EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL PRIMERA


PARA: JESUS OLIVA MERCADO EDICTO EL DR. GONZALO FLORES CESPEDES, VOCAL DE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A JESUS OLIVA MERCADO, CON LA DECISIÓN TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022, INFORME DE 09 DE ENERO DE 2023 Y DECRETO DE 10 DE ENERO DE 2023, DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y OTRAS CONTRA JESUS OLIVA MERCADO Y OTRA, POR EL DELITO DE USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y FALSEDAD IDEOLOGICA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTS. 198, 199 Y 203 DEL CODIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: ------------ AUTO DE VISTA--------------------------------------------------------------------------------------- Cochabamba, 12 de julio de 2022--------------------------------------------------------------- VISTOS.- Pronunciado el Auto Supremo N.- 131/2022 de 21 de marzo del 2022, en cumplimiento de dicha Resolucion se tiene los siguientes datos. Habiéndose resuelto el recurso de apelación interpuesto por el co sindicado JESUS OLIVA MERCADO mediante Auto de Vista de la fecha, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico y acusación particular de Neyde Oliva Mercado y Patricia Oliva contra el prenombrado imputado por la presunta comisión del delito Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado en los Arts. 198, 199 y 203 del Código Penal, sin resolver el recurso de apelación formulado por MARIA ESTHER LOPEZ VARGAS, advertida aquella omisión involuntaria, corrigiendo la misma al amparo del Art. 168 de la norma procesal penal, se ingresa a su consideración y resolución mediante el presente AUTO COMPLEMENTARIO a ser considerado por las Partes.------------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO I.------------------------------------------------------------------------- El Tribunal de Sentencia No 1 de la Capital, pronuncio Sentencia Condenatoria No 19/2010, por la que declara a la imputada MARIA ESTHER LOPEZ VARGAS, AUTORA Y CULPABLE del delito de Falsedad Ideológica previsto en el Art. 198 del Código Penal, imponiéndole la pena de 3 años y 6 meses de reclusión, de conformidad a lo previsto por el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, con costas.----------------------------------------------------------------- Esta sentencia ha sido apelada por la imputada María Esther López Vargas mediante memorial presentado en fecha 01 de junio de 2010, cursante de Fs. 383 a 394, solicitando que se anule totalmente la Sentencia y consiguientemente disponga la reposición del juicio por otro Tribunal.-------------------------------------------- De acuerdo a la regla general, prevista por el Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, para ser admitidos, los recursos deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida y de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia, citando concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y expresando cual es la aplicación que se pretende, debiendo fundamentarse separadamente cada agravio.------------------------------------ Revisado el recurso de apelación restringida planteado, se establece que cumple las condiciones de tiempo y forma previstos en los citados preceptos, en tal virtud se ADMITE el recurso, pasándose a resolver los aspectos cuestionados en la resolución impugnada, dentro el marco legal previsto por el Art. 398 de la misma Ley Procesal Penal.-------------------------------------------------------------------------- I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR LA IMPUTADA MARIA ESTHER LOPEZ VARGAS---------- La apelante señala que interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2010, misma que se hallase viciada de los defectos previstos en los numos. 1, 5, 6, 8 y 11 del Art. 370 del C.P.P. manifestando fundamentalmente lo siguiente:-------------------------------------------------------------------- 1.- Con relación a la inobservancia y errónea aplicación de la Ley Sustantiva establecida en el núm. 1 del Art. 370 del C.P.P., refiere que la causa desde su comienzo habría adolecido de un defecto insubsanable al haberse el Tribunal constituido con una sola Juez Técnico la Dra. Lineth Patiño y la presencia de tres jueces ciudadanos, con la ausencia injustificada del otro Juez Técnico Dr. Juan Luis Ledezma, pues conforme la previsión establecida en el Art. 52 del C.P.P. Establecería: “…Los Tribunales de Sentencia estarán constituidos por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, quienes conocerán la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en el artículo siguiente. En ningún caso el número de jueces ciudadanos será menor al de jueces técnicos. El Presidente del Tribunal será elegido de entre los jueces técnicos...” de lo señalado precedentemente se tuviese que al no haber participado del desarrollo del juicio oral el señor Juez Técnico Dr. Juan Luis Ledezma, el Tribunal no estaba debidamente conformado conforme la disposición citada Art. 52 del C.P.P. habiéndose iniciado la audiencia de juicio oral obviando esta formalidad, sin tomar además en cuenta que en el Auto de Apertura de juicio y la suspensión de una audiencia anterior se tuvo su participación.--------- Que si bien el número de miembros del Tribunal no fue inferior a tres, la ausencia del juez técnico no fue debidamente justificada, debiendo comparecer y desempeñar la función encomendada, por lo que al no haberse constituido de la forma prevista por ley, se habría producido actividad procesal defectuosa absoluta en la tramitación del juicio oral, conforme lo establecido en el Art. 167 y 169 núm. 1 del C.P.P. ya que dicha inasistencia no sería susceptible de convalidación.-------- Siendo que para esta parte el hecho de no encontrarse presente en el desarrollo del juicio oral constituyese un atentado contra el derecho de defensa y el debido proceso como garantía procesal, por lo que el Tribunal de Alzada debe disponer la nulidad de la sentencia, determinando se desarrolle otro juicio oral ante otro Tribunal considerando la previsión del Art. 52 y 344 del C.P.P. salvo las excepciones de los Arts. 335 y 336 de la Norma Procesal Penal.------------------------ 2.- Inobservancia de la reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, violación establecida en el núm. 11 del Art. 370 del C.P.P., estableciendo que mediante acusación formulada por el representante del Ministerio Publico se le habría acusado de la comisión de los ilícitos de Incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y complicidad en el uso de instrumento falsificado delitos tipificados en los Arts. 154, 199 y 203 con relación al Art. 23 del Código Penal, de la misma manera las acusadoras particulares Neyde Oliva Mercado y Patricia Oliva la sindicaron de la comisión de los mismos tipos penales en grado de complicidad.----------------------------------------------------------------- Empero en Auto de Apertura de juicio de fecha 25 de mayo de 2009 se estableció que las querellantes la acusaban de la comisión del delito de falsedad material, hecho totalmente falso. Teniéndose que tanto en la acusación fiscal como la particular, los delitos acusados estarían comprendidos dentro los alcances del Art. 23 del Código Penal, es decir en grado de complicidad, excepto el tipo penal del Art. 154 del C.P. que se atribuye a funcionarios públicos.--------------------- Empero no obstante de no haber sido acusada por el tipo penal de falsedad material, el Tribunal la absolviese de este ilícito, existiendo incongruencia entre los hechos acusados y la sentencia.------------------------------------------------------------------- 3.- Ausencia de criterio de valor de los elementos de prueba, introducción al sistema de la sana crítica y falta de motivación en la decisión violación del núm. 6 del Art. 370 del C.P.P. , que según doctrina la valoración de la prueba se sometiese a los sistemas de valoración legal y valoración libre (aplicación o reglas de la sana critica) según la valoración legal se atribuyese al grado de eficacia que atribuye el juez a cada medio probatorio, en caso de omisión nos encontraríamos ante el error de derecho en que incurriese el Juez al violar la ley que le asigna a determinada prueba en particular. En tanto en la valoración libre o sistema de la libre apreciación el Tribunal es libre de apreciar y valorar la prueba conforme a su sano criterio, bajo el arbitrio del juzgador, siendo que entre ambos sistemas existiese uno intermedio o eclético que sería el denominado sana critica que no tuviese la rigidez de la prueba legal, ni la incertidumbre de la libre convicción, combinados las reglas de la lógica y la experiencia. Siendo que la valoración de la prueba se debiera realizar con arreglo a las normas de la lógica, experiencia y la sana critica, teniendo como obligación el juzgador otorgar valor a cada medio probatorio a momento de emitir sentencia, interpretación valorativa que se hallase establecido en el A.S. No 308 de 25 de agosto de 2006.------------------------------------ Teniéndose que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, debiendo los tribunales de apelación fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y derecho, no pudiendo basar en simple relación de pruebas o requerimientos de las partes, vulnerando derechos constitucionales, debiendo realizar un efectivo control del sistema de valoración de la prueba, absolviendo fundamentos del recurso. Siendo que nuestro ordenamiento procesal penal acogiese el sistema de la sana critica, cumplido en forma sana, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables y critica, con bases en criterios de verdad, otorgados a cada elemento de prueba. Que además la máxima expresión del sistema emergiese del juicio de mérito traducido en el análisis que debe realizar el Aquo a los elementos probatorios introducidos, respecto de cuales prueban un hecho o no, laboral intelectual que obligase a una apreciación individual y una actividad confrontativa con el universo probatorio, siendo la única forma de establecer la verdad procesal, a través de la inmediación y percepción directa de la prueba el Juez o Tribunal adquiriese convicción, dando un razonamiento objetivo, el valor asignado a cada elemento, explicando la operación lógica para arribar a determinada conclusión, ese control debiese incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias, que ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales debiese disponerse lo establecido en los Arts. 413 y 414 del C.P.P.; teniendo como fundamento central la presente apelación restringida la errónea valoración de la prueba, así como la infracción a las reglas de la sana crítica y para establecer o formar juicio de valor sobre la existencia de defectos de la sentencia realiza un análisis descriptivo de los ilícitos de Falsedad Ideológica, Incumplimiento de Deberes previsto en los Arts. 199 y 154 del Código Penal, y razonados como han sido estos tipos penales y cuales los elementos constitutivos correspondiesen ingresar a demostrar por este Tribunal de qué manera a tiempo de emitirse el fallo se cometió infracciones a las reglas de la sana crítica, derivando en una errónea apreciación de los elementos probatorios.------------------- Refiere que el Tribunal Aquo la declaro autora y culpable del delito de Falsedad ideológica imponiéndole la pena de 3 años y 6 meses de reclusión, en base a que con la prueba de cargo se habría probado su responsabilidad en el hecho ilícito, sin embargo no habrían establecido de qué manera se arriba a esa conclusión, sobre que presupuestos probatorios se establecería su responsabilidad, no existiendo prueba documental incriminatoria que establezca con absoluta certeza su responsabilidad, estableciéndose que ha momento de la valoración de la prueba se incurrió en defectuosa valoración, toda vez que en el Considerando de la pag. 4, el Tribunal llegase a la conclusión que en fecha 07 de febrero de 2006, Jesús Oliva se habría presentado en la Notaria No 41 a su cargo a objeto de que faccione un poder a su favor, exhibiendo cedulas de identidad caducados de las poder conferentes Patricia Oliva y Neyde Oliva Mercado, personas que no estuvieron en la Notaria como exigiese la ley. También el Tribunal habría establecido que el imputado habría presentado en la Notaria un documento de compromiso de venta del inmueble que hiciese Neyde Oliva Mercado en fecha 07 de abril de 1998 del cual se extractasen datos del inmueble para insertarlos en el Poder No 177/2006 que fuese otorgado por su persona, y que las firmas insertas en dicho protocolo correspondiesen a Jesús Oliva, quien con dicho poder habría otorgado el inmueble mencionado en contrato de anticresis a favor de Ángel Gonzales Rocha y Zulema Flores por el precio de $us.- 18.000.- ocasionando perjuicio a las acusadoras al no contar estas con un inmueble donde residir en esta ciudad.----------------------------------------------------------- Que en el Considerando de la pag. 5 el Tribunal de Sentencia considero como relevantes las pruebas signadas como F-8 relativa a la fotocopia de Protocolo de Poder No 177/2006 en la que supuestamente las querellantes confiriesen al imputado Jesús Oliva facultades especiales, siendo la prueba fundamental para atribuir responsabilidad al mencionado imputado.-------------------- La prueba F-12 relativa a pericia grafológica realizada por el perito Luigi Vargas Zambrana, en parte conclusiva se estableció que las firmas de las acusadores no correspondiesen en su autoría y que las firmas de pie ubicadas en el reverso correspondiesen a la mano escritora de Jesús Oliva Mercado, aclarando que en dicho informe se le eximiese de autoría.----------------------------------------------- Con relación a las pruebas F-13 y F-14 consistentes en Informes periciales efectuados por los peritos Humberto Pérez y José Antonio Goitia Duran concluyesen que las firmas insertas en el Protocolo de Poder fueron falsificadas, determinándose que su persona no sería autora de la falsificación.--------------------- Estableciéndose con dichas literales como las declaraciones de las acusadores particulares la falsedad incurrida por Jesús Oliva, pero no estableciesen su responsabilidad y o participación en el ilícito de falsedad ideológica, limitándose el Tribunal Aquo a establecer que generaría convicción pero no establecen cómo su accionar se adecuase al ilícito previsto en el Art. 199 del C.P.--------------------------------------------------------------------------------------------------- La prueba signada F-6 relativa a un certificado de registro migratorio de Patricia Oliva y Neyde Oliva Mercado, demostrase que estas no se encontraban en la ciudad de Cochabamba la fecha que se extendió el testimonio de Poder, empero no se habría realizado una comparación con las declaraciones testificales de descargo propuestas por su persona, toda vez que el acusado Jesús Oliva se presentó en su Notaria con dos personas manifestando que serían su hermana y sobrina, portando cedulas de identidad, que si bien esta literal probase que las acusadoras no se encontraban en el Departamento, también se tuviese que la suplantación de personas la realizo el imputado Jesús Oliva Mercado.----------------- Con relación a las literales F-9 y F-7 que hacen referencia a Escritura Pública de contrato de anticresis suscrito por el acusado Jesús Oliva Mercado con los señores Miguel Ángel Gonzales y Zulema Flores por el capital de $us.- 18.000.- con el certificado emitido por el Juez de Partido en lo Civil de Quillacollo que estableciese que el mismo se encontrase gravado, literales que demostrasen que el beneficio económico fue a favor de Jesús Oliva toda vez que dicho documento fue realizado en la Notaria de la Dra. Mónica Reyes y no su persona. Respecto a la enunciación efectuada por el Tribunal de Sentencia de que dichas pruebas probasen que Jesús Oliva Mercado hizo uso del Poder No 177/2006 fraudulentamente obtenido con la intervención de la Notaria Dra. María Esther López, esta afirmación correspondiese al engaño que habría sufrido su persona, que la haría víctima del accionar del imputado Jesús Oliva Mercado, quien en sus declaraciones en ningún momento la sindicaría como responsable de ningún hecho delictivo. Con relación a la declaración de la Dra. Mirtha Romero se tendría que estableció que el Dr. Jesús Oliva era asiduo cliente de la Notaria y que a partir de 2005 dejo de concurrir para la realización de trabajo notarial.--------------- La prueba D-17 relativa a la certificación extendida por la Presidente del Colegio de Notarios refiriese ...”todo Notario de fe pública para la protocolización de una escritura pública debe exigir la presencia física del otorgante y los comparecientes de la solicitud de protocolización portando sus documentos de identidad esto en los otorgamientos de poderes…“ esta literal establecería que su accionar solo podría adecuarse al delito de incumplimiento de deberes, toda vez que su persona al haber extendido Poder con documentos de identidad notoriamente caducos habría subsumido su conducta a este ilícito, en el entendido del deber que su persona debiese tener a momento de la extensión de un Poder. Respecto a las documentales de descargo D-1, D-2, D-3, D-7, D-10, D-11, D-12, D-16, D-18, D-19, D-20, D-21, D-22, D-23, D-24- D-26, D-34, D-35, D-39 el Tribunal no habría asignado ningún valor, incurriendo en valoración defectuosa de la prueba, al haberse realizado una valoración parcial del conjunto de pruebas introducidas a juicio.----------------------------------------------------------------------------------- Que las pruebas documentales de descargo codificadas como DM2, DM3, DM4 y PM 1 probasen que los problemas entre las querellantes Patricia Oliva y Neyde Oliva Mercado con Jesús Oliva Mercado datan de fechas anteriores, teniéndose varios procesos ordinarios, teniendo origen el inmueble transferido o comprometido por Neyde Oliva a Jesús Oliva, que ante el incumplimiento de pago de saldo de este último y la imposibilidad de consolidación de derecho propietario a su favor habría optado por la salida fácil, induciendo a su persona en error al extender el testimonio de Poder, valiéndose de la suplantación de personas, la presentación de cedulas de identidad caducas, con la promesa de presentar dichas cedulas actualizadas a la brevedad posible, toda vez que debiesen obtenerlas en la ciudad de Trinidad, afirmación sustentada en las declaraciones testificales de; Jhaneth Martínez Claros que refirió conocer al Dr. Oliva, ya que una vez el año 2006 habría ido a la Notaria junto a tres señoras con un documento en la mano, recabando las firmas observo que las cedulas de identidad eran caducas, estas personas habrían hablado con la Dra. López y ella autorizo se realice el poder, comprometiéndose estos a traer las cedulas actualizadas, recibiendo las firmas de las dos señoras y el Dr. Oliva ayudo a aclarar el nombre y la cedula de las señoras que eran de 60 y 40 años de edad aproximadamente. Declaración que evidenciase que Jesús Oliva Mercado indujo en error a su persona, haciendo creer que las comparecientes eran parientes suyas, suplantando la identidad de las supuestas otorgantes, quienes afirmaron ser hermana y sobrina del abogado Jesús Oliva, quien además habría exhibido un documento de compromiso de venta codificado como DM5 documento de compromiso de venta del inmueble por Neyde Oliva a favor de Jesús Oliva Mercado. Documento privado con el respectivo reconocimiento de firmas ante la Notaria Dra. Mirtha Romero Cossío que dio seguridad a su persona para la extensión del Testimonio de Poder, ya que quien lo requería tenía derecho expectativo sobre dicho inmueble.--------------------------------- La declaración de Miguel Gabriel Ortega seria concordante con la declaración de la señora Janeth Martínez Claros, al indicar que vio al Dr. Oliva en la Notaria acompañado de dos señoras solicitando la facción de un Poder.----------- Que el Tribunal de Sentencia valorando las declaraciones testificales habría arribado a conclusiones erradas, pretendiendo adecuar su conducta al ilícito previsto en el Art. 199 del C.P.P. cuando los hechos subsumieran a una inobservancia en el ejercicio de sus funciones, no existiendo ninguna proposición ilegal aceptada por su persona, ya que sus actos se encontrasen enmarcados en los Art. 1,5, 21 de la Ley del Notariado.---------------------------------------------------------- Respecto a las conclusiones arribadas por la autoridad fiscal se tuviese que en su criterio otra víctima además de la querellante seria la Notaria, es decir su persona y conforme conclusión del abogado de la acusación particular estableciese que la Notaria (su persona) habría sido sancionada por el Consejo de la Judicatura, al no haber esta profesional tenido el debido cuidado...que habría cometido error en sus funciones al ayudar al imputado Jesús Oliva por ser su colega, habiéndose solicitado la pena de 1 año de privación de libertad. Conclusiones que establecerían una verdad irrefutable, coincidentes en que su persona también sería una víctima, inducida en error.--------------------------------------- Con referencia a la aplicación que se pretende de errónea interpretación de la Ley Sustantiva, el Tribunal de Sentencia la declaro autora de la comisión del ilícito de falsedad ideológica, señalando que en su condición de funcionaria pública, inserto en el Poder N° 177/2006, declaraciones falsas en sentido de que la Sra. Neyde Oliva y Patricia Oliva otorgaron poder amplio a Jesús Oliva para que pueda disponer del inmueble de su propiedad, sin siquiera estar ellas presentes, con la presentación de carnets de identidad vencidos, permitiendo que el imputado ponga firmas y pie de firmas en el documento. Para establecer si su persona seria culpable del delito de falsedad ideológica se debiese precisar que se entendiese por culpabilidad, la diferencia entre dolo y culpa a la luz del Código Penal y la doctrina legal aplicable.------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado reitero que su persona no cometió delito alguno, las violaciones del deber de cuidado y su relación con las falsedades documentales no encuadrasen, con relación al dolo, siendo que su accionar no se relaciona con el ilícito del Art. 199 del C.P. toda vez que por un exceso de confianza en la persona de Jesús Oliva, autorizo la extensión del Testimonio de Poder No 176/2006, tomando en cuenta la presencia de dos personas de sexo femenino que serían las otorgantes que comparecieron con Jesús Oliva portando cedulas de identidad caducas, reiterando que su accionar seria culposamente reprochable, habiéndola el Tribunal condenado por el delito de falsedad ideológica sin establecer como su conducta se subsumiría a este tipo penal, sin justificar sobre que presupuestos probatorios arribaría a esa conclusión, ni fundamentar su decisión, menos motivar su fallo, toda vez que la prueba documental y testifical de cargo y descargo establecieron que su responsabilidad es reprochableculposamente, no estableciéndose con prueba alguna el grado de participación en el hecho ilícito o que haya sido de un previo acuerdo con el acusado Jesús Oliva, no concurriendo la calidad de autora de ningún hecho ilícito, menos cómplice, encuadrando su obrar a lo estrictamente establecido en la Ley del Notariado, no resultando su accionar reprochable ni siquiera culposamente, no debiendo imponérsele pena alguna, ni responsabilidad por el delito de falsedad ideológica, debiendo aplicarse el principio indubio pro reo, que ante la insuficiencia de prueba documental, testifical, pericial correspondía al Tribunal de Sentencia dictar sentencia absolutoria a su favor, por lo expuesto y fundamentado en derecho, solicito que el Tribunal de alzada Anule totalmente la sentencia y disponga la reposición del juicio por otro Tribunal.-------------------------------------------- CONSIDERANDO II.------------------------------------------------------------------------- Con carácter previo a desarrollar el fondo de la apelación, corresponde anotar que con anterioridad este Tribunal emitió el Auto de Vista de 19 de marzo de 2020 y Auto Complementario de 19 de marzo de 2020, la última mereció el recurso de CASACION interpuesto por la acusada María Esther López Vargas, por memorial de 10 de diciembre de 2020 cursante a fojas 553 - 560 mereciendo el trámite correspondiente y el pronunciamiento del Auto Supremo No. 131/2022-RRC de 21 de marzo, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que consta en obrados, y que en aplicación del Art. 419del CPP declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Esther López Vargas y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista N° 105de 19 de marzo de 2020, disponiendo se pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en dicha resolución suprema.----------------------------------------------------------------------- La ratio decidendi del referido Auto Supremo para dejar sin efecto el Auto de Vista emitido anteriormente de 19 de marzo de 2020, radica en: Que, pese a la solicitud de la recurrente en el Recurso de Apelación Restringida, de saber con qué prueba o pruebas de cargo se habría probado su responsabilidad en el hecho delictivo bajo el tipo penal de Falsedad ideológica, este Tribunal de alzada no habría respondido a tal solicitud, limitándose únicamente a revisar y fundamentar la motivación de la valoración probatoria, por cuanto era deber de este Tribunal de Alzada, realizar un análisis del silogismo empleado para determinar la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de Falsedad ideológica.---------------------------------------------------------------------- De lo expuesto precedentemente, corresponde un nuevo análisis y resolución en Derecho respecto al reclamo omitidoysiendo la excepción del principio de invariabilidad, el evitar la vulneración de Derechos y Garantías y su ponderación de las mismas, y en el caso, de no rectificarlos se estaría desconociendo Principios establecidos en el Art. 180 CPE, como el Debido Proceso. “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante las SS.CC 0902/2010-R y SC 1756/2011-R, estableció que: “Considerando los criterios de la doctrina, en su jurisprudencia previa este Tribunal ha señalado que el debido proceso consiste en “… el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar” , de lo que se extrae que el Debido Proceso comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.-------------------------------------- En efecto con los argumentos descritos, fundamenta y resuelve considerando lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------- Inicialmente este Tribunal de Alzada debe puntualizar aspectos referentes al régimen de impugnación y más propiamente el recurso de apelación restringida; en ese sentido se tiene que la impugnación se encuentra subordinada a los siguientes presupuestos:----------------------------------------------------------------------------- 1. Subjetivos: Entre estos se tiene como sub presupuesto: a) Agravio o perjuicio (exige que la resolución cuestionada ocasione un agravio al interés del impugnante); y b) Carácter de parte (la impugnación está reservada a los sujetos procesales, ya que son ellos los que pueden resultar agraviados por las resoluciones del Órgano Jurisdiccional).--------------------------------------------------------- 2. Objetivos: Del mismo modo, tiene dos sub presupuestos, estos son: a) El acto impugnable. (Art. 394: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente previstos por ley), y b) La formalidad. La impugnación está sujeta a una diversidad de formalidades: Respecto al acto impugnable en sí (oralmente o por escrito) y al plazo que es perentorio y específico para cada recurso, es decir aspectos formales y temporales.-------------------------------------------- Del mismo modo, de la doctrina, la jurisprudencia y la norma, señala que la parte que se creyera agraviada con una resolución, al momento de impugnar la misma debe referirse concretamente al acto impugnado a objeto de demostrar el agravio sufrido, por lo que no debieran admitirse como fundamentos válidos motivaciones genéricas relativa a cuestiones teóricas o doctrinales, ni motivaciones que señalan una discrepancia con el contenido de los Considerandos que no tengan ninguna incidencia relevante sobre la parte resolutiva del fallo. ------------------------------------------------------------------------------------ CONSIDERANDO III.------------------------------------------------------------------------ FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA.------------------------------------------------------------------------------------------------- Así expuestos los antecedentes procesales y considerando que larazón para anular el Auto de Vista fue solo en base a la omisión de análisis del silogismo empleado para determinar la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de Falsedad ideológica; pues el Tribunal de Casación mediante el A.S. N° 131/2022-RRC de 21 de marzo, reconoce que con referencia a los demás agravios expuestos por la recurrente se dio una correcta y cabal respuestas, declarando infudado tales reclamos; por ello que corresponde con referencia aquellos puntos mantener el Auto de Vista Complementario en lo que corresponde y centrar el análisis con referencia a lo observado por el Tribunal de Casación referente al control de la operación de subsunción realizado por el Tribunal de grado.------------------------------------------------------------- 1.-Con relación a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva manifestada por la apelante, establecida en la previsión del núm. 1 del Art. 370 del C.P.P. refiriendo que el proceso desde inicio adoleció de defecto insubsanable al haberse constituido el Tribunal con una sola Juez Técnico y la presencia de tres jueces ciudadanos, con la ausencia injustificada del otro Juez Técnico Dr. Juan Luis Ledezma, incumpliendo con la previsión establecida en el Art. 52 del C.P.P. que claramente establece; “…los Tribunales de Sentencia deben estar constituidos por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, aclarando que el número de los últimos no puede ser menor al de los jueces técnicos…” empero esta previsión no establece la prohibición de llevarse adelante la audiencia de juicio oral con un solo juez técnico, por cuanto los jueces ciudadanos, si bien son personas legas constituyesen una forma de participación ciudadana y su desconocimiento de las leyes implicase imparcialidad, teniendo tanto el juez técnico como el juez ciudadano la misma potestad ha momento de analizar y decidir, teniéndose establecido que para poder ser elegido juez ciudadano conforme Art. 57 del NCPP se estableciese como requisitos 1) Tener 25 años. 2) Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. 3) Tener domicilio conocido. 4) Tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos. Y según previsión establecida en el Art. 58 de la misma norma procesal penal se tuviese causal de impedimento. Por lo que el juez ciudadano goza del rol que el Estado le asigna con la misma voz y voto que el juez técnico, teniendo ambos la responsabilidad respecto a la decisión de sentenciar o absolver a una persona, en base a sus capacidades, conocimientos, experiencia y valores, por lo que el Tribunal no establece vulneración alguna al respecto.----------------------------------------------------------------- 2.- Respecto al argumento de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, estableciendo que mediante acusación formulada por el representante del Ministerio Publico se le habría acusado de la comisión de los ilícitos de Incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y complicidad en el uso de instrumento falsificado delitos tipificados en los Arts. 154, 199 y 203 con relación al Art. 23 del Código Penal, de la misma manera las acusadoras particulares Neyde Oliva Mercado y Patricia Oliva la sindicaron de la comisión de los mismos tipos penales en grado de complicidad. Sin embargo en el Auto de Apertura de juicio de fecha 25 de mayo de 2009 se estableció que las querellantes la acusaban de la comisión del delito de falsedad material, pues en la acusación fiscal como la particular, los delitos acusados estarían comprendidos en grado de complicidad, excepto el tipo penal del Art. 154 del C.P. que se atribuye a funcionarios públicos. Empero no obstante de no haber sido acusada por aquel tipo penal de falsedad material, el Tribunal la hubiese absuelto de aquel ilícito, existiendo incongruencia entre los hechos acusados y la sentencia.------------------------------------------------------ De la revisión de obrados, en el Auto de apertura se hace evidente que se consigna como uno de los delitos acusados por las acusadoras particulares; el tipo penal de falsedad material, pues además fue considerado en la sentencia absolviéndose de aquel delito. Empero debemos recordar que este defecto de sentencia, es una causal de fondo surgida como emergencia del Art. 362 del CPP en el que se expresa: “El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación”; por otro lado, la S.C. N° 0088/2013 de 17 de enero determinó: “La congruencia es un principio procesal que hace a la garantía del debido proceso; pues, marca al juez un camino para poder llegar a la sentencia, y fija un límite a su poder discrecional. Sobre el mismo, la amplia jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia C-025/10 de 27 de enero de 2010, ha expresado que: “En teoría general del proceso, el principio de congruencia configura una regla que condiciona la competencia de las autoridades judiciales, en el sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado y probado por las partes. De tal suerte que el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita). De allí la necesidad de fijar con precisión, desde el comienzo, el objeto del litigio. Ahora bien, en materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa. De tal suerte que no se trata de una simple directriz, llamada a dotar de una mayor racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus diversas etapas, sino de una garantía judicial esencial para el procesado. (…)Así pues, bajo el anterior sistema procesal penal, la Corte Suprema de Justicia consideró que la consonancia no implicaba una perfecta armonía o identidad entre el acto de acusación y el fallo, sino el señalamiento de un eje conceptual fáctico-jurídico para garantizar el derecho de defensa y la unidad lógica y jurídica del proceso 'no se desconoce la congruencia, si el juez, al decidir sobre los cargos imputados, condena atenuadamente, por la elemental razón de que si puede absolver, puede atenuar, siempre y cuando se respete el núcleo básico de la conducta imputada'. En igual sentido, se estimó que la facultad para modificar la calificación jurídica no era ilimitada por cuanto era necesario que se preservara el núcleo central de la imputación fáctica o conducta básica. (…) Posteriormente, la CSJ, en sentencia del 30 de octubre de 2008 (rad. 29.872), sistematizó sus líneas jurisprudenciales en materia de congruencia entre la acusación y el fallo, en los siguientes términos: (…) 'Inicialmente resulta oportuno destacar que el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 establece que 'el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena', lo cual supone que en la acusación se precisen los aspectos fácticos y jurídicos de la conducta punible por la que se procede, señalando su calificación jurídica. En desarrollo del principio de congruencia ha señalado la Sala que tiene lugar su quebranto 'por acción o por omisión cuando se: i) condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación o de acusación, ii) condena por un delito que no se mencionó fáctica ni jurídicamente en el acto de formulación de imputación o de la acusación, iii) condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de imputación o en la acusación, pero deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad, y iv) suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que se haya reconocido en las audiencias de formulación de la imputación o de la acusación'”. De aquello que la congruencia se activa, cuando el sindicado, es condenado por un hecho que no fue acusado; en el caso de autos no cumple aquella función, pues no se le dictó sentencia condenatoria por el delito de Falsedad Material menos se le impuso sanción alguna por aquel delito, por ello resulta ser irrelevante la denuncia sobre este defecto de sentencia.-------- 3.-Ante la denuncia del defecto de sentencia previsto en el Art. 370 núm. 6 del CPP; sobre defectuosa valoración de la prueba, se debe aclarar que no se puede pretender que el Tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el Juicio oral, sino que tiene que atacar la logicidad de la Sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología. Sobre esta temática el Tribunal Supremo de Justica ha establecido la siguiente doctrina legal, contenida en el A.S. No. 214 de 28 de marzo de 2007: “(…) Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. (…) El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia (…) El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad(…)”.-------------------------------------------------------------------- Realizadas las precisiones, de orden legal y jurisprudencial y partiendo de la premisa de que al Tribunal de Alzada se le está prohibido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas; entre otros aspectos nos enseña que, cuando el recurso de apelación restringida se funde en la denuncia de infracción de las reglas de la sana crítica, el impugnante detenta la carga de demostrar, bajo una fundamentación coherente, puntual y un respaldo lógico jurídico, cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio, quien además de expresar las reglas de la lógica que hubieren sido inobservadas, debe vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, y proporcionar la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito. Ante aquello se entiende que este Tribunal solo debe responder de manera clara, expresa, lógica, legítima y suficiente los puntos impugnados en la apelación; ciñendo su competencia a ejercer un control sobre la valoración de la prueba, lo que no implica una nueva valoración, solo el control de una defectuosa valoración de la prueba producida en juicio oral, donde si se diera el caso, de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración, en dicho argumento se deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones; 3) Que derechos y garantías constitucionales se estarían vulnerando con la valoración defectuosa de las pruebas y de qué manera; sin embargo la recurrente, simplemente se limitan a referir en el escrito de su impugnación, aspectos generales e imprecisos trayendo al debate de que el Tribunal Aquo no habría realizado una adecuada valoración de la prueba e infracción a las reglas de la saña critica, la hubiese declarado culpable del delito de Falsedad ideológica, sin embargo no habrían establecido de qué manera se arribaría aquella conclusión, pues no existiría prueba documental incriminatoria que establezca con absoluta certeza su responsabilidad, por cuanto los informes periciales como la F-12 indicasen que su persona no es parte de la falsificación de las firmas manuscritas cuestionados , si bien las literales como las declaraciones de las acusadoras particulares prueban la falsedad incurrida pro Jesús Oliva, pero ni las declaraciones ni tampoco los dictámenes periciales establecen su responsabilidad y / o participación en el delito de falsedad ideológica , incluso en las declaraciones del Acusado Jesús Oliva Mercado no la sindican como responsable de ningún hecho delictivo.------------------------------------- Como se advierte, la ahora recurrente, omite fundamentar que pruebas no habrían sido valoradas por el Tribunal de grado conforme las reglas de la sana crítica y cuales serían valoradas defectuosamente fuera de aquellas reglas, que incidencia tendría en la resolución final, a más de señalar que derechos y garantías se le habrían vulnerado, ya que no cuestiona la valoración de la prueba mismas producidas en juicio oral, pues expresa en ellas conclusiones personales a las que llega, que de ninguna manera podrían ser fundamento para fundar una posible valoración defectuosa de la prueba, por tanto esta denuncia no tiene fundamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado, de lo argumentado en sentido de que se hubiesen considerado por el Tribunal Aquo, como relevantes las pruebas signadas como F-8 relativa a la fotocopia de Protocolo de Poder No 177/2006 en la que supuestamente las querellantes confiriesen al imputado Jesús Oliva facultades especiales, siendo la prueba fundamental para atribuir responsabilidad al mencionado imputado; la prueba F-12 relativa a pericia grafológica realizada por el perito Luigi Vargas Zambrana, que en su parte conclusiva se estableció que las firmas de las acusadores no correspondiesen en su autoría y que las firmas de pie ubicadas en el reverso correspondiesen a la mano escritora de Jesús Oliva Mercado, aclarando que en dicho informe se le eximiría de autoría y las pruebas F-13 y F-14 consistentes en Informes periciales efectuados por los peritos Humberto Pérez y José Antonio Goitia Duran concluyesen que las firmas insertas en el Protocolo de Poder fueron falsificadas, determinándose que su persona no sería autora de la falsificación. Concluyendo que aquellas literales como las declaraciones de las acusadores particulares probarían la falsedad incurrida por Jesús Oliva, pero no establecerían su responsabilidad y o participación en el ilícito de falsedad ideológica, limitándose el Tribunal Aquo a establecer que generaría convicción pero no establecen cómo su accionar se adecuase al ilícito previsto en el Art. 199 del C.P. Pretender que este Tribunal de Alzada, ingrese a una re-valorización de las pruebas producidas en juicio oral, seria errado por la línea jurisprudencial descrita supra; por otro lado se extraña, cual es el efecto dañoso al haber valorado aquellas pruebas, porque la recurrente no cuestiona la logicidad, ni cuál de las reglas de la sana critica se habrían transgredido en la valoración de las pruebas signadas , F-8, F-12, F-13 y F-14; solo se limita en argumentar conclusiones propias que de ninguna manera podrían fundar una defectuosa valoración de la prueba, pues el Tribunal Aquo, puede atender razonadamente a una u otra prueba conducente, para establecer el relato fáctico; consecuentemente, el Tribunal de Instancia otorga prevalencia para fundar su convicción a las pruebas practicadas en juicio, siendo irrelevante la observación.----------------------------------- Sobre la literal signada F-6, consistente en Certificación de Migración Cochabamba, sobre el flujo migratorio de Patricia Oliva, en el que se establece que en el mes de febrero del 2006, la querellante no registra ingreso por Aeropuerto a Bolivia; aquella prueba fue valorada por el Tribunal de grado como relevante cuando expresa: “Prueba documental que revestida de fuerza probatoria por el tribunal demuestran que las querellantes a la fecha de la elaboración del poder especial 177/2006, se encontraban en los Estados Unidos, por lo que mal podían estar presentes en la Notaria No.- 41 en fecha 7 de febrero del 2006, hecho además que fue sostenidos por Neyde y Patricia Oliva, sin que la defensa desvirtué este extremo. Documentales que prueban denuncias que existen en contra de los dos imputados”. Del que la recurrente argumenta, que si bien el certificado de registro migratorio de Patricia Oliva y Neyde Oliva Mercado, hubiese demostrado que aquellas no se encontraban en la ciudad de Cochabamba la fecha que se extendió el testimonio de Poder, empero no se habría realizado una comparación con las declaraciones testificales de descargo propuestas por su persona, que señalarían coincidentemente que el acusado Jesús Oliva se presentó en su Notaria con dos personas manifestando que serían su hermana y sobrina, portando cedulas de identidad, que si bien esta literal probase que las acusadoras no se encontraban en el Departamento, también se tuviese que la suplantación de personas la realizo el imputado Jesús Oliva Mercado. Al respecto cabe aclarar que si bien la prueba demostraría aquellos aspectos y sin embargo se habría omitido la comparación con las pruebas producidas por su defensa, quienes hubiesen manifestado que el acusado Jesús Oliva se presentó en su Notaria con dos personas manifestando que serían su hermana y sobrina; la recurrente omite establecer que pruebas testificales de descargo, serían las que demostrarían que Jesús Oliva se presentó en su Notaria con dos personas manifestando que serían su hermana y sobrina; o serian contradictorias con las conclusiones a las que se llega con la prueba signada F- 6; pues recordemos que el Tribunal de Instancia otorga valor para fundar su convicción a las pruebas desarrolladas en juicio y en el marco del principio de contradicción se presenten declaraciones contrarias con argumentos o elementos probatorios, lo que es propio del proceso. Siendo que la obligación en la tarea de valoración de la prueba testifical, pasa por verificar que estas declaraciones se hayan practicado judicialmente con las debidas garantías y se hayan sometido a efectiva contradicción en el acto del juicio oral. Luego, es tarea del Tribunal o Juez ponderar la mayor o menor verosimilitud de las versiones, recurriendo en este caso, incluso a las reglas de la experiencia humana, el correcto entendimiento, la lógica y la psicología (entre otras) para contrastarlas con los datos deducidos de otras pruebas practicadas y con la credibilidad de las razones expuestas para justificar las conclusión de otorgar valor o no a cualesquiera de las declaraciones, no teniendo merito el reclamo.--------------------------------------------------------------------------------------- Sobre las literales signadas F-9 y F-7,el Tribunal de grado expresaría: “La documental de cargo F-9, F-7: prueban la existencia de una escritura pública de contrato anticrético de inmueble ubicado en la calle Bilbao Rioja No.- 3, con extensión superficial 323,89 metros que otorgan las Señora Patricia Oliva y Neyde Oliva Mercado, representada por Jesús Oliva Mercado a favor de los señores Miguel Ángel Gonzáles y Zulema Flores por el capital anticrético de 18.000 dólares, de fecha 23 de marzo del 2006 y Certificado extendido por el Juez 1ero. de Partido en lo civil de Quillacollo que indica que el inmueble inscrito a nombre de Patricia Oliva se encuentra gravado con contrato anticrético a favor de Miguel Ángel Gonzáles y otra por la suma de 18.000 dólares y dado en representación de la propietaria por Jesús Oliva Mercado. (…) Documentales que prueban el uso que hizo Jesús Oliva del poder 177/2006 fraudulentamente obtenido con la intervención de la Notaria María Esther López, logrando de esta manera dar en Contrato anticrético un inmueble que solo tenía el derecho al uso”. Del que la recurrente argumenta, que las literales F-9 y F-7 que hacen referencia a Escritura Pública de contrato de anticresis suscrito por el acusado Jesús Oliva Mercado con los señores Miguel Ángel Gonzales y Zulema Flores por el capital de $us.- 18.000.- con el certificado emitido por el Juez de Partido en lo Civil de Quillacollo que estableciese que el mismo se encontrase gravado, literales que demostrasen que el beneficio económico fue a favor de Jesús Oliva toda vez que dicho documento fue realizado en la Notaria de la Dra. Mónica Reyes y no su persona. Ante aquello como se advierte de las literales así como también lo afirma la recurrente, aquellas documentales prueban el uso que hizo Jesús Oliva del poder 177/2006 fraudulentamente obtenido con la intervención de la Notaria María Esther López, logrando de esta manera dar en Contrato anticrético un inmueble que solo tenía el derecho al uso y el Tribunal no asumió ese conocimiento en base a las pruebas F-9 y F-7, ahora cuestionadas, sino de la valoración integral de toda la prueba producida en juicio oral; y en efecto este argumento no tiene consistencia alguna, al ser esta maliciosa que trata de inducir a este Tribunal proceder a una nueva valoración que no está permitida como fue aclarada en los acápites principales con referencia a este defecto de sentencia. Resultando irrelevante el reclamo.------------------------------------------------------------------------------ Sobre la literal signada D-17, certificación expedida por la Presidenta del Colegio de Notarios que indicase que todo Notario de Fe Pública debe exigir la presencia del otorgante y los comparecientes portando sus documentos de identidad, probase solo adecuarse su conducta al delito de incumplimiento de deberes y no al de falsedad, esa apreciación de la parte sindicada no hace mérito al recurso de apelación interpuesto por cuanto no rebate la labor de valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Aquo y la conclusión de subsunción de la conducta de la sindicada en el tipo penal del Art. 198 del Código Penal, bajo la afirmación de haber asumida convicción de la inserción de declaraciones falsas en un poder de parte de la sindicada en su condición de Notaria de Fe Publica., permitiendo incluso que el co imputado Jesús Oliva ponga firmas en el pie del documento que no les correspondían a las querellantes.por lo que el valor otorgado por el Tribunal a la prueba es lógico, coherente con los antecedentes y la valoración conjunta de la prueba producida en juicio, además el reclamo de la sindicada es impreciso ya que no expresa qué reglas de la sana crítica habrían sido vulnerados, exigencia inexcusable para ingresar a considerar una vulneración al principio de la sana crítica en la valoración probatoria, siendo irrelevante esta observación.---------------------------- Respecto al argumento de que las documentales de descargo D-1, D-2, D-3, D-7, D-10, D-11, D-12, D-16, D-18, D-19, D-20, D-21, D-22, D-23, D-24- D-26, D-34, D-35, D-39 el Tribunal no habría asignado ningún valor, incurriendo en valoración defectuosa de la prueba, al haberse realizado una valoración parcial del conjunto de pruebas introducidas a juicio, como se advirtió en el parágrafo anterior el Tribunal concluyo en que aquellas documentales no desvirtuarían la acusación, ni el objeto del juicio porque se referirían a hechos periféricos y relacionados con procesos civiles, que no tienen relevancia para esclarecer situaciones o probar argumentos de la defensa del co-imputado y así como de la ahora recurrente; en tal sentido, la valoración de las referidas pruebas, efectuada por el Tribunal Aquo, no implica apartarse de las reglas de la sana crítica racional, por lo que tampoco tiene mérito esta observación.------------------------------------------------------------------- Las literales de descargo codificadas como DM2, DM3, DM4 y PM1, a decir de la recurrente probasen que los problemas entre Patricia Oliva, Neyde Oliva Mercado con Jesús Oliva Mercado desde fechas anteriores con multiplicidad de procesos ordinarios, en base al inmueble transferido por Neyde Oliva a su hermano Jesús Oliva y ante el incumplimiento en el pago del saldo del precio , se hubiese optado por la alternativa fácil induciendo a su persona en error a extender el testimonio de poder, valiéndose de la suplantación de personas, como la presentación de documentos de identidad caducos y la declaración de Janeth Martínez Claros hacía referencia a la presencia de dos señores de 60 y 40 años , que resultase esclarecedora sobre la inducción en error de su persona por Jesús Oliva Mercado haciéndola creer que las comparecientes eran parientes suyas , igualmente resultan apreciaciones personales, pues debe tenerse en cuenta que en materia de actividad probatoria, el sistema procesal vigente se halla sujeto al principio de libertad probatoria conforme las previsiones del Art. 171 del CPP, siendo de responsabilidad del Juez o Tribunal competente de emitir sentencia, la valoración de todas las pruebas judicializadas en el acto de juicio conforme las reglas de la sana crítica, de modo que admitir el planteamiento de la acusada implicaría reconocer la existencia de pruebas tasadas o tarifadas, en desconocimiento de la voluntad del legislador. Mas no advierte la vulneración de las reglas de la sana crítica, cuando además no fueron identificadas por la recurrente que reglas de la sana crítica hubiesen sido vulneradas, por el contrario en las afirmaciones efectuada por la misma sindicada recurrente en memorial de apelación de algún modo ratifican la convicción asumida por el Tribunal sobre la introducción de declaraciones falsas en el poder cuando específicamente en fs. 388 vta. del memorial de apelación haciendo referencia a la declaración de Janerth Martínez Claros, dice: “las personas hablaron con la Dra. López y ella autorizo que se realice el poder, dictándole el Dr.- Oliva los datos que debía contener el poder, dejando el documento en la pantalla porque tenía que traer las cedulas actualizadas, recibió las firmas de dos señoras y el Dr. Oliva ayudo a aclarar el nombre y C.I…….”, por lo que la denuncia de la recurrente no tiene mérito.---------------------------------------------------------------------- Sobre el argumento de que la declaración de Miguel Gabriel Ortega seria concordante con la declaración de la señora Janeth Martínez Claros, al indicar que vio al Dr. Oliva en la Notaria acompañado de dos señoras solicitando la facción de un Poder. Es evidente aquellos aspectos precitados por la recurrente, sobre las declaraciones de los testigos Miguel Gabriel Ortega y Janeth Martínez Claros; empero, la sentencia debe ser entendida en su contexto, es decir en su totalidad y no en partes aisladas o parcializadamente; el conocimiento de que los hechos se habían producido de una determinada forma, no emerge de una construcción subjetiva y caprichosa del Tribunal inferior, sino más bien, en base al análisis y valoración de todos los elementos de prueba incorporados al proceso y que fueron pormenorizados de manera previa por el Tribunal de grado, tomando en cuenta incluso entre las partes sobresalientes de las declaraciones de los testigos como la valoración de la prueba documental que también hubiere sido producido en juicio y la referencia aislada realizada por la recurrente a partes de declaraciones de testigos no hacen procedente el recurso de apelación, más aun si no se ataca la logicidad de la valoración de la prueba como labor efectuada por el Tribunal Aquo, por lo que no se encuentra mérito al recurso de apelación . III. 1. SOBRE LA DENUNCIA DE ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL SUSTANTIVA.------------------------------------------------------------------------ A efectos de resolver el motivo de denuncia es importante partir del tipo penal Falsedad Ideológica que se encuentra inserto en el título IV, delitos contra la fe pública del Código Penal, art. 199, que señala: “El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. En ambas falsedades, si el autor fuere un funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- El A.S. N° 383/2020-RRC de 28 de julio, con referencia a los elementos típicos de este delito establece: “… que los verbos rectores del ilícito son el de “insertar” o “hacer insertar” en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y que pueda resultar perjuicio; al respecto el Auto Supremo 276/2014-RRC de 27 de junio, señaló que la Falsedad Ideológica requiere una acción de insertar o de hacer insertar, en la primera situación es eventualmente la concurrencia de un funcionario o notario y en la segunda el sujeto activo puede ser cualquier persona natural, que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público o privado haga constar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar y que pueda resultar perjuicio; es decir, una redacción de un documento haciendo constar declaraciones distintas a las realmente hechas. (…)------------------------------ El autor se sirve de los signos de autenticidad formalmente verdaderos para hacer pasar, como tales, hechos o actos relatados en el documento, pero que no lo son. En resumen, en el documento ideológicamente falsificado hay una forma auténtica y un contenido falso.---------------------------------------------------------------------- Respecto al elemento perjuicio, el citado tratadista (paginas 445-446) señala: “El reclamo típico de la posibilidad de perjuicio, como vimos, nos dice que para la falsedad documental no basta que se incluya una mentira en el documento, sino que es imprescindible que esa mentira tenga aptitud para producir perjuicio. Y, claro está, en un documento público la mentira que lleva en sí ese germen, es la que recae sobre algo que el documento tiene que acreditar como verdadero según su específica finalidad jurídica y que, por dicha funcionalidad, es oponible a terceros, salvo que se destruya su fe. Éste y no otro es el sentido de la limitación típica expresada por la ley mediante la cláusula que exige que la falsedad insertada concierna a un hecho que el documento deba probar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Lo expuesto puede resumirse así: sólo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de documento público, puede considerarse la falsedad ideológica punible según el art. 293. Al fin, ésa será la medida de la posibilidad de perjuicio asignable a esta falsedad, que no podrá extenderse a otros factores o componentes del documento, ni reducirse a lo que las partes hayan tratado de otorgarle, al margen de su destino jurídico de él. Es más, no toda mentira que recaiga sobre un elemento esencial del documento según su destino importará lo típico, sino únicamente aquella que deforme tal esencialidad según ese destino”.------------------------------------------------------------------ En cuanto a la consumación (página 447), señala: “El delito se consume cuando el documento público queda perfeccionado como tal, con todos los signos de autenticidad que las leyes y reglamentos requieren (firmas, sello, etc.)…”.------------ De lo descrito, se tiene que el delito de Falsedad Ideológica, se configura en el momento que una persona inserta o hace insertar declaraciones falsas en un instrumento público, ya que, son los únicos dotados de fe pública respecto de los hechos en ellos referidos como ocurridos, cuyo perjuicio puede extenderse a terceros que nada hayan tenido que ver con el documento, atacando de ese modo la fe pública, sirviéndose el autor de los signos de autenticidad formalmente verdaderos para hacer pasar, como tales, hechos relatados en el documento que no lo son.------------------------------------------------------------------------------------------------- El Tribunal de alzada del análisis de la Sentencia precisó que la conducta de la imputada seadecuó al delito de Falsedad Ideológica, toda vez, en su calidad de funcionaria pública como Notaria de Fe Publica insertaría en el poder amplio N.- 177/2006 declaraciones falsas en sentido de que la Sra. Neida Oliva Mercado y Patricia Oliva otorgaban poder amplio a Jesús Oliva Mercado para que este pueda disponer del inmueble de propiedad de las primeras, sin siquiera estar ellas presentes y con la sola presentación de Carnet de identidad visiblemente vencidos, permitiendo que el imputado ponga firmas y pie de firmas en el documento que no les correspondían a las ahora querellantes.--------------------------- Como se advierte esta fundamentación escueta no podría considerarse como una fundamentación jurídica razonable y aceptable por cuanto en aquella fundamentación jurídica el Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, debe optar racionalmente por una de ellas, precisando por qué considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; Si no que esta pueda dar sustento y seguridad jurídica a la sentencia de que la decisión asumida por el tribunal de grado es la correcta; mas al contrario en el caso de autos esta fundamentación es vulneradora al debido proceso en su elemento de la fundamentación y motivación de las resoluciones así como del principio de legalidad, esto considerando que la Sentencia, al ser la resolución que define la situación jurídica de la acusada, con base a lo alegado en la acusación y lo demostrado en juicio a través del desfile probatorio y los elementos de juicio obtenidos de él, requiere que en su elaboración se contemple lo acontecido en el juicio, de forma clara, lógica, ordenada y completa, que permita comprender de sus fundamentos, no solo los hechos acusados; sino, también los probados y las consecuencias de ello; por lo que, es imprescindible que el fallo, responda de forma efectiva a los requerimientos de motivación insertos en el Art. 124 del CPP, en el que refiere que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. Asimismo el Art. 173 del CPP; que refiere que: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”.----------------------------------------------------------------------------------------------- En el caso de autos el mismo Tribunal de grado en la redacción de la sentencia concluye que “… realizado el juicio oral, visto y oído el desfile de la prueba escuchada la última palabra de los imputados, el tribunal llega a la convicción que en fecha 7 de febrero del 2006, Jesús Oliva Mercado se hace presente en la oficina de la Notaria No.- 41, ejercida por la Dra. María Esther López Vargas a objeto de que esta faccione un poder en su favor, entregando documento de identidad notoriamente caducado de las poder conferentes Patricia Oliva y Neide Oliva Mercado, personas que no estuvieron presentes en la Notaria como exige la ley, ya que se encontraban en los Estados Unidos, sin embargo el imputado habría presentado ante la Notaria un documento de compromiso de venta del inmueble que le hace Neide Oliva Mercado en fecha 7 de abril de 1998, y se facciona el poder 177/2006, otorgado por la Notaria ahora imputada, en el que insertan firmas de los dos querellantes, que fueron realizadas por el imputado: Poder, cuyo contenido le otorgaba facultades especiales, amplias y bastantes para que represente a sus personas acciones y derechos a objeto de precautelar el derecho propietario sobre el inmueble que le corresponde a Patricia Oliva, según testimonio No.- 1356/2000, con gravamen de usufructo a favor de Neide Oliva Mercado gravado en la Ptda, y Fs. 2491 de Libro Segundo de Gravámenes de la provincia Quillacollo en 5 de diciembre del 2000. Posteriormente Jesús Oliva, recoge el poder hace uso, otorga el inmueble en contrato des anticrético a los señores Ángel Gonzáles Rocha y Zulema Flores por el precio de 18.000 dólares. Que, al presente las querellantes no tienen el uso, ni goce del inmueble, que es habitado al presente por Jesús Oliva M., hecho, que origina que las mismas no cuenten con un inmueble donde vivir en esta ciudad causándoles perjuicio.------------------------------------------------------ Así mismo el mismo tribunal Aquo, en líneas subsiguientes de la redacción de la sentencia cuando específicamente se refiere a la valoración de la prueba de descargo propiamente en el Considerando Tercero al referirse a las atestaciones de Gonzalo Alfonso La Torre, Pedro Carlos Cornejo, Janeth Martínez Claros y Miguel Gabriel Ortega a fs. 19 parte infine expresa: “Testigos que avalaron la conducta de su presentante que vieron en la Notaria de la Dra. López, en febrero del 2006, al Dr. Oliva junto a dos mujeres. También como Notarios hicieron conocer al tribunal la obligación del Notario y los requisitos esenciales para realizar poderes como es la presentación personal de las conferentes con documentos actualizados, caso contrario se debe rechazar la solicitud de las partes. Que el Dr. Oliva habría realizado aclaraciones de firmas en el poder que se extendió. Material probatorio testifical de descargo que resulta fortaleciendo la acusación porque queda claramente establecida con las atestaciones de descargo la obligación que tiene que observar toda funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones así como el rechazo que correspondía manifestar ante una proposición a todas luces ilegal del co-imputado. Las testificales de descargo también hicieron conocer la forma en que se habría realizado el documento público signado como F.8.-------------------------------------- Del análisis de los elementos del tipo penal del delito de Falsedad Ideológica, este se configura en el momento que una persona inserta o hace insertar declaraciones falsas en uninstrumento público, presupuesto que conforme se advierte de la misma conclusión del Tribunal Aquo en la sentencia a momento de valorar la prueba testifical de descargo, sobre la presencia del co imputado conjuntamente otras mujeres en oficinas de la co sindicada en su condición de Notario de Fe Publica, con documentos de identidad caducos que debieron ser observados por dicha funcionaria Pública, ante esa actuación negligente de la co sindicada; primero, nopuede considerarse como una acción de hacer insertar y /o insertar una declaración falsa; y, segundo, el hecho de no cumplir la acusada con la obligación que tenia de observaren el ejercicio de sus funciones la presentación de documentos de identificación personal actualizada ” no constituye la consumación de la acción de insertar una declaración falsa; en cuyo mérito, si el bien jurídico protegido de la Falsedad Ideológica es la fe pública, el contenido de declaraciones falsas surgieron a emergencia de un servicio al usuariosolicitada por (Jesús Oliva Mercado quien tenía pretensiones ilegitimas) quien en su momento solicito a la co acusada en su calidad de Notaria de Fe Publica, la Dra. López, en presencia de dos personas como así el tribunal Aquo, lo estableció de las pruebas de descargo. De haber realizado el Tribunal de grado una operación de subsunción considerando cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal previsto por el art. 199 del CP, con seguridad pudo llegar a establecer de manera fundamentada y adecuada la ausencia de los elementos rectores “insertare” “hiciere insertar” y “perjuicio” con respecto a la acusada María Esther López Vargas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Los Jueces del Tribunal de Sentencia, no tuvieron cuidado en establecer, cuáles son los elementos constitutivos del delito de falsedad ideológica, y menos acomodar los supuestos hechos realizados por la co acusada en su condición de Notaria de Fe Publica, al tipo penal, enmarcando la conducta de la acusada exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a fin de no violar el debido proceso por errónea calificación del marco descriptivo, el cual constituiría un defecto absoluto. Considerando el sentido del A.S. N° 365/2012 de 23 de octubre, que establece que: “ … la falsedad, en sentido general, es la falta de verdad o autenticidad o bien la falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, significando jurídicamente la mutación, ocultación o alteración de la verdad, por lo que el delito de falsedad consiste en la imitación, suposición, alteración, ocultación, supresión de la verdad hecha maliciosamente en perjuicio de otra; así, el delito de Falsedad Ideológica previsto en el art. 199 del Código Penal, es el que recae sobre el contenido ideal de un documento público…”. Es deber del tribunal de grado analizar si existe o no ausencia de los elementos constitutivos del tipopenal, previsto por el art. 199 del CP, como “haber insertado declaración falsa en un instrumento público” y en efecto el elemento “perjuicio” por parte de la acusada; para establecer si su conducta resulta ser subsumible al tipo penal o en su caso esta conducta resulta ser atípica respecto al tipo penal referido, además de establecer el elemento subjetivo del tipo penal como viene a ser el dolo definido en el art. 14 del CP, teniendo en cuenta que la acusada tenía o no conocimiento de la Falsedad Ideológica, si esta participo en el hecho en pleno conocimiento de la ilegalidad de su accionar en desmedro de terceros, paraasí llegar a la certeza de culpabilidad o absolución examinando todas las pruebas introducidas y valorando las mismas bajo el sistema de la sana crítica, en el caso si bien el TribunalAquoarriboa la conclusión de lafalsedad del documento empero cuando hace la valoraciónde las declaraciones testificales de descargo desde fs. 18 a 19 Vta de la redacción de la sentencia. Establece que el co imputado Dr. Oliva se apersono en oficinas de la Notario Dra. María Esther López, junto tres señoras con un documento, habiéndose recibido las firmas de las Señoras, cuyas cedulas de identidad se encontraban caducadas, en ese acto realizado por la sindicada de admitir se estampen las firmas en un documento público por personas que se presentaron en su oficina, con cedulas de identidad desactualizadas, lo reprochable de la acción de la co imputada en su condición de Notaria, es la falta de cuidado en la observancia de requisitos legales en los actos Notariales desarrollados como concluye el Tribunal Aquo en la sentencia cuando a fs. 19 se indica” Testigos que avalaron la conducta de su presentante que vieron en la Notaria de la Dra. López, en febrero del 2006, al Dr. Oliva junto a dos mujeres…. porque queda claramente establecido con las atestaciones de descargo la obligación que tiene que observar toda funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, así como el rechazo que correspondíamanifestarante una proposición a todas luces ilegal …” pero dicha conclusión del tribunal Aquo no establece que la conducta de la sindicada se adecua al ilícito de falsedad ideológica, al no estar indicado en dicha sentencia de manera clara los elementos constitutivos del delito de falsificación en la acción desplegada por la co sindicada en su condición de Notaria de Fe Publica; en efecto tiene mérito en parte la denuncia de errónea interpretación de la ley penal sustantiva.---------- Con aquellas consideraciones dando cumplimiento al A.S. N° 131/2022-RRC de 21 de marzo, que señala como argumento de la nulidad del Auto de Vista de fecha 19 de marzo de 2020 textual: “… por cuanto era deber del tribunal de Alzada, realizar un análisis de silogismo empleado para determinar la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de Falsedad ideológica...”; y que en aquella labor de realizar el análisis del silogismo jurídico en el control de subsunción del hecho acusado al tipo penal de Falsedad Ideológica con referencia a la sindicada María Esther López Vargas, este Tribunal de alzada advierte una insuficiente fundamentación jurídica en la Sentencia al establecer concurrencia de los elementos constitutivos que hacen al tipo penal antes referido, que está traducida en un error injudicando que vulnera la previsión del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, al haberinfluido en la parte resolutiva, que lleva a considerar lo previsto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal que establece: “(Resolución del recurso). … Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente.”; tomando en cuenta además el entendimiento del A.S. 450/2004 de 19 de agosto, que establece lo siguiente: “Que conforme a la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho, motivo por el cual, en su análisis, el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia. Consecuentemente, no existe la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso. Consecuentemente; ‘En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia y disponer que se abra nuevo juicio sino dar cumplimiento a lo establecido por la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictando directamente una nueva sentencia que defina la situación jurídica del imputado”.------------------------------------ Los criterios doctrinales legales glosados precedentemente fueron complementados por el A.S. N° 660/2014 de 20 de noviembre, en el cual, se creó una sub regla en sentido que: “El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena”--------------------------------- El A.S. Nº 803/2015-RRC-L de 06 de noviembre de 2015 que refiere: “Consiguientemente, el Tribunal de alzada, en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena. Dicho ello, corresponde aclarar que, en efecto, el Tribunal de alzada se encuentra investido de la competencia suficiente para, en alzada, modificar la situación jurídica del imputado, de condenado a absuelto o viceversa, en aquellos casos que se compruebe inobservancia de la ley o su errónea aplicación, dictando directamente una nueva resolución, sin necesidad de disponer el reenvío de la causa; empero, no se encuentra autorizado en ningún caso, a realizar dicha tarea, descendiendo a una revalorización de los elementos probatorios y menos a la modificación de los hechos probados en el juicio oral, en resguardo a los principios de inmediación y concentración; caso este último en el cual, corresponderá sin duda, determinar la nulidad correspondiente del fallo de mérito”.---------------------------------------------------- Al tratarse de un proceso cuyos hechos acaecieron el año 2006, bajo el principio de celeridad e inmediatez, a fin de evitar la re victimización y perjuicio a las partes del proceso, este Tribunal en observación a la normativa y jurisprudencia antes citada razona resolver el caso mediante la emisión directa de nueva Sentencia definiendo la situación jurídica de la acusada María Esther López Vargas, sin necesidad a la realización de nuevo juicio de reenvío, y sin ingresar una revalorización de la prueba judicializada en juicio, en razón a la valoración de la prueba realizada por el propio Tribunal Aquo y la conclusión arribada por esta respecto a la actuación de la co sindicada en su condición de Notario de Fe Pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Por lo que resueltos así los fundamentos de agravio y habiendo dado en parte mérito a la apelación restringida formulada por la co-acusada María Esther López Vargas, corresponde resolver conforme establece la última parte del Art. 413 del CPP, bajo los argumentos explanados precedentemente.----------------------- POR TANTO.----------------------------------------------------------------------------------- Habiendo la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en Auto de Vista de fecha 19 de marzo de 2020, declarado probada en parte el recurso de Apelación del imputado JESUS OLIVA MERCADO, se confirma en parte la Sentencia N.-19/2010 con la modificación de la responsabilidad penal por el delito de Uso de Instrumento falsificado, previsto en el Art. 203 del Código Penal, imponiendo una pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses; se COMPLEMENTA dicha Resolución, declarando PARCIALMENTE PROCEDENTE el recurso de apelación Restringida interpuesta por la acusada María Esther López Vargas; consecuentemente, REVOCA en parte la Sentencia No 19/2010 de mayo de 2010 emitida por el Tribunal de Sentencia N° 1, en cuanto hace a la sindicada María Esther López Vargas y mérito de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, declara a la acusada MARIA ESTHER LOPEZ VARGAS, absuelta de pena y culpa de la comisión del delito de Falsedad ideológica, previsto y sancionado por el Art. 198 del Código Penal.------------------------------------------------------------------------ En mérito de la complementación se proceda a la notificación de las partes con la presente Resolución con la respectiva advertencia a las partes que esta resolución puede ser objeto del recurso de casación en el plazo previsto por el Art. 417 del Código de Procedimiento Penal.-------------------------------------------------------- Regístrese y Notifique funcionario. –---------------------------------------------------------- Fdo. Dra. Mirtha Mabel Montaño Torrico- Vocal Presidente de la Sala Penal Primera.- ------------------------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Dr. Oscar Florero Florero - Vocal de la Sala Penal Segunda.- Ante mi Secretaría de Cámara de la Sala Penal Primera.---------------------------------------------- Fdo. Harold H. Irahola Teran SECRETARIO DE CAMARA SALA PENAL PRIMERA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. Es Conforme.-------------- INFORME.- -------------------------------------------------------------------------------------------- Dentro el Proceso Penal seguido por el Ministerio Publico y otros contra María Esther Lopez Vargas y Jesus Oliva Mercado por el delito de Uso de Instrumento Falsificado y falsedad ideológica previsto y sancionado por el Art. 198, 199 y 203 del Código Penal, informo:----------------------------------------------------------- Con la finalidad de notificar a Jesús Oliva Mercado de la revisión de antecedentes se evidencia que el domicilio real señalado se encuentra en la Calle Bilbao Rioja N° 3 Cruce Taquiña; constituida en la referida dirección y habiendo procedido a la búsqueda del domicilio del prenombrado se advierte que el domicilio cuya numeración 03 no existe en la calle Bilbao Rioja, razón por la que procedí a preguntar en tiendas de barrio así como a vecinos del lugar quienes manifiestan no conocer al prenombrado de igual forma se intento notificar en domicilio procesal a Jesús Oliva Mercado, de la revisión de antecedentes se evidencia que el prenombrado no tiene domicilio procesal señalado, a su turno con la finalidad de notificar Constitucional N° 1270/2012 de 19 de septiembre intente contactarme con el abogado Luis Butikofer Requena, vía Cel. 72222406 el mismo no me respondió por encontrarse apagado, y sin WhatsApp, no se pudo dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. ------------------------------------------------ Cochabamba, 09 de enero de 2023------------------------------------------------------------- Fdo. Marleny Yampara Lovera.- Oficial de Diligencias de la Sala Penal Primera. DECRETO----------------------------------------------------------------------------------------------- Cochabamba, 10 de diciembre de 2023--------------------------------------------------------- En merito a la representación que antecede, realizado por la Oficial de Diligencias de esta Sala Penal, al no haberse hecho efectiva la notificación personal con el Auto de Vista de fecha 12 de julio de 2022 a: Jesús Oliva Mercado y no contando con mayores datos de su domicilio real y desconociendo su paradero, para no dejar en indefensión a esta parte y no retardar más la tramitación del presente proceso, se dispone que se proceda a la notificación del prenombrado, mediante edictos a través del Sistema Hermes, con el Auto de Vista referido, de la misma manera se dispone de la misma manera se designa defensor de oficio a la Dra. Agnetha Miranda Linares. Sin perjuicio de la asistencia técnica de elección de la misma. Notifique funcionaria.----------------------------------------------------------------------- Fdo. Harold H. Irahola Teran SECRETARIO DE CAMARA SALA PENAL PRIMERA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. Es Conforme.-------------- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DANDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE DEVUELVA A LA SALA PENAL PRIMERA, A LA BREVEDAD POSIBLE Y DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.------------------------------ COCHABAMBA, 19 DE ENERO DE 2023------------------------------------------------------ FDO.- Dr. Mirtha Mabel Montaño Torrico- Vocal Presidente de la Sala Penal Primera.- ------------------------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Dr. Oscar Florero Florero - Vocal de la Sala Penal Segunda.- Ante mi Secretaría de Cámara de la Sala Penal Primera.---------------------------------------------- Fdo. Harold H. Irahola Teran SECRETARIO DE CAMARA SALA PENAL PRIMERA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. Es Conforme.--------------


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