EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO NUREJ 201210267 JUZGADO: SENTENCIA PENAL PRIMERO DE CAPITAL JUEZ: DRA. PAOLA ZULMA TEJERINA ZENTENO ACTUARIA: ABOG. MARIA DEL CARMEN AUZA QUENTASI PROCESO: PENAL DELITO: AMENAZAS NÚMERO DE PROCESO: NUREJ 201210267 SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO IMPUTADO: NERY GIOVANI ZUBIETA VACA OBJETO: NOTIFICAR AL ACUSADO NERY GIOVANI ZUBIETA VACA, PARA QUE PRESENTE A ESTE JUZGADO Y ASUMAN DEFENSA EN SU CONDICION DE ACUSADO POR LO QUE SE PONE A SU CONOCIMEINTO LA SIGUIENTE RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021 PARA CUYO FIN. -------- RESOLUCIÓN JUDICIAL DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021. ---------------------- FUNDAMENTACION FACTICA Y JURIDICA: Del análisis efectuado, se tiene lo siguiente: 1) DELITO DE AMENAZAS el Art. 293 del CP, establece una sanción de prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días, la pena será de reclusión de 3 a 18 meses si la amenaza hubiera sido hecha con arma o por 3 o más personas reunidas, De conformidad con el numeral 4) del Art. 29 de la Ley 1970, que establece que la acción penal prescribe en dos años para los delitos sancionados con penas no privativa de libertad. 2) En el caso de autos es también importante establecer que el Art. 30 de Ley Adjetiva Penal, determina que el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o que cesó su consumación, esto en relación al delito de AMENAZAS la exteriorización de la conducta supuestamente delictuosa fue en fecha 16 de septiembre del 2012 y corre a partir de la media noche de ese día, fecha desde la cual se realiza el cómputo de la prescripción, en consecuencia el lapso para ejercitar la acción penal válidamente en la presente causa, se halla vencido, al haber transcurrido desde la fecha 20/09/2012 hasta el 16/06/2021 han transcurrido más de 8 años y 9 meses. 3) En la presente causa la acusada fue declarada rebelde mediante auto interlocutorio de fecha 17 de marzo de 2017 y de conformidad al Art. 90 de la Ley 1970, en tanto no comparezca el imputado se suspende la audiencia, advirtiendo que la presente declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción, sin embargo, de conformidad a lo establecido por el Art. 31 del CPP que establece que “El término de la prescripción de la acción penal se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual se computará nuevamente”. Siendo en el presenta caso que la declaratoria de rebeldía es de fecha 17/03/17 hasta el 17/03/2021 han transcurrido 4 años, hasta el 17/06/2021 han transcurrido 3 meses, haciendo un total de 4 años y 3 meses. Sin embargo, se debe descontar la suspensión de actividades dispuestas por la circular de presidencia TSJ 04/2020 de 21 de marzo, que es del 23 de marzo de 2020 al 6 de julio de 2020, es decir 105 días equivalentes a 3 meses y 15 días haciendo un total de 3 AÑOS, 11 MESES Y 15 DIAS. lapso que impide el ejercicio válido y legal de la presente acción, siendo inoficioso el pretender proseguirla. Como se sabe, la facultad punitiva del Estado, para imponer penas por la comisión de hechos ilícitos se halla sujeta a diversos límites que el mismo Estado se impone, entre ellos, el temporal, por el cual, solo es admisible su ejercicio dentro del plazo establecido, fuera de él, la potestad del Jus Puniendi, deja de ser legítima y legal. Inclusive cuando la acción iniciada no concluye en el término fijado por ley, se produce la prescripción por el transcurso del tiempo a diferencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (Art. 133 CPP) en el que antes de extinguir se debe examinar y valorar los actos de dilación tanto del órgano jurisdiccional, persecutor o del imputado, no siendo el caso. El Tribunal Constitucional en su SC Nº 1709/04 R, toma como fuente el análisis de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica, que en su falla Nº 4397/99 sostiene: “la Sistema de Registro Judicial SIREJ prescripción es un instrumento jurídico creado a efecto de declinar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, que actúa a modo de sanción procesal por la inactividad de los sujetos procesales en los procesos iniciados o no”. Confirmando este razonamiento; y resaltando el carácter público de la prescripción, el Tribunal Constitucional cita también a la Corte Constitucional de la República de Colombia, que en su Resolución C-416/02, señala: “La prescripción de la acción penal, es una institución de orden público, en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva –ius puniendi- por el cumplimiento del término señalado en la respectiva ley. Dicho fenómeno ocurre cuando los operadores jurídicos dejan vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción penal sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra del ciudadano beneficiado con la prescripción”. Asimismo, el Tribunal Constitucional de Bolivia en la S.C. 0023/2007-R refiriéndose a los fundamentos de la prescripción señala: “… La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales”. El mismo criterio está plasmado en las Sentencias Constitucionales: SC. 187/2004 –R de 9 de febrero, 0101/2006 –R de 25 de enero, 839/2007 –R de 11 de diciembre. La prescripción a diferencia de las demás excepciones, no solo puede oponerse como tal, sino que opera también como resolución. Al haberse cumplido el plazo establecido en el Inc. 4) del Art. 29 de la citada ley, de manera categórica e imperativa impone la cesación de la potestad punitiva del Estado provocada por el transcurso del tiempo y la inacción de quien debía hacerlo en tiempo oportuno. Asimismo, se debe considerar la S.C. Nº 1935/2013 de fecha 4 de noviembre que de forma clara y precisa establece como debe darse el tratamiento para el cómputo de la prescripción. POR TANTO.- En mérito a los fundamentos expuestos y bajo responsabilidad de los operadores de justicia que tuvieron a su cargo la presente causa y en observancia de las normas citadas, SE DECLARA la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL a favor del imputado NERY GIOVANNI ZUBIETA VACA en relación al delito de AMENAZAS Incurso en el Arts. 293 del Código Penal EXTINGUIÉNDOSE LA ACCIÓN de conformidad al Inc. 8) del Art. 27 en relación al art, 29 núm. 4 de la Ley 1970, disponiéndose el archivo de obrados con su respectiva prueba. La presente resolución admite el recurso de apelación incidental a interponerlo en el término de tres días desde su legal notificación, notifíquese a todas las partes procesales. ANOTESE.- FDO. Y SELLADO DRA. PAOLA ZULMA TEJERINA ZENTENO JUEZ DE SENTENCIA PENAL PRIMERO DE LA CAPITAL ANTE MI ABOG MARIA DEL CARMEN AUZA SECRETARIA DEL . :23012001 :23311


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