EDICTO

Ciudad: EL ALTO

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CUARTO EN MATERIA PENAL DE EL ALTO


EDICTO DR. ANGEL R. MENDOZA MONTECINOS JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO Hace saber a la opinión pública: Se notifica a BENERANDA APAZA CHOQUE, ELSA APAZA CHOQUE, MARIA LEONOR APAZA CHOQUE, SANTIAGO CRISTOBAL APAZA CHOQUE, TEODOCIA ROJAS ARUQUIPA, POLICARPIO MURGA HUANCA, VOCTORIANO HUANCA CANAZA, GERONINO MAMANI LUQUE Y NIEVES LAIME POMA que dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO en contra de TEODOCIA ROJAS ARUQUIPA Y OTROS por la comisión del delito de AVASALLAMIENTO, se ha dispuesto lo siguiente.-------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCION Nº 539/2022 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCION No. 539/2022 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CUARTO DE LA CIUDAD DE EL ALTO RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIAS DE BRENDA APAZA CHOQUE EN CONTRA DE TEODICIA ROJAS ARUQUIPA VDA. DE HUANCA Y OTROS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE AVASALLAMIENTO. CUD.: 201502022105227 AUTO INTERLOCUTORIO DE DECLINATORIA DE JURISDICCION El Alto, 22 de noviembre de 2022 VISTOS. - La solicitud de declinatoria de competencias impetrada por Simón Huanca Apaza, Secretario General de la Comunidad Originaria Vilaque, Municipio de El Alto Distrito Rural No. 13 de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, más los antecedentes que componen el cuaderno de control jurisdiccional, se tiene lo siguiente; JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CUARTO DE LA CIUDAD DE EL ALTO CONSTITUIDO POR: JUEZ: DR. ANGEL R. MENDOZA MONTECINOS SECRETARIA: DRA. NORAH MAMANI MAMANI DATOS GENERALES DEL DIRECTOR FUNCIONAL DE LA INVESTIGACION NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL: DR. RAMIRO PRIERTO VILLEGAS DOM. PROCESAL FISCALIA DE EL ALTO DATOS GENERALES DE LA VICTIMA NOMBRE: BRENDA APAZA CHOQUE NACIONALIDAD: BOLIVIANA DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS NOMBRE: TEODICIA ROJAS ARUQUIPA NACIONALIDAD: BOLIVIANA NOMBRE: VICTORIANO HUANCA CANAZA NACIONALIDAD: BOLIVIANA NOMBRE: GERONIMO MAMANI LUQUE NACIONALIDAD: BOLIVIANA NOMBRE: POLICARPIOMURGA HUANCA NACIONALIDAD: BOLIVIANA NOMBRE: NIEVES LAYME POMA NACIONALIDAD: BOLIVIANA POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE AVASALAMIENTO. – FUNDAMENTACIÓN: De la lectura a la solicitud de declinatoria de jurisdicción presentada por el Secretario General de la Comunidad Originario Vilaque y antecedentes que componen el cuaderno de control jurisdiccional se llega al siguiente fundamento y argumento legal. CONSIDERANDO I.- Que, mediante memorial presentado en fecha 21 de noviembre de 2022, el Secretario General de la Comunidad Originaria Vilaque, Municipio de El Alto Distrito Rural No. 13 de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, solicitan la declinatoria de jurisdicción de la justicia ordinaria a la justicia indígena originaria campesina, siendo que los demandados son comunarios de Vilaque; asimismo refiere que los hechos es decir el avasallamiento de la propiedad en cuestión se habrían suscitado dentro de la jurisdicción indigina originaria campesina; asimismo, afirma que se cumple el ámbito de vigencia personal y material y que las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria no son competentes para conocer la causa, sino la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; por lo que, solicita la declinatoria de jurisdicción ordinaria a la jurisdicción indígena originaria específicamente al directorio de la Comunidad Originaria Vilaque. CONSIDERANDO II.- Que, previamente a resolver la solicitud de declinatoria de jurisdicción, corresponde realizar algunas precisiones jurídicas a efectos de establecer la viabilidad o no de la solicitud: La jurisdicción se encuentra definida en el Art. 11 de la LOJ como: ".la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial", esta potestad comprende también a la jurisdicción ordinaria como parte del Órgano Judicial, cuyo ejercicio se discrimina por materia civil, penal, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la ley, conforme establece el art. 29 de la LOJ; debiendo agregarse que el ejercicio de la jurisdicción ordinaria se materializa mediante el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y jueces cuya competencia se ejerce en razón de territorio o materia, de acuerdo a lo previsto en el art. 31 de la citada norma legal" En ese contexto, los Jueces de Instrucción en lo Penal, tienen competencia para ejercer el control de la investigación penal, emitir resoluciones en la etapa preparatoria en todas las cuestiones e incidentes, conocer y resolver lo concerniente a la aplicación de salidas alternativas al juicio oral, como conciliación, aplicación del criterio de oportunidad reglada, procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso, procedimiento inmediato en delitos flagrantes, solicitudes de cooperación judicial internacional, incautación de bienes y sus incidentes, y otras establecidas por ley, como prescribe el art. 74 de la LOJ. El Art. 179.1 de la CPE, determina que: «La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley», asimismo dicho articulado en su parágrafo segundo señala que: «La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía» Respecto a los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina el Art. 191.II de la CPE y Art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional determinan que: La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial. De acuerdo a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0026/2013 de 4 de enero, respecto a los ámbitos de validez estableció: Ámbito de vigencia personal El art. 30.1 de la CPE, precisa: «Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española», por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental, hace referencia a dos elementos a considerar que son: «Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indigena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios...» y finalmente debe considerarse el art. 191.1 de la Norma Suprema, que establece: «La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino». En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: «Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino», debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.1I.1 de la CPE, que establece que: «Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos», de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a: 1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: «….debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras.», aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico sociales en nuestro país. 2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo «particular» que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: «La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio». 3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.I de la CPE. Ámbito de vigencia territorial Respecto al ámbito territorial, el art. I1 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: «El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley», lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: «.condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuales son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio». Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.I1.3 de la CE, que refiere: «Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino», es decir: i.-En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales. ii.-A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo, cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación. Ámbito de vigencia material Respecto al art. 191.I1.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: «....conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional», pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indigena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un «asunto» de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto. En relación a este ámbito, el art. 10 de la LDJ, -Ley 073 de 29 diciembre de 2010, establece que: I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas. d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. CONSIDERANDO III.- Que, conforme a los argumentos expuestos en la solicitud de declinatoria de jurisdicción y los fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente, se tiene que a efectos de determinar la declinatoria de competencia, el operador de justicia debe realizar una adecuada compulsa de los antecedentes y de esta forma verificar el cumplimiento de los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena. 1.- Respecto al ámbito personal.- Se tiene que "Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino", sin embargo, el secretario general de la comunidad Vilaque, no acredita que las víctimas o denunciantes Brenda Apaza Choque, Elsa Apaza Choque María Leonor Apaza Choque y Santiago Cristóbal Apaza Choque, sean miembros de la Comunidad Originaria Vilaque, Municipio de El Alto Distrito Rural No. 13 de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, más aun cuando los mismos de acuerdo a los datos de la imputación formal, tienen domicilio real el ubicado en la Av. Thihuanacu No. 60 de la Zona Santiago I de la ciudad de El Alto, asimismo, si bien es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción, extremo que no sucedió en el presente caso, pues las victimas Brenda Apaza Choque, Elsa Apaza Choque María Leonor Apaza Choque y Santiago Cristóbal Apaza Choque presentaron su denuncia en la jurisdicción ordinaria. 2.- Respecto al ámbito de vigencia territorial.- Considerado que el Art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que: «El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley», de acuerdo a los antecedentes facticos se tiene que los hechos que investiga el Ministerio Publico se habrían suscitado, en la Comunidad Bajo Milluni, sin embargo, no se tiene certeza que dicha comunidad se encuentra bajo la jurisdicción de las autoridades de la comunidad Vilaque. 3.- Respeto al ámbito de vigencia material. - El Art. 10-II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que "El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio", siendo que los agravios aludidos en el proceso penal no buscan la protección de un bien jurídico de entidad nacional o internacional, pues, derivan de un supuesto hecho de avasallamiento, lo que implica que la justicia indígena originaria campesina no se encuentra impedida de conocer el proceso motivo del conflicto. Por lo expuesto, al no concurrir dos de los presupuestos que configuran la aplicación de la Justicia Indígena Originario Campesina, en relación al ámbito de vigencia personal y territorial, a partir de no haberse acreditado que las victimas Brenda Apaza Choque, Elsa Apaza Choque María Leonor Apaza Choque y Santiago Cristóbal Apaza Choque sean miembro de la comunidad y tampoco que se hayan sometido de forma expresa o tácita a dicha jurisdicción; asimismo, al no acreditarse que la comunidad Milluni se encuentre en la jurisdicción de las autoridades de la comunidad Vilaque, se hace inviable la declinatoria de jurisdicción solicitada por parte del Secretario General de la Comunidad Originaria Vilaque, Municipio de El Alto Distrito Rural No. 13 de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. POR TANTO.- El suscrito Juez de Instrucción Penal Cuarto de la ciudad de El Alto, con la facultad conferida por el Art. 54 Núm. 2 del C.P.P., con relación al Art 191 y 192 de la C.P.E, Art. 7, Art. 8, Art. 9 Art. 10 y Art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; DISPONE Y DETERMINA: RECHAZAR la solicitud de declinatoria de competencia presentada por el Secretario General de la Comunidad Originaria Vilaque, Municipio de El Alto Distrito Rural No. 13 de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, planteada mediante memorial de fecha 14 de noviembre de 2022, declarándose el suscrito Juez competente para ejercer el control jurisdiccional del presente proceso de acuerdo al Art. 54 del C.P.P., sin perjuicio de ello, en aplicación del Art. 85 I-3, Art. 101, Art. 102 y Art. 103 del Código Procesal Constitucional, por secretaria del Juzgado remítase antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de dicha instancia resuelva y determine lo que en derecho corresponda. Con la presente resolución notifíquese a todos los sujetos procesales a los efectos legales correspondientes. REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN. - FIRMA Y SELLA: DR. ANGEL R. MENDOZA MONTECINOS --- JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL --- EL ALTO – BOLIVIA---------FIRMA Y SELLA: NORAH MAMANI MAMANI --SECRETARIA – ABOGADA -- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 4TO. --- DE LA CIUDAD DE EL ALTO---------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente edicto es librado en la ciudad de La Paz- El Alto a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veintitrés años.------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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