EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO PARA: NIEVES MEDINA MENECES------DRA. NORMA VIVIANA ARNEZ ARNEZ.-----JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº 4 DE LA CAPITALEN SUPLENCIA LEGAL.-------DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.------PROCESO: ACCION PENAL PUBLICO.-----DELITO: ROBO AGRAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 332 DEL CODIGO PENAL.--SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE NIEVES MEDINA MENECES Y DIEGO TAPIA MONTAÑO CONTRA PABLO DANIEL TOLEDO CASILLA, POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A NIEVES MEDINA MENECES, CON EL ACTA DE AUDIENCIA DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2023, A CUYO EFECTO SE TRANSCRIBE EL ACTUADO PERTINENTE EN EL SIGUIENTE TENOR: NUREJ: 201602380 ACTO PROCESAL: AUDIENCIA VIRTUAL DE CONSIDERACION DE SITUACION JURIDICA JUEZ DE SENTENCIA PENAL N° 11 en suplencia legal: Dra. Mabel Gutierrez SECRETARIA – ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA 2: Lic. Cindy Camacho en suplencia legal MINISTERIO PÚBLICO: Dra. Juliana Patiño Arancibia DENUNCIANTES: Nieves Medina Meneces y Diego Tapia Montaño (Ausente) ABOGADO: Ausente IMPUTADO: Pablo Daniel Toledo Casilla ABOGADO DEFENSOR: Jorge Armando Fuentes Ticona DEFENSOR DE OFICIO: Nelson Rosales DELITO ACUSADO: Robo Agravado ARTÍCULO: 332 del Código Penal Oficina gestora de procesos N° 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. FECHA Viernes, 13 de enero de 2023 HORA DE INICIO 18:30 HORA DE CONCLUSION 19:30 En virtud del Art. 120 del Código Penal modificado por la Ley No. 1173 por Secretaría se informó el motivo de la presente audiencia, la concurrencia de las partes precedentemente señaladas y la intervención de cada una de ellas plasmadas conforme al Art. 56 bis, 113, 120 y 371 del CPP. Seguidamente se procedió con la grabación de la audiencia virtual por el ingeniero encargado de soporte técnico del T.D.J., la Sra. Juez declaró instalada la audiencia e indico con precisión el motivo de la misma, y que el mismo será de carácter público. Por secretaría se informe sobre el cumplimiento de las formalidades de rigor la presencia de las partes y el objeto del presente actuado tiene la palabra doctora la palabra señora juez de informar a su autoridad Que, el día de hoy se informó la aprehensión del Sr. Pablo Daniel Toledo Casilla, a Hrs. 15:35 p.m. el cual fue remitido al Juzgado de Sentencia N° 3, sin embargo debo informar a su autoridad que la juez titular del juzgado se encuentra con baja médica; asimismo la secretaría de juzgado se encuentra con baja médica, habiéndose acudido a la juez en suplencia que sería la Juez del Cuarto de Sentencia, quien se encontraría declarada en comisión, asimismo los otros jueces se encontraban en audiencia, habiendo recaído esta causa ante su Autoridad. Por otro lado Sra. Juez se encuentra presente en audiencia la representante del Ministerio Público la Dra. Juliana Patiño, por otro lado se encuentra presente el acusado Pablo Daniel Toledo asistido de su abogado defensor el Dr. Jorge Armando Fuentes Ticona, asimismo se encuentra presente el abogado defensor de oficio el Dr. Nelson Rosales Claros, ausentes la parte denunciante. Con el uso de la palabra, la Sra. Juez consulta si ve la posibilidad de una salida alternativa en la presente causa al Ministerio Publico.- Se estaba conversando con el abogado de la defensa donde el imputado tiene antecedentes penales por sentencia condenatoria del 2015 sin embargo existen otro tipo de antecedentes de declaratorias de Rebeldía. Por lo que estábamos recién en tratativas de ver la posibilidad precisamente de la salida alternativa. Con el uso de la palabra la Sra. Juez, manifestó lo siguiente.- Tomando en consideración ese aspecto y tomando en cuenta que la suscrita no es titular de la presente causa, en el entendido que debe resolverse la situación jurídica del imputado por su aprehensión es que se está ingresando a este actuado procesal, viendo si podría existir la posibilidad de llegar a alguna salida alternativa o en su caso resolver la situación jurídica del imputado , el Juzgado de Sentencia N° 3 está careciendo en este momento tanto el personal de apoyo jurisdiccional como es la secretaria y la autoridad judicial, y en consideración a las suplencias legales que fuese titular para conocer la presente causa sería el juzgado de Sentencia N° 4, por la declaratoria en comisión de dicho juzgado, en razón de eso debe pasar al Juzgado de Sentencia Penal y Liquidador N° 5 y así sucesivamente, para que bajó el principio del juez natural sea dicha autoridad quién resuelva el motivo del requerimiento conclusivo que se hubiese emitido en contra del procesado, lo cual al presente se ha pretendido empero por la avanzada de la hora no se agotado esta subsidiaridad y al existir una aprehensión la suscrita solamente va a definir la situación jurídica del mismo. Bajo esos antecedentes no se llevara a cabo el juicio correspondiente cuál ha sido la finalidad de la emisión del correspondiente mandamiento de aprehensión emitido por este despacho cómo es el Juzgado de Sentencia N° 3. Con el uso de la palabra la representante del Ministerio Publico, manifestó lo siguiente.- esta parte solicita fundamentar la solicitud de revocación de las medidas sustitutivas de las que venía gozando el procesado, puesto que el mismo ya se le han aplicado medidas cautelares de manera anterior, por lo que solicita fundamentar conforme establece el art. 247 en sus núm. 1) y 2) del CPP. Con el uso de la palabra el abogado de la defensa, manifestó siguiente.- Con carácter previo, antes de ingresar a la fundamentación del Ministerio Publico, esta parte va a indicar cuales son los motivos de la presente audiencia, mi defendido dentro de esta causa penal se ha podido llevar una audiencia de medidas cautelares que es de conocimiento del Ministerio Publico, es así que mi defendido cuenta actualmente con medidas de carácter personal conforme el art. 231 Bis del CPP, donde en la actualidad el Ministerio Público no ha solicitado la consideración de una audiencia de revocatoria para ver su situación jurídica de mi defendido, ahora bien mi defendido se encuentra en estrados judiciales a través de un mandamiento de aprehensión por la incomparecencia al desarrollo de un juicio oral, en la cual existe una acusación formal por el Ministerio Público en consecuencia un auto de apertura de fecha 1 junio del 2021, es así que se ha podido notificar a mi cliente con el nuevo señalamiento de juicio oral para la fecha 24 de agosto del 2021, ante la incomparecencia del actuado procesal del juicio oral se emitió el correspondiente mandamiento de aprehensión, es así que el mandamiento de aprehensión en la parte literal final indica claramente que así se tiene ordenado por auto de rebeldia de fecha de 24 de agosto del 2021, si revisa el auto de rebeldía es por la incomparecencia al juicio oral, por lo que es parte solicita con la finalidad de no realizar una nulidad de actividad procesal defectuosa al querer tratar de poder llevar una audiencia cautelar doblemente o una audiencia de revocatoria, ya que mi cliente jamás ha sido notificado con una audiencia de revocatoria con anterioridad o tal vez el Ministerio Público o la parte víctima o querellante haya presentado documentación idónea o pertinente que indique que estaría incumpliendo algunas medidas y solicitar una audiencia de revocatoria, bajo estos fundamentos solicita que se lleve a cabo el desarrollo del juicio oral. Con el uso de la palabra, la Sra. Juez, manifestó lo siguiente.- Empero debemos tener entendido que, el procesado tenía toda la obligación de estar presente en todos los actuados procesales señalados por el órgano jurisdiccional y si ha incumplido lo referido mediante Auto de fecha 24 de agosto del 2021, ha sido el objeto para la emisión del correspondiente mandamiento de aprehensión, reiterando que vamos a resolver simplemente la situación jurídica hasta que se instale el juicio oral público y contradictorio que ha dado motivo para la emisión del correspondiente mandamiento de aprehensión y la declaratoria de Rebeldía, es en base a eso que el Ministerio Público ha pedido en este actuado procesal fundamentar los motivos de la revocatoria para resolver la situación jurídica procesal del imputado. En consecuencia debemos estar a dichos antecedentes Se concede la palabra al Ministerio Publico a objeto de que fundamente en derecho la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, bajo ese entendido vamos a resolver la situación jurídica del imputado, si se aplicado medidas cautelares anteriormente y el imputado gozando de dichas medidas cautelares ha hecho caso omiso al llamado del órgano jurisdiccional el cual ha merecido el Auto de fecha 24 de agosto del año 2021, estamos hablando a más de un año de la emisión de dicho Auto, es en ese sentido que en este actuado procesal bajo el advertido de que no se pueda llevar el juicio correspondiente tomando en cuenta que no soy yo la juez natural correspondiente para resolver el juicio que a motivado la emisión del correspondiente mandamiento, debemos definir la situación jurídica del imputado hasta que el juez correspondiente señale el día y hora del juicio oral. Con el uso de la palabra la representante del Ministerio Publico, manifestó lo siguiente.- Considerando que de antecedentes por audiencia del 1 de marzo del año 2016, se ha aplicado medidas cautelares al ahora procesado disponiendo en un principio su detención preventiva que de manera posterior el mismo ha solicitado su cesación del cual ha venido gozando medidas distintas tal cual era firmar, un arraigo y otras medidas, lamentablemente no cuento con el acta sin embargo, lo evidente es que posterior a que el procesado ha gozado precisamente de estas medidas sustitutivas ha rehuido a la acción de la justicia dentro de la presente causa; el art. 221 del CPP, establece que los efectos de las medidas cautelares tienen como parámetros, uno la averiguación de la verdad, realizar una investigación sin obstaculización y principalmente los efectos de la ley, es decir que el procesado esté pendiente y este detenido precisamente al desarrollo de este juicio oral a fin de que se pueda dilucidar, es ahí donde ingresa el tema de la aplicación de la ley, al presente existen aún peligros procesales, se va a fundamentar el art. 233 en el núm. 1) del CPP., puesto que aún sigue persistiendo la probabilidad de autoría en merito a ello se ha emitido una acusación formal en la que se tiene que en fecha 29 de febrero del año 2016, Pablo Daniel Toledo Casilla junto con otros dos procesados más han procedido sustraer objetos personales de la Sra. Nieves y Diego Tapia Montaño, cuando estos se encontraban en inmediaciones de la Av. Aroma y Calle Agustín López, zona central, estos han sido reconocidos por estas personas, subsumido esa actitud dentro de lo previsto por el núm. 2) del art. 232 del CP., concurriendo por ello el núm. 1) del art. 233. Con relación al núm. 2 ) del art. 233 del CPP., se va a fundamentar el núm. 1); respecto a la falta de domicilio, trabajo y familia; por relación a lo relativo al domicilio, del legajo procesal podrá advertir que el procesado ha sido citado por edictos, puesto que posterior a que esté ha gozado de la cesación a la detención preventiva, el domicilio que está declarado como un lugar para ser ubicado, ya no ha sido más ubicado y se ha tenido que notificársele por edictos precisamente a fin de que se puede dar continuidad al proceso. Se va a solicitar sirva declarar por concurrente el núm. 4) del art. 234 del CPP, bajo el siguiente fundamento y en merito a la siguiente documentación que se ha presentado vía gestoría, el citado artículo refiere el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo, ahora bien el certificado de antecedentes penales que se ha hecho referencia tiene dos parámetros, debe observar uno, la declaratoria de Rebeldía que data del 24 de octubre del 2022 emitida por el juzgado de anticorrupción y violencia contra la mujer N° 2 dentro de un proceso por violencia familiar y otro una segunda declaratoria de Rebeldía que data de 24 de agosto del 2021 emitida por el juzgado de Sentencia Penal N° 3 que corresponde a este proceso, es decir el ha demostrado su conducta de negación de asistir, asumir y permanecer presente dentro de los procesos tanto en este como en otro proceso, es decir concurre al núm. 4) del 234 del CPP. Se va a citar también se sirva declarar por concurrente el núm. 7) del artículo 234 del CPP., puesto que del REJAP también que sea citado se puede advertir que cursa una sentencia condenatoria de fecha 19 de noviembre del 2015, dictada por el Juzgado de Instrucción N° 8 por el delito de robo agravado previsto por el art. 232 del CP., por otra parte debe considerar que conforman los parámetros qué establece el art. 233; se va a solicitar por ello, la aplicación de la medida de detención preventiva, puesto que se ha llegado acreditar que las otras medidas cautelares no llegan a ser suficientes para poder asegurar la presencia del procesado dentro del juicio, puesto que el mismo ha demostrado que no tiene voluntad de sometimiento a la ley y de permanecer arraigado para los efectos del proceso, considerando que nos encontramos en una fase para desarrollo de juicio oral, no es necesario fundamentar en esta fase el tiempo de solicitud de la detención, por ello se va a solicitar a su autoridad se sirva dar curso al petitorio ya que el mismo no se encuentra dentro de las excepciones establecidas por el art. 232 del CPP., solicitando por ende se sirva señalar audiencia de manera pronta a fin de poder desarrollar dicho juicio oral. Con el uso de la palabra el abogado de la defensa, manifiesta lo siguiente.- Que, en primera instancia el Ministerio Público indica de que sí habido una audiencia cautelar, donde se le ha impuesto medida cautelar cómo ser una fianza, un arraigo, la presentación, pero manifiesta textualmente que no cuenta con el acta de audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público fundamenta el art. 231 del CPP, con referencia dentro de este proceso penal que haya sido fundamentado por el juez aquo ha podido determinar en esta audiencia cautelar la probabilidad de autoría o no de mi defendido, siendo así el Ministerio Público estuviera en contra de las garantías constitucionales y el debido proceso. El art. 6 del CPP., reconoce este principio y está garantía a toda persona que se encuentre dentro de un proceso penal, estamos a la espera de un proceso de un juicio oral público y contradictorio, la presunción de inocencia de toda persona que tiene dentro de un proceso penal, el art. 116 de la CPE reconoce la presunción de inocencia, asimismo Tratados Internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 11, reconoce a toda persona la presunción de inocencia hasta que tenga una Sentencia Ejecutoriada. El art. 234 del CPP, manifiesta y da a conocer el peligro del domicilio, que a través del domicilio no se ha podido llegar a notificar algunos actuados, pues este proceso data antiguamente desde hace años atrás, no es como ahora en la imputación formal donde está el domicilio procesal la actividad y los demás datos que se tiene que realizar, esta acusación que el mismo Ministerio Público ha presentado y cursa en el proceso que indica nombre del acusado, cedula de identidad, abogado defensor Dr. Gustavo Ortega, estado civil soltero pero no hay en la indicación de un domicilio real, ahora bien las oficinas gestoras no han podido tal vez realizar estas notificaciones y cómo es un dato genérico y no específico es que a través de eso han informado y se han hecho algunos actuados a través de las publicaciones edictales, sí bien es cierto la ley da a conocer que las notificaciones tienen que ser de manera personal, por cédula y por edicto y es por eso que a través de edictos se ha podido citar el nuevo señalamiento de juicio oral, estamos a la espera de ese juicio. El Ministerio Público, manifiesta que está latente el art. 234, aumentando un riesgo procesal más que en audiencia cautelar el mismo Ministerio Público cuenta con el cuadernillo de investigación, siendo que no estaba latente en está imputación formal dentro de este proceso penal, qué quiere decir, el comportamiento durante el proceso o anterior en la medida que indique de su voluntad de no someterse al mismo, ahora indica de que realmente existiría Rebeldía de este proceso, si realmente corresponde la carga de la prueba en esta audiencia es del Ministerio Público demostrar de manera objetiva la concurrencia de este riesgo procesal, cosa de que en la presente audiencia no lo ha presentado. Con respecto al núm. 7); la SSCC 0056/2014, es clara al indicar de que este numeral tiene que demostrarse que tenga antecedentes policiales y sentencia del juzgado, qué quiere decir el certificado de REJAP para poder demostrar de que mi defendido Pablo Daniel Toledo si es un peligros efectivo para la sociedad, cosa de que en la presente audiencia tampoco lo ha presentado. Tiene que ver documentación idónea y pertinente para la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización, la SSCC 276/2018, que esta carga probatoria y argumentativa de estos riesgos procesales tienen que demostrarse de manera objetiva. El Ministerio Público, no ha podido fundamentar el peligro de obstaculización, porque no correspondería en esta parte hacer una nueva fundamentación de un peligro de obstaculización. Ahora el Art. 247. Del CPP., causales de revocatoria; las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal, la víctima aunque no se hayan constituido en parte querellante, el Ministerio Público pensaba solicitar esta revocatoria y pedir una drástica medida que ha solicitado cómo es la detención preventiva, no corresponde porque el Ministerio Público tiene que hacer el principio de objetividad, al poder solicitar una medida cautelar siendo de que la libertad es la regla y la excepción es la detención preventiva, conforme la SSCC 0014/2012, esta manifiesta y da a conocer en su ratio decidenti de que se tiene que aplicar si estuviera latente ya sea un riesgo de fuga u obstaculización, el principio de favorabilidad, amparado en el art. 7 del CPP, el art. 221 y 222 del CPP, por lo que esta parte solicita de que se aplique medidas de carácter personal conforme al art. 231 bis y entre ellas la detención domiciliaria con resguardo policial con la finalidad de que mi defendido Pablo Daniel Toledo esté presente a un nuevo señalamiento de juicio oral público y contradictorio y solicitar una sentencia absolutoria. La Sra. Juez paso a dictar la siguiente resolución.- VISTOS.- La remisión de aprehensión realizada por la autoridad fiscal en mérito al mandamiento de aprehensión emitido por el Juzgado de Sentencia N° 3 en fecha 24 de agosto del año 2021; dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Nieves Medina Meneces y otro contra el prenombrado, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal, y lo manifestado en este actuado procesal por la representación del Ministerio Público, lo manifestado por la defensa de la parte procesada y del petitorio. CONSIDERANDO I.- Que, teniendo en cuenta que a través de la fundamentación realizada por el Ministerio Público está requiere por la revocatoria de medidas cautelares de carácter sustitutivo a la detención preventiva, tomando en cuenta que el procesado en una primera instancia hubiese gozado de estas medidas de hoy conocidas como medidas cautelares de carácter personal, habiendo incumplido las mismas esto en el entendido de que el mismo debería estar a las emergencias de todo el proceso, siendo que el mismo hubiese sido declarado Rebelde mediante Auto de fecha 24 de octubre del año 2021 y teniendo en cuenta la finalidad de la aplicación de las medidas cautelares, el cual si bien se han cumplido en cierta parte, cómo es la averiguación de los hechos y que el procesado no obstaculice la presente investigación, al presente estuviese incumplido sobre la tutela efectiva, es decir estar a todas las emergencias del proceso. En base a dicho fundamento y en consideración a que se reúnen las exigencias del art. 233 en sus núm. 1) y 2); solicita la medida cautelar de carácter personal cómo es la detención preventiva, esto en el entendido de que concurre el presupuesto material y que concurrirían los riesgos procesales en estos de fuga, en sus núm. 1) y 4) del art. 234 así como el núm. 7). En el entendido de que el mismo no tiene un domicilio conocido, siendo que para la presente causa se lo hubiese procedido a notificar mediante edictos, lo que conllevaría que no tenga acreditado un domicilio habitual y habitable para las emergencias de la presente causa. El núm. 4) del Art. 234 del CPP, teniendo en cuenta los antecedentes de la declaratoria de Rebeldía, la voluntad del procesado de someterse a este proceso o a otro señalando que también ha sido declarado Rebelde en el Juzgado de Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer en fecha 24 de octubre del año 2022, sumados a la presente causa que ha sido declarado Rebelde también, por lo que a criterio de la autoridad fiscal concurriría este presupuesto. También hace alusión a la concurrencia del art. 234 núm. 7) del CPP, siendo que al presente en el REJAP que se hubiese adjuntado, cursaría una sentencia condenatoria en contra del imputado, lo cual conllevaría a sostener el peligro efectivo para la sociedad que involucraría el hoy imputado; por lo que solicita la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de última ratio cómo es la detención preventiva. Por su parte la defensa, hace referencia de que el procesado conforme lo manifestado por la propia autoridad fiscal, estaba ya sometido a medidas cautelares, que al presente habiéndose realizado a través del Auto de fecha 24 de agosto del año 2021 por una incomparecencia al actuado procesal se hubiese procedido a la emisión del mandamiento de aprehensión en contra del hoy procesado y la declaratoria de Rebeldía contra el mismo. Teniendo en cuenta que la propia autoridad fiscal desconoce el cumplimiento de las medidas cautelares que se le hubiese impuesto al cual ha señalado la misma que desconoce las medidas impuestas, sin embargo esta señala el arraigo y una fianza, manifestando textualmente que no contaría con el acta de medidas cautelares. Hace alusión al art. 233 núm. 1) del CPP. como es la probabilidad de autoría, siendo que a criterio de esta parte la autoridad fiscal estuviera vulnerando el art. 6 del CPPP y el art. 116 de la CPE, el cual garantiza la presunción de inocencia tomando en cuenta que nos encontraríamos a puertas de realizar el juicio oral público y contradictorio, por lo que nos estuviese en criterio de esta parte cumpliendo con el núm. 1) del art. 233 del CPP. Ahora bien conforme los datos que constan en la acusación realizada por el Ministerio Público establecería simplemente datos generales cómo es la cédula de identidad, el estado civil, su defensa y el domicilio procesal, a razón de eso qué tal vez la oficina gestora hubiese procedido a notificarle mediante edictos, siendo que al presente tuviese un domicilio conocido el cual no hubiese sido consignado en la acusación por parte del Ministerio Público, por lo que a criterio de esta parte no se estuviese acreditando el elemento o riesgo procesal de fuga en el núm. 1) del art. 234 del CPP. Así mismo que en este actuado procesal la representación del Ministerio Público, estuviese incrementando el riesgo procesal establecido en el núm. 4); el cual nunca hubiese sido un fundamento en la imputación formal, el cual la parte procesada desconocería de dicho fundamento en aplicación de medidas cautelares, por lo que a criterio de esta parte no concurriría este presupuesto del núm. 4 del CPP, más aún está autoridad fiscal no estuviese presentando prueba objetiva referente a lo que se hubiese manifestado en este actuado procesal cómo son las declaratorias de Rebeldía que señala el Ministerio Público. Siendo que también hace observación al núm. 7) del art. 234 del CPP. tampoco se acreditaría el peligro efectivo que establece este presupuesto procesal y que conforme la SSCC 056/2014, el cual establece claramente que para la concurrencia de este presupuesto debe acompañarse prueba objetiva de antecedentes policiales o el certificado de REJAP con una sentencia condenatoria en contra del procesado, aspecto que el Ministerio Público no estuviese cumpliendo y bajo los principios que establece la SSCC 014/2012 de estar vigente un solo riesgo procesal debe aplicarse el principio de favorabilidad, por lo que solicita la aplicación de medidas cautelares de carácter personal entre esta la detención domiciliaria e incluso con custodio policial a objeto de garantizar la presencia del procesado en el juicio correspondiente; siendo que el Ministerio Público a criterio de la defensa no estuviese cumpliendo con los presupuestos del art. 247 del CPP, es decir para fundar una revocatoria de medidas cautelares. CONSIDERANDO II.- Fundamentos de la presente resolución para la presente resolución vamos a hacer hincapié a lo preceptuado en el art. 221 del Código de Procedimiento Penal, establece: “(Finalidad y Alcance) La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el Artículo 7 de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código, y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación. No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas.”; de la misma forma el Art. 222 del Código de Procedimiento Penal, establece que: “(Carácter) Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de Procedimiento Civil, se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este Código, así como el pago de las costas y multas.”, es decir la finalidad de las medidas cautelares, asimismo lo establecido en el art. 247 del Código de Procedimiento Penal, “ (Causales de Revocación).- Las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la víctima aunque no se haya constituido en querellante, cuando se acrediten sin otra formalidad que: 1. El imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas; 2. Se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; o, 3. El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente.” Del caso en análisis pasando a resolver la solicitud del Ministerio Público, en principio tomando en cuenta que se ha remitido al Órgano Jurisdiccional casi al finalizar la jornada laboral la aprehensión realizada en contra de Pablo Daniel Toledo Casilla dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nieves Medina Meneses, por la presunta comisión del delito de robo; y en consideración al art. 113 parágrafo segundo parte séptima, en el cual establece la excepcionalidad ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito, teniendo en cuenta lo expresado antes del momento de iniciar el actuado procesal en el entendido que la audiencia de juicio oral debe ser resuelto por el juez natural, en este entendido por el juez de la causa que vendría a ser la juez de Sentencia N° 3 y ante su impedimento legal el siguiente número, no existiendo la posibilidad de la suscrita de poder ventilar bajo el principio del juez natural el juicio correspondiente en el entendido que bajó está excepcionalidad simplemente va a definir la situación jurídica del procesado a los fines de asegurar su presencia en el juicio correspondiente es que se está resolviendo la solicitud de revocatoria de medidas cautelares aplicadas en favor del procesado a los fines de asegurar dicha presencia. Con relación a los presupuestos que la norma establece para la aplicación de la medida cautelar de última ratio, conforme también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha analizado que ante dicha solicitud deben revisarse y valorarse íntegramente los presupuestos tanto materiales y procesales correspondientes para dar o no dar curso a dicha petición. Referente al primer presupuesto cómo es la probable autoría del hoy imputado, teniendo en cuenta que efectivamente que la presente causa esta puertas de la celebración del juicio oral público y contradictorio, es decir existe una acusación en el cual también se han remitido los elementos de prueba que han sido recolectados en la etapa preparatoria correspondiente es decir existen los suficientes elementos de convicción para sostener la probable autoría del procesado Pablo Daniel Toledo Castilla, conforme este análisis estamos realizando, ya no estamos en una etapa preparatoria, estamos en un juicio oral público y contradictorio, es decir ya hemos pasado y hemos superado de la etapa correspondiente y estamos a la celebración del juicio oral público y contradictorio, en consecuencia se cumple este presupuesto de la probable autoría del procesado en el hecho que sea ahora acusado por el Ministerio Público. Con referencia al segundo presupuesto cómo son los riesgos procesales del Ministerio Público, el día de hoy ha fundado los riesgos procesales de fuga en sus numerales 1), 4) y 7) del Art. 234 del CPP. Pasando analizar el núm. 1) del referido artículo, cómo es el domicilio del procesado, estos antecedentes que han motivado el presente actuado procesal hacen ver que efectivamente el procesado no cuente con un domicilio habitual y habitable, por cuanto el mismo ha sido notificado mediante edictos correspondientes con la declaratoria de Rebeldía, por lo que efectivamente no da y no brinda este presupuesto o elemento arraigado de domicilio, más aún si tomamos en cuenta que efectivamente en la acusación que ha realizado el Ministerio Público no consta un domicilio por el cual se pueda a Pablo Daniel Toledo Castilla poder ser ubicado a los fines de hoy en esta etapa juicio oral público y contradictorio, ahora bien si existía este defecto el procesado tenía las vías correspondientes para hacer los reclamos en la etapa correspondiente, por cuanto el mismo ha sido notificado con la acusación y este a los fines del proceso debería establecer este domicilio; por lo que efectivamente concurre al núm. 1) del art. 234 del CPP, al no acreditarse de manera idónea un domicilio habitual y habitable por parte del procesado. Con referencia al núm. 4) del art. 234 del CPP, también concurre este presupuesto tomando en cuenta que el procesado en la presente causa ha sido declarados Rebeldes, decir no cuenta con una voluntad de someterse a la presente causa, siendo que la declaratoria de Rebeldía es del mes de agosto del año 2021, decir estamos a más de un año de que el procesado ha sido declarado Rebelde, él conoce perfectamente la existencia de la presente causa, él tiene la obligación también de apersonarse al proceso si es que se han vulnerado algunos derechos o garantías constitucionales, hacer el reclamo correspondiente para que el juez controlador en la presente causa también resuelva dicho aspecto, empero el mismo a partir de haberse señalado el juicio oral o de haber obtenido su cesación a la detención preventiva no ha asumido el rol y el compromiso de someterse al procedimiento; por lo que concurre este presupuesto. Con referencia al núm. 7 del art. 234 del CPP, cómo es el peligro efectivo para la víctima o la sociedad, en el presente actuado procesal efectivamente a la suscrita no se hiso llegar el certificado de REJAP que ha hecho alusión a la autoridad fiscal para ser valorado en este acto. Por secretaría voy a pedir si efectivamente existe el certificado del REJAP correspondiente que el Ministerio Público ha señalado. Se informó por Secretaria, que si efectivamente se presentó las literales a la que hace mención, mediante memorial de fecha 13 de enero de 2023, presentado por la representante del Ministerio Publico. Las literales que han sido apuntadas por el Ministerio Público a través de buzón judicial, con referencia al presupuesto establecido en el núm. 7) del art. 234 del CPP. cómo es el peligro efectivo para la víctima, para la sociedad o el denunciante; se tiene como antecedentes Sentencia Ejecutoriada de fecha 19 de noviembre del año 2015 dictada en contra del hoy procesado; Auto de declaratoria de Rebeldía de fecha 24 de octubre del año 2022 y Auto de declaratoria de Rebeldía del 24 de agosto del año 2021; sumados a que se ha acompañado también el extracto de denuncias en contra del hoy procesado, conllevando a que efectivamente el procesado sea un peligro efectivo para la sociedad, en consideración a que el mismo cuenta con antecedentes en estrados judiciales, teniendo 5 procesos en su contra, así como cuenta con antecedentes penales, teniendo registros de las Sentencias condenatorias y las declaratorias de Rebeldía; en consecuencia se cumple con el presupuesto que establece núm. 7) del art 234 del CPP. Siendo que al presente se han cumplido los presupuestos establecidos para considerar la solicitud del Ministerio Público y decir hacer la valoración integral del art. 233 del CPP, en sus núm. 1) y 2); teniendo en cuenta que el delito que se está ya a punto de ser juzgado, está fuera de las restricciones del art. 232 del CPP, corresponde determinar conforme a ello. POR TANTO.- La suscrita juez en suplencia de la titular de la presente causa declara PROCEDENTE la revocatoria solicitada por el Ministerio Público a las medidas cautelares de carácter sustitutivo que han sido aplicadas en favor del imputado, esto en el entendido que esté a través de un mandamiento de aprehensión que ha sido emitido a través de una declaratoria de rebeldía de fecha 24 de agosto del año 2021, es decir no ha tenido la voluntad de someterse al proceso en consecuencia la finalidad de las medidas cautelares qué son asegurar la presencia del imputado en todo el desarrollo del proceso y el juicio, no han sido cumplidas por el procesado; por lo que corresponde dar carta libre a lo requerido por la autoridad fiscal ante también la concurrencia de los presupuestos establecidos en los núm. 1) y 2) del art. 233 del CPP cómo es la probable autoría y los riesgos procesales entre estos los núm. 1), 4) y 7) del art. 234 del CPP, disponiéndose que el procesado guarde Detención Preventiva en el Penal de “San Sebastián varones” hasta que nuevos elementos demuestran que ya no concurren los motivos que fundaron la revocatoria de las medidas cautelares o torne conveniente su sustitución por otra medida. A los fines de resolver la situación del juicio oral público y contradictorio se señala audiencia para fecha martes 17 de enero de 2023 a Horas 9:00 am. queda notificada a la parte procesada con dicho señalamiento de audiencia queda notificada la autoridad fiscal con dicho señalamiento, notifique sea la parte víctima objeto de precautelar sus derechos con dicho señalamiento de audiencia, notifíquese al Centro Penitenciario dónde va a guardar detención preventiva el procesado, a los fines de que también asegure la presencia del mismo en dicho actuado procesal de manera virtual mediante el sistema Cisco Webex, debiendo enviarse el enlace para la celebración de la audiencia por la oficina gestora y sea con la debida anticipación, siendo el enlace el siguiente, sin perjuicio de que sea enviado nuevamente: https://ojpenalcbba.webex.com/ojpenalcbba/j.php?MTID=m078e65ea4cc75c01d45695036d8cde31., . Con el uso de la palabra el abogado de la defensa, manifiesta lo siguiente.- esta partes va a solicitar conforme el Art. 125 del CPP, en el sentido de que si su digna autoridad podría solicitar la detención preventiva en el Recinto Penitenciario de “EL ABRA”, siendo que actualmente mi defendido está viviendo por la zona, cuenta con su familia por el lugar y para que sus familiares puedan visitarlo. La Sra. Juez pasa a complementar dicha resolución de la siguiente manera.- Teniendo en cuenta los aspectos que ha señalado la defensa, pese a que no existe elemento alguno referente a que el procesado cuente con un domicilio y a los fines de establecer de que este no se quede en indefensión, es decir que su familia también pueda estar pendiente del mismo, se va a cambiar el Recinto Penitenciario donde se ha dispuesto la detención preventiva, vamos a disponer que dicha detención preventiva se lo realiza en el Centro Penitenciario de “EL ABRA”, solamente se corrige ese aspecto. Disponiéndose que por secretaría se emite el correspondiente mandamiento de detención preventiva al Centro Penitenciario de “EL ABRA”. Quedan las partes notificadas con la presente resolución por su pronunciamiento en audiencia, conforme al art. 160 parte infine del CPP y se advierte a las mismas que pueden hacer uso de su derecho al recurso de apelación conforme determina el artículo 251 del CPP. REGÍSTRESE.- Con lo que terminó el acto, firmando en señal de conformidad con su tenor; la Sra. Juez en suplencia legal, la Suscrita Secretaria–Abogada en suplencia legal. Doy Fe.- FDO. DRA. MABEL GUTIERREZ VALLEJOS. JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº 11 EN SUPLENCIA LEGAL. ANTE MI. FDO. DRA. SECRETARIA ABOGADA. EN SUPLENCIA LEGAL, ES CONFORME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FDO. DRA. NORMA VIVIANA ARNEZ ARNES. JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº 4 EN SUPLENCIA LEGAL. ANTE MI. FDO. DR. SECRETARI ABOGADO. ES CONFORME COCHABAMBA, 16 DE ENERO DEL 2023 D. S. O.


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