EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARÍA GIOVANNA PIZO GUZMÁN, VOCAL - PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA ACUSADA AURORA LAFUENTE FLORES (C.I. N° 2096107 Cbba.) CON EL AUTO DE VISTA No. 60/2022-RAR DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, REPRESENTACIÓN DE 05 DE DICIEMBRE DE 2022 Y PROVIDENCIA DE 04 DE ENERO DE 2023, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON CÓDIGO NUREJ 201307982 SEGUIDO POR CLEOPATRA RAMÍREZ LA FUENTE, GERSON RAMÍREZ LA FUENTE, GEDEÓN RAMÍREZ LA FUENTE Y GEZER RAMÍREZ LA FUENTE CONTRA AURORA LA FUENTE FLORES, MARCO GUEDY RAMÍREZ LA FUENTE, ISAAC ALEXSANDER RAMÍREZ LA FUENTE, SELA RAMÍREZ LA FUENTE, JOSÉ RAMÍREZ LA FUENTE, CINTHIA RAMÍREZ LA FUENTE Y CLAUDIA RAMÍREZ LA FUENTE, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, DESPOJO Y PERTURBACIÓN DE POSESIÓN, PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LOS ARTS. 346, 351 Y 353 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA No. 60/2022-RAR DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VISTOS, los recursos de apelación restringida interpuestos por: 1) Franz Roger Canedo Quiroga, en representación de Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente; y, 2) Aurora La Fuente Flores, contra la Sentencia de 31 de diciembre de 2012, pronunciada por el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Araní, dentro el proceso penal seguido por Cleopatra Ramírez La Fuente, Gerson Ramírez La Fuente, Gedeón Ramírez La Fuente y Gezer Ramírez La Fuente contra Aurora La Fuente Flores, Marco Guedy Ramírez La Fuente, Isaac Alexsander Ramírez La Fuente, Sela Ramírez La Fuente, José Ramírez La Fuente, Cinthia Ramírez La Fuente y Claudia Ramírez La Fuente, por la presunta comisión de los delitos de abuso de confianza, despojo y perturbación de posesión, previstos y sancionados por los arts. 346, 351 y 353 del Código Penal. I. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO: I.1. Sentencia apelada.- El Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Araní, mediante Sentencia leída íntegramente en 31 de diciembre de 2012, declaró a Aurora La Fuente Flores autora y responsable de la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal, imponiéndole la pena reclusión de tres (3) años a ser cumplidos en la cárcel pública de Araní; absolviéndola, simultáneamente, de la comisión de los delitos de abuso de confianza y perturbación de posesión, previstos y sancionados por los arts. 346 y 353 del Código Penal, al concluir: «(…) a).- Que, la sindicada Aurora La Fuente Flores, adquirió conocimiento de la querella interpuesta por Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente representados legalmente por su abogado y apoderado Dr. Franz R. Canedo Q., como emergencia de las notificaciones personales y publicaciones edictales realizados por los querellantes. b).- Que, las documentales codificadas como A-1 al A-10, y Prueba extraordinaria ofrecida en juicio referente a sentencia dictada por Juez Agrario, se demuestran la titularidad, además de la posesión impetrada legalmente por autoridad jurisdiccional, y pese a esto, inclusive existiendo orden de desocupar el inmueble en franco desafío a órdenes y disposiciones emanadas por autoridad judicial, la Sra. Aurora La Fuente Flores, ingreso nuevamente al inmueble negándose a salir de ella. c).- Que, la sindicada no logro acreditar en que calidad se encuentra ocupando el inmueble ubicado en la Au. Ingavi s/n de la provincia de Arani, registrado en Derechos Reales de Punata bajo la matricula computarizada N° 3.05.1.01.0000374, asiento A-2 de fecha 16 de febrero de 2009, con una superficie de 10866,00 m2. d).- En el caso no se pretende perseguir o definir penalmente el derecho propietario del inmueble, simplemente se averigua, la conducta de la sindicada dentro de los aspectos acusados, llegando a establecer la comisión del delito de despojo, previsto en el Art. 351 del Código Penal (…)» (Sic.). I.2. Recurso de apelación restringida de Franz Roger Canedo Quiroga.- En su condición de representante de Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente, mediante escrito de 15 de enero de 2013, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia leída íntegramente en 31 de diciembre de 2012, solicitando se emita Auto de Vista con pronunciamiento expreso de la culpabilidad de la parte adversa, respecto a los delitos de abuso de confianza, despojo y perturbación de posesión, previstos y sancionados por los arts. 346, 351 y 353 del Código Penal, alegando en lo sustancial la concurrencia de los siguientes vicios de sentencia: «(…) PRIMER MOTIVO: DEFECTOS O VICIOS DE LA SENTENCIA, contraviniendo lo estipulado por el Art. 370 el CPP Núm. 5. "Que no exista fundamentación de la sentencia o ésta sea insuficiente o contradictoria.” Exposición de agravios: Violación de los derechos y garantías constitucionales a la Seguridad Jurídica, y al Debido Proceso. Disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas: Art. 173 del CPP.; Art. 115 de la CPE. ARGUMENTACIÓN: - La Fundamentación de la Sentencia es insuficiente y contradictoria en varios sentidos que detallo. - Primeramente, en la parte considerativa se menciona que de manera UNIFORME las declaraciones de los testigos de cargo Cresencia Hermogena Rojas, Juan Vidal Claros, Jorge Vidal Claros, Edgar Caero Zapata y José Félix Sejas, que evidencian que el inmueble motivo del proceso era de propiedad de los esposos Gerardo Ramírez y Julieta La Fuente y al fallecimiento de estos, mis mandantes heredaron dicho inmueble, sin embargo DE MANERA DISCORDANTE el Juez DICTA SENTENCIA CONDENATORIA solo por despojo y no así por los delitos de abuso de confianza y perturbación de la posesión. - Consta en la misma Sentencia las declaraciones de los testigos de descargo, quienes han manifestado de manera uniforme que LA ACUSADA INGRESO A VIVIR PRECEDENTEMENTE, CUANDO AL INMUEBLE REFERIDO SU PADRE (ESTEBAN LA FUENTE) ESTABA VIVO, CON EL ARGUMENTO DE CUIDARLO Y POSTERIORMENTE SE QUEDO A VIVIR AHI, declaraciones que no fueron consideradas por el Juez A Quo, que de manera contradictoria e incongruente dicta sentencia sin considerar el delito de abuzo de confianza que claramente fue cometido por el proceder de la acusada. - Por otra parte, en la inspección de visu, se establece que Aurora La Fuente ocupa un ambiente del inmueble como dormitorio, comedor y cocina, existiendo en el mismo muebles de su propiedad, y que los demás ambientes se encuentran derrumbados, y que hasta la fecha en los mismos: se encuentran algunas pertenencias de mis mandantes, demostrándose con estas evidencias que la acusada de manera violenta y arbitraria derrumbo o mando a derrumbar los ambientes donde habitaban mis mandantes, por lo expuesto, se demuestra que no se ha aplicado debidamente la valoración de la prueba, ante la indiscutible verificación de la permanencia de la acusada en el inmueble de propiedad de mis mandantes, de esta manera se demuestra que en sentencia que el Juez de manera contradictorin refiere que Aurora La Fuente improviso un ambiente para hacer creer al suscrito que se encuentra en posesión del inmueble, y sin embargo de manera contradictoria e incongruente la sentencia solo condena el delito de despojo cometido por la acusada. - Estas valoraciones insuficientes y contradictorias de los hechos, vulneran el Derecho Constitucional al Debido Proceso (Art. 115 de la CPE), Art. 124 del CPP: "(Fundamentación) Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba." (…) SEGUNDO MOTIVO: DEFECTOS O VICIOS DE LA SENTENCIA, contraviniendo lo estipulado por el Art. 370 del CPP Núm. 6. "Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en la valoración defectuosa de la prueba" Exposición de agravios: Violación de los derechos y garantías constitucionales a la Seguridad Jurídica, y al Debido Proceso. Disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas: Arts. 173, 13, 124 del CPP; Arts. 115 a 117 de la CPE. ARGUMENTACIÓN: - Se ha valorado de manera defectuosa la prueba producida, sin pronunciamiento sobre la totalidad de medios probatorios, como es obligación del juzgador, puesto que la prueba debe ser valorada integralmente, y no puede ser obviada al momento de fundamentar, sin tan siquiera referir su contenido. - No se ha dado valor legal al contenido de la prueba codificada como D-1 que se encuentra de fs. 361 a 418 vta. del expediente, consistente en fotocopias legalizadas del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a querella de Aurora La Fuente Flores contra Cleopatra Ramírez La Fuente y otros, proceso que claramente establece que existió violencia y amenazas cuando la ahora acusada perturbo la posesión de mis mandantes, llegando incluso a un proceso penal que concluyo con la sentencia dictada en el Juzgado de Instrucción de Arani en fecha 23 de diciembre de 2010, que condeno a mis mandantes por amenazas y lesiones y no así como la ahora acusada pretendía también el delito de allanamiento. Está incompleta valoración de la prueba, es defectuosa, porque no toma en cuenta la totalidad de medios probatorios, que demuestran la comisión del ilícito penal de Perturbación de Posesión (…)» (Sic.). I.3. Apelación restringida de Aurora La Fuente Flores.- Mediante escrito presentado en 23 enero de 2013, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia leída íntegramente en 31 de diciembre de 2012, solicitando se declare admisible y procedente la impugnación, anulando la Sentencia y disponiendo la reposición de juicio por otro Juzgado de Sentencia. Al efecto, arguyo lo siguiente: “(…) 1.- ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL SUSTANTIVA O ERROR INJUDICANDO a) De antecedentes se desprende que la acusación particular fue instaurada por los delitos previstos en los Arts. 346, 351 y 353 del Código Penal, proceso que fue instaurado en mi contra, en la que los acusadores manifiestan que mediante violencia, amenazas, engaños y abuso de confianza, les habría despojado de su inmueble ubicado en la Av. Ingavi de la localidad de Arani, delito que según ellos habrían ocurrido en fecha 15 de abril de 2010. Que en la sentencia de fecha 31 de diciembre de 2012, se ha cometido errónea aplicación de la norma penal sustantiva, puesto que de acuerdo al Art. 351 del Código Penal que dice que comete delito de despojo: "El que en beneficio propio o de tercero, MEDIANTE AMENAZAS, ENGAÑO, ABUSO E CONFIANZA O CUALQUIER OTRO MEDIO, DESPOJARE A OTRO DE LA POSESIÓN O TENENCIA DE UN INMUEBLE, O DEL EJERCICIO DE UN DERECHO REAL CONSTITUIDO SOBRE EL, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en el o expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro años", sin embargo en el presente proceso de acuerdo a la prueba documental y testifical tanto de cargo como de descargo lo acusadores no han probado que ellos se encuentren en posesión real y material del inmueble motivo del proceso. Que los acusadores no han demostrado por ningún medio que hayan estado en posesión o tenencia del inmueble de referencia, así mismo que si bien aseguran que los hechos habrían ocurrido el 15 de abril de 2010, no se ha demostrado que el hecho acusado haya ocurrido en esa fecha. Doctrinalmente, en el delito de despojo el objeto siempre es un inmueble respecto del cual se protege todo derecho real que se ejerza sobre él, aun en sus formas más simples, de todo acto que impida ese ejercicio a lo turbe, siendo Indispensable el ejercicio actual de los derechos; es así que la acción típica de despojar, consiste en sacar de la ocupación o impedir la ocupación del inmueble total o parcialmente y puede darse desplazando al tenedor, poseedor o ejercitado del derecho real sobre el inmueble u oponiéndose a que aquel continué realizando los actos propios de su ocupación tal como los venia ejecutando, ya sea mediante invasión del inmueble, penetrando en el mismo aun sin la expulsión de sus ocupantes privándolos de alguna manera del ejercicio de los derechos que como tenedores ejercían, sea mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza y otros. En Ese sentido, se tiene como elementos constitutivos del tipo la posesión y la tenencia del bien, y poseer significa tener materialmente una cosa en poder, encontrarse en situación de disponer y disfrutar directamente de ella. As mismo, se debe entender por tenedor, quien tiene o posee materialmente una cosa sin título o con el es el ocupante actual de un inmueble. De lo dicho se concluye que no usurpa el que impide la ocupación del inmueble o parte de el a quien nunca estuvo en su tenencia, porque en tal caso, está pretendiendo constituirse en tenedor pero aún no lo es en momento de la acción, B) Según el Art. 6 tercer parágrafo del código de procedimiento penal, la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Es decir que quien acusa está en la obligación de demostrar los extremos de su acusación. En le presente caso, según los hechos y de la prueba documental y testifical, desfilada en el proceso, conforme a los tipos penales descritos, se concluye que los acusadores Cleopatra Ramírez La Fuente y hermanos, si bien han demostrado su derecho propietario del inmueble ubicado en la Av. Final Ingavi, el mismo que incluso está registrado en la Oficina de Derechos reales bajo la Matricula computarizada 3.05.1.01.0000374, asiento A-2 de fecha 16 de febrero de 2009: EMPERO NO HAN DEMOSTRADO LOS EXTREMOS DE SU ACUSACIÓN pues en ella han afirmado que estaban en posesión legitima del lote de terreno ubicado en la Av. Final Ingavi y que en fecha 15 de abril de 2010 fueron desposeídos en forma violenta, con amenazas, engaño y abuso de confianza: al respecto se debe precisar, que para que la conducta de la sindicada configure al tipo penal previsto por el Art. 351 del Código Penal. correspondía a los acusadores demostrar que estaban realmente en posesión o tenencia de eses bien, es decir, que hayan tenido materialmente el terreno, en situación de disponer y disfrutar directamente de el, lo que implica que les correspondía acreditar que tenían o poseían materialmente ese predio sin importar el título por el cual lo hacían y que hayan resultado desplazados de el con violencia, amenazas, abuso de confianza engaños o cualquier otro medio, LO QUE NO HAN ACREDITADO; mas al contrario, se ha conocido en el juicio que quien ha tenido materialmente el terreno ha sido la imputada Aurora la Fuente Ramírez y que incluso habría hecho mejoras en el mismo, como ser el cuarto donde habita, más aun, en el acto de inspección se ha podido verificar que ella vive en el terreno, en un cuarto, donde se encuentran sus prendas y utensilios personales, de ello se puede colegir que no ha existido la usurpación a despojo atribuido a la imputada, porque ella se ha limitado a impedir que las acusadores procedan a la ocupación del inmueble que materialmente ella posee, además que los acusadores nunca estuvieron en la tenencia o posesión del predio, prueba de ello también es el hecho de que ante el Juzgado de Instrucción en lo Civil de Araní han presentado demanda de Interdicto de Adquirir la Posesión conforme se desprende de la prueba signada como A- 4 cursante a Fs. 340, consistente en el testimonio de acta de posesión, lo que implica que el terreno ha estado en tenencia, en poder de otra persona, no de los acusadores. por otro lado también de acuerdo a la doctrina legal aplicable, varios códigos penales a nivel internacional, optaron por denominar usurpación al despojo violento de un inmueble, otros como el nuestro, emplea el título de usurpación, y más adelante describe como el despojo y las afectaciones a la posesión, en los delito de despojo el bien jurídico protegido no es la propiedad ni el patrimonio: sino que es la "POSESIÓN" la que se hace prevalecer y respetar en su caso. Ello en función a que para cometer el delito de despojo no se requiere ser propietario) de un inmueble, sino que se debe tener legítimo derecho posesorio lo cual habilita a cualquier persona a ser sujeto pasivo del delito, YA QUE NO SE PUEDE DESPOJAR A QUIEN NO TIENE LEGITIMA POSESIÓN DEL INMUEBLE. De acuerdo a la doctrina, para cometer el delito de despojo debe ser a través de medios dolosos (Violencia: Engaños, Amenazas, Clandestinidad. o abuso de confianza) y deben ser empleados para consumar el despojo, siendo irrelevante si continuaron usándose o no, esos medios para permanecer como usurpador, el simple hecho de ocupar un lugar ilegalmente no configura usurpación, se necesita de los medios citados y la intención.. El Bien jurídico protegido como se dijo anteriormente es el uso y goce pacifico de un bien inmueble por el hecho de la posesión o tenencia. c) El Art. 351 del Código Penal es claro al indicar claramente que el delito de despojo consiste en: "El que en beneficio propio o de tercero, MEDIANTE AMENAZAS, ENGAÑO, ABUSO E CONFIANZA O CUALQUIER OTRO MEDIO, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en el o expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro años" Consiguientemente el delito de despojo es la acción de usurpar la posesión o tenencia de un inmueble a otro que lo ocupa legalmente, sea por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza, o cualquier otro medio. Por ello es que resulta indiferente el examen de la legitimidad del título que da el derecho a tener o poseer el inmueble en cuestión. De acuerdo al Art. 351 del Código Penal, que los medios de comisión del hecho delictivo (DESPOJO) son los siguientes: 1) LA VIOLENCIA es la acción ejercida en contra de otra persona, por la cual se transgrede la integridad física y/o psíquica de la persona. Comprende tanto la violencia física como la psicológica, en la cual pueden estar incluidos medios hipnóticos o narcóticos. La ley comprende tanto la violencia dirigida a vencer la eventual o efectiva resistencia opuesta por personas, como la fuerza aplicada a cosas que obstaculizan o estorban la ocupación, o su mantenimiento en exclusividad. El problema que se suscita con la violencia en el despojo es el siguiente: la violencia es física, esto es, contra la persona, de manera que, a semejanza con el robo, la violencia que este tipo exige es la que usa el autor como medio para ocupar el inmueble, y no, como es la fundamentación aludida, la violencia que el sujeto pasivo del despojo debe emplear para vencer los obstáculos que, sin violencia ha puesto para su entrada en el inmueble el autor. 2).- LA AMENAZA consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave. Consisten en anunciar a otro un evento o acción de daño y dolor, injusto, posible y futuro, con idoneidad para intimidar y que depende de la voluntad del agente causar, por acción u omisión. 3) ENGAÑO será la simulación o disimulación de sucesos y de situaciones de hecho, tanto material como psicológico, con los que se logra intencionalmente hacerse depositario de la fe y confianza de 3a victima, para traicionarla y causarle un perjuicio patrimonial. La simple mentira incluso puede dar lugar a usurpación, dadas ciertas circunstancias. Según CREUS, es cualquier conducta que disimule la verdad, y puede consistir en un ardid o en una manifestación simplemente mentirosa que haya inducido a error en el sujeto pasivo o en un tercero, por el cual se llega a permitir el acceso y la ocupación del inmueble del agente. 4) EL ABUSO DE CONFIANZA implica que previo al despojo del inmueble el sujeto pasiva había cedido al sujeto activo confianza, y valiéndose de la misma el segundo perpetúa el delito, algo similar al engaño, E) CUALQUIER OTRO MEDIO, implica que las anteriores formas de cometer el delito únicamente sirvieron de carácter ejemplifican" yo puesto que puede cometerse el delito de cualquier forma, siempre y cuando se lleguen a cumplirlas condiciones objetivas de antijuricidad. El despojo es el arrebato o desposesión de quien acredita la posesión del bien o su tenencia legitima, pero que en el presente proceso no se ha demostrado ninguno de los elementos constitutivos del tipo penal antes mencionado para ser acreditado el delito de despojo por el cual injustamente se me condena. Así mismo de toda la prueba de cargo ya sea documental, testifical e inspección no se acreditado por ninguno elemento probatorio el hecho suscitado, que supuestamente habría ocurrido en fecha 15 de abril de 2010, no se ha acreditado que mi persona se autora o participe del delito atribuido, y mucho menos NO se ha demostrado los elementos constitutivos del despojo que son la Violencia. Engaños, Amenazas, Clandestinidad, o abuso de confianza, por tanto los acusadores no han cumplido con la carga de la prueba, consiguientemente el Juez no debió dictar sentencia condenatoria en mi contra, más al contrario existiendo duda razonable debió dictar sentencia absolutoria en mi favor. d). Conforme se tiene de la sentencia y del acta de audiencia de juicio oral, en al que se ha establecido con claridad el desfile de toda a la prueba documental, testifical y de inspección visu, entre ellas la documentales de A-1. A 2 y A-3 consistentes en título propiedad, declaratoria de herederos, folio real, que si bien acredita su derecho propietario. Sin embargo, dicha prueba por si sola no demuestra ni evidencia el despojo del lote de terreno, tomando en cuenta que en el proceso por despojo no se discute el derecho propietario que debe discutirse en proceso ordinario de naturaleza civil. La Prueba de argo signada como A-3 consistentes en fotocopias legalizadas de un proceso de interdicto de recobrar la posesión, por si solas no acreditan la eyección o despojo del lote de terreno por parte de la querellada Aurora La Fuente. De igual manera la Prueba coma A-4 consistente en testimonio de la sentencia de interdicto de adquirí la posesión, ESTA PRUEBA SI ES RELEVANTE. toda vez que de dicha prueba e evidencia claramente que los acusadores Cleopatra Ramírez Lafuente y hermanos nunca estaban en posesión real y material del terreno, es por eso que se inicia esta demanda de Interdicto de Adquirí la Posesión después del proceso de acusación particular, toda vez que supuestamente dicen que se encontraban en posesión del terreno y en fecha 06 de abril de 2010 habrían sido despojados con violencia, cuando extrañamente en el mes de noviembre de 2010, presentan demanda de interdicto de adquirir la posesión, lo que significa y se demuestra en forma contundente que los acusadores no se encontraban en posesión real y material de terreno motivo de Litis. La Prueba signada como A-6 consistente en sentencia de proceso penal el cual concluyo con sentencia de proceso abreviado, el mismo instaurada por Aurora La Fuente en contra de los acusadores Cleopatra Ramírez Lafuente y hermanos, claramente se degustar que quien se encontraba en posesión del terreno es Aurora La Fuente, razón por la cual los acusadores en el proceos abreviado fueron sentenciados por el delito de Lesiones y Amenazas, toda evz que los ahora acusadores pretendían despojarla de la posesión del terreno mediante violencia. e) Asimismo las declaraciones de los testigos de cargo en las personas de Cresencia Hermogena Rojas de Claros, Juan Vidal Claros. Jorge Flores Vidal. Edgar Caero Zapata, y José Félix Sejas en forma uniforme declaran que los acusadores Cleopatra Ramírez la Fuente y Hermanos, viven en la ciudad de Cochabamba, en la zona de temporal y que los padres de los acusadores habían fallecido hace varios años atrás, con esta prueba claramente se ha demostrado que los acusadores no han estado en posesión real y material del terreno. Además que con la msima prueba testifical de cargo se puede acreditar o evidenciar que NO hubo violencia, amenazas, engaño ni abuso de confianza, tampoco la exección, pues la acción típica del despojo, conforme a la anotación de Carlos Creus, consiste en sacar de la ocupación o impedir la ocupación del inmueble total o parcialmente y puede darse desplazando al tenedor, poseedor o ejercitador del derecho real sobre el inmueble y que el Juez no valoro adecuadamente esta prueba ya que en forma contundente se ha llegado a establecer que los acusadores no demostraron con prueba certera e idónea haber sido despojados del lote de terreno. Por lo que en base a la prueba aportada tanto de cargo como de descargo, se ha generado ante la autoridad jurisdiccional tiene duda razonable sobre la responsabilidad y participación de mi persona como acusada en la comisión del delito de despojo, por consiguiente al Juez de la causa debió dictar sentencia absolutoria al existir la duda razonable y sobre todo de que no se acreditado por ningún medio probatorio la eyección, la fecha del supuesto despojo, y la participación de mi persona como autora, tampoco se acreditado los medios para configura el delito. (Violencia. Engaños, Amenazas, Clandestinidad, a abuso de confianza). 2.- LA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA (ART. 370 INC. 2, 3. 5. 6 y11) En principio es menester aclarar que la motivación o fundamentación es un deber del órgano jurisdiccional y un derecho de los justiciables, y su importancia es de tal magnitud que se la considera como un elemento del debido proceso. Cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura, de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo coso los normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". Por su parte el Art. 124 del Código Procesal Penal, establece: "Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que se basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o de la mención de los requerimientos de las partes". Esto básicamente, debe existir una fundamentación Fáctica y fundamentación jurídica, pero también especialmente en las Sentencias- una fundamentación probatoria. Además de ello, esta norma nos quiere decir que la fundamentación de la sentencia es un requisito esencial que no debe ser ignorado por la autoridad judicial. Al respecto el Tratadista Jorge Claria a Olmedo señala: "La base de la decisión debe estar formada necesariamente en la sentencia por este elemento Intelectual que consiste en lo que se llama fundamentación. Si este elemento falla, por no existir o por ser incompleto o insuficiente, el acto estará afectado en su eficacia". (Derecho Procesal, Luis Depalma. Bs. Aires, 1993. Tomo II. Pág. 229). En definitiva, la fundamentación es un requisito que no debe faltar en la sentencia de ninguna manera, ya que en todo caso constituiría un defecto absoluto imposible de convalidar, habida cuenta de que vulnera el Debido Proceso como tal en sus elementos de la debida motivación y fundamentación, derecho a la defensa y la seguridad jurídica. Dentro de ese contexto. Existe falta de motivación al extremo de la nulidad cuando los fundamentos sean insuficientes o contradictorios, de manera tal que no alcancen el mínimo necesario como para justificar la decisión. Ahora bien, nuestro ordenamiento procesal prevé en el Nüm - 5) del Art. 370 del CPP como defecto de sentencia la inexistencia de fundamentación de la sentencia o el hecho de que esta sea insuficiente o contradictoria: aspecto que contempla dos aspectos: 1). Que no exista fundamentación de la sentencia, que constituye defecto absoluto, y 2) Que la fundamentación sea insuficiente o contradictoria, entonces un presupuesto que habilita la apelación restringida constituye la Insuficiente fundamentación. Al respecto sostiene que la amplia doctrina al respecto indica que: "... En una sentencia no se puede reemplazar la fundamentación de la misma por un simple listado de los documentos o la mención de las pretensiones o requerimientos de las partes, tal como se observa en la sentencia recurrida, el Juez de Sentencia está en la obligación de fundamentar como adquirió el conocimiento de los hechos acusados. describiendo cómo llega a la conclusión de que los hechos ocurrieron de una determinada forma y no de otra": pero que en el caso de autos ese presupuesto legal no fue cumplido, además de la determinación de cómo ocurrieron los hechos acusados y fundamentar esas circunstancias por separado, no llega a la conclusión cuando se suscitó el hecho como ser el día, la hora y el lugar, no se Individualiza al autor a autora del delito las circunstancias o los medios legales para al consumación del delito de despojo. Lo que denota, que el Juez incurrió en este defecto de Sentencia al no haber realizado una correcta, valoración de las pruebas: debido a que la Sentencia Impugnada no hace mención al valor probatorio que le otorgó el Juez a-quo a cada una de las pruebas de cargo y de descargo desfiladas haciendo una mención de ellas, y mucho menos expuso la fundamentación por que las pruebas de cargo o de descargo fueron consideradas con valor probatorio, o por el contrario las declaró sin ningún, valor probatorio a los efectos de la fundamentación para así dar cumplimiento a las reglas que deben cumplir los tribunales para, la valoración y deliberación de la sentencia, que se encuentran contenidos en las previsiones de los Arts. 173 y 359 del Código Procesal Penal a los fines de poder fundamentar de hecho y en derecho la sentencia, tal como previene el Art. 124 del Código Adjetivo Penal y no basarse en simples subjetividades, contradicciones e incoherencias. Asimismo la sentencia apelada no señaló los motivos de hecho y derecho, ni valoró las pruebas. Al respecto, a la necesaria fundamentación de las resoluciones judiciales, la jurisprudencia ha sido reiterada y uniforme en señalar que este deber se vincula con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica a si la S.C. 1365/2005R de 31 de octubre cuando las resoluciones no están motivadas ".. y se omite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador: son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le- convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales se encuentra la garantía del debido procesa, que faculta a Todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada. (...) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinados que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidos. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuates se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". Asimismo sobre la fundamentación que se exige a todo juzgador a tiempo de impartir justicia, a fin de que sus fallos sean claramente comprendidos por las partes que intervienen en una contienda judicial, y no solo por ellos, ya que toda sentencia debe responder al anhelo de justicia que tiene toda sociedad. La Excma. Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo No. 5 de 21 de enero del 2007, sentó la siguiente Doctrina Legal Aplicable: "La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta todos los jueces para pronunciar sus sentencias permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede, (...)” Por otro lado, se tiene que toda sentencia debe tener una fundamentación probatoria descriptiva, donde el juez analice uno a uno los medios probatorios incorporados en el debate, después de esto se debe realizar una fundamentación probatoria intelectiva. "Que esta apreciación de los medios de prueba merece. Es ahí donde el juez señala porque un medio de prueba merece crédito, y como los vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio: el medio probatorio puede ser como en el caso el testigo y el documento, por el elemento probatorio es lo que extrae el juzgador de dicho medio probatorio para llegar a una conclusión que le sirve como elemento de juicio, de modo que podría haber medios de prueba que suministren elementos probatorios en tanto que otros bien podrían no suministrarlo valoración que debe ser expresa en resolución. (A.S. NO 3 14 de 25 de agosto de 2006). Aspecto que no ocurre y no se advierte en la Sentencia Apelada dictada por el Aquo.- Con respecto a la valoración de la prueba en base al sistema de libre convicción o sana crítica racional, José Cafferata Nores ("La prueba en el proceso penal. Ed. De Palma. Buenos Aires. 1988. p. 42) dice que este sistema se caracteriza por la concurrencia de dos aspectos. 1. El Juez pronuncia su decisión sobre los hechos de la causa; valorando la prueba con total libertad, pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. 2. Se impone a los jueces la obligación de motivar sus resoluciones, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas. El citado autor también dice que ello requiere la concurrencia de las siguientes dos operaciones intelectuales: a.- La descripción del elemento probatorio: lo que significa que en la sentencia se deberá precisar el contenido de la prueba, enunciando, describiendo o reproduciendo, concretamente.. el dato probatorio, pues solo así será posible verificar si la conclusión a que arriba deriva racionalmente de esas probanzas invocadas en su sustento. b.- La valoración crítica de esa descripción, que permite verificar si el mecanismo de discernimiento utilizado por el juez o tribunal para arribar a determinadas conclusiones ha sido cumplido con respecto a las reglas de la sana crítica racional: lo que puede viabilizar, a posteriori, el control de calidad de la sentencia.- De lo anterior se puede colegir que la valoración de las pruebas es lan solo una fose o un momento de la motivación de la sentencia, ciertamente la más importante, porque cobra relevancia para la ponderación, de los elementos probatorios que se han producido en el debate, pudiendo los principios que la gobiernan incidir en la forma en que se aplica la ley sustantiva y la imposición de la pena. En tal sentido, más que una frase común, constituye un principio la afirmación de que "la sentencia debe bastarse a sí misma" Esto significa que el contenido del fallo debe ser manifiesto, es decir, comprensivo de todas las circunstancias que lo integran formalmente. De ahí que como decía Fernando de la Rúa. "... el juez no puede suplirla (la motivación) para una remisión a aros actos, o a las constancias del proceso o reemplazaría por una alusión global de la prueba rendida....” Por ello es indispensable no solo que la sentencia exponga el hecho acusado, sino que también el fallo debe contener una adecuada fundamentación probatoria descriptiva que sirva de base a la posterior motivación intelectiva. En efecto, sobre la fundamentación probatoria descriptiva y la fundamentación probatoria intelectiva, el autor Francisco Dalt Aunese (Falla de Fundamentación de la Sentencia y Violación de la Regias de la Sana Critica, en Ciencias Penales, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, diciembre de 1992. año 4, No. 6) dice que: “La motivación probatoria de la Sentencia debe hacerse a dos niveles: FUNDAMENTACIÓN DESCRIPTIVA, que supone la trascripción de la prueba recibida de viva voz y con inmediación; y LA FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA valoración de la prueba que se ha realizado en el fallo. Si se incluye en la resolución únicamente el sumario de la prueba (sin valorar), habrá falta de fundamentación intelectiva: y a la inversa, si solo se incluye la apreciación del material probatorio sin transcribirlo previamente, habrá falta de Fundamentación descriptiva". Es par tal razón, que el fallo debe contener una adecuada fundamentación descriptiva que sirva de base a la posterior motivación Intelectiva. Para ello, en la fundamentación descriptiva es indispensable la consignación de cada elemento probatorio judicializado mediante una referencia, explicita a los aspectos más sobresalientes de su contenido. Esta manera de proceder hará de la sentencia un documento que se baste por sí mismo, y no solo tendrá el valor de informar a las partes, al público y los Instancias superiores acerca de lo ocurrido en la audiencia del juicio oral, sino que permitirá a estas últimas, sobre todo a los Tribunales de Alzada, controlar las conclusiones y la consistencia o inconsistencia que se hace de ellas al apreciarlas y estimarlas en su peso probatorio. Asimismo se tiene que el Juez de Sentencia inferior, tampoco ha realizado una Integral fundamentación probatoria intelectiva del conjunto de las pruebas de cargo producidas en el debate del juicio oral al no haber asignado fundadamente el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba Incorporados al juicio, habiéndose imitado el Juez de Sentencia inferior a hacer una relación genérica de las prueba documentales de cargo y de descargo. Al respecto, el Tribunal Constitucional de la Nación, en la SC No. 1668 de 14 de octubre de 2004 ha establecido lo siguiente: "Asimismo, es preciso señalar que en esta vía tutelar no puede pretenderse que este Tribunal imponga u ordene al juez en materia penal de la jurisdicción ordinaria a valorar de determinada manera la prueba aportada por las partes, pues en resguardo de las normas del debido proceso sólo puede analizar si las aportadas fueron consideradas por el juez competente, vale decir: que luego del análisis sólo podrá determinar sí él Juez tomo en cuenta la prueba o la omitió, y de darse este último caso se deberá ordenar que el juez de la causa compulse la prueba, pero no alcanza su competencia a disponer cómo debe valorarla, pues si lo hiciere estaría, de hecho, suplantando la función de juzgador ordinario. Sin embargo, cabe aclarar que en la resolución pertinente, debe el juez realizar un análisis pormenorizado y en detalle de cada- una de las pruebas aportadas, o lo que es lo mismo, deberá exponer su 'criterio del por qué las torna en cuenta, cuál su validez legal en cuanto al contenido, como también por qué no sustenta su criterio en otras, lo que significa, que no puede limitarse a expresar de manera general que de toda la prueba aportada llega a tomar determinada convicción, pues de actuar así su decisión resulta arbitraria y lesiva a la garantía del debido proceso, que entre uno de sus elementos esenciales exige que toda resolución sea debidamente motivada, así se señale en la SC 119/2004-R, de 28 de enero que dice: "Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha prevista en Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación a motivación de las resoluciones judiciales (…)» (Sic.). I.4. Remisión del cuaderno procesal.- Mediante Auto de 6 de febrero de 2013, y merced a los recursos de apelación restringida en análisis, el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Arani, dispuso la remisión del cuaderno procesal de fs. 454 (3 cuerpos), ante el Tribunal de alzada, por lo que previa asignación automatizada, fue recepcionado por la Sala Penal Tercera en 05 de marzo de 2013.- II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.- En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominado simplemente: CPE), se pasa a examinar si los escritos recursivos de 15 de enero y 23 de enero, ambos de 2013, cumplen con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva.- Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él.- Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia –forma y plazo-, se debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende.- En el caso, las apelaciones restringidas de 15 de enero y 23 de enero, ambos de 2013, fueron interpuestas de modo escritural dentro los quince (15) días siguientes a las notificaciones practicadas en 31 de diciembre de 2012; así las cosas, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fueron observadas por los impugnantes, por lo que los recursos cumplen con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva.- Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la victima aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido los escritos recursivos de 15 de enero y 23 de enero, ambos de 2013, planteados por: 1) Franz Roger Canedo Quiroga, en representación de Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente, en su condición de víctimas; y, 2) Aurora La Fuente Flores, en su calidad de acusada, se tiene que los recursos cumplen con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva.- II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de alzada declara la ADMISIBILIDAD de los recursos de apelación restringida y pasa a resolver el fondo de las cuestiones planteadas.- III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO.- La siguiente: III.1. La errónea aplicación de la Ley sustantiva y su vinculación a los hechos probados.- El AS Nº 123/2017-RRC de 21 de febrero (SP): «Bajo dichos argumentos, la referencia al art. 4 de la Ley 548, realizada por el Tribunal de apelación, carece de relevancia, no siendo evidente la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva penal; sumado al hecho de que el fundamento del imputado a fin de probar el tiempo en que ocurrió la supuesta violación, es un objeto de prueba; empero, no puede sustentarse en este aspecto la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva, pues para sustentar este defecto, debe partirse de los hechos establecidos como probados por el A quo; aspecto que, no acontece en el caso de autos, por lo que no es evidente la supuesta vulneración de derechos y normas procesales y constitucionales alegadas por el imputado, por cuanto existe un pronunciamiento expreso y debidamente fundamentado de parte del Tribunal de apelación».- III.2. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso.- La SCP N° 0326/2019-S1 de 6 de junio, precisamente a tiempo de considerar dichas vertientes como parte del debido proceso, manifestó: «La SCP 1414/2013 de 16 de agosto, sobre este tema remitiéndose a otros entendimientos jurisprudenciales, precisó: “Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido, mediante la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, que: ‘…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia’. Por su parte, la SCP 0894/2012 de 22 de agosto, sobre el tema ha establecido lo siguiente: ‘…la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, ha señalado que: ‘La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; (…). En esta misma línea de exégesis constitucional, la SCP 0212/2014-S3 de 4 de diciembre, precisando los entendimientos asumidos en la pre indicada temática, y haciendo alusión a la jurisprudencia emitida, refirió que: “…la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’”. Con relación al principio de congruencia la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, haciendo referencia al mismo como un elemento básico del debido proceso, manifestó que: “La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto”». III.3. La defectuosa valoración probatoria.- Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, el AS Nº 222/2017-RRC de 21 de marzo (Sala Penal), refirió: «(…), pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente -sobre la revalorización probatoria- fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo”».- III.4. Labor, alcances y límites de los tribunales de alzada en apelación restringida.- El AS Nº 223/2018-RRC de 10 de abril (SP), sostuvo: «El sistema procesal boliviano, obedece al modelo acusatorio y tiene en el juicio oral su eje central tal como lo establece el art. 329 del CPP, al señalar: El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción (…) Como quiera que el proceso penal gira en torno al juicio oral, resulta claro que su producto, la sentencia sea también el eje a partir del que el sistema de recursos vaya a girar; es decir, la decisión tomada en primera instancia es la determinante para etapas ulteriores; de ahí que, los principios que rigen la emisión de la sentencia sean los mismos que enmarquen la etapa de recursos subsiguientes, bien sea por congruencia en el tratamiento ofrecido en las distintas etapas del proceso, bien por seguridad jurídica de las decisiones judiciales. A partir de lo antes expresado, la Sala considera: a) El recurso de apelación restringida es por naturaleza una instancia de revisión de la sentencia, desde una perspectiva únicamente de derecho, reservada en mayor parte para revisión de la aplicación de la Ley sustantiva, tal cual lo dispone el primer párrafo del art. 407 del CPP.- b) Los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, son recurribles vía apelación restringida, a efectos de control de aplicación de la norma y control de logicidad del razonamiento de la Sentencia, esto es, la labor de verificación del cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, control sobre la determinación de los hechos probados, examen sobre la subsunción y adecuación jurídica de los hechos, control de determinación e imposición de la pena, control de la debida y suficiente motivación (determinación de los hechos) y fundamentación (aplicación de la específica de la norma) (…)”. Concordante con lo anterior, el AS Nº 228/2018-RRC de 10 de abril de 2018 (SP), sostuvo: “A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad. Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE)». III.5. Competencia del tribunal de alzada.- En apelación restringida, y conforme dispone el art. 398 del CPP, por regla general el Tribunal de alzada debe circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados de la Sentencia, en el caso leída íntegramente en 31 de diciembre de 2012, un razonamiento contrario implicaría vulneración del art. 124 del CPP. Dentro el indicado marco legal, la Sala Penal Tercera, (en adelante nominado simplemente: la Sala) ajusta su actividad jurisdiccional a los agravios expresados por 1) Franz Roger Canedo Quiroga, en representación de Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente; y, 2) Aurora La Fuente Flores, en sus escritos recursivos de 15 y 23 de enero de 2013. IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO- IV.1. Respecto al recurso de Franz Roger Canedo Quiroga.- La apelación opuesta por el prenombrado, en representación de Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente, es resuelta en función a los siguientes apartados. IV.1.1. En cuanto a la insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia.- Defecto incorporado en el art. 370.5 de la norma adjetiva penal, el mismo comprende tres (3) hipótesis; a saber: que no exista fundamentación en la sentencia, que exista pero sea insuficiente; y, que exista pero sea contradictoria. Ahora bien, habiendo el recurrente denunciado fundamentación insuficiente y contradictoria, cabe recordar que si bien es cierto que, tanto la jurisprudencia como la doctrina legal han practicado un desarrollo doctrinal sobre la obligación que tiene todo Juzgador de fundamentar sus resoluciones, conforme al mandato del art. 124 (empleado por el recurrente, con enlace a los arts. 115 de la CPE, 124 y 173 del CPP) y en relación al art. 370.5, ambos de la norma adjetiva penal, la inobservancia de estos presupuestos implica un desconocimiento de los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado; empero, no es menos evidente que, para advertir la veracidad de la insuficiente fundamentación se torna necesario que el o los apelantes identifiquen si la misma abarca a la fundamentación fáctica, probatoria o jurídica y, asimismo, el porqué de la insuficiencia, pues la misma presupone la existencia de fundamentación pero no en la medida de lo exigible; por lo mismo, el agravio relativo a la fundamentación insuficiente y contradictoria no es tal si su sustento se restringe a reclamar que solo una de las consideraciones debidas se halla relacionada con la fundamentación, y con clara omisión de los dos puntos preindicados; contrariamente, configura más bien un argumento inconsistente que revela falta de claridad en la proposición jurídica, que impide al Tribunal de apelación, conocer el verdadero sentido del recurso de apelación interpuesto. Dicho de otro modo, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación; entonces, cuando se reclama que la fundamentación es insuficiente debe identificarse las razones de la insuficiencia, más aún si existe a su vez una diferenciación conceptual en aquello que se considera fundamentación de la resolución y motivación de la resolución judicial, la cual ha sido establecida mediante el AS N° 128/2015-RRC de fecha 09 de marzo. IV.1.2. En cuanto a la defectuosa valoración de la prueba.- Defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, al respecto es menester señalar que, si bien en los hechos se reclama el valor otorgado por el Juez a quo a la prueba de cargo, consistente en las declaraciones prestadas por Cresencia Hermogena Rojas, Juan Vidal Claros, Jorge Vidal Claros, Edgar Caero Zapata y José Félix Sejas; además de los propios testigos de descargo y la inspección de visu celebrada en el inmueble (inserto equívocamente en el apartado dedicado al art 370.5 del CPP del escrito que promueve la impugnación), no es menos cierto que lo hace en sujeción a sus propias apreciaciones, lo que no constituye un argumento válido para sustentar la defectuosa valoración probatoria, toda vez que cuando se pretende fundar un recurso en el defecto previsto por el enunciado dispositivo preindicado, el apelante, además de individualizar la prueba que considera fue defectuosamente valorada, debe también identificar el error en el proceso intelectivo de apreciación realizado por el Juez a quo, expresando cuál es el valor otorgado por el inferior en grado a las pruebas particularizadas, a qué conclusión llegó con base a las mismas y porqué esa conclusión sería errónea al grado de trasgredir las reglas de la sana crítica establecida por el art. 173 del CPP, como lo expuso el AS N° 222/2017-RRC de 21 de marzo; aspecto que –en el caso examinado– no acontece, pues de manera equívoca, se pretende sostener el defecto en análisis en un personal juicio valorativo respecto a la prueba producida en juicio, además de su discrepancia con lo expresado por el Juez a quo para sustentar la condena por el delito de despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CPP, y no por los delitos de abuso de confianza y perturbación de posesión, tipificados en los arts. 346 y 353 de la norma sustantiva, respectivamente; por lo que no resulta evidente que se configure el defecto argüido. No obstante lo anterior, respecto la prueba identificada como D-1, relativa a fotocopias legalizadas de un cuadernillo de investigaciones relativo a otra causa penal seguida por la imputada contra los acusadores, aun de ser cierto lo aseverado, tal circunstancia carece de la trascendencia necesaria para deferir la pretensión del recurso, pues como afirma el recurrente –y como fue reseñado en la sentencia– la misma obedece a un proceso ajeno al caso de autos, no resultando plausible ni razonable someter a evaluación y conocimiento de una nueva autoridad jurisdiccional cuestiones que ya otrora fueron objeto de procesamiento. IV.1.3. A mayor abundamiento, sin perjuicio de las conclusiones adoptadas previamente, se hace imperioso relievar que los aspectos reclamados, no obstante requerir la condena por los delitos de abuso de confianza y perturbación de posesión, ignora adrede que tales eventualidades se encuentran comprendidas dentro del tipo penal inserto en el art. 351 del Código Penal, nominado “despojo”, comprendiendo en su tenor tantos los medios –violencia, amenazas, abuso de confianza, entre otros–, así como las acciones sobre las que recae el reproche –estorbar el ejercicio del derecho real constituido, sea sobre un inmueble u otro pasible de ellos–, como elementos constitutivos propios del tipo penal por el que fuera condenada la parte adversa, consideraciones sobre las que se prescinde en absoluto en el escrito recursivo, dando cuenta de su improponibilidad. IV.2. Respecto al recurso de Aurora Lafuente Flores.- Resuelto en función a los siguientes apartados.- IV.2.1. En cuanto a la errónea aplicación de la ley penal sustantiva (error injudicando).- Taxativamente reseñado en el art. 370.1 del CPP, se hace imperioso referir que la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva no cuestiona la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido, sino más al contrario se encuadra en la teoría general del delito, debiendo razonarse sobre la premisa indubitable que provee la Sentencia a través de la fundamentación intelectiva. En ese sentido, consentidos y aceptados los elementos probatorios puestos en conocimiento del Juez a quo, determinada la relación de hechos, la conducta de la procesada, su participación, y las demás circunstancias concomitantes, el defecto opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva; esto es, in iudicando, debiendo recaer la crítica en el razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal endilgado, señalando de manera concreta el razonamiento que se considera errado, tal como lo entendió el AS N° 654 de 15 de diciembre de 2007, citado en el AS N° 211/2013 de 22 de julio (SP1). En ese orden de ideas, para dotarle de viabilidad al recurso, resultaba necesario partir de los hechos declarados como probados, por cuanto el vicio establecido por el art. 370 inc. 1) del CPP, únicamente se produce luego de haberse comprobado la existencia del hecho y la participación del imputado, como lo sostuvo el AS N° 456/2015-RRC-L de 04 de agosto; entonces, la apelante, al haber sustentado su recurso en el defecto de sentencia preindicado en la insuficiencia de las premisas emergentes de la actividad probatoria vinculada a las pruebas documentales A-1, A-2, A-3, A-4 y A-6; así como la prueba testifical de cargo prestada por Cresencia Hermogena Rojas de Claros, Juan Vidal Claros, Jorge Flores Vidal, Edgar Caero Zapata y José Félix Sejas, así como a la inspección; incurre en mala proposición jurídica que no puede ser subsanada por el Ad quem, a fin de no incurrir en subjetividades, toda vez que –se reitera– el defecto de sentencia en análisis tiene como límite la intangibilidad de los hechos establecidos como probados por el A quo; esto es, que su labor se limita al control jurídico en cuanto al encuadramiento de los hechos al tipo penal determinado por el art. 351 del Código Penal. Así las cosas, no resulta posible apreciar que el Juez de instancia haya aplicado erróneamente la norma preindicada o inobservado alguna otra, por cuanto la recurrente pretende que el Ad quem examine la existencia y/o inexistencia de los tipos penales por los que fue procesada, a partir de sus propias conclusiones de insuficiencia probatoria o defectuosa valoración de la prueba preindicada para acreditar la posesión o tenencia del bien inmueble que genero la litis o la fecha en la que sucedió el hecho, con clara abstracción de los hechos probados consignados en la Sentencia apelada.- IV.2.2. En cuanto a la insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia.- Los defectos de sentencia previstos por el art. 370 del CPP, son independientes y autónomos, por ello el párrafo segundo del art. 408 de la norma adjetiva penal, establece que quien ejerce la actividad recursiva, debe indicar separadamente cada violación con sus fundamentos. Bajo dicho entendimiento, se tiene que son tres las hipótesis descritas por el inc. 5) del art. 370 de la Ley 1970, a saber: a) La primera consistente en la inexistencia de fundamentación en cualquiera de sus modalidades: fáctica, probatoria –descriptiva e intelectiva- o jurídica; b) Fundamentación insuficiente que se presenta cuando ella no cumple los estándares o parámetros exigidos para su validez; y, la tercera, c) Fundamentación contradictoria que concurre al contener una proposición que se opone a otra porque se afirma lo que la otra niega y viceversa, de manera que ambas no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas. Ahora bien, habiendo la recurrente denunciado la fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, cabe recordar que si bien es cierto que la doctrina legal establecida, entre otros, por los AA.SS. N° 065/2012-RA de 19 de abril, 724/2004 de 26 de noviembre, 073/2013-RRC de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, hacen un desarrollo doctrinal sobre la obligación que tiene todo Juzgador de fundamentar sus resoluciones, conforme al mandato del art. 124 con relación al art. 370.5, ambos del CPP, no es menos cierto que para advertir la veracidad de la insuficiente fundamentación se torna necesario que el apelante identifique si la misma abarca a la fundamentación fáctica, probatoria o jurídica y, asimismo, el porqué de la insuficiencia, pues la misma presupone la existencia de fundamentación pero no en la medida de lo exigible. Bajo tal contexto jurisprudencial, y advirtiendo la apelante centra el reclamo en lo que califica como insuficiente fundamentación probatoria, en sus vertientes descriptiva e intelectiva, si bien explana ampulosamente lo que sobre tales consideraciones se ha desarrollado en la materia; se evidencia la pretensión versa en función de inferencias genéricas y subjetivas, aseverándose tales males respecto a la integridad de la prueba, prescindiendo de una crítica razonada y vinculada a la trascendencia de cada una de aquellas omisiones –respecto a cada prueba– en el decisorio, o cuando menos de qué modo estas motivarían una consideración distinta a la adoptada por el Juez a quo.- Lo anterior permite colegir, a prima facie, la ausencia de carga argumentativa orientada a probar la presunta insuficiencia alegada en la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, pues aquellas inferencias que ejercita tampoco permiten establecer con meridiana claridad el defecto invocado. A mayor abundamiento, respecto a la fundamentación intelectiva, no refiere de modo concreto porque aquella practicada por el inferior en grado resulta errónea o que presupuestos de la sana critica fueran inobservados o hubieran orientado a la generación de premisas falsas; preceptos en relación a los cuales el apelante ha realizado una total abstracción decantándose por aspectos estrictamente genéricos que no permiten evidenciar la irrazonabilidad o la insuficiencia alegada tanto en la valoración descriptiva como intelectiva, ello por la ausencia del análisis crítico por parte del apelante, poniendo en evidencia solamente su disconformidad con lo resuelto. IV.2.3. En cuanto a los defectos de sentencia establecidos por los incs. 2), 3), 6) y 11) del art. 370 del CPP.- Careciendo la apelación de razonamiento alguno que sustente los defectos aludidos, al margen de afirmaciones genéricas y aisladas, extrañándose la expresión de agravios sufridos y como estos incidieron en el resultado, tales omisiones no pueden ser subsidiadas y/o enmendadas por esta instancia jurisdiccional, en consideración al principio de imparcialidad e igualdad de partes que prevé el art. 119.I de la CPE, por lo que tampoco en este punto se configuran los defectos alegados. IV.2.4. A mayor abundamiento, no obstante las determinaciones arribadas supra, se hace imperioso relievar que el agravio relativo a la no comprobación de la posesión –como elemento configurador del delito cuya sanción ha sido impuesta– pasa por alto tal razonamiento que el ilícito endilgado, merced de la naturaleza compuesta del tipo, admite pluralidad de conductas, en la cual se enmarca aquella reseñada por el A quo y se vincula con la permanencia de la imputada, a partir de la cual se impide el ejercicio emergente del derecho real que asiste a las víctimas, amén de la acreditación que fue practicada en juicio oral e, inclusive, configurándose como un hecho probado, concretamente el inserto en el “CONSIDERANDO V” inc. b) de la Sentencia, cuya mención y análisis omite también la recurrente. Por las razones anotadas, el Juez a quo no incurrió en los defectos de Sentencia denunciados.- POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la CPE, y en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.I.1 de la Ley N° 025, resuelve: declarar IMPROCEDENTES los recursos de apelación restringida interpuestos por: 1) Franz Roger Canedo Quiroga, en representación de Cleopatra, Gerson, Gedeón y Gezer Ramírez La Fuente; y, 2) Aurora La Fuente Flores; por consiguiente, CONFIRMA la Sentencia leída íntegramente en 31 de diciembre de 2012, pronunciada por el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Araní.- Al amparo del art. 269 del CPP, se condena en costas a los recurrentes, debiendo el Juez del proceso proceder a su liquidación y ejecución conforme prevé el art. 272 del compilado procesal preindicado.- La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo.- Dra. María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal - Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta (Vocal convocado). Fdo. Dra. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – abogada de la Sala Penal Tercera. REPRESENTACION DE 5 DE DICIEMBRE DE 2022 Dra. María Giovanna Pizo Guzmán- VOCAL PRESIDENTA DE SALA PENAL TERCERA Presente. Dentro el proceso penal seguido por Cleopatra Ramírez La Fuente y otros contra Aurora La Fuente Flores, tengo a bien informar:- 1) De los antecedentes del proceso se advierte el domicilio de la imputada Sra. Aurora La Fuente Flores, se encuentra en la Av. Ingavi s/n, de la localidad de Araní, datos que corresponden a la información prestada en el memorial de acusación particular cursante a fs. 2 a 4 vlta, sin embargo, siendo que debe ser notificada en dicha localidad, por la distancia me impide la notificación a la prenombrada, es que no se pudo dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. Es cuanto informo para fines consiguientes de ley. Fdo. Fernando Landaeta Martínez, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera.- PROVEÍDO DE 29 DE NOVIEMBRE 2022 - A mérito del cite de 03 de enero de 2023, evacuado por Claudia Janeth Cardozo Apaza en su condición de Profesional III de la oficina Gestora de procesos No. 3 del Tribunal Departamental de justicia, por el que remite la certificación extraída del Sistema de Convenio Institucional del Servicio General de identificación Personal - Segip, al identificarse información genérica respecto al domicilio de Aurora Lafuente Flores y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de la prenombrada con el Auto de Vista No. 60/2022-RAR de 20 de septiembre de 2022, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista citado mediante edictos a través del Servicio de notificación Electrónica Judicial – Sistema Hermes. Notifique funcionario.- Fdo. María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal - Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 16 de enero de 2023 D. S. O.


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