EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


T R I B U N A L D E S E N T E N C I A S E X T O---------------------------------------------------------------- D E L A C I U D A D C A P I T A L---------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA----------------------------------------------------------------------- E D I C T O--------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOS DRS. VERONICA ZAMBRANA MIER, JUAN ADALIT MAMANI Q. y BELTRAN QUISPE PUCHO, JUEZ PRESIDENTE Y JUEZ TÉCNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. Se Cita y emplaza con notificación por edicto a Mayra Abigail Conde López -------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TRIBUNAL DE SENTENCIA EN LO PENAL SEXTO DE LA PAZ-------------------------------------- Resolución Nº 01/2023. ---------------------------------------------------- SIREJ Nº CUD. 201102032103054 ---------------------------------------------- DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, LA ACUSACION PARTICULAR DE DARÍA DELFINA MAMANI MAMANI Y MARCO ANTONIO QUISPE LÓPEZ Y LAS VICTIMAS DE VÍCTIMAS DE MARIBEL NINA MÉNDEZ, MAYRA ABIGAIL CONDE LOPEZ CONTRA EDGAR ÁLVARO QUISPE AROJA POR EL DELITO DE HOMICIDIO.---------------------------- A, 11 de enero del año 2023------------------------------------------------------------------ AUTO INTERLOCUTORIO DE CONSIDERACION A LA CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA. I.- PREAMBULO. - --------------------------------------------------------------------------- Que, en primera instancia es necesario aclarar que la presente resolución únicamente participan los jueces técnicos el suscrito Juez Presidente Dr. Juan Adalit Mamani y el Dr. Beltrán Quispe Pucho, por ausencia de la Dra. Verónica Zambrana Mier por estar gozando a la fecha de su vacación individual pendiente que ha sido tramitada en esta gestión. Sin embargo, tomando en cuenta los lineamientos asumidos por el Tribunal Constitucional entre ellas entre ellas la SCP Nº 2371/2012 de 22 de noviembre en el trámite de las cesaciones detenciones preventivas, pueden ser atendidas por dos jueces técnicos como en el presente caso, por lo que no existe vicio alguno que constituya la nulidad de este incidente de cesación interpuesto por el acusado y sea resuelto con la participación de dos jueces técnicos.--------------------- II.- ANTECEDENTES.- Que, por memorial de fecha 23 de diciembre del año 2022 el acusado Edgar Álvaro Quispe Aroja solicita al Tribunal de Sentencia en lo Penal Primero de La Paz que se encontraba de turno por la vacación judicial, solicitando día y hora de consideración a la cesación a la detención preventiva, solicitud que se ampara en el Art. 239 numeral 1) del CPP, adjuntando documentación que enervaría los riesgos procesales de la detención preventiva, es así que el Tribunal de Sentencia de Turno ha señalado audiencia para fecha 03 de enero del año 2023, para que este Tribunal de Sentencia conozca el incidente planteado, audiencia que ha sido suspendida por no haberse cumplido con las formalidades de ley y diferida para la fecha de hoy, consiguientemente corresponde considerar la presente cesación. --------- En la presente audiencia la defensa del acusado se ratifica en el memorial de solicitud, aclarando que su solicitud se ampara en el Art. 239 numeral 1) del CPP, es decir: “cuando nuevos elementos de convicción enerven los motivos que fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”, ratificándose en los elementos de prueba adjuntados en su solicitud, concretamente en un contrato de trabajo a futuro suscrito con la señora Michel Araceli Castillo Segales, a este efecto ha adjuntado sus fotocopias de cedula de identidad de las partes contratantes, además ha adjuntado una fotocopia del NIT, una licencia de funcionamiento y el certificado de registro obligatorio de empleadores ROE, considerando para la defensa que con estos elementos de prueba, se estarían enervado los riesgos procesales que han servido para la detención preventiva, al haberse acreditándose la actividad laboral a futuro que va tener el acusado enervándose el numeral 1) del Art. 234 del CPP, asimismo fundamenta que al haberse demostrado que el acusado tiene un arraigo natural y social se estaría enervando el numeral 2) del Art. 234 del CPP; Respecto al peligro de obstaculización del numeral 2) del Art. 235 del CPP, fundamenta que al haberse presentado acusación Fiscal ya se habría asegurado los actos investigativos consiguientemente se estaría enervando el riesgo procesal de obstaculización del numeral 2) por lo que solicita se disponga la cesación a la detención preventiva de su defendido y se le aplique medidas cautelares menos gravosas, entre ellas el arraigo, garantías personales y en su defecto en la detención domiciliaria del acusado.------------------------------------------------------------------------- Que en cumplimiento del principio de contradicción, como característica esencial de este nuevo sistema procesal, se ha corrido en traslado al Ministerio Público la presente solicitud como las pruebas adjuntadas al memorial de petición, es así, que el Fiscal Dr. Edwin Sarmiento responde de forma negativa oponiéndose a la cesación a la detención preventiva, a este efecto fundamenta que no se cumplido con la carga de la prueba, al no haber sido notificado con ningún elemento de prueba; Por otra parte responde que en la Acusación Fiscal se ofrecido prueba testifical de cargo por lo que sigue latente el riesgo procesal de obstaculización por lo que solicita se rechace de la cesación impetrada.-------------------------------------------- Que por otra parte, el abogado Dr. Fernando García por la víctima de Maribel Nina Méndez también se opone a la solicitud de cesación a la detención preventiva, observando que no ha sido notificado con elementos de prueba adjunto a la solitud, menos han sido compartidos en la plataforma por la defensa, señala que no se puede amparar está solicitud únicamente con la presentación de la acusación fiscal, este elemento de prueba no es suficiente para desvirtuar la concurrencia de los riesgos procesales, por lo que solicita se rechace la solicitud de cesación a la detención preventiva.---------------------------------------------------------- Que, por otra parte, el SIJPLU en representación de la victimas Daría Delfina Mamani Mamani y Marco Antonio Quispe López se opone a esta solicitud, adhiriéndose a la respuesta del Ministerio Público, además señala que no se abría acreditado el domicilio, menos la familia del acusado.----------------------------------------------------------------- III.- CONCLUSIONES:------------------------------------------------------------- De los fundamentos escritos, orales expuestos por las partes procesales, la prueba adjuntada a al memorial de solicitud, los antecedentes del proceso, los dos jueces técnicos del Tribunal de Sentencia Sexto en lo Penal de La Paz, arriban a las siguientes conclusiones:-------------------------- 1.- Es necesario considerar la finalidad y alcances de las medidas cautelares que se encuentran determinadas en Art. 221 del CPP, estableciendo: “Que, la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y este Código, solo podrán ser restringidos cuando sean indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley”; Por otra parte, los dos jueces técnicos consideran de aplicación la SCP Nº 276 / 2018 -S2, que es fundadora para la promulgación de la Ley Nº 1173, donde el tribunal constitucional ha establecido en sus razonamientos qué ha momentos se considerar una medida cautelar debe anteponerse en la aplicación los principios procesales de proporcionalidad y racionalidad vinculados a los requisitos de validez formal y material para disponer la procedencia o improcedencia de la cesación a la detención preventiva.-- 2.- En el presente audiencia, el abogado de la defensa ampara su solicitud en el Art. 239 numeral 1) del CPP, lo que obliga a los dos Jueces Técnicos de este Tribunal de Sentencia, considerar la SCP Nº 011/ 2018-S2 de fecha 28 de febrero del año 2018, donde el Tribunal Constitucional, ha establecido en sus razonamientos: “Que en el trámite de la cesación a la detención preventiva es necesario realizar un análisis integral de los fundamentos de la cesación de la detención preventiva, que debe partir de la consideración de las medidas restrictivas de la libertad, si son necesarias para asegurar los fines procesales legítimos de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos que persiguen evitar que la persona imputada se sustraiga de la acción de la justicia, obstaculizando el desarrollo de la investigación, también se ha determinado que cuando el impetrante se ampara en la causal del Art. 239 núm. 1) del CPP, necesariamente deben concurrir ciertos requisitos entre ellos: El primero, se debe determinarse cuál fue el motivo y/o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva y segundo establecerse cuales son los nuevos elementos de convicción que aporta el acusado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron la detención preventiva o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra medida menos gravosa” consecuentemente este Tribunal de Sentencia debe realizar una valoración integral de las circunstancias previstas los Arts. 234 y 235, para posteriormente valorarlos con los elementos de prueba que aportado el imputado, así como por la parte acusadora y la víctima de manera razonable y por último debe pronunciarse una resolución debidamente fundamentada y motivada.------------------------------------------------------------------- 3.- En el caso presente al haberse determinado cuales son los requisitos para la procedencia de la cesación a la detención preventiva, corresponde a este Tribunal remitirnos a la resolución primigenia y/o ultima resolución de rechazo que ha dispuesto la detención preventiva o el rechazo de cesación; De antecedentes se establece que el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz ha emitido la resolución Nº375 / 2021 en fecha 9 de diciembre del año 2021, que ha dispuesto la detención preventiva de los imputados Edgar Álvaro Quispe Aroja y José Luis Mamani Llusco en el Centro Penitenciario de San Pedro y Kalahuma y medidas sustitutivas para la tercera co-acusada que no es objeto de consideración, al tratarse de una cesación a la detención preventiva únicamente los fundamentos tiente alcance para el acusado impetrante, estableciéndose en los fundamentos de esta resolución que el acusado ha demostrado tener un domicilio conocido ubicado en la Calle 4, Nº 24 de la Zona de Bella Vista, respecto a la familia, no cuestionado este riesgo, consiguientemente el acusado tiene domicilio y familia constituida; Sin embargo el Juez Instructor ha observado la actividad del acusado, toda vez que en esta audiencia el acusado habría presentado su cédula de identidad, donde se ha consignado que el acusado tiene la ocupación de estudiante, contradictoriamente en audiencia se habría presentado documentación consistente en su licencia de conducir categoría “B”, una tarjeta de tránsito y una tarjeta de identificación emitido por el Ministerio del interior, documentación con los que pretendía acreditar que tiene la ocupación de chofer, documentación que era insuficiente para acreditar la actividad lícita; Asimismo, se establecido la concurrencia del numeral 2) del Art. 234 al no haberse acreditado un arraigo natural y social; Por otra parte, se ha fundamentado la concurrencia del numeral 2) del Art. 235 del CPP, en base a los razonamientos de la SCP Nº 07/2007 que ha sentado bases sobre el entendimiento de este riesgo procesal y refiere que permanece latente inclusive hasta dictarse una sentencia, ya que este riesgo procesal es complejo y por la naturaleza del hecho ya que se está iniciando una investigación donde existen dos muertos hay un sin fin de actos investigativos que deben desarrollarse; Por otra parte, se ha fundamentado que en la aplicación de las medidas cautelares son de naturaleza instrumental donde la única finalidad, es garantizar la presencia de los imputados para que no se sustraigan del proceso de investigación, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley cómo lo determina el los Arts. 221 y 222 del CPP, con relación al Art. 116 de la CPE, siendo estos los fundamentos asumidos por el Juez Cautelar para determinar la detención preventiva del ahora impetrante. 4.- En la presenté audiencia, los dos jueces técnicos de este Tribunal de Sentencia consideran de aplicación los razonamientos de la SCP Nº 014/2012 y la SCP Nº 011 /2018-S2 asumidos por el Tribunal Constitucional, como una obligación de la autoridad jurisdiccional para realizar una valoración integral, debiendo considerar dos aspectos importantes: el primero los motivos que han fundado la detención preventiva y el segundo los nuevos elementos y si estos son suficientes para disponer la procedencia o en su caso la improcedencia la cesación a la detención preventiva; En el caso presente la defensa del acusado a adjuntado como nuevos elementos de convicción para enervar el numeral 1) del Art. 234 del CPP y demostrar la actividad del acusado lo siguiente: un certificado de no violencia CENVI emitido en fecha 7 de diciembre del año 2021 que demuestra que el acusado no cuenta con antecedentes de sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso en materia de violencia hacia las mujeres, este elemento de prueba es intrascendente para demostrar la actividad lícita, por el contrario este elemento de prueba serviría para enervar el riesgo procesal del peligro efectivo a la sociedad prescrito en el numeral 7) del Art. 234 del CPP, sin embargo este riesgo ya ha sido enervado en la resolución primigenia consecuentemente este elemento de prueba es impertinente para desvirtuar la concurrencia de los riesgos procesales que están latentes a la fecha. Asimismo, la defensa del acusado ha adjuntado un contrato de trabajo a futuro suscrito por Michelle Araceli Castillo Segales con el acusado Edgar Álvaro Quispe Aroja, adjuntando sus fotocopias de sus cedula de identidad de ambos ciudadanos, como también se ha adjuntado un requerimiento fiscal dirigido al Notario de Fe Pública para que se constituya al Penal de San Pedro, Sección San Martín para la suscripción del contratado de Álvaro Quispe Aroja y elevarlo a instrumento público; Sin embargo los dos jueces técnicos observamos dos aspectos: Primera observación del contenido del contrato de trabajo suscrito fecha 22 de noviembre del año 2022 se infiere que la contratante Michel Araceli Castillo Segales tendría un “Comercio Minorista en la venta por menor, de alimentos bebidas y tabacos en almacenes especializados” con número NIT 11109286012, asimismo se advierte que el objeto del contrato es contratar al acusado en calidad de empleado de la tareas que le van ser encomendadas, todos los días de trabajo de lunes a viernes de horas de 08:00 am a 12:00 y de 15:00 a 20:00 y los días sábados y domingos de 09:00 a 13:00 horas, como también se ha establecido el monto desde remuneración en la suma de Bs 2.280 bolivianos que serán cancelados cada 15 días, así también se acordado el plazo del contrato de un año forzoso y un año voluntario; Sin embargo se infiere de la redacción en la cláusula segunda se advierte que este contrato es una renovación, tex.: “se suscribe presente documento de renovación de contrato a futuro” lo que da entender a este Tribunal de Sentencia que existiría un contrato principal o primigenio, y el presente contrato consistiría únicamente en una renovación, consecuentemente no se ha adjuntado el contrato principal, aspecto que no ha sido aclarado por la defensa del acusado; Por otra parte se ha hecho alusión que este documento habría sido elevado a categoría de Instrumento Público, si bien se advierte del contrato que se encuentra sellado por la Notaría de Fe Pública a cargo de la notaría Mayra Shirley Villegas Balcázar sin embargo no se adjuntado el formulario de reconocimiento de firmas y rubricas tampoco se aclarado cual es el Instrumento Público que se ha suscrito sea reconocimiento de firmas y rúbricas o una escritura pública que demuestre que este contrato de trabajo futuro ha sido elevado como Instrumento Público; Segunda observación, se ha adjuntado una fotocopia del NIT, la licencia de funcionamiento otorgada por la Sub Alcaldía de Cotahuma, un certificado de registro obligatorio de empleadores ROE, que demuestran el registro de este comercio minorista para la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en los registro correspondientes, el mismo que se encuentra ubicado en la Zona de Tembladerani, Av. Jaimes Freyre Nº1932, demostrándose la autorización para el funcionamiento de esta actividad, sin embargo no se ha demostrado el funcionamiento de este comercio sea a través de la emisión de facturas, o con otros medios de pruebas que demuestren el funcionamiento de este comercio minorista donde va desarrollar su trabajo como empleado el acusado, infiriéndose que no se ha enervado este riesgo procesal por el contrario sigue latente el numeral 1) del Art. 234 del CPP en su vertiente actividad lícita. 5.- Por otra parte, se advierte de la fundamentación de la resolución primigenia, que al no haberse demostrado un arraigo natural y social por haberse observado el trabajo se encuentra latente este riesgo procesal del numeral 2) en la presente audiencia de la misma manera, al no haberse acreditado la actividad laboral consiguientemente no se demostrado el arraigo natural y social, por lo que sigue latente este riesgo procesal del numeral 2 del Art. 234 del CPP de las facilidades de abanador el país o permanecer oculto. 6.- Por último, en cuanto al peligro de obstaculización la defensa del acusado ha fundamentado que con la presentación de la Acusación Fiscal se enervado este riesgo procesal al haberse asegurado la investigación; Es importante remitirnos a la resolución primigenia Nº 375/2021 que fundamentado en cumplimiento a la SCP Nº 07/2007 qué riesgo procesal puede permanecer latente incluso hasta ejecución de Sentencia, además se ha fundamentado en virtud al Arts. 221 y 222 del CPP que determinan la finalidad y alcances de las medidas cautelares estableciendo: “que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y este Código, solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” es decir las medidas cautelares tiene como ámbito de protección tres vertientes y qué ha sido advertidos por el Juez Instructor Cautelar: El primero la averiguación de la verdad que a la fecha evidentemente se habría cumplido este presupuesto procesal con la presentación de la Acusación Fiscal; El segundo es el desarrollo del proceso y Tercero la aplicación de la ley, consecuentemente con estos fundamentos se infiere que únicamente se asegurado el primer presupuesto de la averiguación de la verdad y NO así el segundo y tercer presupuesto que se encuentran latentes conforme al estado del proceso, que se encuentra en los actos preparatorios a juicio, encontrándose en plazo para que los acusados ofrezcan sus pruebas de descargo correspondiendo emitir el auto de apertura de juicio, consiguientemente este riesgo procesal se encuentra latente a la fecha, toda vez, que de la acusación fiscal se infiere que se ha ofrecido prueba testifical de cargo que van ser producidos en el juicio y que el acusado puede influenciar negativamente sobre los partícipes, victima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente: Por último, no se ha escuchado fundamentación alguna como se enervaría la tercera vertiente de la aplicación de la ley, en este caso la sentencia constitucional antes mencionada asume esta interpretación que es riesgo procesal permanece incluso hasta en ejecución de sentencia, por lo que el impetrante no ha cumplido con lo exigido en el Arts. 239 num.1 del CPP, al no haberse destruido y enervado la concurrencia de los riesgos procesales, consecuentemente no corresponde atender la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por el acusado. --------------------------------------------------------------------------------------- III.- POR TANTO: El Tribunal de Sentencia en lo Penal Sexto de La Paz, compuesto por los dos jueces técnicos que van a firmar la presente resolución, con las atribuciones establecidas en Art. 52 y 239 del CPP, DISPONE: DECLARAR infundado y rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por el acusado Edgar Álvaro Quispe Aroja, se aclara al acusado que las resoluciones que determinen medidas cautelares no adquieren ejecutoria, pueden ser modificadas en cualquier momento, tomando que estas resoluciones son temporales e instrumentales como lo establece el Art. 251 del CPP; Con la presente resolución se notifica a las partes procesales por su oralidad en cumplimiento al Art. 160 del CPP, al Ministerio Publico, a los abogados de las 3 víctimas, debiendo notificarse a la víctima que no se encontraba conectada por edictos señora Mayra Abigail Conde López, como se notifica al acusado y su defensa técnica, se aclara a las partes en virtud al Arts. 251 del CPP, tiene 72 horas para interponer el recurso de apelación incidental contra esta resolución. REGISTRESE.---------------------------------------------------------------------------- ABOGADO DEL ACUSADO RENE SALAZAR: La palabra señor Juez en amparo del Art. 251 concordante con 403 núm. 3 interponemos en audiencia apelación incidental contra la resolución que acaba de emitir, haciendo conocer que nos sentimos agraviados toda vez que denotamos que habido una vulneración al debido proceso en sus elementos y vertientes, de motivación y fundamentación y también valoración probatoria extremos que nosotros fundamentaremos en audiencia una vez sea remitido dentro del plazo establecido por ley, comprometiéndonos con los recaudos de rigor señor juez. ------------------------------ JUEZ PRESIDENTE JUAN ADALIT MAMANI.- VISTOS: Téngase por interpuesto el recurso de apelación incidental interpuesto por el acusado Edgar Álvaro Quispe Aroja contra la presente resolución, debiendo remitirse dentro de las 24 horas el legajo de apelación al Tribunal de Alzada, previo notificación por edictos a la víctima que no se encontraba conectada en cumplimiento del Arts. 251 del CPP, con los fundamentos que han sido esgrimidos en esta audiencia, con la debida nota de atención, con lo que ha concluido la presente audiencia. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: JUEZ TECNICO ADALIT MAMANI Q. Y JUEZ TÉCNICO BELTRA QUISPE PUCHO - FIRMA Y SELLA: SECRETARIA ABOGADA - BARBARA CIELO LAURA BURGOA---------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO A LOS 19 días del mes de enero de 2023


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