EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SÉPTIMO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL

Fecha publicación: 19/06/2020 14:13:16


PARA: MARLENE CAMACHO OLIVERA EDICTO FLORENCIO TITO RIVA HINOJOSA JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº7 DE LA CAPITAL POR CUANTO LA LEY LE FACULTA. POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A LA VÍCTIMA MARLENE CAMACHO OLIVERA, CON SENTENCIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, A EFECTO DE QUE TENGA CONOCIMIENTO. DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, A DENUNCIA DE MARLENE CAMACHO OLIVERA CONTRA ANGEL ROJAS VALLEJOS, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 332 NUMERAL 2) DEL CÓDIGO PENAL. A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO. SENTENCIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020 NUREJ: 30231236 SENTENCIA N° 09/2020 Florencio Tito Riva Hinojosa JUEZ DEL SENTENCIA PENAL Nº 7 Laura Espinoza Espinoza SECRETARIA-ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 7 Cochabamba, 20 de Marzo de 2020 Acusador Fiscal: Nombre y apellidos: Marco Antonio Gómez Aranibar Domicilio Procesal: Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Epi Norte Víctima: Marlene Camacho Olivera Domicilio real: Avenida Capitán Ustariz Kilometro 4 Abogado: No consta en antecedentes Domicilio Procesal: Tablero de Juzgado Imputado: Nombre: Ángel Rojas Vallejos Cedula de Identidad: 14095968 expedido en Cochabamba Fecha de Nacimiento: 04 de Enero de 1992 Lugar de Nacimiento: Cochabamba - Cliza Edad: 26 años Nacionalidad: Boliviano Estado Civil: Separado Ocupación: Soldador Domicilio: Valle Hermoso calle Mulamayu Nº 52 Situación Jurídica: Detenido en el Recinto Penitenciario de “San Sebastián” Varones Abogado Defensor: Nombre y apellidos: Julio Cesar Montalvo Baldivieso Domicilio procesal: Calle Jordán Nº 741 entre 16 de Julio y Antezana Piso 1, Oficina 8 Delito: Robo Agravado Artículo: 332 numeral 2) del Código Penal A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud de la Jurisdicción y competencia que por Ley ejerce, pronuncia la siguiente Sentencia. VISTOS: La acusación formal y la solicitud presentada por el Ministerio Publico de aplicación de la Salida Alternativa de Procedimiento Abreviado respecto al proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Marlene Camacho Olivera contra Ángel Rojas Vallejos, por el delito de Robo Agravado previsto y sancionado por el Artículo 332 numeral 2) del Código Penal, lo acontecido en audiencia y; CONSIDERANDO I: (Descripción del Hecho) De los antecedentes del caso se tiene, que según requerimiento conclusivo el Ministerio Público refiere que en fecha 07 de Mayo de 2019, a horas 17:30 p.m., aproximadamente, funcionarios Policiales de Radio Patrulla 110 se constituyen en la Avenida República y Punata, ante un caso de robo con persona aprehendida por transeúntes del lugar, siendo denunciante Marlene Camacho Olivera, quien refiere que habría sido objeto de robo de su cartera, por cinco personas desconocidas de sexo masculino y con la ayuda de los transeúntes se logró aprehender a uno de los partícipes identificado como Ángel Rojas Vallejos y que los otros se dieron a la fuga, razón por el que es conducido a la FELCC Central División Propiedades. Acorde a los hechos descritos y los elementos recolectados en la etapa preparatoria, el representante del Ministerio Público mediante acusación formal de 26 de Noviembre de 2019, acusa formalmente a Ángel Rojas Vallejos, por la comisión del delito de Robo Agravado, tipificado y sancionado por el Artículo 332 numeral 2) del Código Penal; asimismo, en la presente audiencia el representante del Ministerio Público, solicita la Salida Alternativa de Procedimiento Abreviado, aspecto que también ha estado de acuerdo la defensa, toda vez que el imputado ha admitido libre y voluntariamente la comisión del hecho del Robo Agravado y reconociendo de la misma forma su culpabilidad, además renuncia voluntariamente al Juicio Oral en virtud a los Artículos 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, pidiendo someterse a Procedimiento Abreviado y se dicte sentencia condenatoria por el delito de Robo, aceptando la pena de 3 años de presidio, en la cárcel pública que determine la Autoridad. Por su parte, la defensa se adhiere al requerimiento Fiscal, entendiendo estar cumplidas las formalidades de rigor. CONSIDERANDO II: (Fundamentación Descriptiva e Intelectiva de la Prueba Ofrecida) El Ministerio Público ha acusado a Ángel Rojas Vallejos, por el delito de Robo Agravado, previsto en el Artículo 332 numeral 2) del Código Penal que prevé: “La pena será de presidio de tres (3) a diez (10) años: 2) Si fuere cometido por dos (2) o más autores.”. De la revisión y el análisis de la Prueba Documental ofrecida por el Ministerio Público esta Autoridad advierte: MP-1.- Informe de Intervención Policial Preventiva o Acción Directa de fecha 07 de Mayo de 2019, realizado por Sargento Primero Luis Apaza Pacheco. MP-2.- Informe Policial de fecha 08 de Mayo de 2019, realizado por el Investigador asignado al caso Teniente Brayan castro Pardo, con referencia Informe Caso FELCC-CBBA 1900902. MP-3.- Acta de Declaración informativa de fecha 07 de Mayo de 2019, realizado a Marlene Camacho Olivera en condición de víctima, de parte del Investigador asignado al caso Teniente Brayan Castro Pardo. MP-4.- Certificado de Antecedentes Penales de fecha 03 de Marzo de 2020, emitido por el Abogado Ruan Justiniano Caba Salazar, Responsable REJAP y Doctora Evelyn Mariela Loza Villarroel, Encargada de REJAP Cochabamba, correspondiente a Ángel Rojas Vallejos. MP-9.- Certificado de Antecedentes Policiales de fecha 08 de Mayo de 2019, emitido por el Suboficial Primero Víctor Guzmán Choque, correspondiente a Ángel Rojas Vallejos. Elementos que permiten al suscrito Juzgador respaldar la existencia del hecho y el convencimiento que el imputado Ángel Rojas Vallejos es autor del delito de Robo Agravado, conforme expusieron en audiencia de aplicación de Procedimiento Abreviado. CONSIDERANDO III: (Fundamentación Jurídica) I. Procedencia de las Salidas Alternativas en Etapa del Juicio Oral. El Artículo 326 Parágrafo I) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 1173 de 03 de Mayo de 2019 "Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres", establece que: “El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad reglada, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los Artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 65 y 67 de la Ley 025 de 24 de junio “Ley del Órgano Judicial”, siempre que no se prohíba expresamente por ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral, hasta antes de dictar sentencia”. II. Procedimiento abreviado. El Procedimiento Abreviado constituye una simplificación de los trámites procesales que tiene por finalidad descongestionar la sobrecarga procesal en los tribunales ordinarios, más allá de implicar un ahorro en la economía procesal de las partes, la obtención de una rápida resolución del conflicto judicial, así como lograr la eficacia de la persecución penal, aplicando una pena donde la sentencia debe fundarse en la confesión del imputado, estrictamente vinculado a las pruebas recolectadas en la etapa investigativa, referente a la existencia de los hechos y la culpabilidad del imputado que debe ser verosímil y concordante con las pruebas. El Artículo 373 Parágrafo I) y II) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 586 de 30 de Octubre de 2014 "Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal", determina expresamente que: “Concluida la investigación, la o el imputado o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el Juez de Instrucción conforme al Numeral 2 del artículo 323 del presente Código; y en la etapa del juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes” y “ Cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él....". De la misma manera la línea jurisprudencia Constitucional sienta las bases de Aplicabilidad del Procedimiento Abreviado estableciendo que: Para que sea procedente, deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado, al respecto las Sentencias Constitucionales 1659/2004-R, de 11 de Octubre, Sentencia Constitucional Nº 1212/2011-R de 13 de Septiembre entre otras; en cuanto al rechazo del procedimiento abreviado ha señalado lo siguiente: “con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos; quien inclusive, podrá determinar la absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque éste no tiene responsabilidad en el hecho”. Por su parte, el Artículo 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales y el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que: En audiencia oral el Juez escuchará al Fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1. La existencia del hecho y la participación del imputado. 2. Que el imputado voluntariamente renuncia al Juicio oral ordinario, y, 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. En consecuencia, el procedimiento abreviado, como una salida alternativa, depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación y emisión de este requerimiento conclusivo, cuya situación depende de la decisión que pueda adoptar el Juez de la Instrucción en la audiencia pública, toda vez que en función de los principios de inmediación y objetividad, el Juez tiene el deber de generar convicción sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, que éste voluntariamente renunció al juicio oral ordinario y que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario; caso contrario, si considera que por los datos del proceso y lo acontecido en esta audiencia, el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento, debido a que los elementos de convicción presentados por el Fiscal no le permitieron concluir con certeza y objetividad en la veracidad de los hechos ocurridos, podrá indudablemente, conforme lo prescribe la norma procesal, negar la aplicación del procedimiento abreviado, mediante una Resolución debidamente fundamentada, conforme exige el Artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, al señalar que las Sentencias y Autos Interlocutorios deben estar debidamente fundamentados, deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no puede ser remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, a cuyo efecto, la autoridad judicial con la permisión expresa del Artículo 173 del Código de Procedimiento Penal “(…), asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; consiguientemente, la autoridad judicial, no está obligada a aceptar el procedimiento abreviado. En el caso de autos, se llegó a establecer: a)El Ministerio Publico acreditó con prueba idónea (Informes policiales, etc.) la existencia del hecho punible y la participación del imputado en el mismo. b)De la valoración de las documentales MP-1 y MP-2, no hay duda alguna y se tiene la certeza de la existencia del hecho acusado, toda vez que se ha establecido el hecho del Robo Agravado. c)Que el acusado Ángel Rojas Vallejos en audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, ha admitido libre y voluntariamente la comisión del hecho y reconociendo de la misma forma su culpabilidad además que renuncia voluntariamente al juicio oral, pidiendo someterse a procedimiento abreviado. d)En ésta audiencia el acusado Ángel Rojas Vallejos, a tiempo de relatar las circunstancias del hecho investigado, admite su participación y autoría en el mismo, haciendo conocer además su arrepentimiento y su compromiso a no incurrir nuevamente en ello, y; e)Finalmente puntualizar el Abogado defensor del nombrado acusado expuso oralmente en audiencia que se llegó a un acuerdo con el Fiscal asignado al caso. III. Análisis del caso. Revisada y valorada toda la documentación descrita en el Considerando II, se verifica los siguientes aspectos: Analizados dichos antecedentes y acorde a los fundamentos fácticos expuestos por el representante del Ministerio Público se ratifica en la acusación contra Ángel Rojas Vallejos, por el delito de Robo Agravado, corresponde remitirnos al Artículo 332 numeral 2) del Código penal, que establece: “La pena será de presidio de tres (3) a diez (10) años: 2) Si fuere cometido por dos (2) o más autores.”. El delito de Robo, según la descripción legal precedente de acuerdo a la definición doctrinal, el Robo es el “Delito contra el patrimonio, consiste en el apoderamiento de un bien ajeno, empleando para ello el ejercicio de la fuerza sobre las cosas o violencia o intimidación en las personas. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente que el acto de apoderamiento de la cosa”. El Tribunal Supremo de Justicia también ha establecido doctrina legal aplicable en relación al delito de Robo, en ese sentido se tiene que en el Auto Supremo Nº 721/2014 de 10 de Diciembre de 2014 ha establecido: “Por otro lado, en cuanto a los elementos configurativos del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP, que tipifica la conducta del siguiente modo: “El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco (5) años”, en relación al delito de Hurto, es el mismo bien jurídico protegido, la propiedad, sobre bienes muebles ajenos, configurándose el verbo rector en el apoderamiento sobre la cosa, difiriendo únicamente en la forma de perpetrar el hecho, así sostiene Carlos Creus5 que el robo no es más que un hurto agravado por la violencia que se ejerce con fuerza en las cosas o con violencia sobre las personas; es decir, por lo medios perpetrados para lograr el apoderamiento o consolidarlo. En ese contexto, se entiende por fuerza en las cosas que las mismas son retiradas de su lugar oponiendo resistencia para ello, por ejemplo, las fracturas de candados o de chapas o su desprendimiento del lugar que las sostenía; y, con relación a la violencia a las personas, la vis absoluta desplegada para vencer la resistencia de la víctima, siendo suficiente con sujetarla, encerrarla o atarla; es decir, aplicar cualquier medio físico suficiente para incapacitarla. La intimidación, entendida como la vis compulsiva, constituye la amenaza ejercida sobre el sujeto pasivo para doblegar su voluntad, debiendo el medio ser apto para tal efecto, actual y directo. El tipo penal descrito, tipifica la conducta delictiva agravada en el art. 332 del CP, con el siguiente tenor: La pena será de presidio de tres (3) a diez (10) años: 1). Si el robo fuere cometido con armas o encubriendo la identidad del agente. 2). Si fuere cometido por dos (2) o más autores. 3). Si fuere cometido en lugar despoblado. 4). Si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 2 del artículo 326. Las referidas circunstancias especiales y que hacen más gravosa la sanción, se justifican por cuanto además de presentarse la fuerza en las cosas y/o la violencia o intimidación en las personas, como característica principal se perpetran con la finalidad de facilitar la comisión del tipo penal o garantizar la menor resistencia de la víctima”. Sobre el particular este Juzgador ha alcanzado certeza plena que el acusado Ángel Rojas Vallejos ha adecuado su conducta al delito de robo agravado conforme la descripción del Artículo 332 numeral 2) del Código Penal, toda vez que en fecha 07 de Mayo de 2019, a horas 17:30 p.m., aproximadamente, en la Avenido República y Punata, transeúntes del lugar ante el robo de la cartera realizada a Marlene Camacho Olivera, por cinco personas desconocidas de sexo masculino logran aprehender a Ángel Rojas Vallejos, en cuanto a los otros se dieron a la fuga. El Artículo 332 numeral 2) del Código Penal, establece que comete el delito en cuestión: “Si fuere cometido por dos (2) o más autores”. En ese entendido se tiene certeza que el acusado ha actuado en calidad de autor bajo los parámetros establecidos por el Artículo 20 del Código Penal, que determina: “Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso”. Se llega a esta convicción porque el acusado es sorprendido en flagrancia en la Avenida República y Punata por transeúntes, apoderándose ilegítimamente con violencia de la cartera de Marlene Camacho Olivera. Igualmente es necesario tener presente que por imperio del Artículo 13 quater del Código Penal, el delito en cuestión es doloso y por ende a su vez la previsión de los Artículos 14 y 15 del citado compilado sustantivo, en lo relativo a que “actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa posibilidad” y “actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello: 1) no toma conciencia de que realiza el tipo legal. 2) Tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión, lo realiza en la confianza de que evitara el resultado”. A esta conclusión se ha arribado porque el acusado fue sorprendido el 07 de Mayo de 2019, a horas 17:30 p.m., aproximadamente, en flagrancia en la Avenida República y Punata por transeúntes, por apoderarse ilegítimamente con violencia de la cartera de Marlene Camacho Olivera, por tanto, sabía de la ilicitud de su acción. Elementos que llevan al suscrito juzgador al convencimiento que el acusado Ángel Rojas Vallejos es autor del delito de Robo Agravado, previsto en el Artículo 332 numeral 2) del Código Penal. Del análisis de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público las que en líneas previas fueron minuciosamente descritas en observancia del marco normativo y doctrinal referido, se arriba a las siguientes conclusiones: 1.- En fecha 07 de Mayo de 2019, a horas 17:30 p.m., aproximadamente, funcionarios policiales de Radio Patrulla 110 se constituyen en la Avenida República y Punata, ante un caso de Robo, constituyendo en denunciante Marlene Camacho Olivera, que fue objeto de robo de su cartera con violencia, de parte de cinco personas de sexo masculino, procediendo los transeúntes del lugar aprehender a Ángel Rojas Vallejos y los otros darse a la fuga. 2.- Por otra parte, es importante resaltar que el imputado admitió ser autor y participe sobre el ilícito de robo agravado por ello su conducta se adecua en su caso al tipo penal establecido en el Artículo 332 numeral 2) del Código Penal, solicitando por ello acogerse al procedimiento abreviado bajo los términos requeridos por el Ministerio Público. Ahora bien, de la valoración conjunta de los medios probatorios descritos dentro la regla de la sana crítica impuesta por el Artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, revela en calidad de elementos fácticos que la admisión de responsabilidad del imputado es verosímil y concordante con las pruebas recolectas, toda vez que, las documentales adjuntas por el Ministerio Publico, acreditan en primer término la existencia del hecho, es decir, que en fecha 07 de Mayo de 2019, a horas 17:30 p.m., aproximadamente, fue el imputado sorprendido y aprehendido por transeúntes en la Avenida República y Punata sustrayendo la cartera de Marlene Camacho Olivera, lo cual se realiza con violencia y participación de otras personas. En suma, el conjunto de los elementos probatorios analizados cumple las formalidades del Art. 13 del Código de Procedimiento Penal llena el voto del Art. 365 de igual adjetivo y presupuestan con suficiencia una sentencia condenatoria. Siendo esto así, en el presente caso, se llega a establecer que: 1. El Ministerio Público acreditó con prueba idónea la existencia del hecho punible y la participación del acusado en el mismo; 2. Que, el acusado Ángel Rojas Vallejos expresó su deseo de someterse al procedimiento abreviado, renunciando a juicio oral sin que medie presión alguna; 3. En este acto el Acusado a tiempo de relatar las circunstancias del hecho investigado, admite su participación y autoría en el mismo, sosteniendo su arrepentimiento y por su parte el abogado defensor también expresa su acuerdo con la salida alternativa, impetrando se imponga la pena acordada. De acuerdo a los datos del proceso y la prueba aportada por la parte acusadora se advierte que Ángel Rojas Vallejos subsume su conducta al tipo penal de robo agravado. IV. Acuerdo Voluntario de Sometimiento a Procedimiento Abreviado. En audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, el imputado Ángel Rojas Vallejos, admitió libre y voluntariamente la comisión del hecho y reconociendo de la misma forma su culpabilidad además de renunciar voluntariamente al juicio oral y ordinario pidiendo someterse a Procedimiento Abreviado, por lo que tiene a bien solicitar se dicte sentencia condenatoria aceptando la pena requerida por el Fiscal en la presente audiencia. CONSIDERANDO IV: (Fundamentación Legal de La Pena) Teniendo la certeza de la existencia del hecho que motiva el juicio e igualmente la responsabilidad penal del imputado, corresponde la cuantificación de la pena punitiva prevista en el Código Penal en su Artículo 332 numeral 2), manifiesta que el delito de robo agravado tiene prevista como sanción la pena principal de Privación de Libertad de 3 a 10 años de Presidio. De lo anotado, resulta evidente cual es el mínimo y el máximo legal de la pena a ser aplicada en este caso. En ese contexto, también es necesario considerar las circunstancias de atenuantes y agravantes concurrentes, en función a lo regulado por los Artículos 37, 38 y 40 del Código Penal, encontrándose respecto al procesado la gravedad y relevancia del hecho, se toma en cuenta que el acusado es una persona adulta por lo que indudablemente comprendía las consecuencias de sus actos e igualmente tuvo la posibilidad de actuar conforme a dicha comprensión, por cuanto el delito de robo agravado en el que ha incurrido atenta contra la propiedad de las personas, por otra parte, que tiene antecedentes judiciales anteriores y considerar que sería su segunda condena; se debe tener presente a favor del acusado que es una persona joven y ha demostrado su arrepentimiento relatando las circunstancias del hecho y asumiendo su responsabilidad. En consideración a tales datos e igualmente con el afán de satisfacer la previsión del Artículos 25 del Código Penal, en lo relativo al fin de la sanción (que es la enmienda y readaptación social, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial), se resuelve que el acusado Ángel Rojas Vallejos debe ser sancionado con la pena Mínima de Tres Años de Reclusión. POR TANTO: El Juez de Sentencia Penal Nº 7 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Administrando Justicia en virtud a la Jurisdicción y Competencia que por Ley ejerce, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en Procedimiento Abreviado, Falla DECLARANDO al imputado ANGEL ROJAS VALLEJOS, como AUTOR y CULPABLE de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el Artículo 332 numeral 2) del Código Penal; y en aplicación de lo preceptuado por el Artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, pronuncia SENTENCIA CONDENATORIA en su contra y en consecuencia se le impone la pena privativa de libertad de 3 años de RECLUSIÓN a ser cumplida en el Centro Penitenciario de “San Sebastián” Varones de esta Ciudad de Cochabamba, sanción que se computara a partir de su privación de libertad por este caso aun en sede policial y finalizar 3 años después. Finalmente, se condena al sentenciado al pago de costas de Juicio y reparación de daños, que serán averiguables en ejecución de sentencia. Una vez que esta sentencia adquiera la calidad de COSA JUZGADA, por secretaría deberá remitirse copias de rigor ante el Juez de Ejecución Penal y al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) para fines legales, conforme disponen los artículos 430 y 440 del Código de Procedimiento Penal y expedirse el respectivo mandamiento de condena. Se hace conocer a las partes que la presente resolución es apelable por mandato del Artículo 408 del Código de Procedimiento Penal y en el plazo de 15 días. La presente sentencia se sustenta en los Artículos 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, Artículos 13, 14, 20, 25, 37, 38, 40 y 336 numeral 2) del Código Penal del Código Penal, y Artículos 6, 126, 171, 173, 253, 264, 265, 266, 326, 333, 334, 357, 373, 374, 360, 362, 365, 366 y 420 del Código de Procedimiento Penal. REGISTRESE y Notifíquese a través de la Oficina Gestora. Asimismo, en audiencia el representante del Ministerio Publico manifiesta que renuncia a los plazos procesales y la apelación; por su parte el Abogado de la defensa manifiesta que su defendido renuncia a los plazos procesales y la apelación de la presente sentencia, como también solicita de conformidad a lo previsto por el Artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, la suspensión condicional de la pena a favor de su defendido, y corresponde. Acto seguido, el señor Juez pasa a dictar el siguiente Auto: VISTOS: Habiendo renunciado a plazos procesales e impugnaciones al que tienen derecho, tanto el Ministerio Público y como la defensa, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, corresponde declarar Ejecutoriada la Sentencia, se dispone en atención a los Artículos 428, 430 y 440 de la Ley 1970, la remisión de copias autenticadas al Juez de Ejecución Penal de Turno a efectos que proceda a la ejecución de la sentencia pronunciada por este Juzgado y al Registro Judicial de Antecedentes Penales. Por secretaria se ordena se expida Mandamiento de Condena en contra del acusado Ángel Rojas Vallejos, así como se dispone la notificación al Director del Penal de “San Sebastián” Varones de la Ciudad de Cochabamba. Por otra parte, a fines de la notificación legal de la denunciante o víctima, se dispone que la presente Sentencia, se notifique conforme establece el Artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173. Con el uso de la palabra el abogado de la defensa en audiencia solicita la Suspensión Condicional de la Pena del sentenciado Ángel Rojas Vallejos, amparado en el Artículo 366 del Código de Procedimiento Penal. El señor Juez, concede la palabra al representante del Ministerio Público: Con el uso de la palabra el representante del Ministerio Público, refiere que no se opone a que el imputado se beneficie de la Suspensión Condicional de Pena, siempre y cuando le corresponda de acuerdo a lo que se tiene establecido en el Certificado de Antecedentes Penales del imputado. Acto seguido, el señor Juez pasa a dictar el siguiente Auto: RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA A, 20 de Marzo de 2020 VISTOS: La solicitud de Suspensión Condicional de la Pena, planteada por el sentenciado Ángel Rojas Vallejos, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Marlene Camacho Olivera, lo expuesto por el abogado de la defensa, lo referido por el representante del Ministerio Público, los antecedentes y; CONSIDERANDO I: Que, en la presente audiencia el abogado del sentenciado, refiere que su defendido se someterá a la suspensión condicional de la pena, estando cumplidos los requisitos del Artículo 366 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, el representante del Ministerio Público, no se opone a dicho beneficio, pero que sea previamente la revisión del Certificado de Antecedentes Penales del imputado, siempre que cumplan los requisitos establecidos para ese beneficio. CONSIDERANDO II: Que, el Artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, establece que “se dictará Sentencia Condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado”. El segundo parágrafo prevé “la Sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado”. De ese precepto legal se infiere que, cumplidos los requisitos legales contenidos en el Artículo 366 o en su caso el Artículo 368 del Código de Procedimiento Penal, se puede conceder la Suspensión Condicional de la Pena o el Perdón Judicial. Que, el Artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, establece: “La Juez o el Juez o Tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza o modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años”. La Suspensión Condicional de la Pena doctrinalmente es una institución penológica, que es un beneficio penitenciario consistente en la cesación de la ejecución de la pena de prisión, condiciona al cumplimiento de un término de prueba cuya duración puede ser de uno a tres años, en el que se imponen al condenado determinadas reglas de conducta. En el caso presente, de acuerdo a la documentación cursante en antecedentes, se evidencia que por informe evacuado por la Directora Nacional de Registro Judicial de Antecedentes Penales y por la abogada encargada del REJAP en la ciudad de Cochabamba, dependiente del Consejo de la Judicatura de fecha 03 de marzo de 2020, se acredita que Ángel Rojas Vallejos, con C.I. Nº 14095968, registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 16 de Octubre de 2017 dicta por el Juzgado de Instrucción Penal Nº 6, del Departamento de Cochabamba, Provincia Cercado, por el delito de Robo-común (delitos de acción pública) con reclusión de tres (3) años previsto en el Artículo 331 del Código Penal, siendo beneficiado con la Suspensión Condicional de la Pena. En ese entendido tomando en cuenta el fundamento doctrinal de éste instituto jurídico y el numeral 2) del Artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, al advertir que el condenado Ángel Rojas Vallejos tiene otra condena anterior en los últimos cinco años de fecha 16 de Octubre de 2017 por el delito de Robo, corresponde desestimar la solicitud de Suspensión Condicional de la Pena, por no cumplir con el requisito previsto por la norma. POR TANTO: El Juez de Sentencia Nº 7 de la Capital, en función del Artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, determina RECHAZAR la solicitud de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, planteada por Ángel Rojas Vallejos, en relación a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión en la cárcel pública de “San Sebastián” Varones de esta ciudad, impuesta mediante Sentencia Condenatoria ejecutoriada de fecha 20 de Marzo de 2020, misma que deberá ser cumplida. REGISTRESE. El representante del Ministerio Público, el imputado y el abogado de defensa, quedan legalmente notificados con la Resolución emitida en audiencia por su lectura, en aplicación del Artículo 160 última parte del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173. Con lo que terminó el acto a horas 11:30 a.m., en constancia firma el señor Juez y la Suscrita Secretaria - Abogada. Doy Fe. ES CONFORME Fdo. Dr. Florencio Tito Riva Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Nº 7 Fdo. Laura Espinoza Espinoza, Secretaria- Abogada, Juzgado de Sentencia Penal N° 7, Cochabamba- Bolivia ES LO QUE SE TRANSCRIBE PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY.- DOY FE Cochabamba, 19 de Junio de 2020


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