EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PRIMERO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA EDICTO Nº 76/2021 EL DOCTOR GARY BRACAMONTE GUMIEL, JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL, SUCRE –BOLIVIA Sucre – Bolivia POR EL PRESENTE EDICTO HACE SABER A LOS CO-IMPUTADOS: CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, WILSON ORIHUELA TAPIA, ALICIA PAREJA APAZA, Y NELIDA SALAZAR TANGO, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público a denuncia de ENRIQUE LEAÑO PALENQUE en contra de CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, WILSON ORIHUELA TAPIA, ALICIA PAREJA APAZA, NELIDA SALAZAR TANGO Y OTROS, por la presunta comisión del delito de OMISION DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, previsto y sancionado por el Art. 149 del Código Penal, con CU:101102012003097; SE HA DISPUESTO QUE SE NOTIFIQUE CON: MEMORIAL DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2021 Y AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021; CUYO TENOR LITERAL ES COMO A CONTINUACION SE TRANSCRIBE --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ /// A CONTINUACIÒN SE ADJUNTA MEMORIAL DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2021 Y AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021; correspondiente al cuaderno de investigación.///----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- CRITERIO DE OPORTUNIDAD DE 05 DE AGOSTO DE 2021------------------------------- ------------ SEÑOR JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE LA CAPITAL Recalifica tipo penal. ---- Imputa formalmente. ----- Requiere criterio de oportunidad. ---- C.U 101102012003097 Otrosíes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- El suscrito Fiscal de Materia, asignada la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dentro de la investigación seguida por el Ministerio Publico a querella de ENRIQUE LEAÑO PALENQUE en su condición de Director Técnico del SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD – CHUQUISACA contra ADELFA INCATA AVILA, CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, CRHISTIAN TITO CLAURE, BARBARA LUISA DULON ZAMBRANA, TOMASA MERCADO YUCRA, ALICIA PAREJA APAZA, WILFREDO VARGAS TELLEZ, NELLY ZANABRIA ZARATE, CORINA MONTESINOS, MERY ROMERO ARCE, JUAN BENITO LOPEZ CAMPOS, JUSTA BARAÑADO RIOS, WILSON ORIHUELA TAPIA, JOSE VILLARROEL PATICO, BETTY MAURA BARRERO TELLEZ, NIEVES MACIAS Sistema de Registro Judicial SIREJ ORTEGA Y NELIDA SALAZAR TANGO, por la presunta comisión del delito de OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, previsto y sancionado por el Art. 149 del Código Penal, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público, Art. 301, Inc. 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, ante su autoridad con las debidas consideraciones de respeto exponemos y peticionamos lo siguiente: I. DATOS GENERALES DE LAS IMPUTADOS Nombre y apellidos : ADELFA INCATA AVILA Fecha de nacimiento : 30 de agosto de 1994 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Nor Cinti - Incahuasi Cédula de identidad : 10392037 Ch. Estado civil : Casada Ocupación : Lic. en Enfermería Domicilio real : Calle Av. Circunvalación N° 155, Barrio La Florida de La ciudad de Tarija Teléfono o celular : 72960828 Abogado defensor : Zulma León Rosso Domicilio procesal : Calle Daniel Campos N° 647 de la ciudad de Tarija Teléfono o celular : 72995763 Nombre y apellidos : CHRISTIAN TITO CLAURE Fecha de nacimiento : 22 de junio de 1988 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 5691718 Ch. Estado civil : Soltero Ocupación : Medico Cirujano Domicilio real : Calle Manco Kapac N° 81, Zona Hualparrimachi Teléfono o celular : 79320698 Abogado defensor : Rodrigo Tricio Robles Gutiérrez Domicilio procesal : Calle Franz Ruck N° 2 Teléfono o celular : 73440150 Nombre y apellidos : BARBARA LUISA DULON ZAMBRANA Fecha de nacimiento : 04 de diciembre de 1958 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1065097 Ch. Estado civil : Viuda Ocupación : Empleada Domicilio real : Calle Guillermo Loayza N° 99 Teléfono o celular : 73474342 Abogado defensor : Luis Alejandro Núñez Salgueiro Domicilio procesal : Calle Gregorio Mendizábal N° 325 Teléfono o celular : 72869211 Nombre y apellidos : WILFREDO VARGAS TELLEZ Fecha de nacimiento : 12 de octubre de 1953 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1033909 Ch. Estado civil : Divorciado Ocupación : Médico Cirujano Domicilio real : Calle Berardo Valda N° 168 Teléfono o celular : 77113407 Abogado defensor : José Lucas Ayca Bautista Domicilio procesal : Calle Gregorio Mendizábal N° 325 Teléfono o celular : 78672735 Nombre y apellidos : NELLY ZANABRIA ZARATE VDA. DE DELGADO Fecha de nacimiento : 1220 de marzo de 1949 de octubre de 1953 Lugar de nacimiento : Potosí – Sud Chichas - Tupiza Cédula de identidad : 1269342 Pt. Estado civil : Viuda Ocupación : Auxiliar de Enfermería Domicilio real : Pasaje Campamento Ferroviario N° 41, Zona El Tejar Teléfono o celular : 70315741 Abogado defensor : Humberto Quispe Poma Domicilio procesal : Calle Kilometro 7 N° 298 Teléfono o celular : 70336268 Nombre y apellidos : CORINA MONTECINOS Sistema de Registro Judicial SIREJ Fecha de nacimiento : 04 de febrero de 1950 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1071964 Ch. Estado civil : Soltera Ocupación : Jubilada Domicilio real : Calle Víctor Samos N° 57, Zona Poconas Teléfono o celular : 64 42297 Abogado defensor : Gloria Torres Inchausti Domicilio procesal : Av. del Maestro N° 285 Teléfono o celular : 77127297 Nombre y apellidos : MERY ROMERO ARCE DE CRUZ Fecha de nacimiento : 18 de marzo de 1963 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1083403 Ch. Estado civil : Casada Ocupación : Estudiante Domicilio real : Destacamento 317 N° 279 Teléfono o celular : 73445669 Abogado defensor : Marco Antonio Reyes Choquevillca Domicilio procesal : Calle Manuel Molina N° 286, Of. 12 Teléfono o celular : 72888364 Nombre y apellidos : JUAN BENITO LOPEZ CAMPOS Fecha de nacimiento : 26 de junio de 1956 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1037297 Ch. Estado civil : Casado Ocupación : Medico Cirujano Domicilio real : Calle Tarija N° 410 Teléfono o celular : 72856971 Abogado defensor : Ximena Torres Campos Domicilio procesal : Calle Adolfo Costa Du Rels N° 184 Teléfono o celular : 68638754 Nombre y apellidos : JUSTA EVA BARAÑADO RIOS Fecha de nacimiento : 30 de julio de 1951 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1056851 Ch. Estado civil : Divorciada Ocupación : Auxiliar de Enfermería Domicilio real : Barrio San Francisco N° 3 Teléfono o celular : 67622311 Abogado defensor : Efraín Arañado Ríos Domicilio procesal : Calle Avaroa N° 64 Teléfono o celular : 67622311 Nombre y apellidos : JOSÉ VILLARROEL PATICO Fecha de nacimiento : 29 de agosto de 1946 Lugar de nacimiento : Oruro – Pantaleón Dalence - Huanuni Cédula de identidad : 578697 Or. Estado civil : Casado Ocupación : Medico Cirujano Domicilio real : Calle Armando Montenegro N° 329 Teléfono o celular : 75431338 Abogado defensor : Manuel Pérez Hassenteufel Domicilio procesal : No consigna Teléfono o celular : 75791808 Nombre y apellidos : NELIDA SALAZAR TANGO Fecha de nacimiento : 20 de marzo de 1951 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Yamparaez - Yamparaez Cédula de identidad : 1132425 Estado civil : Divorciado Ocupación : Auxiliar de Enfermería Domicilio real : Calle Berardo Valda N° 168 (Se desconocen más datos) Sistema de Registro Judicial SIREJ Nombre y apellidos : CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ Fecha de nacimiento : 25 de mayo de 1944 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1042447 Estado civil : Viudo Ocupación : Médico Cirujano (Se desconocen más datos) Nombre y apellidos : WILSON ORIHUELA TAPIA Fecha de nacimiento : 18 de mayo de 1986 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Huañoma Cédula de identidad : 5681760 Ch. Estado civil : Soltero Ocupación : Médico Cirujano (Se desconocen más datos) Nombre y apellidos : ALICIA PAREJA APAZA Fecha de nacimiento : 03 de agosto de 1960 Lugar de nacimiento : Chuquisaca – Oropeza - Sucre Cédula de identidad : 1081446 Estado civil : Casada Ocupación : Labores de Casa (Se desconocen más datos) II. DATOS GENERALES DEL QUERELLANTE Nombre y apellidos : ENRIQUE LEAÑO PALENQUE en su condición de Director Técnico del SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD – CHUQUISACA Domicilio real y procesal : Calle Rosendo Villa N° 202 III. DESCRIPCIÓN DEL HECHO De la querella formulada por Enrique Leaño Palenque en su condición de Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES – CH), se tiene que por nota ENC.-DJBR-SEDES CH CITE: 003/2020, del que se desprende el informe de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por INCORPORACIONES, DEJACION DE CARGO Y CUMPLEAÑOS correspondiente al periodo ABC - Tercer Trimestre: julio, agosto, septiembre de la gestión 2020, con indicios de responsabilidad por la función pública, denotándose que los ciudadanos Adelfa Incata Ávila, Carlos Moisés Pacheco Núñez, Crhistian Tito Claure, Barbará Luisa Dulon Zambrana, Tomasa Mercado Yucra, Alicia Pareja Apaza, Wilfredo Vargas Téllez, Nelly Zanabria Zarate, Corina Montesinos, Mery Romero Arce, Juan Benito López Campos, Justa Barañado Ríos, Wilson Orihuela Tapia, José Villarroel Patico, Betty Maura Barrero Téllez, Nieves Macías Ortega y Nélida Salazar Tango, hubieren incumplido con su declaración jurada de bienes y rentas por dejación del cargo. IV. INDICIOS SOBRE LA EXISTENCIA DEL HECHO Y SU VINCULACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LA DENUNCIADA EN EL DELITO IMPUTADO En mérito a que la Sentencia Constitucional No. SC 760/2003-R que ha establecido que la imputación formal no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo en alguno de los grados de participación criminal establecido por la ley penal sustantiva, o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios relacionados sobre su participación en el hecho que se les imputa, en la presente ocasión, los indicios colectados y que vinculan a las imputadas con los hechos son: 1. Querella de 10 de noviembre de 2020, interpuesta por Enrique Leaño Palenque en su condición de Director Técnico del SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES – CH) en contra de Adelfa Incata Ávila, Carlos Moisés Pacheco Núñez, Crhistian Tito Claure, Barbará Luisa Dulon Zambrana, Tomasa Mercado Yucra, Alicia Pareja Apaza, Wilfredo Vargas Téllez, Nelly Zanabria Zarate, Corina Montesinos, Mery Romero Arce, Juan Benito López Campos, Justa Barañado Ríos, Wilson Orihuela Tapia, José Villarroel Patico, Betty Maura Barrero Téllez, Nieves Macías Ortega y Nélida Salazar Tango. 2. Oficio ENC.-DJBR-SEDES CH CITE: 003/2020 de 20 de octubre de 2020, suscrito por Ericka Bejarano Canizares Responsable de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SEDES CH, por el que hace conocer los informes correspondientes al periodo ABC – TERCER TRIMESTRE de los meses julio, agosto y septiembre de la gestión 2020, por incorporaciones, dejación de cargos y cumpleaños. Sistema de Registro Judicial SIREJ 3. Certificación Cite U. RRHH N° 290/2020 de 19 de noviembre de 2020, suscrito por la Abog. Liz Karina Agreda Vedia, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., mismo que refrenda el cargo y la baja de la institución de los siguientes ciudadanos: N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCLUSIÓN FUNCIONES QUE DESEMPEÑO 1 Adelfa Incata Ávila 30/06/2020 Licenciada en enfermería 2 Carlos Moisés Pacheco Núñez 27/07/2020 Médico Ginecólogo 3 Crhistian Tito Claure 17/08/2020 Medico Medicina Critica 4 Barbará Luisa Dulon Zambrana 12/08/2020 Trabajadora Manual 5 Tomasa Mercado Yucra 01/08/2020 Trabajadora Manual 6 Alicia Pareja Apaza 01/09/2020 Trabajadora Manual 7 Wilfredo Vargas Téllez 01/09/2020 Médico Ginecólogo 8 Nelly Zanabria Zarate 08/08/2020 Auxiliar de Enfermería 9 Corina Montesinos 01/09/2020 Trabajadora Manual 10 Mery Romero Arce 14/08/2020 Fisioterapeuta 11 Juan Benito López Campos 11/08/2020 Médico Ginecólogo 12 Justa Barañado Ríos 15/09/2020 Auxiliar de Enfermería 13 Wilson Orihuela Tapia 27/07/2020 Medico 14 José Villarroel Patico 10/09/2020 Médico Traumatólogo 15 Betty Maura Barrero Téllez 27/07/2020 Auxiliar de Enfermería 16 Nieves Macías Ortega 31/08/2020 Trabajadora Manual 17 Nélida Salazar Tango 18/08/2020 Auxiliar de Enfermería ? Asimismo, adjunta la siguiente documentación: o Carta de renuncia de 30 de junio de 2020, suscrita por Adelfa Incata Ávila, por la cual pone a conocimiento su renuncia a su cargo de Responsable del Puesto de Salud de San Andrés. o Memorándum Cite URRHH N° 280/2019 de 01 de agosto de 2019, suscrito por la Lic. Marínela F. Polo Hurtado, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CHUQUISACA, dirigido a Adelfa Incata Ávila, por el que la designa al cargo de Licenciada de Enfermería del Centro de Salud San Andrés del municipio de Incahuasi dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca. o Carta de renuncia de 06 de julio de 2020, suscrito por el Dr. Carlos Moisés Pacheco Núñez, por el cual pone a conocimiento su renuncia por jubilación, al cargo de Ginecólogo Obstetra del Hospital San Juan de Dios de Camargo, siendo su desvinculación desde el 27 de julio de 2020, tomando en cuenta su vacación. o Carta de renuncia de 06 de julio de 2020, suscrito por el Dr. Chriatian Tito Claure, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Medico de Terapia Intensiva, misma que se haría efectiva desde el 17 de agosto de 2020. o Memorándum Cite URRHH N° 2182019 de 09 de mayo de 2019, suscrito por la Lic. Marínela F. Polo Hurtado, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CHUQUISACA, dirigido a Christian Tito Claure, por el cual lo designa al cargo de Médico Especialista en Medicina Critica y Terapia Intensiva M/T del Hospital Gastroenterologico Boliviano Japonés dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca. o Nota de 12 de agosto de 2020, suscrito por Barbará Luisa Dulon Zambrana, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo por jubilación. o Nota de 28 de agosto de 2020, suscrito por Alicia Pareja Apaza de Aceituno, por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de trabajadora manual, a efectos de acceder a su jubilación. o Nota de 01 de septiembre de 2020, suscrita por el Dr. Wilfredo Vargas Téllez, por la cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de médico de guardia del Hospital de la Mujer, a efectos de acceder a su jubilación. Sistema de Registro Judicial SIREJ o Nota de 08 de agosto de 2020, suscrita por Nelly Zanabria Zarate, por la cual pone a conocimiento su renuncia, a efectos de acceder a su jubilación. o Nota de 27 de agosto de 2020, suscrita por Corina Montesinos, por la cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de trabajadora manual, a efectos de acceder a su jubilación. o Nota de 14 de agosto de 2020, suscrito por la Lic. Mery Romero por el que pone a conocimiento su renuncia al cargo de Fisioterapeuta y Kinesióloga, a efectos de acogerse a su jubilación. o Nota de 10 de agosto de 2020, suscrito por Juan Benito López Campos, por el que hace conocer su renuncia al cargo de Medico Ginecólogo Obstetra del Hospital San Pedro Claver a partir del 11 de agosto de 2020. o Nota de 11 de septiembre de 2020, suscrito por Justa Eva Barañado Ríos, por el cual hace conocer su renuncia al cargo de Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud San Juan Bautista perteneciente al Distrito V de Monteagudo, misma que se haría efectiva desde el 14 de agosto en razón a sus vacaciones. o Nota de 27 de julio de 2020, suscrito por el Dr. Wilson Orihuela Tapia por el cual pone a conocimiento su renuncia al cargo de Médico Cirujano del Centro de Salud San Leonino de Iguembe. o Nota de 10 de septiembre de 2020, suscrito por el Dr. José Villarroel Patico por el que hace conocer su renuncia al cargo de Medico Traumatólogo del Hospital del Niño, a efectos de acogerse a su jubilación. o Nota de 18 de agosto de 2020, suscrito por Nelida Salazar Tango, por el cual hace conocer su renuncia al cargo de Auxiliar de Enfermería del municipio de Yamparaez, a efectos de realizar su trámite de jubilación. 4. Nota Cite: GDH-255-2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por la Abog. Jhoanna Acuña Anibarro Gerente Departamental Chuquisaca de la Contraloría General del Estado, quien remite lo siguiente: ? Informe UDJBR/CI-015/2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por la Ing. Claudia América Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas “por asumir el ejercicio del nuevo cargo” y/o “después del ejercicio del cargo” en la gestión 2020 de los ciudadanos Adelfa Incata Ávila, Carlos Moisés Pacheco Núñez, Barbará Luisa Dulon Zambrana, Tomasa Mercado Yucra, Alicia Pareja Apaza, Wilfredo Vargas Téllez, Nelly Zanabria Zarate, Corina Montesinos, Mery Romero Arce, Juan Benito López Campos, Justa Barañado Ríos, Wilson Orihuela Tapia, José Villarroel Patico y Nélida Salazar Tango. 5. Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Barbará Luisa Dulon Zambrana, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 19 de mayo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 6. Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Wilfredo Vargas Téllez, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 19 de mayo de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 7. Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Justa Eva Barañado Ríos, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 12 de febrero de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 8. Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Adelfa Incata Ávila, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 09 de junio de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 9. Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de José Villarroel Patico, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 15 de junio de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 10. Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de Juan Benito López Campos, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 17 de junio de 2021 (Después del ejercicio del cargo). 11. 12. Así mismo se tiene que Betty Maura Barrera Téllez y Nieves Macías Ortega, han prestado su correspondiente Declaración Informativa teniéndose cumplidos así los requisitos procesales. Sistema de Registro Judicial SIREJ V. RECALIFICA TIPO PENAL E IMPUTA FORMALMENTE Considerando que la etapa preparatoria tiene por objeto la acumulación de elementos que den cuenta de la existencia de elementos probatorios suficientes sobre la existencia del hecho y que ese hecho se subsuma a un tipo penal para finalmente determinar la participación del o los posibles autores del hecho, en la presente investigación se cuenta con suficientes elementos de convicción que permiten establecer la existencia del hecho y la verdad histórica del mismo, toda vez de que concluida la etapa preliminar y conforme a los actuados investigativos cursantes en el cuaderno de investigaciones, la investigación desarrollada en la fase preliminar propiamente dicha, tiene por resultado la acumulación de suficientes indicios de la participación de las imputadas: BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA DE SERRUDO, en relación al delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal con las modificaciones de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, por ende la posibilidad de sindicarlas como AUTORAS del referido ilícito penal que a la letra reza: “La servidora o servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años...”. De ahí que del artículo mencionado precedentemente se tendría que el Incumplimiento de Deberes es el delito por el que se omite de forma dolosa el cumplimiento de una obligación legalmente establecida emergente de la función pública; la condición objetiva de antijuricidad se traduce en que la función, acto, deber u obligación omitida, esté legalmente establecida y sea propia de la administración pública, puesto que no se le podrá exigir conducta dolosa ni culposa alguna a quien no tiene obligación de realizar un determinado acto. ----------- -------- Conforme lo señalado, se tiene lo dispuesto por el Art. 235 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, norma que señala que una de las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos es la de “Presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo…”, norma máxima y de observancia obligatoria que tiene estrecha vinculación con la Ley SAFCO que en su Art. 28 señala de forma expresa: “Todo servidor público responderá por los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A éste efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinarán tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión…”, en consecuencia sancionando expresamente la responsabilidad penal en su Art. 34: “la responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal...”; de similar modo y sobre el particular se tiene la Ley Nº 2027 o Estatuto del Funcionario Público que señala lo siguiente : “Art. 53° (DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS).- Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren ha momento de iniciar su relación laboral con la administración. Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación expresa…”. Consecuentemente de las legislaciones glosadas, éstas circunscriben la obligación que tiene todo funcionario público de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas en los momentos oportunos y así exigidos por el ordenamiento vigente, emergiendo de su incumplimiento el tipo de responsabilidad penal. -------------- En relación a lo expuesto, del análisis de todos los elementos de prueba colectados durante la etapa preliminar, éstos demuestran que las ahora imputadas: BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA DE SERRUDO, omitieron realizar de manera oportuna su declaración Jurada de Bienes y Rentas. ------------- A los efectos del juicio de tipicidad para el delito de omisión de declaraciones de bienes y rentas en el caso de autos tenemos a bien referir: Con relación a Betty Maura Barrero Téllez: “El servidor público…” o sujeto activo de este delito es Betty Maura Barrero Téllez, así se infiere del Cite U. RRHH N° 290/2020 de 19 de noviembre de 2020, suscrito por la Abog. Liz Karina Agreda Vedia, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Auxiliar de Enfermería dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004, en cuyo mérito queda incuestionablemente determinada la calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal. El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas Sistema de Registro Judicial SIREJ que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. En cuyo mérito, la ahora imputada Betty Maura Barrero Téllez en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, en fecha 27 de julio de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada Betty Maura Barrero Téllez, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 27 de julio de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es decepcionado por la Contraloría General del Estado el 05 de noviembre de 2020 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. Con relación a Nieves Macías Ortega: “El servidor público…” o sujeto activo de este delito es Nieves Macías Ortega, así se infiere del Cite U.RRHH N° 290/2020 de 19 de noviembre de 2020, suscrito por la Abg. Liz Karina Agreda Vedia, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos del SEDES – CH., en el cual consta que desempeñaba el cargo de Trabajadora Manual dependiente del Servicio Departamental de Salud SEDES – CH., tal cual prevé el art. 5 inc. 1) de la Ley 004, en cuyo mérito queda incuestionablemente determinada la calidad de sujeto propio exigido por este tipo penal. El tipo penal imputado también refiere: “…que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas…”, al respecto el art. 235.3 de la Constitución Política del Estado instituye el mandato que todo servidor público está obligado a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, mandato que ya se hallaba determinado en la Ley 2027 y en el D.S. 1233, normas que determinan la obligación que tiene todo funcionario público de prestar declaración jurada: I) Al asumir un cargo; II) Durante el ejercicio del cargo; y, III) Al dejar el cargo conforme se desarrollara más adelante. En cuyo mérito, la ahora imputada Nieves Macías Ortega en su calidad de servidor público estaba obligada a observar tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 2027 y su Reglamento; en la que se consigna con precisión su obligación de prestar su declaración jurada al momento de dejar su cargo, y no obstante de esta obligación, la misma omitió prestar su declaración jurada de bienes y rentas a tiempo de dejar el cargo aludido, en fecha 31 de agosto de 2020, tiempo en el cual ya se hallaba vigente la Constitución Política del Estado que, en su art. 235.3 reafirmó el mismo mandato; la propia Ley 2027 –vigente desde 27 de octubre de 1999- en su art. 53 sobre las declaraciones juradas de bienes expresa: “…los servidores públicos, prestarán declaraciones actualizadas periódicas conforme a reglamentación expresa”, y su D.S. Reglamentario N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su art. 4, parágrafo II refiere: “Las servidoras y servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro del plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”, siendo pertinente referir que la Constitución Política del Estado actual se halla vigente desde febrero de 2009, entretanto que la Ley 2027 y el D.S. 1233 que la reglamenta, se hallan vigentes desde el año 1999 y 2004 respectivamente; en dicho entendido la imputada Nieves Macías Ortega, conocedora de las normas jurídicas inherentes a sus Sistema de Registro Judicial SIREJ funciones, estaba obligada en su calidad de funcionario público al cumplimiento tanto de la Constitución como de la Ley y sus reglamentos, empero no lo hizo y por ello existe una conducta omisiva, pues no obstante que la imputada dejo su cargo el 31 de agosto de 2020, incumplió con dicha obligación expresamente establecida por Ley, evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley, extremo corroborado por el Certificado de declaración jurada de bienes y rentas de la imputada, que es recepcionado por la Contraloría General del Estado el 11 de noviembre de 2020 (Después del ejercicio del cargo), evidenciándose la Omisión en el cumplimiento de la prestación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las forma y plazos establecidas por Ley. Aspectos todos estos que se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba referidos y detallados precedentemente, mismos que deberán considerarse a los efectos de la presente Resolución. Ahora bien, los elementos colectados hasta este momento evidenciarían que las imputadas: BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, a sabiendas de la obligación contemplada en el Art. 235 num.3) de la CPE, que establece que es una obligación para los servidores públicos prestar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas durante y después del ejercicio del cargo, de ahí que las imputadas, no efectuaron su declaración jurada de bienes y rentas al momento de la dejación de su cargo, incumpliendo con su obligación, en el plazo establecido (30 días calendario), encontrándose esto fuera del marco legal en cuanto a temporalidad, generándose así un riesgo inminente al Control efectivo que debe realizar el estado sobre el incremento patrimonial ilícito y desmedido que pueda operar en los Servidores Públicos, fruto de esa labor o función pública que desempeñó, a costa del Estado, vulnerando así los principios que hacen a la Administración Pública, dentro de ellos la transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia, etc., que permiten que dicha conducta desplegada ingrese dentro del campo de lo Penalmente Reprochable. ---------- De ahí que éste su accionar omisivo ha hecho que las citadas servidoras públicas (en su momento) no cumplieron con una obligación propia de la función pública, es decir con su deber de efectivizar de manera correcta su respectiva declaración jurada de bienes y rentas a la dejación de su cargo; consiguientemente al incurrir con su conducta en una omisión sobre una obligación propia de la función pública, a ese efecto conforme a ello y la determinación del Art. 154 del Código Sustantivo Penal, el “Incumplimiento de Deberes” es el delito por el que se omite de forma dolosa el cumplimento de una obligación legalmente establecida emergente de la función pública; es así que el reconocido jurisconsulto ANIBAL JEREZ LEZANA manifiesta al respecto “El incumplimiento de deberes se trata de la acción de hacer o no hacer haciendo - acción u omisión - negarse o retardarse a cumplir con sus deberes que están expresamente indicados en sus competencias, el delito se consuma con la omisión aunque no haya consecuencias…”, al respecto y refrendando aquello se tiene el contenido del A.S. Nº 047/2.012-RRC que refleja lo siguiente de forma inextensa: “Para resolver el problema planteado en el recurso, corresponde precisar la naturaleza jurídica del delito de incumplimiento de deberes por el que fue acusado el recurrente. En esta labor, se tiene que el Art. 154 CP, modificado por la Ley 004 de 31 de marzo del 2010, señala: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”; es decir que este delito se consuma cuando el funcionario público omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de su función, sin que el tipo penal exija un resultado, por lo que independientemente de los efectos que pueda tener, el delito se consuma con el incumplimiento de deberes propios del funcionario público. Consiguientemente, incurre en la comisión de este delito el funcionario público y no una persona particular, entender de otro modo, es atentar contra el principio de legalidad penal, que no sólo exige que una acción sea antijurídica para el ordenamiento legal general, sino que es imprescindible que guarde identidad con uno de los tipos penales que sirven de presupuesto de la pena que se pretenda aplicar…”; consecuentemente de la fundamentación ilustrada y analizada ésta en relación a la conducta desplegada por las protagonistas del hecho criminoso BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, quienes a sabiendas de su obligación de realizar o proceder a su declaración jurada de bienes y rentas de manera oportuna, no cumplieron con la misma, al no haberlo hecho en la forma y modo previstos incurrieron con su conducta en una omisión sobre una obligación propia de la función pública. ------------- Ésta circunstancia fundamental, debe ser tomada en cuenta en relación a la comprobada comisión del ilícito de Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal) que de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia glosadas- es una figura en esencia “dolosa”, al respecto resulta atinado referir que todo delito o tipo delictivo se encuentra comprendido de dos elementos: el objetivo y el subjetivo, el Sistema de Registro Judicial SIREJ primero comprende aquellas situaciones o circunstancias que configuran el trance de un acto criminal - independientemente de la voluntad de realizarlo, éste se complementa de manera más acusada con el segundo componente intelectivo que es el dolo, la porción de psique que aborda el conocimiento y determinación de los actos a llevar a cabo para conseguir un resultado que se sabe ilícito; éste componente volitivo conforma en un plano general el tipo subjetivo del delito o conocido también como el “animus” que en realidad le da vida a uno de los cuatro caracteres del delito cual es la culpabilidad (pues sin culpabilidad no hay delito castigable) es así que en base al principio de legalidad la conducta investigada debe remitirse a aquella por obligación ya sea en su forma dolosa o culposa. En el caso presente y siendo la figura delictiva analizada sustancialmente dolosa, el “animus nocendi” o ánimo genérico de dañar o perjudicar “sí” se encuentra debidamente acreditado, más aun teniendo en cuenta la normatividad arriba reflejada que lógicamente las imputadas BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, debieron observar, siendo éstas reglas que todo servidor público debe observar en el desarrollo de sus funciones, no pudiéndose de manera alguna alegar, falta, oscuridad, insuficiencia de la ley o desconocimiento de las obligaciones y deberes a los cuales se encuentran sometidos los servidores públicos, esto para justificar su vulneración; consecuentemente estando comprobada la voluntad demostrada en una omisión a sabiendas de su carácter delictivo y estando afianzado el “dolo” con el que se actuó por cuanto el tipo penal en análisis es básicamente doloso, requiriendo el conocimiento por parte del sujeto activo que de manera ilegal omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de su función. -------------- En virtud a lo expuesto y habiendo concluido la investigación preliminar, habiéndose acumulado en dicha etapa elementos e indicios suficientes, que hacen presumir que las sindicadas: BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, son con probabilidad autoras directas del delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES - PRIMERA PARTE - previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal con las modificaciones de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en el grado de AUTORIA (Art. 20 del Código Pernal). En base a la fundamentación expuesta a la fecha, la suscrita se aparta de la calificación primigenia del caso en lo que respecta al delito de: Omisión de Declaración de Bienes y Rentas, debiendo tenerse presente a éste efecto el núm. 2) del Art. 302 del CPP que permite que la calificación del hecho pueda ser modificada conforme los resultados de la investigación; en el caso analizado la conducta exteriorizada por las imputadas y los elementos colectados en el periodo de investigación, demuestran que éstas incurrieron en la omisión de un deber misional; en consecuencia haciendo una ponderación sobre la atribución del hecho punible al presente se FORMALIZA IMPUTACION en contra de: ? BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, como autora directa del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal -primera parte- con las modificaciones de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” mismo que reza: “...La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años…” en grado de autoría como se tiene referido en el párrafo referido precedentemente. (Solicitando a su autoridad disponga la notificación respectiva a los sujetos procesales con el presente requerimiento). VI. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE SALIDA ALTERNATIVA - CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA Mediante el presente requerimiento el Ministerio Público con la facultad conferida por los Arts. 301-1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, ha imputado a las sindicadas: Betty Maura Barrero Téllez y Nieves Macías Ortega por la presunta comisión del ilícito de: Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal con las modificaciones de la Ley 004, siempre en atención a los principios de objetividad, probidad, oportunidad, en procura de lograr la solución del conflicto penal de manera prioritaria. Comprendido aquello y estando gozando de los derechos y obligaciones que emergen de un Estado democrático de derecho, es imperioso establecer prioridades en la persecución penal considerando la mayor o menor lesividad social de un hecho delictivo, el interés relevante respecto a la sociedad como así mismo la habitualidad o reincidencia que pudieran demostrar el o los Imputados respecto a similar conducta criminal perpetrada; son justamente éstos aspectos que han sido tomados en cuenta por el Ministerio Público para solicitar la aplicación de la Salida Alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada, conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico Procesal Penal en vigencia. Consecuentemente el delito atribuido a las ahora Imputadas, tiene sancionada una pena privativa de libertad de (1) a (4) años, sanción que en el mejor de los casos podría darse en su máximo en un Juicio Sistema de Registro Judicial SIREJ Oral Público y Contradictorio; sin embargo de aquello y siendo la pena indeterminada, en conocimiento directo de los sujetos procesales, las circunstancias y los móviles del hecho (esto en consideración a las circunstancias genéricas y atenuantes generales previstas en los Arts. 38 y 40 núm. 3) del Código Sustantivo de la Materia) de ninguna manera sometido el procesado a Juicio Oral Público y Contradictorio, podría condenársele a una pena superior a los (2) dos años, aspecto que haría previsible la aplicación del Perdón Judicial tal como lo tiene preceptuado el Art. 368 del Procesal Penal que establece que: “se concederá el Perdón Judicial al Autor o Partícipe, que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a (2) dos años…”, por lo que es posible aplicar en favor de las Imputadas: BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, una Salida Alternativa, siendo en consecuencia atinado aplicar lo establecido en el Art. 21 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal, pues se tiene reglado que el Ministerio Público puede solicitar al Juez de la causa prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto a uno o algunos de los partícipes, cuando sea previsible el “Perdón Judicial”; teniendo presente además que en la actualidad las citadas personas no cuentas con antecedente penal alguno y sobre todo la inexistencia de “daño económico” en relación a la víctima. Sobre éste particular corresponde referir que, la actual Constitución Política del Estado expresa en la disposición del Art. 123 : “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución…”, revalidando aquello el contenido del Art. 112 que señala “Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad…”; precisiones normativas de interés para la causa en análisis por cuanto el Art. 154 del CPP (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES) se encuentra contemplado en el Código Penal modificado por la Ley 004 y además sistematizado como delito de “corrupción” solo en su segunda párrafo, exceptuándose su parte primera que escapa a las prescripciones constitucionales citadas, emergiendo de aquello su consideración como un delito común y sobre el cual operan las salidas alternativas al proceso cuya posibilidad no se encuentra restringida por las modificaciones hechas a los Art. 366 y 368 del Procesal Penal, éstas innovadas por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Nº 004, en razón de la circunstancia anotada que demuestra que la inexistencia de daño económico al Estado (o sus instituciones) solo hace a éste delito vinculado a corrupción y sobre los cuales se encuentra la aplicación de salidas alternativas. Al respecto de aquello, la delimitación emergente de la jurisprudencia sentada por el A.S. Nº213/2013- RRC de fecha: 27/Agosto/2.013 que señala de forma textual lo siguiente: “Ahora bien, a esta altura del análisis y considerando las disposiciones contenidas en el Art. 112 de la CPE que dispone: “…los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad…”; se establece con base a una interpretación contextualizada, que el legislador al sistematizar los delitos contenidos en la Ley 004 y desde el marco de proporcionalidad, estableció una diferenciación entre delitos propios de corrupción con delitos vinculados debe entenderse relacionados con corrupción, a partir de que los últimos por sí solos, no poseen como uno de sus elementos, los denominados “actos de corrupción que comprometan o afecten recursos del Estado” en los términos y formas definidos en los Arts. 1 y 2 de la Ley 004; en consecuencia, si bien taxativamente por imperio de la Ley, el beneficio de la suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción, debe entenderse que esta situación de improcedencia está referida a aquellos que resultan propios y se hallan consignados en los Arts. 24 -primer párrafo- y 25 de la citada Ley, sin que exista limitación alguna para su concesión en los casos de los delitos vinculados con corrupción…..En la misma línea de análisis y dentro del referido contexto, de manera particular estando establecido el ámbito de análisis de la presente Resolución, puede constatarse que si bien la Ley 004 cita el Art. 154 del CP, en ambos grupos de delitos, es necesario precisar la circunstancia que determina que este delito sea considerado como de corrupción propiamente dicho o como delito vinculado a la corrupción. Así, la norma penal sustantiva que fuera modificada por el Art. 34 de la Ley 004, señala: “(Incumplimiento de Deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”. La norma agrega: “La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado”….Esto significa, que es la circunstancia agravante descrita en la parte final del citado Art. 154 del CP, la que determina la naturaleza del delito, de modo que si el Sistema de Registro Judicial SIREJ imputado acomoda su conducta a las previsiones contenidas en la primera parte de la referida norma sustantiva penal, se estará ante un delito vinculado con corrupción; pero si concurre la circunstancia agravante, ante un delito propio de corrupción…”. Esta diferenciación resulta relevante en cuanto a la procedencia del beneficio del “perdón judicial” instituido por el Art. 368 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto corresponde referir que la causal que marca la aplicación de éste precepto es la pena que prevé el tipo penal concreto, consiguientemente es pertinente referir que de acuerdo a las características del fenómeno criminal, no todos los delitos merecen el mismo tratamiento pudiéndose evitar que muchos de ellos no vayan a juicio buscándoles otra forma de solución, esto tomando en consideración la “política criminal” adoptada por nuestro país, misma que en la actualidad se encuentra direccionada al juzgamiento de los delitos violentos y pluriofensivos, los delitos económicos, los delitos de corrupción pública (rescatando el concepto de corrupción contemplado en el Art. 2 de la Ley 004) los delitos sexuales y los cometidos por el crimen organizado (tráfico de sustancias controladas, trata y tráfico de personas, legitimación de ganancias ilícitas y contrabando) es decir casos inexcusablemente investigables y que lógicamente generan un criterio de priorización en el sistema penal debiendo ser perseguidos sin limitación de esfuerzos y recursos; el criterio selectivo aplicado en la actualidad en lo relativo a la criminalidad, debe presentarse imponente frente a los crímenes de los poderosos (o delitos de cuello blanco) cuyo grado de afectación y consecuencias para la sociedad o el Estado son evidentemente funestas, traducidas éstas en daños materiales, perjuicios económicos que lleguen a alcanzar cifras exorbitantes, sin dejar de la do obviamente los delitos que impliquen la muerte violenta de personas, los delitos de tráfico de sustancias controladas, los de trata y tráfico de personas y otros que también ya han sido enunciados. Por otro lado, de conformidad al Manual para la verificación de Oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción en lo relativo a los Criterios para la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público se tiene que: Es necesario distinguir aquellas omisiones o inconsistencias encontradas en el proceso de verificación que fueron realizadas de forma dolosa y con la clara intención de ocultar o falsear una información patrimonial y financiera de aquellas que fueron cometidas de manera culposa ya sea por negligencia o error, es decir, sin tener una intención de ocultar información o engañar al estado. Recordando que los delitos de corrupción vinculados con la DJBR deben ser dolosos y no culposos, pues uno de los objetivos de la verificación es la presunta detección de delitos para su posterior investigación, procesamiento y sanción de aquellos servidores y ex servidores públicos que mientan o engañen al estado falseando u ocultando información financiera patrimonial con el propósito de enriquecerse de manera ilícita o esconder sus bienes en procesos de recuperación producto de algún tipo de daño económico causado al patrimonio del estado, en el caso de autos pretende evitar la acumulación, de riquezas a costa del Estado, siendo la declaración jurada de bienes y rentas un mecanismo efectivo para controlar el patrimonio de sus empleados y verificar de este modo que no existe un enriquecimiento a costa del Estado o actos de corrupción. ---------- Conforme lo señalado, se tiene lo dispuesto por el Art. 235 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, norma que señala que una de las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos es la de “Presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo…”, norma máxima y de observancia obligatoria que tiene estrecha vinculación con la Ley SAFCO que en su Art. 28 señala de forma expresa: “Todo servidor público responderá por los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A éste efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinarán tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión…”, en consecuencia sancionando expresamente la responsabilidad penal en su Art. 34 : ”la responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal...”; de similar modo y sobre el particular se tiene la Ley Nº 2027 o Estatuto del Funcionario Público que señala lo siguiente : “Art. 53° (DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS).- Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren ha momento de iniciar su relación laboral con la administración. Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación expresa…”. Consecuentemente de las legislaciones glosadas, éstas circunscriben la obligación que tiene todo funcionario público de prestar su Declaración Jurada de Bienes Sistema de Registro Judicial SIREJ y Rentas en los momentos oportunos y así exigidos por el ordenamiento vigente, emergiendo de su incumplimiento el tipo de responsabilidad penal. ------ En consideración a la fundamentación ampliamente expuesta la suscrita representante del Ministerio Público, en ejercicio del principio de “Objetividad” descrito por el Art. 72 de la Ley Nº 1970, concordante con el Art. 5º núm. 3) de la Ley Nº 260 y al amparo de los Arts. 21 núm. 4) y 323 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, solicita a su autoridad disponga LA APLICACIÓN DE LA SALIDA ALTERNATIVA DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA EN FAVOR DE LAS IMPUTADAS BETTY MAURA BARRERO TELLEZ Y NIEVES MACIAS ORTEGA, en virtud de que de manera racional se puede establecer que en el hecho investigado “es previsible el Perdón Judicial”, estando permitida la aplicación de la citada circunstancias y prescindir de la acción penal bajo aquellos parámetros procesales; consiguientemente y en aplicación del Art. 27 núm. 4) de la Ley Adjetiva Penal, se impetra se declare extinguida la presente acción pública con referencia a las Imputadas, debiendo absolver el presente requerimiento de conformidad al parágrafo I del Art. 328 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley Nº 586 de “Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal”. Otrosí 1.- A fin de probar el cumplimiento de requisitos para la procedencia de la presente solicitud se adjunta al presente la documental anunciada líneas arriba, así como documental respaldatoria a efectos de acreditar lo aseverado, protestando al efecto la remisión del Certificado de Antecedentes Penales de las imputadas de manera oportuna. --------- Otrosí 2º.- Adjunto a la presente la Declaración Informativa de las imputadas; esto en atención a lo establecido en el Art. 98 del CPP. --------- Sucre, 16 de abril de 2021 -------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO: FISCAL DE MATERIA. ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021----------------------------------------------------- ------------ AUTO DEFINITIVO. ------- Sucre, 09 de agosto de 2021. ----------- CU: 101102012003097. --- PRONUNCIADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER N°1 DE LA CAPITAL, DENTRO PROCESO QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA ENRIQUE LEAÑO PALENQUE EN CONTRA DE 1) ADELFA INCATA AVILA; 2) CHRISTIAN TITO CLAURE, 3) BARBARA LUISA DULON ZAMBRANA, 4) WILFREDO VARGAS TELLEZ, 5) NELLY ZANABRIA ZARATE, 6) CORINA MONTECINOS, 7) MERY ROMERO ARCE, 8) JUAN BENITO LOPEZ CAMPOS, 9) JUSTA EVA BARAÑADO RIOS, 10) JOSE VILLARROEL PATICO, 11) CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, 12) ALICIA PAREJA APAZA, 13) WILSON ORIHUELA TAPIA Y 14) NELIDA SALAZAR TANGO, 15) BETTY MAURA BARRERO TELLEZ y 16) NIVES MACIAS ORTEGA, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (RECALIFICADO). ------------------ VISTOS: El memorial que antecede presentado por el MP, solicitando la salida alterativa de criterio de oportunidad, la recalificación del tipo penal, por parte del Ministerio Público de Omisión de declaración de bienes y rentas a Incumplimiento de Deberes (primer párrafo), previsto y sancionado en el art. 154 del Código Penal, la solicitud de aplicación de Criterio de Oportunidad, los elementos probatorios adjuntados, los antecedentes procesales, y todo cuanto corresponde. CONSIDERANDO I: Que, la representación del Ministerio Publico expide requerimiento conclusivo respecto de los co-imputados ) ADELFA INCATA AVILA; 2) CHRISTIAN TITO CLAURE, 3) BARBARA LUISA DULON ZAMBRANA, 4) WILFREDO VARGAS TELLEZ, 5) NELLY ZANABRIA ZARATE, 6) CORINA MONTECINOS, 7) MERY ROMERO ARCE, 8) JUAN BENITO LOPEZ CAMPOS, 9) JUSTA EVA BARAÑADO RIOS, 10) JOSE VILLARROEL PATICO, 11) CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, 12) ALICIA PAREJA APAZA, 13) WILSON ORIHUELA TAPIA Y 14) NELIDA SALAZAR TANGO, 15) BETTY MAURA BARRERO TELLEZ y 16) NIVES MACIAS ORTEGA por la presunta comisión del delito de INCUMPLIENTO DE DEBERES (primer párrafo), sancionado por el Art. 154 del Código Penal, (modificado por la Ley 004) y en base a la misma; solicita la salida alternativa del Criterio de Oportunidad Reglada a favor de las personas imputadas; adjuntando la correspondiente Sistema de Registro Judicial SIREJ prueba de los certificados del REJAP, prescindiendo de la audiencia y resolviendo la solicitud dentro del plazo de 5 días en sujeción al Art. 325 parágrafo II del Cdgo. De Pdto. Penal. Que, analizada dicha prueba con el valor probatorio del Art. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal se acreditan los siguientes extremos: 1. Que, 1) ADELFA INCATA AVILA, dejo su cargó el 30 de junio de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 2) CHRISTIAN TITO CLAURE, dejo su cargó el 17 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 3) BARBARA LUISA DULON ZAMBRANA, dejo su cargó el 12 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 4) WILFREDO VARGAS TELLEZ, dejo su cargó el 01 de septiembre de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 5) NELLY ZANABRIA ZARATE, dejo su cargó el 08 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 6) CORINA MONTECINOS, dejo su cargó el 01 de septiembre de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 7) MERY ROMERO ARCE DE CRUZ, dejo su cargó el 14 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 8) JUAN BENITO LOPEZ CAMPOS dejo su cargó el 11 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 9) JUSTA EVA BARAÑADO RIOS, dejo su cargó el 15 de septiembre de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 10) JOSE VILLARROEL PATICO, dejo su cargó el 10 de septiembre de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 11) CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, dejo su cargó el 27 de julio de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 12) ALICIA PAREJA APAZA, dejo su cargó el 01 de septiembre de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 13) WILSON ORIHUELA TAPIA, dejo su cargó el 27 de julio de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 14) NELIDA SALAZAR TANGO, dejo su cargó el 18 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 15) BETTY MAURA BARRERO TELLEZ, dejo su cargó el 27 de julio de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 16) NIEVES MACIAS ORTEGA, dejo su cargó el 31 de agosto de 2020, incumpliendo su obligación de prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, lo referido sobre los anteriores es corroborado por el oficio ENC. DJBR SEDES CH CITE: 003/2020 de 20 de octubre de 2020, suscrito por Ericka Bejarano Canizares, responsable de las declaraciones juradas de bines y rentas del SEDES CH; certificación CITEU.RRHH N°290/2020 de 19 de noviembre de 2020, suscrito por la abg. Liz Karina Agreda Vedia. Jefa de la unidad de recursos humanos del SEDES CH; Nota CITE: GDH 255 2021 de 08 de abril de 2021, suscrito por la abog. Jhoanna Acuña Anibarro, gerente departamental Chuquisaca de la contraloría General del Estado, quien remite el informe UDJBR/CI 015/ 2021 de 08 de abril 2021, suscrito por la Ing. Claudia America Sanabria Mujica, que da cuenta que no se ha identificado ningún registro respecto a declaraciones juradas de bienes y rentas, evidenciando la omisión en el cumplimiento de la prestación de declaración jurada de bienes y rentas en las formas y plazos establecidos por Ley. 2. Por el certificado de antecedentes penales se demuestra que los co-imputados, no tienen registrada ninguna Sentencia Condenatoria, Sentencia Ejecutoriada, Rebeldía o Suspensión Condicional del Proceso por lo que se acredita que es su primer delito en el cual se ve involucrado, que por la modalidad del hecho la persona imputada podría ser condenada una pena no mayor a dos años, siendo previsible el perdón judicial por la modalidad del hecho. Sistema de Registro Judicial SIREJ CONSIDERANDO II: Que, el Art. 21 primer párrafo del Código de Procedimiento Penal consagra el principio de legalidad en virtud al cual el Ministerio Público tiene el deber de promover y dirigir la investigación de cualquier hecho que revista caracteres de delito de acción pública, sometiendo a proceso a quien ese hecho pueda atribuirse; no obstante, el mismo artículo reconoce el principio de oportunidad como excepción de aquel, facultándole a perseguir o no hechos que se encuentren en determinadas situaciones expresamente previstas por la Ley, que afectan al hecho mismo, a las personas que se imputa o a la relación de éstas con otras personas o hechos. La incorporación del criterio de oportunidad en nuestra legislación radica fundamentalmente en la necesidad que tiene la sociedad de acceder a soluciones razonables y prontas al conflicto jurídico emergente de un hecho, sin necesidad de la realización de un juicio y su respectiva sentencia. Del inciso 4; referido a la previsibilidad del perdón judicial; Se ha acreditado que la parte imputada carece de antecedentes penales anteriores al presente hecho, conforme se extrae de los Certificados REJAP adjuntos, en atención a ello y no existiendo otras circunstancias agravantes en el hecho, analizado esto con el valor probatorio del Art. 171 y 173 del CPP, es altamente previsible que los coimputados sean condenados a una pena no superior a dos años de reclusión, siendo por tanto, previsible que se aplique a favor de las personas imputadas el perdón judicial previsto en el art. 368 del CPP. Que, habiéndose solicitado la aplicación de Salida Alternativa consistente en CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA, y en virtud al Art. 27 Núm. 4) del CPP es viable la extinción de la acción penal, en vista de la documentación de la prueba adjuntada. POR TANTO.- El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N°1 de la Capital, en merito a los antecedentes descritos supra, conforme la solicitud fiscal, y en aplicación del Art. 21 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal ADMITE el criterio de oportunidad y con la facultad conferida por los Arts. 325 parágrafo II y 328 parágrafo I del Código de Procedimiento Penal DISPONE la prescindencia de la persecución penal iniciada en contra de 1) ADELFA INCATA AVILA; 2) CHRISTIAN TITO CLAURE, 3) BARBARA LUISA DULON ZAMBRANA, 4) WILFREDO VARGAS TELLEZ, 5) NELLY ZANABRIA ZARATE, 6) CORINA MONTECINOS 7) MERY ROMERO ARCE, 8) JUAN BENITO LOPEZ CAMPOS, 9) JUSTA EVA BARAÑADO RIOS, 10) JOSE VILLARROEL PATICO, 11) CARLOS MOISES PACHECO NUÑEZ, 12) ALICIA PAREJA APAZA, 13) WILSON ORIHUELA TAPIA, 14) NELIDA SALAZAR TANGO Y 15) BETTY MAURA BARRERO TELLEZ, 16) NIEVES MACIAS ORTEGA por la presunta comisión del delito INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal, con los efectos que señala el Art. 22 del CPP, declarando en consecuencia extinguida la acción penal pública en su contra, por los hechos suscitados en el caso signado por el C.U.: 101102012003097 de este despacho judicial. Las partes, podrán hacer uso del recurso de apelación en el plazo de tres días de su legal notificación en conformidad de los Arts. 403 inc. 6 y 404 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese a las partes en sus domicilios consignados en obrados y de ser imprecisos o no contar con tales, notifíquese a través de edictos publicados en la página web destinada a tal efecto. Al otrosí 1 y 2.- Por adjuntado. Regístrese. -------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital ------- Sucre – Bolivia.- ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- Sistema de Registro Judicial SIREJ FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia.---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- El presente edicto es librado, en la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia a los VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS.----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& D. S. O. :18270001 :28441


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