EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


PARA: JOSE ELMER MUÑOZ CORREA EDICTO DRA.JHANNETH GUILLEN SENZANO, JUEZ DE SENTENCIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Nº 2 DE LA CAPITAL MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO / ACUSADO: JOSE ELMER MUÑOZ CORREA,LA ACUSACION FORMAL DE 05 DE AGOSTO DE 2022,RADICATORIA DE 21 DE OCTUBRE DE 2022 Y DECRETO DE 19 DE ENERO DE 2023 ;DENTRO LA CAUSA SIGNADA CON EL NUREJ Nº301102072001493 SEGUIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO EN SU CONTRA, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL , TIPIFICADO EN EL ART. 312 DEL CODIGO PENAL, A OBJETO DE QUE TOME CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: --------------------------ACUSACION FORMAL DE 05 DE AGOSTO DE 2022-------------------------------- SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER NO. 1 EPI SUR PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL CUD: 301102072001493 OTROSIES.. MARILYM ARIAS ANCASI, Fiscal de Materia asignada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia sexual y de Genero de la 301102072001493, seguido a denuncia DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA contra NAYZET PEREZ MUÑOZ por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto por el Art. 312; del Código Penal, presento requerimiento conclusivo de ACUSACIÓN: I.- DATOS DE LAS PARTES DEL PROCESO: 1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO.- (DATOS DE SEGIP) Nombre y Apellido: JOSE ELMER MUÑOZ CORREA C.I.NO:13712121 Edad:20 años Estado Civil:Soltero Profesión/ocupación:Agricultor Domicilio: Thaya Paya- Anzaldo - Cbba. Nacionalidad: Boliviano Situación Juridica: Rebelde en cautelar Abogado defensor: Se desconoce 1.2DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DENUNCIANTE - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1.3 VICTIMA: Nombre y apellidos: N. P. M. Cédula de Identidad:9350552 Cbba. II. DESCRIPCION DE LOS HECHOS. - Durante la Etapa investigativa el Ministerio Publico ha llegado a establecer que la menor N. P. M. de 10 años de edad fue agredida sexualmente por Jose Elmer Muñoz, toda vez que la menor refirió ante los funcionarios de la defensoría de la Niñez y Adolescencia que sus tios le han hecho (haciendo referencia al abuso sexual), una vez cuando se encontraban en el rio junto a su hermano Zneyder, pero que este cuando fue al baño, su tio Vlady le agarro de su cintura le bajo su calzón porque se encontraban bañándose en el rio y le ha hecho como hacen los mayores, con su parte de los hombres le ha hecho tocar su parte y él se ha movido como se mueven los hombres haciéndole doler un poco en su parte de adelante, sobre una segunda agresión sexual refirió la menor que en el pueblo de Thayapaya-Anzaldo su tio JOSE MUÑOZ estaba durmiendo en la misma cama que la niña- victima y su hermano, Nayzet se despertó y se dio cuenta que su buzo y su ropa interior ya estaba abajo por donde sus rodillas, además de que el imputado le llevo su mano. de Nayzet a la parte de atrás y toco su miembro de su tio José, refiriendo la victima de que no introdujo su miembro pero que si le roseo con sus parte (pene), no siendo la primera vez ya que posteriormente pocos días después de la primera agresión sexual de parte de José Muñoz nuevamente le bajo su pantalón y de manera textual refirió la menor: "el otro día no más me hizo yo me estaba durmiendo y él me ha aprovechado esto me hizo mi tio Jose Muñoz de nuevo me ha bajado mi pantalón era de noche y me ha hecho de nuevo me agarrado de mi cintura y me ha hecho a mi potito y me he vuelto a levantar de su lado", de estos hechos de agresión se cuenta con el certificado médico forense que si bien en la misma en conclusiones no se cuenta con desgarros refiriendo MENBRANA HIMENEAL INTEGRA Y REGION ANAL NORMOTONICO, empero del relato de la menor se tiene que el imputado realizo roces, toques con su genital en las parte intima de la victima Hechos por los cuales la Fiscal de Materia Elizabeth Vilcaez emitio resolución de imputación Formal en contra de JOSE ELMER MUÑOZ CORREA por el delito de Abuso Sexual previsto y sancionado en el Art 312 del código del penal III. FUNDAMENTACION DE LA ACUSACION.. Por los hechos expuestos, y de la prueba colectada en el desarrollo de la etapa preparatoria en el caso presente, existen suficientes elementos de convicción, para Acusar a JOSE ELMER MUÑOZ CORREA, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL previsto y sancionado en el Art. 312 del Código Penal, siendo que cometió el indicado delito en contra de la menor N.P.M. de 11 años de edad, aprovechándose de la inexperiencia y vulnerabilidad de la menor, pese a tener conocimiento pleno de que la víctima es su sobrina y además menor de edad, este realizo toques impúdicos, manoseándole sus partes íntimas de la menor con roces con pene en las partes íntimas de la víctima quien al darse cuenta se tocó con su mano la parte de atrás e indico lo siguiente: "he tocado una cosa con pelos feo era ahi un poquito me hizo doler solo me hizo tocar con su parte en mi parte, ademas de referir la menor que no quiere que sus tios entren a la cárcel ya que tienen una vida por delante que solo quiere que les riñan a sus tios. Por lo que se llega a la deducción clara y concreta que JOSE ELMER MUÑOZ CORREA es el Autor de la agresión sexual denominada como abuso sexual en contra de la menor N.P.M. adecuando su conducta antijuridica a lo previsto y sancionado por el Art. 312 del Código Penal que a la letra dice: Art. 312 (ABUSO SEXUAL), modificado por la Ley N° 348 establece: "Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los arts. 308 y 308 Bis, se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el art. 310 y si la victima es niña, niño o adolescente, la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años". Dicha figura penal entonces se produce cuando se dan conductas de acercamiento, aproximaciones o contactos corporales, como el tocamiento de las partes pudendas o los roces que normalmente tienen ese significado con ánimo libidinoso. A decir del autor nacional Ricardo Ramiro Tola Fernández en su libro Derecho Penal, parte especial, págs. 600 y 601; "Los actos libidinosos se proponer el desahogo descompuesto de la lujuna, consistente en actos sucedáneos del concubito que sin llegar a la plenitud del placer ocupan la zona circunvecina. Comprende, entre otros, el coitus "inter femora", EL SOBAJAMIENTO DE LOS ÓRGANOS, la masturbación. HASTA LAS CONTEMPLACIONES LASCIVAS PRECEDIDAS DEL DESGARRAMIENTO DE LA INDUMENTARIA DEL SUJETO PASIVO PARA EXCITAR LA VOLUPTUOSIDAD CON EL INCENTIVO DEL CUERPO DESNUDO. Por su parte es necesario hacer referencia con relación a la protección efectiva respecto a los derechos de la niñez y adolescencia, se encuentra plasmada en la Sentencia Constitucional 1851/2011-R de 07 de noviembre de 2011: "... Los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, descritos en el art. 2 del CNNA, citado en el Fundamento Juridico precedente, requieren de especiales cuidados y protección dado su nivel de desarrollo tanto fisico como mental, situación que, ante su manifiesta inexperiencia frente al mundo, los hace especialmente vulnerables y por ende sujetos de protección constitucional reforzada a efectos de preservar y garantizar el carácter superior y prevalente de sus derechos y garantias, axioma básico, postulado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que coincide con el art. 60 de la CPE precitado, en que los derechos de niñas niños y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, por lo que el Estado, la sociedad y la familia se hallan compelidos tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos juridicos, de garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que éstos necesitan para convertirse en miembros útiles de la sociedad; de donde se desprende que los principios de protección especial de la niñez y preservación del interés superior y prevaleciente del menor, son fundamentales a efectos de asegurar su desarrollo armónico (...) En el ámbito interno, la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, denominada como "Código Niño, Niña y Adolescente", en su articulo 145, reconoce expresamente el derecho a la integridad personal que tienen los niños, niñas y adolescentes, refiriendo que el mismo comprende su integridad fisica, psicológica y sexual, resaltando también que no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Este mismo cuerpo normativo, en su artículo 147 define la violencia contra este grupo vulnerable de la población, de la siguiente manera: "1. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud fisica, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. II La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal". Como se puede apreciar de lo citado precedentemente, los niños, niñas y adolescentes, por su situación natural de alta vulnerabilidad al interior de la sociedad, requieren de medidas especiales y efectivas de protección para garantizar la prevalencia de sus derechos, en especial, del derecho que tienen a tener una vida digna y libre de violencia. En ese entendido, uno de los escenarios de mayor riesgo, que lamentablemente debe atravesar la niñez y adolescencia, sin lugar a dudas, es su participación en procesos judiciales, especialmente de naturaleza penal, ya sea en calidad de testigos, o peor aún, de víctimas, por la comisión de algún delito que afecte su integridad fisica o psicológica. Por lo señalado, y con la finalidad de otorgar protección efectiva a los niños, niñas y adolescentes que intervienen en procesos judiciales, el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que forma parte integrante del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en su Resolución 2005/20 aprobó las "Directrices sobre la Justicia para los Niños Victimas y Testigos de Delitos", instrumento internacional que forma parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad, conforme la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en la Sentencia Constitucional 0110/2010-R de 10 de mayo de 2010. Siguiendo este lineamiento internacional obligatorio, la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014, en su artículo 193, materializa en su normativa este principio procesal, señalando: "(...) c) Presunción de Verdad. Para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtue objetivamente el mismo (...)". En este punto, resulta importante señalar que los delitos de abuso sexual, por su naturaleza, son hechos que generalmente se suscitan en ámbitos intimos o lugares poco transitados y con poca iluminación, excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido (testigos), de tal manera que un elemento determinante a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura rexclusivamente el relato que la propia victima puede brindar al respecto, tal cual se tiene el informe psicológico preliminar y el informe psicológico suscrito por la Lic. Flora Hidalgo Jimenez, informe que si bien la victima manifesto querer retirar la denuncia ya que su mama le dijo que sus tios entrarian a la carcel, empero también la menor refiro textual. "es que no me han abusado completamente, solo un poquito no tanto yo he imaginado algunas cosas y no eran asi Como cuales? Si me ha agarrado de mi cintura, pero eso no más (silencio)...lo que he dicho en la otra defensoria era un poco de verdad porque no era tan grave mis tios un poco no mas me han abusado.yo confió en Dios y el ara que cambien y se vuelvan buenas En ese entendido también es menester hacer mención respecto al derecho de acceso a la justicia que tienen los niños, niñas y adolescentes, debe considerarse que el principio del interés superior constituye un eje central que orienta la resolución de conflictos en los que está involucrado este sensible y vulnerable sector de la población, al que se le debe garantizar una protección constitucional especial, debido a la ausencia de madurez fisica y mental que experimentan por su edad, aspecto que los hace indefensos. Las bases jurídicas de es e principio, se encuentran contempladas en el Art. 60 de nuestro texto constitucional, el cual dispone: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar a prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacia en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. En ese entendido la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, tiene como objetivos establecer mecanismos, medidas y politicas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, asi como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres ruñas y adolescentes una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. Asi también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguiendo la Jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención contra la tortura, ha considerado anteriormente que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión fisica del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto fisico alguno. En particular la violación sexual constituye una forma d paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la victima. De igual manera, la Corte ha considerad que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática y que tiene severas consecuencia y causa gran daño fisico y psicológico que deja a la victima humillada, fisica y emocionalmente, situación dificilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. En la misma linea, la Observación General No. 3, emitida por el Comité Contra la Tortura, que hace referencia a que no se debe aplicar estereotipos o discriminación al momento de valorar el testimonio. Parr. 33 "En las actuaciones judiciales y no judiciales se tendrà en cuenta el género de manera de evitar una nueva victimización o el estigma de las victimas de tortura o malos tratos. Con respecto a la violencia sexual o de género, el respeto de las debidas garantias procesales y un poder judicial imparcial, el Comité subraya que en todo proceso, civil o penal, para determinar el derecho de la víctima a reparación. incluida la indemnización, las normas de procedimiento y prueba relativas a la violencia de género deben dar igual peso al testimonio de las mujeres y las ninas, al igual que al de todas las demás victimas, e impedir la introducción de pruebas discriminatorias y el hostigamiento de victimas y testigos". Como corolario es necesario incorporar la presunción de verdad, contexto en el que el Tribunal Constitucional en su Sentencia Nro. 0353/2018-S2, de 18 de julio de 2018, desarrollo: "Sin embargo, con relación a la concurrencia de este primer elemento, referido a la probabilidad de autoria o participación en un hecho punible, en delitos contra la libertad sexual, debe tomarse en cuenta, que el proceso argumentativo adquiere otra connotación: puesto que, debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional generada con relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, especificamente de la violencia sexual, que exige en delitos como los de abuso sexual, aplicar una perspectiva de género, en sujeción a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Politica del Estado, como la observancia al principio de igualdad y consecuente prohibición de prácticas discriminatorias negativas contra las mujeres 14; debiendo tomarse en consideración, que la argumentación fáctica en sesgo de género: consecuentemente, el juez está obligado a tener una perspectiva de género, considerando la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, estos supuestos, sea en la determinación de los hechos como en la valoración de la prueba, resulta más compleja, pues, es donde se manifiesta en mayor medida el pero también, efectuando un análisis de la situación concreta de la víctima. Asimismo, la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis a tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros us. México15, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la victima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la victima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta victima. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: "Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtue objetivamente el mismo". En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perù, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la victima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló: 153 En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta victima En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones fisicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes: Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la victima de violencia sexual más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones17. Asi, los desacuerdos intrasujeto, es decir, las contradicciones de la persona victima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la victima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. En ese sentido, en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la victima, se constituyen en una prueba fundamental...". De acuerdo a la relación de hecho y derecho expuestos y luego de haberse precisado el bien juridico protegido, la conducta e identificación del sujeto activo del delito, la adecuación de su conducta a un tipo penal, la vulneración o infracción de la norma, la intención y voluntad de delinquir, la capacidad de ser sujeto de reproche penal y consiguientemente el delito (acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad), el Ministerio Público en representación de la Sociedad en observancia del articulo 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal ACUSA FORMALMENTE a: JOSE ELMER MUÑOZ CORREA por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL tipificado y sancionado por el art.312 del C.P.modificado por la Ley 348, conforme los fundamentos expuestos precedentemente. En aplicación del Art. 325 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 586 de DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL de 30 de octubre de 2014, su Autoridad se sirva disponer la remisión de los antecedentes ante el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TURNO DE LA CAPITAL, donde previo cumplimiento de las formalidades legales y en aplicación del art. 340 pár. IV del mismo cuerpo procesal penal, se dicte auto de apertura de juicio y a la conclusión del juicio oral, publico, continuo y contradictorio se emita SENTENCIA CONDENATORIA, conforme determina el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, imponiéndosele pena reclusión -que será fundamentada en su momento- para su cumplimiento en la cárcel pública, todo ello conforme las siguientes normas aplicables, el Art.5, 13, 14, 20, 37, 38, 312 del Código Penal, modificado por la Ley 348, los Arts. de 323-1), 325, 340, 341, 342, 365 de la Ley N° 1970, más las modificaciones de la Ley N°586 y la Ley N° 348 de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entre otros. 7.- OFRECIMIENTO DE MEDIOS DE PRUEBA DE CARGO QUE SE PRODUCIRA EN JUICIO Ministerio Público realiza el ofrecimiento de los medios probatorios de cargo que se consideran pertinentes y útiles, de la siguiente manera A.- PRUEBA TESTIFICAL: 1. NAYZET PEREZ MUÑOZ, menor de edad, hábil por ley, en calidad de victima, declarará todo lo que sepa respecto a los hechos denunciados. 2. JHANCARLA MEJIA GALARZA, mayor de edad, hábil par ley, en calidad de testigo, declarará todo lo que sepa respecto a los hechos denunciados como representante legal de la Defensoria de la Niñez y adolescencia. 3. DRA. SARAH TORREZ BEDOYA, mayor de edad, hábil por Ley, en su condición de Médico Forense declarara respecto a la certificación emitida 4. SOF. ANGELICA CLAROS SANCHEZ, mayor de edad, hábil por ley, en calidad de investigador asignado al caso, declararà respecto a los hechos investigados 5. LIC. CARLOS RAUL QUIROZ ARENAS, mayor de edad, habil por Ley, en su condición de psicóloga declarara respecto al informe psicológico realizado en el presente caso. 6 LIC. MADELIN APAZA ARCE, mayor de edad, hábil por Ley, en su condición de Trabajadora Social de la DNA declarara respecto al informe social realizado en el presente caso. 7. LIC. FLORA HIDALGO JIMENEZ, mayor de edad, hábil por Ley, en su condición de psicóloga declarara respecto al informe psicológico realizado en el presente caso. 8. LIC. ENRIQUE PALENQUE SOLIZ, mayor de edad, habil por Ley, en su condición de Trabajador Social de la DNA declarara respecto al informe social realizado en el presente caso B.- PRUEBA DOCUMENTAL: MP-1.- Memorial de denuncia de fecha 10/11/2020. MP-2.- Formulario Unico de denuncia de fecha 02/12/2020 MP-3 Certificado médico legal-Forense de fecha 13/10/2020 MP-4.- Informe psicológico de fecha 14/10/2020 suscrito por la Lic. Carlos Raul Quiroz Arenas psicólogo de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia. MP-5.- Informe Social y muestrario fotografico e fecha 21/10/2020 suscrito por la Lic. Madelin Apaza Arce Trabajadora Social de la DNA. MP-6. Informe de fecha 21/12/2020 suscrito por la Sgto. 2do. Angelica Claros Sanchez. MP-7.- Informe psicológico y registro fotográfico suscrito por la lic. Flora Hidalgo Jimenez psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la EPI SUR. MP. 8.- Informe social de fecha 07/01/2021 suscrito por el Lic. Enrique Palenque Soliz trabajador social de la DNA EPI SUR 8.- SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PERICIA 1-Pericia psicológica En atención a los Arts. 209 y siguientes de la Ley 1970 se propone la Pericia psicológica de la victima N.P.M. de 11 años de edad, a cargo de la Msc. Margarita Cris Inturias mayor de edad, hábil por ley, Msc., en Psicologia del IDIF del Ministerio Público, quien realizara la pericia sobre los siguientes puntos: 2.-Determinar a quién identifica N.P.M. de 11 años de edad como su agresor o agresores 3.-Determinar si N.P.M. de 11 años de edad, ha sido victima de agresión sexual. 4.-Determinar si existe en N.P.M. de 11 años de edad daño psicológico o estrés post traumático. 5.-Determinar el estado emocional y situación actual de la victima N.P.M. de 11 años de edad. Otorgándosele 20 dias de plazo para la realización de la citada pericia a la referida profesional Msc. Margarita Cris Inturias Psicóloga forense del Instituto de Investigaciones Forenses de Cochabamba I. D. I. F, debiendo presentar su dictamen pericial con los resultados obtenidos a partir de su aceptación y juramento formal, además de sustentar el citado dictamen pericial conforme a ley en el juicio como testigo pericial 9. PETITORIO.. Por lo expuesto, la suscrita Fiscal, en representación de la Sociedad SOLICITA porque se remita a Tribunal de Sentencia y se dicte Auto de Apertura de Juicio señalandose dia y hora del mismo, de acuerdo a la previsión legal de los Arts. 343 y 344 y concluido el juicio oral se dicte SENTENCIA CONDENATORIA declarando Autor y Culpable del delito al acusado a JOSE ELMER MUÑOZ CORREA imponiéndole una pena privativa de libertad, en la cárcel pública de esta ciudad, el pago de costas, multas y daños ocasionados al Estado de conformidad con el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal.. Así mismo se aplican los Articulos 52, 70, 193, 323 numeral 1), 329, 341,342 del Código de Procedimiento Penal. AL OTROSI 1.- Tengo a bien acompañar la Declaración informativa del acusado y solicito que señalado que sea el dia y hora para la celebración de juicio Oral, expidan los respectivos mandamientos de comparendo para los testigos propuestos, cumpliendo las formalidades de ley. AL OTROSI 2. Señalo domicilio procesal en Oficinas de la Fiscalia de EPI Sur. Cochabamba, 05 de agosto de 2022. -------------------------------RADICATORIA DE 21 DE OCTUBRE DE 2022-------------------------------- Cochabamba, 21 de octubre de 2022 Habiéndose remitido la ACUSACIÓN FORMAL de 05 de agosto de 2022, presentada por la fiscal de materia Marilym Arias Ancasi, al considerar que los elementos de convicción recolectados durante la investigación, son suficientes para el enjuiciamiento del imputado JOSÉ ELMER MUÑOZ CORREA, por la presunta comisión (en grado de autor) del delito de ABUSO SEXUAL, tipificado en el art. 312 del Código Penal; y, estando cumplidos los requisitos previstos en el art. 341 parág. I del Código de Procedimiento Penal (CPP), se toma conocimiento de la presente causa y se dispone su RADICATORIA en este Juzgado de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 2 de la Capital, ordenándose en consecuencia la NOTIFICACIÓN PERSONAL del / la titular del Ministerio Público con esta resolución para que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 340 parág. I de la Ley 1970, PRESENTE FÍSICAMENTE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN SU ACUSACION FORMAL, ante este despacho judicial en el plazo de 24 horas siguientes a su notificación, sea bajo conminatoria de ley, debiendo observar en todo momento la debida diligencia y tener presente que de conformidad al art. 86 núm. 2) de la Ley 348, los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico procesal, son de estricto cumplimiento. Asimismo, de conformidad al art. 341 parág. I núm. 1) del CPP, se ordena a la autoridad fiscal titular del presente caso, acompañar en el mismo plazo el croquis del domicilio real de la víctima y el imputado (con identificación precisa del lugar, puntos de referencia, fotografías u otros), sin perjuicio de que las partes puedan apersonarse a secretaría de este despacho judicial a efectos de que sean notificadas con las determinaciones que corresponda; debiendo a su vez informar si en la etapa preparatoria se determinó medidas de protección y si las mismas están siendo cumplidas por el acusado. Por otra parte, en función a la previsión legal contenida en el art. 50 parág. II numerales 6) y 10) de la Ley 348, se ordena la notificación con la presente resolución al Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Comuna Itocta y efectúe el seguimiento respectivo al cumplimiento de las medidas de protección que sean otorgadas a favor de la víctima, de manera constante e idónea conforme el art. 389 quater del CPP, y en su caso coordinar la misma con el investigador asignado al caso de la FELCV, quien de conformidad al art. 53 de la ley 348, tiene la obligación de coordinar con las entidades públicas para el cumplimiento efectivo de las medidas de protección a favor de la víctima, con el objeto de prevenir cualquier hecho de violencia, sin perjuicio de que la víctima pueda apersonarse ante dichas entidades para informar en caso de incumplimiento de tales medidas por el presunto agresor; ordenándose en consecuencia, la notificación del Director de la FELCV a objeto de viabilizar el cumplimiento de la presente determinación por el investigador asignado al caso o en su defecto asignar un funcionario policial a dicho fin. Se tiene presente la proposición de la pericia psicológica de la víctima, sin embargo la misma será tramitada conforme al art. 209 del C.P.P., en el momento procesal oportuno.- AL OTROSI 1.- Se tiene presente, arrímese a sus antecedentes, por lo demás estese al momento procesal oportuno AL OTROSI 2.- Por lo demás en observancia de los arts. 160 y 161 del CPP, esta parte debe señalar un medio de comunicación electrónica. Notifique funcionario. ----------------------------------------- DECRETO DE 19 DE ENERO DE 2023------------------------------------------- Cochabamba, 19 de enero de 2023 Habiendo vencido el plazo de 10 días que fue concedido a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación de la víctima para presentar su acusación particular o adherirse a la presentada por el Ministerio Público, sin que a la fecha se hubiera hecho uso de dicha facultad, y estando cumplido el trámite previsto en el art. 340 parág. II del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que se tenga un dato preciso sobre el domicilio real del imputado JOSE ELMER MUÑOZ CORREA, se dispone su NOTIFICACION mediante EDICTO publicado en el Sistema HERMES –sea conforme a lo previsto en el art. 165 del Código de Procedimiento Penal- e igualmente en su domicilio procesal, con la acusación fiscal, la radicatoria y esta resolución, para que en el plazo de diez (10) días siguientes a su notificación, ASUMA DEFENSA OFRECIENDO Y PRESENTANDO FÍSICAMENTE SUS PRUEBAS DE DESCARGO, debidamente descritos y especificando el objeto de probanza conforme a lo dispuesto por el art. 340 parág. III del CPP. Por otra parte, sin perjuicio de la asistencia técnica que el imputado reciba del profesional de su preferencia, se designa como DEFENSOR DE OFICIO al abogado Alfonso Camacho Escobar, quien deberá ser notificado en su domicilio legal y la parte interesada coordinar con el mismo al número de celular 72226053, en caso de no contar con un profesional abogado de su confianza. Notifique funcionario. Fdo. Dra. SHIRLEY BEATRIZ AGUILAR VARGAS, Secretaria - Abogada del juzgado de Sentencia Contra La Violencia Hacia La Mujer Nº2. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR DECRETO DE 19 DE ENERO DE 2023, PARA QUE DÁNDOSE CUMPLIMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE. DOY FE. Cochabamba, 24 de Enero de 2023


Volver |  Reporte