hace cargo de una. Actualmente su domicilio real se encontraría ubicado en la Calle Gemio, Nº 1615 de la zona de Miraflores, el cual refiere es de su propiedad. Asimismo, indica que fue diagnosticado con presión alta, laringitis y taquicardia; que no cuenta con antecedentes penales, policiales, ni otro proceso penal en curso. El acusado, a quien previa advertencia de sus derechos constitucionales y la facultad de abstenerse de declarar, conforme determina el Art. 146 del CPP, manifestó su voluntad de prestar su declaración, y en lo sustancial indicó: “Lamentablemente los 14 años que seguimos en esta viacrucis comenzó con que el señor presidente ejecutivo de la COMIBOL de ese entonces instruyo realizar un informe de labores por los problemas que se habían suscitado en octubre del 2006 en la localidad de Huanuni, considerando que en el Código Minero se manifestó que COMIBOL era una entidad administrativa y a la confrontación que se suscitó en Huanuni tenía que volverse operativa, en ese sentido era la exigencia que realizaban las autoridades de ese entonces al señor presidente y posteriormente a mi persona para que se elabore un informe económico de todos los aspectos que tenía la entidad. En ese sentido al haberse concluido todos los contratos que se tenía del personal se solicitó a esta señora para que realice los trabajos de taipeado y coordinación de los informes que tenían que ser entregados a la brevedad posible porque así lo exigía la presidencia de COMIBOL, es en este sentido de que todo se había suscitado porque no teníamos personal de apoyo, se consultó al presidente y dijo háganlo y si tienen alguna Ley como la Ley 1178 que nos faculta para realizar estos trabajos tenía que tomarse como en cuenta el art. 33 de la ley 1178 para dar curso a esos informes, es de esa situación que se suscitó que se le pague, y la señora trabajo desde el 3 de enero de ese año hasta el 31, hasta ayudarnos a entregar el informe que era requerido con carácter de urgencia. Ahora bien, evidentemente se mandó la solicitud para que a la señora se le cancele por el trabajo realizado considerando que ya no tenía contrato y que los contratos iban a ser renovados una vez que pase un espacio de tiempo, y eso lo dan los de la dirección jurídica que dan su interpretación legal, muy bien entonces en ese aspecto se aplicó esta situación. Posteriormente ya una vez cancelado y etc., volvió nuevamente con las denuncias que se había realizado y manifestaban que debía ser retirado el personal que trabajaba en ese entonces, mi persona, etc. cabe señalar que nosotros entregamos el informe como se nos ha indicado e instruido desde la presidencia de COMIBOL, posteriormente vinieron las acusaciones de que estaba mal pagado, etc., hasta que se efectuaron las devoluciones. Asimismo, hago notar que solamente las unidades técnicas de la institución son las que mandan su nota de requerimiento y son las instancias mayores las que distribuían y efectúan su interpretación, quiero decir, aspecto técnico, jurídico, etc., para que ellos dispongan si es pertinente o no el pago. Cabe señalar que en ningún sentido la dirección de auditoria ha firmado un contrato no puede firmar contratos, los únicos que firman son el gerente administrativo y el presidente con el visto bueno de la dirección jurídica, en ese sentido no participamos en la suscripción y elaboración de contratos (…)” 1. La acusada Elizabeth Jacqueline Aliaga Amaya de acuerdo a los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional fue identificada con la cedula de identidad Nº 3330874 LP, nacida el 18 de enero de 1965, en el departamento de La Paz, quien fue declarada rebelde mediante Resolución Nº 111/2021 de 14 de julio. 1. ENUNCIACIÓN DE LA PRUEBA PRODUCIDA EN EL JUICIO ORAL V.1 PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR • PRUEBA TESTIFICAL El Ministerio Público produjo la atestación del siguiente ciudadano: UNICO. - Ramiro Sullcani Zarate con CI 6025871 LP, nacido 26 de octubre 1983 en el departamento de La Paz, de 38 años de edad, de ocupación funcionario de la Policía Boliviana, actualmente presta funciones en la Oficina de Conciliación Ciudadana, unidad Nº 3, con domicilio en la Calle E, Nº 81 de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto; y de quien este Tribunal ha establecido se trata del investigador asignado al caso. • PRUEBA LITERAL El Ministerio Público dentro el presente juicio oral incorporó con las formalidades previstas por el Art. 333 del Código de Procedimiento Penal las siguientes pruebas documentales: MP 1. Copia del registro de correspondencia interna Nota CITE: DAI-0118/2007 de 5 de febrero del 2007. MP 2. Copia de la carta de solicitud de licencia de trabajo de 2 de febrero de 2007, emitida por Jaqueline Aliaga. MP 3. Copia de la nota DAI -0118/2007 de 5 de febrero del 2007. MP 4. Copia de la nota DAI -0194/2007 de 9 de marzo del 2007. MP 5. Copia del certificado JNA –SNM-1733/07 HR 5941 movimiento migratorio de la Sra. Jaqueline Aliaga. MP 6. Copia de comprobante de banco –salida de 13 de marzo de 200, pagado a la Sra. Jaqueline Aliaga Amaya por servicios prestados. MP 7. Copia del contrato adendum civil prestación de servicios determinados cont.DPJc-008/2007 de 8 de febrero del 2007. MP 8. Copia del memorándum Nº PE.0391/2006 sobre auditoria especial de personal de COMIBOL de fecha 16 de agosto del 2016. MP 9. Copia del Decreto Supremo 24686 de 30 de julio de 1998. MP 10. Copia de la circular Nº 484/98 sobre aplicación del D.S. 25094 de 21 de julio de 1998. MP 11. Copia legalizada de la nota DIJU-0192/2007 de 31 de enero del 2007. MP 12. Copia legalizada del informe jurídico DIJU 191/2007 de 30 de enero del 2007. MP 13. Informe DIRH-429/2008 de 10 de marzo del 2008. MP 14. Copia legalizada de la nota DAI-0036/2008 de 28 de enero del 2008. MP 15. Copia legalizada del memorándum PE 0191/2008 de 28 de enero del 2008 sobre recuperación de importe cancelado por concepto de anticipo de contrato. MP 16. Copia legalizada del memorándum PE 272/2008 de 3 de marzo del 2008 sobre inicio de proceso administrativo. MP 17. Copia legalizada del comprobante de Banco-Salida de 13 de marzo del 2007 pagado a la Señora Jaqueline Amaya por servicios prestados. MP 18. Copia legalizada de la auditoria interna DAI-002/2007 sobre extracto legal a trabajadores de COMIBOL. MP 19. Copia legalizada del informe de auditoría DAI -3-002/2007 formato 1 de 6 de febrero del 2007 sobre auditoria especial sobre pago extra legal a trabajadores de COMIBOL R1. MP 20. Copia legalizada del informe de auditoría DAI -3-002/2007 formato 1 de 6 de febrero del 2007 sobre auditoria especial sobre pago extra legal a trabajadores de COMIBOL R2. MP 21. Copia legalizada del informe de auditoría DAI -3-002/2007 formato 2 de 6 de febrero del 2007 sobre auditoria especial sobre pago extra legal a trabajadores de COMIBOL R1. MP 22. Copia legalizada del informe de auditoría DAI -3-002/2007 formato 2 de 6 de febrero del 2007 sobre auditoria especial sobre pago extra legal a trabajadores de COMIBOL R2. MP 23. Copia simple del acta de comunicación de resultados de 6 de febrero de 2007. MP 24. Informe Preliminar conclusivo de fecha 6 de octubre de 2008, emitido por el asignado al caso de Ramiro Sullcani. V.2 PRUEBA DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR El acusador particular ha referido haberse adherido a la acusación del Ministerio Público, por lo cual no produjo de forma autónoma ningún elemento probatorio. V.3. PRUEBA DE DESCARGO DE LA DEFENSA • PRUEBA TESTIFICAL Los acusados no han ofrecido prueba testifical de descargo. • PRUEBA LITERAL La defensa técnica de FELIX DELGADO VASQUEZ dentro el presente juicio oral incorporó con las formalidades previstas por el Art. 333 del Código de Procedimiento Penal la siguiente prueba documental: UNICO. - Depósito Bancario 000006443, deposito Nº 114136, en el Banco Mercantil Santa Cruz. Por su parte, la defensa técnica de JAIME EDMUNDO ROSSELL MALDONADO dentro el presente juicio oral incorporó con las formalidades previstas por el Art. 333 del Código de Procedimiento Penal las siguientes pruebas documentales: PD 01. Copia legalizada de depósito bancario de fecha 7 de marzo del 2008, realizado por la Sra. Jaqueline Aliaga. PD 02. Copia legalizada de carta dirigida a José Luis López Soria Galvarro. PD 03. Copia simple de boleta de depósito en cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz PD 04. Original de certificado medico PD 05. Informe de estudio médico (servicio de tomografía axial computarizada de cuerpo entero). Finalmente, cabe señalar que los acusados JULIO LUIS QUINTANILLA Y ELIZABETH JAQUELINE ALIAGA AMAYA no realizaron ofrecimiento de prueba de descargo. 2. HECHOS PROBADOS Y VALORACIÓN PROBATORIA De toda la prueba producida en las audiencias públicas, y considerando que la base del juicio oral son los hechos acusados, se establece con nitidez lo siguiente: PRIMERO. – Que, la señora Elizabeth Jacqueline Aliaga en su calidad de secretaria de la Dirección de Auditoria Interna de la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL solicito en fecha 2 de febrero del 2007 licencia de trabajo por el lapso de nueve días hábiles, argumentando que por razones de salud debía salir de la ciudad. Es así que mediante nota DACI-0118/2007, el Sr. Félix Delgado en su condición de Director de Auditoria Interna de COMIBOL solicito al Gerente Administrativo Financiero de COMIBOL, Lic. Jaime Rossell dar curso al permiso solicitado como compensación a los días de trabajo de la mencionada ciudadana, solicitando a su vez mediante nota DAI-0194/2007 instruir el pago de honorarios a favor de la misma, del periodo comprendido entre el 15 al 31 de enero y todo el mes de febrero. Esta conclusión el Tribunal la asume como verdad a partir de la prueba literal codificada como MP 2 consistente en la nota de fecha 2 de febrero de 2007, por la cual Jacqueline Aliaga de Amaya solicita a Félix Delgado Vásquez, Director de Auditoria Interna de COMIBOL, licencia de trabajo de 9 días hábiles desde el 5 de febrero, asimismo este aspecto aparece corroborado a partir de la literal codificada como MP 1 consistente en la Hoja de Ruta Nº 622 de 5 de febrero del 2007,por la cual se advierte que Félix Delgado Vásquez remitió la nota de solicitud de licencia de la Sra. Jacqueline Aliaga al Gerente Administrativo Financiero, Jaime Rossell, y éste a su vez remitió al Director Administrativo de Recursos Humanos para que se dé curso a la misma. Este aspecto también aparece reafirmado por la prueba literal codificada como MP 3 consistente en la nota DAI-0118/2007 de 4 de febrero del 2007, por la cual el Director de Auditoria Interna, Félix Delgado Vásquez solicito al Gerente Administrativo Financiero, Jaime Rossell Maldonado la compensación de los días trabajados por la Sra. Jaqueline Aliaga del 2 al 15 de enero, periodo en el que ésta hubiese trabajado sin recibir remuneración. Por otro lado, también se tiene la prueba MP 4 consistente en la nota DAI-0194/2007 de 9 de marzo del 2007 por la cual el Director de Auditoria Interna, Félix Delgado Vásquez solicito al Gerente Administrativo Financiero, Lic Jaime Rossell Maldonado instruir el pago de honorarios de la Sra. Jacqueline Aliaga correspondiente a 15 días, del 15 al 31 de enero y el mes de febrero, toda vez que la misma habría prestado servicios como secretaria ejecutiva de la Dirección de Auditoria Interna de acuerdo a la adenda de contrato Nº DPJC-008/2007. Finalmente, en este punto también se tiene la prueba literal codificada como MP 6 consistente en un comprobante de bancos de salida, por el cual se advierte que la Sra. Elizabeth Jacqueline Aliaga Amaya recibió el cheque Nº 3251 de pago por servicios correspondiente al periodo del 15/01/2007 al 28 de febrero del 2007, recibiendo en total la suma de Bs. 4.738.- (Cuatro Mil Setecientos Treinta y Ocho bolivianos 00/100) SEGUNDO. - Que, la Sra. Jacqueline Aliaga salió del país con destino a la Republica de Perú, el 5 de febrero del 2007 retornando el 5 de marzo del 2007, empero en su ausencia apareció su firma suscribiendo una adenda de contrato civil de prestación de servicios determinados, suscrito entre los señores Félix Delgado, Jaime Rossell, Julio Quintanilla, Hugo Miranda y Jaqueline Aliaga. Esta conclusión aparece corroborada a partir de la literal de cargo codificada como MP 5 consistente en la nota JNA-SN-1733/07 por la cual el Jefe Nacional de Archivo a.i. del Servicio Nacional de Migración remite el movimiento migratorio de Elizabeth Jacqueline Aliaga Amaya, quien habría salido del país con destino a Lima Perú en fecha 5 de febrero del 2007, retornando a Bolivia el 5 de marzo del 2007; así también se tiene la literal codificada como MP 7 consistente en un adendum contrato civil de prestación de servicios determinados de fecha 8 de febrero del 2007 que fue suscrito por los acusados Hugo Miranda Rendón (+), Presidente Ejecutivo de COMIBOL, Julio Quintanilla Gosalvez, Jefe Jurídico de Contratos de COMIBOL, Jaime Edmundo Rossell Maldonado, Gerente Administrativo Financiero a.i. y la Sra. Elizabeth Jacqueline Aliaga Amaya. Asimismo, en este punto se valora la prueba literal codificada como MP 11 consistente en la nota DIJU-0192/2007 de 31 de enero del 2007m por la cual el Presidente Ejecutivo Hugo Miranda Rendón (+) solicito al Gerente Administrativo Financiero a.i., Jaime Edmundo Rossell elaborar adendas a los contratos civiles de prestación de servicios determinados, mismos que debían faccionarse conforme a requerimiento de las diferentes gerencias , direcciones y administraciones regionales, con un plazo de 76 de días computables a partir del 15 de enero al 31 de marzo del año en curso, esta nota tiene su respaldo en el informe jurídico DIJU 0191/2007 de 30 de enero codificado como prueba MP 12 elaborado por el Dr. Marco Siles Monroy, abogado de COMIBOL, que en su parte conclusiva refiere: “(…) se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la empresa suscribir adendas a los contratos de prestación de servicios con el personal de la empresa que ha quedado cesante a partir del 31 de diciembre del pasado año, con un plazo de 76 días con retroactividad al 15 de enero del año en curso (…)” al cual se adjunta un listado de los funcionarios con quienes se debería suscribir las adendas, siendo la numero 1 de la lista la Sra. Elizabeth Jacqueline Aliaga Amaya, en cuyo documento se consigna como tiempo de duración de la adenda “15/01/2007 al 30 de marzo del 2007”, “fecha de inicio y finalización: 2 meses y 16 días”, “honorario por mes: Bs. 3.090,00.-“,”monto por cancelar: Bs 7.898,00”. Finalmente, en este punto también se considera la prueba literal codificada como MP 13 consistente en el informe DIRH-429/2008 de 10 de marzo del 2008 suscrito por Franklin Guzmán Gil, encargado de salarios que explica todo el proceso interno que se seguía en COMIBOL para la suscripción de los contratos de servicios, señalando en su último punto: “En esta dirección se procede a la firma de los contratos con cada uno de los interesados y los contratos que no son firmados por los interesados ya sea porque se encuentran en comisión o vacación son devueltos al departamento jurídico de Contratos. Esto es en el caso de la oficina central”. TERCERO. – Asimismo, se tiene como probado que la Sra. Jacqueline Aliaga Amaya el 5 de marzo del 2008 procedió a la devolución a COMIBOL del pago que se le efectuó por servicios no prestados en el mes de febrero, consistente en la suma de Bs 3,090. - (Tres Mil Noventa 00/100 bolivianos), tal como se advierte de la literales codificadas como PD 01, PD 02 y PD 03, consistentes en comprobantes de depósitos bancarios a favor de COMIBOL. CUARTO. - Todas las literales, citadas y descritas desde el punto primero hasta el tercero, para éste Tribunal tienen pleno valor probatorio, toda vez que, de acuerdo a las máximas de la lógica, la experiencia y el conocimiento adquirido, se tiene que la forma más eficaz de demostrar irregularidades al interior de una institución pública es recurriendo al flujo documental interno que se haya generado sobre un determinado asunto, por lo cual las diferentes notas, informes y contrato que se generaron al interior de COMIBOL para proceder al pago de haberes de la acusada Jacqueline Aliaga resultan ser idóneas para acreditar la existencia del hecho. Situación similar en cuanto a la eficacia probatoria ocurre con la documental emitida por Migración, instancia encargada de registrar el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas del territorio boliviano, por lo cual los informes emitidos por esta instancia resultan ser idóneas para acreditar la salida y retorno de Jacqueline Aliaga al Estado boliviano. En cuanto los comprobantes de depósitos bancarios este Tribunal considera que son medios eficaces para acreditar la existencia de los pagos efectuados tanto a la Sra. Jacqueline Aliaga como a COMIBOL. Finalmente, cabe señalar que todas estas literales no fueron objeto de controversia por parte de la defensa, más allá de únicamente haberse señalado que estos fueron presentados en fotocopias simples. Al respecto, corresponde precisar que en el sistema acusatorio adversarial vigente en el Estado boliviano, el sistema de valoración de la prueba corresponde al sistema de “valoración libre”, por el cual, es el juez quien determina, en atención a lo que se denomina “sana critica”, que valor debe otorgarse a cada una de las pruebas practicadas, de tal forma que el simple hecho de que una prueba sea presentada en fotocopia simple no le resta, ni le quita valor probatorio. 3. HECHOS NO PROBADOS Y DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA A LA QUE NO SE OTORGO VALOR PROBATORIO PRIMERO. – No se ha probado, que la auditoria especial sobre el cumplimiento al Decreto Supremo 24686 de 30 de junio de 1997, no se haya realizado, toda vez que no se ha presentado un solo elemento probatorio tendiente acreditar este extremo, máxime si se considera que de la prueba literal codificada como MP 8 consistente en el memorándum PE 0391/2006, se tiene que lo que se solicito fue: “realizar una auditoria especial sobre el personal jubilado y los que recibieron $us 1.000 por año”, la cual fue cumplida, tal cual se evidencia de la literal codificada como MP 18 consistente en la auditoria DAI-3-002/2007, presentada el 13 de febrero del 2007, por el Director de Auditoria Interna, Félix Delgado Vásquez, consistente en una auditoria especial sobre el pago extralegal a trabajadores de la COMIBOL, este aspecto también aparece corroborado por la literal MP 19 consistente en el anexo 1 a la referida auditoria; la información sobre aceptación de recomendaciones; cronograma de implementación de recomendaciones, y acta de comunicación de resultados, consignadas en las literales codificadas como MP 20,MP 21, MP 22 y MP 23. SEGUNDO. - Asimismo, este Tribunal determina no otorgar ningún valor probatorio a las literales codificadas como MP 9, MP 10, MP 14, MP 15, MP 16, MP 17 y MP 24 por no ser pertinentes, ni proporcionar información útil para el esclarecimiento de la verdad histórica del hecho, ni de la responsabilidad de los acusados. Finalmente, tampoco se otorga ningún valor probatorio a la deposición del testigo Ramiro Sullcani Zarate, toda vez que éste no aporto al Tribunal con información útil, debido a su falta de recuerdos. 4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Habiendo el Ministerio Publico acusado por la comisión del delito de Conducta Antieconómica, corresponde ingresar al análisis del tipo penal. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL 1. ACCIÓN. – La conducta relevante para el derecho penal en el delito de Conducta Antieconómica se materializa en la acción de causar un daño al patrimonio de instituciones o empresas estatales; o, a los intereses del Estado a partir de una mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa. En el caso de autos de acuerdo a los hechos probados se establece que, el año 2007 se generó un daño al patrimonio a la empresa estatal COMIBOL, toda vez que se canceló el salario a una funcionaria que estuvo ausente de su fuente laboral por aproximadamente un mes. Ahora, si bien también se ha demostrado que para la gestión 2008, se realizaron todas las gestiones para que esta funcionaria proceda a la devolución de este salario, no es menos cierto que la conducta quedo consumada ya para el año 2007, debiendo operar esta situación como una atenuante en la fijación de la pena. 2. TIPICIDAD. - Para realizar el juicio de tipicidad corresponde ingresar al análisis de la tipicidad objetiva y subjetiva. 2.1. TIPICIDAD OBJETIVA. – Se analizará si concurren los elementos del tipo penal (la disposición normativa). Dentro de la tipicidad objetiva existen tres puntos de análisis: los sujetos, la conducta y el objeto material. 2.2. SUJETOS. - Tanto los sujetos activos como los sujetos pasivos en este tipo penal son propios, ya que únicamente puede ser sujeto activo la funcionaria o el funcionario público, quien ejerce cargos directivos u otros de responsabilidad, mientras que el sujeto pasivo recae en las instituciones o empresas estatales. En el presente caso todos los sujetos activos eran funcionarios públicos, que desempeñaban funciones en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), siendo el Sr. Félix Delgado, Director de Auditoria Interna, Jaime Rossell Maldonado, Gerente Administrativo Financiero y Julio Quintanilla Gosalvez, Jefe Jurídico de Contratos, mientras que, Elizabeth Jacqueline Aliga desempeñaba el cargo de secretaria ejecutiva. En el caso del sujeto pasivo, este recae en la empresa estatal minera COMIBOL. 2.3. CONDUCTA GENÉRICA DEL TIPO PENAL. El Art. 224 del CP vigente en la gestión 2007, refería: “El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado será sancionado con privación de libertad de uno a seis años. Si actuare culposamente la pena será de reclusión de 3 meses a dos años”. De lo anterior, se advierte que la conducta delictiva puede ser tanto por acción como por omisión, ya que se trata de una conducta en la que el sujeto activo causa por una mala administración o dirección técnica o por cualquier otra causa un daño, nótese que la condición sine quanon para que se consume el tipo es que exista un daño al patrimonio a las instituciones o empresas estatales o a los intereses del Estado. En el caso de autos ha quedado probado la existencia de un daño al patrimonio de la empresa COMIBOL conforme se explicó en el punto 1 del presente acápite. Por otro lado, de acuerdo a los hechos probados se ha podido establecer la existencia de una mala dirección técnica por parte de los acusados Félix Delgado, Director de Auditoria Interna y Jaime Rossell Maldonado, Gerente Administrativo Financiero, toda vez que beneficiaron con un pago indebido a la Sra. Jaqueline Aliaga, en su condición de secretaria, quien desde el 5 de febrero al 5 de marzo del año 2007 no estuvo en su fuente laboral, sin embargo, recibió el pago correspondiente al mes de febrero. Al respecto, es importante notar que la referida acusada era secretaria de la Dirección de Auditoria Interna, la cual se encontraba a cargo del acusado Félix Delgado; es decir, este co-acusado tenía una relación directa de dependencia con la referida acusada y en consecuencia tenia pleno conocimiento que su secretaria estuvo ausente de su fuente laboral por aproximadamente un mes y pese a ello, solicito a través de diferentes notas al Gerente Administrativo Financiero, Jaime Rossell el pago del total de sus haberes, que incluía el mes de febrero, este a su vez sin verificar el tiempo trabajado por esta ciudadana, ni solicitar los informes correspondientes al área de recursos humanos, lo autorizó. Este extremo se agrava cuando para viabilizar el pago aparece un adendum de contrato civil suscrita en fecha 8 de febrero por los acusados Hugo Miranda Rendón (+) Presidente Ejecutivo, Félix Delgado, Director de Auditoria Interna, Jaime Rossell Maldonado, Gerente Administrativo Financiero, Julio Quintanilla Gosalvez, Jefe de Contratos y Elizabeth Jacqueline Aliaga en calidad de contratista, nótese que esta última para el 8 de febrero no se encontraba en territorio boliviano, sin embargo se consigna su firma en el documento, pese a que los acusados Félix Delgado y Jaime Rossell Maldonado tenían pleno conocimiento de este extremo. Ahora bien, cabe señalar que el referido adendum de contrato fue elaborado por la Jefatura de Contratos de COMIBOL, cargo que se encontraba asignado al acusado Julio Quintanilla Gosalvez, quien primero procedió a elaborar un contrato con una funcionaria que a la fecha de sus suscripción estaba fuera del país y en consecuencia no asistía a su fuente laboral, este aspecto llama la atención, pues carece de logicidad ampliar el contrato de una funcionaria que no podrá desarrollar sus funciones, cuando la finalidad de estos adendums de contratos era precisamente garantizar la continuidad de la parte administrativa y técnica de la COMIBOL. Por otro lado, para que el pago irregular referido líneas supra se materialice, se requería de una relación contractual entre la acusada Jacqueline Aliaga y la empresa COMIBOL, toda vez que ésta ya había cumplido su contrato el 31 de diciembre del 2006; es decir que para enero del 2007 está ciudadana ya no tenía ningún tipo de relación laboral con la COMIBOL, sin embargo, pese a su ausencia surge el adendum de contrato civil de prestación de servicios determinados DPJC-008/2007 supuestamente suscrito en fecha 8 de febrero del 2007 por todos los acusados antes nombrados, además del co-acusado Julio Quintanilla Gozalvez, quien en su calidad de Jefe Jurídico de Contratos elaboro y reviso este documento omitiendo verificar si la Sra. Aliaga a la fecha de la suscripción del contrato aún se encontraba cumpliendo funciones en la COMIBOL. Nótese que este co acusado elaboro y suscribió un contrato con una persona primero, ausente en la fecha de su suscripción, y segundo, que ya no se presentaba a su fuente laboral desde el 5 de febrero, lo que hace inferir que esta ciudadana suscribió el contrato recién en el mes de marzo, a días de su conclusión. Finalmente, en el caso de la acusada Jacqueline Aliaga en su condición de secretaria ejecutiva, cabe señalar que está teniendo pleno conocimiento que no desempeño sus labores durante el mes de febrero procedió tanto al cobro de su salario como a la suscripción del contrato. 2.3.1. OBJETO MATERIAL DEL DELITO. - Se establece que es el objeto físico sobre el que recae la conducta de los sujetos activos en el presente caso corresponde a la suma de Bs. 3090.- (Tres Mil Noventa 00/100 bolivianos). 2.3.2. TIPICIDAD SUBJETIVA.- En torno a la tipicidad subjetiva del delito de conducta antieconómica, este prevé la posibilidad de que la misma se realice tanto a título de dolo, como a título de culpa. En el caso del dolo será necesario acreditar la existencia de conocimiento y voluntad por parte del agente, mientras que en el caso de la culpa de conformidad al art. 15 del Código Penal se deberá acreditar que el agente no observo el cuidado al que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello: 1. No tomo conciencia de que realiza el tipo legal; o, 2. Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante, esta previsión, lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. En el presente caso se ha demostrado que los ahora acusados tenían pleno conocimiento que la acusada Jacqueline Aliaga no se encontraba cumpliendo sus funciones desde el 5 de febrero; sin embargo, pese a ello suscribieron un contrato con la misma en su ausencia, y efectivizaron un pago por trabajos no realizados, de tal forma que tuvieron la voluntad de generar un beneficio económico indebido en favor de la acusada Jacqueline Aliaga, en detrimento del patrimonio de COMIBOL. Asimismo, se debe considerar que todos los acusados cuentan con un grado académico de licenciatura y/o técnico medio, además de haber ocupado cargos directivos y de jefatura, de tal forma que tenían plena conciencia de que los hechos efectuados tendrían consecuencias jurídicas. 3. ANTIJURICIDAD. - Habiéndose establecido que la conducta es típica corresponde precisar que en presente caso no existen causales de exclusión del injusto, establecidas en los arts. 11 y 12 del Código Penal, por lo cual la conducta desplegada por los procesados es contraria a derecho. 4. CULPABILIDAD. - Ahora bien, los acusados en la situación en la que se encontraban considerando que todos ellos tenían un adecuado grado de formación académica, y que para ejercer los cargos que desempeñaban debieron haber acreditado idoneidad y capacidad; y que tenían la obligación de emplear todos sus conocimientos, habilidades y destrezas en favor de la COMIBIOL, y no así en su perjuicio, de tal forma que no se advierte la existencia de los elementos negativos de la culpabilidad establecidos en los Arts. 16 y 17 del Código Penal, y en consecuencia existe la necesidad de imponer una pena a los acusados acorde a los fines de la reinserción social. 5. PARTICIPACIÓN CRIMINAL. - De conformidad con el Art. 20 del CP, son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan su cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. De los hechos probados durante el debate del juicio oral se advierte que los acusados actuaron conjuntamente en eslabón, es decir inicio la acción delictiva Félix Delgado Vásquez al solicitar el pago de haberes de la funcionaria Jacqueline Aliaga que se encontraba bajo su dependencia directa, la cual fue aprobada por Jaime Rossell. Sin embargo, para que esta situación se concrete se requería de un contrato previo, el cual fue elaborado por Julio Quintanilla, Jefe Jurídico de Contratos, mismo que fue suscrito por todos los acusados, resultando directamente beneficiada la co-acusada Jacqueline Aliaga, quien conocedora de que no trabajo un mes acepto el salario. En consecuencia, la participación de 3 de los acusados en el inter criminis del delito de Conducta Antieconómica es de AUTORES. VIII. FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA Que de acuerdo a lo establecido en el art. 224 del CP se tiene que el tipo penal de Conducta Antieconómica en el año 2007 tenía una pena privativa de libertad de 1 a 6 años. Por otro lado, en el presente caso no son aplicables las agravantes generales, atenuantes generales, ni atenuantes especiales, establecidas en los artículos 39, 40 y 40 Bis del Código Penal. En consecuencia, a fin de determinar el quantum de la pena, este Tribunal basa su determinación en los criterios establecidos en los Arts. 37 y 38 del Código Penal, así pues, el Tribunal considera como circunstancias atenuantes que no se haya demostrado que los acusados cuenten con antecedentes penales o policiales. Por otro lado, el daño ocasionado fue reparado, ya que la empresa minera COMIBOL en su calidad de victima recupero el monto de dinero efectuado como parte del pago de haberes a la Sra. Jacqueline Aliga. Asimismo, se debe considerar como otra atenuante la escasa gravedad del hecho, en consideración al daño económico ocasionado. Por otro lado, el Tribunal también tiene presente que dos de los acusados son personas adultas mayores, tal es caso de Jaime Edmundo Rossell Maldonado, de 82 años de edad, de quien inclusive se tiene probado que cuenta con algunos problemas de salud a nivel de la columna vertebral, tal cual se infiere de las literales codificadas como PD 04 y PD 05; y, en el caso de Félix Delgado Vásquez, este al presente cuenta con 73 años de edad. Es así, que en ese balanceo entre circunstancias atenuantes y agravantes también se considera que todos los acusados al momento de hecho contaban con la suficiente formación académica e intelectual para motivarse por la norma a efecto de no incurrir en un hecho antijurídico, de tal forma que se considera que la imposición de una pena mínima va cumplir con la función de la enmienda y la readaptación. IX. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: Los Jueces Técnicos del Tribunal Sexto de Sentencia de la capital del departamento de La Paz, administrando justicia, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, con pleno ejercicio de jurisdicción, y con voto unánime, en mérito a todo lo visto y oído en las audiencias de celebración de juicio oral, público, continuo y contradictorio, FALLA en contra de los acusados JAIME EDMUNDO ROSSEL MALDONADO, JULIO QUINTANILLA GOSALVEZ, FELIX ROSENDO DELGADO VASQUEZ y ELIZABETH JACQUELINE ALIAGA AMAYA; y, en consecuencia los DECLARA CULPABLES de la comisión del delito de CONDUCTA ANTIECONOMICA tipificado en el Art. 224 del Código Penal en grado de autoría, por haber generado la prueba aportada, la convicción objetiva, plena y precisa de la existencia del hecho y la responsabilidad de los mismos; y considerando las circunstancias atenuantes, y agravantes en la imposición de la pena previstas en los Arts. 37 y 38 del Código Penal, al existir suficientes y elementos de culpabilidad en el hecho que se juzga, se los CONDENA a sufrir la pena privativa de libertad de 1 (UN) AÑO de RECLUSIÓN, a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz en el caso de los varones y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz en el caso de la fémina. Pena que deberá computarse desde el momento en que ingresen en privación de libertad debiendo descontarse el tiempo que hubiesen estado en detención preventiva inclusive desde sede policial. Asimismo, se los condena al pago de costas a favor del Estado; y daños y perjuicios en favor de la víctima a calificarse en ejecución de Sentencia. Esta sentencia de la que se tomara razón en el libro que corresponde, es pronunciada en la sala de audiencias del Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz a través de la plataforma virtual SISCO WEBEX siendo horas 13:04 pm del día 26 de agosto del 2021 años. Asimismo, al amparo de Art. 408 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que, a partir de su legal notificación con la presente sentencia, tienen el plazo de 15 (quince) días para ejercitar su derecho de recurrir en apelación restringida. La presente sentencia se funda en las siguientes disposiciones legales: Arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado Arts. 6, 24, 171, 172, 173, 340, 342, 343, 344, 344 y ss.; 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 del Código de Procedimiento Penal. Arts. 11,12,14,15, 20, 25, 27, 37,38,39, 40 y 224 del Código Penal. De conformidad a los Arts. 430 y 440 del Código de Procedimiento Penal, una vez ejecutoriada la presente sentencia, expídase los mandamientos de condena conforme lo establece el Art. 129 numeral 4) del Código de Procedimiento Penal y remítase copias de las piezas pertinentes ante el Juez de Ejecución Penal y el Registro de Antecedentes Penales. REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y TOMESE RAZÓN FIRMA Y SELLA: DRA. VERONICA ZAMBRANA MIER- JUEZ PRESIDENTE- TRIBUNAL DE SENTENCIA 6º CAPITAL FIRMA Y SELLA: DR. BELTRAN QUISPE PUCHO- JUEZ TECNICO DEL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA. FIRMA Y SELLA: DR. JUAN ADALIT MAMANI QUISPECAHUANA- JUEZ TECNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA 6º CAPITAL. FIRMA Y SELLA: Ante mí: DRA. PATRICIA HELEN ALVAREZ PONCE- SECRETARIA ABOGADA- TRIBUNAL 6º DE SENTENCIA. El presente edicto es librado a los Veintinueve días del mes de Septiembre de dos mil veinti un años, de lo que certifico. FIRMA Y SELLA: DRA. PATRICIA HELEN ALVAREZ PONCE- SECRETARIA ABOGADA DEL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA DE LA PAZ.


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