EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN SEGUNDO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


EDICTO JUZGADO: DE INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 2° DE CAPITAL JUEZ : DRA. ROSSIO LIMA GUTIERREZ. ACTUARIO: ABOG. CARLA GARECA PROCESO: PENAL DELITO: VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA NÚMERO DE PROCESO: 601103022201066 SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANTE: ADRIANA ORTIZ GUDIÑO DENUNCIADO: OSVALDO DIAZ GUDIÑO OBJETO: NOTIFICAR AL DENUNCIADO OSVALDO DIAZ GUDIÑO CON LAS MEDIDAS DE PROTECCION AUTO INTERLOCUTORIO MP-N°868/2022 VISTOS: Solicitud de homologación de las medidas de protección. CONSIDERANDO: Que, se cuenta con la denuncia, inicio de investigación y Resolución Fiscal de Medidas de protección que dispone las siguientes medidas de protección a favor de la víctima ADRIANA ORTÍZ GUDIÑO correspondiente al caso CUD: 601103022201066: 1. Prohibir al agresor OSVALDO DÍAZ GUDIÑO acercarse a la víctima. 2. Prohibir al agresor OSVALDO DÍAZ GUDIÑO, realizar actos de intimidación o amenaza a la víctima o los testigos de los hechos de violencia. 3. Prohibir al agresor OSVALDO DÍAZ GUDIÑO, comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la ´victima así como cualquier integrante de su familia. Que, el art. 32 de la Ley N°348 señala que las medidas de protección tienen objeto “interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que ése se haya consumado, que se realice la investigación procesamiento y sanción correspondiente”, siendo de esta manera que el segundo párrafo de dicho artículo establece que las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y labores de las víctimas de violencia y sus dependientes. Que, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, estableció la siguiente línea jurisprudencial cuyo estándar más alto refiere que “(…) el deber de los fiscales de otorgar protección a las presuntas víctimas de un delito no es potestativo sino se desprende de la gravedad y circunstancias del propio caso, ello porque por la naturaleza de la noble labor que aceptaron desempeñarse encuentran en posición de garantes respecto a las víctimas, por ello mismo, la adopción de medidas preventivas y de protección, deben ser de oficio, en este sentido, la falta de adopción de medidas preventivas y de celeridad en la investigación de casos de violencia en razón de género no sólo puede pesar en el éxito de la investigación sino provoca desconfianza y descrédito en la justicia, pudiendo incluso significar un mensaje inequívoco a los agresores de continuar la escalada de la violencia (…)”. Que, las medidas especiales de protección tienen por finalidad la prevención de los hechos de violencia, a efectos de que estos no se reiteren o agraven, además de garantizar a la víctima su estabilidad emocional, económica e integridad corporal; sobre este particular el CPP, establece las siguientes cuatro finalidades: a) Evitar que el hecho produzca mayores consecuencias; b) Que no se comentan nuevos hechos de violencia; c) Reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima; y, d) Otorgarle a la víctima el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. Que, el Ministerio Público mediante Resolución Fiscal dicto las medidas de protección de los numerales 1, 6 y 7 del art. 35 de la Ley N°348, siendo que los puntos de los incisos 1) y 3), implica una mancomunidad de esfuerzos para cumplir con la finalidad de las medidas de protección inscritas en el art. 35 de la Ley N°348, de lo cual se tiene que tomar en cuenta que, las medidas correspondientes a los incisos 1), 2) y 3) concordantes con el art. 35 núm. 1, 6 y 7 de la Ley N°348, implica una obligación para el denunciado, cuya trascendencia no vulneraría derechos del mismo, toda vez que dichas medidas reafirma una cultura de paz. Que, en conformidad a lo establecido por el art. 389 del CPP incorporado por la Ley N°1173 correspondiente a las medidas de protección “para mujeres” y su relación con el pár. II del art. 389 ter del CPP, al tratarse de medidas de protección que no se encuentran contempladas en de los numerales 2, 3, 7, 11, 13 del art. 389 del CPP, corresponde su resolución aún sin necesidad de audiencia. POR TANTO: En mérito a lo anteriormente expuesto la suscrita Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 2do de la Capital, administrando Justicia en la instancia que por ella ejerce, RESUELVE: 1. Se HOMOLOGA y RATIFICA las medidas de protección de los incisos 1), 2) y 3) indicadas en la Resolución Fiscal que antecede, en el marco de lo dispuesto por el art. 86 núm. 7. de la Ley N°348 de fecha 9 de marzo de 2013, por la proporcionalidad y pertinencia a efecto de garantizar el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. 2. El Ministerio Público en uso de sus facultades previstas en el art. 225 de la CPE y art. 70 del CPP, realizará los actos necesarios para el seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección homologadas. 3. A efectos de control jurisdiccional y en el marco de lo dispuesto por el art. 87.7 de la Ley N°348, el Fiscal de la causa cada 30 días deberá remitir a despacho judicial, informe de seguimiento de cumplimiento de las medidas de protección sujeto a conminatoria por intermedio del Fiscal Departamental. En conformidad a lo establecido por el art. 389 quater del CPP incorporado por la Ley N°1173 las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso. En el marco art. 389 quinquies del CPP incorporado por la Ley N°1173, el incumplimiento de las medidas de protección especial homologadas, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de las mujeres en audiencia, es susceptible de la autoridad jurisdiccional dispondrá la detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) días, según la gravedad. La presente resolución es recurrible en conformidad a lo dispuesto por el art. 123 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N°1173. Tarija, 21 de diciembre de 2022 FDO. Y SELLADO DRA. ROSSIO LIMA GUTIERREZ JUEZ DE INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER SEGUNDO DE LA CAPITAL, TARIJA – BOLIVIA. FDO. Y SELLADO, ANTE MÍ ABG. CARLA GARECA SECRETARIA DEL JUZGADO.--------------------------------------------------------------------------- TARIJA, 19 DE ENERO DE 2023


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