EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: SALA PLENA


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES Sucre – Bolivia EDICTO DE PRENSA DE NOTIFICACIÓN EL MAGISTRADO EDWIN AGUAYO ARANDO (PRESIDENTE) Y MAGISTRADOS ESTEBAN MIRANDA TERÁN, MARÍA CRISTINA DÍAZ SOSA, JOSÉ ANTONIO REVILLA MARTÍNEZ, MARCO ERNESTO JAIMES MOLINA, JUAN CARLOS BERRIOS ALBIZU, CARLOS ALBERTO EGÜEZ AÑEZ, RICARDO TORRES ECHALAR y OLVIS EGÜEZ OLIVA, MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, HACE SABER A LOS ACUSADOS ACUSADO: GONZALO DANIEL SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SANCHEZ DE LOZADA BUSTAMANTE, JOSÉ CARLOS SANCHEZ BERZAÍN, GONZALO JAVIER AFCHA DE LA PARRA, ANTONIO JOSÉ ARANIBAR QUIROGA, CRISTOBAL ALFONZO REVOLLO THENIER, EDGAR RAMIRO SARAVIA DURNIK Que en el proceso penal de juicio de responsabilidades que le sigue el Ministerio Público representado por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado, en contra de GONZALO DANIEL SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SANCHEZ DE LOZADA BUSTAMANTE, JOSÉ CARLOS SANCHEZ BERZAÍN, GONZALO JAVIER AFCHA DE LA PARRA y otros, por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado y otros del Código Penal, se notifica mediante edicto de prensa con EL AUTO SUPREMO, cuyo tenor es el siguiente:-------------------------------------------------------------------- AUTO SUPREMO Nº 002/2022 ------------------------------------------------- Sucre, 02 de febrero de 2022----------------------------------------------------------------- Expediente: Chuquisaca 01/18 (ENFE)------------------------------------------- No. IANUS: 101198201801087------------------------------------------------ Parte Acusadora: Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia y otros. ------ Parte imputada: Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada o Gonzalo Sánchez de Lozada Bustamante y otros. -------------------------------------------------------------- Delitos: Contratos Lesivos al Estado y otros del CP.-------------------------------------- I. MAGISTRADO TRAMITADOR: Dr. Edwin Aguayo Arando. ------------- VISTOS: Los antecedentes del proceso, por los que el Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 184 núm. 4 de la Constitución Política del Estado, dentro del proceso de Juicio de Responsabilidades N° 01/2018 con IANUS 101198201801087, seguido por el Ministerio Público a proposición acusatoria presentada por Marcelo William Elio Chávez, Tania Inés Melgar Henrich de Ocampo y Emeliana Aiza Parada, Contraloría General del Estado como Coadyuvante y víctima la representación de la Procuraduría General del Estado contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Carlos Sanchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Aranibar Quiroga, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santigo Artuo Nishizawa Takano, José Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner, Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto y sancionado por el art. 221 del Código Penal (CP) y otros, previo análisis procesal y la normativa aplicable al caso concreto; y CONSIDERANDO I --------------------------------------------------------------------------- VIABILIDAD Y VALIDEZ CONSTITUCIONAL ----------------------------------------- El sistema constitucional boliviano consagra como principal mecanismo para el ejercicio del control de constitucionalidad dentro de un proceso penal, la acción de inconstitucionalidad concreta, como la garantía constitucional que corresponde interponer contra las normas que contravienen la Constitución Política del Estado, con la finalidad de que la misma quede sin efecto para el futuro y con alcances para el caso específico dentro del que se plantea, garantizando de este modo la primacía de la Constitución. ------------------------------------------------------------------------------ El ejercicio de la función de defensa del orden constitucional, confiada a la justicia Constitucional, contribuye de manera eficaz a configurar la realidad constitucional como quiera que su misión sea, que la Constitución trascienda su expresión formal y se convierta en Constitución en sentido material. ------------------------------------- En el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad concreta, el Tribunal Supremo de Justicia constituido como Tribunal de Juicio de Responsabilidades, mediante el presente Auto Supremo N° 005/2022 de 30 de agosto, demanda la inconstitucionalidad de los arts. 18.I. de la LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, Y DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y MINISTERIO PUBLICO (Ley 044 de 8 de octubre de 2010) y 3 de la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003, considerando que la eventual Sentencia a emitirse dentro del presente proceso penal N° 01/2018 denominado “ENFE”, lesionaría el derecho y/o garantía al Debido Proceso en su elemento del derecho de impugnación, consagrado en el Art. 180.II de la Constitución Política del Estado, que conforme al tenor del Art. 18.I. de la Ley N° 044, resulta ser en “única instancia” y “sin recurso ulterior”, concordante con el art. 3 de la Ley N° 2445 y 38.3 de la Ley N° 025, dejando en absoluta indefensión a los sujetos procesales, que conforme a los Convenios y Tratados internacionales y a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se traduce en una inminente vulneración de derechos fundamentales y susceptible a la reparación de daños y perjuicios; por lo que resuelve, mediante el presente Auto Supremo, interponer debidamente la acción de inconstitucionalidad toda vez que al existir el advertido conflicto normativo, que en la convicción de los integrantes del Tribunal de Juicio inviabiliza el desarrollo del acto de juicio por la patente vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales detallada en el contenido de la presente acción. ---------------------- Siendo el Tribunal Constitucional Plurinacional el guardián de la Ley Fundamental y por ende de la fuerza normativa de la Ley Suprema, cuyo instrumento eficaz es la declaración de inconstitucionalidad, que otorga la máxima certeza del derecho del ordenamiento jurídico, por lo que resulta necesario interpretar los arts. 18.I. de la Ley N° 044, el 3 de la Ley N° 2445 y el 38 de la Ley N° 025 con la Carta Fundamental, con la intención de precautelar íntegramente la plena vigencia de los principios de supremacía constitucional, en el entendido de que la disposición normativa impugnada exige la determinación de supuestos vinculados a: “en pleno”, “única instancia” y “sin recurso ulterior”, contrariando y colisionando manifiestamente el derecho de impugnación, consagrado tanto por la Constitución Política del Estado, como en los Tratados y Convenciones Internacionales, haciéndolo inconstitucional e inconvencional; de no plantear la presente acción, generaría resultados irreparables no sólo para las partes y sus derechos o intereses particulares, sino al Estado, forjando inseguridad jurídica ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que mediante el Comité de Derechos Humanos en la Observación General N° 47 en el: “…párrafo 5 del artículo 14, se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto”. ----------------------------------- Es necesario exteriorizar, que resulta inexcusable y trascendente gravitar sobre la validez constitucional, que al concurrir en el caso que nos ocupa, una evidente, irreconciliable y reconocible a simple vista, disociación entre la disposición legal con la Constitucional y Convencional, que deja pendiente un eventual obstáculo que provoca desconexión y contradicción entre una regla o norma inferior respecto de la disposición constitucional que es superior sobre los contenidos previstos, y aún entre disposiciones constitucionales con la Convencional, generan no sólo una invalidez formal, sino y sobre todo material, que deduce una flagrante violación a la validez constitucional; reflexión que nos permite identificar el valor del texto constitucional como norma jurídica suprema que obliga que todas las demás normas deban respetarla sin disolverla porque lo contrario además de no poder ser contrapuestas en su mismo contenido, sería abolir grave e inconstitucionalmente el derecho de impugnación; no siendo posible de ninguna manera y desde ningún punto de vista, que una norma suprima la validez constitucional y convencional. CONSIDERANDO II ------------------------------------------------------------------------- NORMATIVA RELATIVA A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA ----------------------------------------------------------------------- La Constitución Política del Estado en su art. 132 dispone que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley”; por su parte, el art. 202, num.1) de la Norma Suprema, establece que una de las atribuciones del Tribunal Constitucional, además de las previstas en la Constitución y la Ley, es conocer y resolver “En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanza y resoluciones no judiciales…” ------------------------------------------------------------------ En el art 72 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se dispone que: “Las acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en el presente Código”, estando regulada la legitimación activa en el art. 79 al disponer: “Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción”; además, de acuerdo al art. 81 del citado Código “La Acción de Inconstitucionalidad Concreta, podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aun en recuso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoria de la Sentencia”. ---------------------------------------------------------------- Respecto a estas normas, el Auto Constitucional (AC) 0507/2012 de 27 de abril, precisó en cuanto a los requisitos de contenido para la procedencia del incidente de inconstitucionalidad conforme al AC 0064/2012-CA de 22 de febrero, que: “a) Debe ser promovido dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo por la autoridad encargada del proceso, ya sea, el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio a solicitud de alguna de las partes que intervienen en el proceso; b) La mención de la disposición legal cuya constitucionalidad se cuestiona y el precepto constitucional que se considera infringido; c) La existencia de duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto y la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la norma con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa; es decir, para la procedencia de este recurso no basta con cuestionar la constitucionalidad de la disposición legal sino que además la misma tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo; y, d) La presentación del incidente hasta antes de la ejecutoria de la sentencia”. --------------------------------------------------------------------------------------- Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1250/2012 de 20 de junio, establece: “Pero el establecimiento pretoriano de un nuevo requisito restrictivo a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad concreta como es que la norma impugnada necesariamente deba aplicarse en la resolución final del proceso judicial o administrativo, ignora que una norma procesal puede condicionar e incluso determinar la decisión de fondo, la garantía del debido proceso incluye el derecho a ser juzgado con normas constitucionales y que la supremacía constitucional no sólo alcanza a normas de carácter sustantivo sino a las de carácter adjetivo, por lo que, corresponde corregir dicho entendimiento en sentido de que la resolución del proceso judicial o administrativo impugnada referida en la normativa que desarrolla el art. 132 de la CPE, no es necesariamente la que resuelve la decisión final sino también la que es utilizada para resolver incidentes o excepciones...”. ---------------- Mandatos que permitirán mediante esta acción de inconstitucionalidad a través del control de Constitucionalidad realizar el control convencional, para el real y efectivo ejercicio de derechos, toda vez que ello aporta a la construcción de un verdadero Estado Constitucional de Derecho, que estando reconocido como instrumento normativo correctivo, con la finalidad de expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas legales que sean contrarias al orden constitucional. ---------------------------- Este razonamiento, ha sido reiterado en más de una oportunidad por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional a través de un elevado número de sentencias, como la SCP N° 1864/2013, de 29 de octubre, que precisa: “...el régimen constitucional diseñó un nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, cuyo sustento legal y estructural encuentra razón de ser en el respeto a los derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad, reconocido por el art. 410 de la CPE; modelo que quebranta un Estado neoliberal de Derecho y -en todo caso- rectifica su progreso redirigiendo al país a un modelo social donde predomine la búsqueda del vivir bien; así, la base axiológica, los fundamentos del Estado, la organización estatal prevista en la Constitución, naturalmente difiere de la ingeniería contenida en las anteriores Constituciones, pues ha incorporado a partir de valores, principios e instituciones propias, los mecanismos y establecimientos del constitucionalismo moderno, caracterizado por su dimensión expansiva”, instaurando así un sistema proteccionista, garantista y progresista de derechos para todos. --------------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO III ------------------------------------------------------------------------ REQUISITOS DE CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE -----------------------------------INCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA ----------------------------------------------- III.1. Debe ser promovida dentro del trámite de un proceso judicial o administrativo por la autoridad encargada del proceso, ya sea, el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a solicitud de alguna de las partes que intervienen en el proceso. ------------------------------------------------ La legitimación activa para promover la acción, está consignada en las atribuciones conferidas por el art. 184 núm. 4 de la Constitución Política del Estado; el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la facultad de: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”. -------------------------------------------------------------- En concordancia con la norma constitucional, el art. 38 num.3) de la Ley del Órgano Judicial, establece, que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene la siguiente atribución: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. ---------------------- Por su parte, el art. 18 de la Ley 044 (Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público), dispone con relación al juicio: ------------------------------------------------------------------------------------------ I. El Tribunal Supremo de Justicia, se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior. II. El juicio se sustanciará en forma oral, pública, continua y contradictoria hasta que se dicte sentencia. III. La acusación será planteada y sostenida por la Fiscal o el Fiscal General del Estado. IV. La Sentencia será pronunciada por dos tercios de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”. Por su parte la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003, dispone en su art. 3 lo siguiente con relación al proceso a ser observado: -------------------------------------------------- I. Cualquier ciudadano podrá presentar una proposición acusatoria ante el Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 15 días hábiles deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable. En caso de existir materia justiciable el Fiscal General de la República requerirá, ante la Corte Suprema de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que, previa consulta a su Sala Penal, será remitido al Congreso Nacional pidiendo su autorización expresa de conformidad a la atribución [5]a del Artículo 118° de la Constitución Política del Estado. El Congreso, con el voto afirmativo de dos tercios, del total de sus miembros, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena de La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia derivará a su Sala Penal, la que tramitará el sumario y deberá pronunciarse por la acusación o por el sobreseimiento. Si se pronuncia por la acusación, el juicio se sustanciará por las demás Salas, sin recurso ulterior. La sentencia condenatoria será pronunciada por dos tercios del total de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sea cual fuere el resultado del juicio de responsabilidades no se podrá iniciar ningún otro proceso por los mismos delitos ni por los mismos hechos.----------------------------------------------------------------------------------- Ahora bien, en observancia del citado marco normativo, en nuestra condición de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, integrantes de su Sala Plena, ostentamos legitimidad para promover de Oficio la presente acción de Inconstitucionalidad Concreta, al estar sustanciado en su etapa preparatoria de juicio, el proceso de Juicio de Responsabilidades N° 01/2018 con IANUS 101198201801087, seguido por el Ministerio Público a proposición acusatoria presentada por Marcelo William Elio Chávez, Tania Inés Melgar Henrich de Ocampo y Emeliana Aiza Parada, Contraloría General del Estado como Coadyuvante y víctima la representación de la Procuraduría General del Estado contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Carlos Sanchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Aranibar Quiroga, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santigo Artuo Nishizawa Takano, José Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner, Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto y sancionado por el art. 221 del Código Penal (CP) y otros, a partir de los siguientes antecedentes procesales relevantes: -------------------------------------------------------------------------------------- • Memorial de Proposición Acusatoria de Tania Inés Melgar Henrich de Ocampo, Marcelo William Elio Chávez y Emiliana Aiza Parada, Senadora y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1989-2000, ante el Fiscal General del Estado, por los hechos denunciados contra contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Carlos Sanchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Aranibar Quiroga, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santigo Artuo Nishizawa Takano, José Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner, Franklin Mejía Ríos. -------------------------- • En mérito a proposición acusatoria y denuncia, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento Acusatorio contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, en su calidad de ex Presidente de la República de Bolivia, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 221, 154 y 224 del CP; José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier y Fernando Candia Castillo, en su calidad de Ministros de Estado, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, previstos en los arts. 221y 154 del CP; José Luis Landívar Bowles, en su calidad de Presidente Ejecutivo a.i. de ENFE, por el delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto en el art. 221 del CP; Rolando Suarez Montoya en su calidad de Gerente General de ENFE, por el delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto en el art.221 del CP y Alfonso Revollo Thenier, en su calidad de Ministro de Estado sin Cartera Responsable de Capitalización, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP y Conducta Antieconómica, previsto en el art. 224 del CP; con base a dicha actuación, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 32/2015 de 7 de abril, dispuso remitir obrados y el requerimiento acusatorio del Fiscal General de la República a conocimiento del Congreso Nacional, para la autorización prevista en la mencionada norma constitucional. --------------------------------------------------------------------------------- • Por Oficio VPEP/SG/DGGTDI/N° 1371/2015-2016 de 18 de enero de 2015, el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, remitió al Dr. Jorge Isaac Von Borries Méndez, Decano en Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Resolución R.A.L.P N° 020/2015-2016, de 15 de enero de 2016, suscrita por el ciudadano Álvaro García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que resolvió: “PRIMERO.- Aprobar el Informe CMJPMDLE N° 01/2015-2016 sobre Requerimiento Acusatorio N° 01/2015 (Caso ENFE) de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; SEGUNDO.- Autorizar el juzgamiento del ciudadano boliviano GONZALO SANCHEZ DE LOZADA SANCHEZ BUSTAMANTE en su calidad de ex Presidente de la República de Bolivia, en virtud al Requerimiento Acusatorio N° 01/2015 – Caso ENFE, IANUS 101198201500215, formulado por el Fiscal General del Estado, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por el Código Penal. TERCERO. - Remitir el Informe COMJPMPDLE N° 01/2015-2016 – Caso ENFE, IANUS 101198201500215, la Autorización Legislativa y todos los antecedentes acumulados a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. -------------------------------------------------------------- • Mediante decreto de 25 de enero de 2016, se radica la causa en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y se dispone se arrime la documentación a sus antecedentes, disponiéndose se tenga presente para fines de control jurisdiccional (Chuquisaca 2/2015). Estableciéndose la prosecución de la causa. ------------------- • Por Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia se tiene como proponentes acusatorios a Marcelo William Elio Chávez, Tania Inés Melgar Henrich de Ocampo, Emeliana Aiza Parada, como Coadyuvante la Contraloría General del Estado, como Víctima la Procuraduría General del Estado; acusados formalmente, los ciudadanos Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Carlos Sanchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Aranibar Quiroga, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santigo Artuo Nishizawa Takano, José Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner, Franklin Mejía Ríos.-------- • Recibido el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal de fecha 14 de septiembre de 2018, por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 19 de septiembre de 2018, se dispone su remisión ante la Sala Plena a los fines del art. 184.4 de la Constitución Política del Estado. Radicada la causa se procede a la conformación de Tribunal de Juicio de Responsabilidades, integrado por los actuales nueve Magistrados titulares elegidos mediante sufragio para el periodo 2018-2023 y designación del Presidente del presente proceso penal, habiendo planteado excusa los magistrados Edwin Aguayo Arando, Olvis Eguez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, resueltos por Auto Supremo N° 001/2022 de 31 de enero de 2022 emitido por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia, que las declara ILEGALES, disponiendo consiguientemente que dichas autoridades jurisdiccionales deben continuar con el conocimiento dela tramitación del proceso hasta su conclusión conforme a los roles legalmente asignados y establecidos, constitucional y legalmente. ------------------------------------------------------------------------------------ En consecuencia, debe precisarse que una vez recibido el requerimiento de acusación, se han cumplido con los actos preparatorios del juicio previstos en los arts. 340 al 343 del Código de Procedimiento Penal; aspecto que implica, el agotamiento de los actos propios de la primera fase de la etapa de juicio; y, correspondiendo la celebración del Acto de Juicio, oral, público, contradictorio y continuo, conforme se tiene expuesto, a fin de evitar vulneraciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, previo a la apertura del Juicio propiamente dicho, se dispone dentro de la presente causa, la presentación de la presente Acción de Inconstitucionalidad Concreta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y correspondiente suspensión de plazos.------------------ III.2. Mención de las disposiciones legales cuya constitucionalidad se cuestiona y los preceptos constitucionales que se consideran infringidos. III.2.1. Disposiciones legales cuestionadas. ---------------------------------------- III.2.1.1. Disposición legal impugnada. ---------------------------------------------- Por los argumentos a ser expuestos, este Tribunal considera que corresponde efectuar el control de constitucionalidad del art. 18.I. de la Ley 044 que dispone con relación al juicio lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- “I. El Tribunal Supremo de Justicia, se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior. --------------------------------------------------------- III.2.1.2. Disposición legal impugnada: ---------------------------------------------- Del art. 3 de la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003, que dispone: ---------------------- “I. Cualquier ciudadano podrá presentar una proposición acusatoria ante el Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 15 días hábiles deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable. En caso de existir materia justiciable el Fiscal General de la República requerirá, ante la Corte Suprema de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que, previa consulta a su Sala Penal, será remitido al Congreso Nacional pidiendo su autorización expresa de conformidad a la atribución 5ta del Artículo 118° de la Constitución Política del Estado. El Congreso, con el voto afirmativo de dos tercios, del total de sus miembros, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena de La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia derivará a su Sala Penal, la que tramitará el sumario y deberá pronunciarse por la acusación o por el sobreseimiento. Si se pronuncia por la acusación, el juicio se sustanciará por las demás Salas, sin recurso ulterior. La sentencia condenatoria será pronunciada por dos tercios del total de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sea cual fuere el resultado del juicio de responsabilidades no se podrá iniciar ningún otro proceso por los mismos delitos ni por los mismos hechos. ----------------------------------------------------------------------- III.2.1.3. Disposición legal impugnada. ---------------------------------------------- Del art. 38 inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- que, entre las atribuciones de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: ----------------------------------------------------------------------------------------- “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato”. ---------------------------------------- III.2.2 Disposición constitucional inaplicable. ------------------------------------- La inaplicabilidad del art. 184 Núm. 4) de la CPE, que dispone entre otras atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: -------------------------------------------- “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”. --------------------- III.2.3 Preceptos constitucionales y convencionales que se consideran infringidos. ------------------------------------------------------------------------------------- III.2.3.1. Normas Constitucionales infringidas. ------------------------------------ Art. 13 CPE ------------------------------------------------------------------------------------ I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Art. 14 CPE ------------------------------------------------------------------------------------- I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado Prohíbe y Sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban Art. 115 CPE ----------------------------------------------------------------------------------- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Art. 117 CPE ----------------------------------------------------------------------------------- II. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Art. 180 CPE ----------------------------------------------------------------------------------- III. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Art. 410 CPE ----------------------------------------------------------------------------------- I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. III.2.3.1.2 Normas convencionales infringidas. ------------------------------------ Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo previsto en la Ley". ----------------------------------------------- Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: ---------------------------------------------------------------------------------------- “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. Artículo 8.2 inc. h) Convención Americana de Derechos Humanos ---------- “2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. III.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. --------------------------------------------------------------- En el presente acápite, resulta necesario hacer referencia al debido proceso, al derecho a la impugnación o doble instancia en el país, el tratamiento normativo al derecho a recurrir en los Tratados Internacionales, a las posiciones asumidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a recurrir y su reconocimiento en los procesos de privilegio, así como a la solución otorgada por la citada Corte en un caso emblemático, que servirán de sustento para los argumentos a ser esgrimidos por esta Sala Plena del Tribunal Supremo para interponer la presente acción de inconstitucionalidad. --------------------------------------------------- III.3.1 El necesario control de convencionalidad que debe ejercer el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando se reclama incompatibilidad de los preceptos normativos de la Constitución en materia de derechos humanos, con el bloque de constitucionalidad. ------------------------------------ En este acápite, abordaremos primero, que como Máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del País, estamos en la obligación de promover y resguardar mediante acciones positivas, afirmativas y progresivas en la labor de impartir justicia, la estricta observancia por la prevalencia de las disposiciones cuyo valor normativo se encuentre en concatenación al fin establecido en el pacto social de 2009, que se traduce en la eliminación de todo lo petrificado con el anterior régimen constitucional imperante en el Estado Colonial Republicano. ---------------------------------------------- Tal es así que, la actual Norma Suprema, consigna cláusulas interpretativas de ineludible observancia cuando se trata del análisis de los diferentes dispositivos normativos del sistema judicial boliviano, así como de los aspectos normativos contenidos en la propia Ley Fundamental. -------------------------------------------------- Estos criterios interpretativos cobran vital importancia a momento del conocimiento de una situación jurídica a dilucidarse dentro de las diferentes jurisdicciones que componen el Órgano Judicial, sin lugar a dudas el cambio que sufrió el sistema judicial en Bolivia y parte de toda Latinoamérica, se traduce en los diferentes textos constitucionales que representan la actual vigencia de los denominados Estados Constitucionales de Derecho. ----------------------------------------------------------------- Quedando ampliamente demostrado que en el caso boliviano en virtud del art. 410 de su Carta de Derechos, la Constitución Política del Estado se traduce en la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, por ende, su observancia no es negociable sino imperativa. ----------------------------------------------------------------- Bajo este criterio, el Órgano Judicial como parte del Estado Plurinacional, y el Tribunal Supremo de Justicia, como el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria (Artículo 181 de la CPE: “El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados”); en dicha condición, no puede soslayar buscar la materialización de los mandatos que contiene ésta, realizando cuanta acción estuviere a su alcance para lograr el objetivo que es el cumplimiento de la esencia en sí de la misma Constitución. -------------------------- En ese sentido, la Ley Fundamental al advertir que Bolivia no se traduce en un elemento aislado del mundo, establece parámetros que integran dicha socialización entre Estados con énfasis en los derechos humanos, ya que taxativamente en sus arts. 256.II y 410.II, advierten componentes de observancia que se traducen en mecanismos para lograr la correcta integración del Estado Boliviano a lo que se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, describiendo en el primer dispositivo, una cláusula interpretativa, mientras que en el segundo una descripción de los componentes del denominado Bloque de constitucionalidad en materia de Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------- Esta última precisión, fue ampliada por el ente contralor de constitucionalidad en su SC 0110/2010-R de 10 de mayo, que señaló: ““En efecto, la doctrina del bloque de constitucionalidad reconocida por el art. 410 de la CPE, contempla como parte del mismo a los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, entre los cuales inequívocamente se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica, denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificado por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, norma que por su esencia y temática se encuentra amparada por el principio de supremacía constitucional, postulado a partir del cual, se sustenta el eje estructural de la jerarquía normativa imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia. ------------------------------------------ En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la CIDH Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad. ---------------- Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, 2) La aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que versan sobre Derechos Humanos. En efecto, al ser la CIDH el último y máximo garante en el plano supranacional del respeto a los Derechos Humanos, el objeto de su competencia y las decisiones que en ejercicio de ella emanan, constituyen piedras angulares para garantizar efectivamente la vigencia del “Estado Constitucional”, que contemporáneamente se traduce en el Estado Social y Democrático de Derecho, cuyos ejes principales entre otros, son precisamente la vigencia de los Derechos Humanos y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan valer, por eso es que las Sentencias emanadas de este órgano forman parte del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, sino también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa infra-constitucional vigente. ---------------------- Asimismo, otra razón para sustentar, en el orden interno, la jerarquía constitucional de las Sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la llamada doctrina del efecto útil de las Sentencias que versan sobre Derechos Humanos, la misma que fue desarrollada por la propia Corte Interamericana. En efecto, las Sentencias emitidas luego de una constatación de vulneración a Derechos Humanos, generan para el Estado infractor responsabilidad internacional, premisa a partir de la cual, el estado asume obligaciones internacionales de cumplimiento ineludibles e inexcusables. ---------------------------- Desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, responde a un principio esencial que sustenta el propio Sistema Intermericano de Protección de Derechos Humanos, que es el de “buena fe”, llamado también “pacta sunt servanda”, en virtud del cual, los Estados deben atender sus obligaciones internacionales, fundamento por demás sustentado para argumentar que los estados miembros de este sistema, no pueden por razones de orden interno dejar de asumir esta responsabilidad internacional. Por lo expuesto, se puede afirmar que es precisamente el principio de buena fe, el que reviste a las Sentencias de la CIDH el efecto útil o de protección efectiva, siendo por tanto plenamente justificable la ubicación de estas Sentencias dentro del llamado bloque de constitucionalidad. ----------------------------------------------------- En el marco del panorama descrito, se colige que inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del “Estado Constitucional” enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos” (las negrillas corresponden al texto original)”; al entender que en base a la doctrina del efecto útil o de protección efectiva de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos fallos también forman parte del Bloque de Constitucionalidad; por consiguiente, deben ser observados por el Estado Boliviano. -------------------------------------------------------------------------------- En ese entendido, advertimos que el Estado Boliviano, así como su sistema jurídico, ha destinado una principal atención a la impartición de justicia en materia de derechos humanos; debido a que, el constituyente boliviano acordó dentro un compilado normativo en la Norma Suprema, el contenido en su parte dogmática con el objetivo de optimizar e inclusive generar un catálogo de derechos y garantías en favor de todos los bolivianos que conlleva a la ineludible atención del legislador para con el respeto y vigencia de los derechos y garantías en materia de derechos humanos. -------------------------------------------------------------------------------------Como segundo elemento, debemos aclarar de manera categórica, la razón por la cual cuando el ente contralor de constitucionalidad no solo debe velar por la supremacía constitucional, sino que debe realizar en el marco de sus competencias el control de convencionalidad difuso, como un elemento indispensable para el respeto y garantía de los derechos a través del control de constitucionalidad, que se halla contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de su SCP 0032/2019 de 9 de julio, estableciendo parámetros específicos para poder advertir cuando una norma, inclusive una contenida en la Constitución, pueda resultar inaplicable, y es que dicha variable se halla inserta en el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en suma, determinó que el ente contralor de constitucionalidad, en el marco de sus competencias al advertir que el legislador sancionó preceptos legales que van en contra del espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “…deberá corregir la actuación del “Poder Legislativo” e inaplicar los preceptos legales que pudiesen vulnerar dicha ordenanza, bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional, debiéndose adecuar el ordenamiento jurídico interno de conformidad a los parámetros de convencionalidad…”. ------------------------------------------------------------------------- Es decir, que ante la advertencia de que existan disposiciones normativas de carácter interno que se encuentren en colisión con el espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y estas se denuncian, en el caso boliviano se debe controlar a partir de control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional (Artículo 196 de la CPE: “I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”), es esta entidad Estatal la que se halla legitimada para ejercer el control de convencionalidad a través del control difuso de constitucionalidad, tal y como se halla contenido en la SCP 0083/2017 de 28 de noviembre. -------------------------------------------------------------------------------------Logrando de esa manera realizar un control sobre el contenido de la Convención y la propia Norma Suprema, como en el caso Boliviano, determinando la aplicación preferente de la Convención, por sobre el texto literal de la Ley Fundamental de Bolivia, además de la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley inferior que desarrolla el contenido la Constitución (“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y conforme al art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional, resuelve: 1º De acuerdo a lo dispuesto por el art. 256 de la Norma Suprema, declarar la APLICACIÓN PREFERENTE del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los Derechos Políticos, sobre los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución Política del Estado, en las frases: “por una sola vez de manera continua” de los arts. 156 y 168 y “de manera continua por una sola vez” de los arts. 285.II y 288, conforme a los fundamentos jurídico constitucionales expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, -------------------------------------------------------------- 2º Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 52.III en la expresión “por una sola vez de manera continua”; 64 inc. d), 65 inc. b), 71 inc. c) y 72 inc. b) en el enunciado “de manera continua por una sola vez” de la Ley del Régimen Electoral –Ley 026 de 30 de julio de 2010”). ----------------------------------------------------------- En ese sentido, el control de convencionalidad a través del control de constitucionalidad, no resulta extraño a las labores que desempeña el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino, que se traduce en un mecanismo legal óptimo e ideal, para lograr la convencionalidad de las Cartas de Derechos de los diferentes Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos [“Mediante los criterios señalados, se consolida el marco de la doctrina del ‘control de convencionalidad’, proyectándose ambos pilares que se desprenden de la supremacía mencionada; es decir, la inaplicación de la normativa interna contraria a la convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por parte de los jueces habilitados para ejercer control de constitucionalidad) y la interpretación conforme de la normativa interna compatible con ellos (por parte de todos los jueces). -------------------------- En consecuencia, el texto constitucional adopta otro aspecto, nutriéndose y realizando una simbiosis con el orden jurídico convencional. De hecho, se sostiene que, en virtud del control de convencionalidad, la norma suprema adquiere la dimensión de una ‘constitución convencionalizada’, y sus operadores jurídicos, en particular el órgano máximo de jurisdicción constitucional, se ve constreñido a argumentar los casos en base a las fuentes constitucionales y convencionales”” (SCP 0084/2017 -las negrillas y el subrayado corresponden al texto original-)]; por ende, resulta viable el análisis jurídico convencional que se sugiere mediante esta acción de inconstitucionalidad concreta. ------------------------------------------------------------ III.3.2. El Corpus Iuris como parámetro obligatorio de observancia por parte del Estado Plurinacional de Bolivia a través del control de convencionalidad. --------------------------------------------------------------------------- El denominado control de convencionalidad deriva, por una parte, de lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano” (Convención Americana Sobre Derechos Humanos); los cuales prevén que los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en el aludido instrumento internacional, a todo ser humano sujeta a su jurisdicción y que, si tal ejercicio no estuviese garantizado por disposiciones constitucionales o legislativas nacionales, los Estados están obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. ----------------------------------------- Entonces, el control de convencionalidad tiene como premisa que las autoridades precautelen -de la manera más favorable- la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas, no solo generando satisfacción y credibilidad en el actuar del Estado y la comunidad internacional; sino, además, formulando, esclareciendo y difundiendo ideas y conductas que son de utilidad para la tutela de tales prerrogativas, más allá del ámbito meramente jurisdiccional. ------------------------- Existen dos tipos de control de convencionalidad, uno es el denominado concentrado, que es ejercido por los Organismos competentes de la comunidad internacional, encargados de garantizar el cumplimiento de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; cuyo objeto es interpretar progresivamente el sentido y alcance de tales instrumentos para resolver contenciones acerca de si un Estado parte ha violado o hace caso omiso a los derechos humanos, ejemplo de esto es el control de convencionalidad realizado por la Corte IDH que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 1 y 2 de su Estatuto, verifica de manera subsidiaria que las disposiciones internas, conductas y actos de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sean acordes y no vulneren su contenido, imponiendo si fuere el caso- las sanciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------- El segundo tipo, es el control de convencionalidad difuso que es realizado por las autoridades internas de cada Estado en el ámbito de sus competencias, más allá del control de constitucionalidad (Párrafos 77 a 80 de la Sentencia de 20 de noviembre de 2007, pronunciada por la Corte IDH dentro del Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), esta especie de control consiste en el deber de realizar un examen de compatibilidad entre las normas nacionales y el “corpus iuris” de derechos humanos. Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional que se materializa en los criterios jurisprudenciales emitidos por el Órgano internacional que los interpreta, tal y como lo expresó la Corte IDH en el párrafo 52 de la Sentencia de 26 de noviembre de 2010 dentro del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas: ------------------------------------------------ “52. Así, la ‘fuerza normativa’ de la Convención Americana alcanza a la interpretación que de la misma realice la Corte IDH, como ‘intérprete última’ de dicho Pacto en el Sistema Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. La interpretación emprendida por el Tribunal Interamericano a las disposiciones convencionales adquiere la misma eficacia que poseen éstas, ya que en realidad las ‘normas convencionales’ constituyen el resultado de la ‘interpretación convencional’ que emprende la Corte IDH como órgano ‘judicial autónomo cuyo objetivo es la aplicación e interpretación’ del corpus juris interamericano. Dicho en otras palabras, el resultado de la interpretación de la Convención Americana conforma la jurisprudencia de la misma; es decir, constituyen normas que derivan de la CADH, de lo cual se obtiene que gocen de la misma eficacia (directa) que tiene dicho tratado internacional”. --------------------------------------------------------------------------------- El deber de ejercer el control de convencionalidad difuso en el Estado Plurinacional de Bolivia, surge de la obligación de dar cumplimiento de buena fe a los tratados internacionales de acuerdo al principio “pacta sunt servanda”, cuyo establecimiento se encuentra en los arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La declaratoria de obligatoriedad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se da debido a que el Estado boliviano ratificó dicho instrumento internacional mediante la Ley N° 1430 de 11 de febrero de 1993, reconociendo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el art. 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, disponiendo como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo al art. 62 del citado instrumento internacional. De esa manera, el Estado Plurinacional de Bolivia quedó vinculado a su contenido y, por ende, a dar cabal cumplimiento de buena fe a sus postulados y los de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (Párrafo 330 de la Sentencia de 20 de noviembre de 2012, pronunciada por la Corte IDH en el Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas). ---------------------------------------------------------------------------------------- Respecto a los fallos judiciales que pueden emanar por virtud de la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la Corte IDH, los arts. 67 y 68 del mismo instrumento internacional, establecen que no existe recurso legal contra sus fallos, quedando el Estado boliviano comprometido a acatar los fallos judiciales emitidos por la citada Convención, cuando litigue como parte y a considerar en todo momento el “corpus iuris” de derechos humanos como parte integrante del bloque de constitucionalidad consagrado en el art. 410.II de la CPE; a manera de diferenciar la parte resolutiva de la parte vinculante de los fallos de la Corte IDH, es necesario citar la Resolución de 20 de marzo de 2013 en el Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia: ---------------------------------------------------------------- “67. De tal manera, es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional. ------------------------------------------------------------------------ 68. En relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este Tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y, consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana, no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia (…). --------------- 69. Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad, en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser parte de la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”. -------------------------------------------- III.3.3 La igualdad material y formal en el Estado Plurinacional de Bolivia. El principio de igualdad es consagrado en el art. 8.II de la CPE como uno de los valores que sustentan el Estado boliviano; pero, además, forma parte de los fines y funciones del Estado, ya que el art. 9.2 de la Ley Fundamental, dispone que uno de los fines y funciones del Estado es garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas; y, finalmente encuentra también configurado como derecho fundamental en el art. 14 de la CPE, que proclama: “I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. ----------------------------------------------------------- Se puede decir que el principio de igualdad implica la prohibición de discriminación arbitraria y es transversal al desarrollo e interpretación del catálogo de derechos fundamentales y reglas orgánicas instituidas en la Constitución Política del Estado, lo cual incluye a los derechos políticos; por lo que, cualquier interpretación que se haga sobre los derechos fundamentales en relación a las reglas que regulan su ejercicio, debe realizarse considerando el principio de igualdad; así lo entendió la SCP 1839/2013 de 25 de octubre: ----------------------------------------------------------- “Las normas descritas consagran el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, el cual ha merecido desarrollo por parte de la doctrina constitucional boliviana; así la SC 083/2000 de 24 de noviembre, expreso lo siguiente: ‘(...) la igualdad, en su genuino sentido, no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de éstas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar’. ------------------------------------------------------------------------------------------ Conforme a lo expuesto, encuentra materialización la fórmula clásica de inspiración aristotélica, la igualdad significa que ‘hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’. ----------------------------------------------------------------------------------------- Luego la SC 0022/2006 de 18 de abril, refirió los siguientes razonamientos:--------- ‘…el principio de igualdad, cuya proclamación constituye la garantía de no discriminación por razones de «raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera»; texto constitucional del cual se extrae una precisa enunciación de las causas por las que no se puede generar discriminación, así como un mandato abierto que proyecta la prohibición de discriminación a un alcance casi absoluto, de tal modo que nadie puede ser discriminado por motivo alguno que no sea justificado; al mismo tiempo, el principio de igualdad, en un sentido acorde con el estado social y democrático de derecho, que consagra el deber estatal de equilibrar las diferencias sociales, tiene una naturaleza que lo proyecta como un mecanismo de equilibrio; por ello en la DC 0002/2001, de 8 de mayo, se estableció lo siguiente: «(...) el derecho a la igualdad consagrado en el art. 6 de la Constitución Política del Estado, exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho y la situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta. Conforme a esto, el principio de igualdad protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta (...)»’. ----------------------------------------------------------- Desde una perspectiva aplicada, la SC 0060/2006 de 10 de julio, señaló lo siguiente: ‘…por derecho a la igualdad se entiende aquel derecho genérico, que constituye concreción y desarrollo del valor igualdad, que supone no sólo el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación a la hora de reconocer y garantizar los derechos, sino, además, el cumplimiento social efectivo de la misma. El derecho a la igualdad de las personas es uno de los más amplios que existe en cuanto está siempre relacionado con otros, pues se reclama el respeto del derecho a la igualdad en un ámbito específico, o derecho a la igualdad respecto de algo, por lo que la igualdad no está invocada en forma independiente y aislada’. Ahora bien, tal como refiere la doctrina de comprensión del derecho a la igualdad, ésta no es impositiva de una equivalencia abstracta de obligaciones, sino más bien de la búsqueda de equilibrio para aminorar las diferencias, y así existan verdaderas posibilidades de realización personal para todos y cada uno de los habitantes de nuestra sociedad; en ese orden, por ello, es admisible la discriminación que busque el equilibrio de situaciones diferentes, situando a todos en un plano de igualdad material. ----------------------------------------------------------------------------------------- En ese sentido, tal como el alcance del valor, principio y derecho fundamental a la igualdad dispone, el Estado en busca de equilibrar la situación de las personas puede generar normas y políticas de discriminación, denominadas positivas o acciones afirmativas; empero, el requisito esencial para estas acciones afirmativas, es que exista una situación o situaciones que sitúen a un grupo de personas en un estado de desventaja o desequilibrio frente al resto, solo así se justifica un trato diferenciado a algunas personas. --------------------------------------------------------------------------- En el ámbito internacional el principio de igualdad se encuentra reconocido en el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 7 de la DUDH; y, 24 de la CADH, entendiéndose que todas las personas deben tener la garantía de ejercer sus derechos sin discriminación injustificada y con igual protección de la ley. III.3.4 El derecho a la doble instancia en Bolivia. --------------------------------- El sistema judicial Boliviano con la inclusión de los parámetros contenidos en la actual Norma Suprema, ha sufrido una transformación que se traduce en la erradicación de las viejas costumbres que estaban destinadas a beneficiar mediante el ordenamiento jurídico a ciertos sectores, generando espacios de debate normativo que dan cuenta que la única forma de alcanzar los fines y valores que proclama la Ley Fundamental, es la correcta implementación de los dispositivos interpretativos contenidos en la misma Carta de Derechos. ---------------------------------------------- En consecuencia, haciendo una revisión del contenido jurisprudencial emitido por el ente contralor de constitucionalidad, podemos apreciar que por medio de las Sentencias Constitucionales 0727/2003-R de 3 de junio y 1075/2003-R de 24 de julio, se precisó que: --------------------------------------------------------------------------- “el derecho a la denominada doble instancia comporta una doble actuación sobre lo mismo, sin que sea exigible la demostración de una errónea aplicación del derecho. Encuentra su fundamento en la falibilidad humana. Este derecho no está reconocido por la legislación boliviana, ni es una exigencia de los acuerdos internacionales”. Añadiendo con relación a la revisión del fallo en contra que: --------------------------- “El derecho del imputado a la revisión del fallo condenatorio encuentra su fundamento jurídico en el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales que pudiesen ser afectados a consecuencia de un fallo condenatorio que se origine en una errónea aplicación de la normativa del sistema penal; derecho que ha sido desarrollado por el art. 407 CPP, cuyos alcances encuentran congruencia y son compatibles con los acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano (art. 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica)”. En ese sentido, también debe destacarse, que la SC 1075/2003-R de 24 de julio, estableció la eliminación de rigorismos formales en la admisión de los recursos, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a recurrir, estableciendo el siguiente criterio: “Si bien las formas exigidas por ley tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación restringida, y por ello el Código de procedimiento penal faculta al superior (de alzada) disponer que el recurrente corrija los defectos de forma de su apelación, bajo apercibimiento de rechazo, no es menos evidente que el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha concedido el plazo establecido en el art. 399 CPP; pues, si se tienen en cuenta que los requisitos de forma tienen por finalidad facilitar a la autoridad judicial el conocimiento del objeto de impugnación, la misma ley, para lograr esta finalidad, sin violar el principio pro actione (SC 1044/2003-R), establece que no se debe rechazar un recurso por defectos de forma in limine, sino que se debe conceder el plazo establecido por ley y, si la parte recurrente no corrige o amplía su recurso, corresponde recién su rechazo; consiguientemente, al no haber procedido así, las autoridades recurridas han sometido a la recurrente a un proceso indebido”. --------------------------------------------------------------------------------------- Además, cabe la referencia a la SCP 1853/2013 de 29 de octubre, que, al abordar el derecho de impugnación, precisó el siguiente criterio: ----------------------------------- “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el 102 principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo”. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 315/2018-RRC de 15 de mayo, al hacer referencia al derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales que asiste a los sujetos procesales, reconocido por los arts. 180.II de la Constitución Política del Estado, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puntualizó el siguiente criterio: “Se comprende que el reconocimiento de la impugnación como un derecho atribuido a los justiciables, se asienta en la obligación del Estado –extensivo a los administradores de justicia- de por un lado garantizar la existencia de legislación que incluya métodos idóneos para la impugnación de las resoluciones judiciales, ello dentro de una ámbito en el que satisfaga, no el descontento del eventual perdidoso, sino la sana y fluida administración de justicia ante la eventualidad de existencia de la falencia humana”. --------------------------------------------------------------------------- Por otra parte, la vigencia del derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales se reata también a la interpretación que de la norma procesal llegue a realizar la autoridad jurisdiccional; lectura que en materia penal, siguiendo la orientación teleológica del Código de Procedimiento Penal, debe ser atendida a partir del principio pro hómine; empero, en ninguno de los casos, el derecho de impugnación de las resoluciones judiciales, asume condiciones que no sean reguladas por la propia norma, dicho de otro modo, la garantía se satisface con la existencia del mecanismo de impugnación y se materializa con la lectura garantista que en pos de los fines del recurso y precautelando los derechos y garantías de las partes llegue a hacer la autoridad judicial, pero en ningún caso deja de la actividad recursiva al libre arbitrio de las partes, pues no es suficiente que asista el derecho a recurrir, sino que las partes deberán cumplir con las exigencias o requisitos que establece la norma adjetiva (...)”. ----------------------------------------------------------------------------------- Además, resulta pertinente destacar que el Auto Supremo 156/2018-RRC de 20 de marzo, a tiempo de relievar el principio de impugnación, destacó que éste no sólo atañe al imputado, sino también a la víctima, al señalar: ------------------------------- “El marco procesal sobre el cual una decisión en fase de recursos, será emitida no incumbe una simple figura procesal o una mera forma que determine orden y secuencia de actos en el proceso, sino es inherente más bien a un sistema de protección de derechos de mayor envergadura. El art. 180 de la CPE en su parágrafo II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, garantía que reposa en la eventualidad del error humano y la necesidad de fiscalizar la actividad jurisdiccional y ante lo que el ordenamiento jurídico debe prever garantías y medios eficaces para evitar que el error desvirtúe o frustre la administración de justicia. Por otro lado, en la perspectiva de quién se considere agraviado, el derecho de impugnación se funda en la necesidad de disminuir la posibilidad de injusticia, basada mayormente en el error judicial, mismo que está claro y que refleje un agravio producido. ----------------------------------------------------------------------------- Bajo el paradigma del sistema acusatorio, al cual el Código de Procedimiento Penal se halla adscrita, el derecho de impugnación adquiere mayor trascendencia tanto para el imputado como para la víctima (nótese el matiz conferido en los arts. 11 y 77 del CPP, sobre su intervención en el proceso penal). En el primer caso, impugnar se articula también con el derecho a la defensa, que materializándose por medio de los recursos hace que la parte que perciba perjuicio o agravio propio por una decisión, pretenda que esta se revise o se estudie nuevamente para así procurar un pronunciamiento favorable o mejor al anterior. De tal cuenta, si la actividad recursiva, viene a constituir en la práctica una herramienta que busca la eficacia de la decisión judicial, así como ser el mecanismo idóneo para que quien se sienta agraviado con una decisión judicial obtenga justicia, su uso no puede verse mermado por circunstancias que hagan improbable su acceso, como lo fuera el caso en el que el fallo de primera instancia, sea empeorado, con base a la decisión que se tome después de haberse recurrido”. -------------------------------------------------------------- Por último, en este acápite, no puede dejar de mencionarse los siguientes criterios relativos al alcance de la apelación restringida y la actividad recursiva, asumidos en los Autos Supremos 223/2012-RRC de 18 de septiembre y 228/2019-RRC de 15 de abril; el primero estableció la siguiente doctrina legal aplicable: ------------------------ “La posibilidad de llevar a cabo en segunda instancia, una nueva valoración de las pruebas con resultados diferentes a la realizada por el Juez o Tribunal ante el que se practicó la misma, encuentra su restricción en la aplicación del principio de inmediación, en el entendido de que fue el Juez o Tribunal de Sentencia el ´que vio y oyó´. Cuando la apelación se plantea contra una sentencia y el motivo de la apelación verse sobre cuestiones de hechos suscitados por la valoración o ponderación de las pruebas de las que dependa la condena o la absolución del imputado, es necesario el reenvío, para que el Juez o Tribunal pueda resolver tomando conocimiento directo o inmediato de las pruebas”. ---------------------------- El segundo con más amplitud expresó: ---------------------------------------------------- “(…) Recordar que la actividad recursiva en el marco de la Ley 1970, y su inclinación al sistema acusatorio adversarial, cuya esencia es la oralidad, la inmediación, la contradicción y la continuidad, no constituye un espacio para nuevo debate sobre los hechos, determinar ellos o bien emitir nuevo juicio sobre los elementos de prueba que influyesen en los primeros. Se ha dicho hasta lo extenuante que los procedimientos y medios de impugnación se rigen por la intangibilidad de los hechos y la intangibilidad de las pruebas, y que los Tribunales de apelación son los llamados a realizar controles de legalidad y logicidad de la Sentencia, aspecto último que se refiere específicamente al control de validez del pensamiento que condujo a una conclusión, toda vez que los hechos determinados por los jueces y tribunales de sentencia no son otra cosa que inferencias realizadas a partir de indicios y elementos probatorios introducidos a juicio, de cuyo resultado los de alzada tienen el deber de analizar si el camino de la inferencia a la conclusión poseyó un razonamiento correcto. ----------------------------------------------------------------------------------------- La Sala asume que el sistema procesal penal debe hallar armonía con los derechos que lo vinculan y responder de manera efectiva a la materialización de garantías que el mismo sistema tiene por deber precautelar, más nunca extinguirse en una fase de abordaje formal y estéril. De tal modo, si el derecho a la impugnación, en específico sobre una sentencia penal condenatoria, constituye –en perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio”, el recurso de apelación restringida debiera constituir el medio idóneo para la corrección de una condena errónea. Siguiendo los parámetros sentados por la CIDH en la Sentencia de 23 de noviembre de 2012, en el caso Mohamed vs. Argentina, “Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”. ---------------------------------------------------------------------- (…) De entrada, recordar que la principal impronta de nuestro sistema procesal penal es constituida por los principios de inmediación, contradicción y continuidad, son ellos los que distinguen el sistema acusatorio y delimitan por ende sus demás componentes. Una característica de este tipo de sistemas, trasunta en que en rigor no existe segunda instancia (entendiendo instancia como el escenario de debate sobre el mérito de pruebas) sino una etapa de control de legalidad y racionalidad, abierta a partir del recurso de apelación restringida y reatada a los principios de intangibilidad de los hechos e intangibilidad de las pruebas. Asimismo, es propio a este tipo de sistemas el juicio de reenvío como fórmula de resolución; lo que significa que, en grado de apelación y subsiguientes fases procesales, no es posible la emisión de un fallo sobre el fondo u objeto del proceso, dicho de otro modo, no es posible dictar una nueva sentencia, con la salvedad del supuesto previsto por el art. 414 del CPP. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Es lógico entonces que la actividad recursiva a oponer contra la Sentencia, por un lado no se halle abierta a la discrecionalidad (o la sola argumentación de un agravio) sino tasada en Ley a ciertas condiciones y situaciones (de ahí la propia nomenclatura de restringida) exigiendo a quien recurre no solo la justificación de sus motivos, el señalamiento de la norma, sino que ambos asuman un cauce no contradictorio y sean congruentes el uno del otro, aspecto que no ocurrió en los actos que anteceden al presente motivo y que fueron de modo debido identificados por el Tribunal de apelación. --------------------------------------------------------------------------------------- La Sala considera que en la línea jurisprudencial pronunciada por este Tribunal en los actos que en apelación restringida involucren criterio sobre la valoración de la prueba o la determinación de los hechos, son regidos por los principios de intangibilidad de las pruebas e intangibilidad de los hechos, en respeto de los principios de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio oral. Asimismo, la Sala enfatiza; que si bien el último párrafo del art. 413 del CPP, establece que: "Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente", el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba”. ----------------------------------------------------- III.3.5. El derecho a recurrir como parte del corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ------------------------------------- La posibilidad de impugnar una determinación judicial, sea esta de carácter judicial o administrativa e inclusive de otra índole, responde a conseguir entre otros objetivos un criterio imparcial por otra autoridad en el ámbito, que además importa la revisión de la decisión tomada por una persona que, dentro de los márgenes de las características de ser humano, puede ser falible. ------------------------------------- Es por ello que, dentro de las garantías judiciales establecidas en los instrumentos internacionales, al margen de las contenidas en los incisos del numeral 8 del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contempla lo referido a las garantías judiciales. --------------------------------------------------------------------- Con relación al debido proceso, debemos señalar que la Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó sentado que el art. 8 de la Convención en su párrafo 1 que señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención de modo que el debido proceso legal, abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, debiendo destacarse la siguiente precisión: ------------------------------------------------------------ “El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”. --------------------------------------------------------------------- Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Sentencia de 13 de octubre de 2011. En este precedente la Corte hace alusión a que el debido proceso no sólo debe ser observado con relación a la situación del imputado, sino también de las víctimas, conforme a los siguientes entendimientos: ------------------------------------------------ “En el presente caso, quien se reputa presunta víctima de la violación de estas garantías no es el inculpado del delito, destinatario originario de toda la arquitectura ilustrada que procuraba poner coto al avance del poder punitivo del Estado, sino la agraviada del delito y su madre. En esta medida, la Corte recuerda que las “debidas garantías” del artículo 8.1 de la Convención amparan el derecho a un debido proceso del imputado y, en casos como el presente, también salvaguardan los derechos de acceso a la justicia de la víctima de un delito o de sus familiares y a conocer la verdad de los familiares”. --------------------------------------------------------------------- Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Sentencia de 8 de marzo de 2018. “La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Asimismo, el Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables”. -------------------------------------------------- Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. --------------------------------------------------- Con relación al derecho a recurrir del fallo ante un Tribunal o un Juez superior conforme el art. 8.2.h) de la Convención, la CIDH en innumerables fallos a establecido que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, enfatizando que el derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. ----------------------------------------------------------------------------------------- Es decir que, con ello, se busca proteger el derecho de defensa de las partes otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona, además de anotar: “De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces”. ------------------------------------------------------------------- Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. ---------------------- En cuanto a los alcances en los siguientes casos precisa: -------------------------------- Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de 2010; Caso Mohamed Vs. Argentina. Sentencia de 23 noviembre de 2012; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013. -------------------------------------------- “La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado”. ------------------------------------------------------------ Caso Girón y otro Vs. Guatemala. Sentencia de 15 de octubre de 2019. -------------- “La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ´se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]´. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal”. --------------------------------------------------------------- III.4. El derecho de recurrir en casos seguidos contra altos mandatarios del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------- Con respecto a este tipo de casos, la Corte se pronunció en el siguiente sentido: --- “Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. El Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la Convención Americana […]. Sin embargo, aun en estos supuestos el Estado debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del fallo condenatorio. Así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso. ------------------------------------------------------------------ En razón de lo expuesto, el Tribunal declara que Venezuela violó el derecho del señor Barreto Leiva reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la misma, puesto que la condena provino de un tribunal que conoció el caso en única instancia y el sentenciado no dispuso, en consecuencia, de la posibilidad de impugnar el fallo”. ---------- Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. ---------- Con el afán de ampliar lo que se va a demostrar, se hace necesario la mención al caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, debido a que, en él, la Corte aborda ampliamente la temática relativa al derecho de recurrir en casos seguidos contra altos funcionarios de Estado. --------------------------------------------------------------------------------------- Tiene como antecedentes, en otros, el hecho de que Liakat Ali Alibux fue condenado en un proceso de única instancia por una Alta Corte debido a que, de acuerdo con la normativa interna vigente durante la ocurrencia de los hechos, no existía un recurso disponible para altos funcionarios y de igual manera, apuntó que cuando una decisión no favorable es emitida en primera instancia, el Estado tiene la obligación de proveer un mecanismo para su impugnación, en cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso. Asimismo, se reiteró lo establecido por ese Tribunal, en relación con los estándares en la materia. La Comisión indicó que, en el caso de altos funcionarios públicos, si bien el Estado puede establecer fueros especiales para su juzgamiento, se debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio. ---------------------------------------------- En ese ámbito, la Comisión señaló que el Estado reconoció que no existía ningún recurso disponible para que el señor Alibux pudiera impugnar la condena impuesta en su contra por la Alta Corte de Justicia, lo cual fue modificado en el año 2007. La Comisión valoró dicha reforma; sin embargo, consideró que los efectos adversos derivados de la ausencia de revisión judicial en los términos del art. 8.2 (h) de la Convención Americana, en la época de los hechos, ya se habían cumplido y, por ende, generaron la vulneración del derecho a recurrir el fallo de Alibux.------------- En virtud de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana en perjuicio de Alibux. Con esos antecedentes se destacan los siguientes criterios desarrollados en la Sentencia que en principio abarcó el alcance del artículo 8.2 (h) de la Convención, en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------ “84. La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y contenido del artículo 8.2 (h) de la Convención, así como a los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. En este sentido, el Tribunal ha entendido que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que ´se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]´. Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------- 85. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal. En razón de lo anterior, la Corte ha sido enfática al señalar que el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger el derecho de defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Este derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En concordancia con lo anterior, a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 86. Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2 (h) de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz, es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. “Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea […]. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”. ----------------------------------------------- 87. Además “en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente […]”. ----------------------------------------------- También se refirió al establecimiento de jurisdicciones distintas a las penales ordinarias para el juzgamiento de altas autoridades, al señalar que: ------------------ “88. Ante la presunta comisión de un delito, la jurisdicción penal ordinaria se activa con el fin de investigar y sancionar a los presuntos autores, a través de las vías ordinarias penales. Sin embargo, con respecto a ciertas altas autoridades, algunos ordenamientos jurídicos han establecido una jurisdicción distinta a la ordinaria, como la competente para juzgarlos, en virtud del alto cargo que ocupan y de la importancia de su investidura. En este sentido, el Tribunal estableció, en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, que incluso ´el Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos […]´. En virtud de ello, la designación del máximo órgano de justicia, a efectos del juzgamiento penal de altos funcionarios públicos, no es per se, contraria al artículo 8.2(h) de la Convención Americana”. La Sentencia abordó la regulación del derecho a recurrir el fallo para el juzgamiento penal de altas autoridades a nivel comparado, de la siguiente manera: -------------- “89. A continuación, en virtud de los argumentos de las partes y frente a la importancia del debate para muchos otros ciudadanos y Estados de la Región, la Corte se referirá al derecho comparado en la materia, con el fin de precisar el alcance y contenido del derecho a recurrir el fallo, aplicado a altas autoridades, a saber: a) el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; b) el CEDH, y c) la práctica de los Estados de la región en la materia. ------------------------------------------------- 90. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado de manera expresa en el párrafo 47 de la Observación General No. 32 que: ´El párrafo 5 del artículo 14105 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante ´PIDCP´)] se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto”. ----------------------------------- 91. De igual manera, el Comité de Derechos Humanos ha señalado en sus decisiones que, el derecho a recurrir el fallo debe garantizarse sin importar el rango de la persona juzgada por lo que “si bien la legislación [de un] Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal” . -------------------------------------------- 92. Por otro lado, la Corte considera pertinente referirse a lo alegado por el Estado en el sentido que el juzgamiento de altos funcionarios públicos en primera y única instancia, no es, por definición, violatorio del principio generalmente aceptado del derecho a recurrir del fallo, con fundamento en la regulación permitida por ley de dicho derecho, según lo establecido por el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (supra párr. 81). ------------------------- 93. Al respecto, el Tribunal considera preciso resaltar que el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se diferencia del artículo 8.2 (h) de la Convención Americana ya que el último es muy claro al señalar el derecho a recurrir el fallo sin hacer mención a la frase ´conforme a lo prescrito por la ley´, como sí lo establece el artículo del PIDCP. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo ha interpretado en el párrafo 45 de su Observación General No. 32, en el sentido que: La expresión ´conforme a lo prescrito por la ley´ en esta disposición no tiene por objeto dejar a discreción de los Estados Partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto que este es un derecho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna. La expresión ´conforme a lo prescrito por la ley´ se refiere más bien a la determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal superior llevará a cabo la revisión, así como la determinación del tribunal que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. El párrafo 5 del artículo 14 no exige a los Estados Partes que establezcan varias instancias de apelación. Sin embargo, la referencia a la legislación interna en esta disposición ha de interpretarse en el sentido de que, si el ordenamiento jurídico nacional prevé otras instancias de apelación, la persona condenada debe tener acceso efectivo a cada una de ellas´. ------ En razón de ello, si bien existe una deferencia a los Estados para regular el ejercicio del recurso, mediante su normativa interna, no pueden establecerse restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo, o la existencia del mismo. En este sentido, el Tribunal no considera que la remisión a la normativa interna constituya un mecanismo por el cual la existencia del derecho a recurrir el fallo de las altas autoridades pueda verse afectada, más aún cuando dicha remisión no se reconoce en la Convención Americana”. ------------------------------------------------------------------------------------- Más adelante la Sentencia efectuó la siguiente precisión: ------------------------------- “97. La Corte constata que la práctica de diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) otorgan a sus altas autoridades la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio en procesos penales seguidos en su contra y en menor medida, algunos Estados los juzgan en única instancia. Dicho derecho se reconoce en los Estados, ya sea de manera restringida, es decir a favor de ciertos funcionarios que ostentan un rango menor, con exclusión del Presidente y Vicepresidente; o de manera amplia, estableciendo esta garantía a un grupo de autoridades de diversa jerarquía. Cabe señalar que, muchos Estados en la región garantizan el derecho de recurrir el fallo sin perjuicio del establecimiento de una jurisdicción distinta a la penal ordinaria como competente para juzgar a sus altos funcionarios públicos y/o políticos, el cual, en muchos casos, está a cargo del máximo órgano de justicia. ------------------------------------------------------------------ 98. De igual manera, la Corte observa que, en estos supuestos, en donde no existe una instancia superior al máximo órgano, que pueda hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio, algunos Estados de la región han adoptado distintas fórmulas jurídicas con el fin de garantizar el derecho a recurrir el fallo. En este sentido, el Tribunal constata que ello se ha logrado a través de diversas prácticas, a saber: a) cuando una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera instancia, para que luego el Pleno de la misma, sea la instancia que revise el recurso interpuesto; b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera instancia y otra Sala, de distinta composición, resuelve el recurso presentado, y c) cuando una Sala conformada por un número determinado de miembros juzga en primera instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no participaron en el proceso de primera instancia, resuelva el recurso. Asimismo, el Tribunal observa que la composición de las instancias revisoras incluye miembros que no conocieron del caso en primera instancia y que la decisión emitida por aquellas puede modificar o revocar el fallo revisado. ------------------------------------ 99. En virtud de lo expuesto, la Corte verifica que la mayoría de los Estados miembros de la OEA otorgan a los altos funcionarios, la posibilidad de recurrir el fallo en el marco de procedimientos penales. Es decir que, la necesidad de la doble conformidad judicial, expresada mediante la impugnación del fallo condenatorio, ha sido reconocida por los sistemas jurídicos de los mismos. Empero, en esta oportunidad se examinará de manera específica el proceso penal en instancia única seguido en contra del señor Alibux ante la Alta Corte de Justicia de Suriname a la luz del artículo 8.2 (h) de la Convención, sin que se pretenda adelantar consideraciones sobre la compatibilidad de otros ordenamientos jurídicos distintos del examinado con la Convención, los cuales se analizarán en cada caso en concreto, atendiendo su naturaleza, particularidades y complejidad”. ----------------------------- Con relación al análisis del caso concreto, la Corte estableció en lo sustancial que Liakat Ali Alibux ejerció los cargos de Ministro de Finanzas y Ministro de Recursos Naturales entre septiembre de 1996 y agosto de 2000, siendo sometido a un procedimiento ante la Asamblea Nacional, una investigación preliminar y posterior juzgamiento entre enero de 2002 y noviembre de 2003 por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, tomando como base legal el art. 140 de la Constitución y la Ley especial; además, que el juzgamiento fue llevado a cabo en única instancia por tres jueces del tribunal de mayor jerarquía dentro del sistema judicial de Suriname, a saber, la Alta Corte de Justicia, y culminó con una sentencia condenatoria a un año de pena privativa de la libertad y tres años de inhabilitación para ocupar el cargo de Ministro, constatándose que al momento en que fue sentenciado, el régimen jurídico no proveía ningún recurso impugnatorio para recurrir la sentencia condenatoria dictada en su contra, en contravención a lo dispuesto por el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana. -------------------------- Además de relievar el siguiente criterio: ---------------------------------------------------- “la Corte considera que, si bien fue la Alta Corte de Justicia la que juzgó y condenó al señor Alibux, el rango del tribunal que juzga no puede garantizar que el fallo en instancia única será dictado sin errores o vicios. En razón de lo anterior, aun cuando el procedimiento penal en instancia única estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado debió garantizar que el señor Alibux contara con la posibilidad de que la sentencia adversa fuera recurrida, con base en la naturaleza de garantía mínima del debido proceso que dicho derecho ostenta. La ausencia de un recurso, significó que la condena dictada en su contra quedará firme y, por ende, el señor Alibux cumpliera una pena privativa de la libertad. Al respecto, el Tribunal estima pertinente ratificar la importancia de la existencia de un recurso que permita la revisión de una sentencia condenatoria, sobre todo en procesos penales, en donde otro grupo de derechos pueden verse limitados, especialmente el derecho a la libertad personal de un individuo, es decir que significa una garantía del individuo frente al Estado. ----------------------------------------------- 105. Ahora bien, el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana establece el ´derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior´. El señor Liakat Alibux fue juzgado por el máximo órgano de justicia de Suriname, por lo que no existía un tribunal o juez superior quien pudiera hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio. Al respecto, en supuestos como estos, la Corte interpreta que, al no existir un tribunal de mayor jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida cuando el pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada, si así lo considera pertinente. En este sentido, la Corte ha señalado que puede establecerse, ´ […], por ejemplo, […] que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso´. Asimismo, la Corte verifica que ésta ha sido la práctica de algunos Estados de la región (supra párr. 98). Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima que el Estado puede organizarse de la manera que considere pertinente a efectos de garantizar el derecho a recurrir el fallo de los altos funcionarios públicos que corresponda”. ---------------------------- Con base a todas las consideraciones anteriores la Corte asumió como conclusión que debido a la inexistencia de un recurso judicial eficaz que garantizara a Liakat Ali Alibux su derecho a recurrir el fallo condenatorio, así como al hecho que al momento de la creación del recurso de apelación en el 2007, la violación al derecho a recurrir el fallo ya se había materializado, por lo que dicho recurso no podía subsanar la situación jurídica infringida, el Estado de Suriname violó el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana, por lo que la Corte en la parte pertinente al motivo del presente informe, decidió que: --------------------------------------------------------------- “El Estado es responsable por la violación del derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior reconocido en el artículo 8.2(h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Liakat Ali Alibux, en los términos del párrafo 112 de la presente Sentencia”. -------------------------------------------------------------------- III.5. Cumplimiento del Corpus Iuris en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que denota su convencionalidad parcial. Para mostrar la convencionalidad parcial de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, debemos precisar lo pertinente en el caso que nos ocupa, con relación a las garantías jurisdiccionales contenidas en los instrumentos internacionales y que se hallan también contempladas en nuestra Carta de Derechos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como garantías jurisdiccionales las siguientes: ---------------------------------------------------------------- “Artículo 8. Garantías Judiciales -------------------------------------------------------- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: “Artículo 14----------------------------------------------------------------------- 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.----------------------------------------------------- 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”. Por su parte nuestra actual Norma Suprema proclama lo siguiente: “Artículo 113. ---------------------------------------------------------------------------------- I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Artículo 114. ---------------------------------------------------------------------------------- I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho. Artículo 115. ----------------------------------------------------------------------------------- I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Artículo 117. --------------------------------------------------------------------- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Artículo 118. --------------------------------------------------------------------- I. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. II. La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto. III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos. Artículo 119. -------------------------------------------------------------------- I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. Artículo 120. --------------------------------------------------------------------- I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. II. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma; excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete. Artículo 121. --------------------------------------------------------------------- I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado. Artículo 122. --------------------------------------------------------------------- Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Artículo 123. --------------------------------------------------------------------- La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”. Artículo 180. --------------------------------------------------------------------- I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. En consecuencia, como podemos apreciar las garantías judiciales que proclaman los instrumentos internacionales, se encuentran positivizadas en nuestro ordenamiento jurídico; lo que indefectiblemente denota su convencionalización y la estricta intención de cumplimiento del Estado Boliviano del pacta sunt servanda; aspecto que cobra vital importancia al interior de la presente acción de control normativo. Esto en razón a que, en el caso, se pretende demostrar el incumplimiento por parte del Estado Boliviano a los parámetros contenidos sobre la temática en el derecho internacional de los derechos humanos. III.6. CONTRASTACION DE LA NORMATIVA IMPUGNADA CON LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES IDENTIFICADAS: CARGO DE INCONSTITUCIONALIDAD ----------------------------------------- III.6.1 FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 18 DE LA LEY 044, 3 DE LA LEY 2445 y 38.3 DE LA LEY 025, RESPECTO AL ART. 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO --------------------------------------- Los Derechos Humanos resultan ser un conjunto de facultades e institutos que concretan las exigencias de la dignidad, libertad e igualdad humanas que deben ser reconocidas, ejercidas y respetadas positivamente por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional. -------------------------------------------------- Este contenido garantista, incorpora textualmente gran parte de los instrumentos internacionales y nuevos derechos para grupos especialmente protegidos, destacando el principio de progresividad, con una vinculación y corrección con el Derecho Universal de los Derechos Humanos, el Bloque de Constitucionalidad que permiten la evolución permanente de nuestro sistema, cuya eficacia determina el reconocimiento de la supralegalidad de los Tratados Internacionales y la Supra Constitucionalidad extraordinaria de los Tratados e instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, incluyendo la interpretación de los mismos que fortalecerán nuestro sistema interno a partir de los preceptos: “nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales; ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más honorarios que los que sean compensación de los servicios públicos, consagrando varias garantías de igualdad como son; el que nadie puede ser juzgado por Tribunales especiales; que ninguna persona o corporación puede tener fuero”, tomando en cuenta la armonización normativa, jurisprudencial asumida como garantías de protección de los Derechos Humanos, al estar dentro de la parte de igualdad en la Constitución, de manera que se haga patente la adhesión plena de Bolivia al sistema interamericano por medio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que incorpora el Control de Convencionalidad aceptando la vinculatoriedad de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nuestro sistema normativo interno. ------------------------------- La Declaración Constitucional Plurinacional N° 0003/2013 de 25 abril, en armonía a la pauta exegética o gramatical de interpretación constitucional, estatuye que “el bloque de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, está compuesto por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución como norma positiva; 2) Los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos; y 3) Las Normas Comunitarias; sin embargo, en el marco de una interpretación progresiva, acorde al principio de unidad constitucional y enmarcada en las directrices principistas del Estado Plurinacional de Bolivia, debe establecerse además que los valores plurales supremos del Estado Plurinacional de Bolivia, como ser el vivir bien, la solidaridad, la justicia, la igualdad material, entre otros, forman parte del bloque de constitucionalidad en un componente adicional, el cual se encuentra amparado también por el principio de supremacía constitucional, en el marco de la nueva visión del constitucionalismo del Estado Plurinacional de Bolivia, formando parte de este compartimento del bloque de constitucionalidad todos los principios generales del derecho”. -------------------------------------------------------------------------------------- De lo expuesto, se colige que la interpretación del bloque de constitucionalidad, en una concepción extensiva y en armonía con los mandatos constitucionales establecidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, en tópicos vinculados a Derechos Humanos, comprende además la pauta de interpretación “desde y conforme al bloque de convencionalidad”, razón por la cual, en mérito a una interpretación progresiva, los derechos amparados por el principio de supremacía constitucional, están integrados por los expresamente disciplinados en el texto constitucional y todos aquellos reconocidos por el bloque de convencionalidad, en el ámbito de una aplicación siempre guiada a la luz del principio de favorabilidad. De acuerdo a lo señalado, es pertinente precisar que a partir de la concepción del bloque de constitucionalidad, se genera en el Estado Plurinacional de Bolivia, un orden jurídico infraconstitucional, en relación al cual, debe operar lo que en teoría constitucional se denomina “fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico”, en mérito del cual, el bloque de constitucionalidad, se materializará en la vida social a través de la irradiación de su contenido” (En ese sentido Ricardo Guastini profundiza en “La Constitucionalización del ordenamiento jurídico: El caso italiano. 2003, pág 164)- -------------------------------------------------------------------------------------------- Del razonamiento expresado, deriva la evidente obligación que el constituyente originario, recogiendo la voluntad del soberano, instituya una Norma Suprema que contenga una parte dogmática y otra orgánica, como expresión de la autoidentificación del pueblo, la visión y concepción del tipo de Estado al que aspira, en el marco de los valores y principios supremos que rigen nuestra sociedad; en ese sentido, el legislador, no sólo debe enmarcar las normas que emite al contenido de la Constitución Política del Estado, sino que su función implica también el materializar dicho contenido y el espíritu de la Ley Fundamental a través de leyes, y en los casos excepcionales de presentarse una aparente antinomia o fricción de normas constitucionales, el Órgano Legislativo puede en el ejercicio de sus funciones dilucidar dicha antinomia o roce de preceptos constitucionales a través de una ley, a efectos de una aplicación contextualizada y sistémica de la Constitución Política del Estado, sin que dicha tarea, de ninguna manera, importe una presunta ley de interpretación de la Constitución, sino únicamente cumplir y materializar la soberanía popular que no puede ser limitada ni restringida por ninguna norma, ni autoridad. Siguiendo ese razonamiento, cumpliendo el ejercicio de causalidad, debe establecerse que el art. 13.I de la Constitución Política del Estado, asegura la inviolabilidad de los derechos reconocidos por ésta; en ese orden y reforzando esa regla constitucional, el parágrafo III del mismo dispositivo normativo, proclama que no existe jerarquía entre derechos, garantizando el Estado a las personas y colectividades, el libre y eficaz ejercicio de los derechos, aspectos que a la luz de los modelos constitucionales conocidos en el derecho comparado constituye un eje de ruptura esencial, máxime cuando el art. 109.I del texto constitucional, de forma expresa señala que “todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; aspecto que consolida el nuevo orden constitucional como un verdadero paradigma a la luz del derecho comparado y que además refuerza esa construcción colectiva de Estado, superando una sesgada visión en virtud de la cual se jerarquizan derechos, garantizándose su justiciabilidad solamente para algunos, descuidándose una efectiva protección para otros, situación que enmarca una visión proteccionista aislada de una visión que constituye esencial característica de diferenciación con el modelo constitucional boliviano. ------------------------------------------------------------- III.6.2 FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 18 DE LA LEY 044, 3 DE LA LEY 2445 y 38.3 DE LA LEY 025, RESPECTO AL ART. 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. ------------------------------------Dentro del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, importa destacar el derecho de impugnación que se encuentra contenido y consagrado en el Artículo 180.II de la Constitución Política del Estado, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales como un derecho que alcanza a todos los ciudadanos bolivianos como una garantía judicial y un mecanismo de protección de los derechos y de la recta administración de justicia, sin exclusión alguna en cumplimiento al mandato que anula todo tipo de discriminación, posibilitando que toda persona sometida a un proceso penal que deriva en una Sentencia tendrá derecho a que ese fallo, la pena o la absolución sean sometidos a conocimiento y revisión de un tribunal superior mediante un recurso ordinario, a fin de que la misma sea revisada en plena igualdad a las garantías mínimas que se deben respetar en el marco del debido proceso.---------------------------------------------------------------------------------------- Sin embargo, el hecho de establecer el juzgamiento en única instancia por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia y sin recurso ulterior, dispuesto en los arts. 18.I de la Ley 044, 3 de la Ley 2445 y 38.3 de la Ley 025, se contrapone absolutamente a esos postulados Constitucionales de igualdad y no discriminación, anulando la posibilidad de que la decisión de imponer una sentencia en primera instancia sea revisada por otro Tribunal y todos sus efectos insertos en los arts. 180.II de la Norma Suprema, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP; cuya interpretación se funda en la facultad que tienen todos los ciudadanos para controvertir los fallos que imponen por primera vez una condena con el que impera en la comunidad jurídica, y en particular, con la interpretación acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impidiendo materializar el derecho a la impugnación o doble instancia que tiene el propósito de lograr la corrección del fallo y la recta administración de justicia en el marco de todas las controversias judiciales, involucrando de manera transversal, también al desarrollo del proceso de juicios de responsabilidad, que en igualdad de condiciones pertenece a todos los intervinientes; lo contrario, sería desconocer otros principios de rango constitucional y legal como la presunción de verdadera justicia de la sentencia, la defensa, el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica porque se desconocería la cosa juzgada y, de paso, crearía incertidumbre en el sistema judicial. En consecuencia, el derecho de impugnación sólo estará adecuadamente garantizado en tanto y en cuanto las resoluciones judiciales se encuentren tanto táctico como jurídicamente viables y expeditos para el ejercicio de todos los ciudadanos bolivianos sin exclusión alguna; expulsar el derecho de impugnación a la arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad de la única instancia en aplicación de la Ley que está por debajo de la disposición constitucional que resulta imposible procesalmente, arrastra absoluta contradicción, afectación y confusión con la facultad de recurrir que genera beneficios sintetizados en garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales superiores; al lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial que afecta a los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos que en instancias jurisdiccionales tengan como respuesta un desamparo que obstruya su intervención sobre la base de normas de pura técnica o precisen rituales tradicionales o de privilegio, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en varios de sus fallos que la garantía de la doble instancia se enmarca dentro del debido proceso, en la medida que la revisión del fallo por parte del juez superior impide que se dicte sentencia contraria a derecho. La garantía de la doble instancia encarna el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior y tiene por objeto impedir fallos arbitrarios o resueltos contrario a derecho; así, para su cabal cumplimiento requiere que el juez o tribunal al que acceda, salvaguarde en todo momento las garantías que entraña el debido proceso. -------------------------------------------------------------- Ahora bien, cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. ----------- Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la región, tales como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, la Corte Constitucional de Colombia, la Suprema Corte [de Justicia] de la Nación de México, la Corte Suprema de Panamá y el Tribunal Constitucional de Bolivia, se han referido y han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana, cuyos estándares de aplicación establecen que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran dentro de una situación de inferioridad, dejando claro que no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. --------------- Entonces, de lo desglosado, se debe comprender fundamentalmente que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter elemental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en nuestro ordenamiento interno; por consiguiente, Bolivia, como los demás Estados parte, tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, debiendo eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias. ----------------------------------------------------- De la descripción de los mandatos normativos pertinentes al análisis, se concluye que los Juicios de responsabilidad que se resuelvan con las Leyes Nº 044, 2445 y 025 respectivamente, son incompatibles con lo previsto por el Articulo 180.II de la CPE y el Bloque de Constitucionalidad, que de mantenerse se estaría vulnerando no solo esta disposición constitucional, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos, norma que considera a través de su Artículo 8, Numeral 2 inciso h) que es un Derecho Humano, el poder recurrir ante un Juez o Tribunal superior, una decisión judicial asumida por un Juez o Tribunal inferior, aspecto que no prevé la garantía del derecho a la impugnación en un proceso de juicio de responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------ En cuanto al carácter diferenciador en relación a las disposiciones normativas que determinan un proceso penal de privilegio como el que nos ocupa, lo dispuesto en el art. 18.I de la Ley 044, resulta ser un mecanismo que posibilita y genera una desigualdad entre ciudadanos bolivianos en ejercicio de la función pública, resultando una norma contraria a los cánones Constitucionales y por supuesto Convencionales. --------------------------------------------------------------------------------- III.6.3 FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 18 DE LA LEY 044, 3 DE LA LEY 2445 y 38.3 DE LA LEY 025, RESPECTO AL ART. 115.II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ------------------------------- La Constitución Política del Estado, como norma suprema, garantiza el debido proceso, reconociéndolo como una garantía jurisdiccional y como un derecho que tiene toda persona sometida a un proceso judicial o administrativo. Así ha establecido la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1369/2013 de 16 de agosto, que establece: “En ese contexto, el Estado, como dispone el art. 115.II de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso, entendido, como es configurada por la misma Norma Suprema, como una garantía jurisdiccional y como un derecho de las personas; es decir, como se advierte no sólo como un derecho constitucional previsto normativamente sino capaz de ser ejercido efectivamente, para lo cual, desde otra perspectiva, corresponde al Estado, a través del órgano judicial o, en su caso, a través de la justicia constitucional, hacer efectivos los derechos de las personas, interviniendo incluso, en caso de existir controversia sobre ello. El debido proceso no sólo es un principio procesal que rige cuando se imparte justicia, sino también, una garantía jurisdiccional a que se obliga el Estado y un derecho de las personas a que le sea tutelado cuando fuera menester hacerlo. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional:“…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales…” (SCP 0051/2012 de 5 de abril). En cuanto a la obligatoriedad del debido proceso, la SCP 0051/2012 ya señalada, citando a su vez a la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señaló que: " (…) vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…” Respecto a los principios procesales aplicables al debido proceso, la misma Sentencia Constitucional ha establecido: “Ahora bien, sin soslayar la existencia de procesos y procedimientos de carácter administrativo, a los que igualmente, en general, son aplicables los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, lo es también el principio de impugnación en los procesos judiciales, garantizados por el art. 180 de la CPE, inserto en el capítulo correspondiente a la jurisdicción ordinaria desarrollado en la Parte Segunda relativa al estructura y organización funcional del Estado. De una lectura sistemática de la Constitución Política del Estado, retomando las normas relativas a las garantías constitucionales, el parágrafo I del art. 115, establece que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y, en efecto, el ejercicio de los derechos subjetivos previstos ya sea en la norma ordinaria o en la constitucional como ocurre en el caso de nuestra Ley Fundamental que es especialmente desarrollada, cuando dependen de un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional deben gozar de una tutela oportuna y efectiva”. ------------------------------------------------------------------------------------- Por su parte la SC 2801/2010-R de 28 de diciembre: “Conforme prevé el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa; respecto al debido proceso, la amplia jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal, prevista por el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales. Además, este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio. Al respecto la SC 0121/2010-R de 10 de mayo, indicó que: '…el debido proceso, entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, consagrado en nuestro texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. art. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como derecho humano…". -------------------------------------------------------- Ahora bien, cuando hablamos del debido proceso, no solo se trata de un principio procesal que rige cuando se imparte justicia, sino que también, en el entendido que toda persona tiene derecho a un proceso justo y en igualdad de condiciones, es por ello que al referirnos al derecho a la impugnación reconocido constitucionalmente como una garantía jurisdiccional y además un derecho que tiene toda persona, nos referimos a una garantía y derecho que forma parte del debido proceso y que tiene y debe ser reconocido por todos los administradores de justicia. ----------------------- De la contrastación del Art. 18. I. de la Ley 044, que establece, “El Tribunal Supremo de Justicia, se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior”, y la relación de causalidad, se puede evidenciar, que la disposición legal antes descrita, establece el procedimiento que deben realizar los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que conforman el Tribunal de Juicio de Responsabilidades al momento de llevar a cabo un Juicio Oral, precepto legal que no reconoce el derecho a la impugnación, al señalar de forma clara que el Tribunal Supremo juzgará “en pleno”, “única instancia” y “sin recurso ulterior” a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente; disposición legal que contraviene lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado que establece que “El Estado garantizará el derecho al debido proceso, a la defensa…” Entendiéndose, como se refirió precedentemente, al debido proceso, como una garantía constitucional compuesta por los principios procesales incluyendo el principio de impugnación previsto por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, con proyección a todo tipo de procesos y con mayor razón en materia penal donde adquiere una importancia fundamental al comprometerse la libertad de las personas, durante la tramitación de la causa como la eventual aplicación de medidas que la restrinja o limite, o como emergencia de la imposición de una pena dispuesta en la respectiva Sentencia, considerando siempre que el debido proceso comprende un conjunto de garantías mínimas del imputado; entre otras, el derecho a recurrir el fallo ante un Juez o Tribunal Superior. ------------------------------------------------------ De igual manera no podemos dejar de lado a un instituto de las garantías del debido proceso, como lo es el derecho a la defensa, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el SCP 0887/2010-R, de 10 de agosto que señala: “En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable´ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente. ------------------------------------------------- Sobre el particular, en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: ‘La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio”. A su vez la SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: “El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’. --------------------------------------------------------------------- El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo…”. ---------------------------------------------------------------- La SC 0999/2003-R de 16 de julio, señaló que: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (las negrillas no cursan en el original) ------------------------------------------------------------------------------------------ Por su parte la SCP N° 1089/2012 Sucre, 5 de septiembre de 2012 establece, “El art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en su inc. 1) manda: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; asimismo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ordena: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”; mientras que el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, en tanto que el art. 115.II de la CPE, estatuye: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, como el art. 117.I de la Norma Suprema, menciona: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. Todas estas disposiciones normativas fundamentales que integran el bloque de constitucionalidad al tenor del art. 410.II de la Ley Fundamental, denotan que el debido proceso se halla reconocido como un derecho que tienen las personas; sin embargo, por otro lado, se manifiesta como una garantía jurisdiccional, conforme se advierte del análisis del art. 171 de la Norma Suprema, cuando dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. ------------------------------------------------------------------------------- Cumpliendo con la regla de causalidad y contrastación de la norma vulneratoria que dispone el proceso en única instancia con los mandatos constitucionales del debido proceso, se funda en la afectación de principios como garantía de una carta de derechos en la que las leyes para encontrar su validez material deben adecuarse a los contenidos constitucionales, evidenciándose que ningún fallo judicial debe dejar de ser revisado en una segunda instancia, lo contrario y como ocurre en el caso que nos ocupa, la norma impugnada contenida en el art. 18.I de la Ley 044 en concordancia del art. 3 la Ley 2445 y 38 de la Ley 025, se contrapone el art. 115.II. de la Constitución, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales regulan el principio de la doble instancia como parte del debido proceso y forman parte integral del ordenamiento jurídico boliviano a través del bloque de constitucionalidad. Por esta razón, la configuración normativa del legislador limita en este caso una garantía procesal de rango constitucional mediante la fijación de procesos de única instancia como el establecido para altos dignatarios de Estado; decisión que se torna inconstitucional debido a que el principio, garantía y derecho del debido proceso en su elemento de impugnación, no puede verse afectado en un Estado social de derecho, en mayor peso que la única instancia, cuando es menester que en todo proceso, las partes intervinientes cuenten -cuando se ven afectadas por lo decidido en primera instancia- con los recursos, acciones u oportunidades procesales que les garantice adecuadamente la materialización de sus derechos fundamentales, tal como se define de modo constitucional expreso para la protección judicial de los derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------- III.6.4 FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 18 DE LA LEY 044, 3 DE LA LEY 2445 y 38.3 DE LA LEY 025, RESPECTO AL ART. 117.I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ---------------------------------- Cabe señalar que tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales; en ese sentido, el derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, el ejercicio del mismo surge para el imputado, desde el momento que tiene conocimiento que existe un proceso en su contra -art. 5 del CPP- y culmina cuando finalice el proceso con la dictación de una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada. Este derecho se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley. De ese modo, las facultades de las partes y las del Órgano Judicial en el proceso, están reguladas por ley, evitando de ese modo el abuso y la arbitrariedad, imponiendo comportamientos adecuados. ------------------------------------------------ Al legislador conforme a la atribución de la competencia constitucional, le corresponde regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de esa facultad, define las ritualidades de cada juicio, la competencia para su conocimiento, los recursos, los plazos, el régimen probatorio etc., pero para diseñar los diversos procesos judiciales, el derecho a la defensa debe encontrarse garantizado a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman el proceso penal. La importancia del derecho a la defensa, en el contexto de las garantías procesales radica en que, con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad y evitar una condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de los actuados; en el contexto de los procesos penales, el derecho de impugnación es relevante, adquiriendo preeminencia esencial el derecho a impugnar las sentencias condenatorias; por lo que, el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente, así ha establecido el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP N° 0064/2018-S2 de 15 de marzo. -------------------------------------------------- Respecto a la inconstitucionalidad acusada, las disposiciones legales cuestionadas resultan contrarias al art. 117.I. de la Constitución Política del Estado, que establece en forma clara; “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”, debiendo entenderse que el debido proceso se halla encaminado a que en la realización de todo proceso ya sea judicial o administrativo, sin distinción alguna, se observen los elementos lo componen, no siendo un óbice que se trate del juzgamiento de altas autoridades del Estado, como lo son los Juicios de Responsabilidades. ---------------------------------------------------- Por lo que al establecerse en el art. 18.I de la Ley 044, que el Tribunal Supremo de Justicia, como tribunal en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior; se estaría limitando el derecho a la defensa, pero sobre todo no se estaría juzgando al justiciable conforme a las reglas del debido proceso, puesto que al señalar que se hará en única instancia y sin recurso ulterior, de forma expresa se está negando el derecho a la impugnación de fallos judiciales establecidos en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, principio que hace un elemento constitutivo del debido proceso, contrariándolo al despojar a las partes en este tipo de procesos penales, de un recurso ordinario accesible y eficaz, que permita examinar y resolver los agravios invocados por las partes a través de un medio apropiado para encaminar la corrección de una condena u absolución errónea, sin que el hecho de que en estos procesos se juzguen a las altas autoridades ejecutivas del Estado, excuse el encargo del mismo Estado de suministrar en su normativa interna un medio recursivo contra la eventual sentencia sea esta condenatoria o absolutoria. ------------------------------ III.6.5 FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 18 DE LA LEY 044, 3 DE LA LEY 2445 y 38.3 DE LA LEY 025, RESPECTO AL ART. 180.II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ------------------------------- A efectos de contextualizar la inconstitucionalidad del Art. 18.I de la Ley 044 “Ley Para el Juzgamiento de la Presidente o Presidenta y/o Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público” respecto del Art. 180.II de la Constitución Política del Estado, cumpliendo con la regla de contrastación, se puede examinar que ésta garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; en ese sentido, de una lectura íntegra de ambas disposiciones legales se advierte que el art. 18.I de la Ley 044, contradice notoriamente lo establecido por la Norma Suprema evidenciándose una clara incompatibilidad con relación al derecho a la doble instancia. ------------------- A los fines de argumentar la anterior afirmación es pertinente acudir a la opinión del tratadista peruano Dr. Gerardo Eto Cruz ex Magistrado del Tribunal Constitucional de la República del Perú, que respecto al debido proceso señala: “El Derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso reconocida expresamente en el Art. 139°, inciso 6) de la Constitución. Garantiza que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior y de esta manera se permita que lo resuelto por aquel cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional […]. De allí que este derecho, dada la vital importancia que presenta para los justiciables (en la medida que permite que puedan ejercer su defensa de manera plena) se erige como un elemento basilar en el ejercicio de la administración de la justicia”; es decir que, la “Pluralidad de Instancias” debe ser entendida como un instituto constitucional de relevante importancia para el tema que nos ocupa, pues el derecho a recurrir en cualquier proceso judicial o administrativo, guarda conexión con el derecho de defensa y el derecho de impugnación que gozan de reconocimiento no solo constitucional sino convencional, ubicándolo como el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales como una manifestación implícita del debido proceso, que de acuerdo a la SCP 0551/2017-S3 con relación a la Sentencia Constitucional 0683/2013 de 3 de junio: “ (…) se configura como un principio esencial a partir del cual, es exigible en el Estado Plurinacional de Bolivia ?la razonabilidad de toda decisión que emane del ejercicio del poder?, aspecto que en strictu sensu y a la luz del vivir bien, resguarda los valores de igualdad y justicia entre otros, asegurándose de esta manera la vigencia de una real democracia constitucional”. ---------------------------------------------------------------------------------- Ahora bien, el hecho de suprimir una etapa procesal es manifiestamente contrario al debido proceso y al derecho a la defensa (derecho o garantía); en ese sentido, de la contrastación de las normas impugnadas con lo establecido en el Art. 180.II de la Constitución Política del Estado, se establece que el estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, del mismo modo la doctrina y jurisprudencia mencionada en la presente acción prevén que el principio llámese a impugnar, a la doble instancia, o a recurrir, es un derecho inherente y por ende se encuentra inmerso en cada ciudadano sin distinción alguna, correspondiendo que la configuración legal, requisitos, condiciones y límites de la norma, deba ser coherente y correspondiente a los citados términos constitucionales; sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia en justicia ordinaria se ve en la imposibilidad de juzgar o de encausar a cualquier ciudadano aplicando la disposición “legal” que establecen los Arts. 18.I de la Ley 044, 3 de la Ley 2445 y 38 inc. 3 de la LOJ, que prevén el juzgamiento “en única instancia y/o sin recurso ulterior”. En consecuencia, en el supuesto de actuar tal cual disponen las citadas disposiciones, ésta máxima instancia de la justicia ordinaria, estaría actuando en contraposición a lo que establece la norma suprema y por ende ingresando en un desconocimiento claro y evidente de la garantía a la que se encuentra constreñido el Estado con relación al principio de impugnación que al estar consagrado por la misma Norma Constitucional, debe ser de efectiva aplicación y observancia en cualquier proceso de índole penal. ----------------------------------------------------------- Desde un enfoque jurídico social podemos concluir que un juicio de Responsabilidades a altas autoridades, ya sea del Órgano Ejecutivo que comprende al Presidente, Presidenta Vicepresidente, Vicepresidenta o en su defecto autoridades del Órgano Judicial Magistrados, Magistradas, Consejeros, Consejeras del Consejo de la Magistratura y el Fiscal General del Estado, implica una responsabilidad inmensurable, independientemente de los tipos penales atribuidos a ellos en el ejercicio de sus funciones, en el entendido de que el Tribunal de juicio para este tipo de procesos correspondería aplicar lo instituido en la Ley Fundamental del Estado. Bajo ese criterio, empleando la lógica de la filosofía del derecho en sus componentes como la ontología y axiología, sería inadmisible considerar que los Magistrados que hacen parte de un Tribunal Supremo de Justicia puedan juzgar a cualquier ciudadano indistintamente de los cargos que hubiesen ocupado, incurriendo en desconocimiento del principio de impugnación como garantía del Estado en favor de todos los bolivianos, ya que de hacerlo incurriría en una antinomia inobservando el régimen constitucional establecido. ---------------------------------------------------------- Debe enfatizarse en el propósito de contrastar las normas impugnadas con el art. 180.II de la CPE, que en el Estado Constitucional de Derecho a diferencia de lo que ocurría en el Estado Legislativo de Derecho, el razonamiento jurídico de los jueces, debe partir de la Ley Fundamental, de sus normas constitucionales atendiendo las características del nuevo Estado Plurinacional e Intercultural que lo sustente; en consecuencia, se extrae que el actuar de los jueces debe estar acorde a las normas constitucionales y principios y no así a las normas legales- reglas, debiendo enfatizarse que las normas las normas legales están contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, a diferencia de las normas constitucionales que contienen principios con validez normativa, prelación jerárquica y cumplimiento obligatorio respecto a las normas legales. ------------------------------ III.6.6 FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 18 DE LA LEY 044, 3 DE LA LEY 2445 y 38.3 DE LA LEY 025, RESPECTO AL ART. 410.I-II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ------------------------------- Con relación a la norma Constitucional citada, un primer aspecto que debe destacarse, está referido a que el citado precepto constitucional, establece dos principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, en sentido de que la Constitución Política del Estado, es la norma predominante en el ordenamiento jurídico boliviano y que goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, de modo que la constitución se sitúa sobre todas las disposiciones del Estado en la jerarquía establecida y las normas inferiores no pueden contradecirla; al respecto, la SC 0013/2003 de 14 de febrero, explicó el contenido del principio de jerarquía normativa, señalando que consiste: ---------------------------------------------- "…en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional; de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango”. ------------------------------------------------ Esto supone que el art. 410 de la CPE, establece la pirámide normativa interna reconociendo a la Constitución Política del Estado como la primera y más importante norma, debiendo subordinarse a ella cada una de las demás; luego, se ubican los Tratados Internacionales, inmediatamente por debajo las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, para finalmente, reconocer a los decretos, los reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos del gobierno central y de las entidades territoriales autónomas; de modo, que el principio de supremacía de la Ley Fundamental, implica la necesaria concurrencia del principio de jerarquía normativa, pues el establecimiento de esta supremacía normativa, supone la existencia de una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, donde el ordenamiento jurídico se halle escalonado en planos descendentes en los cuales, los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se subordine a su vez a la Norma Suprema. -------------------------------------------------------------------------------- Por su parte, la SCP 0552/2013 de 15 de mayo, señaló: “El principio de la supremacía constitucional denota que tanto el orden jurídico como político de un Estado se encuentra establecido sobre la base de la Constitución afirmando así el carácter normativo de la misma, lo cual tiene por consecuencia el aceptar que las normas inferiores no pueden contradecirla. Por lo que el efectivizar dicha supremacía se constituye en el objeto de la jurisdicción constitucional. --------------------------------- El principio de jerarquía normativa según Francisco Fernández Segado ‘implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual, una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ello, a su vez, implica que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada, en cuya cúspide, obviamente, se sitúa la Constitución’”. ------------------------------------------------------------------------- Al ser la Constitución Política del Estado, la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, se erige como pilar jurídico fundamental y ostenta supremacía sobre todas las normas del orden interno, debiendo las infra constitucionales circunscribirse a su contenido sin contradecirla; en ese entendido, el art. 410.II establece el bloque de constitucionalidad, integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario, ratificados por el país y tratándose de derechos humanos, el art. 256.I de la CPE, cede su jerarquía normativa a favor de ellos, indicando que los Tratados y Convenios internacionales en la materia, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. --------------------------- Respecto a la interpretación y aplicación de los Tratados y Convenios internacionales sobre derechos humanos, los arts. 13.IV y 256 de la CPE, establecen que los derechos y deberes consagrados en ella se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, cuando éstos prevean normas más favorables, fundamentos constitucionales esenciales en los que se inscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, aprobada y ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, cuyo art. 8.2 inc. h), reconoce a toda persona inculpada de delito el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. ----------------------------------------- Debe destacarse que la vigente Constitución se caracteriza por ser progresista y garante de los derechos humanos y contiene una excepción hacia su misma aplicación, pues determina la aplicación preferente de Tratados y Convenios internacionales, cuando éstos prevean normas más favorables incluso por encima de la Norma Suprema; empero, los arts.18.I de la Ley 044, 3 de la Ley 2445 y 38.3 de la LOJ, al establecer respecto al acto de juicio, que estará a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, que se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, sin recurso ulterior, deniega la posibilidad de que las partes intervinientes en el juicio, puedan recurrir de la sentencia a ser emitida, en inobservancia del principio de impugnación recogido por la misma Constitución en el art. 180.II, y el derecho a recurrir reconocido en instrumentos internacionales tal como se argumentó precedentemente, lo que a su vez denota una antinomia dentro del texto constitucional, pues por una parte reconoce el principio de impugnación en los procesos judiciales, pero al tratarse de los juicios previstos en su art. 184.4), limita no sólo ese principio sino también el derecho a recurrir, alejándose de esta manera del propio texto constitucional y de los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado boliviano, como el “Pacto de San José de Costa Rica” hoy Convención Americana sobre Derechos Humanos, que enuncia derechos más amplios e irrestrictos, por lo que siendo que las normas impugnadas recogen la forma de constitución del tribunal de Juicio, de realización del acto de juicio en única instancia, y la inviabilidad de recurso ulterior, resulta evidente la inconstitucionalidad de estas normas, al contrariar el principio de impugnación y el derecho a recurrir, el primero reconocido por la norma constitucional y el segundo por normas internacionales, quedando en evidencia su contrariedad con el art. 410-I y II de la Constitución. ------------------------------------------------------------------------------------ No puede soslayarse que según el art. 256 de la Constitución, el Estado boliviano se encuentra obligado a aplicar los tratados e instrumentos internacionales, de manera preferente a la Constitución y que al haber internalizado derechos humanos más favorables como el derecho a recurrir en el art. 8.2 inc. h), está obligado internacionalmente a su cumplimiento en virtud al principio pacta sunt servanda, principio general del derecho internacional que debe ser observado inexcusablemente de buena fe por las partes de acuerdo a lo pactado, como señala el art. 2.2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, caso contrario emerge la figura de la responsabilidad internacional que puede afectar al Estado boliviano en caso de incumplimiento, sea por omisión al no considerarlo o por acción al vulnerarlo, postura que queda reforzada con el art. 116 de la CPE, que establece que en caso de duda sobre la norma aplicable, deberá regir la más favorable, pues la interpretación que vaya a efectuarse sobre la norma cuestionada de inconstitucional, en el marco de la protección preferente y aplicación progresiva de los derechos humanos, impone la necesidad de aplicar de forma preferente el art.180-II de la CPE; y, 8.2 inc. h), de la CADH, por encima del art. 184 atribución 4 de la Constitución, que vulnera derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico boliviano y derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, además de incurrir en evidente contradicción con la norma constitucional que recoge el principio de impugnación en los procesos judiciales. ---------------------------------- Además, es relevante apuntar que la Constitución, respecto a los derechos humanos, establece por un lado que los Tratados y Convenios en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y por otro, acoge la jurisprudencia de los tribunales internacionales en la materia, que según la jurisprudencia constitucional boliviana se constituyen en vinculantes; en ese sentido, conforme se precisará anteriormente, el art. 410 de la CPE, establece el principio de jerarquía normativa, en mérito al cual en menor jerarquía, se encuentran las leyes nacionales. Un aspecto conectado con el anterior es el relativo al control de constitucionalidad, que se efectúa partiendo de la interpretación del contexto axiológico y normativo de la Constitución Política del Estado en relación a otras disposiciones legales que poseen jerarquía normativa, conformando el bloque de constitucionalidad estricto sensu, o a normas que aunque no tienen rango constitucional, representan parámetros para analizar la validez constitucional de las disposiciones sometidas a su control, conformando el bloque de constitucionalidad latu sensu, integrado no sólo por el articulado de la constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales y disposiciones de contenido normativo legal en general, que describe el art. 410.II de la CPE. ------------------------------------------------------------ En ese sentido, las normas que componen el bloque de constitucionalidad latu sensu, constituyen los parámetros de validez constitucional, que permiten visualizar al intérprete de la Constitución sí una ley u otra norma de rango inferior es incompatible con lo dispuesto en cualquiera de dichas disposiciones, de modo que corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, retirarla del ordenamiento jurídico, cumpliendo con el mandato constitucional de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales conforme lo dispuesto por el art. 196.I de la Ley Fundamental, acudiendo en su labor interpretativa a los razonamientos contenidos en la jurisprudencia emanada de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, que como lógica consecuencia, pasan a formar parte del bloque de constitucionalidad. ------------------------------------------------------------------------------ Ahora bien, las normas acusadas de inconstitucionales recogen contenidas en el art. 18-I y IV de la Ley 044, recoge las disposiciones del art. 184-4) de la Constitución, por lo que siendo esta norma inaplicable en consideración a que el art. 256 de la norma constitucional cede su jerarquía en favor de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que resultan de preferente aplicación sobre la propia Constitución boliviana y que los derechos fundamentales serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que hace que la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos sea vinculante para el Estado boliviano, siendo posible tutelar derechos fundamentales o demandar la inconstitucionalidad de normas que contradigan derechos reconocidos en el propio texto constitucional, protección que abarca a otros derechos más favorables existentes en Tratados y Convenios internacionales o aquéllos que encontrándose en la Constitución boliviana, pudieran ser interpretados a través de los tratados e instrumentos internacionales de manera más favorable que en el ordenamiento jurídico interno, se concluye que los derechos humanos, pueden ser aplicados de manera preferente incluso por encima de la propia Constitución, existiendo una ineludible responsabilidad del Estado boliviano de protegerlos y respetarlos. --------------------------------------------------------------------- En esa línea las disposiciones legales cuestionadas de inconstitucionales, se contraponen al art. 410-II de la Constitución Política del Estado, pues pese a que ella reconoce el principio de impugnación en el art. 180-II (norma constitucional principio), las partes que intervienen en el juicio por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidente o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, no pueden activar ningún recurso dentro de la causa contra la sentencia que se vaya a emitir, por lo que a su vez resulta también contrario al bloque de constitucionalidad que se reitera está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por el país. A los fines de fundamentar la contrastación de la normativa impugnada, con mandatos constitucionales y convencionales, en particular en este acápite con el art. 410-II de la Constitución, corresponde señalar que en estos procesos por delitos cometidos por las altas autoridades del Órgano Ejecutivo, se tramitan en única instancia por el Tribunal Supremo de justicia debido a que las normas impugnadas, no reconocen la facultad procesal de las partes de un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria o condenatoria, que se vaya a emitir, pese al derecho que tiene toda persona, en plena igualdad, a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, en cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso; y, si bien en el caso de altos funcionarios públicos, el Estado puede establecer fueros especiales para su juzgamiento, se debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio, que de acuerdo a las normas impugnadas resulta inviable; sucediendo lo mismo con la parte acusadora sea pública o particular en la eventualidad de un fallo absolutorio. Lo que implica, que la imposibilidad de impugnación, resultante de un juicio en única instancia sin recurso ulterior, constituye una notoria y clara inobservancia al derecho a impugnar de un fallo que tiene como finalidad proteger el derecho de defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses de las partes, lo que supone que el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada; siendo pertinente puntualizar que este derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble conformidad judicial, otorgando mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos de los sujetos procesales. --------------------------------------------------------------------------------------- Debe agregarse que, la inexistencia de un medio de impugnación en los procesos como el que motiva la presente acción, determina que las normas acusadas, sean contrarias a la Constitución que se constituye en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, así como al Bloque de constitucionalidad, por ende al art. 410-II de la Constitución, teniendo en cuenta que se priva a las partes que intervienen en este tipo de procesos, de recurso ordinario accesible y eficaz, que permita examinar y resolver los agravios que pueda sostener la parte recurrente a través de un medio adecuado para procurar la corrección de una condena u absolución errónea, sin que el hecho de que en estos procesos se juzguen a las altas autoridades ejecutivas del Estado, exima la responsabilidad del mismo Estado de proveer en su normativa interna un medio recursivo contra la eventual sentencia en estos casos, considerando que tal como lo refirió la CIDH “Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto”; circunstancia última inexistente. --------------- Por ello, la Sala Plena del Tribunal Supremo constituido en Tribunal de Juicio en el presente proceso, de manera clara y puntual asume, que en el diseño del acto de juicio regulado por las normas impugnadas, se afectan normas constitucionales y convencionales, por ende del art. 410-II de la Constitución, ante la inexistencia de un recurso ante este Tribunal competente para el juzgamiento de las autoridades y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, que pueda ser interpuesto por las partes a efectos de garantizar su derecho a recurrir el fallo condenatorio e incluso absolutorio, contrariamente a lo dispuesto por el art. 180.II de la CPE, pues si bien este Tribunal dentro de la estructura del Órgano Judicial es el de mayor rango, ello no puede garantizar que el fallo que pueda emitirse no contenga errores o vicios, de modo que debe garantizarse a las partes la posibilidad de que la sentencia pueda ser recurrida, en consideración a la naturaleza de garantía mínima del debido proceso. ---------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO IV ------------------------------------------------------------- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA ACCION DE ----------------------------INCONSTITUCIONALIDAD ----------------------------------------------------- A los fines de cumplir con una de las exigencias normativas para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, corresponde en principio destacar que la Constitución Política del Estado dentro del ordenamiento jurídico boliviano, se constituye en la norma suprema y pilar jurídico fundamental, ostentando supremacía sobre todas las normas del orden interno, debiendo las infra constitucionales circunscribirse a su contenido sin incurrir en contradicción; a ello, debe añadirse las disposiciones contenidas en el art. 410-II de la CPE, que establece el bloque de constitucionalidad, integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario, que de acuerdo al art. 256-I de la CPE, cede su jerarquía normativa a favor de ellos, indicando que los Tratados y Convenios internacionales en la materia, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. Asimismo, respecto a la interpretación y aplicación de los Tratados y Convenios internacionales sobre derechos humanos, los arts. 13-IV y 256 de la CPE, establecen que los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, cuando éstos prevean normas más favorables; lo que implica, que la Constitución se caracteriza por ser progresista y garante de los derechos humanos y contiene una excepción hacia su misma aplicación, pues determina la aplicación preferente de Tratados y Convenios internacionales, cuando éstos prevean normas más favorables incluso por encima de la Norma Suprema. En el contexto anterior y a los fines de comprender la relevancia constitucional del derecho de impugnación como integrante del debido proceso, una vez abordados de manera amplia sus alcances y contenidos, en acápite anterior de esta resolución, resta precisar que el debido proceso se halla reconocido en los arts. 115.II y 117 de la CPE, 8-1 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho a un conjunto de garantías mínimas, entre ellas, al derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, norma última que junto a otras forman parte del bloque de constitucionalidad, que por sus cualidades intrínsecas deben ser tomadas en cuenta a efectos de que puedan develar la constitucionalidad de una norma impugnada. Siempre con relación al debido proceso, la Constitución Política del Estado en consideración a su naturaleza y sus elementos constitutivos como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia; de igual forma la jurisprudencia constitucional, ha ido desarrollando entendimientos como los contenidos en la SC 1674/2003-R de 24 de noviembre, entre otras, que han definido al debido proceso como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica…”. --------------------------------------------------------------------------- Esto involucra que el debido proceso constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, siendo de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, asimismo, es considerado como una garantía de legalidad procesal prevista por el Constituyente con el objeto de la protección de la libertad y la seguridad jurídica. De igual forma, haciendo referencia a los derechos que son inherentes al debido proceso, o que constituye sus elementos, la SC 0042/2004 de 22 de abril, refirió: “Por consiguiente, de la normativa citada que conforma el bloque de constitucionalidad y las sub reglas establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el debido proceso, se infiere que toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación”. --------------- Por otra parte, corresponde puntualizar con relación al principio de impugnación en los procesos judiciales, previsto en el art. 180.II de la CPE, que el régimen de impugnaciones constituye un elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de la impugnación es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica del Estado; lo que implica, que la disposición constitucional señalada, al haber establecido que la impugnación constituye un principio, hace referencia al derecho fundamental de recurrir el fallo en armonía de las diferentes normas de orden internacional señaladas en la presente Resolución, circunstancia que ameritó que incluso la Corte Interamericana de Derechos humanos haya señalado en el caso Caso Castrillo Petruzzi y otros vs. Perú, que la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”, de modo que los Estados miembros de la Convención, tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de recursos efectivos garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales. ------------------------------------ A partir de todas las precisiones se concluye, que resulta absolutamente notoria la antinomia o contradicción entre las normas del propio texto constitucional, pues por una parte reconoce como uno de los principios el de impugnación conforme el art. 180-II, que sin duda es armónica con las previsiones de los arts. 13, 115 y 117 relativas al debido proceso; y, por otra parte, limita la posibilidad de impugnar los fallos y Sentencias emergentes de procesos de privilegio constitucional, al disponer el juzgamiento de la Presidente o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, en única instancia por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, conforme el art. 184 num. 4) de la Constitución, alejándose de esta manera del propio texto constitucional y de los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado boliviano, como el “Pacto de San José de Costa Rica” hoy Convención Americana sobre Derechos Humanos que enuncia claramente derechos más amplios e irrestrictos, respecto al derecho de recurrir según su art. 8.2. inc. h), aplicable incluso a los casos seguidos contra altos funcionarios del Estado, conforme la jurisprudencia de la CIDH destacada en el acápite anterior del presente memorial, lo que justifica que el Tribunal Constitucional Plurinacional deba efectuar una interpretación conforme a los arts. 13, 256 y 410.II de la CPE; y, 1.1, 23, 24 y 29 de la CADH. En ese sentido, debe tenerse presente que conforme al art. 256 de la Constitución, el Estado boliviano se encuentra obligado a aplicar los tratados e instrumentos internacionales, de manera preferente a la Constitución y que al haber internalizado derechos humanos más favorables como los enunciados en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, está obligado internacionalmente a su cumplimiento en virtud al principio pacta sunt servada, principio general del derecho internacional que debe ser fielmente cumplido de buena fe por las partes de acuerdo a lo pactado, como señala el art. 2-2 de la Carta de Organización de las Naciones Unidas, puesto que de lo contrario se generaría una responsabilidad internacional que puede afectar al Estado boliviano en caso de incumplimiento, sea por omisión al no considerarlo o por acción al vulnerarlo, postura que queda reforzada con el art. 116 de la CPE, que establece que en caso de duda sobre la norma aplicable, deberá regir la más favorable, dando luces así sobre la interpretación que vaya a efectuarse sobre la norma cuestionada de inconstitucional, por lo que en el marco de la protección preferente y aplicación progresiva de los derechos humanos, corresponde aplicar de forma preferente los arts. 180-II de la CPE; y, 1-1, 8-2 inc. h), 24, 25-1 y 29 de la CADH, por encima del art. 184 núm. 4) de la Constitución Política del Estado, que limita derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico boliviano y derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, además de resultar contradictoria con otras normas constitucionales que las hacen inaplicables e inconvencionales, al lesionar mejores derechos y garantías de carácter procesal contenidos en el “Pacto de San José de Costa Rica”. ---------------------------------------------------------------------------- Es menester agregar que la interpretación constitucional es un elemento fundamental en el ejercicio del control jurisdiccional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, más aún si de la interpretación de derechos fundamentales se trata, para lo cual se deberán considerar los criterios interpretativos que las normas de derechos humanos contienen, como el control de convencionalidad respecto al cual ya se efectuó una precisión, al constituir un deber internacional que emana de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mecanismo que protege el principio de supremacía de los derechos humanos para la eficacia normativa de las Sentencias internacionales sobre derechos humanos, estableciendo que todos los jueces y autoridades de los Estados Parte, deben realizar una confrontación entre la norma general aplicable a un caso concreto y el bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación conforme o, en caso extremo, inaplicar la resolución o norma correspondiente, por lo que de conformidad al art. 29 inc. b) de la CADH al aplicar e interpretar los derechos humanos, debe acudirse a la norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable, que garantice la plena vigencia de los derechos y desarrolle en mejor forma el contenido de éstos, tomando en cuenta los principios y criterios de interpretación desarrollados por la Corte, como órgano competente para interpretar y aplicar el “Pacto de San José de Costa Rica”, cuyos precedentes forman también parte del bloque de constitucionalidad, criterios asumidos plenamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a partir de la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, estableciendo que los órganos internos se encuentran sujetos a la jurisprudencia interamericana en su labor interpretativa de la Convención. ------------------------------------------------------ Por ello resultan útiles, los criterios desarrollados por el propio Tribunal Constitucional, que al hacer referencia a la aplicación directa de la Constitución, las normas constitucionales-principios, las normas constitucionales-reglas y las normas legales-reglas, precisó en la SCP 0258/2011-R de 16 de marzo, que: “…la Constitución es entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de todos los órganos del poder público, en especial del legislador y del intérprete de la Constitución. Así, en el Estado constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio programa normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda la sociedad y, en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdiccionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus normas, frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio de supremacía constitucional’. --------------------------------------- Las normas constitucionales-principios, establecidos en la Constitución, son las que influirán en el significado jurídico de las normas constitucionales-reglas y normas legales-reglas (contenidas en las leyes, códigos sustantivos y procesales) y no viceversa, o lo que es lo mismo, las segundas y terceras deben adaptarse a las primeras para que exista coherencia del sistema, en razón a que -como sostiene Gustavo Zagrebelsky- ‘sólo los principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es decir ‘constitutivo’ del orden jurídico. Las reglas, aunque estén escritas en la Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial. Las reglas, en efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan’. ------------------------------------ Si esto es así, en la construcción judicial del nuevo derecho boliviano antes de mirarse a las normas constitucionales-reglas o las normas legales-reglas (contenidas en las leyes, códigos sustantivos y procesales) no debe perderse de vista a las normas constitucionales-principios. Estas últimas con ojos de constructor jurídico, por cuanto si bien están formuladas de modo expreso en la Constitución, verbigracia el caso de los principios ético-morales de la sociedad plural (art. 8.I de la CPE), los valores del Estado plurinacional (art. 8.II de la misma norma), etc., tarea que ya la hizo el legislador constituyente de composición plurinacional, ello no quita que pueden ser desarrollados, judicialmente a partir de su texto, como labor que ahora le compete a los jueces en sus diferentes roles. Al Tribunal Constitucional Plurinacional como órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, a los jueces y tribunales de garantías, como jueces constitucionales y a los jueces y tribunales de la pluralidad de jurisdicciones como garantes primarios de la Constitución. ---------- Las normas constitucionales-principios en la Constitución del 2009, representa un verdadero quiebre de Constituciones con pretensiones de homogeneidad (Estado legal de Derecho), o Constituciones integracionistas (Estado social de Derecho), para afirmar que estamos ante la presencia de una Constitución plural (Estado Constitucional de Derecho). ------------------------------------------------------------------ Las normas constitucionales-principios en la Constitución boliviana, son la pluralidad de valores, principios, derechos fundamentales no sólo individuales (liberales y sociales) sino un amplio catálogo de derechos y garantías, principios y valores plurales y colectivos que la Constitución representa como un pacto de postulados distintos y hasta veces contradictorios, pero que al final deben coexistir. En esta situación se requiere más ponderación que subsunción, que transforme las promesas constitucionales en realidades constitucionales”. ------------------------------------------ Para luego agregar: “La obligatoriedad de las normas constitucionales-principios, claramente se visualiza en el art. 9.4 constitucional, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/as que dice que deben ‘Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución’. --------------------------------------------------------------------- Estos mandatos jurídicos son para todo el poder público y para la convivencia social de los ciudadanos. A los legisladores (del nivel central-Asamblea Legislativa Plurinacional, las entidades territoriales autónomas) y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos), al momento de realizar desarrollo legislativo o en la interpretación y aplicación del Derecho Indígena ‘en sentido de que en el proceso de creación de las normas no ignore los principios, toda vez que al ser estos la base en la que se inspira el modelo de sociedad que la Constitución propugna, debe existir coherencia y armonía entre la ley a crearse y los principios de la Constitución’. Al Órgano Ejecutivo, en el ejercicio de su potestad reglamentaria (emisión de decretos supremos, resoluciones supremas, etc.), a las autoridades judiciales o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana. (…) ---------- Finalmente, las normas constitucionales-principios, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en el resto de las normas constitucionales y todo el ordenamiento jurídico. En efecto, la base principista, fundamentalmente contenida en la parte dogmática de la Constitución (principios, valores, derechos y garantías), guían la acción de los órganos del poder público y de la propia convivencia social, o lo que es lo mismo, la organización del poder (parte orgánica) que debe desarrollarse sobre la base de la parte dogmática” --------------------------------------------------------------- A lo referido se añade que eventuales “antinomias” o “contradicciones” entre normas del texto constitucional y el órgano legitimado para realizar su control, no se encuentran ajenos a la realidad jurídica del país, pues de acuerdo a la advertencia del propio Tribunal Constitucional en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, la Constitución, por su esencia axiológica, está integrada prevalentemente por normas constitucionales-principios, lo que determina el predominio de los valores supremos, sobre los cuales se sustentan el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales y dada la primacía de éstas en relación a las normas constitucionales-regla y más aún respecto a las normas legales-reglas, develan con cierta frecuencia el surgimiento de “antinomias” o “contradicciones” entre normas del propio Texto Constitucional, surgiendo así una suerte de preceptos “constitucionales inconstitucionales”, que deben resolverse invariablemente a favor de las normas constitucionales-principios, dada la primacía interpretativa absoluta de los principios sobre las demás normas de la Constitución, destacando que la colisión entre preceptos constitucionales, emerge precisamente de la existencia de diferentes clases de normas dentro de la Constitución y la distinta gradación jerárquica y validez que tienen cada una de ellas, donde se otorga prevalencia a los valores, principios, derechos y garantías. ------------------------------------------------------------------------- Asimismo, esta contradicción intra-constitucional, puede derivar de simples redacciones discordantes en las que pudiese haber incurrido el constituyente o finalmente, puede ocurrir que la redacción de determinadas normas constitucionales quede desfasada en el tiempo, haciendo necesaria una “mutación de su naturaleza”. Todo lo anterior, conforme señala el Tribunal Constitucional, lleva a la idea de asumir la “falibilidad” del constituyente, quien puede haber aprobado normas en la Constitución, que vulneran valores supremos, principios fundamentales y derechos y garantías que la Constitución pretende implantar, generando la existencia de “normas inconstitucionales” al interior de la propia Constitución; correspondiendo fuera de toda discusión al Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo al art. 196-I de la norma suprema, velar por la supremacía de la constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, labor que no solamente implica, el control de las normas del ordenamiento infra constitucional y su compatibilidad con la Constitución; sino que, además, debe velar por la armonía y coherencia de las normas que lo conforman, siendo en consecuencia posible asumir la existencia de una “facultad extendida”, para que sus autoridades efectúen el control de constitucionalidad de las propias normas constitucionales, cuidando que en todo su entramado, no existan normas disonantes con los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías que consagra el orden constitucional, garantizando armonía y coherencia en sus términos. ------------------------------------ En ese sentido, al resultar evidente la presencia de una contradicción o antinomia entre el art. 184 núm. 4) de la Constitución, norma constitucional-regla y los arts. 13, 14, 115, 117, 180, 181 y 410 normas constitucionales-principios, en la parte en que la primera norma limita la posibilidad de impugnar las resoluciones y sentencias emergentes del acto de juicio en los procesos de privilegio constitucional, se hace necesario e imprescindible resolver en favor de las normas constitucionales-principios, determinando su aplicación preferente frente a las normas constitucionales reglas. ------------------------------------------------------------------------ Ahora bien, a los fines de contextualizar la presente resolución que promueve la acción de inconstitucionalidad, es menester señalar que el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente del Estado, tiene tres etapas, claramente diferenciadas, la primera que se inicia con la proposición acusatoria ante la Fiscalía General, que motiva la acumulación de antecedentes que puede derivar en el rechazo de la proposición o la formulación de requerimiento acusatorio, dando origen al antejuicio donde debe existir una autorización del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el proceso; de darse este supuesto, se ingresa a una segunda, consistente en la Etapa Preparatoria tramitada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que ejerce el control jurisdiccional que puede derivar en la formulación de acusación que a su vez permite ingresar a una tercera etapa, destinada al Juicio Oral , tramitado ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, etapa procesal que concluirá con una Sentencia, sea absolutoria o condenatoria. ----------------------------------------------------------------------------------- Contra la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la normativa incursa en la Ley N° 044, en la Ley 2445, como en la Ley 025, no existe la posibilidad de impugnarla; en cuyo mérito, se visualiza un desconocimiento a la normativa prevista en los arts. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y art. 8-2.h de la Convención América de Derechos Humanos que establecen el principio de impugnación de las resoluciones judiciales; pues dada la conformación del tribunal encargado de sustanciar y resolver el acto de juicio, esto es por el pleno del Tribunal Supremo, normativamente no existe otro tribunal que resulte competente para sustanciar y resolver una eventual impugnación en contra de la Sentencia que se vaya a emitir. ------------------------------------------------------------- Incluso es necesario enfatizar que durante el acto de juicio, las partes y fundamentalmente la imputada, en ejercicio a su derecho a la defensa, reconocido constitucionalmente, puede oponer excepciones destinadas a enervar el ejercicio de la acción penal, escenario procesal que exigirá al Tribunal de juicio emitir la resolución respectiva, declarando fundada o infundada la pretensión procesal, sin que las partes involucradas en la controversia puedan en observancia al principio de impugnación, cuestionar la respectiva resolución a través de algún medio de impugnación con el previsto por el art. 403 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal y obviamente en atención a los lineamientos jurisprudenciales relativos al trámite y resolución de este tipo de medios de impugnación formulados en el acto de juicio; esto es, que en caso de que la parte imputada formule una excepción, cuya pretensión sea desestimada, no existe el mecanismo para plantear una reserva de impugnación, al no existir un Tribunal de alzada que una vez dictada la Sentencia pueda resolverla en forma conjunta con una eventual impugnación. ------------------ Y en el caso, que la excepción como una de prescripción o de extinción por duración máxima del proceso, sea declarada fundada por el tribunal de juicio con el consiguiente archivo de obrados, la parte agraviada con dicha resolución, que bien puede ser el acusador público, el acusador particular e incluso la víctima, no podría impugnar esa decisión en términos reales y prácticos, al no existir en este tipo de trámite de privilegio, la posibilidad de impugnación y menos de un tribunal que la resuelva. ----------------------------------------------------------------------------------------- En ese sentido, se debe considerar conforme se ha destacado ampliamente en los acápites anteriores de la presente resolución, que la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, regulan el Derecho al Debido Proceso, estableciendo como una de sus garantías integrantes, el Derecho a recurrir las resoluciones judiciales, conforme los criterios jurisprudenciales destacados, más aun cuando en consonancia con el citado art. 180 parágrafo II de la CPE, los distintos instrumentos internacionales lo reconocen, conforme se tiene de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo de 1948 (art. 18); Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8 numeral 2); en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5). -------------------------------- Queda claro que conforme al marco normativo aplicable a los juicios de privilegio constitucional, en el juzgamiento contra el Presidente (a) y Vicepresidente (a) del Estado, no existe previsión de algún medio de impugnación contra las resoluciones interlocutorias que puedan emitirse durante el desarrollo del acto de juicio y menos contra la sentencia, al disponer el art. 18-I de la Ley N° 044, que dicho juzgamiento a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, será en única instancia, y sin recurso ulterior; el art. 3-I de la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003, que el juicio se sustanciará por las demás Salas, sin recurso ulterior; y el art. 38.3 de la Ley 025 de 24 de junio de 2010, juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, concurriendo una contrariedad con el principio de impugnación que se encuentra garantizado con el reconocimiento de un recurso contra las resoluciones que vaya a emitir el Tribunal de Juicio del Tribunal Supremo, en la sustanciación del acto de juicio y otro contra la Sentencia a ser emitida; pero además una notoria contradicción en su texto interno al prever en el art. 15-II que las resoluciones dictadas en la etapa preparatoria o investigativa serán recurribles únicamente mediante recurso de apelación incidental ante otra sala. ---------------------------------------------------------- Conforme los criterios jurisprudenciales desarrollados en el país, si bien no resulta sostenible hacer referencia a la existencia de una segunda instancia en atención a la vigencia de un sistema acusatorio que reconoce principios propios del acto de juicio, no aplicables a una etapa recursiva por la intangibilidad de hechos y pruebas, se reconoce el derecho a recurrir como garantía no solamente del imputado, sino también de la víctima, en armonía de la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios internacionales sobre Derechos Humanos. ---------------------- Ahora bien, debe reconocerse que la configuración del juzgamiento contra Presidente (a) y Vicepresidente (a), responde a un proceso penal de carácter especial por el Tribunal competente para sustanciarlo y las autoridades ejecutivas que se hallan sujetas, estando la etapa de juicio oral y público, destinada a la comprobación de un delito y la responsabilidad, del cual pueda derivar la imposición de una pena privativa de libertad o en su caso de una absolución, que puede derivar en la concurrencia de agravios al imputado, acusadores y víctima, sin que estos sujetos procesales, normativamente puedan impugnar el fallo. ------------------------- En ese sentido, en consideración a los lineamientos jurisprudenciales asumidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con relación a los procesos de privilegio constitucional sustanciados en otros países, es necesaria a los fines de privilegiar el principio de impugnación, armonizar la posibilidad de que durante el acto de juicio de los procesos sujetos a la Ley N° 044, Ley N° 2445 y Ley N° 025, se reconozca medios de impugnación, haciendo hincapié que respecto a la Sentencia conforme su naturaleza, no se constituye en una segunda instancia al no existir una nueva valoración de hechos ni pruebas, conforme los criterios asumidos por la jurisprudencia nacional, situación asimilada por el legislador en las modificaciones a la Ley N° 044, pero lamentablemente omitida con relación al juzgamiento de Presidente (a) y Vicepresidente (a). -------------------------------------------------------- Por lo referido, resulta patente la contravención a las normas convencionales y al propio principio de impugnación; la ausencia de un medio de impugnación de la Sentencia dictada en el juzgamiento del Presidente (a) y Vicepresidente del Estado (a), que garantice no sólo al imputado sino a los acusadores y víctimas, cuestionar un fallo que incurra en inobservancia o errónea aplicación de la Ley, únicos supuestos que viabilizan su formulación, en observancia a los arts. 180.II de la Constitución Política del Estado, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo de 1948, 8-2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14-5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el Derecho a recurrir el fallo, así como a los criterios asumidos por la CIDH, que ha sostenido que en aquellos casos cuando el procedimiento penal en instancia única estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado debe garantizar la posibilidad de que la Sentencia pueda ser recurrida, interpretando que en los casos en los que no exista un Tribunal de mayor jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida cuando el pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, resuelva el recurso interpuesto. Debe añadirse, que actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia, existen radicados tres juicios de Responsabilidades para el desarrollo de los actos preparatorios del juicio y en particular el presente que motiva esta acción de Inconstitucionalidad para el inicio del acto del juicio oral público y contradictorio; circunstancia que implica que, de llevarse adelante las audiencias de juicio en esos procesos pese a la notoria contrariedad de la Ley N° 044, la Ley N° 2445 y Ley N° 025, a las normas convencionales y constitucionales referidas en el texto de la presente resolución, generaría como consecuencia la vulneración de Tratados y Convenios Internacionales, responsabilidades y sanciones a Bolivia, por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como sucedió en los casos puntualmente referidos en los acápites II.3.4. y II.3.5. precedentemente desarrollados. ----------------------------------------------------------------------------------- A manera de corolario corresponde señalar que la acción de inconstitucionalidad concreta tiene la finalidad de realizar el contraste constitucional entre una norma de alcance general y el bloque de constitucionalidad cuando en la decisión que emergerá de un proceso judicial o administrativo, pretenda aplicarse la norma en relación a la cual existe duda sobre su constitucionalidad y dado que conforme se destacó precedentemente esta acción no solamente abarca normas de carácter sustantiva sino también de naturaleza procesal, es importante relievar que se denomina acción de inconstitucionalidad concreta porque la tramitación de este mecanismo constitucional emerge de un proceso judicial o administrativo, por esta razón, es necesario que exista nexo de causalidad directa y necesaria, entre la norma cuestionada de inconstitucional y su previsible aplicación en la decisión final a ser pronunciada en el proceso judicial dentro del cual se activó este mecanismo, resultando en el presente caso que la alegada inconstitucionalidad del art. 18 de la Ley N° 044 y del art. 3.I de la Ley N° 2445, Art. 38 inc. 3 de la Ley N° 025 e inaplicabilidad del art. 184 núm. 4 de la Constitución Política del Estado, impide la instalación, desarrollo y conclusión a través de una Sentencia, del acto de juicio en los procesos de privilegios constitucionales, pues incluso por razones de economía procesal carecería de sentido que el mismo sea desarrollado generando gastos a las partes involucradas y al propio órgano judicial, cuando en su trámite se desconoce una de las manifestaciones propias del debido proceso como es el derecho a la impugnación, que se reitera, se encuentra reconocido y amparado por normas constitucionales y convencionales. ---------------------------------------------------------- IV.1 La contradicción del dispositivo normativo demandado como inconvencional con el contenido dogmático de la Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. ----------------------------------- La Constitución Política del Estado Boliviano, representa un avance en el desarrollo normativo, especialmente cuando se trata de la protección de derechos y garantías, desarrollando en su parte dogmática, parámetros de ineludible cumplimiento en virtud de la supremacía constitucional que ella misma proclama. ----------------------- En ese sentido, debemos hacer énfasis en los siguientes artículos: -------------------- “Artículo 13. --------------------------------------------------------------------- I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia” Como podemos apreciar, en este artículo el constituyente ha determinado, primero que los derechos en el Estado Boliviano y que les asisten a todos y cada uno de los bolivianos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; en decir que en Bolivia, los derechos y garantías que proclama la Ley Fundamental, no pueden ser violados o mermados bajo ninguna naturaleza, además que estos no abarcan a un determinado grupo o sector privilegiado, sino que todos los bolivianos gozamos de la misma protección; la interdependencia se refiere a la convivencia que emergen del disfrute y goce de los diferentes derechos que nos asisten, generando espacios de dialogo entre derechos; así también, la indivisibilidad que está dirigida a que un derecho no puede ser partido o reconocido a la mitad o parcial; y por último, tenemos la cláusula de irreversibilidad del examen de los derechos y garantías, la progresividad se halla plasmada en el reconocimiento de los derechos de una manera más eficiente o que se halle en un entendimiento que encuentre mejor protección por parte del sistema judicial, que en caso de que ocurra, la situación superada, no podrá volver a repetirse. ------------------------------------------A esto se le debe agregar la última parte del parágrafo I del art. 13, que señala: “El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”, es decir que, el constituyente le ha dado la tarea al Estado a través de sus actores de cumplir con el deber de promover, proteger y respetar los derechos que proclama la Ley Fundamental. -----------------------------------------------------------------------------------En su parágrafo II, el citado artículo, hace alusión a la cláusula abierta con relación al reconocimiento de los derechos, pues de manera enfática, no impone un límite al listado de derechos que la propia Norma Suprema contiene, indicando de manera categórica que lo que no esté consignado de manera específica en el texto de la Ley Fundamental, jamás pueden ser entendidos como negación a otros derechos, lo que ineludiblemente nos lleva al bloque de constitucionalidad, aspecto que abordaremos más adelante. -----------------------------------------------------------------------------------El parágrafo III, nos indica que, entre derechos, estén o no contenidos en la Ley Fundamental como lo señala el parágrafo II, no existe una jerarquización entre los mismos, es decir, que ningún derecho es superior a otro. -------------------------------El parágrafo IV, establece la no suspensión de los derechos contenidos en los instrumentos internacionales; sin embargo, el segundo párrafo del dispositivo señalado, refiere una cláusula de interpretación sobre los derechos y garantías proclamados en la Norma Suprema, que deberán ser entendidos de conformidad a los tratados y convenios internacionales relacionados a derechos humanos ratificados por Bolivia. ------------------------------------------------------------------------- “Artículo 14. --------------------------------------------------------------------- I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. --------------------------------------------------------------------- II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. -------------------- III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” --------------------------------------------------------------------- El artículo que precede, denota la voluntad del constituyente con relación a las amplias brechas de desigualdad que evidenció del viejo Estado Republicano neoliberal, siendo enfático en elevar a rango constitucional la intención de que todos los bolivianos gocemos de todos los derechos y garantías con plena igualdad de protección sin ninguna distinción o discriminación-----------------------------------------Pero es aún más específico en su parágrafo II, cuando establece de manera taxativa criterios con relación a poblaciones identificadas como históricamente marginadas o discriminadas para el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones, prohibiendo y sancionando las viejas prácticas de exclusión por algún factor. Y su parágrafo III, es trascendental, pues el Estado garantiza a todos los bolivianos sin discriminación alguna al libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en los tratados internacionales, que representa un avance que demuestra la intención de convencionalización de la Norma Suprema. ------------------------------- “Artículo 109. --------------------------------------------------------------------- I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección” Este artículo, representa un avance en el carácter normativo que establece la Norma Suprema, ya que antes, los derechos contenidos en la Ley Fundamental, debían ser desarrollados mediante una Ley, aspecto por demás superado con el contenido de este dispositivo normativo de carácter constitucional que dispone la directa justiciabilidad de los derechos que proclama la Norma Suprema, esto rompe todo paradigma de invocación previa del desarrollo normativo del derecho para que su respeto pueda ser exigido ante terceros, además de generar que en el marco de la igualdad de los derechos el Estado se obliga a garantizar su respeto. “Artículo 256. --------------------------------------------------------------------- I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. ---------------------------------------------- II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”. ----------------------------------------------------------------------------- Sobre este artículo, amplio ha sido el debate de su interpretación o cómo es que este surte efectos jurídicos; lo cierto y palpable es que su composición taxativa nos da la certera impresión que existe una previsión normativa ante la ausencia de una consideración en el derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, pues establece de manera literal que ante la existencia de una disposición normativa internacional que prevea una situación más apegada a la eficiencia y eficacia del disfrute o goce de un derecho, será el contenido de dicho instrumento internacional el que deba aplicarse de manera preferente al texto constitucional, esto en mérito a que dicho contenido resultaría más favorable al justiciable. Así también en su parágrafo II, reata la interpretación de los derechos contenidos en nuestra Ley Fundamental a una condición de favorabilidad prevista en los instrumentos internacionales, quedando así plenamente establecido el carácter vinculante de los dispositivos normativos internacionales cuando éstos contengan un mejor reconocimiento en materia de derechos humanos. ------------------------------- “Artículo 410. --------------------------------------------------------------------- I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país” (las negrillas y el subrayado son nuestros). ------------------------------------- Este artículo, muy pocas veces es observado en su real dimensión, y es que para este Tribunal en la medida de los señalado supra, de modo que establece la jerarquía de las normas que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia, que en el caso que nos ocupa, para esta Sala Plena, representa no otra cosa que la primacía de aplicación del contenido descrito e interpretado líneas arriba, pues de otra manera no se entendería la supremacía contenida en este dispositivo constitucional. En consecuencia, de todo lo señalado, podemos afirmar que es el contenido mismo de la Norma Suprema que establece parámetros de observancia e interpretación cuando se trata del reconocimiento de los derechos que esta proclama, y que cobran vital importancia a momento de contrariar su contenido o el contenido de una norma cuando se denuncia a esta como inconstitucional o incompatible con la Constitución Política del Estado Boliviano, que toma una vital importancia y que no puede ser dejada de lado como en el caso que nos ocupa. ------------------------------------------ Esto debido al contenido del artículo 180.II de la Ley Fundamental, que señala: “II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales” y que se contraria de manera flagrante con el contenido del art. 184.4 del mismo cuerpo normativo que señala: “Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley: -------------------------------------------------------------------4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento.” Y se ahonda más cuando la Ley 044, que desarrolla el contenido de la Norma Suprema en su art. 18.I, señala: “El Tribunal Supremo de Justicia, se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior”. De lo que podemos afirmar, que sin lugar a dudas existe una contradicción entre el contenido de la propia Norma Suprema, ya que por un lado, en todo el compilado normativo que hemos descrito, nos señala primero que una de las cualidades de los derechos que esta proclama, es la inviolabilidad, universalidad, interdependencia y progresividad, además que se debe aplicar el principio de favorabilidad con relación al desarrollo mismo de los derechos y garantías que consagra la Ley Fundamental cuando existiere un mayor o mejor reconocimiento por parte de los instrumentos internacionales, así también, nos habla que todo individuo sea cual sea su naturaleza goza de los mismos derechos sin distinción alguna, siendo enfática la Carta de Derechos nuestra en consagrar que todos los derechos son de igual jerarquía; en consecuencia, si existe el principio de impugnación, y este está garantizado en favor de todos los bolivianos, no existe una causa justificada que permita a este Tribunal entender cómo es que para todos los individuos habidos y por haber en el Estado Plurinacional de Bolivia, se cumpla este principio como elemento parte de un debido proceso, y no así en favor de ex autoridades cuya función, estatus, rango institucional, visión política, o cualquier forma que les diferencie de las demás personas, se encuentra vedada por el contenido íntegro del art. 14 de la CPE. En suma, la contrariedad manifiesta contenida en la propia Norma Suprema, se subsume a que, por una parte, la Ley Fundamental prescribe que el ejercicio de los derechos contenidos en la misma, se deben ejercer sin distinción alguna (donde se incluye de manera taxativa que esta sea “fundada en razón (…) de filiación política”), entre otras además de no negar las que no se hallan contenidas de manera positiva en la Constitución. -------------------------------------------------------------------A esto se le debe sumar el contenido del punto III.3.3 de este Auto Supremo, pues en Bolivia y de conformidad a los entendimiento allí expuestos por el ente contralor de constitucionalidad, la igualdad puede ser de dos formas, formal y material; encontrándonos aquí ante la ineludible infracción de dichos parámetros, ya que formalmente la Norma Suprema discrimina a los ex mandatarios entre otros en desmedro de cualquier individuo boliviano, al determinar un juicio en única instancia, y que además pone a los juzgados en una desigualdad material ya que por su sola condición no se ampara en favor de ellos el principio que garantiza el mismo Estado Boliviano en favor de todos sin distinción alguna. ----------------------------------------En consecuencia, resulta probado el contrasentido de la misma Norma Suprema, cuando por una parte establece el juzgamiento de altas autoridades por una única instancia y por otra reconoce sin distinción alguna bajo ninguna razón que se garantiza la posibilidad de impugnación dentro de los procesos judiciales. ----------- Por lo que este Tribunal concluye que, esta antinomia latente no se encuentra acorde a los propios parámetros contenidos en la Norma Suprema, que hemos detallado líneas arriba. ------------------------------------------------------------------------------------Bajo este contexto, es que invocamos en los márgenes del control de constitucionalidad en la presente acción normativa, que se disponga inclusive la aplicación del contenido de la misma Carta de Derechos nuestra en desmedro del art. 184.4 en su frase “en pleno y en única instancia”, por ser flagrantemente contraria al contenido de los dispositivos normativos de rango constitucional antes descritos. ----------------------------------------------------------------------------------------IV.2. La incompatibilidad e inconvencionalidad del art. 184.4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia ------------------- La Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 184.4 señala: “Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley: (…) ------------------------------------------------------------------------------------------ Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”. --------------------- De una interpretación taxativa de la norma, podemos apreciar que este dispositivo normativo, indica que una de las atribuciones de este Supremo Tribunal de Justicia, se traduce en juzgar al Presidente y Vicepresidente, etc. del Estado en el ejercicio de sus funciones, conteniendo particularmente la previsión de que dicho juzgamiento sea llevado a cabo por el Pleno de este Tribunal y además sea en única instancia, siendo enfática la Ley que desarrolló la previsión legislativa de la Norma Suprema, en aclarar que no existe instancia ulterior para revisión del fallo emitido [“Artículo 18 (Del Juicio) I. El Tribunal Supremo de Justicia, se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior” -Ley 044 de 8 de octubre de 2010. --------------------------------------------------------------------------- Este aspecto fue objeto de debate por parte de los componentes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dado que, en el ordenamiento jurídico boliviano, la única instancia en un juicio resulta alejado de las garantías que reconoce la Carta de Derechos en favor de todos los Bolivianos, así como se traduce en un incumplimiento a un principio que rige la impartición de justicia en el Estado Boliviano [“II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales” (art. 180 de la CPE)]. ----------------------------------------------------------- Como habíamos mencionado en el acápite III.3.1. de esta acción de inconstitucionalidad, la propia Norma Suprema, ha delimitado cláusulas para la interpretación de su contenido normativo, generando aspectos que deben y son observados por los Tribunales a momento de ejercer la potestad emanada del Pueblo Boliviano de impartir justicia. -----------------------------------------------------------------Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha determinado que debe realizar dicho ente colegiado, cuando se invoca el control de convencionalidad por medio del control de constitucionalidad a través de las acciones de inconstitucionalidad concreta y abstracta [ “…el primer paso es concretar el punto de partida para el análisis, identificando la norma interna que constituya el objeto del control de convencionalidad y procediendo a determinar los contenidos y alcances desarrollados en el “corpus iuris” de derechos humanos de todos los derechos involucrados, lo que constituirá aquel estándar o parámetro mínimo de contrastación, más allá de lo alegado por el o los accionantes, de esa forma se acotarán los elementos inmersos en el caso a estudio y se impedirá que se filtren cuestiones innecesarias, o bien, se dejen de contemplar tópicos de trascendencia. El segundo paso consiste en contrastar la norma interna con aquel estándar o parámetro mínimo obtenido del “corpus iuris” de derechos humanos, a fin de dar cuenta de si existe concordancia o no, tratando de salvar la norma[21] objeto de control de convencionalidad difuso a través de la interpretación, de lo cual se podrá arribar a tres posibles conclusiones: 1) La coexistencia armónica total[22] entre la norma interna y el “corpus iuris” de derechos humanos; 2) La posibilidad de que la norma interna sea compleja y admita diferentes interpretaciones[23], debiendo aplicar el principio “pro homine”[24]y elegir la interpretación más amplia y garante, ampliando lo favorable y restringiendo lo odioso; es decir, tratándose de restricción de derechos, es menester estar a la más limitada; y, 3) Percatarse que la norma interna se contrapone totalmente al “corpus iuris” de derechos humanos, no pudiendo ser salvada vía interpretación, debiendo ser dejada sin efectos generales mediante la declaración de aplicación preferente, siempre y cuando el parámetro convencional sea más favorable conforme al art. 256 de la CPE. -----------------------Si el control difuso de convencionalidad estuviera relacionado al principio de igualdad y no discriminación, dependiendo a la complejidad del caso y si el análisis realmente lo amerita, este Tribunal podrá aplicar complementaria y simultáneamente el test razonabilidad de la desigualdad desarrollado a partir de la SC 0049/2003 de 21 de mayo y el principio de proporcionalidad para el análisis de la limitación a derechos y a la ponderación, en los supuestos en los cuales se encuentren en conflicto dos derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, se debe tener en cuenta -en todo momento- que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como la jurisprudencia emanada por la Corte IDH, no son estáticos, más bien tienen una naturaleza dinámica, evolutiva y progresista, de acuerdo al tiempo y las condiciones de vida; por lo que, los estándares y parámetros mínimos de convencionalidad pueden variar en el tiempo” (SCP 0032/2019)]; estableciendo tres pasos a seguir, el primero se traduce en la identificación de la norma interna que constituya el objeto del control de convencionalidad y se proceda a determinar los contenidos y alcances desarrollados en el “corpus iuris” de derechos humanos de todos los derechos involucrados. ------------------------------------------------------------------------------------Para dar cumplimiento a este peldaño, debemos identificar de manera exacta sobre que norma recae la inconvencionalidad acusada; en este caso es el art. 184.4 de la CPE, específicamente en las frases “en pleno” y “en única instancia”, disposición normativa que se contrapone a los arts. 8 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De conformidad al punto III.3.2, 4 y 5 de esta acción de control normativo, primero debemos afirmar que el derecho a recurrir de una decisión judicial forma parte del Corpus Iuris de derechos humanos, y por otra que el Corpus Iuris se traduce en un parámetro de observancia obligatorio por parte del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de los fundamentos allí expuestos. ------------------------------------------ Ahora bien, cuando la Norma Suprema nos exhibe en su contenido normativo que este Tribunal Supremo de Justicia debe juzgar en pleno y en única instancia al Presidente y Vicepresidente, etc., muestra su manifiesta contrariedad con los dispositivos contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------Pues, como hemos expresado líneas arriba, dentro del corpus iuris, se contempla el derecho a recurrir como una garantía de control jurisdiccional en favor de todas las personas sin ningún tipo de particularización para su pleno ejercicio, goce o petición de respeto. --------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, también en el punto IV.1 de este escrito, no solo la disposición del juzgamiento en pleno y en única instancia se contrapone a los dispositivos normativos mencionados como parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, que es de estricta observancia por el Estado Plurinacional de Bolivia, sino que, dicho texto inclusive entra en contradicción con los propios postulados de la misma Norma Suprema, y que claramente demuestran el cumplimiento del contenido del corpus iuris por parte del Estado Boliviano (punto III.5 de este Auto Supremo). ----------------------------------------------------------------En este acápite debemos plasmar los parámetros mínimos contenidos en los entendimientos de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la temática, lo que nos servirá como parámetro mínimo para la contrastación con el contenido de nuestro ordenamiento jurídico. Si ese es el objetivo, debemos remitirnos al punto III.4 de este Auto Supremo, pues en él está contenido el caso resuelto con relación al juzgamiento de altas autoridades y que fue de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Barreto Leiva vs Venezuela. --------------------------------------------------------Este precedente, además de formar parte del Bloque de Constitucionalidad, como ya explicamos en base a la SC 0110/2010-R, es de directa exigibilidad en su cumplimiento en virtud al compilado normativo invocado en el punto IV.1 de esta acción normativa; en ese sentido, es de vital importancia el dictamen del ente interprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues estableció lo siguiente: “En razón de lo expuesto, el Tribunal declara que Venezuela violó el derecho del señor Barreto Leiva reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la misma, puesto que la condena provino de un tribunal que conoció el caso en única instancia y el sentenciado no dispuso, en consecuencia, de la posibilidad de impugnar el fallo”. ----------- En nuestro País, la previsión contenida en la Norma Suprema, resulta manifiestamente el mismo caso, puesto que se somete a las altas autoridades a un juicio en única instancia, además sustentado ante la máxima autoridad del -valga la redundancia- máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria; lo que es manifiestamente contrario al corpus iuris debido a que el intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha delimitado que en caso de que se juzgue en única instancia a altos mandatarios se produce la violación al derecho consagrado en el art. 8.2 inc. h) de dicho instrumento legal, lo que en virtud al precedente jurisprudencial interno, importa su internación dentro del Bloque de Constitucionalidad, que de conformidad al punto II de este Auto Supremo, resulta de estricta observancia en los parámetros de favorabilidad que desarrolla la misma Norma Suprema; por lo que es plenamente aplicable al caso Boliviano. Esta afirmación cobra aún más relevancia, cuando la propia Corte, ha delimitado las opciones que pueden tomar los Estados partes con esta flagrante inconvencionalidad de sus Cartas de Derechos, pues el problema fáctico se suscita ante la inexistencia de un Tribunal Superior en el País; en nuestra realidad no existe una autoridad superior al Pleno del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia; ante esta sustantividad fáctica, la propia Corte plantea lo siguiente: “la Corte considera que si bien fue la Alta Corte de Justicia la que juzgó y condenó al señor Alibux, el rango del tribunal que juzga no puede garantizar que el fallo en instancia única será dictado sin errores o vicios. En razón de lo anterior, aun cuando el procedimiento penal en instancia única estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado debió garantizar que el señor Alibux contara con la posibilidad de que la sentencia adversa fuera recurrida, con base en la naturaleza de garantía mínima del debido proceso que dicho derecho ostenta. La ausencia de un recurso, significó que la condena dictada en su contra quedará firme y, por ende, el señor Alibux cumpliera una pena privativa de la libertad. Al respecto, el Tribunal estima pertinente ratificar la importancia de la existencia de un recurso que permita la revisión de una sentencia condenatoria, sobre todo en procesos penales, en donde otro grupo de derechos pueden verse limitados, especialmente el derecho a la libertad personal de un individuo, es decir que significa una garantía del individuo frente al Estado. ---------------------------------------------------------------105. Ahora bien, el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana establece el ´derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior´. El señor Liakat Alibux fue juzgado por el máximo órgano de justicia de Suriname, por lo que no existía un tribunal o juez superior quien pudiera hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio. Al respecto, en supuestos como estos, la Corte interpreta que, al no existir un tribunal de mayor jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida cuando el pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada, si así lo considera pertinente. En este sentido, la Corte ha señalado que puede establecerse, ´ […], por ejemplo, […] que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso´. Asimismo, la Corte verifica que ésta ha sido la práctica de algunos Estados de la región (supra párr. 98). Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima que el Estado puede organizarse de la manera que considere pertinente a efectos de garantizar el derecho a recurrir el fallo de los altos funcionarios públicos que corresponda”. ----------------------------Con base a todas las consideraciones anteriores la Corte asumió como conclusión que debido a la inexistencia de un recurso judicial eficaz que garantizara a Liakat Ali Alibux su derecho a recurrir el fallo condenatorio, así como al hecho que al momento de la creación del recurso de apelación en el 2007, la violación al derecho a recurrir el fallo ya se había materializado, por lo que dicho recurso no podía subsanar la situación jurídica infringida, el Estado de Suriname violó el artículo 8.2 (h) de la Convención Americana, por lo que la Corte en la parte pertinente al motivo del presente informe, decidió que: --------------------------------------------------------------“El Estado es responsable por la violación del derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior reconocido en el artículo 8.2(h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Liakat Ali Alibux, en los términos del párrafo 112 de la presente Sentencia” (las negrillas y el subrayado son nuestros). ---------------- Es decir que, el precedente invocado contiene un desarrollo en materia de derechos humanos de manera más efectiva, eficiente y progresiva con relación al ejercicio del derecho a impugnar como elemento del derecho a la defensa que a su vez se encuentra protegido por el debido proceso que rigen en nuestro País, generándose de esa manera la clarificación con relación a lo incluido en nuestra Carta de Derechos en materia de Derechos Humanos con su propio contenido, así como con los parámetros con calidad de cosa juzgada emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos reiteramos forman parte del Bloque de Constitucionalidad que es directamente aplicable y justiciable en nuestro Estado, en mérito al contenido interpretativo de su Constitución Política del Estado. ------------- El segundo paso es contrastar la norma interna con aquel estándar o parámetro mínimo obtenido del corpus iuris de derechos humanos, a fin de dar cuenta de si existe concordancia o no, tratando de salvar la norma objeto de control de convencionalidad difuso a través de la interpretación, de lo cual se podrá arribar a tres posibles conclusiones: 1) La coexistencia armónica total entre la norma interna y el “corpus iuris” de derechos humanos; 2) La posibilidad de que la norma interna sea compleja y admita diferentes interpretaciones, debiendo aplicar el principio “pro homine” y elegir la interpretación más amplia y garante, ampliando lo favorable y restringiendo lo odioso; es decir, tratándose de restricción de derechos, es menester estar a la más limitada; y, 3) Percatarse que la norma interna se contrapone totalmente al “corpus iuris” de derechos humanos, no pudiendo ser salvada vía interpretación, debiendo ser dejada sin efectos generales mediante la declaración de aplicación preferente, siempre y cuando el parámetro convencional sea más favorable conforme al art. 256 de la CPE. --------------------------------------------------Con relación al punto 1), de conformidad al acápite I.6 de este Auto Supremo, vemos que los instrumentos internacionales han sido positivizados en nuestra Carta de Derechos, en gran medida, no de manera específica y exacta; sin embargo, se tiene una cantidad de normas que son ampliamente compatibles e inclusive iguales; por lo que se concluye que existe una coherencia armónica entre el contenido dogmático de la Norma Suprema con el corpus iuris. -------------------------------------Respecto del punto 2), nos sugiere un análisis de complejidad u oscuridad en la norma que daría lugar a una interpretación, donde se activarían los principios como el pro homine con el objetivo de optimizar el goce del derecho reclamado; en este aspecto, la norma denunciada de inconvencional no admite ninguna interpretación o da lugar a dudas de lo que esta manda, al ser su texto: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”, ultima parte dispositiva que fue cumplida por el legislador en el art. 18.I de la Ley 044, que señala: “El Tribunal Supremo de Justicia, se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior”; por su parte el art. 3 de la Ley 2445, que en su apartado I parágrafo 6, a la letra dice “ “La Corte Suprema de Justicia derivará a su Sala Penal, la que tramitará el sumario y deberá pronunciarse por la acusación o por el sobreseimiento. Si se pronuncia por la acusación el juicio se sustanciará por las demás Salas, sin recurso ulterior. La sentencia condenatoria será pronunciada por dos tercios del total de los miembros de la Corte Suprema de Justicia”; y finalmente el art. 38.3 de la Ley 025 que señala como atribución de la Sala Plena del Tribunal Supremo del Justicia, “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato”. Quedando ampliamente demostrado que el contenido de los artículos relacionados, especialmente el constitucional, no admite ningún tipo de interpretación sino que se traduce en una atribución que contempla una característica imperativa en su disposición de cumplimiento por las autoridades que componen la Sala Plena de este Supremo Tribunal de Justicia; en consecuencia, en este inciso la restricción de derechos evidenciada no es superable con la interpretación de la norma cuestionada en base a los principios como agentes de auxilio cuando exista la posibilidad de una pluralidad de interpretaciones de la norma que se pretende aplicar. -------------------Sobre el inciso 3), al no contener la norma cuestionada alguna duda sobre su interpretación, siendo manifiestamente contraria no solamente al corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos y su jurisprudencia, también vemos que la misma es contraria al propio corpus iuris interno como desarrollamos en el parágrafo IV.1 de este Auto Supremo; en consecuencia, en el marco del art. 256.II, de acuerdo a los puntos III.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4 y 5 de este escrito de acción normativa, debemos solicitar que al ser altamente latente la contrariedad que emana de la disposición normativa impugnada como inconvencional, se la inaplique y se brinde en su lugar el sentido que no solo garantiza el corpus iuris interno, sino que materialice la cosa juzgada emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inclusive analizando un caso donde el juzgamiento de altas autoridades que se sustanciaba ante la máxima instancia del Órgano Judicial de un País (llámese Tribunal Supremo, Corte Suprema, etc.), dio una salida alternativa que garantizaba la plena vigencia y materialización de la garantía que contempla el Estado Boliviano -en este caso en su art. 180.II de la CPE-, al haber advertido la violación del derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior contemplado en el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado Venezolano en contra del ciudadano venezolano Barreto Leiva. --------------- IV.3 Necesidad de disponer la suspensión de Apertura del Acto de Juicio en la presente causa y pedido de medida cautelar. -------------------------------Siendo que la Apertura del Acto de Juicio Oral y señalamiento de día y hora de audiencia, es la que da inicio al evento procesal propiamente dicho y tiene fundamento valedero por estarse ante un probable, inminente, irremediable o irreparable daño, que a través de la misma se evitará la consumación de la vulneración de derechos de las partes, con el fin de generar seguridad jurídica y certidumbre respecto a la eficacia del proceso de privilegio, este Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de Tribunal de Juicio de Responsabilidades no ha dispuesto la misma; sin embargo, siendo facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional determinar la aplicación de las Medidas Cautelares esenciales, competencia que por su naturaleza jurídica resulta aplicable al presente caso, en el entendido que en la espera de la decisión de fondo puede producirse un daño irreparable para el interés de las partes y del ordenamiento jurídico, a fin de impedir que se produzcan situaciones jurídicas de imposible reparación, evitando la materialización de graves violaciones a derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, sobre la base de lo expresado y fundamentado ampliamente, que hacen viable la adopción de la medida cautelar, teniendo identificado el acto que pretendemos no se ejecute en tanto y en cuanto se emita la Sentencia Constitucional Plurinacional en el presente caso, como es la Apertura del Inicio del Juicio Oral; identificado también el daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas cautelares de inicio del Juicio Oral, que genera también como lógica consecuencia jurídica, la suspensión de plazos procesales, exigencia que se enmarca a la existencia de duda sobre la constitucionalidad e inaplicabilidad de las normas invocadas vinculadas al ejercicio del derecho de impugnación de las partes, que tendrá como consecuencia, un daño irremediable, así como la vinculación del hecho y el perjuicio con los derechos que requieren sean protegidos, evidenciando que en la acción se encuentran debidamente identificadas y relatadas las disposiciones normativas vinculadas a disposiciones constitucionales y convencionales pueden provocar detrimento de derechos de los sujetos procesales, porque se les cerrará toda posibilidad de acudir a un tribunal de apelación para que realice un control de legalidad y logicidad de las resultas de la Sentencia a emitirse al concluir el Juicio Oral y a fin de evitar que las disposiciones invocadas de inconstitucionales e inconvencionales, en la espera de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional produzcan daños irreparables, dados los efectos de probable inconstitucionalidad descritos en el art. 84.I del Código Procesal Constitucional. ----------------------------------------------------------------------------------Bajo toda la fundamentación contenida en la presente resolución, dados los efectos que generaría aperturar y sustanciar el acto de juicio en la presente causa, bajo la normativa cuestionada que no reconoce la posibilidad de impugnación a las partes de las decisiones jurisdiccionales que vaya a adoptar el pleno del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, sin soslayar las responsabilidades emergentes para el Estado boliviano y en consideración a que la facultad asignada al Pleno del Tribunal Supremo de Justicia por las normas cuestionadas, no permite continuar con la presente causa porque dada la argumentación expuesta por este Tribunal en resguardo de los derechos y garantías constitucionales, la acción presente está encaminada a la necesidad del reconocimiento o conformación de una Sala de Juzgamiento y otra distinta a sustanciar y resolver eventuales impugnaciones a los fallos y Sentencia que la primera vaya a emitir, esta Sala no dispuso la apertura del inicio del acto de Juicio en la presente causa, determinación que corresponderá sea ratificada como medida cautelar por el Tribunal Constitucional Plurinacional. -------En ese sentido, se tiene presente el art. 24.I.5. del Código Procesal Constitucional, que al hacer referencia a los requisitos de la acción de inconstitucionalidad, prevé la: “Solicitud, en su caso, de medidas cautelares”, debiendo considerarse que la SCP 0646/2012 de 23 de julio, realizó una interpretación extensiva en función al nuevo marco constitucional y sobre la base, que el principio de supremacía constitucional constituye una garantía para el ciudadano a efectos del respeto y resguardo de sus derechos durante la sustanciación de un proceso judicial o administrativo y a que el debido proceso también comprende el derecho de toda persona a ser juzgada por normas constitucionales, estableció que la acción de control de constitucionalidad procederá contra aquella disposición legal que se pretenda aplicar durante la tramitación del proceso o procedimiento y sobre la cual exista duda razonable sobre su constitucionalidad; es decir, no siendo imprescindible que la misma -como se sostuvo en anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional- tenga que ser aquella que ponga fin al proceso o de la que dependa la decisión final, sino, sobre la cual se presente duda sobre su constitucionalidad y se pretenda su aplicación, independientemente de que ponga o no fin al proceso principal. ----------------------Ahora bien, la SC 1213/2004-R de 30 de julio, citada por su referencia a este tipo de medidas, indicó que: "(…) las sustanciaciones de acciones tutelares no suspenden actos posteriores de la jurisdicción ordinaria", a menos que -refiriéndose a los efectos de algunas resoluciones pronunciadas dentro de los recursos de amparo constitucional- los actos tengan relación inmediata y directa con los derechos y/o garantías invocados y exista peligro inminente de su restricción. Es por eso que, en este último sentido, la citada Resolución señaló: "Por ello, el art. 99 de la LTC, tratándose de las acciones de amparo, ha previsto que el Tribunal del recurso puede disponer medidas cautelares para evitar la consumación de la amenaza de restricción o supresión del derecho o garantía en que se funda el recurso, situación que en la especie no se ha dado…", posteriormente, precisando ese entendimiento por Auto Constitucional 627/2005-CA estableció que: "(…) es posible la consideración de la solicitud de adopción de medidas cautelares, siempre y cuando exista fundamento jurídico valedero y se esté ante un daño inminente, irremediable o irreparable; y a través de la misma se evite la consumación de la amenazado restricción del derecho o garantía en que se basa la demanda o recurso". ---------------------------------------Debe añadirse, que el Tribunal precisó que la solicitud de aplicación de medidas cautelares debe estar debidamente fundamentada, estableciendo con claridad cuando menos los siguientes aspectos: a) El o los actos que pretende no se ejecuten; b) El daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas; c) La vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que denuncia como vulnerados; resultando en el presente caso, que el acto de juicio no puede abrirse, menos iniciarse al depender de la conformación de una Sala de juzgamiento y otra de impugnación; es decir, al existir la posibilidad cierta que como consecuencia de la presente acción y una necesaria modificación legislativa, este Tribunal en pleno -sin perjuicio de otra solución normativa- pueda quedar fraccionado para sustanciar por un lado el acto de juicio y otro para las impugnaciones; que el daño y perjuicio a las partes emergería de la imposibilidad procesal de impugnar las resoluciones y Sentencia que se vayan a emitir; en directa infracción al debido proceso, al principio de impugnación y al derecho de recurrir, que también debe ser garantizado en los casos seguidos contra altos funcionarios del Estado, conforme los criterios jurisprudenciales asumidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin soslayar, la necesidad de evitar innecesarios gastos a las partes involucradas en el proceso y del propio sistema de administración de justicia, con alcances inminentes de repetición sancionatoria contra el propio Estado boliviano.-------------------------------------------------------------POR TANTO: ---------------------------------------------------------------------- El pleno del Tribunal Supremo de Justicia, constituido en Tribunal de Juicio de Responsabilidades, en base a los argumentos expuestos en la presente resolución y en observancia del art. 79 del Código Procesal Constitucional, RESUELVE: -------- 1. Promover DE OFICIO, acción de INCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA, a los fines de que el Tribunal Constitucional, en ejercicio de la facultad reconocida por los arts. 202.I de la Constitución Política del Estado y 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional, declare la aplicación preferente conforme el art. 256.II de la norma constitucional, la aplicación preferente del art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo al entendimiento determinado por la Corte Interamericana en los casos Barreto Leiva vs Venezuela y Liakat Ali Alibux vs Suriname al resultar la interpretación más favorable respecto de las garantías procesales contenidas en el art. 184 núm. 4 de la Constitución Política del Estado, en la frase “En única instancia”; y declare la Inconstitucionalidad del art. 18.I de la Ley 044, en sus expresiones “en pleno”, “en única instancia” y “sin recurso ulterior”; así como del art. 3.I de la Ley Nº 2445 en su frase sin recurso ulterior y 38.3 de la Ley N° 025, en su expresión “en pleno” y “única instancia”.-------------------------- 2. Se exhorte a la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento y aprobación inmediata de una Ley modificatoria a la Ley 044 de 08 de octubre de 2010. 3. Solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional la ratificación de la medida de No Apertura e Inicio del acto el juicio, hasta que exista un pronunciamiento respecto de la acción promovida. ---------------------------------------------------- 4. Por las circunstancias extraordinarias expuestas que hacen aplicable de manera excepcional a los fines de resguardar el Debido Proceso y Defensa de las partes, se dispone la suspensión de plazos procesales reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, conforme a la parte in fine del art. 130 del CPP. -------------------------------------------------------------------------------------- 5. Una vez notificadas las partes con la presente resolución, remítase por Secretaría al Tribunal Constitucional Plurinacional, esta decisión junto con las fotocopias legalizadas de los antecedentes que sean necesarios. -------------- Regístrese. - ---------------------------------------------------------------------- Fdo. Edwin Aguayo Arando ------------------------------------------------------ PRESIDENTE----------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES-------------- Fdo. Esteban Miranda Terán ------------------------------------------------------------------ MAGISTRADO------------------------------------------------------------------------------------ Fdo. José Antonio Revilla Martínez--------------------------------------------------------- MAGISTRADO------------------------------------------------------------------------------------ Fdo. Marco Ernesto Jaimes Molina------------------------------------------------------ MAGISTRADO----------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Juan Carlos Berrios Albizu-------------------------------------------------------------- MAGISTRADO------------------------------------------------------------------------------------ Fdo. Carlos Alberto Eguez Añez------------------------------------------------------------- MAGISTRADO----------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Ricardo Torres Echalar ----------------------------------------------------------------- MAGISTRADO----------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Olvis Egüez Oliva ------------------------------------------------------------------------ MAGISTRADO------------------------------------------------------------------------------------ Ante Mí Fdo. Alvaro Zabala Serrano--------------------------------------------- SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES CUANTO SE HACE SABER PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY, EL PRESENTE EDICTO DE PRENSA, SE LIBRA EN LA CIUDAD DE SUCRE, EL DÍA MARTES VEINTINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTI DOS. FDO. ALVARO ZABALA SERRANO, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES. -------------------------------------------------------------------------


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