EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO Nurej: 200803600 PROCESO: ESTAFA Y ESTELIONATO QUERELLANTE: MINISTERIO PÙBLICO VICTIMA: EDWIN HECTOR FERNANDEZ ACUSADO: BERTHA GARCIA ABAN OBJETO: NOTIFICAR A: EDWIN HECTOR FERNANDEZ (VICTIMA) JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJENA JUEZ DE SENTENCIA SEXTO DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA CAPITAL OBJETO: NOTIFICACION CON AUTO INTERLOCUTORIO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE AUDIENCIA DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION (Jornadas de Descongestión) JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO DE LA CAPITAL NUREJ: 200803600 JUEZA: Dra. Nataly Flores Jijena SIGUE: Ministerio Público IMPUTADO: Bertha García Aban DELITO: Estafa y estelionato SECRETARIA: Abg. Raquel Nivia Inda Castillo FECHA Y HORA: 30 de septiembre de 2022 de 2022, Hrs. 09: 20 a.m. En la ciudad de Tarija, siendo horas 09:20 a.m. del día 30 de septiembre de 2022, en Jornadas de Descongestionamiento, el personal del Juzgado de Sentencia Sexto de la Capital, conformado por la Sra. Juez Dra. Nataly Flores Jijena y la suscrita Secretaria Abogada Raquel Nivia Inda Castillo, se constituyó a la audiencia virtual a través de la plataforma cisco webex, en cumplimiento al Comunicado que dispone las Jornadas de descongestión, con el objeto de instalar la audiencia de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Bertha García Aban por la presunta comisión del ilícito de Estafa y Estelionato Previo a instalar la audiencia, por secretaría se informa que se encuentren presentes en sala virtual: representante del Ministerio Público representado por la Dra. Vanina Fernández, Defensor de oficio Dr. José Luis Vargas, Dr. Grover Morales representante del Sepdavi: ausentes Victima y acusado Con lo que se instala la presente audiencia y la señora Juez concede la palabra al Ministerio Público para que fundamente su solicitud: El Ministerio Público se ratifica en el memorial presentado, por su lado, la defensa se adhiere a dicha solicitud. Acto seguido la Sra. Juez pasa a resolver; AUTO INTERLOCUTORIO C.U.200803600 Tarija, 30 de septiembre de 2022 VISTOS: La Excepción de Extinción de la acción penal por prescripción planteada por la representante del Ministerio Público, fundamentación y contestación efectuada, antecedentes procesales, y; CONSIDERANDO: La representante del Ministerio Público interpone extinción de la presente acción penal por prescripción, argumentando que el art. 8.1 de la CADH, la cual establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, por su parte la Corte CIDH dentro del caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, ha establecido que el derecho al acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan en tiempos razonables y este tribunal considera como “tiempo razonable”, el establecido en el art. 81 de la Convención, pues se debe apreciar la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva y que una demora prolongada constituye una violación a las garantías judiciales. Al respecto el Art. 27 del CPP en su inciso 8 determina que, una de las formas de extinción de la acción penal es la prescripción, la cual puede ser entendida como un límite temporal del poder punitivo, bajo el entendido de que la actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de forma indefinida, pues el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa y a su vez la seguridad jurídica , es así que la prescripción tiene su fundamento también en la CPE art. 119 II), derecho a la defensa y 117 par. I) garantía al debido proceso y principio de seguridad jurídica (SC 1935/2013). Es así, que el Ministerio Público acusa a Bertha García Aban por la presunta comisión del delito de Estafa y Estelionato (Art. 335 y 337 del CP) del cual fue víctima el señor Edwin Héctor Fernández este hecho suscitado 07 de octubre de 2004; de la verificación del cuaderno de autos se puede establecer que la acusada ha sido declarado rebelde el 20 de mayo de 2015 y que desde esa primera rebeldía hasta la fecha ya se cumplió los 7 años y 3 meses establecidos por la misma normativa, correspondiendo a los efectos del término de la prescripción la aplicación del art. 29 en su núm. 2) y “En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea de seis y mayor de dos años”, término que empieza a computarse desde la media noche en que se cometió el delito o en que cesó su consumación (Art. 30 del CPP), y que aplicando el art. 31 de la Ley 1970 el cual señala que “el termino de a prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente”, en ese entendido desde la primera declaratoria de rebeldía de fecha 20 de mayo de 2015 han trascurrido 7 años y 3 meses, sobrepasando el tiempo establecido por la propia norma, por lo que está prescrito y solicita se conceda lo peticionado. De igual forma el transcurso de tiempo deja entrever que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, particularmente las testificales, no van a ser producidas con la efectividad que se espera restringiéndose el derecho a la defensa del acusado, de igual forma solicita se considere que la víctima no ha concurrido a la audiencia pese a haber sido notificado. A su turno la defensa se adhiere a su solicitud indicando que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sentado línea jurisprudencial en el sentido de que los juicios no pueden estar abiertos por un tiempo indeterminado. CONSIDERANDO II: Que, para considerar la solicitud impetrada por el Ministerio Publico es importante analizar que la prescripción es un instituto jurídico, en virtud del cual y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado, ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales o por los particulares en los delitos de orden privado. Se funda en un interés social, por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, por ello la prescripción es una causal de la extensión de la acción penal que opera por la el transcurso del tiempo luego de la comisión del delito, así se tiene prevista en nuestra legislación en su art. 27 núm. 8) del CPP, es decir, es el propio Estado el que, a través de la norma penal, establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal, pues como se ha referido la actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales que están establecidos también en la constitución política del estado es por ello que se están establecidos también por ellos que se encuentran sumamente vinculado a estos principios, valores, derechos y garantías constitucionales, entre ellas podemos resaltar el debido proceso de seguridad jurídica. Al respecto el Art. 27 del CPP en su inciso 8 determina que, una de las formas de extinción de la acción penal es la prescripción, la cual puede ser entendida como un límite temporal del poder punitivo, bajo el entendido de que la actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de forma indefinida, pues el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa y a su vez la seguridad jurídica , es así que la prescripción tiene su fundamento también en la CPE art. 119 II), derecho a la defensa y 117 par. I) garantía al debido proceso y principio de seguridad jurídica (SC 1935/2013). La prescripción desde y conforme la CPE, se encuentra íntimamente vinculada con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica. Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido, conforme claramente lo ha manifestado el Ministerio Público en lo que respecta a la producción de su prueba. De lo anotado precedentemente, se denota que el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa, el cual tiene estrecha relación con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso del imputado (art. 16.IV de la CPE), que a su vez precautele sus derechos a la defensa (art. 16.II de la CPE) y a la seguridad jurídica (art. 7 inc. a) de CPE)”, así lo establece la SC0023/2007-R de 16 de enero y SC 2935/2013, la Corte CIDH dentro del caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Ahora bien, del análisis que precede y verificada como se tiene los antecedentes procesales y prueba adjunta, el Ministerio Público impetra como acto conclusivo acusación fiscal contra Bertha García Aban por la presunta comisión del delito de Estafa y Estelionato (Art. 335 y 337 del CP) del cual fue víctima el señor Edwin Héctor Fernández este hecho suscitado 07 de octubre de 2004; de la verificación del cuaderno de autos se puede establecer que la acusada ha sido declarado rebelde el 20 de mayo de 2015 y que desde esa primera rebeldía hasta la fecha ya se cumplió los 7 años y 3 meses; considerando el cuanto de la pena y es previsible en este caso hacer el análisis conforme lo dispone nuestra normativa, corresponde hacer análisis de la prescripción en el artículo 30 CPP “establece que el término de la prescripción empezara a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en el que ceso su consumación”; conforme a lo señalado en el pliego acusatorio el ministerio público en base en esta relación fática de los hechos, desliga la presunta responsabilidad penal a Bertha García Aban por la presunta comisión del delito de Estafa y Estelionato (Art. 335 y 337 del CP) ; Ahora bien corresponde analizar en ese marco normativo si habría operado los 5 años y 6 meses, establecidos en el art. 29 numeral 2 y 4 de la C.P.P da cuenta que “el término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de Rebeldía del imputado momento desde el cual computara nuevamente”;; En ese contexto si hacemos ese computo matemático desde la primera Rebeldía que fue el 20 de mayo de 2015 hasta el 20 de mayo de 2022 si habría operado los 7 años y 3 meses; En ese contexto aplicando lo que establece la normativa ya invocada anteriormente y lo establecido por la corte interamericana de derechos humanos corresponde otorgar lo peticionado por la defensa Técnica; todo a vez de que se ha evidenciado de que el delito penal acusado referido de Estafa y al ser el mismo un delito instantáneo a la fecha ha operado la prescripción. En suma, es viable otorgar lo peticionado por el Ministerio Público, pues es quien realiza los actos investigativos y determina emitir una acusación fiscal y en esta oportunidad solicita la prescripción; por lo que, en aras de descongestionar la carga procesal existente en el sistema penal, al tratarse de delitos de contenido patrimonial cuyos hechos se hubiesen suscitado hace bastante tiempo atrás conforme se ha analizado precedentemente, aplicando el principio de favorabilidad, por otro lado, debemos tomar en cuenta la actitud de la víctima frente al presente proceso, toda vez que el mismo ha sido legalmente notificado pero no se ha hecho presente a la audiencia, denotando desinterés dentro de la presente causa, por lo que corresponde resolver; POR TANTO: La suscrita Juez de Sentencia Sexto en lo Penal de la Capital, en mérito a los fundamentos expuestos precedentemente, declara CON LUGAR la excepción de extinción de la acción penal por prescripción interpuesta por el Ministerio Público, respecto al delito de ESTAFA Y ESTELIONATO previsto y sancionado por el Art. 335 y 337 del Código Penal seguido en contra de BERTHA GARCÍA ABAN disponiéndose el archivo de obrados una vez que cobre ejecutoria la presente resolución. Con lo resuelto quedan legalmente notificados los presentes en audiencia, notifíquese a la víctima en su domicilio real y al acusado mediante edictos a través del sistema Hermes, advirtiéndose que tienen derecho de hacer uso del recurso de apelación incidental en el término de tres días a computarse desde su legal notificación. Anótese y regístrese. – Todas las partes renuncian a interponer el recurso de apelación incidental. Con la palabra la señora Juez. Se tiene presente las renuncias efectuadas; sin embargo, queda pendiente la notificación a la víctima. Con lo que terminó el acto firmando en constancia de lo actuado la Sra. Juez y la suscrita secretaria abogada del Juzgado de Sentencia Sexto que certifica. ES CUANTO SE HACE SABER A LA VICTIMA PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. Tarija, 30 de septiembre de 2022 Abog. Raquel Nivia Inda Castillo SECRETARIA DE JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA- BOLIVIA


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