EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN SEGUNDO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL

Fecha publicación: 14/09/2021 8:20:17


EDICTO JUZGADO: DE INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 2° DE CAPITAL JUEZ : DRA. ROSSIO LIMA GUTIERREZ. ACTUARIO: ABOG. CARLA PATRICIA GARECA VELASQUEZ PROCESO: PENAL DELITO: ABUSO SEXUAL NÚMERO DE PROCESO: 601102012103356 SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANTE: CLAUDIA ALEJANDRA SORUCO DENUNCIADO: AUTORES OBJETO: NOTIFICAR A CLAUDIA ALEJANDRA SORUCO CON EL AUTO INTERLOCUTORIO DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA 51/2021 POR TANTO: En mérito a lo anteriormente expuesto la suscrita Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 2do de la Capital, administrando Justicia en la instancia que por ella ejerce, AUTO INTERLOCUTORIO DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA N°054/2021 VISTOS: Memorial 7194206 “Solicita Decline de Competencia”; demás antecedentes que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional. CONSIDERANDO I: Que, dentro de sus atribuciones persecutorias de los delitos de orden público, el Ministerio Público presenta inicio de investigaciones en contra de AUTOR (ES) por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO, previsto, tipificado y sancionado según el art. 312 con relación al art. 310 inc. c) del Código Penal modificado por la Ley N°348 de 09 de Marzo de 2013. Que, conforme se indica en el memorial arribado por el Ministerio Público, se tiene que “en gestión 2009 en la comunidad de Proteros de la Provincia O’Connor del Departamento de Tarija, Claudia Alejandra Soruco a la edad de 6 años, fue víctima de agresión sexual por parte de dos estudiantes de la Unidad Educativa Zeta Protreros”. Que, según dispone el art. 49 del CPP con relación a las reglas de competencia territorial, se tiene que serán competentes el juez del lugar de la comisión del delito, de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido, donde se descubran las pruebas materiales del hecho, entre otros, siendo así que en el marco del precepto legal que establece la jurisdicción territorial de un proceso penal, corresponde establecer los siguientes extremos: 1. Que el hecho objeto de la denuncia conforme indica la DENUNCIA, corresponde a la jurisdicción de la Provincia O’Connor, pues el mismo fue desarrollado en la Comunidad de Potreros. 2. Que, a fin del desarrollo de las acciones investigativas y recolección de pruebas, las mismas se encontrarían en el lugar del hecho correspondiente a la Comunidad de Potreros, tratándose los denunciados de estudiantes de la Unidad Educativa Cetha Potreros CONSIDERANDO II: Que, la jurisdicción ordinaria se fundamenta entre otros, en los principios procesales de Legalidad y Debido Proceso, que a decir de la SS.CC. 075/2010 de 7 de junio al referirse al principio de legalidad señala que el mismo “es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria” siendo también que este principio en su vertiente procesal se constituye en una garantía, tal es así que la SS.CC. 0919/2006-R de 28 de septiembre que a su vez cita la SS.CC. 0062/2002 de 31 de julio, estableció que “el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de derecho (…) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional) tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten garantías establecidas por ley”. Que, en lo que concierne al principio procesal del debido proceso, la SS.CC. 0160/2010-R de 17 de mayo señalo que “el debido proceso está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez por los arts. 115.II y 117.I de la CPE y como derecho humano por los art. 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en situación similar, es decir comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar eso derechos reconocidos por la CPE así como los convenios y tratados internacionales”, principios procesales que a su vez se convierten en derechos y garantías de los que a su vez deriva la garantía del JUEZ NATURAL reconocida por el Art. 120.I de la CPE que establece que “Toda persona (…) no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que establecidas con anterioridad al hecho de la causa” y concordante con esta norma constitucional se encuentra el art. 2 del CPP que establece “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la CPE y la ley, con anterioridad al hecho”, siendo que sobre el juez natural el Tribunal Constitucional en la SCP 0566/2010-R de 12 de julio dejó claramente establecido que “El juez natural, constituye una garantía constitucional con incidencia en el campo tanto jurisdiccional como administrativo, cuyo –núcleo duro– está compuesto de tres elemento a saber: la competencia, la imparcialidad y la independencia” Que, la SCP 217/2014 de 5 de febrero señala “una autoridad jurisdiccional incurrirá en defecto orgánico en la emisión de sus providencias o resoluciones, cuando las pronuncie sin encontrarse investido de la necesaria competencia (incompetente) sea por razón de materia o territorio, entendiéndose que la competencia que le ha sido asignada por la Constitución y las leyes, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica dentro del Estado, tiene como objetivo delimitar su campo de acción en mérito al espacio geográfico en el que se desenvuelve así como el área del derecho en el que administra justicia, razonamiento que parte del entendimiento de que, el límite que establece el principio de seguridad jurídica a las autoridades judiciales para que ejerzan funciones, se halla demarcado por las atribuciones que le son conferidas por el acervo normativo entendiéndose que cualquier extralimitación o actuación fuera de estos límites constituye una agresión flagrante al Estado Constitucional de derecho que deslegitima y crea ambiente de zozobra jurídica en los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, además de ocasionar con su propio accionar la nulidad de sus actos (art. 122 CPE)”. Que, toda la documental que forma parte del cuaderno de investigaciones, independientemente de la virtual incompetencia en razón de territorio, deberá mantenerse conforme el artículo 13, 216 y 171 del CPP, toda vez que los actos realizados en jurisdicción diferente se mantienen válidos según dispone el art. 49 in fine del CPP. POR TANTO: En mérito a lo anteriormente expuesto la suscrita Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 2do de la Capital, administrando Justicia en la instancia que por ella ejerce, RESUELVE: 1. DECLARAR FUNDADA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA PLANTEADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, y por lo mismo DECLINA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. 2. SE ORDENA LA REMISIÓN DE ANTECEDENTES AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO PENAL DE TURNO DE LA CIUDAD DE ENTRE RÍOS. PROVINCIA O’CONNOR O SU EQUIVALENTE CONFORME DISPONE EL ART. 48 DEL CPP, sea previa notificación. Se advierte que la presente resolución admite recurso de apelación, a hacerse efectivo en el plazo de tres días de su legal notificación conforme el art. 403 núm. 2) del CPP.- Tarija, 1ro de Septiembre de 2021 FDO. Y SELLADO Dra. ROSSIO LIMA GUTIERREZ JUEZ DE INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER SEGUNDO DE LA CAPITAL, TARIJA – BOLIVIA. FDO. Y SELLADO, ANTE MÍ ABG. CARLA GARECA SECRETARIA DEL JUZGADO.--------------------- TARIJA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021


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