EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA


EDICTO LA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, por el presente edicto, cita, llama y emplaza a las ciudadanas CAROL KIEFFER CÁCERES y CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, con la demanda Contenciosa Administrativa, impetrada por la Empresa Nacional de Ferrocarriles “ENFE” (Exp. 259/2019-CA), para que asuman conocimiento y –de considerar necesario- defensa, por sí o por intermedio de apoderado; al efecto, se transcriben las piezas procesales que son del tenor del contenido literal siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ SEÑOR PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA SALA SOCIAL ADMINISTRATIVA DE TURNO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. INTERPONE DEMANDA CONTENCIOSA. OTROSÍES.- SU CONTENIDO. Abg. WALTER BORIS ESCOBAR TÓRREZ, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. N° 3377906 La Paz, de profesión abogado, con domicilio en la calle Belisario Salinas Nº 587 de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, en representación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto me presento, expongo y pido: I. APERSONAMIENTO: Señor Presidente, como se acredita mediante fotocopia legalizada de la Resolución Suprema Nº 21218 de 10 de mayo de 2017, por la que se me designa como Presidente Ejecutivo a.i. del Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE, solicito se acepte y reconozca mi personería en representación de la mencionada Empresa creada mediante Decreto Supremo No. 06909 de 06 de octubre de 1964 y consiguientemente se me haga conocer ulteriores diligencias del proceso, sea con las formalidades de ley establecidas para tal efecto. II. COMPETENCIA: Señor Presidente, de conformidad a lo establecido por el artículo 4 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, concordante con la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 “Código Procesal Civil”, la Sala Especializada en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para conocer la presente causa, por lo que acudo ante vuestra autoridad, y en apoyo de la demanda principal me permito exponer las siguientes consideraciones de hecho y derecho: III. NOMBRE, DOMICILIO Y GENERALES DE LOS DEMANDADOS. En observancia de las disposiciones contenidas en el Art. 327 4) del Código de Procedimiento Civil, la presente demanda se dirige en contra de: CARLOS JÓSE KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 247865 L.P., de nacionalidad boliviana, estudiante, soltero,MAGNA CACHI RODRIGUEZ, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 2602121 L.P., estudiante, soltera, GIOVANNA LUISA DE UGARTE BOLAÑOS, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 2229905 L.P. estudiante, soltera, ANABELLA LUZ LOAYZA CHUMACERO, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 4282156 L.P. de profesión Auditoria; todos ellos en Representación Legal de LABORATORIOS “VITA” S.A. y todos con domicilio en la Av. Héctor Ormachea No.320 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. CAROL KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. extranjero Nº 2041168, soltera de ocupación empleada, CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. E- 2041168, de nacionalidad peruana, casada, EYNAR IVAN VISCARRA ANAVI, mayor de edad y hábil por derecho con C.I. 4803760 L.P. Y la señora YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 4765464 L.P. actuales detentadores del bien inmueble, todos mayores de edad y hábiles por derecho, los dos últimos con domicilio en el inmueble objeto de la Litis, impetrando se tenga presente con las formalidades de Ley. IV. LA COSA DEMANDA, DESIGNANDOLA CON TODA EXACTITUD: Señor Presidente, en apego a lo dispuesto en los Arts. 74, 75, 84, 85, 105, 1391, 1453, 1454 y 1455 del Código Civil y Art. 327 NUM 5) del CPC., me permito señalar que la presente demanda contenciosa se traduce en la NULIDAD DE LA MINUTA DE TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 1996, ASÍ COMO LA NULIDAD DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS N° 732/1997 DE 17 DE FEBRERO DE 1997, Escritura Pública N° 571/2012 de 26 de septiembre de 2012, Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013 y Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016; ASIMISMO SE DEMANDA LA CANCELACION DE LOS FOLIOS REALES 2.01.0.99.0074031 Y N° 2.01.0.99.0214254 EN OFICINAS DE DERECHOS REALES, MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD, MÁS REIVINDICACIÓN AL CORPUS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MANCO KAPAC S/N, E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, a cuyo efecto solicito se tenga presente las consideraciones de hecho y orden legal que se exponen a continuación: Resulta que el Estado Boliviano ha adquirido el Derecho Propietario de las vías principales y auxiliares, derechos de vía de hasta 15 metros a cada lado del eje de vía, estaciones, sub estaciones, sus márgenes de seguridad, almacenes, edificios, bodegas, cuadros de estación que sea necesarios para las operaciones ferroviarias de transportes de pasajeros y carga incluidos andenes, plataformas, espacios para acceso, circulación, espera, terrenos destinados a instalaciones fijas de cualquier tipo, etc., mismas que se encuentran plenamente detalladas e identificadas en la ESCRITURA PÚBLICA Nº 12 DEL AÑO 1968 y debidamente registrado en oficinas de Derechos Reales bajo la Partida N° 167 y Fs. 167 del Libro 1 - B según se desprende la de certificación que se adjunta; hecho jurídico que se verifica por la documentación referida en calidad de medio de prueba a la presente demanda. En efecto, La Empresa Nacional de Ferrocarriles ha perfeccionado la transferencia de todos los bienes a lo largo del territorio nacional y que anteriormente pertenecían a las Empresas: “The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Company” y a la empresa “The Bolivia Railway Company”, hallándose en libre, pacífica y continua posesión, ejercitando el corpus sin limitación de ninguna naturaleza. En ese contexto, el derecho propietario del Estado Boliviano y por ende administrados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles surge en base a las siguientes disposiciones legales y documentos públicos que se detallan a continuación: Decreto Supremo N° 05140 de 31/01/1959, que establece que pasa a administración fiscal los Ferrocarriles de THE ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIAN RAILWAY COMPANY LIMITED. Decreto Supremo N° 06043 de fecha 21/03/1962, que determina que se declaran REVOCADAS LAS CONCESIONES FERROVIARIAS y se conviene en adquirir dichos bienes por parte del Estado Boliviano, pasando a partir de ese momento a su jurisdicción. Decreto Supremo N° 06909 de fecha 06/12/1964 que se crea la EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES con entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia, con facultad para la administración unificada de los ferrocarriles de la red occidental a cargo del Estado Boliviano. Decreto Supremo N° 08191 de fecha 20/12/1967, que establece que se ratifican las adquisiciones de los bienes inmuebles, muebles, derechos y acciones, comprendiendo vías férreas, obras de arte, edificios, equipos, instalaciones y demás bienes físicos de THE ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIAN RAILWAY COMPANY LIMITED en la SECCIÓN BOLIVIANA, así como la adquisición de las acciones, bonos de primera hipoteca y demás derechos que la misma posee en THE ANTOFAGASTA RAILWAY COMPANY. Y finalmente la Escritura Pública del Testimonio Nº 12 de fecha 26/01/1968, otorgada por la Notaria de Hacienda, durante la gestión del Notario Walter Calderón Duran, mediante el cual la THE ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIAN RAILWAY COMPANY LIMITED y THE BOLIVIAN RAILWAY COMPANY, transfieren todos sus bienes a favor del Estado Boliviano. Por lo indicado, constituye patrimonio del Estado toda el área del SECTOR DENOMINADO NUDO VITA que comprende la estación Central, vías férreas e instalaciones del ex-ferrocarril La Paz – Viacha; vale decir, que se halla afectada como BIEN PATRIMONIAL DEL ESTADO, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 167 y FS. 167 del Libro 1 – B, Y REGISTRADA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA DEL TESTIMONIO Nº 12 DE FECHA 26/01/1968; toda vez, que avizorados que la familia Kieffer, quienes supuestamente adquirieron la propiedad Estatal ubicada en la Av. Manco Kapac s/n con una superficie de 830 m2., sin cumplir el requisito exigido por el parágrafo II, Art. 339 de la CPE, que prescribe que para la disposición y enajenación de bienes de dominio del Estado es necesario contar con una Ley Expresa conforme indica el NUMERAL 13, PARÁGRAFO I DEL ART. 158 de la actual Constitución Política del Estado, disposición legal concordante con el numeral 7º del Art. 59 de la anterior CPE (ABROGADA). Toda vez, que de la revisión minuciosa y análisis del contenido transcrito en la Minuta de Transferencia de 09 de septiembre de 1996; transcritas en el indicado Testimonio de la Escritura Publica N° 732 de 1996 de 01 de Noviembre de 1996; se evidencia que en las clausulas: Clausula Cuarta (Procedimiento seguido para la venta y disposiciones legales que respaldan la misma). Y la Clausula Decima Sexta (Documentos que se adjuntan al contrato de venta y que deben ser transcritos por el Notario). “No invocan, no transcriben, menos hacen mención a ninguna Ley Expresa sancionada por el Órgano Legislativo que Autorice la Enajenación a favor de la empresa Laboratorios VITA S.A.”, y tampoco hasta la fecha, no existe ninguna ley que haya autorizado su enajenación a favor de las señoras: CAROL KIEFFER CÁCERES y CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, y, CARLOS KIEFFER CACERES; y tampoco existe ley de enajenación a favor del actual poseedor ilegal, el señor Eynar Viscarra Anavi y la señora Yolanda Rosario Gonzales Foronda. Es más señor Presidente, la norma Sustantiva Civil señala con meridiana claridad en su Art. 85.- (Bienes del Estado y Entidades Públicas). Los bienes del Estado, de los municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen, normativa legal omitida en el negocio jurídico desde su concepción lo que viene a originar el presente proceso legal. V. LOS HECHOS EN QUE SE FUNDARE, EXPUESTOS CON CLARIDAD Y PRECISIÓN (NUM. 6 CPC.): Señor Presidente, como es de conocimiento general, como producto del Proceso de Capitalización (Ley N° 1544 de 21 de marzo de 1994) se enajenó bienes estatales que administraba la Empresa Nacional de Ferrocarriles - ENFE, mediante diversas licitaciones públicas llevadas a cabo en las gestiones 1996 y 1997; evidenciándose que tales actuados realizados por la administración de ese entonces carecían o carecen de legalidad al incumplir el ritual Constitucional vigente en ese periodo, en el entendido de no contar con una Ley Expresa sancionada por el Poder Legislativo (hoy Órgano Legislativo). La ingeniería constitucional del Estado boliviano, a partir de la primera Constitución Política del Estado ha adoptado como modelo de Estado la “SEPARACION DE PODERES DEL ESTADO”. El principio de la separación de funciones, conocida también en la doctrina clásica del Derecho Constitucional como el principio de la “división de poderes, implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, de manera que esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder, el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia. Con este preámbulo, cabe señalar que la potestad legislativa, de control y fiscalización esta otorgada al Poder Legislativo, cuya facultad establecida en la anterior CPE de 1994 determinaba en Articulo 59, numeral 7ª, que: “Son atribuciones del Poder Legislativo de autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público.” Por lo señalado, la actual administración de ENFE en el marco de las disposiciones contenidas en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 165 de 16 de agosto de 2011 viene realizando el proceso de inventariación, y administración de todos los bienes no afectados al servicio ferroviario, esto incumbe también todos los bienes que fueron enajenados mediante licitaciones públicas realizadas en los años 1996 y 1997; siendo objeto de observación y nulidad toda vez que tales transferencias carecen de legalidad al incumplir con lo previsto en el numeral 7 del artículo 59 de la anterior Constitución Política del Estado (Constitución Abrogada). En ese entendido y por lo anteriormente señalado, se tiene como antecedente y origen ilegal la Licitación Pública G.C.B.I. 010 L.P., por el cual se enajenó el predio ubicado en la calle Manco Kapac s/n con una superficie de 830 m2; emergente de una tercera convocatoria de dicha licitación, donde previa evaluación y calificación de las propuestas presentadas se adjudicó a la empresa Laboratorios VITA S.A., por el precio de $us.- 220.000,oo (DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), conforme se acredita en el Acta de Calificación de la Licitación Pública No. G.C.B.I. – 010 L.P. de 28 de junio de 1996. Posteriormente, se elaboró la Minuta de transferencia de 09 de septiembre de 1996 la cual establece el precio convenido de $us. 220.000,oo (DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS) habiéndose pactado la cancelación del monto indicado bajo modalidades de pago en dos cuotas: la primera del 50% equivalente a $us. 103.400,oo (CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS) descontando el pago de impuestos de transferencia y otros. Asimismo, la minuta de transferencia fue posteriormente protocolizada ante la Notaria de Gobierno el 17 de febrero de 1997 signada en la Escritura Pública N° 732/1997. Por señalado, el contenido transcrito en la Minuta de Transferencia de 09 de septiembre de 1996, también transcrita en la Escritura Pública N° 732 de 1996 de 01 de Noviembre de 1996; de manera reiterativa se evidencia que en las clausulas: Clausula Cuarta (Procedimiento seguido para la venta y disposiciones legales que respaldan la misma). Y la Clausula Decima Sexta (Documentos que se adjuntan al contrato de venta y que deben ser transcritos por el Notario). “NO INVOCAN, NO TRANSCRIBEN, MENOS HACEN MENCIÓN A NINGUNA LEY EXPRESA SANCIONADA POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE AUTORICE LA ENAJENACIÓN DEL PREDIO MOTIVO DE LA LITIS, A FAVOR DE LA EMPRESA LABORATORIOS VITA S.A.”, Y TAMPOCO HASTA LA FECHA, NO EXISTE NINGUNA LEY QUE HAYA AUTORIZADO SU ENAJENACIÓN A FAVOR DE LAS SEÑORAS: CAROL KIEFFER CÁCERES Y CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, Y, CARLOS KIEFFER CACERES; Y TAMPOCO EXISTE LEY DE ENAJENACIÓN A FAVOR DEL ACTUAL POSEEDOR ILEGAL, EL SEÑOR EYNAR VISCARRA ANAVI Y LA SEÑORA YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA. Extremos estos que se constituyen en verdaderas aberraciones que van en contra de la normativa legal vigente en ese periodo, por lo que se hace imperioso la necesidad de la interposición de la presente demanda a los efectos de la recuperación del predio motivo de la litis, teniendo en cuenta los postulados normativos contenidos en el Art. 235 de la Constitución Política del Estado referente a las OBLIGACIONES DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS en sus Numerales: 1) CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN. 2) CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 3) RESPETAR Y PROTEGER LOS BIENES DEL ESTADO, Y ABSTENERSE DE UTILIZARLOS PARA FINES ELECTORALES U OTROS AJENOS A LA FUNCIÓN PÚBLICA. Respecto a las cláusulas del contrato. Bajo la breve descripción de los actos realizados, cabe señalar que de la revisión minuciosa y análisis del contenido transcrito en la Minuta de Transferencia de 09 de septiembre de 1996; transcritas en el indicado Testimonio de la Escritura Pública N° 732 de 1996 de 01 de Noviembre de 1996; se evidencia que en las clausulas: Clausula Cuarta (Procedimiento seguido para la venta y disposiciones legales que respaldan la misma). Y la Clausula Decima Sexta (Documentos que se adjuntan al contrato de venta y que deben ser transcritos por el Notario). “No invocan, no transcriben, menos hacen mención a ninguna Ley Expresa sancionada por el Órgano Legislativo que Autorice la Enajenación a favor de la empresa Laboratorios VITA S.A.”, y tampoco hasta la fecha, no existe ninguna ley que haya autorizado su enajenación a favor del actual poseedor ilegal, el señor Eynar Viscarra Anavi y la señora Yolanda Rosario Gonzales Foronda. Bajo estas consideraciones, y tomando en cuenta la forma de concepción u origen de la enajenación del inmueble en cuestión, fueron arbitrariamente adquiridos, sin contar con una ley expresa que autorice la transferencia de bienes de la ENFE, en clara contravención a las disposiciones legales contenidas en el NUM. 7 del Art. 59 (C.P.E. abrogada) con relación a la enajenación de los bienes del Estado. TODA VEZ QUE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N° 732/2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1996, no tiene valor legal alguno “por afectar los elementos esenciales para la validez del acto, no puede ser convalidada por la confirmación ni subsanada por el transcurso del tiempo” según (Couture). Dicho aspecto fue corroborado de manera acertada por la Directora General de Notaría de Gobierno del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de la Certificación GADLP/DGNG/CERT-022/2019 de 10 de junio de 2019, que señala que la Escritura Pública No. 732/1996 no cumple con las formalidades y solemnidades previstas en los artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado Plurinacional con concordancia con el artículo 1287 del Código Civil de 6 de agosto de 1975. Por lo señalado, existe una motivada razón por la cual ENFE se encuentra fundamentada a realizar la recuperación de sus bienes que fueron enajenadas mediante la señalada licitación pública, siendo que la misma no tiene la Autorización del Poder Legislativo, aun mas considerándose “QUE NO EXISTE DENTRO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, NINGUNA LEY SANCIONADA DESDE 1996 HASTA LA PRESENTE GESTION 2019, ESTO QUIERE DECIR, QUE LA VULNERACION A ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL HA SIDO QUEBRANTADO Y AUN PERDURA EN EL TIEMPO”, y que esta situación hace que terceras personas se beneficien de un bien inmueble patrimonial de la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE, y por consiguiente a expensas y costa de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. Respecto a la situación actual de los predios. Al realizarse la transferencia del bien inmueble ubicado en la calle Manco Kapac s/n con una superficie de 830 m2, mediante la LICITACIÓN PUBLICA G.C.B.I. - 010 L.P adjudicándose la empresa Laboratorios Vita S.A., el señalado predio posteriormente fue objeto de comercio humano en segunda oportunidad, toda vez que mediante Escritura Pública N° 571/2012 del 26 de septiembre de 2012, suscrito ante la Notaria de Fe Publica N° 95 a cargo del Notario Dr. Marcelo E. Baldivia Marín, sobre Testimonio de la Protocolización de Transferencia de Propiedad de un inmueble, que otorga el Sr. Jorge Hugo Tejerina Peñaranda en representación legal de Laboratorios Vita S.A., a favor de las señoras Carol Kieffer Cáceres y Carmen Kieffer Cáceres; por el cual Laboratorios VITA S.A. transfiere el predio ubicado en la calle Manco Kapac s/n a favor las señaladas señoras; y que asimismo de la revisión literal del contenido de la minuta de transferencia y documentos transcritos en la ya señala Escritura Pública N° 571/2012 del 26 de septiembre de 2012 tampoco hace mención e invocan ninguna Ley Expresa sancionada por el Órgano Legislativo que “Autorice la Enajenación” a favor de la señoras Carol Kieffer Cáceres y Carmen Kieffer Cáceres. Así expuesto los antecedentes y fundamentación legal, cabe indicar que el predio fue ocasión de una tercera transferencia el inmueble de la calle Manco Kapac s/n, enajenando las señoras Carol Kieffer Cáceres y Carmen Kieffer Cáceres, a favor del señor Eynar Iván Viscarra Anavi “Actual Poseedor del inmueble”, mediante documento traslativo de derecho propietario a través de la Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013, suscrito ante Notario de Fe Publica Dr. Guido Colbert Pérez Aguirre, sobre Testimonio de la Protocolización de una Minuta de Transferencia de Propiedad de un Inmueble, debidamente elevada a reconocimiento de firmas y rubricas, otorgada por las señoras Carol Kieffer Cáceres, representada legalmente por la señora Carmen Rosa Cáceres Rivero de Kieffer y Carmen Carla Kieffer Cáceres, como vendedoras; en favor del señor Eynar Iván Viscarra Anavi, en su calidad de comprador; que realizado el análisis documental y contenido literal del derecho traslativo en la señalada Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013, tampoco hace mención e invocan ninguna Ley Expresa sancionada por el Órgano Legislativo que “Autorice la Enajenación” a favor del señor Eynar Iván Viscarra Anavi, por el cual, el actual poseedor adquiere el bien inmueble mediante la documentación descrita en la “TRADITIO” efectuadas de las sucesivas transferencias que se realizó en el predio perteneciente a la Empresa Nacional de Ferrocarriles. En tal sentido, corresponde dejar sin efecto dichos registros ya que fueron originados en la transferencia inicial a LABORATORIOS VITA S.A. que sufre vicios de ilegalidad y por lo tanto es susceptible de nulidad, tomando en cuenta de la incongruente y hasta temeraria transferencia de la Hermanas Kieffer Caceres, desmembrando de una partida de registro real del Estado Boliviano que no corresponde al ubicación de los predios motivo de la litis, creando un folio real Nº 2.01.0.99.0074031, que debe ser declarado nulo por todo anotado anteriormente. ANTE ESTOS ACTOS DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL QUE SUFRIÓ EL BIEN INMUEBLE, EXISTE EL RIESGO INMINENTE QUE EL ACTUAL SUPUESTO PROPIETARIO DISPONGA Y REALICE ACTOS DE ENAJENACION DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE ENFE, TODA VEZ QUE EL SEÑALADO SEÑOR EYNAR IVAN VISCARRA ANAVI y LA SEÑORA YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA, han suscrito la Minuta de fusión de Partidas bajo el Testimonio de la Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016 suscrito ante el Notario de Fe Publica N° 031 a cargo del Dr. Freddy Ticona Zúñiga y registrado en Derechos Reales bajo la matricula del Folio Real Computarizado N° 2.01.0.99.0214254 en cuyo registro se encuentra la superficie de 830m2 que pertenece a ENFE. Respecto a la causal de nulidad del contrato de transferencia. De acuerdo a las precisiones descritas en el Auto Supremo 176/2003 del 29 de abril de 2003 los institutos civiles referidos a la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos encuentran su máxima expresión en la nulidad y anulabilidad del negocio o acto jurídico. La invalidez del acto jurídico admite ciertos grados, invalidez que se relaciona con la existencia misma del acto por faltar algún elemento esencial constitutivo, o que aun existiendo el acto, no surte efectos por la existencia de un vicio interno, como los vicios del consentimiento. Así la nulidad y anulabilidad son institutos emergen del cuestionamiento de la validez y eficacia del acto jurídico (…) la nulidad es la nada jurídica, implica la inexistencia del contrato y no puede surtir efectos; es de orden público y es imprescriptible. Mientras que la anulabilidad, no desconoce la existencia del contrato, surte sus efectos en tanto y en cuanto no es impugnado judicialmente, es de orden privado y es prescriptible; y aunque en ambos casos debe ser declarada judicialmente como lo ordena el art. 546 del Código Civil, de ninguna manera significa que ambas figuras jurídicas deban ser pronunciadas en un mismo fallo. Asimismo, el efecto principal de la nulidad es hacer declarar en la vía judicial la inexistencia del contrato, es decir, que éste no pudo haberse formado y retrotraer las cosas al estado que tenían antes de celebrarse el contrato. Efecto diferente es el que produce la anulabilidad, cuyo efecto principal es el declarar que el acto jurídico aunque ha surtido sus efectos, ha sido anulado o impugnado y ya no puede ser confirmado. En efecto, la acción de nulidad es imprescriptible, como manda el art. 552 del Sustantivo Civil, tiene un plazo para ser accionada. En tal sentido, es necesario precisar que de acuerdo al artículo 549 del Código Civil Boliviano, establece de manera expresa en su numeral 1) que el contrato será nulo: Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la Ley como requisito de validez. En tal sentido, considerando que para la enajenación de bienes inmuebles públicos se requiere la autorización de órgano legislativo en el marco del numeral 7 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado (Abrogada), y dicha formalidad constitucional fue incumplida se observa que el contrato se encuentra con un vicio insubsanable en su formación, por lo que corresponde declarar su nulidad. Bajo estas consideraciones, y tomando en cuenta la forma de concepción u origen inexplicado del predio en cuestión, fueron arbitrariamente enajenadas, sin contar con una ley expresa que autorice la transferencia de bienes de la ENFE (Sector VITA), en clara contravención a las disposiciones legales contenidas en el NUM. 7 del Art. 59 (C.P.E. abrogada) y NUM. 13 del Art. 158 de la actual C.P.E. con relación a la enajenación de los bienes del Estado. VI. EL DERECHO EXPUESTO SUCINTAMENTE (NUM. 7 CPC): Señor Presidente, en apego a lo dispuesto lo dispuesto Art. 327 NUM 5) del CPC., me permito enumerar el derecho en el cual se funda la presente pretensión: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Art. 235 de la Constitución Política del Estado referente a las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos en sus Numerales: 1) Cumplir con la Constitución. 2) Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los Principios de la función pública. 3) Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. El derecho propietario de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, disgregados y explicados cronológicamente, se encuentra plenamente establecido conforme a las disposiciones contenidas en el PARÁGRAFO II DEL ART. 339 de la Constitución Política del Estado que señala: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas CONSTITUYEN PROPIEDAD DEL PUEBLO BOLIVIANO, INVIOLABLE, INEMBARGABLE, IMPRESCRIPTIBLE E INEXPROPIABLE; NO PODRÁN SER EMPLEADOS EN PROVECHO PARTICULAR ALGUNO”. Art. 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. (PRIMACIA DE LA CONSTITUCIÓN). Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014. Artículo 2. (Sala Especializada en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia). Se crea la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, con las siguientes atribuciones: 1. Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional. 2. Conocer y resolver las demandas Contenciosas Administrativas del nivel nacional, que resultaren de la oposición entre el interés público y privado. Código Civil. ARTÍCULO 74. (Noción y División).- I. Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derechos. II. Todos los muebles son inmuebles o muebles. ARTÍCULO 75. (Bienes Inmuebles).- I. Son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente. II. Son también inmuebles las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. ARTÍCULO 84. (Frutos Civiles).- Los intereses del capital, el canon del arrendamiento y otras rentas análogas son frutos civiles. Se adquieren día por día, proporcionalmente a la duración del derecho. ARTÍCULO 85. (Bienes del Estado y Entidades Públicas).- Los bienes del Estado, de los municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen. ARTÍCULO 105. (Concepto y Alcance General).- I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro V del Código presente. ARTÍCULO 109. (Prohibiciones de Enajenar).- Las prohibiciones legales de enajenar se rigen por las leyes que las establecen. Las prohibiciones voluntarias sólo se admiten cuando son temporales y están justificadas por un interés legítimo y serio. ARTÍCULO 110. (Modos de Adquirir la Propiedad).- La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley. ARTÍCULO 549. (Casos de Nulidad del Contrato).- El contrato será nulo: 1. Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley. 3. Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. 5. En los demás casos determinados por la ley. ARTÍCULO 552. (Imprescriptibilidad de la Acción de Nulidad).- La acción de nulidad es imprescriptible. ARTÍCULO 553. (Inconfirmabilidad del Contrato Nulo).- Salva disposición contraria de la ley, el contrato nulo no puede ser confirmado. ARTÍCULO 1391. (Cancelación Judicial).- I. A petición de parte interesada, puede ordenarse judicialmente la cancelación cuando: La inscripción fue realizada sin título legal ni convencional. (…) 5 . La inscripción es nula por un vicio de forma. ARTÍCULO 1453. (Acción Reivindicatoria).- I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe rembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella. ARTÍCULO 1454. (Imprescriptibilidad de la Acción Reivindicatoria).- La acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión. ARTÍCULO 1545. (Preferencia entre Adquirientes de un mismo Inmueble).- Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título. Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- De conformidad a lo previsto por la Disposición Transitoria Decima de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, quedan vigentes los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, sobre Procesos: Contencioso y Resultante de los Contratos, Negociaciones y Concesiones del Poder Ejecutivo y Contencioso Administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada. Ley N° 025 de 24 de junio de 2010. DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA,- Los juzgados y salas en materia administrativa, coactiva, tributaria y fiscal, continuaran ejerciendo sus competencias hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada. Código de Procedimiento Civil. ARTICULO 775.- (Demanda). En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327. ARTICULO 776.- (Representación del poder ejecutivo). Representarán al Poder Ejecutivo, como demandante o demandado, el Ministro de Estado cuyo despacho hubiere intervenido en el contrato, negociación o concesión, y el Fiscal General de la República. ARTICULO 777.- (Tramite y resolución). El trámite y resolución de la causa se sujetará a lo previsto para el proceso ordinario de hecho o de puro derecho, según la naturaleza del asunto. LÍNEA JURISPRUDENCIAL. El numeral 7 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado abrogada dispone que para autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público; es una atribución del Poder Legislativo. El artículo 137 del referido Texto Constitucional señala que los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla. Al respecto, la Sentencia Constitucional 32/2006 de 10 de mayo de 2006 permite aclarar los siguientes aspectos puntuales en relación a los artículos citados precedentemente: “La competencia del numeral 7 del artículo 59 de la Constitución se refiere al control de la enajenación de los bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y otros bienes de dominio público, a título gratuito u oneroso. Para ese efecto, el Poder Legislativo, previa constatación de antecedentes, autorizará dicha enajenación mediante una ley de la República. Ello, también, significa un sistema de control previo por parte del Legislativo, ya que dispone que el Poder Ejecutivo central, la administración departamental o Prefectura, el Gobierno Municipal y las Universidades, acudan a aquél, para recabar autorización previa con el fin de poder disponer la enajenación de sus bienes. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional ha establecido lo siguiente: "De otro lado resulta importante señalar que, según la doctrina del Derecho Administrativo, los bienes del Estado se clasifican en: a) Bienes dominiales, aquellos que integran el patrimonio público indisponible del Estado, los que devienen del dominio original de la Nación y tienen su fundamento en la soberanía del Estado; dadas sus características son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no susceptibles de propiedad privada, es decir, intransferibles. Dentro de este grupo se ubican los bienes de dominio público aéreo, los de dominio público marítimo, los de dominio público terrestre, dentro de este último grupo de bienes se ubican determinadas riquezas nacionales de carácter estratégico como los minerales, o los hidrocarburos; las riquezas históricas y culturales del Estado. b) Bienes dominicales, aquellos que integran el patrimonio privado del Estado, por lo mismo son prescriptibles, embargables y disponibles, es decir, susceptibles de sustracción del destino de uso público para que ingrese al dominio privado, por lo tanto son transferibles según los mecanismos y procedimientos previstos por la Constitución Política del Estado y las leyes. En este grupo de bienes se encuentra los bienes inmuebles, muebles, enseres que son ocupados y utilizados por los órganos del poder central, regional o gobiernos locales autónomos, las entidades descentralizadas, autónomas, autárquicas y las empresas estatales. Dentro de esa clasificación, algunos Estados constituyen una categoría especial de bienes que, por importancia estratégica para su desarrollo económico, o por tener un valor histórico, se constituyan en intangibles, inalienables e inviolables, bienes que los catalogan como "Patrimonio Nacional" o "Patrimonio de la Nación". En ese entendido la clasificación señalada, permite establecer que existen dos tipos de bienes del Estado, aquellos dominiales, que son los descritos en el artículo 136 del Texto Constitucional que tiene como principal característica que no pueden ser transferidos ni adjudicados bajo ningún título, Asimismo, se tienen los bienes dominiales que están conformados entre otros, por los bienes patrimoniales de las entidades descentralizadas, entre los cuales también se encuentran los bienes patrimoniales de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, en el marco del Decreto Supremo No. 24177 de 08 de diciembre de 1995, cuya característica radica en que los mismos si pueden ser transferidos, aclarando que la transferencia debe ser realizada bajo los procedimientos descritos en la Constitución Política del Estado y las Leyes, en virtud a ello, para este tipo de bienes se aplica lo establecido en el numeral 7 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado (abrogada) por lo que se requiere la autorización del poder legislativo mediante una Ley nacional. Por su parte la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0686/2012 del 02 de agosto de 2012, que ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto Supremo No. 16435, permite identificar los aspectos principales del alcance los artículos mencionados anteriormente al señalar lo siguiente: (..) El Estado organiza y estructura su poder público a través de cuatro órganos: el Legislativo compuesto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada a su vez por dos Cámaras, la de Diputados y de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen en todo el territorio boliviano; es decir, que tiene potestad legislativa, de control y fiscalización; el Ejecutivo compuesto por el Presidente del Estado, el Vicepresidente y los Ministros de Estado, órgano que tiene la potestad reglamentaria, administrativa y ejecutiva; el Judicial con facultad jurisdiccional y el Electoral Plurinacional, responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Estas funciones no pueden ser reunidas en un sólo órgano ni son delegables entre sí, por ello es conveniente señalar que el principio fundamental de separación de funciones, denominado también como el principio de división de poderes, implica la distribución de competencias y potestades entre los órganos para el ejercicio del poder público; constituyéndose esa distribución en una limitante para cada órgano, que solamente podrá ejercer las potestades que son parte de su competencia. Lo descrito anteriormente implica que si bien las entidades públicas del órgano ejecutivo tienen la facultad de administrar y disponer de sus bienes patrimoniales, esto no quiere decir que tengan una facultad expresa para evadir la función de control y fiscalización otorgada al poder legislativo (actual órgano legislativo), esto bajo la previsión del numeral 7 del artículo 59 del Texto Constitucional (abrogado) que establece que el congreso nacional en representación de la soberanía popular pueda autorizar la transferencia de bienes patrimoniales, evitando su disposición arbitraria. En concordancia con lo anterior, es importante tomar en cuenta que de acuerdo a lo previsto en las Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante la Resolución Supremo No. 216145 de 3 de agosto de 1995, vigentes al momento de la Licitación Pública Nº G.C.B.I. - 010 L.P., establecen lo siguiente: “Las presentes normas se aplicarán a todos los activos de propiedad de la entidad, cuyo arrendamiento, enajenación y baja no estén prohibidos por ley o por convenios internacionales. Están excluidos los bienes de dominio público, los bienes considerados como inversión estratégica, los bienes declarados patrimonio cultural y el material bélico de las Fuerzas Armadas”. En tal sentido, el procedimiento de licitación ha nacido viciado ya que se aplicó un procedimiento que estaba previsto para activos de la entidad y no expresamente para bienes inmuebles, los cuales al formar parte del patrimonio estatal requieren autorización legal para su perfeccionamiento. Bajo ese contexto conforme a lo señalado en el Auto Supremo No. 112/2016 la protección a los terceros de buena fe nunca se aplica en los casos de nulidad de documentos que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del CC -efectos de la nulidad-, las cosas vuelve al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás (terceros de buena fe) las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art. 134 del CC, situación que en el caso de autos no concurre. En tal sentido, esta nulidad tiene efectos Ex tunc, “desde el origen”; la nulidad ex tunc es una nulidad que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, término latino, utilizado para referirse a una acción que produce efectos desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica a ese estado anterior. De igual manera, de acuerdo al Auto Supremo 9/2017 de 17 de enero de 2017, se aclara que la nulidad o invalidez es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución. Asimismo en el Auto Supremo No 1037/2015-L se orientó: La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del C.C., nulidad que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. En tal sentido, la contravención evidente al mandato constitucional y los procedimientos administrativos vigentes al momento de la disposición de bienes de ENFE de forma ilegal en desmedro de los intereses del Estado, no puede ser convalidada ni por el transcurso del tiempo, ni por transferencias posteriores a terceros implicados en el caso, considerando que aún se tratan de bienes del Estado que deben ser recuperados al tenor del Art. 4 del Decreto Supremo No. 28971 de fecha 15 de diciembre de 2006, que “INSTRUYE AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ENFE, A TOMAR LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES A RECUPERAR BIENES Y RECURSOS DE ENFE QUE SE ENCUENTREN EN MANOS DE TERCEROS Y A OBTENER EL DEBIDO RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO CAUSADO POR AUTORIDADES, EX AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES...” así como el Art. 6 Decreto Supremo N° 24177 de fecha 8 de diciembre de 1995, que indica: “LOS BIENES DE ENFE NO AFECTADOS AL SERVICIO PÚBLICO FERROVIARIO CONSTITUYEN BIENES PATRIMONIALES DE ESTA EMPRESA, CORRESPONDIENDO A LA MISMA EJERCER LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS PARA SU ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN”. En ese contexto éstas normas invocadas resultan necesarias en la tarea interpretativa que debe realizar la autoridad jurisdiccional, la cual por lo demás se circunscribe en lo demandado, con un trance de disposición traducido en la ilegal transferencia carente de legitimidad de un acto de dominio traslativo de bienes de PROPIEDAD DEL ESTADO BOLIVIANO y sin Ley expresa como defiere la norma primigenia. DERECHO AL DEBIDO PROCESO: El Art. 117 de la Constitución Política del Estado, establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso y nadie sufrirá sanción alguna sino por medio de sentencia ejecutoriada dispuesta por autoridad competente, dicho derecho es restringido e ilegalmente incumplido en la especie, puesto no se proceso o interpreto debidamente los postulados normativos inmersos en los Arts. 158 NUM 13) y 339-II) de la Constitución Política del Estado en lo que respecta a la valoración del derecho propietario sobre bienes del estado así como de los medios y formas de su enajenación, en el presente caso de LEY EXPRESA. DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA: El Art. 14 de la Constitución Política del Estado, establece que las Leyes Bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano y que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y tratados internacionales de derechos humanos, se viola la seguridad jurídica en la especie toda vez que no se garantiza por la parte recurrida la aplicación objetiva de la Ley, normas que dan la fuerza probatoria a la demanda interpuesta y citada anteriormente, siendo que a partir de la Sentencia Constitucional Nro. 0287/1999-R de 28 de octubre de 1999 que vislumbro una línea jurisprudencial, se ha entendido a la seguridad jurídica de acuerdo con lo definido por el profesor Víctor de Santo en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Económicas (…) “la seguridad jurídica es la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, representa la garantía de aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio”, de igual modo resulto de aplicación uniforme el entendimiento de que la seguridad jurídica “representa la garantía constitucional de la aplicación objetiva y real de la Ley en cualquier área del derecho”. Existen ciertos actos jurídicos que deben someterse por mandato de la ley a cánones sacramentales o rituales cuya omisión hace imposible su existencia, actos solemnes que además de voluntad, objeto y causa, requieren como se dijo, de formas o formalidades especiales e imprescindibles y solemnes. La nulidad, se constituye en una forma de ineficacia, que deriva de un vicio sustancial de legalidad en cualquiera de los presupuestos del acto o negocio jurídico en el momento de su celebración, pero esa validez o eficacia al inicio, no impide, que después otras circunstancias sobrevivientes, lo hagan también ineficaz. Evidentemente la nulidad, del acto jurídico reside en un vicio originario y sustancial de legalidad, con ineficacia ex tunc, que impide que un acto irregular, defectuosamente celebrado pueda surtir efectos. Bajo estas consideraciones, y tomando en cuenta la forma de concepción u origen de la enajenación del inmueble en cuestión, fueron arbitrariamente adquiridos, sin contar con una ley expresa que autorice la transferencia de bienes de la ENFE, en clara contravención a las disposiciones legales contenidas en el NUM. 7 del Art. 59 (C.P.E. abrogada) y NUM. 13, PAR I) del Art. 158 de la actual C.P.E. con relación a la enajenación de los bienes del Estado. En ese contexto éstas normas invocadas resultan necesarias en la tarea interpretativa que debe realizar la autoridad jurisdiccional, la cual por lo demás se circunscribe en lo demandado, como en el presente caso que es de avasallamiento y despojo con un trance de disposición traducido en la ilegal transferencia carente de legitimidad de un acto de dominio traslativo de bienes de PROPIEDAD DEL ESTADO BOLIVIANO y sin Ley expresa como defiere la norma primigenia. Exhortación del órgano ejecutivo en relación a la recuperación del predio a favor de ENFE. Por lo señalado, existe una motivada razón por la cual ENFE se encuentra fundamentada a realizar la recuperación de sus bienes que fueron enajenadas mediante la señalada licitación pública, siendo que la misma no tiene la Autorización del Poder Legislativo, aun mas considerándose “QUE NO EXISTE DENTRO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, NINGUNA LEY SANCIONADA DESDE 1996 HASTA LA PRESENTE GESTIÓN, ESTO QUIERE DECIR, QUE LA VULNERACIÓN A ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL AUN PERDURA EN EL TIEMPO”, por lo que corresponde declarar la nulidad de la minuta y el contrato de transferencia primigenio, vale decir, los términos transcritos en la Escritura Publica 732/1997 de 17 de febrero de 1997 y las subsiguientes trasnferencias. VII. LA CUANTIA, CUANDO SU ESTIMACIÓN FUERE POSIBLE (NUM. 8 C.P.C.): Señor Presidente, la disposición contenida en el NUM 8) del Art. 327 del Código Procesal Civil (abrogado), es clara al señalar con relación al precio o cuantía del predio motivo de la litis, al efecto debo señalar que no se ha realizado el avaluó respectivo por la imposibilidad y negativa de los actuales detentadores del mismo. Por lo que ante ésta situación atendible, solicito una vez pronunciada la sentencia correspondiente, en ejecución de dicho fallo se presentará la cuantía conforme a procedimiento. VIII. PETICION EN TÉRMINOS CLAROS Y POSITIVOS (NUM. 9 C.P.C.): Por todo lo expuesto y al amparo de las disposiciones contenidas en el Art. 2 de la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014; Arts. 74, 75, 84, 85, 105, 109, 110, 549, 552, 553, 1453 y 1454 del Código Civil; Arts. 775, 776 y 777 del Código de Procedimiento Civil, y por mandato de la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, interpongo demanda contenciosa de NULIDAD DE LA MINUTA DE TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 1996, ASÍ COMO LA NULIDAD DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS N° 732/1997 DE 17 DE FEBRERO DE 1997, Escritura Pública N° 571/2012 de 26 de septiembre de 2012, Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013 y Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016; LA CANCELACION DE LOS FOLIOS REALES Nº 2.01.0.99.0074031 y N° 2.01.0.99.0214254 EN OFICINAS DE DERECHOS REALES, MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD, MÁS LA REIVINDICACIÓN AL CORPUS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MANCO KAPAC S/N; LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE MAS LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, en contra de los representantes legales de la Empresa Laboratorios VITA S.A. CARLOS JÓSE KIEFFER CÁCERES, MAGNA CACHI RODRIGUEZ, GIOVANNA LUISA DE UGARTE BOLAÑOS, ANABELLA LUZ LOAYZA CHUMACERO; CAROL KIEFFER CÁCERES, CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, EYNAR IVAN VISCARRA ANAVI y YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA, de generales de ley ya señaladas en punto III., solicitando que conforme a derecho y luego de los trámites de rigor se dicte Sentencia declarando PROBADA la presente demanda contenciosa, en consecuencia, DECLARANDO LA NULIDAD DE LA MINUTA DE TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 1996, ASÍ COMO LA NULIDAD DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS N° 732/1997 DE 17 DE FEBRERO DE 1997, Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013 y Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016; LA CANCELACION DE LOS FOLIOS REALES Nº 2.01.0.99.0074031 y N° 2.01.0.99.0214254 EN OFICINAS DE DERECHOS REALES, MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD, MÁS LA REIVINDICACIÓN AL CORPUS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MANCO KAPAC S/N, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE MAS LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, y sea con las formalidades de ley. OTROSÍ 1º.- Señor Presidente, adjunto en calidad de prueba instrumental pre-constituida la siguiente documentación: Resolución Suprema Nº 21218 de 10 de mayo de 2017 de designación en el cargo de Presidente Ejecutivo a.i. del Directorio de la ENFE. ESCRITURA PÚBLICA Nº 12 DEL AÑO 1968 OTORGADO POR WALTER CALDERON DURAN – NOTARIO DE HACIENDA DE LA PAZ, de fecha 17 de enero de 1968, que señala como el Estado Boliviano ha adquirido el Derecho Propietario de las vías principales y auxiliares, derechos de vía de hasta 15 metros a cada lado del eje de vía, estaciones, sub estaciones, sus márgenes de seguridad, almacenes, edificios, bodegas, cuadros de estación que sea necesarios para las operaciones ferroviarias de transportes de pasajeros y carga incluidos andenes, plataformas, espacios para acceso, circulación, espera, terrenos destinados a instalaciones fijas de cualquier tipo, etc., mismas que se encuentran plenamente detalladas e identificadas en dicho instrumento. Certificación GADLP/DGNG/CERT-022/2019 de 10 de junio de 2019 emitida por la Dra. Tatiana Lourdes Villanueva Mamani – Directora General de Notaria de Gobierno de La Paz. Nota CITE: CD-SG N° 186/2019-2019 de 25 de abril de 2019, suscrito por Abg. David Ordoñez Gareca – Secretario General de la Cámara de Diputados: remitiendo los informes CD-SG-HVRA N° 002/2019-2020 y SG-UATLSI-WGT N° 6/2019 y la nota CITE: ALP-CD-DRAP-AC-016/2019-2020 sobre la inexistencia de ley de transferencia a favor de la Empresa Laboratorios VITA S.A., Carol Kieffer Cáceres, Carmen Carla Kieffer Cáceres Eynar Ivan Viscarra Anavi. Fotocopia Legalizada del ACTA DE DESAFECTACIÓN DEFINITIVA ESTACIÓN CENTRAL “LA PAZ” Y DESVINCULACIÓN TRAMO FERROVIARIO LA PAZ – EL ALTO DEL CONTRATO de Licencia suscrito por la Superintendencia de Transportes, Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, La Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE y la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima de fecha nueve de enero 1998, fecha hasta la cual el servicio ferroviario estaba dentro del servicio público ferroviario. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAFCO) Resolución Suprema 216145 de 3 de agosto de 1995. Documentación referente a Proceso de Licitación Pública G.C.B.I. 010 L.P. por el cual se enajena el inmueble ubicado en la calle Manco Kapac s/n con una superficie de 830 m2 a favor de la empresa Laboratorios Vita S.A. (fotocopias simples). Formulario de Derechos Reales (Información Rápida), Documento: 2006550, Tramite: 2927988; de 18 de abril de 2019. OTROSÍ 2º.- Señor Presidente, en estricta observancia de las disposiciones contenidas en el Art. 111.I) del Código Procesal Civil con relación a la no disposición material de la prueba a tiempo de presentar la demanda contenciosa, me permito indicar el contenido y el lugar donde se encuentran a cuyo efecto solicito se oficie a los mismos para que el plazo previsto en la norma antes citada remitan duplicados de la documentación que se señala a continuación: Escritura Pública Nº 732/96 de fecha 01 de noviembre de 1996 suscrito ante la ex Notaria de Gobierno de La Paz a cargo de la Dra. Rosario Jiménez Pinaya, (actualmente Dra. Tatiana Lourdes Villanueva Mamani – Directota General de Notaria de Gobierno), sobre Transferencia de Propiedad de un inmueble ubicado en la calle Manco Kapac s/n. que otorga la Empresa Nacional de Ferrocarriles a favor de Laboratorios “VITA S.A.”. Escritura Pública N° 571/2012 de fecha 26 de septiembre de 2012, suscrito ante la Notaria de Fe Publica N° 95 a cargo del Notario Dr. Marcelo E. Baldivia Marín, sobre Transferencia de Propiedad de un inmueble que otorga el Sr. Jorge Hugo Tejerina Peñaranda en representación legal de Laboratorios Vita S.A., a favor de las señoras Carol Kieffer Cáceres y Carmen Kieffer Cáceres; por el cual Laboratorios “VITA S.A.” transfiere el predio ubicado en la calle Manco Kapac s/n. Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013, suscrito ante Notario de Fe Publica Dra. July Verónica Tupa Sánchez – Notaria de Fe Pública Nº 87, sobre Transferencia de Propiedad de un Inmueble, debidamente elevada a reconocimiento de firmas y rubricas, otorgada por las señoras Carol Kieffer Cáceres, representada legalmente por la señora Carmen Rosa Cáceres Rivero de Kieffer y Carmen Carla Kieffer Cáceres, como vendedoras en favor del señor Eynar Iván Viscarra Anavi. Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016, bajo la custodia del Dr. Carlos Emerson Gutiérrez Ávila – Notario de Fe Pública Nº 31 de la ciudad de La Paz, sobre Fusión de Partidas. OTROSÍ 3º.- Señor Presidente, invocando nuevamente las previsiones contenidas en el Art. 111-I) del Código Procesal Civil solicito SE OFICIE a las y los Notarios de Fe Pública nombrados en el Otrosí 2º que antecede a los fines de que los mismos remitan duplicados de las Escrituras Públicas señaladas, y sea con las formalidades de ley. OTROSÍ 4º.- Señor Presidente, se OFICIE a la Sub Alcaldía Maximiliano Paredes del Macro Distrito (2) del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz del Departamento de La Paz, a los fines de que disponga la PARALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES O DE CONSTRUCCIÓN en el predio motivo de la litis, y sea con las formalidades de ley. OTROSÍ 5º.- Señor Presidente, en el marco de los artículos 310, 311, 324, 336 y 337 del Código Procesal Civil, solicito ante vuestra autoridad se disponga de forma urgente la aplicación de las medidas cautelares de PROHIBICIÓN DE INNOVAR y CONTRATAR sobre el objeto de la presente demanda, solicitando que por secretaría se extienda las ejecutoriales de ley para su respectiva inscripción en las dependencias correspondientes. Asimismo, en observancia de las disposiciones contenidas en el Art. 1552 del Código Civil modificada por el Art. 39 de la Ley 004 de 31/03/2010, concordante con el Art. 325 de la Ley Nº 439 de 19/11/2013, a los fines de precautelar los bienes del Estado administrados por ENFE, en la vía de medidas cautelares, solicito se disponga la ANOTACIÓN PREVENTIVA del inmueble motivo de la litis en oficinas de DD.RR. registrado bajo el folio real Nº 2.01.0.99.0214254 y se con las formalidades de ley. Finalmente se disponga la PROHIBICIÓN DE INNOVAR y CONTRATAR, todo bajo el siguiente fundamento de orden legal de hecho y derecho: Fundamento de hecho de las medidas cautelares: Dando cumplimiento a lo establecido por el art. 310 y 311 del Código Procesal Civil, se identifican los siguientes aspectos: i) verosimilitud del derecho, (apariencia de buen derecho), en razón de que el predio objeto de la demanda se trata de un bien de propiedad del Estado Boliviano, reconocido a nivel registral como también a nivel normativo, en virtud a su condición de bien que en su momento fue necesario para la prestación de un servicio público y actualmente forma parte de un área de expansión que será necesario para proyectos de interés público. Por ello, al haberse realizado una transferencia sin cumplir con los presupuestos constitucionales y legales vigentes en el país, existe la necesidad de precautelar los intereses del Estado, por lo que se debe velar por la conservación del bien inmueble evitando que se prosiga con su ilegal transferencia a terceras personas o la construcción sobre bienes del Estado que tendrán otra finalidad. En tal sentido, debe prevalecer el interés general sobre el particular, velando por la eficacia de la sentencia a ser dictada en la presente causa. Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo III de los artículos 310 y 311 del Código Procesal Civil. se adjunta a la presente la Escritura Pública No. 12/1968 registrada bajo la Partida N° 167 y Fs. 167 del Libro 1 – B, así como el Testimonio de la Escritura No. 424 con los antecedentes dominiales a favor de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE del predio objeto de la demanda, Ley del Ferrocarril de 3 de octubre de 1919 y Decreto Supremo Nº 24177 de 8 de diciembre de 1995; ii) peligro en la demora: El peligro en la demora constituye un elemento inherente al proceso cautelar como presupuesto genérico del mismo, teniendo como principal fundamento la demora procesal y el tiempo necesario que debe transcurrir entre el inicio del proceso principal hasta el fallo definitivo o sentencia. En tal sentido, se debe considerar que aguardar para la paralización de obras hasta la conclusión del proceso contencioso implicaría un alto riesgo a los intereses del Estado ya que podría tener lugar una construcción particular sobre bien del Estado distorsionando la funcionalidad del mismo, de igual manera, si no se aplica la prohibición de innovar el bien inmueble podría ser sujeto de nuevas transferencias ilegales en desmedro de los intereses del Estado, por lo tanto existe una inminente necesidad de aplicar la medida cautelar de manera inmediata. iii) En cuanto a la procedencia sin contracautela: En el marco del artículo 320 del Código Procesal Civil se solicita la aplicación de la medida sin contracautela, al tratarse de bienes estatales que deben ser preservados con prioridad. Determinación de la medida cautelar y sus alcances: Por todo lo descrito anteriormente se solicita a su autoridad que a tiempo de admitir la demanda se disponga la aplicación de las medidas cautelares solicitadas en el marco del artículo 336 del código procesal civil, considerando la verosimilitud del derecho y el peligro inminente de alterarse la situación jurídica del bien público si se aguarda sentencia. En tal sentido, se solicita se disponga que los demandados y actuales poseedores Eynar Iván Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzales Foronda tengan prohibida la posibilidad de suscribir contratos que recaigan sobre el bien objeto de la presente demanda. De igual manera, en el marco de lo previsto en el artículo 325 se solicita instruir a la oficina de derechos reales de la ciudad de La Paz la anotación preventiva del bien inmueble objeto de la demanda contenciosa. Finalmente, en el marco del artículo 324 del Código Procesal Civil se solicita a vuestra autoridad disponer la paralización de toda obra de construcción en dicho bien inmueble con el propósito de evitar poner en riesgo los intereses del Estado, toda vez, que el predio en cuestión se constituye en un PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE, y que por las construcciones efectuadas por el actual detentador, pone en inminente riesgo de sufrir serios daños en las “pilonas” base de los puentes, así como la misma estructura férrea antes señalada. OTROSÍ 6º.- Señor Presidente, a los fines de poner en conocimiento de los demandados la presente acción contenciosa, en estricta observancia de las disposiciones contenidas en el Art. 81-I) de la Ley 439 de 19/11/2013, solicito se libre PROVISIONES CITATORIAS, encomendando su ejecución y cumplimiento al Tribunal Departamental de La Paz, y sea con las formalidades de ley. OTROSI 7°.- Adjunta fotocopia de Auto Supremo de 19 de septiembre de 2019, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, correspondiente al expediente: 168/2019, la misma de una anterior demanda contenciosa, que fue declarada “Por No Presentada” conforme al Art. 333 del CPC, extremo este que solicito se tenga presente a los fines de la admisión de la demanda desarrollado en lo principal y sea con las formalidades. OTROSÍ 8º.- Señor Presidente, De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 72 del Código Procesal Civil, señalo domicilio en el Pasaje 6 de Agosto Nº 315 de la Zona Quirpinchaca de ésta ciudad, correo electrónico ENFE6909@hOTMAIL.COM, solicitando se tenga presente con las formalidades de ley. “EN DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO PLURINACIONAL”. Sucre, 25 de Noviembre de 2019. Fdo. Walter Boris Escobar Torrez. PRESIDENTE EJECUTIVO a.i. EMPRESA NAL. FERROCARRILES. Fdo. Felipe Fernández. DIRECTOR JURÍDICO. EMPRESA NAL. FERROCARRILES. Fdo. Lizandro Rodrigo Arteaga Flores. ABOGADO. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. R.P.A. N° 599819BLRAF-A. Fdo. Froylan F. Ariñez Quenallata. ABOGADO. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. M.C.A. 6063. R.P.A. 2468085FFAQ-A. Fdo. Dr. F. Martín Gamboa Lanza. ASESOR LEGAL. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. ENFE REGIONAL POTOSÍ – SUCRE. ICA. 1567 CONALAB 9124. Fdo. Giovanni R. Montecinos Cortez. ABOGADO. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. M.C.A. 9485. R.P.A. 4286900GRMC-A. Fdo. Eduardo E. Sosa Humerez. ABOGADO – ENFE. R.P.A. 6996054EESH. EMPRESA DE FERROCARRILES. ------------------------------------------------------ SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. CAUSA NUEVA. DEMANDANTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE representada por WALTER BORIS TORRES. DEMANDADO: LABORATORIOS VITA S.A. representada por Carlos José Kieffer Cáceres. Recibido de Auxiliar de Plataforma, en fecha 28 de noviembre de 2019, a fs. 80 (1 cuerpo) sin anexos. Observaciones. Ninguna. Certifico. Abog. Jahadai Nina Terán. AUXILIAR SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM. SOCIAL Y ADM. PRIMERA. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Recibido en Secretaría de Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda Contencioso, Expediente N° 259/2019-C, en fecha 28/11/2019, a horas 15:25. (Consta de fs. 80, en 1 cuerpo sin anexos). Ingresa a despacho del Magistrado Tramitador, Dr. José Antonio Revilla Martínez, en fecha 29/11/2019 por turno de ingreso de causa. Certifico. Fdo. María del Rosario Vilar Gutiérrez. SECRETARIA DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM. SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA. TIRBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.------------------------------------------------------------------------------- PROVIDENCIA DE 02 DE DICIEMBRE DE 2019. Revisado minuciosamente la demanda incoada de fs. 67 a 80 vta., se menciona que la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE es representada legalmente por WALTER BORIS ESCOBAR TORRES, y es en tal condición que interpone demanda contenciosa contra CARLOS JOSÉ KIEFFER Y OTROS. Contrastando la Resolución Suprema 21218ª fs. 2, la cual hace mención a su apersonamiento, el mismo no acredita la función que menciona la demanda, por lo que el mismo no faculta el representante iniciar a nombre de la referida Empresa, proceso contencioso en consecuencia a objeto de garantizar el debido proceso, respecto a la tramitación de la presente causa, se observa la demanda de fs. 67 a 80 vta, otorgándole al impetrante plazo de ocho (8) días computables a partir de su legal notificación a objeto de subsanar dicha situación, bajo advertencia de tenerse como no presentada, en caso de no subsanar dicha observación. Con esta resolución deberá notificarse al actor, en su domicilio procesal, conforme lo solicitado en el otrosí octavo de memorial de demanda de fs. 67 a 80 vta. Fdo. Lic. José Antonio Revilla Martínez. MAGISTRADO. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Ante Mí. Fdo. María del Rosario Vilar Gutiérrez. SECRETARIA DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- MEMORIAL DE 14 DE ENERO DE 2020.- SEÑOR PRESIDENTE Y W. DE LA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SOCIAL PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE SOLIVIA. EXPEDIENTE: N° 259/2019 C. EN MÉRITO A LO QUE EXPONE SUBSANA LO OBSERVADO Y SOLICITA ADMISIÓN DE LA DEMANDA CONTENCIOSA QUE INDICA. OTROSÍ.- SE RATIFICA EN TODOS LOS TERMINOS DE DEMANDA CONTENCIOSA. MÁS OTROSÍ.- ADJUNTA RESOLUCIÓN SUPREMA QUE SEÑALA. ÚLTIMO OTROSÍ.- ADJUNTA FOTOCOPIAS DE DECRETOS SUPREMOS. SANDRA CAROLA CENTELLAS RODRIGUEZ, mayor de edad y hábil por ley, identificado con la Cédula N° 3913493 Sta. Cruz, en la demanda contenciosa seguida en contra de CARLOS JÓSE KIEFFER CÁCERES, MAGNA CACHI RODRÍGUEZ, GIOVANNA LUISA DE UGARTE BOLAÑOS, ANABELLA LUZ LOAYZA CHUMACERO, LABORATORIOS "VITA" S.A., CAROL KIEFFER CÁCERES, CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, EYNAR TVÁN VISCARRA ANAVI y YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA, sobre Nulidad de la Escritura Pública N° 732/2017 de 17 de febrero de 1997, Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013 y Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016; Cancelación del Folio Real 2.01.0.99.0214254 en oficinas de Derechos Reales, Mejor Derecho de Propiedad, Más Reivindicación al Corpus del Bien Inmueble ubicado en la calle Manco Kapac s/n, e Indemnización de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, ante las consideraciones de sus autoridades, con el debido respeto me presento expongo y pido: I. APERSONAMIENTO Y LEGITIMIDAD. Señor Magistrado y W. , mediante Resolución Suprema No. 26155 -A de fecha 03 de diciembre de 2019 emitida por la Sra. Jeanine Añez Chávez - Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, he sido designada PRESIDENTA EJECUTIVA a.i. DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES "ENFE", por lo que tengo a bien apersonarme ante vuestras autoridades en representación de la Empresa antes nombrada, solicitando se reconozca mi personería a efecto de estar a derecho y se me hagan conocer posteriores actuaciones en mi domicilio procesal señalado para dicho efecto, en concordancia con la Sentencia Constitucional N° 00668/2005 y N° 022/2003 - R de 8 de Enero y el numeral 1 del Art. 52, capítulo Tercero del Código Procesal Constitucional Ley 254 de 5 de julio de 2012, y sea con las formalidades de ley. II. ANTECEDENTES. Conforme se desprende de obrados, el Sr. Walter Boris Escobar Torrez (Ex Presidente Ejecutivo a.i. de la ENFE), en pleno uso de sus facultades interpuso demanda contenciosa amparado en las disposiciones contenidas en el Art. 2 de la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014, Arts. 74, 75, 84, 85, 105, 109, 110, 549, 552, 553, 1453 y 1454 del Código Civil; Arts. 775, 776 y 777 del Código de Procedimiento Civil, y por mandato de la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, en contra de Carlos Jóse Kieffer Cáceres, Magna Cachi Rodríguez, Giovanna Luisa De Ugarte Bolaños, Anabella Luz Loayza Chumacero representantes legales de Laboratorios "Vita" S.A., Carol Kieffer Cáceres, Carmen Carla Kieffer Cáceres, Eynar Iván Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzales Foronda, sobre NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA N° 732/2017 DE 17 DE FEBRERO DE 1997, Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013 y Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016; CANCELACION DEL Folio Real 2.01.0.99.0214254 en oficinas de DERECHOS REALES, MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD, MÁS REIVINDICACION AL CORPUS DEL BIEN INMUEBLE ubicado en la calle Manco Kapac s/n, E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE; siendo el origen de esta postulación jurisdiccional el Proceso de Capitalización (Ley N° 1544 de 21 de marzo de 1994) se enajenó bienes estatales que administraba la Empresa Nacional de Ferrocarriles - ENFE, mediante diversas licitaciones públicas llevadas a cabo en las gestiones 1996 y 1997, evidenciándose que tales actuados realizados por la administración de ese entonces carecían o carecen de legalidad al incumplir el ritual Constitucional vigente en ese periodo que señalaba y también la actual señala que toda transferencia de bienes y pa trímoni o del Estado se la efectúa a través de una LEY EXPRESA (Art. 59 Num. 7 de la anterior CPE. y Art. 158 Num. 13 de la CPE. actual),, en el entendido de no contar con una Ley Expresa sancionada por el Poder Legislativo (hoy Órgano Legislativo). III. DE LA OBSERVACIÓN A LA DEMANDA CONTENCIOSA, Señores Magistrados, conforme se desprende de la Resolución (providencia) de fecha 02/12/2019, haciendo mención a la Resolución Suprema N° 21218 de fs. 2, se observa que en el mismo no acreditaría la función que se menciona en la demanda, por lo que se consideraría que el nombrado Ex Presidente de la ENFE, no se encontraría facultado para iniciar el proceso contencioso citado en el exordio, empero no se explica con claridad cuál sería el óbice para tal impedimento. IV. DE LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL RESPECTO A LA LEGITIMIDAD DE REPRESENTACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA a. i. DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. Señores Magistrados, teniendo en cuenta los postulados normativos contenidos en el Art. 235 de la Constitución Política del Estado referente a las OBLIGACIONES DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS en sus Numerales: 1) CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN. 2) CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA. 3) RESPETAR Y PROTEGER LOS BIENES DEL ESTADO, Y ABSTENERSE DE UTILIZARLOS PARA FINES ELECTORALES U OTROS AJENOS A LA FUNCIÓN PUBLICA. Bajo éste precepto Constitucional se han iniciado diferentes procesos como el presente por la Ex Autoridad Ejecutiva de la ENFE, teniendo en su momento plena facultad y atribuciones determinadas en las siguientes normas legales: • Art. 410.- (PRIMACIA DE LA CONSTITUCIÓN). I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. • ART. 339 PARÁGRAFO II.- Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas CONSTITUYEN PROPIEDAD DEL PUEBLO BOLIVIANO, INVIOLABLE, INEMBARGABLE, IMPRESCRIPTIBLE E INEXPROPIABLE; NO PODRÁN SER EMPLEADOS EN PROVECHO PARTICULAR ALGUNO". (Constitución Política del Estado) • Art. 52. (ENUMERACIÓN GENERAL).- Son personas colectivas: 1. El Estado boliviano, la Iglesia católica, los municipios, las universidades y demás entidades públicas con personalidad jurídica reconocida por la Constitución Política y las leyes. 2. Las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en general, educativas, religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, así como las fundaciones. Ellas se regulan por las normas genéricas del Capítulo presente, sin perjuicio de las leyes y disposiciones especiales que les conciernen. Las órdenes, congregaciones y otros institutos dependientes de la Iglesia Católica se rigen internamente por las disposiciones que les son relativas. 3. Las sociedades civiles y mercantiles que se regulan por las disposiciones respectivas del Código presente y por las del Código de Comercio y leyes correspondientes. (CC. vigente). • Art. 85. (BIENES DEL ESTADO Y ENTIDADES PÚBLICAS). - Los bienes del Estado, de los municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen. (CC. vigente). •Art. 56.- (PERSONA JURIDICA). Las sociedades legalmente constituidas, así como las corporaciones. entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y comunidades, concurrirán por intermedio de sus representantes legales. (CPC. abrogado). •Art. 58.- (REPRESENTACION POR MANDATO). La persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personería. (CPC. abrogado). •Art. 29. (CAPACIDAD E INCAPACIDAD). I. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar, podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, demandada o tercero, ya sea directamente o por representación. (CPC. vigente). • Art.- 35. (REPRESENTACIÓN PROCESAL). II. La representación de la persona colectiva deberá adecuarse a las disposiciones que determinaron su creación y que estén previstas en su norma interna, y se ejercerá por sus órganos autorizados. Si se tratare de un representante designado en el acto constitutivo, no requerirá presentar poder especial para actuar a nombre del ente colectivo, salvo revocatoria de mandato. El representante deberá acreditar la existencia legal del ente colectivo respecto del cual alega su representación y tratándose de un representante convencional, el poder que acredite su personería. III. En cualquier caso, el representante deberá presentar el documento idóneo en su primera intervención en el proceso. (CPC. vigente). Art.13.- El Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles se compone de la siguiente forma: a. Un Presidente ejecutivo del directorio designado por el Presidente de la República, mediante resolución suprema refrendada por el ministro del sector. (D.S. N° 23631 de 02/09/1993). Art.21.- I. Corresponde al Presidente Ejecutivo las siguientes funciones: a. Ejercer la representación legal de la empresa en los actos administrativos f judiciales y otros de su competencia conjuntamente con el Gerente general. b. Presentar a consideración del directorio los programas de política empresarial de la empresa, juntamente con los documentos que la justifiquen y sustenten. c. Elegir con conocimiento y aprobación del directorio a los gerentes de Operación, Administrativo, Comercial, de Rehabilitación e Inversiones y de la Red Oriental. Disponer la designación, ascenso, cambio o destitución del Personal de la empresa. d. Designar las comisiones representativas de la empresa. e. Otorgar, renovar y revocar poderes, conjuntamente con el Gerente general. f. Aprobar los planes y programas de trabajo presentados por las gerencias y por la Asesoría Técnica. g. Autorizar, con cargo de aprobación por el directorio, la ejecución de medidas y obras de emergencia. (D.S. N° 23631 de 02/09/1993) • Art. 4.- Instruye al presidente ejecutivo de la ENFE, a tomar las acciones legales conducentes a recuperar bienes y recursos de ENFE que se encuentren en manos de terceros y a obtener el debido resarcimiento económico por el daño causado por autoridades, ex autoridades, funcionarios, ex funcionarios durante el ejercicio de sus funciones. (D.S. No. 28971 de 15/12/2006). ? Art. 6.- Los bienes de ENFE no afectados al servicio público ferroviario constituyen bienes patrimoniales de esta empresa, correspondiendo a la misma ejercer las acciones legales necesarias para su administración, disposición, conservación y recuperación. (D. S. N° 24177 de 08/12/1995). V. DEL PETITORIO: Señor Presidente y W, bajo las consideraciones legales enunciadas precedentemente, se establece la legitimidad de representación del Ex Presidente Ejecutivo a. i. de la ENFE - Walter Boris Escobar Torrez indebidamente observadas, asi como la mía como actual Máxima Autoridad Ejecutiva en virtud de la Resolución Suprema 26155-A de 03/12/2020, en consecuencia subsanado lo extrañado por providencia de fecha 02 de diciembre de 2019, es que me permito solicitar previo el análisis de las normas legales y extremos mencionados en el presente memorial, se sirvan admitir la demanda contenciosa señalada en el exordio, y sea con las formalidades. OTROSÍ.- Señor Magistrado, me ratifico in extenso en la demanda contenciosa presentada en fecha 28 de noviembre de 2019, solicitando se tenga presente con las formalidades de ley. MÁS OTROSÍ.- Señor Magistrado, adjunto Resolución Suprema No. 26155 -A de fecha 03 de diciembre de 2019 emitida por la Sra. Jeanine Añez Chávez - PRESIDENTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE SOLIVIA, por la que se me designa como PRESIDENTA EJECUTIVA a. i. DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - ENFE en reemplazo del Sr. Walter Boris Escobar Torrez Ex MAE, por lo que solicito se tenga presente la legalidad de mi representación en mérito a las norma legales antes señaladas, y sea con las formalidades de ley. ÚLTIMO OTROSÍ. - A lo fines expresados en los términos del presente memorial, me permito adjuntar fotocopias simples de los Decretos Supremos: > D.S. N° 23631 de 02/09/1993. > Decreto Supremo No. 28971 de 15/12/2006. > Decreto Supremo N° 24177 de 08/12/1995. "EN DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO PLURINACIONAL". La Paz, 13 de enero de 2020. Fdo. Sandra Carola Centellas Rodrígues. PRESIDENTA EJECUTIVA a.i. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. Fdo. Carlos Escalante Quint. DIRECTOR JURÍDICO. EMPRESA NAL. DE FERROCARRILES. Fdo. Froylan F. Ariñez Quenallata. ABOGADO. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. M.C.A. 6063. R.P.A. 2468085FFAQ-A. Sello: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM. SOCIAL Y ADM. PRIMERA. PRESENTADO POR: Plataforma. EN FECHA: 14/01/2020, A HRS 17:30. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN A FOJAS: 12. Fdo. Ilegible. Ingresa a despacho del Magistrado Dr. José Antonio Revilla Martínez, en fecha veintitrés de enero de dos mil veinte. Certifico. Fdo. María del Rosario Vilar Gutiérrez. SECRETARIA DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM. SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA. TIRBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.----------------------------- PROVIDENCIA DE 23 DE ENERO DE 2020.- Previamente el impetrante aclare la calidad de los sujetos procesales y señale domicilio procesal de los mismos a efectos de citación. A tal efecto se le otorga el plazo de 5 días para subsanar lo observado. Más Otrosí.- Por acreditada la personería. Último Otrosí.- Se tiene presente. Fdo. Lic. José Antonio Revilla Martínez. MAGISTRADO. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Ante Mí. Fdo. María del Rosario Vilar Gutiérrez. SECRETARIA DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.------------------------------------------------------------------------------- MEMORIAL DE 3 DE FEBRERO DE 2020.- SEÑOR PRESIDENTE Y W. DE LA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SOCIAL PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. EXPEDIENTE: N° 259/2019-C. EN MÉRITO A LOS ARGUMENTOS QUE EXPONE SUBSANA LO EXTRAÑADO Y REITERA NUEVAMENTE ADMISIÓN DE LA DEMANDA CONTENCIOSA QUE INDICA. OTROSÍ.- SE RATIFICA EN TODOS LOS TERMINOS DE DEMANDA CONTENCIOSA. ÚLTIMO OTROSÍ.- SOLICITA SE OFICIE A LAS INSTITUCIONE QUE INDICA. SANDRA CAROLA CENTELLAS RODRIGUEZ, mayor de edad y hábil por ley, identificado con la Cédula N° 3913493 Sta. Cruz, en la demanda contenciosa seguida en contra de CARLOS JÓSE KIEFFER CÁCERES, MAGNA CACHI RODRÍGUEZ, GIOVANNA LUISA DE UGARTE BOLAÑOS, ANABELLA LUZ LOAYZA CHUMACERO, LABORATORIOS "VITA" S.A., CAROL KIEFFER CÁCERES, CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, EYNAR IVÁN VISCARRA ANAVI y YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA, sobre Nulidad de la Escritura Pública N° 732/2017 de 17 de febrero de 1997, Escritura Pública N° 315/2013 de 16 de septiembre de 2013 y Escritura Pública N° 1114/2016 de 25 de Agosto de 2016; Cancelación del Folio Real 2.01.0.99.0214254 en oficinas de Derechos Reales, Mejor Derecho de Propiedad, Más Reivindicación al Corpus del Bien Inmueble ubicado en la calle Manco Kapac s/n, e Indemnización de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, ante las consideraciones de sus autoridades, con el debido respeto me presento expongo y pido: PRIMERA OBSERVACIÓN. Señor Magistrado, conforme se desprende de antecedentes su autoridad en una primera y superficial lectura de la demanda, procedió mediante Resolución (providencia) de fecha 02/12/2019, a observar la demanda señalada en el exordio haciendo mención a que la Resolución Suprema N° 21218 de fs. 2, no acreditarla la función que se menciona en la demanda, por lo que se considerarla que el nombrado Ex Presidente de la ENFE, no se encontrarla facultado para iniciar el proceso contencioso citado en el exordio, empero no se explica con claridad cuál seria el óbice para tal impedimento. Esta observación carente de fundamento legal, fue subsanado oportunamente mediante memorial de fecha 13 de enero de 2020, explicando en la misma las normas legales que facultan y demuestran la legitimidad de representación a la Máxima Autoridad Ejecutiva de ENFE, traducidas en los postulados normativos contenidos en el Art. 235 de la Constitución Política del Estado referente a las OBLIGACIONES DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS en sus Numerales: 1) CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN. 2) CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA. 3) RESPETAR Y PROTEGER LOS BIENES DEL ESTADO, Y ABSTENERSE DE UTILIZARLOS PARA FINES ELECTORALES U OTROS AJENOS A LA FUNCIÓN PUBLICA. Bajo éste precepto Constitucional se han iniciado diferentes procesos como el presente por la Ex Autoridad Ejecutiva de la ENFE, teniendo en su momento plena facultad y atribuciones determinadas en las siguientes normas legales: • Art. 410.- (PRIMACIA DE LA CONSTITUCIÓN). I. Todas las personas, naturales y jurídicas, asi como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. • ART. 339 PARÁGRAFO II.- Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas CONSTITUYEN PROPIEDAD DEL PUEBLO BOLIVIANO, INVIOLABLE, INEMBARGABLE, IMPRESCRIPTIBLE E INEXPROPIABLE; NO PODRÁN SER EMPLEADOS EN PROVECHO PARTICULAR ALGUNO" (Constitución Política del Estado). • Art. 52. (ENUMERACIÓN GENERAL).- Son personas colectivas: 1. El Estado boliviano, la Iglesia católica, los municipios, las universidades y demás entidades públicas con personalidad jurídica reconocida por la Constitución Política y las leyes. 2. Las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en general, educativas, religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, asi como las fundaciones. Ellas se regulan por las normas genéricas del Capitulo presente, sin perjuicio de las leyes y disposiciones especiales que les conciernen. Las órdenes, congregaciones y otros institutos dependientes de la Iglesia Católica se rigen internamente por las disposiciones que les son relativas. 3. Las sociedades civiles y mercantiles que se regulan por las disposiciones respectivas del Código presente y por las del Código de Comercio y leyes correspondientes. (CC. vigente). • Art. 85. (BIENES DEL ESTADO Y ENTIDADES PÚBLICAS).- Los bienes del Estado, de los municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen. (CC. vigente). • Art. 56.- (PERSONA JURIDICA). Las sociedades legalmente constituidas, asi como las corporaciones. entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y comunidades, concurrirán por intermedio de sus representantes legales.(CPC. abrogado). • Art. 58.- (REPRESENTACION POR MANDATO). La persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personería. (CPC. abrogado). • Art. 29. (CAPACIDAD E INCAPACIDAD). I. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar, podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, demandada o tercero, ya sea directamente o por representación. (CPC. vigente). •Art.- 35. (REPRESENTACIÓN PROCESAL). II. La representación de la persona colectiva deberá adecuarse a las disposiciones que determinaron su creación y que estén previstas en su norma interna, y se ejercerá por sus órganos autorizados. Si se tratare de un representante designado en el acto constitutivo, no requerirá presentar poder especial para actuar a nombre del ente colectivo, salvo revocatoria de mandato. El representante deberá acreditar la existencia legal del ente colectivo respecto del cual alega su representación y tratándose de un representante convencional, el poder que acredite su personería. III. En cualquier caso, el representante deberá presentar el documento idóneo en su primera intervención en el proceso. (CPC. vigente). • Art.13.- El Directorio de la. Empresa Nacional de Ferrocarriles se compone de la siguiente forma: a. Un Presidente ejecutivo del directorio designado por el Presidente de la República, mediante resolución suprema refrendada por el ministro del sector. (D.S, N° 23631 de 02/09/1993). • Art.21.-I. Corresponde al Presidente Ejecutivo las siguientes funciones: a. Ejercer la representación legal de la empresa en los actos administrativos, judiciales y otros de su competencia conjuntamente con el Gerente general. b. Presentar a consideración del directorio los programas de política empresarial de la empresa, juntamente con los documentos que la justifiquen y sustenten. c. Elegir con conocimiento y aprobación del directorio a los gerentes de Operación, Administrativo, Comercial, de Rehabilitación e Inversiones y de la Red Oriental. Disponer la designación, ascenso, cambio o destitución del Personal de la empresa. d. Designar las comisiones representativas de la empresa. e. Otorgar, renovar y revocar poderes, conjuntamente con el Gerente general. f. Aprobar los planes y programas de trabajo presentados por las gerencias y por la Asesoría Técnica. g. Autorizar, con cargo de aprobación por el directorio, la ejecución de medidas y obras de emergencia. (D.S. N° 23631 de 02/09/1993). • Art. 4.- Instruye al presidente ejecutivo de la ENFE, a tomar las acciones legales conducentes a recuperar bienes y recursos de ENFE que se encuentren en manos de terceros y a obtener el debido resarcimiento económico por el daño causado por autoridades, ex autoridades, funcionarios, ex funcionarios durante el ejercicio de sus funciones. (D.S. No. 28971 de 15/12/2006). • Art. 6.- Los bienes de ENFE no afectados al servicio público ferroviario constituyen bienes patrimoniales de esta empresa, correspondiendo a la misma ejercer las acciones legales necesarias para su administración, disposición, conservación y recuperación. (D. S. N° 24177 de 08/12/1995). Y por último, la Resolución Suprema 26155-A de 03/12/2020 emitida por la Dra. Jeanine Añez Chavez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. SEGUNDA OBSERVACION. Señor Magistrado, he sido sorprendida por nueva notificación de fecha 29 de enero de 2019 por la que curiosamente se observa nuevamente la demanda señalada en el exordio, extremo este que en via de la economía y pronta administración de justicia debería haberse observado conjuntamente la primera observación referida a la supuesta falta de representación y personería de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ENFE, extremos estos que perjudican de sobre manera los intereses del Estado Boliviano administrados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles en lo que se refiere a la recuperación de sus bienes. DE LA ACLARACIÓN A LA OBSERVACION DE 23 DE ENERO DE 2020. 1. DEMANDANTE: SANDRA CAROLA CENTELLAS RODRIGUEZ, mayor de edad y hábil por ley, con Cédula de Identidad N° 3913493 Sta. Cruz, de profesión Abogada, con domicilio procesal en la Calle Belisario Salinas N° 587 de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz. 2. DEMANDADOS: NOMBRE, DOMICILIO Y GENERALES DE LOS DEMANDADOS. En observancia de las disposiciones contenidas en el Art. 327 4) del Código de Procedimiento Civil, la presente demanda se dirige en contra de: a) CARLOS JÓSE KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 247865 L.P., de nacionalidad boliviana, estudiante, soltero, con domicilio en la Av. Héctor Ormachea No. 320 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. b) MAGNA CACHI RODRIGUEZ, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 2602121 L.P., estudiante, soltera, con domicilio en la Av. Héctor Ormachea No.320 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. c) GIOVANNA LUISA DE UGARTE BOLAÑOS, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 2229905 L.P. estudiante, soltera, con domicilio en la Av. Héctor Ormachea No. 320 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. d) ANABELLA LUZ LOAYZA CHUMACERO, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 4282156 L.P. de profesión Auditoria; todos ellos en Representación Legal de LABORATORIOS "VITA" S.A., con domicilio en la Av. Héctor Ormachea No.320 de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. e) CAROL KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. extranjero N° 2041168, soltera de ocupación empleada, con domicilio desconocido. f) CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. E- 2041168, de nacionalidad peruana, casada, con domicilio desconocido. g) EYNAR IVAN VISCARRA ANAVI, mayor de edad y hábil por derecho con C.I. 4803760 L.P., con domicilio en la calle 19, N° 715 de la zona Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz. h) Y la señora YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. 4765464 L.P., con domicilio en la calle 19, N° 715 de la zona Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz. actuales detentadores del bien inmueble, todos mayores de edad y hábiles por derecho, los dos últimos con domicilio en el inmueble objeto de la Litis, impetrando se tenga presente con las formalidades de Ley. 1. Del PETITORIO: Señor Magistrado, bajo las consideraciones legales enunciadas precedentemente, se ha cumplido con lo observado por su autoridad, por lo que en consecuencia subsanado lo extrañado por providencia de fecha 23 de enero de 2020, solicitando previo el análisis de las normas legales y extremos mencionados en el presente memorial, SE SIRVAN ADMITIR LA DEMANDA CONTENCIOSA SEÑALADA EN EL EXORDIO, y sea con las formalidades. OTROSÍ.- Señor Magistrado, reitero ratificación en todos los extremos de la demanda contenciosa hasta el ultimo actuado, solicitando se tenga presente con las formalidades de ley. ULTIMO OTROSÍ.- Señor Magistrado, tomando en cuenta de que se desconoce el actual domicilio de las CODEMANDADAS: • CAROL KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. extranjero N° 2041168, soltera de ocupación empleada, con domicilio desconocido. •CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. E- 2041168, de nacionalidad peruana, casada, con domicilio desconocido. Es que me permito solicitar se oficie al Servicio General de Identificación Personal - SEGIP y al Tribunal Departamental Electoral de La Paz, a efectos de que proporcione datos del domicilio real y actual de las Co Demandadas precedentemente nombradas, y sea con las formalidades de ley. Fdo. Sandra Carola Centellas Rodríguez. PRESIDENTA EJECUTIVA a.i. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. Fdo. Carlos Escalante Quint. DIRECTOR JURÍDICO. EMPRESA NAL. DE FERROCARRILES. Fdo. Froylan F. Ariñez Quenallata. ABOGADO. EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES. M.C.A. 6063. R.P.A. 2468085FFAQ-A. Sello: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM. SOCIAL Y ADM. PRIMERA. PRESENTADO POR: Plataforma. EN FECHA: 03/02/2020, A HRS 11:10. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN A FOJAS: 5. Fdo. Ilegible. Ingresa a despacho del Magistrado Dr. José Antonio Revilla Martínez, en fecha nueve de marzo de dos mil veinte.- AUTO DE 10 DE MARZO DE 2020.- VISTOS.- Téngase por apersonada a Sandra Carola Centellas Rodríguez en representación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), como presidente ejecutivo, en mérito a la Resolución Suprema N° 26155-A de 3 de diciembre de 2019 de fs. 86 a 87, debiendo hacérsele conocer las providencias a emitirse. Estando cumplidos los presupuestos exigidos por el Código de Procedimiento Civil (1975), y la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos-1 de Contencioso y Contencioso Administrativo (Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014); se ADMITE la demanda contenciosa de fs. 67 a 80, subsanada de fs. 97 a 100 y 104 a 108, en todo lo que hubiese lugar en derecho, interpuesta contra la Empresa Laboratorios VITA SA, representada legalmente por Carlos José Kieffer Cáceres, Magna Cachi Rodríguez, Giovanna Luisa de Ligarte Bolaños y Anabella Luz Loayza; y, contra Carol Kieffer Cáceres, Carmen Carla Kieffer Cáceres, Eynar Iván Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzales Foronda, en calidad de detentadores del bien inmueble motivo de la litis; traslado para que contesten dentro del plazo previsto por Ley, más la extensión que corresponda en razón de distancia. Por Secretaría de Sala, líbrese provisiones citatorias, encomendando su ejecución a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para la citación de los demandados en los domicilios señalado en la demanda, debiendo la entidad demandante, coadyuvar con la ejecución de las provisiones ordenadas. Al Otrosí 1o.- Téngase por ofrecida la documental en calidad de prueba preconstituida. Al Otrosí 2o y 3o.- Por secretaría, como se pide. Al Otrosí 4.- Se dispondrá en su oportunidad si correspondiere. Al Otrosí 5.- El interesado deberá adecuar los argumentos de su solicitud de medida precautoria, a lo establecido en el art. 311 del Código Procesal Civil; es decir, precisar los fundamentos de hecho de la medida, la determinación de esta y sus alcances; así como, demostrar la verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio o frustración del mismo por la demora del proceso; sustentando de forma suficiente y solvente la procedencia de sus pretensiones, adjuntando la documentación que crea pertinente para su acreditación; al respecto, se observa que la entidad demandante, hace referencia a documentación en la que sustenta la verosimilitud del su derecho, que no consta en obrados (Testimonio de la Escritura N° 424). Al Otrosí 6o.- Se tiene dispuesto. Al Otrosí 7o.- No consta en obrados el Auto Supremo referido. Al Otrosí 8.- Se tiene presente. En cumplimiento del Art. 84-11 del CPC-2013, se señala domicilio procesal, la Secretaría de esta Sala. Al memorial y Otrosí de fs. 97 a 100: Se tiene presente. Al más Otrosí y último Otrosí.- Por adjuntada. Al memorial y Otrosí de fs. 104 a 108: Se tiene presente, estese a lo determinado y por reiterada. Al último Otrosí.- Por Secretaría, oficíese al Servicio General de Identificación Personal - SEGIP y al Tribunal Departamental Electoral, a efectos de proporcionar datos del domicilio real y actual de las co demandadas Carol Kieffer Cáceres y Carmen Carla Kieffer Cáceres; sea en aplicación del art. 9 del Código Procesal Civil. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Fdo. Lic. José Antonio Revilla Martínez. MAGISTRADO. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Fdo. Lic. Esteban miranda Terán. MAGISTRADO. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Ante Mí. Fdo. María del Rosario Vilar Gutiérrez. SECRETARIA DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. --------------------------------------------------- PROVIDENCIA DE 25 DE FEBRERO DE 2022. En mérito al Informe SCCASyA1ra TSJ N° 46/2022 que antecede, bajo el principio dispositivo de concentración e inmediación, a efectos de unificar las acciones pendientes y calificar posteriormente el proceso, por Secretaría de Sala, procédase a la citación con la demanda a todos los sujetos procesales, mediante la publicación de Edictos, a cargo en su costo de la Entidad demandante. Se hace recuerdo a la Entidad demandante a obligación que tiene de coadyuvar al éxito del diligenciamiento de las citaciones respectivas, a efectos de procurar celeridad en la tramitación de la causa. Fdo. Lic. José Antonio Revilla Martínez. MAGISTRADO. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Ante Mí. Fdo. María del Rosario Vilar Gutiérrez. SECRETARIA DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTA DE JURAMENTO DE DESCONOCIMIENTO DE DOMICILIO. En Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas diez y cuarenta del día martes diez de enero de dos mil veintitrés años, el suscrito Secretario de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el art. 78-II del Código Procesal Civil y en cumplimiento de la providencia de 25 de febrero y 3 de octubre del 2022, cursante a fs. 2573 y 2660 de obrados, dentro del proceso contencioso seguido por la Empresa Nacional de Ferrocarriles “ENFE” contra la Empresa Laboratorios VITA SA, Expediente signado con el Nº 259/2019-C, procedió a la identificación de Fernando Martin Gamboa Lanza, con C.I. Nº 4016519-Pt., casado, Abogado, temporalmente en esta ciudad, quien en representación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles “ENFE”, en mérito al Testimonio de Poder N° 20/2021 de 2 de febrero de 2021, que expresamente le faculta para prestar juramento de desconocimiento de domicilio, manifestó que: Desconoce el domicilio de Carol Kieffer Cáceres y Carmen Carla Kieffer Cáceres, co demandadas en el presente proceso contencioso. Con lo que terminó el acto de juramento, firmando juntamente con el suscrito Secretario de Sala Primera. Certifico. Fdo. Fernando Martin Gamboa Lanza. C.I. Nº 4016519-Pt. Fdo. Abg. James R. Liquitaya Medrano. SECRETARIO DE SALA. SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. ----------------------------------------------------ES CUANTO SE HACE SABER A LAS CIUDADANAS CAROL KIEFFER CÁCERES y CARMEN CARLA KIEFFER CÁCERES, PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY, EL PRESENTE EDICTO SE LIBRA EN LA CIUDAD DE SUCRE A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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