EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN SEGUNDO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


Edicto N°059/2023 JUZGADO: SENTENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA SEGUNDO DE LA CAPITAL JUEZ: DR TITO BEJARANO MONTELLANOS PROCESO: PENAL DELITO VIOLENCIA FAMILIAR SECRETARIA: ABG. L GABRIELA VILLARPANDO CÁCERES SE NOTIFICA A: CRISTINA HERRERA SEGOVIA ( HEREDEROS POR MUERTE) NUREJ: 6018365 ACTA DE AUDIENCIA (PROCEDIMIENTO ABREVIADO) Juez : Dr. Tito Bejarano Secretaria : Dra. L. Gabriela Villarpando C. Nurej : 6018365 Sigue : Ministerio Publico Delito : VIOLENCIA FAMILIAR Victima : CRISTINA HERRERA SEGOVIA Imputado : JAIME TEJERINA MOLINA JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2° DE LA CAPITAL SENTENCIA N° 001 /2023 Tarija, 10 de Enero de 2023, a horas 08:00 a.m. Nurej : 6018635 Juez : Dr. Tito Bejarano Secretaria : Dra. L. Gabriela Villarpando Cáceres. Delito : Violencia Familiar O Domestica Fiscal : Dra. Vanina Fernandez Querellante : Maria Sofia Torrez Dominguez Imputado : Jaime Tejerina Molina Abogado Defensor : Dra. Maria Guerrero (SEPDEP) DATOS DE ACUSADO : Jaime Tejerina Molina, con cedula de identidad 1807556 , nacido el 15 de julio de 1955, en Potosí, sud Chichas, Telamayo, estado civil viudo, profesión ocupación pintor, con un grado de instrucción hasta segundo medio, con domicilio en el Barrio Fabril calle Carapari-Aguarales sin número, quien refiere no tener antecedentes penales. Vistos.- Requerimiento para la aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado por parte del ministerio público, el pronunciamiento de la defensa, lo manifestado por parte del acusado, antecedentes del proceso, normativa legal aplicable, y. Considerando I.- Que de la narración fáctica de los hechos acusados, se tiene que dentro de la relación fáctica lo siguiente, que la víctima la señora Cristina Herrera Segovia, víctima y casada con el ahora acusado señor Jaime Tejerina Molina, menciona no recordar el día pero siendo a horas 19 aproximadamente cuando se encontraba en su casa juntamente con sus hijos mismos que eran mayores de edad en ese instante llego su esposo luego de haber trabajado, una vez ya dentro la víctima le dijo que le diera plata para los gastos, y el mencionado prepotentemente le responde diciéndole él porque tenía que darle, de ese motivo discutieron después le reclamo sobre las deudas que tenía con su sobrino y todo el tiempo le respondía que no tenía plata para darle, luego de tanto exigirle le deja y se va a su cuarto indicando la víctima que no es esa la primera vez que sufre económicamente, que el acusado nunca le da dinero para los gastos diarios, y como ella no trabaja, el acusado se aprovecha le hace sufrir con muchas carencias que su persona necesita y por ese motivo ella recurre a sus hijos, que cursa el informe psicológico de fecha 10 de octubre de 2017 correspondiente a la víctima en el cual se menciona el estado emocional de la señora Cristina Herrera Segovia al momento de la entrevista presentaba tristeza, desanimo, dolor y llanto, así como también presenta secuelas por el mal trato psicológico recibido desde el inicio de su relación, indicando que el mismo ha aumentado en intensidad con insultos, humillaciones y golpes de parte del señor Jaime Tejerina Molina, inseguridad , intranquilidad, haciéndose desprotegida, manipulada por el señor Jaime, bajo esa relación circunstancial de los hechos se tiene que instalada la audiencia el día de hoy, el ministerio publico requiere de manera formal, oral y formal en esta audiencia la aplicación del procedimiento abreviado a favor del acusado, bajo el siguiente fundamento de que al amparo de lo que establece el artículo 373 y siguientes del código de procedimiento penal solicita la aplicación del procedimiento abreviado, pidiendo la pena mínima para el acusado sobre la base de los hechos facticos que se exponen en el pliego acusatorio por el delito de violencia familiar tipificado y sancionado en el artículo 272 bis del código penal, refiere en cuanto al hecho así se tiene establecido a través de los medios probatorios entre ellos consistente en el MP-1 el informe de procedimiento policial, el MP-2 el formulario de denuncia , asimismo también el acta de declaración signado con el MP-3 por parte de la víctima, el formulario de evaluación de riesgo de la víctima signado con el MP-4, y asimismo también como las medidas de protección la MP-5, la MP-6 el informe social referencial, la MP-7 el informe preliminar del investigador del caso, asimismo también por último el MP-10 del informe psicológico realizado a la víctima, que estos medios probatorios permiten establecer la existencia del hecho ilícito de la violencia familiar y asimismo también la participación y responsabilidad del ahora acusado en este hecho ilícito, en merito a ello es que asimismo también refiere el ministerio público que al haberse verificado sobre todo por medio de los certificados de antecedentes que el mismo no registra antecedente penal anterior referido a hechos de violencia , es que se hace previsible la aplicación de la sanción alternativa prevista en el artículo 76 en relación al 77 de la ley 348, que en este caso consistiría en la cancelación de una multa del 50% que corresponde al salario mínimo básico nacional, por lo que en merito a ello, y sobre todo poniendo a la vista también y adjuntando el certificado de no violencia pide se de aplicación a lo solicitado, por su parte en este caso la defensa también refiere que está de acuerdo con la salida alternativa del procedimiento abreviado y por la edad avanzada de su defendido, debiendo tomarse en cuenta que es una persona que no trabaja solo recibe un ingreso por jubilación , por lo cual en base a ello y tomando en cuenta el monto sobre todo que el mismo percibe debe ser cancelado como una pensión o asistencia a favor de uno de sus hijos, pide que se le otorgue un plazo de cinco meses para que pueda cumplir con el pago de la multa correspondiente, por su parte el acusado concedida la palabra al mismo previo habiéndosele informado sobre lo que implica los alcances de la salida alternativa, el mismo refiere de manera clara y expresa renunciar al juicio oral para acogerse al procedimiento abreviado, asimismo también el mismo de manera expresa , clara refiere también que reconoce su participación y responsabilidad en este hecho ilícito acusado. Considerando II.- Que el artículo 326 del código de procedimiento penal, señala de manera clara que la persona que está siendo procesada puede acogerse u optar a una de las salidas alternativas, entre ellas el procedimiento abreviado en cualquier etapa del proceso hasta antes de dictarse sentencia inclusive, pues bien en este caso al haberse solicitado la aplicación el procedimiento abreviado antes de haberse instalado la audiencia del juicio oral inclusive, se tiene que se ha cumplido con estos presupuestos procesales formales para el trámite de esta salida alternativa, pues bien habiéndose solicitado la aplicación del procedimiento abreviado, corresponde remitirnos a lo que establece los presupuestos del articulo 373 y 374 del código de procedimiento penal, al respecto dicha normativa exige el cumplimiento de los siguientes requisitos, uno es que el acusado para optar al procedimiento abreviado debe renunciar al juicio oral de manera libre y voluntaria y asimismo también reconocer su participación y responsabilidad en el hecho, pues bien esto se tiene que se ha cumplido a cabalidad con estos presupuestos sobre todo al momento en que el acusado ha sido bastante claro y enfático de renunciar de manera libre, voluntaria y consciente al juicio oral para acogerse al procedimiento abreviado, asimismo también en cuanto al reconocimiento de su participación y responsabilidad esto también se tiene que se ha cumplido sobre todo al momento en que el acusado ha expresado de forma clara y contundente reconocer su participación y responsabilidad en este hecho ilícito acusado, como es el delito de violencia familiar o doméstica en su esfera psicológica que se ve envuelta, cumplido con estos presupuestos se tiene que corresponde a la autoridad jurisdiccional en el marco de lo reglado en el código de procedimiento penal poder establecer de manera clara la existencia real y cierta del hecho ilícito acusado, y por otro lado también la participación y responsabilidad del acusado, en cuanto a la existencia del hecho ilícito acusado este se puede establecer, evidenciar y establecer la existencia cierta , real y material de este hecho ilícito por medio de la siguiente prueba documental, entre ellas tenemos la MP-1 consistente en el informe de procedimiento policial de fecha 8 de septiembre de 2017, en ese marco también se tiene la MP-2 consistente en el formulario de denuncia verbal de fecha 7 de septiembre de 2017 que ha sido interpuesta por parte de la víctima, pues a partir de estos medios probatorios se tiene que se pone a conocimiento el hecho de la noticia criminis, como es en este caso el delito de violencia familiar o doméstica en su esfera psicológica en la que hubiera incurrido el ahora acusado, asimismo también en este caso se tiene la MP-3 consistente en el acta de declaración de fecha 7 de septiembre de 2017 realizado por la víctima, pues a través de este medio probatorio igual permite en este caso establecer de manera substancial la existencia cierta y real de este hecho ilícito de violencia familiar en su esfera psicológica en el cual hubiera incurrido el acusado en contra de la víctima, en ese marco también se tiene la MP-4 consistente en el formulario de la valoración de riesgo de la víctima, pues este formulario de valoración de riesgo permite también establecer con la suficiente claridad y plena convicción sobre la existencia del hecho ilícito de violencia familiar en su esfera psicológica en el entendido que de la valoración realizada a la víctima se puede establecer que evidentemente la misma sufre, tiene o se encuentra en una situación de riesgo por la situación en la que se encontraba viviendo a consecuencia de los hechos de violencia psicológica por parte del acusado en contra de la víctima, en ese marco también se tiene el informe social referencial de fecha 26-09 del 2017, elaborado por la licenciada Estela Guevara Gareca, trabajadora social del Slim, pues a través de este medio probatorio se puede establecer que en cuanto al entorno en el que se ha generado y se han dado estos hechos de violencia, entorno que en este caso corresponde a un ciclo de violencia que se ha generado dentro de un entorno familiar, toda vez que de acuerdo a este informe social se puede constatar y corroborar que el acusado mantenía una relación un vínculo más allá del afectivo , sino también de convivencia con la víctima, en ese marco es que se han sucedido y se han dado estos hechos de violencia en contra de la víctima por parte del acusado, en ese marco también se tiene el informe psicológico signado como el MP-10, de fecha 10 -10 del 2017 elaborado por la licenciada Leny Gutiérrez, pues este informe psicológico permite establecer de manera, cimentar en cuanto a la existencia cierta, real y material de estos hechos ilícitos que se han dado y acontecido en contra de la víctima, sobre todo si se toma en cuenta que de acuerdo a este informe psicológico se puede evidenciar la afección en cuanto a la psiquis por parte de la víctima a consecuencias de estos hechos , hechos que evidentemente en este caso demuestran que se han generado un trauma toda vez que los hechos vividos han sido traumáticos para la misma, teniéndose como consecuencia una afectación psicológica, no solamente en la salud de la psiquis, sino también en la salud fisica de la víctima, pues bien a través de estos elementos probatorios, medios probatorios se tiene claramente establecido la existencia cierta, real de estos hechos ilícitos acontecidos, en este caso sufridos por la víctima la señora Cristina Herrera Segovia, durante su relación conyugal con el acusado, el sujeto agresor que viene a ser don Jaime Tejerina Molina, ahora en cuanto a poder establecer la participación y responsabilidad del acusado, esto se tiene también así establecido a través de los siguientes medios probatorios, entre ellos tenemos uno, la MP-2 consistente en el formulario de denuncia verbal de fecha 7 de septiembre de 2017 a través del cual se puede establecer como punto de partida a través del cual se pone en conocimiento de este hecho ilícito, del cual se puede advertir que desde el primer momento la víctima identifica e individualiza plenamente al sujeto agresor como una persona conocida y cercana y de confianza de su entorno familiar que vendría a ser en este caso su pareja y cónyuge de la víctima, en ese marco también se tiene la MP-3 consistente en el acta de declaración de la víctima nuevamente a través de este medio probatorio se puede y queda plenamente reforzado y corroborado en cuanto a poder establecer con la suficiente convicción en cuanto a la identificación e individualización plena del sujeto agresor en este caso responde al nombre de Jaime Tejerina Molina, en ese marco también corroborando, reforzando también la sustancial esta circunstancia sobre la participación y responsabilidad del acusado en estos hechos de violencia se tiene también la MP-4 el formulario de valoración de riesgo de la víctima donde también nuevamente se puede sindicar en este caso al sujeto agresor como al acusado, en ese marco también se tiene la MP-5 consistente en la directriz inicial preliminar y medidas de protección de fecha 11 del 09 del 2017, esta resolución como son las medidas de protección también permiten establecer sustancialmente en cuanto a que el sujeto responsable de hechos de agresión viene a ser el acusado ello sobre todo tomando en cuenta que estas medidas de protección han sido dispuestas por un lado a favor de la víctima, por otro lado en contra del acusado quien hasta ese momento estaba plenamente identificado como el agresor quien vendría a ser el ahora acusado Jaime Tejerina Molina, en ese marco también se tiene la M P-6 consistente en el informe social referencial de fecha del 26-09 del 2017, pues este informe social permite cimentar de manera contundente en cuanto a poder establecer la plena identificación e individualización del sujeto agresor quien viene a ser el acusado, en consecuencia en merito a ello a estar plenamente identificado e individualizado se puede concluir que el acusado viene a ser el directo responsable y autor material de los hechos de violencia familiar o doméstica en su esfera psicológica cometidos en contra de la señora Cristina Herrera Segovia, sin embargo más allá de estos elementos también no se puede dejar de lado lo que ha emergido en esta audiencia como es al momento de que el acusado ha manifestado de manera libre, voluntaria y consciente que el mismo reconoce en este caso su participación y responsabilidad en este hecho ilícito de violencia familiar cometido en contra de la señora Cristina Herrera Segovia, en consecuencia establecida como se tiene la existencia real, cierta y material del hecho ilícito de violencia familiar en su esfera psicológica y asimismo también la participación , responsabilidad y culpabilidad del ahora acusado en este hecho ilícito de violencia familiar se tiene que en este caso dicha conducta cae dentro de lo típico, antijurídico y culpable, típico en el entendido de que este tipo de conductas están consideradas, reprochables en la ley penal a través del tipo penal descrito en el artículo 272 bis del código penal sustantivo, antijurídico en el entendido que nada justifica el actuar reprochable y antijurídico del acusado hacia la víctima, más aun si tomamos en cuenta que de conformidad a la naturaleza y los principios que hacen a la ley 348 la ley contra la violencia hacia la mujer debemos entender y resumir que en este caso nada pero absolutamente nada justifica un hecho de violencia hacia otra persona y más aún hacia una mujer por su condición de ser, culpable en el entendido de que el acusado en este caso de los hechos no se advierten causas que hayan , en las que haya estado el acusado al momento de la comisión del hecho ilícito en el entendido que el mismo ha actuado con conocimiento y voluntad y sobre todo ante la inexistencia de algún impedimento en cuanto al conocimiento, o alguna situación que pudieran entorpecer en este caso su voluntad y conciencia, al estar plenamente establecida que la conducta del acusado es típica, antijurídica y culpable, se tiene que dicha conducta se acomoda, los hechos se acomodan, se encuadran y subsumen dentro del tipo penal descrito en el artículo 272 bis en su esfera psicológica, subsumida como se tiene la conducta entonces se tiene que al acusado le corresponde imponérsele una sanción dentro de los limites establecidos y requeridos por el ministerio público a través de la solicitud de la salida alternativa de procedimiento abreviado. Por tanto.- el juzgado de sentencia anti corrupción y contra la violencia hacia la mujer 2do. de la capital , FALLA, declarando al acusado Jaime Tejerina Molina, con cedula de identidad 1807556, nacido el 15 de julio de 1955, autor y culpable del hecho ilícito de violencia familiar o doméstica en su esfera psicológica previsto y sancionado en el artículo 272 bis del código penal sustantivo, en consecuencia se le impone cumplir la pena privativa de libertad de dos (2) años de reclusión a cumplirse en el centro penitenciario de Morros Blancos de esta ciudad, con costas a favor del Estado y la reparación integral a favor de la víctima, asimismo también en este caso al haberse solicitado también la aplicación de una salida alternativa dentro de esta causa al efecto corresponde remitirnos a lo que establece la ley 348. Registrese.- Vistos y Considerando.- En este caso lo solicitado de parte del ministerio público en el entendido de que el acusado, de la verificación de los antecedentes del acusado no registraría antecedentes referido a sentencia condenatoria a hechos de violencia anteriores es que también en este caso solicita que al ser previsible la aplicación de una sanción alternativa se de aplicación a lo que establece el artículo 76 en relación al 77 de la ley 348 se le imponga una multa al acusado consistente en la cancelación del 50% del salario mínimo nacional, al efecto en el marco de lo que establece el artículo 76 de la ley 348 para la aplicación de las sanciones alternativas tenemos que dicha normativa exige el cumplimiento de los siguientes requisitos, uno, es que para que el acusado, la persona que ha sido sancionada pueda beneficiarse con una sanción alternativa no debe registrar antecedente penal anterior referido a sentencia condenatoria ejecutoriada referida a hechos de violencia , u otros hechos ilícitos de la misma naturaleza, en consecuencia al efecto , analizado el certificado de antecedentes , del certificado de no violencia y el certificado de antecedentes penales, se puede evidenciar que Jaime Tejerina Molina, con cedula de identidad 1807556, no registra antecedente referido a sentencia condenatoria ejecutoriada por delito de violencia anterior, asimismo también en cuanto a los delitos ordinarios el certificado de antecedentes penales, también se puede evidenciar que Jaime Tejerina Molina tampoco registra sentencia condenatoria ejecutoriada referida a otros hechos ilícitos de los delitos ordinarios que guarden relación a hechos de violencia, en consecuencia en merito a ello se tiene que el acusado este ilícito que se le está resolviendo el día de hoy viene a ser el primer hecho ilícito en el que hubiera incurrido, en consecuencia el mismo merece bajo esas circunstancias una oportunidad más para poder reconducir sus actos, asimismo también otro de los presupuestos es que en el proceso del cual el acusado pretende beneficiarse la sanción no debe superar los tres años de privación de libertad, pues bien la sentencia emitida el día de hoy como es la 01/2023, en su parte resolutiva se tiene que al acusado se le impone la sanción consistente en la pena privativa de libertad de dos años de reclusión, en ese marco tenemos que bajo ninguna circunstancia supera los tres años que prevé la ley para poder aplicar este beneficio, cumplido estos dos requisitos se RESUELVE lo siguiente. Por tanto.- El Juzgado De Sentencia Anticorrupción Y Contra La Violencia Hacia La Mujer 2do. De La Capital, RESUELVE, APLICAR la sanción alternativa a favor del acusado consistente en la cancelación de una multa, que va gravitar en este caso, va consistir en el 50% del salario mínimo nacional, dicha multa deberá ser cancelada dentro del siguiente termino de seis meses , computables a partir de la ejecutoria de esta resolución, en cuanto a las otras medidas que son medidas de no repetición, de las medidas de reparación, de satisfacción, en este caso la víctima al haber fallecido ya , estas no corresponden darse aplicación de ninguna manera, tomando en cuenta sobre todo la edad avanzada del acusado, situación social, las circunstancias del mismo, y su estado, mismo que en este caso es entendible y por sentido común también no, y por el ciclo que corresponde en vida que pasamos todos es que llegar a cierta edad ya avanzada la persona si o si ya no tiene la capacidad para realizar ciertos trabajos sino que estos se van deteriorando, en consecuencia tomando en cuenta esa situación y la condición también del acusado que forma parte de otro grupo también que merece ser considerado, y analizado en ese enfoque interseccional que manda sobre todo el juzgar por género , es que no corresponde otro tipos de medida más allá de la multa impuesta, en este caso va ser cumplida ante este juzgado, este juzgado tiene que ser cumplido, no corresponde tampoco control ante el juzgado de ejecución, es cuanto se tiene resuelto , REGISTRESE. Se advierte a las partes que en caso de sentirse agraviadas por esta resolución pueden hacer uso del recurso de apelación en la vía restringida dentro del término de quince días computables a partir de esta fecha, sin embargo habiéndose consensuado y acordado la aplicación de esta salida alternativa consultamos si van hacer uso del recurso, o van a renunciar al mismo. MINISTERIO PUBLICO.- La palabra señor juez, por parte del ministerio público realizamos renuncia al recurso, ahora con relación a la notificación a la víctima de la revisión del informe social se puede establecer que las partes tendrían que ser legalmente notificados, al no contarse con mayores datos referenciales sobre su domicilio actual y real de los mismos, como así también de los números de carnet de identidad para poder establecer domicilios actualizados a partir de la verificación de los datos del Segip o del Sereci, intentamos la notificación de estas personas por edictos. DEFENSA.- De igual manera señor juez, vamos hacer renuncia expresa del recurso de apelación. JUEZ.- Habiendo renunciado las partes presentes al recurso de la apelación en contra de esta resolución, primero la sentencia 01/2023 y asimismo también la resolución que le otorga el beneficio de la sanción alternativa a favor del acusado, quedando sobre todo en el marco de lo reglado en cumplimiento a lo que establece el artículo 11 y 77 del código de procedimiento penal, y sobre la base de los antecedentes la notificación a los hijos quien tendrían que representar a su madre, en este caso vía edictos, por lo que se va realizar un estricto control en cuanto a cumplimiento de esta notificación vía edictos, y asimismo también en cuanto a los plazos, cumplidos los mismos deberá ser ingresados a despacho para su resolución de ley, por lo que por secretaria en el día se va elaborar el formato de edictos y se va proceder a diligenciar su publicación , vamos a estar a la espera del cumplimiento del plazo que franquea la ley para lo que representar los intereses de la víctima. CON LO QUE TERMINO EL ACTO FIRMANDO EN CONSTANCIA DE LO ACTUADO EL SR JUEZ Y LA SUSCRITA SECRETARIA ABOGADA QUE CERTIFICA


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