EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL PRIMERA

Fecha publicación: 07/04/2021 9:48:24


PARA: ELENA CALICHO LAIME EDICTO LA DRA. MIRTHA MABEL MONTAÑO TORRICO, VOCAL DE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A ELENA CALICHO LAIME, CON LA DECISION TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019, INFORME DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020, PROVEIDO DE 28 DE AGOSTO DE 2020 Y PROVEIDO DE 10 DE FEBRERO DE 2021; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA ELENA CALICHO LAIME POR EL PRESUNTO DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 48 CON RELACION AL ART. 33 INCS. M) DE LA Ley 1008, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: AUTO DE VISTA Cochabamba, 25 de octubre de 2019 VISTOS. En apelación la SENTENCIA de 17 de julio de 2009 cursante a fojas 162, emitida por el Tribunal de Sentencia de Aiquile, en el proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Elena Calicho Laime por el delito de Tráfico de sustancias controladas, previsto por el Art. 48 con relación al 33 inciso m) de la ley 1008, cuya causa fue remitida recioentemente por la Sala Penal Tercera a merito de la redistribución de causas dispuesta por Sala plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, los antecedentes procesales, y CONSIDERANDO I. Emitida la sentencia que declara a la imputada ELENA CALICHO LAIME autora de la comisión del delito de Tráfico de sustancias controladas, previsto por el Art. 48 con relación al 33 inciso m de la ley 1008, en consecuencia le impone la pena de 14 años de presidio, a cumplir en el penal de San Sebastián Mujeres de Cochabamba, mas multa de quinientos días a razón de 0,50 centavos día; fue Apelada la acusada Elena Calicho Laime por memorial de 08 de agosto de 2009 cursante a fojas 189, argumentando lo que sigue: Luego de realizar una relación de los hechos refiere: 1.- Existe inobservancia de la ley porque se la sindica la comisión de un ilícito, pese a que ella no cometió delito alguno. 2.- Hace referencia al A.S. 200009 de la Sala Penal 2 del Distrito de La Paz de 14 de septiembre de 2000 sobre un caso similar, sin efectuar el análisis correspondiente. 3.- Señala haberse presentado prueba de violación a sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que la sentencia sin ningún tipo de prueba le hace propietaria de la sustancia controlada, pese a que se encontró en el inmueble de la Sra. Julia Céspedes. 4.- No se ha valorado correctamente la prueba, constituyéndose en un defecto de sentencia previsto en el Art. 370 num. 6) del CPP. 5.- Que al momento de su aprehensión se vulneró su derecho a la defensa y presunción de inocencia. 6.- No haberse considerado el A.S. 200001 de la Sala Penal de 21 de enero de 2001. 7.- Que en este proceso no existe plena prueba sino semiplena, por lo que existe duda razonable, ya que la simple declaración de los efectivos policiales no hace plena prueba, tampoco se demostró el derecho propietario de la sustancia controlada. 8.- Que en el presente caso solo existe prueba circunstancial, por ello es aplicable la máxima de que es mejor perdonar a un culpable que condenar a un inocente. 9.- Que el Auto de Vista 027 de 15 de marzo de 2004 de la SP de Beni señala que el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar de manera contundente que la sustancia controlada que se encuentra es de propiedad del imputado. 10.- Que el Auto de vista de 07 de agosto de 2003 de Oruro señala que no se puede imponer pena al agente si su actuar no es reprochable, cuando menos culposamente. Por todo ello solicita anular la sentencia. CONSIDERANDO II. El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional N° 1335/2010-R de 20 de septiembre, estableció lo siguiente: “El art. 396 del CPP, respecto a las reglas generales de los recursos, prevé, entre otros, que el apelante deberá indicar de manera específica los aspectos cuestionados de la resolución que impugna, equiparada esta situación, a la expresión de agravios en materia Civil, contenida en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y su consiguiente relación con los puntos resueltos por el juzgador en la resolución refutada. En ese contexto, el Art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada, a momento de conocer y resolver las causas sometidas a su competencia, circunscribirán su resolución a los aspectos cuestionados por el apelante en su recurso; obviamente, estos guardan relación con lo resuelto en la decisión impugnada; normativa concordante con el art. 236 del CPC, al referir a la pertinencia de la resolución emitida por el Juez o Tribunal de apelación; así, el pronunciamiento en segunda instancia, estará circunscrito a lo resuelto en la primera y que hubiese merecido la motivación y fundamentación de oposición pertinente por el apelante”. Bajo éstos parámetros legales y jurisprudenciales, así como en base al principio de congruencia, corresponde analizar y resolver la alzada como sigue: 1.- No es posible señalar inobservancia de la ley porque se la sindica la comisión de un ilícito, pese a que ella no cometió delito alguno, sin precisar la norma o ley inobservada o erróneamente aplicada, cuyo fundamento exige la normativa legal y jurisprudencia constitucional aplicable al caso. 2.- Resulta totalmente impertinente hacer cita de la resolución 200009 emitida por la Sala Penal 2 del distrito de La Paz en 14 de septiembre de 2000 sobre un caso similar, sin efectuar el análisis correspondiente, las similitudes y establecer la forma en que debió resolverse la sentencia y aún de no haber efectuado la fundamentación ni análisis del caso, es atinente señalar que las resoluciones de instancia que emiten las sala Penales de los diferentes distritos del estado Boliviano, no son vinculantes, por lo que para tomarlos en cuenta mínimamente deben ser desglosadas y efectuar las comparaciones correspondientes, lo que no aconteció en la especie, por lo que resulta totalmente impertinente solo señalar el número y fecha de la resolución aludida. 3.- Arguye haber presentado prueba de violación a sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que la sentencia sin ningún tipo de prueba le hace propietaria de la sustancia controlada, pese a que se encontró en el inmueble de la Sra. Julia Céspedes, más, lamentablemente ni siquiera hace referencia a que tipo de prueba se habría presentado para acreditar la supuesta violación a sus derechos y garantías constitucionales, como que tampoco señala cuales de los derechos y garantías se habrían violado, vulnerado o conculcado, resultando también inconsistente señalar subjetivamente y sin prueba que la respalde que sin prueba alguna se le atribuye la propiedad de la sustancia controlada, pese a haberse encontrado la misma en otro inmueble, cuando en los hechos correspondía desvirtuar todas y cada una de las actuaciones procesales llevadas adelante en el presente caso, desde inicio de las investigaciones, informes policiales, pruebas de campo, análisis y otros y rebatirlos en juicio oral, sin limitarse a efectuar razonamientos subjetivos. 4.- Por otro lado, refiere no haberse valorado correctamente la prueba, constituyéndose en un defecto de sentencia previsto en el Art. 370 num. 6 del CPP, más una vez más y lamentablemente, no hace referencia a una sola prueba en específico o a cuál de ellas se refiere, toda vez que en la sentencia se advierte haberse hecho mención y fundamentado sobre pruebas testificales, pruebas literales, croquis, actas de registro, actas de secuestro y muchas otras pruebas como muestrarios fotográficos; por ello no es posible considerarse la misma como una real y efectiva expresión de agravio. 5.- Entre las inconsistencias de su alzada, resulta también atinente referir que al momento de su aprehensión se vulneró su derecho a la defensa y presunción de inocencia, toda vez que, lo que se está resolviendo en alzada no es precisamente aquello sino lo resuelto en sentencia. 6.- En idéntico sentido expresado por este tribunal en el numeral 2 de la presente resolución, es atinente señalar que las resoluciones de instancia que emiten las Salas Penales de los diferentes distritos del estado Boliviano, no son vinculantes, por lo que para tomarlos en cuanta mínimamente deben ser desglosadas y efectuar las comparaciones correspondientes, lo que no aconteció en la especie, por lo que resulta totalmente impertinente solo señalar el número y fecha de la resolución aludida. 7.- Revisada la sentencia apelada, se advierte haberse realizado la debida y necesaria fundamentación sobre las pruebas de cargo y de descargo aportadas al juicio oral y entre ellas las testificales, pruebas literales, croquis, actas de registro, actas de secuestro y muchas otras pruebas como muestrarios fotográficos; por ello no es posible argüirse la inexistencia de plena prueba sino semiplena, sin señalar las pruebas que serían insuficientes o alguna de ellas que de alguna manera le favorezcan. 8.- Corroborando a lo anterior es preciso señalar y detallar las pruebas sobre los que aparentemente versan sus fundamentos, por lo que resulta insuficiente y genérico referir que en el presente caso solo existe prueba circunstancial, sin especificar la misma o a que se refiere con circunstancial, por lo que tampoco se constituye en fundamento de agravio. 9.- Finalmente en cuanto al numeral 9 y 10, es atinente reiterar y dejar establecido que las resoluciones de Salas Penales, por si solas no son vinculantes, razones por las que no es pertinente tampoco señalar que dicen algunas resoluciones, sin desglosar los mismos y acomodar al caso que se juzga, viendo las similitudes y/o identidades procesales para ser consideradas de alguna manera, más no es posible solo referir que es lo que dicen aquellas resoluciones sin fundamentarlas acorde al presente caso para de alguna manera favorecerse. En definitiva, la apelante se limitó a señalar subjetivamente no haberse valorado las pruebas; que solo hay prueba semi plena y haberse vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, sin identificar las pruebas ni señalar de qué manera se le hubiere afectado; es decir, prácticamente no se ha referido a un punto en específico de lo resuelto en sentencia; razones por las que corresponde desestimar la alzada. POR TANTO. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por Elena Calicho Laime; en consecuencia, CONFIRMA la sentencia apelada en todas sus partes. Se advierte a las partes que, si creyeren conveniente, tienen el plazo de cinco días para interponer el recurso de casación computable desde la notificación con la presente resolución, conforme establece el Art. 417 del CPP. Regístrese y notifíquese. Vocal relator: Dr. José Eddy Mejía Montaño INFORME Con la finalidad de notificar a Elena Calicho Laime, se evidencia que el domicilio real señalado se encuentra en Central Todos Santos, sindicato Eduardo Avaroa de la provincia Chapare, casa de su mama de la Escuela de Paraíso 100 metros hacia el camino de Villa Tunari, conforme a Fs. 1 Vlta, 2, 144 y 171 de obrados, del que se advierte que la dirección se encuentra fuera de la Jurisdicción del Cercado de Cochabamba, siendo además demasiado distante (Provincia Chapare), por esta razón no pude dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. Es cuanto informo, para fines consiguientes de ley. Cochabamba, 27 de agosto de 2020. Fdo. Luis Alfredo Montaño A. – Oficial de Diligencias de Sala penal Primera. DECRETO Cochabamba, 28 de agosto de 2020. En merito a la representación que antecede realizada por el Oficial de diligencias de la Sala Penal; y a efecto de darse cumplimiento a notificación a la acusada Elena Calicho Laime, con el Auto de Vista de fecha 25 de octubre de 2019 conforme dispone el Inc. 2) del art. 163 del C.P.P., a este fin por Secretaria de Cámara se expida orden instruida y en aplicación del art. 136 del C.P.P., se dispone que el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Nº 1 de Aiquile, ordene su ejecución al Oficial de Diligencias de su Tribunal, debiendo devolverse la diligencia a esta Sala Penal dentro el plazo de 5 días, bajo su exclusiva responsabilidad. Notifique funcionario.- Fdo. Ana María Daza Nava – Secretaria de Camara Sala Penal Primera. DECRETO De Oficio.- Cochabamba, 10 de febrero de 2021. De la revisión de antecedentes se tiene que emitido el Auto de Vista en fecha 25 de octubre 2019, no se pudo hacer efectiva la notificación a la acusada Elena Calicho Laime, con dicha resolución, pese a que para dicho fin se habría expedido ordenes instruidas siendo entregadas al Tribunal de Sentencia Nº 1 de Aiquile en fecha 16 de octubre de 2020 que hasta la fecha no habría sido devuelta a esta Sala Penal, resultando inefectiva la misma; a tal efecto para no dejar en indefensión a las partes y no retardas mas la tramitación del presente proceso, se dispone que se proceda a la notificación de la acusada ELENA CALICHO LAIME, mediante edictos, con el Auto de Vista referido. Notifique funcionario.- Fdo. Ana Maria Daza Nava – Secretaria de Cámara Sala Penal Primera. Es Conforme. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE DEVUELVA A LA SALA PENAL PRIMERA, A LA BREVEDAD POSIBLE Y DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. COCHABAMBA, 22 DE MARZO DE 2021 Fdo. Dra. Mirtha M. Montaño T.- Vocal de la Sala Penal Primera, Dra. Ana Maria Daza Nava – Secretaria de Camara Sala Penal Primera. Doy fe.-


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