EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL CUARTA PARA EL DENUNCIANTE: ZENON MUÑOZ ROJAS EDICTO EL DR. PABLO ANTEZANA VARGAS VOCAL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.------------------------------------ POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A ZENON MUÑOZ ROJAS CON LA DECISION TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2021 Y DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 2021; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA DEL PRENOMBRADO CONTRA MARCOS LEON HINOJOSA POR EL DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICIDO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 252 BIS CON RELACIÓN AL ART. 8 DEL CODIGO PENAL, A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADO POR MARCOS LEON HINOJOSA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 22 DE MARZO DE 2017, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: -------------------------------- ---------------------------------------------AUTO DE VISTA---------------------------------------------------- -------------------------------------------02 de abril del 2021-------------------------------------------------- VISTOS: En apelación restringida, la Sentencia de fecha 22 de marzo de 2017, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Zenon Muñoz Rojas en contra de Marcos León Hinojosa, por la presunta comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado en el Art. 252 Bis del Código Penal, los antecedentes del caso, la normativa legal aplicable, y; ----------------------------------------------- CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile, pronunció la Sentencia leída íntegramente en fecha 22 de marzo de 2017, por la que declaró al imputado Marcos León Hinojosa, AUTOR de la comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el Art. 252 Bis del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de treinta años de presidio, sin derecho a indulto, a cumplir en el penal de El Abra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta sentencia fue apelada por el acusado Marcos León Hinojosa, mediante memorial presentado en fecha 12 de mayo de 2017, cursante a fs. 81 a 86 del proceso.-----------------Que, de acuerdo a la regla general, prevista por el Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código de Procedimiento Penal, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, y de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito, en el plazo de 15 días de notificada la sentencia. En él se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresarán cuál es la aplicación que se pretende, debiendo indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos, por lo que en primer término se pasa a considerar su admisibilidad.----------------------------------------------------------Examinado el recurso de apelación restringida presentado por el acusado, se establece que el mismo ha sido interpuesto cumpliendo las formalidades y términos que establecen los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se ADMITE el mismo y se pasa resolver los aspectos cuestionados de acuerdo a lo determinado por el Art. 398 de la misma Ley Procesal Penal.---------------------------------------------------------------------------- I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR MARCOS LEON HINOJOSA.-------------------------------------------------------------------------El apelante luego de relatar los antecedentes del caso, alega que hizo uso de la reserva del recurso de apelación en función del Art. 172 del CPP, pidiendo la exclusión probatoria de las pruebas: MP-P1 informe preliminar de fecha 25 de octubre del 2015, MP-P4 requerimiento fiscal y acta de autopsia de fecha 22 de noviembre de 2015, MP-P5 informe preliminar de 4 de diciembre del 2015, MP-P6 informe de fecha 21 de diciembre del 2015, acta de aprehensión de fecha 20 de diciembre de 2015, y MP-P7 informe del asignado al caso Henry Escobar Maldonado de fecha 21 de diciembre del 2015; manifestando que estos informes son de relación entre el investigador del caso y el fiscal, simplemente son informes de los actuados realizados, y no constituyen elementos de prueba para ser judicializados, debido a que contienen resúmenes de las declaraciones de los supuestos testigos presenciales, más aún el Art. 193 establece que toda persona será citada como testigo y tendrá la obligación de comparecer ante el Juez para declarar, bajo el principio de oralidad dentro un juicio, habiéndose vulnerado en el caso el derecho a la igualdad procesal y al debido proceso; además la firma del investigador al caso conforme a la declaración del cabo Alexander Sasari, establece que él se dirigió en fecha 21 de diciembre a la comunidad de Yanagaga y fue el quien tomo las declaraciones a los testigos e informo al fiscal de Punata, y de manera sorpresiva se tiene la firma en dichos informes y declaraciones del asignado, cayendo en contradicciones, lo que vulnera toda legalidad y el debido proceso, por lo que dichos elementos de prueba no están comprendidos dentro de los alcances del Art. 333 del CPP. -----------------------------------------Asimismo, observa defectos de la sentencia, contenidos en lo previsto en el Art. 370 Inc. 1) del CPP, por cuanto se ha inobservado el Art. 20, ya que en el presente caso su persona jamás cometió el delito, ya que de las declaraciones vertidas por los testigos, todos refieren que fue su persona quien hablo del hecho, siendo que su persona en ningún momento manifestó que fuese el autor de la muerte de la Sra. Santusa Muñoz, ya que no se llego a tomar la declaración de la chichera Lucia, como tampoco hablo con su nieta Selema León respecto al hecho; asimismo solo prestaron su declaración 3 dirigentes y no así los otros testigos que supuestamente se encontraban en la reunión; Asimismo del acta de autopsia se tuvo muestras unguieales, mismas que no fueron objeto de una comparación genética; y los testigos Marx Mosqueira Guzman, Casto Vargas Balderrama, Hilarion Coca Vallejos, Clemente Delgadillo Morochi, Fructuoso Maldonado Cordova, los mismos se encontraban en pasillos de la sala de audiencias, y mantenían comunicación aspecto que no se valoro, lo que vulnera el debido proceso; por lo que no existen elementos que demuestren la autoría, haciendo cita del AS No 431 de 11 de octubre de 2006, y la No. 339 de 1 de julio de 2010, condenándole por un tipo penal que no le corresponde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, también alega el defecto contenido en el Art. 370 Num. 2) del CPP, señalando que el imputado no está suficientemente individualizado, ya que su persona en ningún momento cometió el delito de feminicidio, y que jamás mato a la Sra. Santusa Muñoz, mas al contrario de la declaración de los testigos se tiene que su persona se encontraba más de 10 años separado de doña Santusa Muñoz, y que nunca le vieron por el lugar, por lo cual existe una duda razonable respecto a que su persona haya participado en el hecho, pues jamás tuvo problemas, mucho menos con la Sra. Santusa, por lo que su persona no es autor del hecho ilícito.----------------------------------------------------- Finalmente, refiere la vulneración del Art 370 Inc. 6) del CPP, por cuanto la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, en valoración defectuosa de la prueba; señalando que se da mucha veracidad a las declaraciones de los testigos, que existen contradicciones, los mismos tienen constante relación manteniendo dialogo entre ellos, y esta parte solicito la exclusión probatoria, asimismo que la chichera Lucia no presto su declaración informativa, de la misma forma la señorita Zelema quien refiere en su declaración informativa que le comente que su persona habría matado a la Sra. Santusa y fue quien llama a don casto para contarle lo sucedido, pero el mismo indico que en ningún momento refirió que Zelema llamo a su celular, sino se entero recién al llamado de don Clemente, por lo que no existan suficientes elementos de convicción que generen convicción respecto al hecho sin que el tribunal haya valorado correctamente dicha prueba, incumpliendo lo dispuesto por el Art. 124 y el Art. 173 de la ley 1970, no contiene descripciones circunstancias, por lo que el tribunal realiza una defectuosa valoración de la prueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo expuesto, solicita se declarare admisible el presente recurso y se anule totalmente la sentencia y se ordene la reposición del juicio, conforme establece el Art. 413 primer parrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN.-------------------II.1. El apelante alega que hizo uso de la reserva del recurso de apelación en función del Art. 172 del CPP, pidiendo la exclusión probatoria de las pruebas: MP-P1 informe preliminar de fecha 25 de octubre del 2015, MP-P4 requerimiento fiscal y acta de autopsia de fecha 22 de noviembre de 2015, MP-P5 informe preliminar de 4 de diciembre del 2015, MP-P6 informe de fecha 21 de diciembre del 2015, acta de aprehensión de fecha 20 de diciembre de 2015, y MP-P7 informe del asignado al caso Henry Escobar Maldonado de fecha 21 de diciembre del 2015; manifestando que estos informes son de relación entre el investigador del caso y el fiscal a cargo de la investigación, simplemente son informes de los actuados realizados, y no constituyen los mismos elementos de prueba para ser judicializados, debido a que contienen resúmenes de las declaraciones de los supuestos testigos presenciales, mas aun el Art. 193 los testigos tienen la obligación de comparecer ante el Juez para declarar, bajo el principio de oralidad, vulnerándose en el caso el derecho a la igualdad procesal y al debido proceso; además cuestiona la firma del investigador al caso en las actas correspondientes, siendo elementos de prueba que no están comprendidos dentro de los alcances del Art. 333 del CPP. ---------------------------------Al respecto, corresponde a este Tribunal de Alzada precisar algunos aspectos doctrinales, normativos y jurisprudenciales relativos a las exclusiones probatorias, y principalmente lo que atañe a la actividad probatoria. En ese sentido, con relación a la actividad probatoria el autor Cesar San Martín Castro en su libro “Derecho Procesal Penal” Volumen II refiere que: “Se llama actividad probatoria, en tanto se la entienda como el núcleo del procedimiento para la administración de justicia, al esfuerzo de todos los sujetos procesales tendientes a la producción, recepción y valoración de elementos de prueba”. Es decir que la actividad probatoria es un conjunto sistémico de actuaciones realizadas en el marco del procedimiento penal, ya sea durante la etapa preparatoria de investigación como en la etapa de juicio oral, actividad destinada a comprobar la realidad de los hechos motivo del proceso penal, las circunstancias que lo rodean y los sujetos que intervienen, cuya finalidad es producir en el ánimo del juzgador la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos así como la verdad o falsedad de los hechos que se tratan y la participación o no del acusado.-------- En el caso corresponde analizar el instituto de la exclusión probatoria, el análisis debe partir del Art. 167 del CPP, que señala que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código de Procedimiento Penal, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado; disposición, que se halla vinculada con el principio de libertad probatoria reconocido por el Art. 171 del CPP que señala: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado (…)”, queda claro, que en un Estado de Derecho, como el caso de Bolivia, este principio de ningún modo es absoluto, pues en consideración a la necesidad de resguardar los derechos fundamentales y mantener la integridad de la administración de justicia, no puede concebirse que la investigación de la verdad se desarrolle bajo cualquier condición; al contrario, a fin de proteger a quien se halla sometido a un proceso frente a las instituciones, es necesario que la Fiscalía y los Tribunales de justicia actúen conforme a las reglas establecidas en las normas legales.----------------------------------------------------------------------------------------------Por ese motivo, el Art. 172 del CPP, establece: “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la república, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”. La disposición continúa: “Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código”. Además, es menester señalar, que la exclusión probatoria tiene como fundamento el hecho de que el otorgar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia judicial. En ese contexto si la imputada considera que algún elemento ha sido recolectado durante la investigación, en forma contraria a sus derechos y garantías o a las formas previstas por ley (ilícita), cuyo resultado pueda fundar una acusación fiscal o particular, deberá ser observada a través del incidente de exclusión probatoria en la audiencia de juicio oral. Con relación a las pruebas signadas MP-P1 informe preliminar de fecha 25 de octubre del 2015, MP-P4 requerimiento fiscal y acta de autopsia de fecha 22 de noviembre de 2015, MP-P5 informe preliminar de 4 de diciembre del 2015, MP-P6 informe de fecha 21 de diciembre del 2015, acta de aprehensión de fecha 20 de diciembre de 2015, y MP-P7 informe del asignado al caso Henry Escobar Maldonado de fecha 21 de diciembre del 2015 relativa a la apelacion de Marcos Leon Hinojosa en el presente caso, de la revisión del acta de registro de juicio oral (Fs. 58 vlta.) este Tribunal de Alzada ha evidenciado que cuando el representante del Ministerio Público solicitó la judicialización de las indicadas pruebas, la defensa del nombrado imputado planteó incidente de exclusión probatoria, habiendo sido rechazada dicha exclusión, la defensa técnica de la nombrada imputada hizo reserva de recurrir, lo que habilita a este Tribunal de Alzada entrar a considerar esta alegación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al respecto, este Tribunal de Alzada ha procedido a revisar los extremos expuestos a efecto de verificar el razonamiento del Tribunal a-quo a efecto de rechazar la exclusión de las referidas pruebas, donde se puede evidenciar que las mismas han sido recolectadas en la etapa preparatoria por el representante del Ministerio Público, mediante requerimiento fiscal, que la parte imputada no señala de qué manera esta prueba viola sus derechos y garantías reconocidos por la CPE o que la misma fue obtenida de manera ilícita. Si bien es cierto que estos informes policiales están dirigidos al Fiscal en son de coordinación sobre los resultados de las investigaciones realizadas, y que las mismas puedan contener entrevistas de testigos, empero este tribunal no advierte de que manera podría vulnerar el principio de igualdad procesal, ya que el contenido de dichos informes se refieren a las actuaciones investigativas realizadas por el investigador asignado al caso, y no resulta razonable porque dichas pruebas no podrían ser judicializadas bajo el principio de la libertad probatorio y lo dispuesto por los Arts. 216 y 218 del CPP, y en lo que respecta al hecho de que dichos informes contengan declaraciones de testigos, este aspecto, deberá ser considerado por la autoridad judicial a momento de realizar el análisis individual y en conjunto de toda la prueba a tiempo de valorar la prueba, conforme establece el Art. 173 del CPP, en razón a que las pruebas referidas han sido remitidas ante la autoridad fiscal por funcionarios policiales a cargo de las investigación, sin que se haya constatado la vulneración de un derecho o garantía constitucional, o que se pueda alegar que estos informes policiales devenga de un procedimiento o medio ilícito o en incumplimiento de formalidades, y sobre todo que dada la naturaleza de los hechos ilícitos que se investiga en el marco de la Ley No. 348 se tiene establecido el principio de informalismo, por el cual cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables; por lo que corresponde no dar mérito a la impugnación sobre este aspecto.----------------------------------Por lo demás, con relación al reclamo efectuado al señalar que la firma del investigador asignado al caso conforme a la declaración del cabo Alexander Sasari, establece que él se dirigió en fecha 21 de diciembre a la comunidad de Yanagaga y fue el quien tomo las declaraciones a los testigos e informo al fiscal de Punata, y de manera sorpresiva se tiene la firma en dichos informes y declaraciones del asignado, cayendo en contradicciones. A este punto cabe señalar que de la revisión atenta del acta de juicio oral, no se advierte que esta supuesta irregularidad haya sido reclamada oportunamente ante la autoridad judicial a-quo, y que haya merecido algún pronunciamiento, circunstancia que impide a este tribunal pueda ingresar a su consideración, ya que no olvidemos que por expresa determinación del Art. 398 del CPP, el tribunal de Alzada se limita a realizar la actividad revisoría de los aspectos cuestionados de la resolución. --------------------------------------------II.2. Con relación a los defectos de sentencia, contenidos en lo previsto en el Art. 370 Inc. 1) del CPP, por cuanto se ha inobservado el Art. 20, ya que en el presente caso su persona jamás cometió el delito, ya que de las declaraciones vertidas por los testigos, todos refieren que fue su persona quien hablo del hecho, siendo que su persona en ningún momento manifestó que fuese el autor de la muerte de la Sra. Santusa Muñoz, siendo que no se llego a tomar la declaración de la chichera Lucia, como tampoco hablo con su nieta Selema León respecto al hecho; asimismo solo prestaron su declaración 3 dirigentes y no así los otros testigos que supuestamente se encontraban en la reunión y escucharon que supuestamente fue su persona que mato a la Sra. Santusa Muñoz; por lo que no se ha valorado correctamente y objetivamente la prueba; Asimismo señala que del acta de autopsia se tuvo muestras unguieales, mismas no fueron objeto de una comparación genética; y los testigos Marx Mosqueira Guzman, Casto Vargas Balderrama, Hilarion Coca Vallejos, Clemente Delgadillo Morochi, Fructuoso Maldonado Cordova, se encontraban en pasillos de la sala de audiencias, y mantenían comunicación, aspecto que no se valoro, lo que vulnera el debido proceso; por lo que no existen elementos que demuestren la autoría, haciendo cita del AS No 431 de 11 de octubre de 2006, y la No. 339 de 1 de julio de 2010, condenándole por un tipo penal que no le corresponde.-----------En lo que corresponde a este punto impugnado, cabe tener presente que el delito es considerado como la conducta típicamente antijurídica y culpable, cuyo resultado es la pena o las medidas preventivas o represivas. A partir de esta definición del delito, se ha estructurado la Teoría del Delito, que estudia los elementos que integran o desintegran el delito. Entre ellos la tipicidad, que desarrolla el principio fundamental "nullum crimen, nulla poena sine lege". Mismo que se aplica como la obligación, de que los Jueces y Tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del acusado en el marco descriptivo de la ley penal, a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable. Al respecto la Corte Suprema de Justicia –ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el AS Nº 67 de 27 de enero de 2006, en su DOCTRINA LEGAL APLICABLE señala: “El "principio de tipicidad" se establece en materia penal a favor de todos los ciudadanos y se aplica como una obligación a efectos de que los jueces y Tribunales apliquen la ley penal sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del "debido proceso", la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable…”; siguiendo estos lineamientos, enunciamos la SC Nº 680/2000-R que en su RATIO DECIDENDI dice: “Que de acuerdo a lo expuesto por la doctrina penal, el delito objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo -delincuente- realiza la lesión jurídica que ha pretendido; es decir que con la consumación se alcanza la objetividad jurídica que constituye el tipo especial de un delito...”. -------------------------------Por su parte, el Art. 20 del Código Penal, con el nomen juris de “Autores” determina que: “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso".-------------------------------------------------------------------------------------------------Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”. Sobre el particular la Doctrina Legal aplicable, contenida en el Auto Supremo Nº 497 de 08 de octubre de 2001, establece que: "(...) la doctrina penal contemporánea (…) define al autor del delito como el sujeto que ha participado activamente en la comisión del hecho ilícito, intelectual y materialmente, consciente que lo que realiza está prohibido por la ley penal y que merece pena por lesionar bienes jurídicos protegidos por el orden legal…”.--------------------------- A fin de resolver la problemática planteada, corresponde tener presente que el tipo penal incurso en el artículo 252 Bis del Código Penal dispone: “Se sancionara con la pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquier de las siguientes circunstancias: 1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, este o haya estado ligado a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia; 2. Por haberse negado la victima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; 3. Por estar la víctima en situación de embarazo; 4. La victima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenia con este una relación de amistad, laboral o de compañerismo; 5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; 6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor; 7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual: 8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas; 9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales”'; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultado".------------------------------------------------------------En el caso presente se evidencia que el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile en el Considerando VI de la Sentencia, referido a la fundamentación jurídica, luego de argumentar con relación a la configuración del delito de feminicidio y las causales establecidas en el numeral 1) del Art. 252 Bis del Código Penal, llegó a la siguiente conclusión: “…Conforme a estos lineamiento jurídicos y lo determinado en el tipo penal acusado, debemos señalar que durante el desarrollo del juicio oral y bajo los principios que rigen el proceso penal, se tiene plenamente demostrado con prueba suficiente que ha existido una relación de cónyuge y convivencia previa al deceso, entre el acusado Marcos León Hinojosa, con la su esposa, la concurrencia del delito de feminicidio de Santusa Muñoz Rojas de Hinojosa, misma que fue establecida a través del informe emitido por el médico forense MP-P4, determinándose como probabilidad causa de la muerte el estrangulamiento y las lesiones en las costillas rotas al momento en que se procede a realizar el reconocimiento son compatibles traumática, hasta llegar a la muerte de la esposa, ya que como bien se dijo, el prenombrado Marcos León Hinojosa aprovechando su condición de esposo, mato a su mujer. Lo cual fue acreditado por con las declaraciones testificales de la acusación, así también como en las pruebas documentales codificadas como MP-P1, MP-P2, MP-P3, lo que permite se asuma convicción de que se encuentra acreditado el Num. 1 del tipo penal del Art. 252 Bis del Código Penal…”.------------------------------------ De la sentencia a la que se hace referencia, se evidencia que el imputado fue condenado por la comisión del delito de feminicidio, por cuanto se estableció que el mismo mató a su esposa, estrangulándola además de inferirle lesiones en las costillas hasta acabar con su vida, consiguientemente, el razonamiento jurídico al que arribó el Tribunal de Sentencia Penal Nº 1 de Aiquile, en la Sentencia apelada, con relación a la conducta asumida por el imputado Marcos Leon Hinojosa, se halla subsumida en el tipo penal del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el Art. 252 Bis numeral 1) del Código Penal. Es decir, el Ministerio Público probo de modo objetivo, que el nombrado imputado ha cometido el delito acusado, al haberse establecido que provocó la muerte de su esposa estrangulándola además de inferirle golpes provocándole fractura de costillas, según se evidenció del Considerando V de la sentencia referido a la fundamentación intelectual, al establecer como hechos probados lo siguiente: “…De lo referido se tiene la existencia del hecho, como es el fallecimiento de Santusa Muñoz Rojas de Hinojosa,, 73 años de edad, queda establecido en el acta de autopsia del médico forense Abraham Quinteros, conforme a la autopsia de fecha 23 de noviembre del 2015, que determino como causa de la muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento, anoxia cerebral compresión cervical por cuerda, Zenon Muñoz Rojas la tarde del 20 de octubre de 2015 encontraba sin vida sobre la cama, dando a conocer a las autoridades originarias del lugar, quienes se movilizaron para llamar al médico de turno de la posta de Alalay Dr. Marco Mosqueira Guzmán, quien haciendo un examen externo del cadáver y su posterior autopsia, estableciendo el médico forense Abraham Quinteros Virreyra, acta de autopsia de 23 de noviembre de 2015, como causa de la muerte de Santusa Muñoz Rojas de Hijonosa, de asfixia mecánica por estrangulamiento, anoxia cerebral, compresión cervical por cuerda, siendo el autor Marcos León Hinojosa, quien aprovechando que Santusa Muñoz Rojas de Hinojosa, vivía sola en su casa en la comunidad de Yanagaga ingreso agarrado de una pita de plástico procedió a quitarle la vida estrangulándole, con rabia tomando venganza, ya que su esposa Santusa Muñoz Rojas, le habría embrujado a su hijo Benigno León, fracturo a patadas las costillas, extremo que el ahora acusado había manifestado. También dentro una chichería al propietaria de la chichería de nombre Lucia para luego darse a la fuga, no se presento al entierro del que en vida fuera Santusa Muñoz Rojas de Hinojosa y al momento de su aprehensión Marcos León Hinojosa por el funcionario policial Cabo Alexander Sasari Arispe y los dirigentes de la comunidad sin duda reconoció el haber matado de rabia a su esposa Santusa Muñoz Rojas, por lo que el acusado Marcos León Hinojosa actuó con pleno conocimiento de dolo, siendo la participación en calidad de autoría en el delito acusado, que en primera instancia al ser descubierto del ilícito, desapareció de su comunidad…”; De lo que se puede concluir que el Tribunal A-quo ha establecido con precisión los hechos probados, por lo que, lo vertido por la parte apelante al señalar que el Ministerio Publico no habría probado que el imputado hubiese incurrido en el tipo penal descrito carece de merito. --------De lo expuesto, se puede concluir que la culpabilidad del ahora apelante quedó demostrada al concurrir los tres elementos que la componen la imputabilidad (es decir que no adolecía de causas de inimputabilidad), el conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido; lo que implica, que el imputado tenía plena capacidad de culpabilidad; además de que tenía pleno conocimiento de que su conducta no estaba autorizada y que contravenía el orden jurídico, habiendo lesionado el bien jurídico protegido, y que le era exigible abstenerse de cometer el delito, sabiendo las consecuencias penales que derivan de ello, vulnerado un derecho fundamental como es el derecho a la vida consagrado por el Art. 15 de la Constitución Política del Estado, que garantiza a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Consecuentemente, este Tribunal de Alzada no encuentra que el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile, haya incurrido en el defecto de Sentencia señalado por el Art. 370 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal.----------------------- Por lo demás, con relación al reclamo a que en el caso no se haya llegado a tomar la declaración de la chichera Lucia, como tampoco hablo con su nieta Selema León respecto al hecho; además que solo prestaron su declaración 3 dirigentes y no así los otros testigos y que del acta de autopsia se tuvo muestras unguieales, mismas no fueron objeto de una comparación genética; o que los testigos Marx Mosqueira Guzman, Casto Vargas Balderrama, Hilarion Coca Vallejos, Clemente Delgadillo Morochi, Fructuoso Maldonado Cordova, los mismos se encontraban en pasillos de la sala de audiencias, y mantenían comunicación; Dichos argumentos no constituyen el fundamento adecuado para solicitar la errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que si esta parte consideraba útil y necesario la realización de los actos investigativos referidos pudo en su momento solicitar la realización de los mismos con el derecho a la defensa que le asiste, negligencia que no es posible sea suplida por este Tribunal de Alzada, así también señalar que si bien es cierto que por determinación del Art. 350 se tiene establecido la prohibición de que los testigos se comuniquen entre sí, sin embargo, ello no impide que los mismos puedan atestar ante la autoridad judicial y que bajo los principios de la oralidad y la contradicción las partes tienen la posibilidad de restar la credibilidad de sus declaraciones, en consecuencia las supuestas irregularidades carecen de relevancia. ----------------------------- II.3 Por otro lado, también alega el defecto contenido en el Art. 370 Núm. 2) del CPP, señalando que el imputado no está suficientemente individualizado, ya que su persona en ningún momento cometió el delito de feminicidio, y que jamás mato a la Sra. Santusa Muñoz, mas al contrario de la declaración de los testigos se tiene que su persona se encontraba más de 10 años separado de doña Santusa Muñoz, y que nunca le vieron por el lugar, por lo cual existe una duda razonable. En lo que corresponde a este punto impugnado, corresponde indicar que su impugnación tampoco tiene mérito, ya que en la Sentencia se llegó a individualizar suficientemente al imputado Marcos León Hinojosa (nacido en Huanchani-Cochabamba el 28 de abril de 1944, de 71 años de edad, con C.I. 2918940 Exp. Cbba., con domicilio en Mizque calle Bolivar, casado, de ocupación Agricultor); asimismo fue plenamente identificada en los considerandos así como en la parte resolutiva, habiéndose establecido su participación en el hecho, razón por la cual fue condenado por la comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el Art. 252 Bis Núm. 1) del Código Penal, debiendo tener presente en este punto que la individualización del imputado a la que hace referencia la disposición legal citada, corresponde al contenido formal de la sentencia y no al contenido sustancial de la misma.-II.4. Finalmente refiere la vulneración del Art 370 Inc. 6) del CPP, por cuanto la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, en valoración defectuosa de la prueba; señalando que se da mucha veracidad a las declaraciones de los testigos, que existen contradicciones, los mismos tienen constante relación manteniendo dialogo entre ellos, y esta parte solicito la exclusión probatoria, asimismo que la chichera Lucia no prestó su declaración informativa, de la misma forma la señorita Zelema, quien refiere en su declaración informativa que le comente que su persona habría matado a la Sra. Santusa y fue quien llama a don Casto para contarle lo sucedido, pero el mismo indico que en ningún momento refirió que Zelema llamo a su celular, sino se entero recién al llamado de don Clemente, por lo que no existan suficientes elementos de convicción que generen convicción respecto al hecho sin que el tribunal haya valoro correctamente dicha prueba; incumpliendo lo dispuesto por el Art. 124 y el Art. 173 de la ley 1970, realizando una defectuosa valoración de la prueba.-------------------------------------------------------------------------En lo referente a estos puntos alegados como vulnerados, resulta necesario dejar claramente establecido que la motivación es un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución. La motivación debe ser expresa, clara, legítima y lógica”. Sobre el particular Cafferata Nores señala: “Este sistema se caracteriza porque el juez pronuncia su decisión sobre los hechos de la causa, valorando la prueba con total libertad, pero respetando, al hacerlo, los principios de la sana crítica racional o de la recta razón, es decir, los principios de la lógica, las reglas de la experiencia común y de la psicología”. En ese entendido la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo No. 214 de 28 de marzo de 2007 determinó: "Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no solo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entres sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica (...). El Tribunal de Sentencia establece la existencia del hecho y la culpabilidad del proceso, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito (...). El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad ...". ------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, la Sentencia Constitucional 618/2007-R de 17 de julio de 2007, establece que: “La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores. Este deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica” (SC 248/2007-R de 10 de abril). Así la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre, señaló que toda resolución “(?) debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (?) Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho [debido proceso] que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.--------------------------------------Asimismo, respecto a la falta de fundamentación es necesario hacer hincapié que en la conformación de la sentencia, uno de los principales aspectos que debe tener cuidado en su redacción el tribunal, es la obligación de exponer una completa y suficiente fundamentación del fallo, partiendo de una clara identificación del hecho tenido por demostrado, lo que se conoce como la fundamentación fáctica. De igual forma, se debe prestar atención a la exposición descriptiva de los elementos y medios de prueba incorporados al debate, lo que conduce a la fundamentación probatoria y, consecuentemente, el fallo debe recoger un análisis de toda la prueba en su conjunto, donde el juzgador valore cada uno de los elementos probatorios decisivos para la sentencia, esto es, la fundamentación intelectiva. Por último, el fallo debe expresar una fundamentación jurídica. En ese entendido y con relación a la valoración de la prueba, la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia –ahora Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo Nº 131 de 31 de enero de 2007, emitió la siguiente Doctrina Legal Aplicable: “A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas.----------------------------------------------------------------En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio "según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia", debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva...”. -----------------------------------------------------En el caso presente, de la lectura de la Sentencia ahora apelada, se tiene que el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile, concluyo que el imputado era autor de la comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el Art. 252 Bis. núm. 1 del Código Penal, esto en razón a que en el Considerando I realiza la fundamentación fáctica que motivo la acusación, asimismo en el Considerando IV procede a realizar la fundamentación descriptiva probatoria, y en el considerando V efectúa la valoración de elementos probatorios y hechos probados, habiendo valorado de forma individual la prueba testifical y documental aportada por la acusación Fiscal, procediendo en todos los casos a la asignación del valor de cada prueba, para finalmente en aplicación del Art. 173 con relación al Art. 359 del Código de Procedimiento Penal, proceder a la valoración conjunta de la prueba, para finalmente en el Considerando VI efectuar la fundamentación jurídica, llegando a la conclusión que el imputado es autor del delito de Feminicidio, concibiéndose con ello que toda la prueba producida en la audiencia de juicio oral fue valorada integralmente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Estas conclusiones a las que llegó el Tribunal de Sentencia Penal de Aiquile -en criterio de este Tribunal de Alzada- de ninguna manera constituyen una fundamentación insuficiente y contradictoria, por cuanto, se reitera, son apreciaciones realizadas luego de haberse analizado integralmente la prueba testifical y documental producida por el Ministerio Público en la audiencia de Juicio Oral, más aún si consideramos que la defensa no ofreció prueba alguna al no haber producido ninguna.--------------------------------------------- Por otra parte, cabe tener presente que el apelante no ha demostrado de manera alguna acciones u omisiones que evidencien la defectuosa valoración probatoria, menos señala que norma del correcto entendimiento fue inaplicada o aplicada erróneamente, contrariamente se advierte que la sentencia se encuentra debidamente motivada, siendo la misma expresa, clara y completa, debiendo tener presente que el apelante efectúa sus propias apreciaciones y conclusiones con relación a la prueba testifical y documental, sin mencionar que reglas de la lógica habrían sido inobservadas por el Tribunal al momento de dictar la sentencia, para que de esta forma este Tribunal pueda ejercer el control sobre la logicidad de la resolución cuestionada. ----------------------------------------------------------------De ello se infiere que cuando la parte imputada alega la existencia del defecto de sentencia previsto en el numeral 6) del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, no puede pretender que el Tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral, sino que tiene que atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología. Consecuentemente, la Sentencia cumple con lo determinado por el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal y no se establece que se haya incurrido en los defectos de Sentencia previstos por el numeral 6) del Art. 370 de la citada Ley 1970.--------Por lo expuesto, al no haberse verificado la existencia de ninguno de los defectos de Sentencia que señala el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, y menos defecto absoluto previsto por el Art. 169 de la misma Norma Procesal Penal, corresponde declarar improcedente el recurso planteado. ------------------------------------------------------------------------POR TANTO: La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la facultad conferida por el Art. 58–1) de la Ley N° 025 del Órgano judicial y en observancia del Art. 398 del C.P.P., declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida, interpuesto por el imputado MARCOS LEON HINOJOSA, consecuentemente CONFIRMA en todos sus extremos la Sentencia de fecha 22 de marzo de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------Se advierte a las partes que la presente resolución puede ser objeto del recurso de casación en el plazo previsto por el Art. 417 del Código de Procedimiento Penal, debiendo en su defecto procederse por Secretaria a la devolución de los antecedentes ante el Juzgado o Tribunal de Origen previa notificación de los sujetos procesales y con la debida nota de cortesía.--------------------------------------------------------------------------------------------------REGÍSTRESE-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vocal Relator: Dr. Pablo Antezana Vargas. -----------------------------------------------------------Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas -Vocal- Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- Fdo. Dra. Silvia C. Zurita Aguilar – Vocal de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.-Fdo.-E. Alejandra Bernal Colque -Secretaria de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.- Cochabamba - Bolivia-. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*******************************************************************************************************APELACION RESTRINGIDA---------------------------------------------------------------------------------Caso N° 347/19 (C/A) ------------------------------------------------------------------------------------------ Ministerio Público------------------------------------------------------------------------------------------------- Zenón Muñoz Rojas--------------------------------------------------------------------------------------------- C/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marcos León Rojas.--------------------------------------------------------------------------------------------- Delito: Tentativa de Feminicidio, previsto y sancionado en el Art. 252 Bis. Con relación al Art. 8 del Código Penal ---------------------------------------------------------------------------------------- Nurej: 3089703--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------Cochabamba, 13 de agosto de 2021.------------------------------------- De la representación de 13 de agosto de 2021 elevado por la Oficial de Diligencias del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia y de la Niñez y Adolecencia e Instrucción Penal N°1 de Mizque, se advierte que no se pudo notificar al denunciante Zenon Muñoz Rojas con la comisión instruida de 05 de julio de 2021, en razón de que la comunidad de Alalay no contaría con calles denominadas, asi como el referido denunciante presuntamente habría fallecido, consiguientemente en aplicación de lo dispuesto en el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el Art. 9 de la Ley 1173, se dispone la NOTIFICACION POR EDICTOS del denunciante Zenon Muñoz Rojas con el Auto de Vista de 02 de abril de 2021 y el presente decreto a publicarse en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia.- Notifique Funcionario.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fdo.- E. Alejandra Bernal Colque.- Secretaria de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia. .----------------------------------------------------- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE ARRIME A SUS ANTECEDENTES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.--------------------------------------------------------------- -----------------------COCHABAMBA, 18 DE AGOSTO DE 2021


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