EDICTO

Ciudad: POTOSI

Juzgado: JUZGADO PÚBLICO SÉPTIMO EN MATERIA FAMILIAR DE LA CAPITAL


EDICTO JUZGADO PÚBLICO DE FAMILIA SÉPTIMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI *************************************************************************************************** EL DOCTOR JOSE ALBERTO MOLINA VELASQUEZ JUEZ PUBLICO DE FAMILIA SEPTIMO DE LA CAPITAL Y PROVINCIA TOMAS FRÍAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por el presente Edicto, se notifica con SENTENCIA a ROGER MENDOZA FLORES con LA SENTENCIA dentro del proceso ASISTENCIA FAMILIAR seguido por ESPERANZA QUISPE GALLEGO contra ROGER MENDOZA FLORES (Expediente Nº 390/19 NUREJ 5052565)--------------------------------------------------------------------------------------------- Asimismo las personas que conozcan a ROGER MENDOZA FLORES, deberán hacerle conocer el tenor del presente EDICTO, a cuyo efecto se transcribe la SENTENCIA y es como sigue.---------------------------------------------------------------------------------------------------- SENTENCIA QUE CURSA DE FOJAS TREINTA Y TRES A TREINTA Y SEIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SENTENCIA Nº 203/2019---------------------------------------------------------------------------------- PRONUNCIADA EN EL JUZGADO PÚBLICO SÉPTIMO DE FAMILIA DE LA CAPITAL Y PROVINCIA TOMAS FRÍAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ - BOLIVIA, EL DÍA MARTES PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DEL PROCESO DE ASISTENCIA FAMILIAR, SEGUIDO POR ESPERANZA QUISPE GALLEGO CONTRA ROGER MENDOZA FLORES MAYORES DE EDAD Y HÁBILES POR DERECHO.--------------------------------------------------------------------------------------------- VISTOS.- El memorial de demanda de asistencia familiar, auto de admisión, notificaciones, desarrollo de la audiencia, todo cuanto tuvo que ver se tuvo presente. CONSIDERANDO I.- Que la Sra. ESPERANZA QUISPE GALLEGO, por memorial de fs. 03-04, de obrados, interpone demanda de Asistencia Familiar, contra el progenitor de su hija de nombre ROGER MENDOZA FLORES, señalando que: De una relación sentimental llegaron a procrearon una hija de nombre Yadira Mendoza Quispe, de 08 meses de edad y fecha de nacimiento 20 de enero de 2019, refiriendo que el progenitor de su hija a la fecha no se hace cargo de su hija con un total desinterés ella se hiso cargo sola de menor de edad, el obligado se descuidó en la alimentación vestimenta y cuidado de su hija, que el demandado a la fecha trabajaría en la empresa minera “En Colavi” con buenos ingresos económicos. -------------------------------------------------------------------------- Por lo procedente interpone demanda de Asistencia Familiar a favor de su hija Yadira Mendoza Quispe, de 08 meses de edad y fecha de nacimiento 20 de enero de 2019, en un monto de Bs. 700.- demanda que la dirige contra el Sr. ROGER MENDOZA FLORES. (DEMANDADO) Que, admitida la demanda de asistencia familiar y corrida en traslado, la demandada a quien se citó mediante cedula respondió apersonándose al proceso de asistencia familiar, contestando la demanda y refirió que si evidente en nacimiento de su hija que el desconocía sobre el nacimiento de su hija no se seria minero ya estaría estudiando en la Ciudad de Santa Cruz e la carrea de mecánica y dependería un de sus padres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por lo procedente ofrece como Asistencia Familiar a favor de su hijo Yadira Mendoza Quispe, de 08 meses de edad y fecha de nacimiento 20 de enero de 2019, en un monto de Bs. 422 por su hijo.--------------------------------------------------------------------------------------- Que, a fs. 32, de obrados, cursa acta de audiencia de asistencia familiar, que contiene los actos procesales desarrollados según prevé el Art. 440 de la Ley Nº 603; del informe verbal de la secretaria, Art.- 440 a) se pudo verificar en audiencia que el cuaderno se encuentra corriente estando debidamente notificados ambas partes como consta en obrados y estando en audiencia la parte demandante asistido de su abogado y la incomparecencia del demandado ni la presencia de su abogado quien se ratificó en su pretensión de demanda y de contestación conforme la norma art.- 440 b) de la Ley 603, se cumplieron con los presupuesto establecidos en la norma antes referida. --------------- CONSIDERANDO II.- Es importante partir de la concepción de la Constitución Política del Estado, cuando establece que: “Todo niño, niña son titulares de derechos reconocidos por la Constitución, inherentes a su proceso de desarrollo; y a la satisfacción de sus necesidades e intereses (58), tienen iguales derechos respecto de sus progenitores (59-III y 62) y que los padres tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común la responsabilidad y formación integral de las hijas e hijos, mientras sean menores (Art. 64-I)”. Por su parte la Ley Nº 548 Nuevo Código Niña Niño y Adolescente, en su Art. 17 claramente señala: “Las niñas niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; vestido apropiado al clima y que proteja la salud, vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación principal de garantizar dentro sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno de este derecho”.--------------------------------------------------------------------------------------------- De la revisión de obrados se tiene respondida la demanda a través del memorial de fs. 10-11 de obrados por lo que se cumplió con el objetivo de la citación con la demandada sin embargo la demandante por memorial de fs. 17 refiere que fue extraviada la comisión instruida debidamente diligenciada, en consecuencia bajo el principio de informalidad y principio de verdad material e impulso procesal se da por bien hecho la citación con demandada señaló la misma en fecha 30 de julio de 2019.--------------------------------------- Partiendo de esa premisa legal se tiene los siguientes aspectos:------------------------------- 1.- A fs. 01, de obrados, cursa certificado de nacimiento de la beneficiaria de nombre: Yadira Mendoza Quispe, de 08 meses de edad y fecha de nacimiento 20 de enero de 2019, cuyos progenitores son los señores: ROGER MENDOZA FLORES y ESPERANZA QUISPE GALLEGO, documento que tiene la calidad de auténtico al tenor del Art. 335-II-f) de la Ley 603, por lo que tienen todo el valor probatorio, con lo que se encuentra acreditada la relación filial del beneficiario con sus progenitores, relación jurídico familiar que genera derechos y obligaciones; es así que los hijos en atención al Art. 32 inc. c) de la Ley 603 tienen derecho a: “Su desarrollo integral con salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación”, relacionado estrictamente con la ASISTENCIA FAMILIAR prevista en el Art.109 de la Ley Nº 603, cuando dice: “La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta;…..”, por su parte, los padres tienen el deber de: “Cuidar y garantizar el desarrollo integral de sus hijas e hijos”, así lo expresa el Art. 41-II-inc. c) de la Ley Nº 603.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Respecto a la actividad y los ingresos económicos de la parte demandada y obligada, la demandante señalo que el progenitor percibe ingresos como empleado como minero incumpliendo con la carga de la prueba exigida por el Art. 328-II de la Ley Nº 603 ------- 2.- Por otro lado el demandado se apersono al proceso estando comprendido en cuanto a lo que reviren la ley que rige la materia en su Art.- 116 Numeral V que textualmente dice “V.- Se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos, para cubrir la asistencia familiar a las y los beneficiarios, mientras no demuestren lo contrario; en este caso, la autoridad judicial no podrá fijar como asistencia familiar un porcentaje menor a lo establecido en el Parágrafo precedente del presente Artículo.”----------------------------------------------------------------------- Entendiéndose por presunción, en derecho, a una ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho, o un determinado acontecimiento, se entiende probado, simplemente por darse los presupuestos para ello, la presunción de hechos y derechos, faculta a los sujetos a cuyo favor se da, a prescindir de la prueba de aquello que se presume cierto ope legis. Cuya verdad formal presumida, tendrá que ser destruida aportando para ello pruebas en contra, por quien sostenga otra verdad distinta a la presumida.-------------------------------- Por lo descrito, es necesario recordar a ambos progenitores que las obligaciones con relación al hijo o hija son compartidas, obligación que emerge a partir del momento de la concepción y por ende del nacimiento; por cuanto el primer bien tutelado de una persona en el orden jurídico es la vida, el principal interés es conservarla; la primera necesidad son los medios necesarios, por ello la ley provee diversos modos a asegurar ese bien, satisfaciendo ese interés y procurando esos medios; en ese entendido el derecho de pedir alimentos y la obligación de prestarlos, especialmente en el ámbito familiar, tienen su fundamento en la obligación que se vincula al orden familiar y al parentesco; que al tratarse de un interés individual, tutelado por razones de humanidad, cuyo argumento es la defensa de la familia y la existencia de un vínculo de parentesco. En ese entendido la asistencia familiar es típica manifestación de solidaridad entre parientes, es la cooperación que en el ámbito familiar deben prestarse entre sí quienes la constituyen por estar unidos por lazos jurídicos y naturales. En razón a que ningún hijo o hija ha pedido venir al mundo, y son los padres quienes al procrear, deben asumir la responsabilidad de mantener. Así como tienen la suficiente capacidad para engendrar deben también otorgar lo suficiente para que sus hijas o hijos puedan tener una vida digna de seres humanos, en procura de que sean personas de bien, para sí y la sociedad en su conjunto; en ese entendido la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO en su Art. 15 -I precautela el derecho de la vida, derecho primigenio y bien jurídico más importante, contemplada también como está el derecho a una vida digna (Art. 8-I y II) y que los niños, niñas y adolescentes al ser titulares de derechos, tienen derecho a su desarrollo integral (Art. 58, 59 y 62), precautelando el INTERES SUPERIOR (Art. 65). CONSIDERANDO III.- Que del análisis de la prueba documental que merece la eficacia probatoria asignada por el Art. 335-II- f) de la Ley Nª 603, que establece la relación filial del niño con sus padres, corresponde en derecho otorgar al beneficiario una asistencia familiar que comprenda lo indispensable para su sustento conforme determina la ley, de acuerdo a su edad y tomando en cuenta que la asistencia familiar es circunstancial y variable, por cuanto varía de acuerdo a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla, conforme lo establece el Art. 116 de la Ley 603 Código de las Familias.----------------------------------- CONSIDERANDO IV.- En Bolivia la influencia de la concepción del Estado Social de Derecho está transversalizada en toda la Constitución, así el Preámbulo señala: “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos”. Los valores característicos del Estado Social se encuentran reconocidos en el art. 8 de la CPE, que entre otros menciona la igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social, bienestar común, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, en consonancia con los valores mencionados se tiene el fin constitucional de constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales y garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entonces en nuestra Constitución la noción de Estado Social de Derecho juega un papel importante en la interpretación e integración de las normas constitucionales, pues todas deben dirigirse a la construcción y realización de una sociedad justa. Existe una relación inescindible de consolidación de la sociedad justa con la dignidad humana, de ahí que no puede ser suficiente una perspectiva liberal individual de la dignidad, sino que a la luz del Estado Social se busca que todas y todos sean tratados dignamente y en igualdad de condiciones, por ello en su dimensión social la dignidad implica la necesidad de que las diferencias lacerantes sean eliminadas de la realidad social y para ello el Estado tiene obligaciones positivas y negativas a la luz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución que puede resumirse en el permanente deber del Estado boliviano de otorgar bienestar a las personas así se tiene que nuestro Estado fue creado para el ser humano y no al revés, al respecto de la interpretación constitucional en el escenario del Estado Social de Derecho, se tiene que interpretar puede entenderse como explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto, de ahí que es uno de los aspectos más importantes de la vida del Derecho, pues las normas jurídicas tienen la limitación natural e intrínseca de “nunca ser suficientes” para plasmar la realidad social tal como los seres humanos la perciben, por esa razón es uno de los temas centrales de la historia, filosofía y teoría del Derecho. Por su parte, el Profesor, García Amado sostiene que interpretar: “…es la actividad que explica, aclara o precisa el contenido del mensaje que contiene la materia prima del derecho. La interpretación del derecho es la actividad consistente en establecer el concreto y preciso sentido de ese «algo» de que el derecho se compone. El resultado de tal actividad es ese «algo» en cuanto precisado y aclarado”. Ahora bien, para interpretar una norma jurídica existen distintos métodos a partir de distintas concepciones del Derecho, cuando la interpretación se refiere a la Constitución, la utilización de métodos de interpretación no es solamente una cuestión de elección del intérprete, sino que además entra en juego la satisfacción misma del principio democrático por la relevancia que representa para la institucionalidad de un país interpretar la Constitución. Al respecto, el Constituyente boliviano ha adoptado la opción de brindar pautas constitucionales a través del art. 196.II de la Norma Suprema, pues ha definido que: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”, sin perjuicio del art. 13.IV de la CPE, que conforme la propia voluntad del Constituyente estableció que: “Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, el cual por su importancia se reitera en el art. 256.II de la Constitución, donde además se deja constancia de la aplicación del principio de favorabilidad al establecerse “…cuando éstos prevean normas más favorables”. Ahora bien, respecto al art. 196.II de la CPE, contiene un mandato expreso no excluyente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional apele a la voluntad constituyente, al texto literal y posteriormente a otros métodos interpretativos, puesto que si bien el Constituyente ha establecido dos métodos expresos de interpretación en dicha norma constitucional, no ha determinado prohibición alguna a la utilización de otros métodos. Así, el Constituyente en el mencionado artículo, determinó que el intérprete constitucional busque en primera instancia “…la voluntad del constituyente…” afirmación que en inicio parece concluir que el constituyente busca la interpretación originalista pero a la vez también es verdad que esa voluntad debe enmarcarse en una valoración finalista de la propia Constitución, no otra consecuencia puede tener la inclusión en el texto constitucional de normas específicas que proclaman los fines, principios y valores (arts. 8 y ss). Para llegar a una labor hermenéutica coincidente con la esencia y espíritu de la Constitución, no resulta una fórmula únicamente adecuada la elección aislada de un método de interpretación constitucional, pues el ejercicio hermenéutico en la práctica involucra una labor argumentativa mucho más ecléctica en la cual existe un diálogo e interacción de los distintos métodos de interpretación constitucional, pues para realmente desentrañar la voluntad ahora de la Constitución es imprescindible hacerlo en una dimensión lingüística como recurso cognitivo, en conocimiento de la integralidad de la Constitución (además del bloque de constitucionalidad); es decir, en atención al mecanismo de la concordancia práctica, para poder llegar a la verdadera finalidad de la interpretación, cual es la vigencia de los fines, principios y valores que se encuentran en el bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) Los deberes constitucionales La teoría de los deberes constitucionales ha sido indiscutiblemente menos desarrollada que la teoría de los derechos fundamentales, por la preponderancia e importancia que asumió la promoción y vigencia de los derechos en los contextos históricos en que fueron reconocidos y propagados (independencia/revolución/post guerra); sin embargo, el constitucionalismo contemporáneo refleja la necesidad de una mayor atención a la temática de los deberes en virtud a la consolidación de un modelo de organización política cimentado sobre la base de un Estado Social en el cual las personas tienen deberes específicos en la construcción de una sociedad cada vez más justa y democrática. Los deberes fundamentales deben ser concebidos en el mismo nivel que los derechos fundamentales, pues no es posible hoy considerar al individuo como portador únicamente de derechos, debiéndosele observar también como sujeto de deberes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al respecto de los deberes, si bien éstos no aparecen en las primeras declaraciones (1215, 1789, 1793), por las razones históricas señaladas, es indiscutible la gran acogida de los deberes constitucionales en los textos de las Constituciones contemporáneas, principalmente por la premisa de que los deberes fundamentales deben ser positivados en los textos constitucionales, pues éstos operan como mandatos positivos especiales, destinados a que los postulados del Estado Social de Derecho no queden en simples recursos retóricos, pues principios como la solidaridad o justicia social no podrían tener vigencia sin participación activa de las personas. Los deberes fundamentales conceptualiza Peces Barba existen independientemente de su precedencia moral pues su fuente de reconocimiento y vigencia es el ordenamiento jurídico, por ello su incumplimiento normalmente lleva aparejada una sanción. Los deberes pueden clasificarse según el jurista francés Hanicotte de la siguiente manera: Los deberes del ego (deberes consigo mismo), deberes familiares (con/hacia/en el seno de la familia), deberes sociales (con los otros) y deberes cívicos (hacia la colectividad), la Constitución boliviana en el catálogo de deberes fundamentales enumera los siguientes: i) Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; ii) Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución; iii) Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución; iv) Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz; v) Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente útiles; vi) Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato; vii) Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley; viii) Denunciar y combatir todos los actos de corrupción; ix) Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos; x) Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes; xi) Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias; xii) Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones; xiii) Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores; xiv) Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia; xv) Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones; y, xvi) Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.-------------- Estos deberes fundamentales de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, no son meras construcciones retóricas, pues su art. 9.4 pone su vigencia en pie de igualdad con los derechos fundamentales, los principios y valores en cuanto a que es un fin del Estado observar su cumplimiento y garantizar su aplicación material, por ello son parte de la parte dogmática de la Constitución y su reforma sólo es posible mediante Asamblea Constituyente (art. 411 de la CPE). De ahí que los deberes fundamentales adquieren una importantísima función dentro del ordenamiento constitucional boliviano, pues se constituyen en normas que permitirán dar vigencia plena a los derechos fundamentales. El deber de asistencia familiar en el marco del Estado Social de Derecho el deber de asistencia familiar se encuentra dentro de los deberes de la persona en relación a la familia, pues el ser social al nacer en sociedad tiene un primer contacto e interacción socializadora desde y hacia la familia, seno fundamental para el establecimiento de principios y valores Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico, en esa dimensión la Constitución ha previsto en el art. 108.9 el deber fundamental de asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos, en consonancia con aquello el art. 64. I de la CPE, determina que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. De las normas referidas se tiene que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado el derecho fundamental a la educación. el anterior Tribunal Constitucional, al plantear la naturaleza de la obligación de brindar asistencia familiar en términos económicos a través de la SC 0177/2006-R de 17 de febrero, señaló: “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios.------- Ahora bien el tipo de proceso y la norma antes referida se encuentran concordados bajo algunos principios procesales que deben ser considerados como principio fundamentales para emisión de la presente resolución principios como el DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL, “Es un principio que impone a todos los sujetos partícipes del proceso la obligación de actuar con lealtad y buena fe procesal ajustando su conducta a la justicia y al respeto entre sí, debiendo evitarse cualquier conducta fraudulenta o dilatoria del proceso” principio que se encuentra regulado en el Auto Supremo Nº 1333/2016 de 25 de noviembre de 2016, Sentencia Constitucional C-544 de 1994, Auto Supremo Nº 59 de 05 de marzo de 2014 (sala Civil liquidadora).------------------------------- INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLECENTES, vale decir que el Principio del Interés Superior del Niño debe indiscutiblemente ser la guía en la toma de cualquier decisión pública o privada, más aún en sede judicial; sin embargo, su sola enunciación no constituye razón ni justificación suficiente de la decisión; peor aún, no puede instituirse como herramienta de la arbitrariedad, sino que, por el contrario, debe ser la consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal probatorio aportado al proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su apreciación razonada determinará lo mejor para el niño. por tanto, aquellas decisiones en las que únicamente se menciona el Principio del Interés Superior del Niño como frase “cliché” o “plantilla”, sin sustento, no resuelven un problema, sino que lo agravan, por cuanto al constituir un vicio procesal que afecta el deber de motivación de resoluciones judiciales, en ese sentido, corresponde a los operadores de justicia garantizar el respeto y observancia del Principio del Debido Proceso, de tal forma que los derechos que lo conforman: defensa, producir prueba y que esta sea debidamente valorada, obtener una sentencia motivada y fundada en derecho, doble instancia, igualdad procesal, etc., sean plenamente ejercidos por las partes. ARTÍCULO 6. (PRINCIPIOS). Los principios que sustentan el Libro Primero del presente Código son los siguientes: i) Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente. El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar. ARTÍCULO 220. (PRINCIPIOS DEL PROCESO FAMILIAR). El proceso familiar, regulado por el presente Libro, sin perjuicio de los principios procesales constitucionales, se sustenta en los siguientes: k) Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por el que las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de éstos, precautelando sus derechos, con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos. ------------------------ POR TANTO: El suscrito Juez Séptimo de las Familias del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, administrando justicia en primera instancia al amparo de art.- 11, art.- 12 de la Ley N° 025 y Art.- 222 de la Ley 603 en observancia del Art. 116 art.-328 II) y Art.- 440 inc. h) de la Ley 603, se declara PROBADA la demanda de fs. 12-13 de obrados, disponiéndose lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 1.- Se fija una Asistencia Familiar que otorga el Sr. ROGER MENDOZA FLORES, en favor de su hijo Yadira Mendoza Quispe, de 08 meses de edad y fecha de nacimiento 20 de enero de 2019, en la suma de Bs. 450 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) debiendo ser cancelados en forma mensual en este despacho judicial, por el progenitor y obligado Sr. ROGER MENDOZA FLORES, que deberá cumplir puntualmente y con la preferencia del caso, la asignación de asistencia familiar dispuesta, a partir de la citación con la demanda, es decir desde fecha 30 de agosto del 2019, bajo conminatoria de disponerse el embargo de sus bienes y el apremio corporal, conforme determina los Arts. 415-III) y el art. 127, ambos de la Ley 603. -------------------- Regístrese y notifíquese.--------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Dr. José Alberto Molina Velásquez ------------------------------------------------JUEZ Fdo. Ante mi Dra. Rita López Villchez---------------------------------------SECRETARIA EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE POTOSÍ A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D. S. O


Volver |  Reporte