EDICTO

Ciudad: TRINIDAD

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A: MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO EDICTO Dr.- ADAN MANCILLA RODRIGUEZ, Juez del Juzgado de Sentencia Penal Nº 3 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Por el presente Edicto se notifica a MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO co acusada en el presente proceso penal que le sigue el Ministerio Publico a denuncia de LARIZZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO en contra de MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO Y OTROS por la supuesta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DENERES, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, CONDUCTA ANTIECONICA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO tipificado en los Arts. 221, 22, 154, 224 y 28 DEL CP con NUREJ: 201505569 con ACUSACION FISCAL, RADICATORIA, ACUSACION PARTICULAR Y DECRETO DE FECHA 10/01/2023a cuyo efecto se transcriben los siguientes actuados: SEÑOR JUEZ 1º ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIUDAD DE TRINIDAD PRESENTA PLIEGO ACUSATORIO FIS-BENl1502406 NUREJ Nº 801199201505569. OTROSI.- Carlos Armando Aponte Balcázar "Fiscal de Materia de la Unidad de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias ilícitas, delitos Aduaneros y Tributarios- Trinidad, dentro las investigaciones seguido a querella de LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO en su calidad de Directora Ejecutiva Interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas en contra de DANIEL ZAPATA PEREZ Y OTROS, por la presunta comisión de los ilícitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONÓMICA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ilícitos previstos y sancionados por los Arts. 221, 222, 154 y 224 del Código Penal modificado por la ley 004 de lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" y contra JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA por la probable comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado. En aplicación del Art. 323 inc. 1) de la Ley 1970, reformulada por la ley 1173, presento resolución de ACUSACION, bajo los siguientes fundamentos: l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS: NOMBRE Y APELLIDOS: MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO. CEDULA DE IDENTIDAD: 5581179 EXP: Beni. EDAD: 51 años ESTADO CIVIL: Concubina. OCUPACION: Labores de casa NACIONALIDAD: Boliviana. LUGAR DE NACIMIENTO: Trinidad FECHA: 09/07/1969. DOMICILIO REAL Comunidad Espíritu Santo. SITUACION JURIDICA: Con medidas sustitutivas ABOGADO DEFENSOR: Defensa Publica NOMBRE Y APELLIDO: GUADALUPE PAZ MENDOZA. CEDULA DE IDENTIDAD: 1712783. EDAD: 48 años. ESTADO CIVIL: Soltera. QCUPACION: Educadora NACIONALIDAD: Boliviana. NACIMIENTO: Trinidad FECHA: 27/11/1971 DOMICILIO REAL: C/ Hnos. Paz s/n Sobre anillo de protección. SITUACION JURIDICA: Con medidas sustitutivas ABOGADO DEFENSOR: Dr. Miguel Ángel Salvatierra Becerra DOMICILIO PROCESAL: Av. Hnos. del Castillo N° 119. NOMBRE Y APELLIDO: JUAN CARLOS FRANCO GUASDE CEDULA DE IDEÑTIDAD: 7586236 EDAD: 44 años. ESTADO CIVIL: Soltero. QCUPACION: Mecánico NACIONALIDAD: Boliviano. NACIMIENTO: Itenez FECHA: 16/01/1983 DOMICILIO REAL: Av. Bolívar Nº 324, Zona San Vicente. SITUACION JURIDICA: Con medidas sustitutivas ABOGADO DEFENSOR: Dr. Dubert Mauricio Silva Kreuzer. DOMICILIO PROCESAL: C/ La Paz Nº 149. NOMBRE y APELLIDOS: JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA. CEDULA DE IDENTIDAD: Desconocido EDAD: Desconocido. ESTADO CIVIL: Desconocido. OCUPACION: Desconocido. NACIONALIDAD: Desconocido. NACIMIENTO: Desconocido. FECHA: Desconocido SITUACION JURIDICA: - ABOGADO DEFENSOR: Por asignar NOMBRE y APELLIDOS: DANIEL ZAPATA PEREZ. CEDULA DE IDENTIDAD: Desconocido EDAD: Desconocido. ESTADO CIVIL: Desconocido. OCUPACION: Desconocido. NACIONALIDAD: Desconocido. NACIMIENTO: Desconocido. FECHA: Desconocido SITUACION JURIDICA: - ABOGADO DEFENSOR:Por asignar NOMBRE Y APELLIDO: MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO. CEDULA DE IDENTIDAD: 3613199 EXP: Cochabamba. EDAD: 51 años. ESTADO CIVIL: Casado. OCUPACION: Economista. NACIONALIDAD: Boliviano. NACIMIENTO: Santa Cruz. FECHA: 29/03/1968. DOMICILIO REAL: Penal San Pedro-La Paz. SITUACION JURIDICA: Con detención preventiva. ABOGADO DEFENSOR: Dr. Héctor Castellón Macchiavelli. DOMICILIO PROCESAL: Calle Loayza Nº 255, edificio Ugarte - La Paz. 2.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL DENUNCIANTE Y VICTIMA: NOMBRE Y APELLIDOS: LARIZZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO en su condición de Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC. CEDULA DE lDENTIDAD: 4385016 EX- Cochabamba. DOMICILIO REAL: C/ Rómulo Antelo Nº 521, entre Av. Los Tajibos y pasaje 2 La Paz. VICTIMA: Estado Boliviano NOMBRE Y APELLIDOS: LUIS FERNANDO RIBERA BRUCKNER 3.- RELACION DE LOS HECHOS: En cuanto a los hechos, la denunciante LARIZA FUENTES JUSTINIANO en su calidad de Directora Ejecutiva Interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, indica que dentro del presente proceso se tiene que; mediante Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre de 2005 se crea el Fondo de desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC)con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades Campesinas, y dentro de este contexto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB presentó ante el FDPPIOYCC el proyecto denominado "INSTALACION Y CRIADORES DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO-BEN!", cuyo objetivo general era implementar la crianza de Pacú en la comunidad Espíritu Santo, siendo los beneficiarios de dicho proyecto 35 familias de la Comunidad referida, representadas por el Sr. JUAN FRANCO GUASDE como Responsable Legal, conjuntamente al Responsable de la Comisión de Administración la Sra. GUADALUPE PAZ MENDOZA y el Responsable de la Comisión de Ejecución y la Sra. MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO, quienes en fecha 13 de agosto del 2013 suscribieron, con el FDPPIOYCC representado por su Director Ejecutivo DANIEL ZAPATA PEREZ el Convenio Asignado con el Nº 218/2013, en el cual se establecen las prestaciones y contraprestaciones de cada una de las partes intervinientes, entre estos figura en la cláusula quinta del convenio, el monto inherente al financiamiento del proyecto y la forma de transferencia de tales recursos públicos a favor de los representantes de la comunidad campesina beneficiada estableciéndose la suma de Bs. 820.281,90., como valor total del proyecto, que sería financiado por el FDPPIOYCC en dos partidas, siendo el primer desembolso por la suma de Bs. 462.253,90., equivalente al 56% y la segunda partida por la suma de Bs. 358.028,00., equivalente al 44 % del monto total convenido en tal sentido el FDPPIOYCC procedió a efectuar el primer desembolso el 20 de noviembre del 2013 conforme se evidencia de la Autorización de Pago Nº 1356/2013 suscrito por el Jefe Administrativo Financiero y por el Sr. Marco Antonio Aramayo Caballero en calidad de Director ejecutivo desembolso registrado en el Comprobante de Registro de Ejecución de Gastos por Bs. 462.253,00; habiéndose efectuado dicho desembolso en la cuenta Nº 1113658000001 del BANCO SOLIDARIOS.A cuenta mancomunada conjunta de los Sres. GUADALUPE PAZ MENDOZA y JUAN CARLOS FRANCO GUASDE en fecha 25 de noviembre de 2013 y retirado el monto referido en fecha 26 de noviembre de 2013, habiéndose cumplido superabundantemente el plazo convenido respecto a la duración para la ejecución del proceso referido y como resultado del proceso de seguimiento interno el lng. Daniel Críales Pérez, en su calidad Técnico de verificación de campo, mediante informe Técnico de fecha 15 de junio del 2015 pone a conocimiento de la Dra. Lariza Fuentes Justiniano - Directora ejecutiva Interventora del FDPPIOYCC que el proyecto a la fecha de la visita in situ NO EXISTE no habiéndose cumplido ninguno de los objetivos principales ni específicos del proyecto, que los miembros de la comunidad y la Sra. Martha Verónica Suárez Sauceda no conocen al representante legal y al responsable de la comisión de administración y que de acuerdo a la versión de los entrevistados señalan que fueron los Sres. Roberto Argote y el Sr. Johnny Quisbert Salvatierra, quienes fueron manipularon todo e incluso pagaron el pasaje y los gastos de la Sra. Martha Verónica Suarez Sauceda a la ciudad para cierre administrativo del proyecto empero transcurridos 22 meses desde la realización del primer desembolso y los representantes; de los beneficiarios del proyecto Sres. JUAN CARLOS FRANCO GUASDE, GUADALUPE PAZ MENDOZA Y MARTHA VERÓNICA SUAREZ SAUCEDO no presentaron ningún tipo de descargo respecto a rendición de cuentas e informes técnicos económicos - financieros, inherentes al avance del proyecto. 5. FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN A) RESPECTO A LOS HECHOS: De la investigación preparatoria se lograron reunir pruebas que conforman los siguientes extremos: FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN RESPECTO A LOS HECHOS: De la investigación preparatoria se lograron reunir pruebas que conforman los siguientes extremos: 1. Decreto Supremo N° 2493 de fecha 26 de agosto del 2015. 2. Decreto Supremo N° 28571 de fecha 22 de diciembre del 2005. 3. Resolución Ministerial N° 622 de fecha 12 de julio. 4. Reglamento de Transferencias Público-Privadas para la ejecución de PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL FDPPIOYCC. 5. Manual de organización y Funciones del FDPPIOYCC. 6. Resolución Suprema N° 07911, de fecha 12 de junio de 2012, de DESIGNACION al ciudadano DANIEL ZAPATA PEREZ como DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDIGINAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC. 7. Convenio de Financiamiento entre el FDPPIOYCC y los beneficiarios del Proyecto: "INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI" N° 218/2013 de fecha 13 de agosto del 2013 suscrito entre DANIEL ZAPATA PEREZ en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO DEL FDPPIOYCC y las señoras JUAN CARLOS FRANCO GUASPE-representante Legal, GUADALUPE PAZ MENDOZA; responsable comisión de la comisión de administración, y MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO; responsable de la comisión de ejecución del proyecto, siendo el OBJETO DEL CONVENIO la transferencia de recursos económicos con el fin de financiar la ejecución del proyecto, monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC para financiar el proyecto es de Bs. 820.281,90., y la forma de desembolso de acuerdo al cronograma de desembolso: PRIMER DESEMBOLSO Bs. 462.253,90. 56% SEGUNDO DESEMBOLSO Bs. 358.028,00. 44% TOTAL Bs. 820.281,90. CLAUSULA SEXTA.- (PLAZO).- El presente proyecto tendrá vigencia de 12 meses de acuerdo al cronograma de ejecución de proyecto, y que el plazo que será computable a partir de la fecha del primer desembolso de los recursos a favor proyecto, y CLAUSULA SÉPTIMA que refiere: (DE LAS OBLIGACIONES DEL FDPPIOYCC) a) Traspasos.-Transferir mediante el SIGEP el monto de Bs. 820.281,90. en la cuenta corriente o caja de ahorro de los beneficiarios y la forma de desembolso será de acuerdo al cronograma de desembolsos contenidos en el proyecto informe de aprobación previa, certificado de existencia de recurso y el presente convenio b) Revisión y descargos.- El FDPPIOYCC a través de las unidades correspondientes podrán revisar los descargos del beneficiario, rendición de cuenta e informes técnicos-económicos-financieros a ser remitidos al directorio de conformidad del proyecto para su aprobación. c) Capacitación.- el FDPPIOYCC a través de las unidades correspondientes capacitaran a los beneficiarios en capacitación técnica, capacitación administrativa, capacitación económica y capacitación jurídica. d) Seguimiento y monitoreo.- el FDPPIOYCC realizara el seguimiento, monitoreo y evaluación permanente a la ejecución del proyecto en coordinación con el BENEFICIARIO, todas las actividades en la ejecución del proyecto deberán tener los informes de seguimiento y evaluación de acuerdo al plan de desembolso. En caso de que las evaluaciones realizadas determinen la existencia de conflictos, errores o problemas el BENEFICIARIO estará obligado a subsanarlas preservando el interés social del proyecto. 8. Resolución Suprema Nº 10483 de fecha 04 de septiembre de 2013 de DESIGNACION al ciudadano MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO como DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDIGINAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FPPIOYCC 9. Informe Técnico elaborado por el Lic. Daniel Criales Pérez, de fecha 15 de junio de 2015, mediante el cual concluye que el PROYECTO NO EXISTE y la Sra. MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO no conocen al representante legal y al responsable de la comisión de administración. 10. Registro de Ejecución de gastos de fecha 20 de noviembre del 2013, donde se acredita la autorización de pago Nº 1356 por la suma de Bs. 462.253,90. 11. Certificación presupuestaria Nº 1356 de fecha 20 de noviembre del 2013, mediante el cual el encargado de presupuestos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, Lic. Edgar Foronda Mejía CERTIFICA que la entidad cuanta con presupuesto suficiente para la INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO BENI según convenio Nº 218. 12. Autorización de Pago Nº 1356/2013 de fecha 20 de noviembre del 2013, suscrito por el director ejecutivo MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO. 13. Acta de Registro del lugar y muestreo fotográfico del hecho de 25 de Noviembre de 2015, realizada por el investigador asignado al caso y personal de laboratorio de la FELC-C, donde en la comunidad Espíritu Santo se observa al lado derecho de la carretera pequeños ambientes de material de palos de madera en precarias condiciones, también se observa una pequeña cancha de futsal de salón cementado, donde al frente se evidencio una pequeña escuela tomando contacto con uno de los habitantes de la comunidad para luego constituirse al lugar donde se debería construir CRIADEROS DE PACU donde se observa a lado izquierdo de la carretera principal frente a la comunidad de Espíritu Santo donde en la parte posterior en medio de árboles se observa un lugar baldío lleno de pastizales de unos aprox. 30 x 50 metros evidenciándose que no existe el proyecto de INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU que además refiere el testigo que era el lugar donde se debla construir por lo que se constata que no se construyó nada y no existe ningún trabajo realizado en la comunidad solo pastizales en medio de árboles. 14.- Entrevista policial a MIGUEL ARTEAGA PEDRAZA quien en la parte más sobresaliente manifestó que primeramente ele Fondo Indígena en una reunión les preguntarme se querían CRIADERO DE PACU luego volvieron para conformar comisiones y de ahí comenzaron a sacar lista de beneficiarios resultando 35 familias, después se fueron y no volvieron más, aclarando que no se hizo nada. 15. Entrevista policial de ÁNGEL NOJUNE ECHEGARAY quien en la parte más sobresaliente manifestó que el Sr. BENJAMIN RENGEL se apersono a la comunidad a socializar el proyecto y en esa reunión se conformó las comisiones de ejecución seguimiento y control, donde su persona fue elegido como representante legal y supuestamente era quien debería haber firmado toda la documentación, después de esa reunión no supieron más, solo recuerda que solo vinieron los del Fondo Indígena y les hizo firmar documentos. Asimismo, señala que en una ocasión se apersono a su domicilio ROBERTO ARGOTE para decirle que, si querían sacar rápido el proyecto, tenía un amigo que elaboraba los proyectos, por lo que le respondió que preguntaría a les compañeros comunarios donde la respuesta fue negativa, entonces este le respondió que, si no había gente para trabajar, ellos traerían gente y les iba a entregar hecho y funcionando, por esa situación su persona ya no quiso saber de proyectos. La Sra. MARTHA VERONICA SUAREZ conformaba una de las comisiones del proyecto y en una oportunidad llego a la comunidad el Alcalde de San Javier informando que se habría desembolsado el criadero de pacú a quienes se desembolsaron estaban JHONNY QUISBERTH ROBERTO ARGOTE, MARTHA VERONICA SUAREZ, JUAN CARLOS FRANCO GUASPE Y GUADALUPE PAZ MENDOZA. 16. Nota CITE: BSOL/BEN/001582/2015 de fecha 24 de noviembre del 2015 por el cual el encargado de Operación del BANCO SOLIDARIO S.A. certifica que la cuenta Nº 1113658000001, corresponde a una cuenta mancomunada conjun1a cuyos titulares son los Sres. GUADALUPE PAZ MENDOZA Y JUAN CARLOS FRANCO GUASDE. 17. Nota CITE: BSOL/BEN/0063/2015 de fecha 02-12-15 por el cual el encargado de Operación del BANCO SOLIDARIO S.A. adjunta el extracto de movimientos bancarios de la cuenta Nº 1113658000001. B] FUNDAMENTACIÓN DE LA ACUSACION Del análisis de los elementos de convicción recolectados bajo la Dirección funcional y estratégica del Ministerio Público se colige que el Sr. DANIEL ZAPATA PEREZ, ha infringido a los tipos penales de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA incursos en los Arts. 221 y 224 concordante con el Art. 20 del Código Penal modificado por la Ley 004, contra JHONNY QUISBER.T SALVATIERRA ha infringido el tipo penal de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO incursos en el Arts. 8 concordante con el Art. 20 del Código Penal, modificado por la Ley 004, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, ha infringido el tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES incurso en el Art. 154 concordante con Art. 20 del Código Penal, modificado por la Ley 004 JUAN CARLOS FRANCO GUASDE GUADALUPE PAZ MENDOZA Y MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDOI, han infringido el tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO incursos en el Art. 222 concordante con el Art. 20 del Código Penal, modificado por la Ley 004. Que, en relación a la tipicidad del tipo, del hecho acusado es necesario puntualizar tomando en cuenta la data de los hechos. RESPECTO AL IMPUTADO JUAN CARLOS FRANCO GUASDE El Art. 222.- (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS).- "El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las Entidades a que se refiere el Artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, este será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años". En fecha 26 de noviembre de 2013 se hace el retiro efectivo de Bs. 462,333.90 de la cuenta referida a nombre de Juan Carlos Franco Guasde y Guadalupe Paz Mendoza. DEL CASO CONCRETO De lo referido precedentemente se concluye que Juan Carlos Franco Guasde en su calidad de Responsable legal incumplió el convenio suscrito con el FDPPIOYCC incumpliendo la cláusula sexta respecto a la vigencia del contrato (12 meses desde el primer desembolso) otorgándose a efectos de cierre administrativo 3 meses adicionales al plazo determinado debiéndose haber ejecutado el proyecto el 25 de noviembre de 2014; sin embargo de acuerdo al informe Técnico emitido por el Ingeniero Daniel Críales el proyecto NO EXISTE; extremo también corroborado con la entrevista informativa policial de alguno de los beneficiarios del proyecto; ASI COMO EL ACTA DEL REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO QUE EL MENCIONADO PROYECTO NO EXISTE EN LA COMUNIDADESPIRITU SANTO, EL PROYECTO DE INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU Y SE EVIDENCIA (NINGÚN TIPO DE TRABAJO REALIZADO DE DICHA COMUNIDAD. Así también incumplió la cláusula séptima lnc. 1) al no presentar los descargos respectivos FDPPIOYCC. De igual el imputado Juan Carlos Franco Guasde incumplió la cláusula octava lnc. c) del convenio Nº 218/2013 no usar, gozar, disponer toda vez que el dinero hubiere sido transferido a la cuenta personal del Sr. Johnny Quisbert Salvatierra. RESPECTO A LA IMPUTADA MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO El Art. 222.- (INCUMPLIMIENTODE CONTRATOS).- "El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las Entidades a que se refiere el Artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, este será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años". DEL CASO CONCRETO En fecha 13 de agosto de 2013 Martha Verónica Suarez Sauceda suscribe junto a los Sres. Guadalupe Paz Mendoza y Juan Carlos Franco Guasde como beneficiarios del CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FDPPIOYCC Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO “INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD DE ESPIRITU SANTO DELMUNICIPIO DE SAN JAVIER PROVINCIA CERCADO BENI. La cláusula sexta de dicho convenio establece el plazo de 12 meses de vigencia del proyecto, plazo computable a partir de la fecha del primer desembolso de les recursos a favor del proyecto otorgándose a efectos de cierre administrativo 3 meses adicionales al plazo determinado. De acuerdo al Registro de Ejecución de Gastos SIGMA del Fondo de Desarrollo para los pueblos indígenas Originarios y Comunidades Campesinas de fecha 20 de noviembre de 2013, FIGURA Juan Carlos Franco Guasde COMO BENEFICIARIO, autorizándose en fecha 20 de noviembre de 2013, (Autorización de Pago Nº 1356/2013) el pago de Bs. 462.253,90., a su nombre, efectuándose dicho pago a la caja de ahorro conjunta en moneda Nacional Nº 111365B000001, a nombre de Juan Carlos Franco Guasde y Guadalupe Paz Mendoza en fecha 25 de noviembre de 2013. En fecha 26 de noviembre de 2013 se hace el retiro efectivo de Bs. 462.333,90. De lo referido precedentemente se concluye que Martha Verónica Suarez Sauceda en su calidad de Responsable de la comisión de Ejecución incumplió el convenio suscrito con el FDPPIOYCC incumpliendo la cláusula sexta respecto a la vigencia del contrato (12 meses desde el primer desembolso) otorgándose a efectos de cierre administrativo 3 meses adicionales al plazo determinado, debiéndose haber ejecutado el proyecto el 25 de noviembre de 2014; sin embargo de acuerdo al informe Técnico emitido por el Ingeniero Daniel Críales el proyecto NO EXISTE; extremo también corroborado con la entrevista informativa policial de alguno de los beneficiarios del proyecto; ASI COMO EL ACTA DEL REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO QUE EL PROYECTO NO EXISTE EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO Y QUE EL PROYECTO DE INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU NO SE EVIDENCIA NINGÚN TIPO DE TRABAJO REALIZADO DE DICHA COMUNIDAD. Así también incumplió la cláusula séptima inc. 1) al no presentar los descargos respectivos al FDPPIOYCC. RESPECTO A LA IMPUTADA GUADALUPE PAZ MENDOZA El Art. 222.- (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS).- "El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las Entidades a que se refiere el Artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad efe tres (3) a ocho (8) años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado este será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años". DEL CASO CONCRETO En fecha 13 de agosto de 2013 Guadalupe Paz Mendoza suscribe junto a los Sres. Martha Verónica Suarez Sauceda y Juan Carlos Franco Guasde como beneficiarios del CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FDPPIOYCC Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO “INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD DE ESPIRITU SANTO DELMUNICIPIO DE SAN JAVIER PROVINCIA CERCADO BENI. La cláusula sexta de dicho convenio establece el plazo de 12 meses de vigencia del proyecto, plazo computable a partir de la fecha del primer desembolso de los recursos a favor del proyecto, otorgándose a efectos de cierre administrativo 3 meses adicionales al plazo determinado. De acuerdo al Registro de Ejecución de Gastos SIGMA del Fondo de Desarrollo para los pueblos indígenas Originarios y Comunidades Campesinas de fecha 20 de noviembre de 2013, FIGURA Juan Carlos Franco Guasde COMO BENEFICIARIO, autorizándose en fecha 20 de noviembre de 2013 (Autorización de Pago Nº1356/2013), el pago de Bs. 462,253.90.,a su nombre, efectuándose dicho pago a la caja de ahorro conjunta en moneda Nacional Nº 1113658000001,a nombre de Juan Carlos Franco Guasde y Guadalupe Paz Mendoza en fecha 25 de noviembre de 2013. En fecha 26 de noviembre de 2013 se hace el retiro efectivo de Bs. 462,333.90. De lo referido precedentemente se concluye que Guadalupe Paz Mendoza en su calidad de Responsable de la comisión de Administración incumplió el convenio suscrito con el FDPPIOYCC incumpliendo la cláusula sexta respecto a la vigencia del contrato (12 meses desde el primer desembolso) otorgándose a efectos de cierre administrativo 3 meses adicionales al plazo determinado, debiéndose haber ejecutado el proyecto el 25 de noviembre de 2014; sin embargo de acuerdo al informe Técnico emitido por el Ingeniero Daniel Críales el proyecto NO EXISTE; extremo también corroborado con la entrevista informativa policial de alguno de los beneficiarios del proyecto; ASI COMO EL ACTA DEL REGISTRODEL LUGAR DEL HECHO, QUE EL PROYECTO NO EXISTE EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO Y QUE EL PROYECTODE INSTALACIONY CRIADEROS DE PACU NO SE EVIDENCIANINGÚNTIPO DE TRABAJO REALZIDO DE DICHA COMUNIDAD. Así también incumplió la cláusula séptima inc. 1) Al no presentar los descargos respectivos al FDPPIOYCC. De igual la imputada Guadalupe Paz Mendoza incumplió la cláusula octava inc. c) del convenio Nº 218/2013 no usar, gozar, disponer... toda vez que conforme lo refiere en su declaración informativa el dinero fue transferido a la cuenta de Johnny Quisbert Salvatierra. CON RELACIONA JOHNNY QUISBERTSALVATIERRA El Art. 28.- (ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO).- "La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando al patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena los representantes y/o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada además de los obtenidos como producto del delito y será sancionado con una multa del 25% de su patrimonio." DEL CASO CONCRETO En el presente caso JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA es la persona natural, que aduciendo tener conocimiento del proyecto y que dicho proyecto iba en beneficio de su comunidad invita a lo co denunciados a ser parte del mismo y organiza una comitiva conformada por Martha Verónica Suarez Saucedo Guadalupe Paz Mendoza y Juan Carlos Franco Guasde a quienes envía a la ciudad de La Paz Vía Aérea para firmar el proyecto, para posterior a ello y una vez que el dinero fue desembolsado a la cuenta de Juan Carlos Franco Guasde y Guadalupe Paz Mendoza el mismo les habrá referido que para que el proyecto se viabilice el dinero tendría que ser transferido a su cuenta manifestándoles que él se encargaría de ejecutar el proyecto, es así que el mismo día de fecha 26 de noviembre del 2013 que es retirado el dinero en la suma ce Bs. 462.253,90.,de la cuenta Nº 1113658000001, del Banco SOL, se transfiere el monto total a la cuenta personal Nº 9482234, cuyo titular es Johnny Quisbert Salvatierra conforme se refleja de los extractos bancarios emitido por el Banco Solidario. Johnny Quisbert Salvatierra logro que se le haga el traspaso de Bs. 462.253,90. a su cuenta Nº 948234-000-002,en fecha 26 de noviembre de 2013, dineros provenientes del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, que a su vez proceden del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, teniendo como destino este dinero la cuenta particular de Johnny Quisbert Salvatierra, extremo de los cuales se advierte el incremento desproporción del patrimonio del acusado reflejado en el extracto bancario, con relación a sus ingresos legítimos ello con el objetivo de apropiarse ilegítimamente de recursos públicos, derivando de aquello la existencia de los hechos delictuales investigados y la materialización de delitos de orden público en contra del patrimonio del Estado, patrimonio que a causa de esta actitud dolosa del imputado ha sido menoscabada; más allá del resultado perjudicial mencionado, lamentablemente estas conductas generaron la inviabilidad del proyecto de INSTALACION y CRIADORES DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITUSANTO, DEL MUNICIPIO SAN JAVIER PROVINCIA CERCADO DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, siendo el aspecto que resalta la conducta dolosa del actuar del sindicado Johnny Ouisbert Salvatierra, reside en el hecho de que "el agente" conocía desde un primer momento los perjuicios que emergerían de sus acciones, específicamente la afectación al patrimonio del Estado los perjuicios para los comunarios en particular y el aplazamiento del desarrollo de la comunidad Espíritu Santo, extremo que se advierte con al acta de registro de lugar del hecho realizada en fecha 25 de noviembre de 2015, el cual señala que en el lugar donde debía ejecutarse el proyecto no existe en la comunidad Espíritu Santo el proyecto de instalación y criadores de Pacú y no se evidencia ningún tipo de trabajo realizado en dicha comunidad. Así como el informe del Ing. Daniel Criales de fecha 15 de junio de 2015 que establece que el proyecto no existe en la comunidad. Por lo que la conducta de Jhony Quisbert Salvatierra se adecua al ilícito previsto y sancionado por el Art. 28 de la 004. Marcelo Quiroga Santa Cruz. CON RELACION A DANIEL ZAPATA PEREZ Art. 221.- (CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO).- "La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentra/izadas, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez años (10) años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años" Art. 224.- (CONDUCTA ANTIECONOMICA).- "La servidora o el servidor Público o el que hallándose en cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. Si actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años" DEL CASO CONCRETO El delito de Contratos Lesivos al Estado se configura como un ataque y vulneración al interés patrimonial del Estado y la economía nacional, considerados estos como bienes jurídicos de carácter supraindividual y que se materializa a través de la realización de actividades o negocios contractuales, ejecutados por aquellos sujetos quienes, en virtud a su vinculación específica con la administración estatal, la posición de garantes en la preservación y protección del patrimonio bienes del Estado que se hallan bajo su cuidado, precisamente en virtud a dicha condición personal que ostentan. Es decir, que fundamentalmente asumen el rol de sujetos activos de dicho ilícito, los servidores públicos. Del convenio Nº 218/2013 donde se encuentra estampada la firma de Daniel Zapata Pérez como Director Ejecutivo, de donde se establece que el imputado Daniel Zapata Pérez, ejercicio el cargo de Director Ejecutivo del FDPPIOYCC, asimismo se infiere la calidad de servidor público que ostentó el Imputado al momento de protagonizar el hecho delictivo investigado, implícitamente su condición de "responsable" de una institución estatal. Daniel Zapata Pérez, en fecha 13 de agosto de 2013, suscribe el convenio de Financiamiento Nº 218/2013 entre el FDPPIOYCC y los beneficiarios del proyecto : "INSTALACION Y CRIADORES DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO,BENI" representados por los ciudadanos Martha Verónica Suarez Saucedo, Guadalupe Paz Mendoza y Juan Carlos Franco Guasde; sin embargo dicho convenio no contempla adecuados mecanismos de control y supervisión que permitan efectuar una correcta establece responsabilidades a las cuales estarían sujetos el representante legal y los responsables del proyecto, para el caso de incumplimiento de alguna de sus obligaciones, no incluye la cláusula de morosidad como tampoco contempla la obligación de la apertura y manejo de cuenta mancomunada a nombre del proyecto. Aspectos que no fue observado por el imputado Daniel Zapata Pérez en su calidad de responsable de tal proceso de administración y disposición del patrimonio del Estado a momento de suscribir el convenio Nº 218/2013, teniendo conocimiento que el incumplimiento a los procedimientos administrativos para la suscripción del convenio generaría un perjuicio al Patrimonio del Estado y el no cumplimiento a los objetivos del convenio, habiendo celebrado en consecuencia un contrato perjudicial al Estado, toda vez que en el caso de autos se desembolsó para la ejecución del proyecto la suma de Bs.- 462.253,90.,dinero proveniente del Estado Boliviano, no habiéndose ejecutado el proyecto conforme consta en antecedentes. CON RELACION A MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO Art. 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES).- "La servidora o el servidor público que legalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio efe sus funciones será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al estado". En su análisis de los distintos elementos constitutivos del tipo penal a partir ele los cuales se debe definir el delito de incumplimiento de deberes, constituye el marco de acción para la aplicación del objeto de la investigación, con referencia los supuestos facticos expuestos como hechos, se debe considerar lo siguiente: DEL CASO CONCRETO a) LA SERVIDORA O EL SERVIDOR PÚBLICO: • Este aspecto se tiene plenamente evidenciado con las fotocopias legalizadas de la Resolución Suprema Nº 10483, de fecha 04 de septiembre de 2013, en el que se corrobora que el ciudadano MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO tenía calidad de DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDIGINAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC, del cual se extrae su calidad de servidor público en el ejercicio de un cargo de responsabilidad. b) ILEGALMENTE OMITIERE, REHUSARE HACER O RETARDARE UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES. - De la compulsa de antecedentes, se establece que en fecha de 13 de agosto del 2013, el Sr. DANIEL ZAPATA PÉREZ en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO DEL FDPPIOYCC y los señores JUAN CARLOS FRANCO GUASPE-representante Legal, GUADALUPE PAZ MENDOZA; responsable comisión de la comisión de administración y MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO; responsable de la comisión de ejecución del proyecto, suscriben el CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FDPPIOYCC Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO BENI" Nº 218/2013, por un monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC para financiar el proyecto es de Bs. 820.281,90. Bajo este antecedente, MARCO ANTONIO ARMAYO CABALLERO asumió la como DIRECTOR EJECUTIVO de la entidad mediante resolución Suprema No. 10483 de fecha 04 de septiembre del 2013,quien autoriza efectuar el pago a FRANCO GUASDE JUAN CARLOS por un monto de Bs. 462.253,90., (PRIMER DESEMBOLSO) mediante Autorización de pago Nº 1356/2013 de fecha 20 de noviembre del 2013, y posteriormente no realiza el seguimiento y monitoreo del proyecto, puesto que del informe Técnico elaborado por el Lic. Daniel Críales Pérez se establece que el PROYECTO NO EXISTE, la Sra. MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO no conoce al representante legal y al responsable de la comisión de administración, extremo corroborado por el acta de Registro del lugar realizado por el investigador asignado al caso, de lo que se establece que el ciudadano MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO no dio cumplimiento a las funciones asignadas: El Art. 32 del DS Nº 0181 señala: "La MAE de cada entidad Pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión ... " El Art. 17 y 18 del REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS PÚBLICOS- PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SOCIAL Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES del FDPPIOYCC señala: "Los beneficiarios y/o cualquier otra persona no impedida por ley, tendrán la atribución de elevar a conocimiento de la Dirección ejecutiva y¡ posteriormente al directorio del FDPPIOYCC las denuncias pruebas u otra documentación que señalen claramente que existen actos de corrupción o en su defecto malos manejos de los recursos, asimismo deberán identificar a los actores de los hechos denunciados en caso que previo seguimiento e investigación por parte del FOPPIOYCC se evidencien los actos denunciados. La Dirección Ejecutiva instruirá el congelamiento de los desembolsos y la suspensión del proyecto, debiendo informar obligatoriamente al Directorio sobre las causas de la decisión y si en su caso correspondiera iniciarlas acciones necesarias ante las instancias pertinentes." El Art. 18.- "En caso de corroborarse desvió de recursos económicos a personas individuales y/o colectivas, uso indebido de recursos fuga con los recursos económicos el FOPPIOYCC a través de su unidad jurídica actuara para la recuperación de los recursos económicos". Por su parte el MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES del FDPPIOYCC establece que entre las funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional se encuentran: c). - Dirigir el proceso de financiamiento de proyectos a las organizaciones miembros del FDPPIOYCC. d). - Supervisar y evaluar el trabajo de las direcciones del FDPPIOYCC. f). - Dirigir v supervisar la presentación, revisión, aprobación, ejecución y cierre de programas v provectos de desarrollo productivo y social a ser financiados por el FDPPIOYCC. h). - Aprobar la revisión previa de proyectos a ser presentados al Directorio del FDPPIOYCC. t). - Presentar al Directorio un informe sobre las operaciones realizadas por el FDPPIOYCC incluyendo estado financiero debidamente auditado. Que así mismo el Manual de Funciones establece las direcciones operativas e el Director de Proyectos entre ellos: Velar por el correcto monitoreo de programas y proyectos en desarrollo productivo y desarrollo social en ejecución por beneficiarios del FDPPIOYCC supervisar y aprobar la correcta evaluación de medio término, evaluación final de los proyectos en desarrollo productivo y desarrollo social, ejecutados por beneficiarios del FDPPIYCC y velar y coordinar el correcto proceso de cierre de programas y proyectos en desarrollo social, ejecutados por beneficiarios del FDPPIOYCC. El convenio de financiamiento Nº 218/2013 entre el FDPPIOYCC y los beneficiarios del proyecto en cuanto a las obligaciones, la CLAUSULA SEPTIMA. - el FDPPIOYCC se obliga: d) Seguimiento y monitoreo.- el FDPPIOYCC realizara el seguimiento, monitoreo y evaluación permanente a la ejecución del proyecto en coordinación con el BENEFICIARIO. Todas las actividades en la ejecución del proyecto deberán tener los informes de seguimiento y evaluación de acuerdo al plan de desembolso. En caso de que las evaluaciones realizadas determinen la existencia de conflictos, errores o problemas, el BENEFICIARIO estará obligado a subsanarlas preservando el interés social del proyecto En el presente caso MARCO ANTONIO ARMAYO CABALLERO servidor público en su calidad de Director Ejecutivo del FDPPIOYCC omitió dar cumplimiento al Art. 3 del Decreto Supremo Nº 28571 de fecha 22 de diciembre de 2005 toda vez que no administro ni ejecuto correctamente los recursos económicos asignados al FDPPIOYCC; y en su calidad de MAE del FDPPIOYCC no lo cumplimiento a la funciones asignadas al Director Ejecutivo en el manual de Organización y funciones entre ellas la Supervisión y evaluación del trabajo de las direcciones del FDPPIOYCC y la supervisión de la presentación) revisión) aprobación ejecución y cierre de programas y proyectos de desarrollo productivo y social a ser financiados por el FDPPIOYCC; así como también omitió dar cumplimiento a la CLÁUSULA SÉPTIMA en cuanto a la obligación del FDPPIOYCC de hacer el seguimiento y monitoreo del proyecto. c) LA PENA SERÁ AGRAVADA EN UN TERCIO, CUANDO EL DELITO OCASIONE DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO.- Al presente se tiene que MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO ha beneficiaria con las construcciones de estanques y equipos para apoyar a la seguridad alimentaria regional y mejorar ingresos económicos, denotándose las irregularidades advertidas como el de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 1 inc. e) de la ley 1178 señala como finalidad: "Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron /os recursos públicos que le fueron confiados. sino también de la forma v resultado de su aplicación", El Art. 27 lnc. c) de la citada ley establece: "toda entidad funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable especificando la documentación sustentadora y las condiciones de su archivo" 6. ACUSACION Por todo lo expuesto anteriormente las relaciones de hecho y derecho existiendo el cuerpo del delito, el bien jurídico lesionado los actores, la intención (ANIMUS) el móvil y consiguientemente el delito y las conclusiones objetivas a las que se ha llegado; el suscrito Fiscal de Materia de la Fiscalía Anticorrupción y Legitimación de Ganancias ilícitas, delitos Aduaneros y Tributarios-Trinidad, en representación del Estado y la Sociedad de conformidad al Art. 323, lnc.1) del Código de Procedimiento Penal ACUSA FORMALMENTE a DANIEL ZAPATA PEREZ, por los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y CONDUCTA ANTIECONOMICA incursos en los Arts. 221 y 224 concordante con el Art. 20 del Código Penal, modificado por la Ley 004, contra MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO por el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES incurso en el Arts. 154 concordante con el 20 del Código Penal, modificado por La ley 004, contra JUAN CARLOS FRANCO GUASDE, GUADALUPE PAZ MENDOZA Y MARTHA VERONICA SAUCEDO SUAREZ SAUCEDO por el delito de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS incurso en el Arts. 222 concordante con el 20 del Código Penal, modificado por La Ley 004 y contra JHONNY QUISBERT SALVATIERRA por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO CON AFECTACION AL ESTADO, incurso en el Art. 28 concordante con el 20 del Código Penal, modificado por La Ley 004 y en apego a los principios establecidos por la Ley 260, el Ministerio Público, en representación de la sociedad, una vez cumplidos los presupuestos de ley, tomando en cuenta el quantum de la pena del ilícito acusado, solicito a su autoridad la remisión de antecedentes a la autoridad competente del órgano jurisdiccional, a objeto de que procedan a su RADICATORIA Y APERTURA de JUICIO ORAL y PUBLICO, previo señalamiento de día y hora de audiencia para tal efecto, de conformidad a lo establecido en el Art. 340 y sgtes de la Ley No. 1970; y substanciado el mismo en aplicación del Art. 365 del C.P.P, se dicte Sentencia Condenatoria de acuerdo a procedimiento. 7. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES • Constitución Política del Estado: Arts. 13-IV, 115, 158-14, 180, 256-1, 257-1 • Ley 004 Art. 28. • Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 5, 40. 8. OFRECIMIENTO DE MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES • MP.1. Resolución Suprema Nº 14445, de fecha 24 de febrero del 2015, saliente a fojas 5 copia legalizada. • MP.2. Decreto Supremo Nº 28571, de fecha 22 de diciembre del 2005, a fojas 8 copia legalizadas. • MP.3. Reglamento de Transferencia públicos-privadas para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo, social y fortalecimiento a las organizaciones del FDPPIOYCC, a fojas 3 copia legalizadas. • MP.4. Manual de organización y funciones del FDPPIOYCC, saliente a fojas 1.3 copia legalizada. • MP.5. Resolución Suprema Nº 7911, de fecha 12 de junio del 2012, saliente a fojas 2 copia legalizadas. •MP.6. Resolución Suprema Nº 10483, de fecha 04 de septiembre del 2012•, saliente a fojas 1 copia legalizadas. • MP.7. Informe técnico de visita in situ, de fecha 15 de junio del 2015, elaborado por Daniel Críales Pérez, saliente a fojas 8 copia legalizada. •MP.8. Registro de ejecución de gastos, de fecha 20 de noviembre del 2012., saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.9. Certificación presupuestaria Nº 1356/2013, de fecha 20 de noviembre del 2013 saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.10. Autorización de pago Nº 1356/2013, de fecha 20 de noviembre del 2012 saliente a fojas 1 copia legalizada. •MP.11. Convenio de financiamiento entre el FDPPIOYCC y los beneficiarios del proyecto "Instalación de Criaderos de Pacú en la Comunidad Espíritu Santo, del Municipio de san Javier-Provincia Cercado del Departamento del Beni", de fecha 13 de agosto del 2013, saliente a fojas 7 copia legalizada. •MP.12. Resolución Ministerial Nº 622 de fecha 12 de julio del 2013, fojas 11 copia legalizada. • MP.13. Acta de designación y posesión de representante legal y responsable de la comisión administrativa comisión de ejecución y comisión de control social de fecha 8 de mayo del 2011, saliente a fojas 2 copia legalizada. • MP.14. Denuncia penal de Lariza Fuentes Justiniano, de fecha 13 de agosto del 2015 y decreto de admisión saliente a fojas 8 copia legalizada. • MP.15. Requerimiento fiscal de asignación de investigador asignado, de fecha 26 de agosto del 2015, saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.16. Decreto supremo Nº 2493 de fecha 26 de agosto del 2015, saliente a fojas 11 copia legalizada. •MP.17. Informe del policía asignado al caso Sgto. 2º Vito Catunta Huanca, de fecha 02 de septiembre del 2015, saliente a fojas 1 copia legalizada. •MP.18. Requerimiento fiscal dirigido a la ASFI de fecha 11 de noviembre del 2015 y oficio de respuesta CITE: BSOL/BEN001581/2015 y CITE: BSOL/BEN001582/2015 de fecha 24 de noviembre del 2015, saliente a fojas 3 actas de entrevista testifical y placas fotográficas del lugar de los hechos, saliente a fojas 7 copia legalizada. • MP.21. Requerimiento fiscal dirigido al Banco SOLIDARIO de fecha 26 de noviembre del 2015, y oficio de respuesta CITE: BSOL/BEN/0063/2015 de fecha 02 de diciembre del 2015, saliente a fojas 3 copia legalizada. • MP.22. Requerimiento fiscal dirigido a la Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC, de fecha 15 de diciembre del 2015, saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.23. Informe del policía asignado al caso Sgte. 2º Vito Catunta Huanca, de fecha 18 de diciembre del 2015, adjuntando acta de recepción y secuestro, saliente a fojas 6 copia legalizada. • MP.24. Acta de declaración de la imputada Martha Verónica Suarez Saucedo, de fecha 21 de diciembre del 2015, saliente a fojas 3 copia legalizada. •MP.25. Acta de declaración de la imputada Guadalupe Paz Mendoza, de fecha 04 de enero del 2016, saliente a fojas 2 copia legalizada. • MP.26. Acta de declaración del imputado Juan Carlos Guasde Franco, de fecha 07 de enero del 2016, saliente a fojas 2 copia legalizada. •MP.27. Imputación formal contra Martha Verónica Suarez Saucedo, Guadalupe Paz Mendoza, de fecha 04 de enero del 2016, saliente a fojas 4 copia legalizada. • MP.28. Ampliación de Imputación formal contra Juan Carlos Franco Guasde, de fecha 07 de enero del 2016, saliente a fojas 3 copia legalizada. • MP.29. Informe del policía asignado al caso Sgto. 2º Vito Catunta Huanca, de fecha 06 de enero del 2016, adjuntando citación del sindicado y la denuncia, saliente a fojas 3 copia legalizada. • MP.30. Querella penal de Lariza V. Fuentes Justiniano, de fecha 08 de junio de 2016 y admisión de la misma, saliente a fojas 9 copia legalizada. • MP.31. Memorial de ampliación de investigación contra Johnny Quisbert, d fecha 13 de julio del 2016, decreto fiscal de admisión de ampliación de denuncia e informe de ampliación contra sujeto del juez de fecha 28 de septiembre del 2016, saliente a fojas 3 copia legalizada. •MP.32. Ampliación de querella contra Johnny Quisbert Salvatierra, de fecha 26 de septiembre del 2016, admisión de la misma y conocimiento al juez, de fojas 7 copia legalizada. • MP.33. Informe del policía asignado al caso Sgte. 2º Vito Catunta Huanca, de fecha 20 de diciembre del 2016, adjuntando citación por cedula y placa fotográfica, saliente a fojas 4 copia legalizada. • MP.34. Requerimiento fiscal dirigido al Juez Registrador de Derechos Reales, de fecha 28 de diciembre del 2016, saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.35. Requerimiento fiscal dirigido al Director Nacional de Transito, de fecha 28 de diciembre del 2016, saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.36. Requerimiento fiscal dirigido al Director General Ejecutivo, de fecha 06 de febrero del 2017, saliente a fojas 1 copia legalizada. • MP.37. Certificación del Edicto para el imputado DANIEL ZAPARA PEREZ, de fecha 13 y 20 de marzo del 2017, saliente a 3 copia legalizada. • MP.38. Certificación del edicto para el imputado JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA, de fecha 02 y 09 de marzo del 2017 a fojas 3 copia legalizada. MP.40. Ampliación de Imputación formal contra Johnny Quisbert Salvatierra y Daniel Zapata Pérez, de fecha 05 de abril del 20117, saliente a fojas 4 copia legalizada. • MP.41. Certificación de publicación de edicto de Johnny Quisbert Salvatierra y Daniel Zapata Pérez, de fecha 26 de mayo y 02 de junio del 2017, saliente a fojas 3 copia legalizada. • MP.42. Ampliación de Imputación formal contra Marco Antonio Aramayo Caballero, de fecha 02 de enero del 2020, saliente a fojas 5 copia legalizada. • MP.43. Requerimiento fiscal dirigido al Director Ejecutivo general del Fondo de Desarrollo Indígena, de fecha 06 de febrero del 2017 y oficio de respuesta de fechas 24 de febrero del 2017, saliente a fojas 6 copia legalizada. 8.2 TESTIFICALES 1. LARIZA V. FUENTES JUSTINIANO, mayor de edad, hábil por ley, declarará respecto a los hechos en calidad de denunciante. 2. ING. DANIEL CRIALES PEREZ; mayor de edad, hábil por ley, quien declarará hechos con relación al Informe TECNICO de fecha 15 de junio del 2015. 3. Pol. YAMER YUJRA LUNA; mayor de edad, hábil por ley quien declarará hechos en calidad de investigador asignado al caso. 4. Pol. OMAR GUTIERREZ ROQUE; mayor de edad, hábil por ley, quien declarará hechos en calidad de investigador asignado al caso. 5. MIGUEL ARTEAGA PEDRAZA; mayor de edad, hábil por ley, quien declarará respecto a los hechos en calidad testigo presencial. 6. ANGEL NOJUNE ECHEGARAY; mayor de edad, hábil por ley, quien declarará respecto a los hechos en calidad testigo presencial 7. SGTO. 2º VITO CATUNTA HUANCA, mayor de edad, hábil por ley, quien declarará con relación a los hechos en calidad de investigador asignado. 9.- REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 1. Condena al pago de costas, daños y perjuicios al Estado. 2. Se remita copia de sentencia a la Sección correspondiente del Juzgado e Ejecución Penal y al Registro Judicial de Antecedentes Penales. Otrosí 1.- En cumplimiento del Art. 98 del Código del Adjetivo de la Materia, adjunto a la presente acusación, se introduce en fotocopias Legalizadas la declaración informativa de los hoy acusados Daniel Zapata Pérez y publicación de Edictos de fecha 13 y 20 de marzo del 2017, Marco Antonio Aramayo Caballero de fecha 17 de noviembre del 2015, Juan Carlos Guasde Franco de fecha 07 de enero del 2016, Guadalupe Paz Mendoza de fecha 04 de enero del 2016, Martha verónica Suarez Saucedo de fecha 21 de diciembre del 2015 Jhonny Quisbert Salvatierra publicación de edictos de fecha 02 y 09 de marzo del 2017, a fojas una (1 ) copia legalizada. Otrosí 2.- Protesto de mi parte presentar en secretaría de su juzgado, las documentales y pruebas ofrecidas, en el momento procesal oportuno SIN NECESIDAD DE REPRESENTAR AQUELLO CON UN NUEVO MEMORIAL ESCRITO, a efectos que tenga en cuenta al proveer. Otrosí 3.- Toda vez que en el caso de autos existe denuncia formal es que se deja constancia que será el actor el que deberá correr con la carga de coadyuvar con las notificaciones respectivas, así como con la de los testigos propuestos a fin que tenga en cuenta al resolver. Otrosí 4.- A efectos de notificaciones señalo como domicilio la calle la Paz Nº 131 edificio ex- Banco del Estado de esta ciudad. Otrosí 5.- En cumplimiento a lo establecido en el Art. 325 de la ley 1970 reformulado por la ley 1173, solicito a su autoridad, remita antecedentes antes el Tribunal de Sentencia de Turno de la ciudad de Trinidad. Trinidad, 19 de octubre de 2020. IANUS: 201505569 MINISTERIO PUBLICO FIS-BENI: 1502683 DENUNCIANTE: LARIZZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO ACUSADOS: MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, JOSÉ TONORE NOJUNE, JORGE ROSSENDY NOE, JHONNY QUISBERT SALVATIERRA, CLARIBEL JACINTO SOSSA, DANIEL ZAPATA PEREZ. DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, CONDUCTA ANTIECONOMICA, INCUMPLMIIENTODE CONTRATO Y ENRIQUESIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO. Art. 221, 222, 154, 224 y 28 del CP. Modificado por la Ley 004. Pasa a despacho en la fecha: 25/11/2020 Siguiente día hábil a la recepción de la causa. Santísima Trinidad, miércoles 25 de noviembre de 2020. En cumplimiento al INSTRUCTIVO I-LAPP-TSJ-CM Nº 05/2019, por el que los Presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, instruyen a los Vocales y a Jueces en materia penal, aplicar a partir del 04 de noviembre de 2019: “la competencia material, el régimen de medidas cautelares, las salidas alternativas, la continuidad del juicio hasta su conclusión, el poder ordenador y disciplinario de la o el Juez y el régimen de medidas de protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres, señaladas en la Ley Nº 1173 y Ley Nº 1226”; se RADICA la presente causa, remitida por el Juzgado de Instrucción Penal 4º de la capital, disponiendo la notificación del Ministerio Público, para que a través del Fiscal asignado se materialice la presentación física de las pruebas ofrecidas en su pliego acusatorio y sea conforme establece el parágrafo I del Art. 340 del CPP, dentro de las 24 horas siguientes de su notificación, bajo responsabilidad; una vez recibidas las mismas deberán ser codificadas y custodiadas por Secretaría. Por otra parte, del contenido de la acusación fiscal se advierte la falta de observancia del numeral 1 del Art. 341 del CPP, respecto de adjuntar croquis del domicilio real de la víctima, así como del acusado, en el mismo plazo dispuesto compleméntese lo extrañado por el representante del Ministerio Público. Asimismo, en función de encontrarse en vigencia el funcionamiento de la Oficina Gestora de Procesos, así como por la modalidad de trabajo ante la pandemia COVID-19, conforme establece el Art. 160 del CPP modificado por la Ley Nº 1173, hágase conocer a este Juzgado de manera obligatoria su domicilio electrónico y números celulares, para efectos de notificación a través del buzón de ciudadanía digital, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. Al Otrosí 1°.- Téngase presente y a lo principal. Notifique funcionario judicial. Fdo. Dr. Guillermo Mansilla Mendoza, Juez de Sentencia en lo Penal Nº 2 de la Capital, en Suplencia Legal. Fdo. Ante mí, Secretaria-Abogada del Juzgado de Sentencia en lo Penal Nº 3 de la Capital. Doy fe.- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA PENAL 3 DE LA CIUDAD DE TRINIDAD. FIS-BENI: 1502406 NUREJ: 201505569 Presenta Acusación Particular. Otrosíes. - Su contenido. FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, a través de los abogados, Guiliano Anthony Fiorilo Pasquier, mayor de edad, con C.I. Nº 3770788 Cbba, de profesión abogada, Aldrin Álvaro Álvarez Torreblanco, mayor de edad, con C.I. Nº 5977928 LP, de profesión abogado, Gilmar Jhonny Parraga Llave, mayor de edad, con C.I. Nº 8568373 Pt., de profesión abogado, y otros abogados en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA; dentro del proceso de investigación seguido por el Ministerio Público conjuntamente el FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, en contra de Marco Antonio Aramayo Caballero, Daniel Zapata Perez, Martha Verónica Suarez Saucedo, Guadalupe Paz Mendoza, Juan Carlos Franco Guaspe y Johnny Quisbert Salvatierra por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Contrato y otros, ante su autoridad, con las debidas consideraciones de respeto presentamos Acusación Particular conforme a los siguientes argumentos de hecho y derecho: I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS. - l. NOMBRE Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO C.I: 3613199 CBBA. Nacionalidad: Boliviana. Fecha de Nacimiento: 25 de enero de 1968. Lugar de Nacimiento: La Paz Domicilio Real: Penal de San Pedro - La Paz. Abogado Defensor: Abog. Héctor Gustavo Castellón Machiavelli Domicilio Procesal: Calle Loayza Nº 255, Edif. De Ugarte Ingeniería, Piso Nº 9, Of. Nº 204. 2. NOMBRE Y APELLIDOS: DANIEL ZAPATA PEREZ. C.I: 4571443 scz. Nacionalidad: Boliviana. Fecha de Nacimiento: 01 de marzo de 1975. Lugar de Nacimiento: Santa Cruz Domicilio Real: Desconocido. Abogado Defensor: Desconocido. Domicilio Procesal: Desconocido. 3. NOMBRE Y APELLIDOS: MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO. C.I: 5581179 BE. Nacionalidad: Boliviana. Fecha de Nacimiento: 09 de julio de 1969 Lugar de Nacimiento: Trinidad Domicilio Real: Comunidad Espíritu Santo Abogado Defensor: Defensa Pública Domicilio Procesal: Av. 18 de Noviembre 4. NOMBRE Y APELLIDOS: GUADALUPE PAZ MENDOZA. C.I: 1712783 BE. Nacionalidad: Boliviana. Fecha de Nacimiento: 27 de noviembre de 1971. Lugar de Nacimiento: Trinidad. Domicilio Real: Calle Hnos. Paz SIN y anillo de protección. II. DATOS GENERALES DE LA VICTIMA: Nombres y Apellidos: FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representado legalmente por la Lic. Delicia Rossio López Tolaba DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA. Domicilio Procesal: Calle Belisario Salinas Nº 573 entre Andrés Muñoz y Presbítero Medina, Fax-Despacho: (591-2)-2128208 de la Ciudad de La Paz. III. RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.- Conforme a los antecedentes fácticos establecidos de manera inicial en la denuncia formal y demás elementos colectados en el desarrollo de la investigación, se establece que los hechos objeto de la presente investigación se suscitaron de la siguiente manera: Que, el Decreto Supremo Nº 28571 de fecha 22 de diciembre de 2005, en su artículo 3 establece lo siguiente: “EL FDPPIOCC, es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, igualdad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al Inc. d) del art. 57 De la Ley Nº 3058, Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los pueblos Indígenas originarios y comunidades campesinas". Que, a través de Resolución Ministerial Nº 622 de fecha 12 de julio de 2013, emitida por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se dispone en su parte Resolutiva; autorizar las Transferencias Público-Privadas para financiar proyectos entre estos el Proyecto denominado "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI". En ese entendido y en el marco de la Resolución Ministerial antes referida, en fecha 13 de agosto de 2013, se firma el Convenio de Financiamiento Nº 218/2013, el cual conforme a la Cláusula Cuarta, tenía por objeto lo siguiente: CUARTA.- (OBJETO DEL CONVENIO). El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos económicos públicos, con el fin de financiar la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI". Mismo que fue suscrito entre el Sr. DANIEL ZAPATA PÉREZ, en calidad de Director Ejecutivo del FDPPIOYCC, y los Sres. JUAN CARLOS FRANCO GUASPE, en su condición de Representante Legal, GUADALUPE PAZ MENDOZA, Responsable de Comisión de Administración y MARTHA VERÓNICA SUAREZ SAUCEDO, en su condición de Responsable de Comisión de Ejecución. En el mismo sentido, el referido convenio de Financiamiento, entre sus otras cláusulas más sobresalientes establecía lo siguiente: QUINTA.- (MONTO A TRANSFERIR Y FORMA DE DESEMBOLSO). El Monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC para financiar el proyecto: ''INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI. Es de Bs. 820.281,90 (Ochocientos veinte mil doscientos ochenta y uno 901100 bolivianos) y la forma de desembolso será de acuerdo al cronograma de desembolso especificado en el informe de aprobación previa, Certificado de Existencia de Recursos Financiero Preventivo y el presente convenio quedando de la siguiente forma. PRIMER DESEMBOLSO Bs. 462.253,90 56% SEGUNDODESEMBOLSO Bs. 358.028,00 44% TOTAL Bs. 820.281,90 SEXTA.- (PLAZO). El presente proyecto tendrá una vigencia de doce (12) meses de Acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto, plazo que será computable a partir de la Fecha del primer desembolso de los recursos a favor del proyecto: “INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI", Para efecto de cierre técnico administrativo del proyecto se considera 3 meses Adicionales al plazo determinado precedentemente. En ese entendido y en el marco del convenio suscrito, ante la certificación presupuestaria de recursos financieros Nº 1356/2013, en fecha 20/11/2013 se procede al primer desembolso y transferencia de recursos económicos a la Cuenta Bancaria Nº 1113658000001, registrada en la entidad financiera Banco Solidario S.A., cuenta Mancomunada a nombre de los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe y Guadalupe Paz Mendoza, por la suma de Bs. 462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos), conforme a formulario de registro de ejecución de gastos (SIGMA) de fecha 20/11/2013 y Autorización de Pago Nº 1356/2013 de la misma fecha 20/1112013 autorizado por Marco Antonio Aramayo Caballero en calidad de Director Ejecutivo del FDPPIOYCC. No obstante, mediante Informe Técnico de Verificación de Campo de fecha 15 de junio de 2015,emitido por el Ing. Daniel Criales Pérez - Técnico de Verificación de Campo (Beni 1), con relación al proyecto denominado "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO BENI", en sus conclusiones señala: Transferido el monto total del desembolso, (Bs, 462.253,90), que alcanza al 56% del financiamiento comprometido según convenio, no se ha evidenciado avances significativos sobre alguna u otra inversión efectuada con el monto desembolsado para el proyecto. Según lo informado por los comunarios, los representantes no son de la comunidad, excepto la responsable de la Comisión de Ejecución, por lo que desconocen el destino del desembolso, y en reiteradas ocasiones la comunidad había solicitado información a la Sra. Martha Verónica Suarez Saucedo,, quien aparece en el convenio como responsable de comisión de ejecución, de lo que ella no pudo responder acertadamente". En entrevista en la ciudad de Trinidad con la Sra. Martha Verónica Suarez Saucedo, firmante como Responsable de la Comisión de Ejecución del proyecto, mencionó haber sido llevada a la ciudad de La Paz a firmar el convenio por el Sr. Roberto Argote y el Sr. Jhonny Quisbert Salvatierra, quienes pagaron todos sus gastos. Se concluye lo siguiente: El proyecto NO existe, la comunidad y la Sra. Martha Verónica Suarez Sauceda no conocen al Representante Legal y al Responsable de la Comisión de Administración. (El resaltado es nuestro). Antecedentes de los cuales se establece que el Convenio de Financiamiento, ha sido incumplido por las partes suscribientes a pesar de la transferencia de recursos públicos, cuya responsabilidad implica la participación de los encausados conforme a los argumentos de hecho y derecho que se describen a continuación. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA y ADECUACIÓN TIPICA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LOS ACUSADOS.- Sr. Juez de Sentencia, del análisis a los antecedentes expuestos precedentemente, los cuales han motivado el inicio del presente proceso de investigación, y tomando en cuenta esencialmente los Elementos de prueba colectados durante la fase investigativa, se puede establecer que concurre la suficiente documentación que acredita la existencia de los hechos y consecuente responsabilidad penal de los encausados, conforme a los fundamentos que demuestran la subsunción de su conducta a los siguientes tipos penales: 1) Con relación al ciudadano: • DANIEL ZAPATA PEREZ, en su calidad de Director Ejecutivo del FDPPIOCC. Conforme a los datos de la investigación, se establece que los encausados han Subsumido su conducta al siguiente ilícito: Artículo 221". (Contratos Lesivos).- I.- La servidora, servidor, empleada o empleado público que suscriba contratos, conociendo que son contrarios a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado o de una disposición legal vigente y concreta y cause daño económico al Estado, empresas públicas, entidades autónomas, autárquicas, mixtas, descentralizadas o desconcentradas o entidades territoriales autónomas, cuya lesividad y perjuicio conste en documento idóneo y fondado, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10 ) años e inhabilitación. II.- En igual sanción incurrirá la servidora, servidor, empleada o empleado público que sin sustento técnico, económico o jurídico resuelva contratos legalmente suscritos causando daño económico al Estado, empresas públicas entidades autónomas autárquicas mixtas, descentralizadas o desconcentradas o entidades territoriales autónomas. III. La persona particular que, en las mismas condiciones previstas en el Parágrafo 1 del presente Artículo, suscriba contrato que cause daño económico al Estado será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa sancionadora de cuatrocientos un (401) a quinientos (500) días. IV.- A la persona jurídica se impondrá prohibición de realizar actividades multa sancionadora y pérdida de beneficios estatales. a) Tipo objetivo.- El tipo objetivo del delito de Contratos Lesivos al Estado, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: 1) El sujeto activo del delito puede ser tanto el servidor público como el particular, con la aclaración que la sanción para el servidor público se encuentra agravada; y 2) El sujeto pasivo del delito es el Estado, y según Morales Guillén, es la también la comunidad local, regional o nacional, dependiendo los casos representadas por el Estado. b) Tipo subjetivo.- Es un delito doloso sin embargo, como bien señala Miguel Harb, cuando se celebra contratos a sabiendas del perjuicio que ocasionara al Estado o Entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas. c) Bien Jurídico, consumación y sanción.- El bien jurídico protegido es la economía nacional. El hecho se consuma al momento en que se celebra un contrato que puede tener todas las formalidades legales necesarias pero que a su vez causa un perjuicio al Estado. Con la suscripción del contrato se configura uno de los elementos del tipo penal y posteriormente aunque ambas partes contractuales hubieran acordado dejar sin efecto aquel contrato inferido como lesivo al Estado, eso jamás les eximirá de responsabilidad penal. Artículo 224°. (Conducta antieconómica).- I. La servidora, servidor, empleada o empleado público que, hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad, en instituciones o entidades públicas o empresas estatales, por manifiesta mala administración o dirección técnica cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación. II. En igual sanción incurrirá la persona que teniendo la calidad de administradora de hecho o de derecho de una persona jurídica privada, que presta servicios públicos, adecúe su conducta a lo previsto en el Parágrafo precedente. Para que se configure la comisión de este delito el sujeto activo debe ser servidora, servidor, empleada o empleado público, el que debe desplegar acciones de mala administración o mala dirección técnica, cause daños a los intereses de una entidad pública, el sujeto que comete este delito es pasible a sanción penal porque desempeña cargo para el que no es idóneo o capaz es decir que debe contar preparación y condiciones naturales que le permitan un rendimiento satisfactorio cuando no se reúnen estos requisitos y la persona acepta el cargo público, de hecho esta ya poniendo en peligro el buen resultado de la Gestión porque desempeña cargo para el que no está habilitado, engañando al Estado y también a la responsabilidad civil. Sobre el tema, el doctrinario Ciro Añez Núñez indica: "El tipo objetivo de este delito se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: 1) el sujeto activo del delito es el servidor público que ostente un cargo directivo o de responsabilidad en empresas estatales o instituciones públicas y, 2) El sujeto Pasivo del delito es el Estado, quien sufre los daños económicos ocasionados 3) La acción típica consiste en la mala administración o dirección técnica por parte del servidor público que se encuentra a cargo de una entidad pública y como consecuencia de ellos, ocasiona daños al patrimonio o a los intereses del estado, siendo el bien jurídico protegido la economía nacional. Que, de acuerdo a los antecedentes fácticos y elementos de prueba colectados en la presente investigación se tiene que el Sr. DANIEL ZAPATA PÉREZ, ha asumido participación en los hechos, toda vez que el mismo en calidad de Director Ejecutivo del FDPPIOYCC, designado en tal condición a través de la Resolución Suprema Nº 07911de fecha18/06/2012 ha suscrito el Convenio de Financiamiento Nº 218/2013 de fecha 13 de Agosto de 201conjuntamente los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe en su condición de Representante Legal Guadalupe Paz Mendoza, Responsable de Comisión de Administración y Martha Verónica Suarez Saucedo, en su condición de Responsable de Comisión de Ejecución, convenio que de acuerdo a la Cláusula Cuarta, tenía por objeto la transferencia de recursos públicos con el fin de financiar la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI" por un monto de Bs. 462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos) y un plazo de ejecución de 12 (doce) meses computable a partir de la fecha del primer desembolso de los recursos a favor del proyecto, que fue materializado en fecha 20/11/2013 en la que se procede al primer desembolso y transferencia de recursos económicos a la Cuenta Bancaria Nº 1113658000001, registrada en la entidad financiera Banco Solidario S.A., cuenta mancomunada a nombre de los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe y Guadalupe Paz Mendoza, por la suma de Bs. 462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos), conforme a formulario de registro de ejecución de gastos (SIGMA) de fecha 20/11/2013 y Autorización de Pago Nº 1356/2013 de la misma fecha 20/11/2013. De donde se establece que indudablemente ha existido una disposición patrimonial por parte del Estado a través del Fondo de Desarrollo Indígena que ante el incumplimiento del convenio suscrito se traduce en un DAÑO ECONÓMICO OCASIONADO AL ESTADO toda vez que dichos recursos no han regresado a las arcas del Estado más sin embargo se establece que el convenio no contaba con las debidas cláusulas de seguridad referidas a penalidades o multas a aplicarse en caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios forma en la que se garantizaría una correcta ejecución del proyecto y de esta manera precautelar los recursos del Estado no obstante, como bien se ha señalado tal conducta del encausado ha ocasionado un daño económico al Estado al haberse desembolsado y transferido recursos públicos bajo el conocimiento de que no existía forma de garantizar que ante un eventual incumplimiento el Estado cuente con la posibilidad de activar mecanismos efectivos que pudieran haber permitido el cabal cumplimiento de los contratos como el resguardo o recuperación de los recursos económicos, cuando era obligación de la MAE verificar y contemplar en el convenio todas las cláusulas necesarias y así evitar que el Estado se vea perjudicado en su economía, considerando que el convenio suscrito tiene la calidad de contrato ya que se suscribe entre dos partes estableciendo derechos y obligaciones a cumplir es decir con características propias de todo contrato conforme a los parámetros establecidos por los Arts. 450 y 451 del Código Civil, por lo que el referido convenio si bien tiene la nomenclatura de convenio, pero en su contenido tiene la calidad y efecto de un contrato que genera obligaciones para las partes suscribientes, de lo que se establece que la conducta del encausado se subsume a los tipos penales de estipulados en los Arts. 221 y 224 del C.P. 2) Con relación al ciudadano: • MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, en su calidad de Director Ejecutivo del FDPPIOCC. Artículo 154". (Incumplimiento de Deberes). Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehúse hacer, ilegal e injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ello genere: 1. Daño económico al Estado o a un tercero; 2. Impunidad u obstaculización del desarrollo de la investigación en infracciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, en la prestación de servicios de justicia; o, 3. Riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente. " a) Tipo objetivo. El tipo objetivo del delito de incumplimiento de deberes, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: a) el sujeto activo es el servidora, servidor, empleada o empleado público, puesto que el precepto legal establece que el objeto de la omisión es un acto propio de su oficio; b) el sujeto pasivo puede ser tanto el Estado como el particular que sufre las consecuencias del incumplimiento de deberes cometido por parte del funcionario público. La antijuricidad de este delito consiste en que el servidor público ilegal e injustificadamente niegue, omite o rehúsa hacer algún acto propio de su función. Los verbos empleados para definir el hecho, denotan que se trata de un delito de pura omisión. Omitir es no hacer; rehusar a hacer, es negarse a hacer, lo cual implica que antes ha existido una interpelación legítima y el resultado es negarse a hacer. Del mismo modo, consiste en retardar el acto. Retardar significa no hacer a su tiempo. b) Tipo subjetivo. El incumplimiento de deberes desde el punto de vista subjetivo, es un delito esencialmente doloso, que requiere el conocimiento por parte del agente (servidor público) que de manera ilegal omite, rehúsa hacer o niega algún acto propio de su función. El dolo abarca el conocimiento de esa ilegalidad, pues la misma norma exige que se trate de una omisión incumplida ilegalmente. El bien jurídico es la función pública. e) Consumación y sanción. Existen tres formas para consumar el delito: omitir, rehusar hacer o negar algún acto propio de su Función que ejerce, es decir tiene la obligación de cumplir con sus deberes, pero pese a ello, no lo Hace Fontán Balestra, señala que la consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad que produzca consecuencia alguna. Cuando se trata del retardo y existe un término prescripto y fijado, el perfeccionamiento del delito coincide con el de la expiración de este término a falta de él al finalizar el tiempo útil para que el acto produzca sus fectos normales, aun cuando el retardo no determine la invalidez del acto sucesivamente Cumplido la ilegalidad de la omisión y el elemento subjetivo son también elementos Útiles para determinar ese momento no es posible la tentativa. En ese orden de ideas deviene la necesidad de determinar la existencia de una de las tres Acciones típicas previstas para la comisión de este delito, es decir, establecer si el agente Ilegal e injustificadamente negó, omitió o rehusó realzar un acto propio de sus funciones. Bajo este contexto normativo y doctrinario, analizado los antecedentes fácticos con relación a los elementos de prueba colectados en la presente investigación, se establece los siguientes argumentos que demuestran la ilegal conducta omisiva por parte de los encausados, conforme al siguiente detalle. Que, el Decreto Supremo Nº 28571, 22 de diciembre de 2005, emitido por el entonces Presidente Constitucional de la República EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, en su artículo 1 (Objeto), establece que el mismo tiene por objeto crear el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas – FDPPIOYCC con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Asimismo, en sus artículos 3 y 14 establecen lo siguiente: Artículo 3°.- (Alcance) El FDPPJOYCC es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Artículo 57 de la Ley Nº 3058 - Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Artículo 14°.- (De la fiscalización de los recursos) Los recursos asignados al FAFDPPIOCC estarán sujetos al control y fiscalización según lo dispuesto en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria y Decretos Supremos Reglamentarios correspondientes. Al cierre de la gestión fiscal el Director Ejecutivo presentará al Directorio un informe Sobre las operaciones realizadas por el FAFDPPIOCC, incluyendo estados financieros debidamente auditados por una firma de auditoría externa. Dicho informe aprobado por el Directorio será remitido, hasta el 31 de marzo de cada año, al Ministerio de Hacienda y al Contralor General de la Republica. (Las cursivas y subrayado son nuestras). •Cuya responsabilidad de dar cumplimiento a dicha Decreto Supremo, recaía de manera inicial en la persona del Sr. DANIEL ZAPATA PEREZ, en su condición de Directora Ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos 1ndígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC. •Posteriormente a través de Resolución Suprema Nº 10483 de fecha 04 de septiembre de 2013,en Artículo ÚNICO, se resuelve: designar al ciudadano MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC, bajo tuición del MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. • Que, de acuerdo al MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL FDPPIOYCC, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 018 de fecha 20 de diciembre de 2010, con relación a los objetivos y funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional, señala lo siguiente: 7. OBJETIVOS Y FUNCIONES. 7.1.- DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL. b): Velar por el cumplimiento del Estatuto, Resoluciones del Directorio las disposiciones Legales, Reglamentos y demás normas internas del FDPPIOYCC. d): Supervisar y evaluar el trabajo de las Direcciones del FDPPIOYCC. f): Dirigir y supervisar la presentación, revisión, aprobación, ejecución y cierre de programas y proyectos de desarrollo productivo social a ser financiados por el FDPPIOYCC. Normativa a través de la cual se establece que el Sr. MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, habiendo sido designado como DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC en la gestión 2013 más propiamente a partir de fecha 04/09/2013 conforme a Resolución Suprema Nº 10483 de fecha 04 de septiembre de 2013 el mismo tenía claramente definido el rol de sus funciones conforme a las normas estipuladas en el Decreto Supremo Nº 28577 22 de diciembre de 2005 que establecía que como Director Ejecutivo de la entidad, tenía la responsabilidad de establecer los mecanismos de control necesarios a objeto de garantizar la consecución del proyecto, acorde al objetivo y alcance del mismo es decir debía administrar y ejecutar el proyecto en el marco de los criterios de eficacia, equidad, transparencia y participación garantizando que los recursos económicos asignados al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, sean cumplidos a cabalidad. No obstante conforme se ha establecido en antecedentes y esencialmente la prueba obtenida, se tiene acreditado que en el presente proceso en fecha 13 de agosto de 2013, se procedió a la firma del Convenio de Financiamiento Nº 218/2013 y de manera posterior al desembolso y transferencia de los recursos económicos a la Cuenta Bancaria N° 1113658000001 registrada en la entidad financiera Banco Solidario S.A., cuenta mancomunada a nombre de los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe y Guadalupe Paz Mendoza, por la suma de Bs. 462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos), conforme a formulario de registro de ejecución de Gastos (SIGMA) de fecha 20/11/2013 y Autorización de Pago Nº 1356/2013 de la misma fecha 20/11/2013. Sin embargo, de acuerdo al Informe Técnico de Verificación de Campo de fecha 15 de junio de 2015, emitido por el Ing. Daniel Criales Perez - Técnico de Verificación de Campo del FDPPIOYCC con relación al proyecto denominado "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI'', en sus conclusiones más sobresalientes señala: Se concluye lo siguiente: El proyecto NO existe, la comunidad y la Sra. Martha Verónica Suarez Sauceda no conocen al Representante Legal y al Responsable de la Comisión de Administración. (El resaltado es nuestro). Extremos, los cuales dan cuenta que el objeto del convenio, ha sido indudablemente incumplido por parte de los beneficiarios responsables del proyecto, no obstante, por parte del FDPPIOYCC, no ha existido un adecuado y efectivo control y fiscalización de los recursos asignados, conforme lo prevé el Artículo 14°.- (De la fiscalización de los recursos) del Decreto Supremo Nº 28571, 22 de diciembre de 2005, cuya función y responsabilidad correspondía al ahora encausado en su condición de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC, en las gestiones en las que se encontraba en ejercicio y a cargo de la institución, más concretamente a partir de fecha 04/09/2013 hasta febrero del año 2015. No obstante, y conforme a los elementos colectados, se infiere que indudablemente ha existido una disposición patrimonial por parte del Estado a través del Fondo de Desarrollo Indígena, lo cual se traduce en un daño económico ocasionado al Estado, por cuanto los recursos transferidos no han regresado a las arcas del Estado, recayendo tal responsabilidad en la entonces MAE de la institución Sr. Marco Antonio Aramayo Caballero, quien en su condición de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, ha incurrido en una mala dirección técnica al no haber ejercido control, fiscalización y supervisión en las tareas de monitoreo y seguimiento que hayan permitido el cabal cumplimiento del convenio suscrito, mas por el contrario, una vez transferido los recursos no se ha cumplido con lo dispuesto por el Manual de Organización y Funciones del FDPPIOYCC, con relación a los objetivos y funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional, señala en el numeral 7) sub Numeral 7.1 inc. f): Dirigir v supervisar la presentación, revisión, aprobación, ejecución Cierre de programas y proyectos de desarrollo productivo social a ser financiados por el FDPPIOYCC obligaciones que han sido incumplidas, por cuanto no se ha verificado o establecido ninguna acción destinada a efectuar un óptimo control y fiscalización de los recursos asignados por el FDPPIOYCC así como tampoco se ha practicado un adecuado direccionamiento, supervisión, revisión, aprobación, ejecución y cierre del proyecto por Parte del entonces Director Ejecutivo Nacional del ex FDPPIOYCC Sr. Marco Antonio Aramayo Caballero. Considerando también que Sr. Marco Antonio Aramayo Caballero no ejecuto medidas de Comprobación verificación y control de la ejecución del proyecto convenido con los beneficiarios no se les exigió un levantamiento documental de sus descargos de Presentarlos y demostrarlos administrativamente ante las instancias del FDPPIOYCC de Demostrar físicamente la existencia del proyecto permitiéndoseles que estos manejen a libre disponibilidad los recursos del Estado representado por todas las y los Bolivianos, teniendo presente que los recursos no son del FDPPIOYCC, sino de todos los Bolivianos Que nos vemos lesionados en cuanto a nuestros intereses económicos, por el mal manejo o El discrecional y displicente manejo administrativo que se le dio a estos recursos asignados Mediante el Convenio de Financiamiento Nº 142/2013 de fecha 17 de junio de 2013, extremos de los cuales se establece que la conducta del encausado se subsume a los ilícitos De Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica. Finalmente, respecto a las omisiones identificadas en la función del encausado, se infiere que el mismo no ha observado lo establecido en el convenio de financiamiento suscrito, el cual conforme a la Cláusula SEPTIMA inc. d) (Seguimiento y Monitoreo del Proyecto) establecía que: "El FDPPIOYCC realizará el seguimiento, monitoreo y evaluación permanente a la ejecución del proyecto en coordinación con el Beneficiario; extremo que de igual manera tampoco fue observado, por cuanto el mismo claramente no han efectuado el debido seguimiento, monitoreo y evaluación permanente a la ejecución del proyecto, así como tampoco se advierte ningún acto o plan de coordinación que hayan sostenido con los beneficiarios en pro del cumplimiento de los proyectos, pues no se tienen informes de seguimiento y evaluación de acuerdo al plan de desembolso que den cuenta de tales extremos, pues en caso de haber identificado conflictos o problemas en la ejecución del proyecto, el mismo en su momento podría haber sido subsanado preservando el interés social del mismo no obstante ello no ocurrió razón por la cual el proyecto no fue ejecutado consecuentemente se establece que el encausado en -pleno conocimiento de sus funciones ha omitido cumplir con las responsabilidades que había asumido en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC, conducta que se adecua al tipo penal de Incumplimiento de Deberes. 3) Con relación a los ciudadanos: JUAN CARLOS FRANCO GUASPE, en su calidad de Representante Legal. GUADALUPE PAZ MENDOZA, en su calidad de Responsable de Comisión de Administración. MARTHA VERÓNICA SUAREZ SAUCEDO, en su calidad de Responsable de Comisión de Ejecución. Conforme a los datos de la investigación, se establece que los mismos han subsumido su conducta al siguiente ilícito: Artículo 222º. (Incumplimiento de Contrato).- I.- La persona que habiendo suscrito contrato con el Estado empresas públicas, I. Entidades autónomas, autárquicas mixtas descentralizadas o Entidades territoriales autónomas, lo incumpla dolosa e injustificadamente y cause daño Económico al Estado será sancionado con privación de libertad de tres (3) a Ocho (8) años y multa sancionadora de doscientos cincuenta y un (251) a cuatrocientos (400) días. II. A la persona jurídica se impondrá multa sancionadora y pérdida de beneficios estatales." a) Tipo objetivo.- El tipo objetivo del delito de Incumplimiento de Contratos, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: 1) El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona; y 2) El sujeto pasivo del delito es el Estado. La acción típica consiste en incumplir sin justificación alguna, un contrato suscrito con el Estado. b) Tipo subjetivo.- Es un delito doloso sin embargo, como bien señala Miguel Harb, el primer párrafo se refiere al delito doloso, cuando se celebra contratos a sabiendas del perjuicio que ocasionará al Estado empresas públicas, entidades autónomas, autárquicas, mixtas, descentralizadas, desconcentradas o entidades territoriales autónomas; mientras que el segundo párrafo se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas con sanción y pérdida de beneficios estatales. c) Bien Jurídico, consumación y sanción.- El bien jurídico protegido es la economía nacional. El hecho se consuma al momento en que se celebra un contrato que puede tener todas las formalidades legales necesarias pero que a su vez causa un perjuicio al Estado. Con la suscripción del contrato se configura uno de los elementos del tipo penal y posteriormente lo incumple dolosa e injustificadamente, causando daño económico al Estado. Respecto al presente ilícito corresponde señalar que conforme se tiene establecido en fecha 13 de agosto de 2013, se procede a la firma el Convenio de Financiamiento Nº 218/2013, el cual tenía por objeto la transferencia de recursos para la ejecución del Proyecto, "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO, DEL MUNICIPIO SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI", mismo que fue suscrito entre el Sr. Daniel Zapata Perez, en calidad de Director Ejecutivo del DPPIOYCC, y los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe, en su condición de Representante Legal, Guadalupe Paz Mendoza, Responsable de Comisión de Administración y Martha Verónica Suarez Saucedo, en su condición de Responsable de Comisión de Ejecución. Convenio que, de acuerdo a la Cláusula Séptima, establecía lo siguiente: SEPTIMA.- (DE LAS OBLIGACIONES). El beneficio se obliga a lo siguiente: a) Ejecutar de forma responsable, transparente el proyecto respetando lo Establecido y lo definido en el proyecto aprobado manejado con Diligencia y eficiencia y de conformidad con la calidad técnica, Financiera, administrativa requerida por el FDPPIOYCC. b) Elevar informe técnico al FDPPIOYCC sobre el avance físico- financiero hasta el 70% de ejecución alcanzado con el primer desembolso. e) Presentar informe técnico-financiero que debe ser aprobado por las Instancias competentes del FDPPIOYCC debe ser respaldado con documentación escrita fotos planos etc. y verificación en el sitio para solicitar su siguiente desembolso en el marco del Reglamento de Transferencia. En caso de no cumplir, el FDPPIOYCC suspenderá los desembolsos posteriores hasta la regularización de los informes. d) Cumplir con la contraparte de acuerdo al Proyecto mismo que será verificado con los informes técnicos. e) Utilizar el financiamiento única y exclusivamente para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio. j) Administrar utilizar y mantener los bienes, servicios y las inversiones adquiridas, responsabilizándose por la conservación operación y utilización para la ejecución efectiva del proyecto hasta la transferencia definitiva. g) Conservar usos y costumbres tradicionales, en las relaciones interpersonales entre beneficiarios y con el personal del FDPPIOYCC. h) El beneficiario llevara el control de todos los gastos realizados en la ejecución del proyecto conservando en un archivo todas las facturas, recibos y comprobantes originales como prueba de los gastos realizados, los mismos que en fotocopias legalizadas refrendados por las comisiones, serán entregados al FDPPIOYCC adjuntando en el informe de descargo. i) Realizar los descargos correspondientes de las transferencias y contraparte ejecutadas en las diferentes (ases de los proyectos, con copia firmada por la organización matriz a la que está afiliada la organización, pero principalmente para solicitar su siguiente desembolso el mencionado descargo debe estar aprobado por el FDPPIOYCC. Al respecto, se establece que de acuerdo a los antecedentes con relación a los elementos de prueba, se tiene acreditado que en fecha 13 de agosto de 2013, se procedió a la firma del Convenio de Financiamiento Nº 218/2013, y de manera posterior al desembolso y transferencia de los recursos económicos a la Cuenta Bancaria Nº 1113658000001, registrada en la entidad financiera Banco Solidario S.A., cuenta mancomunada a nombre de los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe y Guadalupe Paz Mendoza por la suma de Bs.462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos) conforme a formulario de registro de ejecución de gastos (SIGMA) de fecha 20/11/2013 y Autorización de Pago Nº 1356/2013 de la misma fecha 20/11/2013. Sin embargo de acuerdo al Informe Técnico de Verificación de Campo de fecha 15 de junio de 2015 emitido por el Ing. Daniel Criales Perez –Técnico de Verificación de Campo del FDPPIOYCC con relación al proyecto denominado “INSTALACION Y CRIADEROS DE PACU EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER PROVINCIA CERCADO BENI" en sus conclusiones más sobresalientes señala: Se concluye lo siguiente: El proyecto NO existe, la comunidad y la Sra. Martha Verónica Suarez Sauceda no conocen al Representante Legal y al Responsable de la Comisión de Administración. (El resaltado es nuestro). Sumado a ello, se tiene el Acta de Registro del Lugar del Hecho de fecha 25111/2015, en la que en la parte de OBSERVACIONES se hace constar lo siguiente: OBSERVACIONES: En el registro del lugar del hecho se pudo evidenciar que no existe en la comunidad Espíritu Santo el proyecto de Instalación y Criaderos de Pacú y se evidencia ningún tipo de trabajo realizado de dicha comunidad Espíritu Santo. Extremos los cuales dan cuenta de que el objeto del convenio suscrito ha sido manifiestamente incumplido por parte de los representantes de los beneficiarios del proyecto, mismos que habiendo obtenido los recursos por parte del Estado representado por el ex FDPPIOYCC no han ejecutado el proyecto conforme y dentro del plazo establecido en el convenio consiguientemente no han presentado ante la entidad los correspondientes informes mensuales dando cuenta sobre los avances físicos y financieros del proyecto, adjuntando la documentación correspondiente como respaldo de los mismos es decir que no asumieron la debida diligencia técnica, financiera y administrativa respecto al financiamiento del monto transferido proyecto y dinero que estuvieron a cargo precisamente de los ahora encausados como representantes legales de los beneficiarios, aspectos que demuestran precisamente no solo la mala administración de los fondos económicos que les fueron transferidos, sino también el INCUMPLIMIENTO de las OBLIGACIONES que habían asumido en su condición de Representantes Legales. Por su parte, el REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SOCIAL Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL FDPPIOYCC, establece lo siguiente: Artículo 8.- (DE LA FIRMA DEL CONVENIO). Los beneficiarios y el FDPPIOYCC, a la conclusión de los trámites e iniciar el proceso de transferencia de recursos económicos deberán firmar el convenio entre partes, mismo que estará firmado por la Dirección Ejecutiva del FDPPIOYCC por una parte y por la otra en representación del proyecto a ser financiado firmarán el Representante Legal, el Representante de la comisión de Ejecución y el Representante de la Comisión Administrativa. Artículo 9.- (DEL REPRESENTANTELEGAL). El representante Legal, es el representante del proyecto que tiene directa relación con la organización a La cual está afiliada la organización de los directos beneficiarios, cuyas funciones son: a) Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de Recursos económicos. b) Supervisar e informarse sobre la ejecución del proyecto. Artículo 10.- (DE LAS COMISIONES DE LOS PROYECTOS). Los beneficiarios directos de los proyectos deberán conformar las comisiones de Ejecución, Administrativa y de Control Social. 1. Comisión de Ejecución. Es la comisión responsable de la ejecución física del proyecto Conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a) Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia y ejecución del proyecto. b) Presentar requerimientos de recursos para cumplir las actividades planificadas del proyecto. e) Elaborar y presentar informes de inicio, avance y cierre de la ejecución física del proyecto. A las instancias del FDPPIOYCC y la comisión de control social. 2. Comisión de Administración. Es la comisión responsable del buen manejo de los recursos económicos del provecto. Conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a) Suscribir el convenio junto al responsable de la Comisión de Ejecución con el FDPPIOYCC para la transferencia y ejecución del proyecto. b) Aperturar y manejar la cuenta bancaria mancomunada a nombre del proyecto. e) Gestionar el registro del proyecto en el Sistema Informático de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA. d) Gestionar los desembolsos de recursos económicos oportunos ante el FDPPIOYCC. e) Elaborar y presentar informes sobre los avances y el cierre en la ejecución financiera del proyecto en los plazos establecidos para cada desembolso, a las instancias correspondientes del FDPPIOYCC y a la comisión de control social. Artículo 15.- (DE LOS DESCARGOS). Los responsables del proyecto deberán informar a través de su Representante Legal, los responsables de las comisiones de Ejecución y Administrativa con el visto bueno de la Comisión de Control Social. Sobre los gastos e inversión efectuada a las instancias correspondientes del FDPPIOYCC para su aprobación o rechazo Tanto para el avance como para el cierre del proyecto. El descargo deberá contener todos los respaldos necesarios y pertinentes, así como el detalle sobre las contrapartes locales ejecutadas. Normativa a través de la cual se establece que con relación a los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe en su condición de Representante Legal el mismo al margen de contraer la responsabilidad de suscribir el convenio FDPPIOYCC para la transferencia de Recursos económicos, el mismo debía supervisar e informarse sobre la ejecución del Proyecto con relación al ciudadano Guadalupe Paz Mendoza, Responsable de Comisión de administración de igual manera tenía la responsabilidad de suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de recursos económicos, y asimismo tenía la responsabilidad de aperturar y manejar la cuenta bancaria mancomunada a nombre del proyecto, como el de elaborar y presentar informes sobre los avances y el cierre en la ejecución financiera del proyecto en los plazos establecidos para cada desembolso a las instancias correspondientes del FDPPIOYCC y a la comisión de control social y con relación a la Sra. Martha Verónica Suarez Saucedo en su condición de Responsable de Comisión de Ejecución se infiere que de igual manera tenía la responsabilidad de suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de recursos económicos pero además de ello tenía el compromiso de elaborar y presentar informes de inicio, avance y cierre de la ejecución física del proyecto, ante las instancias del FDPPIOYCC y la comisión de control social. No obstante conforme se tiene verificado estas obligaciones contraídas por los ahora acusados en su condición de representantes de los beneficiaros, han sido evidentemente incumplidas, toda vez que el proyecto debía ser implementado conforme al objeto del convenio, observando cada una de sus cláusulas el Manual de Organización y Funciones, como el Reglamento de Transferencia Público - Privado, mismos que sin embargo fueron manifiestamente incumplidos por los ahora acusados, quienes no solamente habían asumido la responsabilidad de suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de recursos económicos, sino que además, debían supervisar e informarse sobre la ejecución del proyecto, elaborar y presentar informes sobre los avances y el cierre de la ejecución financiera del proyecto en los plazos establecidos para el desembolso ante las instancias correspondientes del FDPPIOYCC; es decir que los mismos debían presentar los correspondientes DESCARGOS con todos los respaldos necesarios y pertinentes sobre el uso y destino correcto de los recursos, mas sin embargo conforme se ha establecido, estos DESCARGOS NO HAN SIDO PRESENTADOS, ello debido a que simple y llanamente el proyecto NO FUE IMPLEMENTADO y NO EXISTE. Sin embargo se han transferido recursos públicos del Ex FDPPIOYCC a la Cuenta Bancaria Nº 1113658000001, registrada en la entidad :financiera Banco Solidario S.A., cuenta mancomunada a nombre de los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe y Guadalupe Paz Mendoza, por la suma de Bs. 462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos), conforme a formulario de registro de ejecución de gastos (SIGMA) de fecha 20/11/2013 y Autorización de Pago Nº 1356/2013 de la misma fecha 20/11/2013,autorizado por Marco Antonio Aramayo Caballero, Director Ejecutivo del FDPPIOYCC contrastado por el Oficio con CITE: BSOL/BEN/0063/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015 emitido por la Sra. Claudia Verónica Antelo Encinas - Encargado de Operaciones - Banco Solidario S.A., y el Sr. Mario Axel Rivero Añez - Gerente de Agencia - Banco Solidario S.A., quienes informan y adjuntan extracto de movimiento bancarios de la cuenta Nº 1113658000001 en la que se advierte que en fecha 25/11/2013, se realiza el abono por la suma de Bs. 462.253,90 y al día siguiente 26/11/2013 se realiza el retiro en efectivo de toda la suma abonada, sin conocer cuál fue el destino real de dichos recursos públicos. Extremos que demuestran no solo la mala administración de los recursos económicos que les fueron transferidos, sino también el INCUMPLIMIENTO de las OBLIGACIONES Que habían asumido en su condición de Representantes de los Beneficiarios, subsumiendo su accionar a los alcances del ilícito de Incumplimiento de Contrato. d) Con relación al ciudadano: JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA, persona natural que organiza la comitiva de representantes legales del proyecto. Conforme a los datos de la investigación, se establece que el encausado ha subsumido su conducta al siguiente ilícito: Art. 28 Ley 004.- (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado)» La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal• situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionado con una multa del 25% de su patrimonio. a. Tipo objetivo.- El tipo objetivo del delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: 1) El sujeto activo del delito es cualquier persona natural y los representantes o ex. representantes legales de las personas jurídicas 2) El sujeto pasivo del delito es el Estado quien sufre los daños económicos ocasionados y 3) La acción típica consiste en haber incrementado su patrimonio afectando el patrimonio del Estado. b. Tipo subjetivo.- Es un delito doloso puesto que el incremento del patrimonio no es proveniente de ingresos legítimos demostrables y se produce la afectación al patrimonio del Estado. c. Bien Jurídico y sanción.- El bien jurídico protegido es la economía nacional y la sanción que se aplica a este delito es de tres a ocho años con una agravante de multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Conforme a los antecedentes y elementos de prueba se establece que el Sr. JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA en condición de persona natural sin tener ninguna Representación legal de la comunidad beneficiaria, pero aduciendo tener conocimiento del proyecto y que el mismo iba en beneficio de la comunidad Espíritu Santo invita a los co acusados a ser parte del proyecto y organiza una comitiva conformada por los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe, Guadalupe Paz Mendoza y Martha Verónica Suarez Saucedo, a quienes los convoca en la ciudad de Trinidad para trasladarlos a la cuidad de La Paz vía aérea con todos los gastos pagados por su persona, con el único objetivo de hacerlos presentes a las oficinas del ex FDPPIOYCC firmen el convenio de financiamiento Nº 218/2013 y posteriormente una vez desembolsado y transferido los recursos económicos a la Cuenta Bancaria Nº 1113658000001 registrada en la entidad financiera Banco Solidario S.A., cuenta mancomunada a nombre de los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe y Guadalupe Paz Mendoza por la suma de Bs. 462.253,90 (Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y tres con 90/100 bolivianos) contrastado por el Oficio con CITE: BSOL/BEN/0063/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015 emitido por la Sra. Claudia Verónica Antelo Encinas - Encargado de Operaciones -Banco Solidario S.A y el Sr. Mario Axel Rivero Añez - Gerente de Agencia - Banco Solidario S.A., quienes informan y adjuntan extracto de movimiento bancarios de la cuenta Nº 1113658000001 en la que se advierte que en fecha 25/11/2013, se realiza la transferencia por la suma de Bs. 462.253,90 y al día siguiente 26/11/2013 se realiza el retiro en efectivo de toda la suma abonada, para ser transferida a la cuenta bancaria personal Nº 9482234 cuyo titular es el acusado JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA. Estos extremos se encuentran acreditados además por la declaración informativa prestada por la co encausada Sra. Guadalupe Paz Mendoza, quien refiere que cuando fueron a retirar el dinero del banco, fueron en compañía de Juan Carlos Franco Guaspe y JOHNNY QUISBERT SAL VATIERRA, y que una vez retirado el dinero "el Sr. Quisbert pasa su tarjeta para que pasen la plata directo a su cuenta". Ello acredita, que definitivamente el Sr. JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA, con diferentes argumentos ambiciosos y personales, ha logrado que los Sres. Juan Carlos Franco Guaspe, Guadalupe Paz Mendoza, y Martha Verónica Suarez Saucedo, en supuesta representación de la comunidad de Espíritu Santo del Municipio de San Javier - Beni, se apruebe el financiamiento para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACIÓN Y CRIADEROS DE PACÚ EN LA COMUNIDAD ESPÍRITU SANTO, DEL MUNICIPIO SAN JAVIER, PROVINCIA CERCADO, BENI", a cuyo efecto, los ha trasladado desde la ciudad de Trinidad hasta la ciudad de La Paz, vía aérea con todos los gastos cubiertos por su persona, para que los mismos firmen el Convenio de Financiamiento y obtengan la transferencia de los recursos por parte de la entidad, y una vez obtenido el desembolso y transferencia, este logra que los recursos le sean transferidos a su cuenta personal, con el falso argumento de que él se haría cargo de la implementación del proyecto, el cual conforme se ha establecido NO EXISTE, y al efecto tampoco existe descargos o documental que acredite cual fue el destino objetivo y real de los recursos, asumiendo en definitiva que el encausado Sr. JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA, ha incrementado su patrimonio de manera desproporciona! e ilegal con recursos propios del Estado, generando con ello un perjuicio y daño económico al Estado, adecuando su conducta al ilícito previsto y sancionado por 1 Art. 28 de la ley 004. Marcelo Quiroga Santa Cruz V. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES.- De conformidad a lo previsto por el Art. 341° de la ley 1970, ante la existencia de suficientes elementos de prueba que dan cuenta sobre a comisión de los hechos y la autoría de los acusados, el Fondo de Desarrollo Indígena, asumiendo la calidad de entidad victima Conforme a los alcances establecidos por el Art. 76 núm. 5) del C.P., formaliza la presente acusación particular en resguardo de nuestros derechos y garantías constitucionales. VI. PRUEBA. - Con referencia a la prueba que sustenta la presente acusación particular al amparo de lo establecido en la parte in fine del art. 341del CPP nos adherimos íntegramente a la prueba documental y testifical ofrecida por el Ministerio Público en la acusación fiscal, solicitando que la misma sea tomada como prueba de cargo bajo el principio de la mancomunidad de la prueba. VII. PETITORIO-. En base a todos los fundamentos expuestos precedentemente respetuosamente solicitarnos lo siguiente: l. Se tenga por presentada la acusación particular en contra de los acusados: DANIEL ZAPATA PEREZ, en su calidad de ex Director Ejecutivo del FDPPIOYCC por la comisión de los delitos Contratos Lesivos al Estado y Conducta Anti económica, previsto y sancionado en los Art. 221 y 224 del C.P, respectivamente. MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, en su calidad de ex Director Ejecutivo del FDPPIOYCC por la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado por el Art. 154 del C.P. JUAN CARLOS FRANCO GUASPE, en su calidad de Representante Legal, por la comisión del delito de Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado por el Art. 222 del C.P. GUADALUPE PAZ MENDOZA en su calidad de Responsable de Comisión de Administración por la comisión del delito de Incumplimiento de Contrato, previsto y sancionado por el Art. 222 del C.P. MARTHA VERÓNICA SUAREZ SAUCEDO, en su calidad de Responsable de Comisión de Ejecución, por la comisión del delito de Incumplimiento de Contrato, previsto y sancionado por el Art. 222 del C.P. JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA, persona natural por la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado previsto y sancionado por el Art. 28 de la ley 004. Para lo cual solicitamos a su autoridad, que corridos los tramites preparatorios al juicio, señale día y hora de audiencia de sustanciación de juicio oral, y cuando sea su estado se dicte en contra de los acusados SENTENCIA CONDENATORIA DECLARANDOLES AUTORES Y CULPABLES DE LOS DELITOS ACUSADOS. 2. Se tenga por adherida a la prueba ofrecida por el Ministerio Publico tanto documental y testifical. Otrosí lro.- Conforme faculta el Art. 36 (Acción Civil) y 79 (Derechos y Facultades del Querellante) del C.P.P., el Fondo de Desarrollo Indígena, se constituye expresamente en víctima para la reparación del daño, ejerciendo la acción civil cuando sea su momento procesal oportuno. Otrosí 2do.- Considerando que con relación a los ciudadanos Johnny Quisbert Salvatierra y Daniel Zapata Pérez con C.I. Nº 4571443 SC, los mismos se encuentran declarados rebeldes, solicitamos emita oficios ante el SERECI y SEGIP, a objeto de que dichas instituciones informen respecto a los datos del último domicilio que hubieran registrado los referidos ciudadanos y de manera posterior se proceda a su correspondiente notificación con las respectivas acusaciones fiscal y particular y los mismos puedan presentar sus pruebas de descargo conforme a procedimiento. Otrosí 3ro.- Con relación al ciudadano Marco Antonio Aramayo Caballero poner en conocimiento de su autoridad que el mismo se encuentra en calidad de detenido en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, por lo que a objeto de obtener su notificación con las correspondientes acusaciones fiscal y particular solicitamos que la misma se efectué vía Comisión Instruida dirigida al Juzgado de Sentencia de Tumo de la ciudad de La Paz, proceda vía oficina gestora de procesos a su notificación, disponiendo al efecto que por secretaria de su digo juzgado se elabore la comisión instruido y/o exhorto suplicatorio, y su posterior remisión ante la ciudad de La Paz, haciendo presente nuestra predisposición de coadyuvar en el diligenciamiento de las mismas con la finalidad de agilizar el avance de la presente causa. Otrosí 4to.- Señalamos domicilio procesal ubicado en la Calle Belisario Salinas Nº 573 entre Andrés Muñoz y Presbítero Medina, Fax-Despacho: (591-2)-2128208 de la Ciudad de La Paz, correos electrónicos: parragagilmar@gmail.com y Cel. - WhatsApp 73631616, para notificaciones virtuales. Trinidad, enero de 2022 IANUS: 201505569 FIS BENI: 1502606 DENUNCIANTE: MP/ FONDO DE DESARROLLO INDIGENA ACUSADOS: MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO, GUADALUPE PAZ MENDOZA, JUAN CARLOS FRANCO GUASPE Y JHONNY QUISBERT SALVATIERRA DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OTROS Santísima Trinidad, martes 10 de Enero de 2023. En atención al memorial que antecede, teniéndose en cuenta que revisado sigilosamente el expediente procesal, se puede verificar que dos de los co-acusados ya han sido notificados, faltando únicamente Martha Verónica Suarez Saucedo, la cual se tiene en el acta de declaración del imputado, el domicilio señalado en la comunidad Espíritu Santo, dentro del municipio de San Javier, teniéndose en cuenta que se trata de un domicilio alejado a esta ciudad, siendo genérico e impreciso, así mismo cursa a fojas 104 y 105, memorial por parte del ministerio público, mediante el cual hace llegar el domicilio de la Sra. Martha Verónica Suarez Saucedo, en el cual se envió notificación y fue representada por el gestor de turno, haciendo mención que se apersonaron al domicilio señalado donde los vecinos indicaron no conocerla; consecuentemente, continuando con el procedimiento para la preparación del Juicio, conforme establece el Art. 340 en su parágrafo III del CPP, y con el fin de no vulnerar derechos y garantías de la co-acusada, se dispone la notificación por Edicto Judicial de la co-acusada: MARTHA VERONICA SUAREZ SAUCEDO, y sea mediante la plataforma virtual del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de poder realizar la notificación con la Acusación Fiscal de fecha 13/11/2020, la Radicatoria de fecha 25/11/2020, la acusación particular de fecha 05/01/2022 y el presente proveído, para que dentro de los (10) días siguientes a su legal notificación ofrezcan y presenten físicamente sus pruebas de descargo, debidamente detalladas y especificando su pertinencia y utilidad, es decir, lo que van a demostrar con esa prueba y sobre qué versarán las atestaciones de los testigos. Se instruye a los acusados, así como a sus respectivos abogados defensores, señalar de manera obligatoria sus domicilios electrónicos, para efectos de notificación a través de sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital mediante el número de cedula de identidad. Al Otrosí 1.- Se tiene presente. Al Otrosí 2.- Se tiene presente. Al Otrosí 3.- Se tiene presente. Notifique Funcionario Judicial. Fdo. Dr. Adán Mancilla Rodríguez, Juez de Sentencia en lo Penal Nº 3 de la Capital. Fdo. Ante mí, Secretaria-Abogada del Juzgado de Sentencia en lo Penal Nº 3 de la Capital. Doy fe.- EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES AÑOS.-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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