EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: SALA PLENA


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES Sucre – Bolivia EDICTO DE PRENSA DE NOTIFICACIÓN EL MAGISTRADO ESTEBAN MIRANDA TERÁN, MARÍA CRISTINA DÍAZ SOSA, JOSÉ ANTONIO REVILLA MARTÍNEZ, MARCO ERNESTO JAIMES MOLINA, JUAN CARLOS BERRIOS ALBIZU, CARLOS ALBERTO EGÜEZ AÑEZ, RICARDO TORRES ECHALAR, OLVIS EGÜEZ OLIVA y EDWIN AGUAYO ARANDO, MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, HACEN SABER A LOS ACUSADOS ACUSADO: GONZALO DANIEL SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SANCHEZ DE LOZADA BUSTAMANTE, JOSÉ CARLOS SANCHEZ BERZAÍN, GONZALO JAVIER AFCHA DE LA PARRA, ANTONIO JOSÉ ARANIBAR QUIROGA, CRISTOBAL ALFONZO REVOLLO THENIER, EDGAR RAMIRO SARAVIA DURNIK Que en el proceso penal de juicio de responsabilidades que le sigue el Ministerio Público representado por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado, en contra de GONZALO DANIEL SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA O GONZALO SANCHEZ DE LOZADA BUSTAMANTE, JOSÉ CARLOS SANCHEZ BERZAÍN, GONZALO JAVIER AFCHA DE LA PARRA y otros, por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado y otros del Código Penal, se notifica mediante edicto de prensa con EL AUTO SUPREMO, cuyo tenor es el siguiente:-------------------------------------------------------------------- AUTO SUPREMO: Nº 001/2022 ------------------------------------------ FECHA: 31 de enero de 2022 --------------------------------- EXPEDIENTE: JR-01/2018 No. IANUS: 101198201801087 ENFE ----------- PARTES: Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia y otros c/ Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante y otros --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- VISTOS: Las excusas presentadas por los Dres. Olvis Eguez Oliva, Edwin Aguayo Arando, Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Penal y Civil, respectivamente del Tribunal Supremo de Justicia en su calidad de miembros del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, los antecedentes y: ---------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO I: Que, el Magistrado Olvis Egüez Oliva, mediante memorial de 28 de enero del 2022, se excusó del conocimiento de la presente causa, invocando el art. 316.1) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 27.8) de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025), argumentando que su autoridad llevó a cabo el control jurisdiccional de la etapa preparatoria resolviendo en condición de Juez audiencias de aplicación de medidas cautelares de carácter personal y real, excepciones, incidentes y otras, que constituyen haber emitido criterio de fondo en el presente proceso. ---------------------------------------------------------- Asimismo, el Magistrado Edwin Aguayo Arando que también conforma la Sala Penal del Tribunal Supremo, mediante memorial de 27 de enero de 2022, formula excusa, acompañando prueba, considera estar comprendido en la causal establecida por los arts. 316 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal y 27.8 de la Ley del Órgano Judicial, porque en su calidad de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia intervino en la fase de la instrucción del referido proceso (caso ENFE) como Juez cautelar; además, de haber emitido criterio sobre la probabilidad de autoría al momento de resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, situación que hace a la anticipación de un criterio sobre la responsabilidad penal de los implicados en la referida causa, situación que afectaría al principio de imparcialidad sobre la decisión a tomar en juicio. ---------------------------------------------------------------- Por su parte los Magistrados Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, por memoriales de 28 de enero del año en curso, plantean también excusa formal, señalando que sus autoridades al haber intervenido como Jueces de apelación en el recurso de alzada del Auto Supremo N° 006 /2019 de 18 de enero que impone medidas cautelares a los imputados, emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se encontrarían supeditados a la causal de excusa descrita en el art. 316 núm. 1) de la Ley N° 1970, que prevé que la sola participación como Juez en la causa penal, es motivo de excusa para su separación del proceso, por haber tomado prevención del tema de discusión. ------------------------------------------------------------------------------------ CONSIDERANDO II: La excusa se constituye en un mecanismo instituido no solo como una facultad; sino también, como un deber que concede la Ley al Juez de apartarse del conocimiento de un determinado proceso, porque prevé la posibilidad de su parcialización; ello supone que deben estar fundadas en causales tasadas e interpretadas restrictivamente y que la imparcialidad del Juez ha de presumirse de modo que las sospechas sobre su idoneidad deben ser probadas; admitiendo que, si bien el Juez no puede realizar actos, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto una previa toma de posición anímica a favor o en contra; sin embargo, no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad surjan en la mente de alguien, sino que es preciso determinar si las mismas alcanzan consistencia para afirmar que se hallan objetivamente justificadas. Cuando se trata de defender el derecho a un Juez imparcial, se debe tener muy en cuenta que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática, criterio que hacen a circunstancias concretas entre las cuales el Juez tuvo que sentenciar y suponen o no un quebrantamiento efectivo de la garantía de imparcialidad como componente esencial que integra el derecho fundamental de contar con un Juez imparcial como vertiente del Debido Proceso. ------------ CONSIDERANDO III: Que, de la normativa vigente y los antecedentes del proceso, se llega a la siguiente conclusión: ---------------------------------------------- El art. 120. I de la Constitución Política del Estado, establece como una garantía jurisdiccional el que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial...” bajo esta premisa debe considerarse que el art. 318 del CPP, impone a la autoridad jurisdiccional, la obligación y deber de excusarse cuando se encuentre bajo alguna de las causales establecidas en el art. 316 de la referida norma adjetiva penal, dado que estas hacen entrever que el elemento de imparcialidad que compone el Juez natural, se encuentra en tela de duda y su fin es resguardar los derechos y garantías constitucionales de las partes. ----------------------------- El art. 316. 1) del CPP, establece como causa de excusa y recusación: “haber intervenido en el mismo proceso como Juez …”, dejando supeditada a una finalidad de salvaguardar la imparcialidad del Juez dentro del proceso concreto, en tanto se presente una vinculación consanguínea o de afinidad con alguna de las partes que objetivamente genere un conflicto de interés real en el desempeño de su función, en forma tal que, el conflicto de intereses que puede concebirse, no sólo sea genéricamente posible; sino que, esté claramente contrastado y pueda afectar a la imparcialidad del funcionario y, dada su continuidad, no pueda superarse sino a través del instituto previsto de la excusa; por su parte el art. 27.8 de la Ley del Órgano Judicial, prescribe: “Haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial, excepto en los actuados conciliatorios”, quedando reatada esta segunda causal, a una circunstancia de carácter funcional, justificada en el propio cargo que supone la formación de una opinión sobre la cuestión jurisdiccional o la formación de una convicción sobre la materia litigiosa. En autos, ubicado el proceso en la etapa preparatoria, fase que brinda información de las partes, donde los lineamientos de función de control de protección de derechos, identifica la separación de roles del Juez cautelar con el Juez que sentencia, dada su naturaleza y carácter organizativo que permite el desarrollo de actos que constituyen el cúmulo de elementos investigativos que fundarán la acusación o sobreseimiento y no la sentencia, evitando el peligro que desaparezcan las pruebas del delito o que el imputado consiga evadir la acción de la justicia, hacen de esta etapa eminentemente cautelar y previsora; análisis que nos conduce a revisar los elementos incorporados a objeto de acreditar las excusas planteadas: -------------------------------------------- a) Los Autos Supremos N° 003/2018 de 13 de marzo, 022/2018 de 27 de julio, 023/2018 de 07 de agosto, 024/2018 de 07 de septiembre, 604/2019 de 25 de junio, 106/2020 de 11 de febrero y 209/2020 de 17 de marzo, son resoluciones vinculadas a las excepciones de extinción de la acción por prescripción y nulidad de notificación que plantearon los procesados en ejercicio de su derecho a la defensa, con el objeto de evitar o enervar el desarrollo del proceso, pero de ninguna manera definen el fondo del mismo por ser su naturaleza eminentemente procesal. Deducción respaldada por la SCP 0108/2014 de 10 de enero, vinculada directamente a la investigación y competencia del Juez en el ejercicio del control jurisdiccional de la investigación y de los derechos y garantías de las partes que definitivamente son accesorias al fondo de la causa y que se interponen pudiendo o no tener motivos legalmente fundados. ------------------------------------------------------------- b) El Auto Supremo N° 007/2018 de 8 de febrero, declara la rebeldía de uno de los procesados (Gonzalo Javier Afcha de La Parra) emergente del comportamiento de desobediencia y resistencia a la orden de la autoridad, que es una situación de hecho y accesorio al objeto principal de la Litis. -------------- c) Resolución de 24 de septiembre de 2018, que resuelve el recurso de reposición solicitada por Juan Antonio Estrada Muruchi en defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín que deducen el ejercicio del derecho de impugnación de los excepcionistas para que se replanté la decisión desfavorable al interés de quien la planteó, vinculado a la evaluación de la decisión jurisdiccional asumida por el Tribunal del control jurisdiccional. d) Los Autos Supremos N° 022/2018 de 27 de julio, N° 025/2018 de 13 de septiembre, N° 031/2018 de 2 de octubre y N° 014/2019 de 2 de mayo, determinan autorizaciones de viaje de los imputados que no tienen relación al objeto principal del proceso penal. -------------------------------------------------------- e) Autos Supremos N° 017/2017 de 22 de febrero, N° 02/2020, N° 03/2020 ambos de 7 de febrero y N° 107/2020 de 11 de febrero, de imposición y modificación de medidas cautelares, que por ser un instituto basado en indicios y presunciones o suposiciones versátiles y temporales, no representan adelantamiento de criterio; al respecto, la amplia jurisprudencia constitucional ha establecido que al ser modificable la decisión cautelar conforme a las circunstancias, desarrollo del proceso y la obtención de elementos indiciarios del Ministerio Público que bien pueden variar, toda vez que la medida cautelar tiene como propósito material asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso y su sometimiento a él; en tal sentido, no resulta adecuado razonar en sentido de que determina un adelantamiento de criterio porque los supuestos de consideración son provisionales e instrumentales que pueden cambiar y por tanto no causan estado; entendimiento desarrollado en la SCP 2291/2010-R de 19 de noviembre, que ha establecido lo siguiente “…Al efecto, las normas procedimentales que regulan el desarrollo del proceso penal, prevén garantizar la presencia del imputado en juicio, deduciéndose su calidad instrumental, de modo que éste ejerza cuanto derecho a su favor se haya instituido y simultáneamente, sea eficiente la investigación y eficaz la sanción del delito; conforme a este entendido y ponderando la protección del derecho a la libertad, el art. 250 del CPP, indica la cualidad de las decisiones que se adopten al respecto, afirmando que: 'El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio'; es decir, no causa estado, precisamente, por considerar a las circunstancias que en un primer momento hayan justificado la restricción del derecho a la libertad, como factibles de concluir o modificarse, resultando insuficientes para sustentar la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, o bien, ameritando su imposición; destacándose en esta norma, el carácter provisional de estas medidas”. ------------------------------------------------------------ Configurados y analizados los elementos probatorios presentados, permiten concluir que en autos, si bien los Magistrados actuaron en su condición de Jueces dentro de la etapa preparatoria del juicio de responsabilidades instaurado en la presente causa; sin embargo, ello no hace operable ipso facto su apartamiento con causal de excusa invocada en el art. 316-1) del CPP; sino que, están subordinadas a condiciones y circunstancias de prohibición e impedimentos destinados a reforzar la plenitud del derecho de los justiciables; supuestos que no han sido ni fundamentados menos acreditados. En relación a la emisión de criterio vinculado al fondo de la causa; que, conforme a la prueba adjuntada, se tienen en obrados Autos Supremos que ciertamente fueron emitidos en la etapa preparatoria, cuyo contenido y decisiones asumidas no tienen vinculación directa con los hechos y la responsabilidad que con carácter de probabilidad en esta etapa del proceso penal únicamente se tienen indicios en respeto siempre de la presunción de inocencia que será definida en juicio oral. El hecho de conocer funcionalmente el proceso en la etapa preparatoria no significa necesariamente que “de cualquier forma anticiparon opinión”. De modo tal que, no es cualquier proximidad al objeto del proceso, se trata de una condición de carácter funcional, justificada en el propio cargo y que supone la formación de una opinión sobre la cuestión jurisdiccional o la formación de una probabilidad en razón de la materia litigiosa, asumiendo presunciones durante la etapa preparatoria sobre la culpabilidad o no del acusado, que merezcan en sí mismas tacha o reprimenda y se proyecten en el ulterior enjuiciamiento colocando en riesgo el derecho del justiciable a obtener una justicia imparcial. --------------------------------------------- Los Magistrados exponen una serie de supuestos en los que su intervención previa al juicio propiamente supone afectación del derecho a la imparcialidad, incidiendo con profusión en las intervenciones de control jurisdiccional y protección de los derechos fundamentales de la partes; sin embargo, no inciden la imparcialidad, ella se afectaría cuando el Juez haría de investigador o acusador; si bien se incorporan pruebas con la intención de ofrecer fundamento, no solo basta acreditar la intervención previa como Juez; sino que, deben existir también indicios de parcialización judicial, que en la etapa preparatoria no es posible materializarse porque no genera o concluye con una decisión o fallo y conste aquello; significando únicamente que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 17 de la Ley N° 044 y la Declaración Constitucional N° 003/2005 de 8 de junio, asumieron conocimiento de los hechos fácticos de la causa, de las partes y sus posiciones, siendo su actuación limitada al control jurisdiccional y protección de derechos y garantías, producto del proceso y no de un criterio personal anticipado sobre la justicia o injusticia de la demanda que genere presunción o la posibilidad de previsión de su parcialización respecto del tema decidendi, proximidad con la causa de forma tal que suponga afectación o motivo de gravedad y justifique su apartamiento del caso. -------------------------------------- Habiéndose planteado circunstancias que no constituyen un óbice para los magistrados en el conocimiento y resolución de la presente causa, al no estar objetivamente comprometidos los principios de imparcialidad y legalidad, asegurando a las partes la certeza de una administración de justicia imparcial que garantiza el principio de seguridad jurídica ante los elementos desglosados supra, ambas autoridades jurisdiccionales, mantienen idoneidad para el conocimiento de la causa. -------------------------------------------------------------------- Corolario que tiene respaldo por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso “Hauschildt y Castillo Algar” que dispuso doctrina cuando establece que: “un juez haya tomado decisiones antes en un proceso no justifica las aprensiones a su imparcialidad, sino que debe importar el alcance y naturaleza de las decisiones”. En el caso “Bulut contra Austria”, dispuso que no existe afectación a la imparcialidad –cuando el juez conoce previamente- puesto que su decisión previa “no llevaba consigo ninguna apreciación de elementos presentados (en el juicio) ni exigía de dicho magistrado ninguna conclusión en cuanto al papel del demandante” (Laurence Chunga Hidalgo: El derecho al juez imparcial y el conocimiento previo de thema decidendi como causal de inhibición). ------------------------------------------- Desde la misma perspectiva aplicada de la Corte Europea de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, en la guía del artículo 6 del Convenio, enfatiza en el punto 162. Que: “El mero hecho de que un juez ya haya tomado decisiones durante la etapa previa al juicio, no puede justificar en sí mismo las aprensiones relativas a su imparcialidad. Lo que cuenta es el alcance de las medidas adoptadas por el juez durante la etapa previa al juicio. De igual manera, el conocimiento detallado del caso por parte del juez no implica un prejuicio que impida considerarlo como imparcial en el momento de la sentencia. En conclusión, la valoración preliminar de los datos disponibles tampoco puede prejuzgar la valoración final. Lo importante es que esta valoración se produzca en el juicio y se apoye en las pruebas presentadas y debatidas en la audiencia” (Morel c. Francia, párrafo 45). -------------------------- En consecuencia, no corresponde atender favorablemente las excusas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Dres. Olvis Eguez Oliva, Edwin Aguayo Arando, Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, por no encontrarse legalmente inmersos en las causales previstas por el art. 316.1) del CPP y 27.8) de la Ley 025 que fueron invocadas correspondientemente. POR TANTO: ----------------------------------------------------------------------------------- El Tribunal de Juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.2 de la LOJ y normas conexas, declara ILEGAL las excusas formuladas por los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Dres. Olvis Eguez Oliva, Edwin Aguayo Arando, Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, consiguientemente dichas autoridades jurisdiccionales, deben continuar con el conocimiento de la tramitación del proceso hasta su conclusión y conforme a los roles legalmente asignados y establecidos, constitucional y legalmente. Regístrese notifíquese y archívese. -------------------------------------------- Fdo. Esteban Miranda Terán ---------------------------------------------------------------- MAGISTRADO------------------------------------------------------------------------------------Fdo. María Cristina Díaz Sosa --------------------------------------------------------------- MAGISTRADA ------------------------------------------------------------------------------------ Fdo. José Antonio Revilla Martínez--------------------------------------------------------- MAGISTRADO------------------------------------------------------------------------------------ Fdo. Carlos Alberto Eguez Añez------------------------------------------------------------- MAGISTRADO----------------------------------------------------------------------------------- Fdo. Ricardo Torres Echalar ----------------------------------------------------------------- MAGISTRADO----------------------------------------------------------------------------------- Ante Mí Fdo. Alvaro Zabala Serrano--------------------------------------------- SECRETARIO DE TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES CUANTO SE HACE SABER PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY, EL PRESENTE EDICTO DE PRENSA, SE LIBRA EN LA CIUDAD DE SUCRE, EL DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTI DOS. FDO. ALVARO ZABALA SERRANO, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE JUICIO DE RESPONSABILIDADES. -------------------------------------------------------------------------


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