EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO EL DR. LUIS FERNANDO BARRIOS QUEVEDO, JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 2 DE LA CAPITAL.- MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A LA VICTIMA GABRIELA NINACHI , CON AUTO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ORDENADO DENTRO DE LA DEMANDA POR REPARACIÓN DE DAÑO IMPETRADA POR ABRAHAN COCA VELIZ CONTRA EDILBERTO COCA VELIZ POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE ESTAFA, A CUYO FIN SE TRANSCRIABE LOS SIGUIENTES ACTUADOS.- AUTO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.- VISTOS: Las Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Prescripción y Duración Máxima del Proceso, interpuesta por la defensa de Néstor Ticona Apaza, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis del Código Penal, lo argumentado en la presente audiencia, los antecedentes del proceso; y, CONSIDERANDO I.- (Antecedentes) Que, en audiencia de juicio oral, en etapa correspondiente, la defensa del acusado, en el momento procesal oportuno, interpone las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima de proceso, manifestando en lo principal que, respecto a la prescripción en el presente caso debería tomarse en cuenta el último presunto hecho generador donde se hubiese agredido a las víctima en fecha 20 de abril de 2016 conforme se tiene de la denuncia presentada por la víctima y conforme también se establece de la acusación presentada por el Ministerio Público y los datos contenidos en dicha acusación, que en el caso concreto hubiese transcurrido más del tiempo establecido respecto a la prescripción para este tipo de delitos conforme se establece en el Art. 29 del CPP que para el caso en concreto debería tomarse en cuenta el núm. 2 de dicho artículo que determina que la acción penal prescribe en 5 años para los que tengan señaladas penas privativas cuyo máximo legal sea menor de 6 y mayor de 2 años, esto tomando en cuenta el quantum de la pena respecto del delito de Violencia Familiar o Doméstica establecido en el Art. 272 bis del Código Penal, además de ello, se debería tomar en cuenta que es un delito instantáneo y que a partir de la fecha ya mencionada se hubiera superado el término de la prescripción, no existiendo causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme lo establecen los Arts. 31 y 32 de la norma procesal penal solicitando en definitiva se determine la extinción de la acción penal por prescripción. Respecto a la duración máxima del proceso, la defensa en lo sustancial menciona que debe tomarse en cuenta que el Art. 133 de la norma procesal penal, que determina un plazo máximo de 3 años para la duración de todo proceso penal, que en el caso en concreto debería empezar a computarse a partir del 20 de abril del año 2016, fecha en el que se hubiera interpuesto la denuncia en contra del acusado como primer acto del procedimiento, que tomando en cuenta el tiempo transcurrido y que a pesar de descontarse las vacaciones judiciales, los días feriados y los días inhábiles , ya se hubiera superado el plazo máximo de duración del proceso y debería tomarse en cuenta que el proceso no es complejo, que el acusado no ha tenido una actitud dilatoria y que en todo caso el Ministerio Publico no hubiera cumplido con el debido impulso respecto a la tramitación pronta y oportuna del proceso, solicitando también se declare fundada la excepción mencionada y se disponga la extinción de la acción penal. A su turno, el Ministerio Publico en lo sustancial responde a ambas excepciones mencionando que la defensa no ha cumplido con identificar e individualizar ciertos actuados procesales de relevancia, que no se ha tomado en cuenta el cómputo de las vacaciones judiciales, la suspensión de plazos que hubiera dispuesto esta autoridad y otras autoridades conforme el art. 130 parte in fine del CPP y que en base a ello no se hubiera cumplido con la carga argumentativa suficiente para poder determinar que el acusado no ha sido responsable de la presunta dilación en la tramitación de la causa, ya que existen también varios memoriales de apersonamiento donde se hubiese dado a conocer la imposibilidad de notificar al acusado por parte de la oficina gestora y que el mismo no ha coadyuvado con estas notificaciones al no haber estado presente prácticamente durante toda la tramitación del proceso, si bien no cursa una rebeldía que se hubiera determinado en contra del acusado, debería tomarse en cuenta los extremos previamente mencionados para rechazar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. CONSIDERANDO II. (Fundamentos jurídicos) Que, el Art. 308 del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley 1173, establece que las partes podrán oponerse a la acción penal mediante las excepciones de previo y especial pronunciamiento, entre las que se encuentran, en el numeral 4), la Extinción de la Acción Penal según lo establecido en los Arts. 27 y 29 de ese Código. Que, con el fin de resolver la excepción de prescripción, así como la vinculatoriedad y obligatoriedad de los precedentes contenidos en la jurisprudencia constitucional y la doctrina legal aplicable al caso concreto, para resolver conforme a derecho en el presente caso, al tratarse de una excepción de extinción de la acción penal por prescripción; corresponde referir que el A.S. N° 348 de 31 de Agosto de 2006 señaló: “(…)La jurisprudencia refiere que la prescripción de la acción penal es una figura liberadora, en mérito de la cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción, toda vez que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, ya que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa, hasta concluir la misma, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución del imputado, lo que genera incertidumbre en la sociedad; siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el Art. 29 de la Ley 1970 (…)”. Continuando, podemos mencionar que la prescripción es una forma de extinción de la acción penal por el solo transcurso del tiempo, es una sanción al Estado o al particular negligente que no ha ejercido la acción y la persecución penal dentro de un determinado tiempo y tiene relación con el derecho de todo imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, está prevista como motivo de extinción de la acción penal en el art. 27-8) en relación con el art. 308-4) y los arts. 29 al 34 todos del Código de Procedimiento Penal. Este instituto jurídico es definido por el Tribunal Constitucional en la S.C. 0104/2013, de 22 de enero, (entre otras) en la siguiente forma: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales, de lo que se infiere que la prescripción importa, por un lado, una garantía para el imputado quien queda liberado y, por otro, constituye una sanción para el Estado que no puede continuar ejerciendo la acción penal que estaba obligado a promover. Como se advierte, la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal es de carácter sustantiva, (las negrillas son nuestras) por cuanto su procedencia además del tiempo transcurrido está directamente vinculada al delito y su sanción traducida en años de privación de libertad; es decir, que es la misma ley que determina los casos en que es viable, razón por la cual prescribe, tanto el inicio del término de la prescripción, como cuando ésta es interrumpida ante la declaratoria de rebeldía del imputado, momento a partir del que el plazo se computa nuevamente.” Que el Art. 27 del CPP establece los motivos de extinción de la acción penal y prevé que: “La acción penal se extingue- entre otros- en el numeral 8) por prescripción”. La prescripción como instituto jurídico está prevista en los Arts. 29, 30, 31 y 32 del Código de Procedimiento Penal. El Art. 29 del mismo cuerpo legal, señala los plazos dentro los cuales prescribe la acción penal, en ese sentido estipula que la acción penal prescribe: 1) En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años. 2) En cinco años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menos de seis años y mayor de dos años”; 3)En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad” y 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. El Art. 30 del mismo compilado legal, establece el inicio del término de la prescripción y prevé: “El término de la prescripción comienza a correr desde la media noche del día que se cometió el delito o en que cesó su consumación”. El Art. 31 del CPP., establece la interrupción del término de la prescripción y prevé: “El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente”. Asimismo, existen causales de suspensión del término de la prescripción conforme el Art. 32 del mismo cuerpo legal que prevé: “El término de la prescripción de la acción se suspenderá: 1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”. El Art. 33 del CPP., establece los efectos y prevé: “El término de la prescripción se interrumpirá o se suspenderá de manera individualizada para el autor y los partícipes”. EL Art. 34 de la norma procedimental citada determina: "Tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción contenidas en Tratados y Convenios Internacionales". También, es menester citar el Art. 115-II de la Constitución Política del Estado prevé: “El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. El Art. 178-I de la misma Carta Fundamental establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. El Art. 180 -I) de igual norma suprema establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. El Art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, establece entre los principios que sustentan el órgano judicial lo siguiente: “la celeridad que comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”. El Art. 8-1) de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prevé: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”. El Art. 14 –3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Igualmente, corresponde hacer un análisis de lo que establece la doctrina respecto al instituto jurídico de la prescripción, sobre ese tópico, el tratadista Arturo Yañez Cortez en su obra “Excepciones e Incidentes” pág. 208, refiere que según Alberto Binder, “La prescripción se trata de una institución jurídica que regula el tiempo por el cual se faculta al Estado a ejercer la acción penal, es por tanto una garantía para el imputado”. Según el tratadista Roy Freyre “La prescripción de la acción penal tiene por objeto poner fin a la potestad represiva antes que la misma se haya manifestado concretamente en una sentencia condenatoria firme, lo que ocurre ya sea porque el poder penal del Estado nunca dio lugar a la formación de la causa o porque iniciada la persecución se omitió proseguirla con la continuidad debida y dentro de un plazo legal, que vence sin que se haya expedido Sentencia”. Igualmente, la doctrina ha definido que el instituto de la Prescripción: “...se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido… Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales…Así respecto al derecho de defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que tendría que servirse el imputado, ya no existirían o se encontrarían debilitados…” (Cita enunciada en las SC N° 0023/2007-R de 16 de enero, SC. N° 190/2007-R de 26 de marzo, entre otras). Asimismo, la SC. 600/2011-R de 3 de mayo de 2011 con relación a la excepción de prescripción de la acción penal que en el fundamento jurídico III.1 ha establecido los alcances y fines de la prescripción de la acción penal: “En principio, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma. Guillermo Cabanellas, refiriéndose a este instituto, señaló que constituye: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono desidia, inactividad o impotencia” En materia penal sostiene el mismo tratadista que involucra la: “extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta luego de quebrantada la condena” En correspondencia con lo dicho la jurisprudencia constitucional, ha establecido que: "… La prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales" (SC 0023/2007-R de 16 de enero).” En ese sentido, el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias Constitucionales, entre las que se encuentra la S.C. 0162 /2007-R de 21 de marzo de 2007, 600/2011-R de 3 de mayo de 2011, SCP 0104/2013 de 22 de enero de 2013, SCP 0283/2013 de 13 de marzo de 2013, ha hecho un análisis del instituto de la prescripción en las que también se ha definido que nuestra legislación reconoce delitos instantáneos y delitos permanentes, estableciendo que los delitos instantáneos se presentan cuando la conducta se lleva a cabo en un momento, es decir que el hecho que da lugar al delito se produce en el momento y no se prolonga en el tiempo; los delitos permanentes, se caracterizan en que el hecho que lo configura da lugar a una situación dañosa y peligrosa que se prolonga con el tiempo a causa de la perduración de la conducta del sujeto, es decir que la conducta delictiva se mantiene en el tiempo y cada uno de los momentos se considera delictivo o de consumación. CONSIDERANDO III. (Análisis del caso en concreto, fundamentación fáctica) En el caso concreto, tomando en cuenta los elementos constitutivos del tipo penal de Violencia Familiar o Doméstica, previsto por el Art. 272 bis del Código Penal, se establece: “Quien agrediere físicamente, psicológicamente, sexualmente dentro de los casos comprendidos en el núm. 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en la reclusión de uno (2) a cuatro (4) años siempre que no constituya otro delito”. En ese sentido, de la revisión de los antecedentes y la relación circunstanciada de los hechos contenidos en la Acusación presentada por el Ministerio Público, así como la denuncia de fecha 20 de abril de 2016 presentada por la señora Gabriela Ninachi se establece lo siguiente: Que en fecha 23 de junio de 2014 en la madrugada cuando dormía sintió una patada en su rostro, por lo que despertó y empezó su concubino a denigrarla e insultarla diciendo que la había visto con tus machos en mis sueños que por esta razón decidí irme a Chile, el me denunció en el SLIM donde llegamos a un acuerdo, el día 4 de marzo de 2016 el nuevamente me agredió cuando me encontraba en el baño, llego directo a patear la puerta del baño, que está haciendo esta “kola” puta, debe irse con sus machos a la calle, con qué cara llega a esta casa. Ahora bien, al margen de esta última fecha, refiriéndonos al 4 de marzo de 2016, no existe ningún hecho que este mencionado en la acusación formal, así como en la denuncia de la víctima por la señora Gabriela Ninachi de fecha 20 de abril de 2016, en consecuencia, en base a esta relación fáctica de los hechos que sirve de base para la sustanciación de juicio oral se puede determinar que el momento de la presunta comisión del hecho delictivo se hubiese dado en fecha 4 de marzo de 2016, ya que en dicha fecha el acusado hubiese agredido físicamente a la víctima, por lo cual, considerando que el delito de violencia familiar y o doméstica es un delito instantáneo, sobre todo tomando en cuenta que la violencia que se acusa, se encuentra enmarcada dentro de la violencia física, pues, lógicamente, se debe tomar en cuenta la media noche del último hecho generador que sirve de base para la acusación, la cual se hubiera dado en fecha 4 de marzo del año 2016, esto en base a lo establecido en el Art. 30 del CPP. Continuando, podemos determinar que el tema de la prescripción para el caso presente, considerando el quantum de la pena para del delito mencionado, el cual se encuentran previsto y sancionado por el Art. 272 bis del CP, que tiene fijada la pena de reclusión de 2 a 4 años, es decir que dicha pena se concretiza o subsume en el Art. 29 núm. 2) del Código Adjetivo de la materia que determina: “(PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN)."La acción penal prescribe: (...)2) En cinco años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menos de seis años y mayor de dos años”. Antes de realizar el cómputo de la prescripción, corresponde examinar si en el caso presente concurren o no las causales de interrupción y suspensión del término de la prescripción contempladas en los Arts. 31 y 32 del C.P.P. En ese afán, se constata que no concurre ninguna de las causales de suspensión del término de la prescripción detalladas en los cuatro numerales del Art 32 del C.P.P. Por otro lado, se evidencia que no concurre la causal de interrupción del término de la prescripción prevista en el Art. 31 del C.P.P. que señala...“El término de la prescripción de la acción se interrumpirá, por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente”, pues se advierte que tampoco concurre esta causal de interrupción del término de la prescripción, habiéndose llegado a esta conclusión tomando en cuenta los antecedentes del proceso y principalmente tomando en cuenta el principio de verdad material contemplado en el Art. 180 de la Constitución Política del Estado como uno de los pilares en los que se fundamenta la administración de Justicia, que se ve plasmado en el hecho que no existe en antecedentes ninguna declaratoria de rebeldía emitida durante la tramitación del proceso que deba ser considerada para eventualmente determinar algún tiempo de interrupción del término de la prescripción, sumado al hecho de que el Ministerio Público en la presente audiencia ha mencionado de manera clara que no existe ninguna declaratoria de rebeldía que haya sido dictada en contra del acusado para que la misma pueda ser considerada ya sea para el término de la prescripción o en su defecto también para la interrupción de la duración máxima del proceso, bajo esos parámetros corresponde realizar la parte prescriptiva, analizando el planteamiento efectuado por la defensa del acusado. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes, se establece que el inicio del término de la prescripción, según la teoría fáctica descrita en la acusación presentada por el Ministerio Público, así como los fundamentos contenidos y explicados ut supra, se da a partir de la media noche del 4 de marzo de 2016, toda vez que dicha fecha la víctima hubiera sido presuntamente agredida físicamente por el acusado, configurando esta actitud como la que hubiere dado lugar a que el acusado acomode su conducta al delito de Violencia Familiar o Doméstica en su vertiente de violencia física. Ahora bien, a la fecha de la interposición de la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción en la presente audiencia, han transcurrido más de 6 años y 8 meses desde la presunta comisión del delito, es decir, más del tiempo establecido en el Art. 29 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal que establece cinco años para la prescripción de este tipo de delitos, esto en consideración al quantum de la pena del delito en cuestión; razón por la cual, en base a la fundamentación y motivación esgrimida a lo largo de la presente resolución, corresponde declarar la procedencia de la excepción impetrada. Finalmente, respecto a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, esta autoridad considera que la defensa no ha cumplido con la carga argumentativa ni probatoria suficiente para determinar que también debe extinguirse la acción por duración máxima del proceso, ya que en primer lugar no se ha acompañado documental idónea, suficiente y pertinente que acredite que la presunta dilación en la tramitación del proceso fuese responsabilidad del Ministerio Público o del Órgano Judicial y no así al acusado, quien también debió haber demostrado que con su comportamiento no ha dado lugar a que los actos procesales duren mas del tiempo establecido en la norma procesal penal; además de ello, tampoco se ha escuchado argumentar a la defensa en relación a un cálculo preciso de cuáles son los días que deben descontarse, ya que si bien se ha hecho mención a un Auto Supremo donde se hubiese determinado que los días que no deben contabilizarse son los feriados, los fines de semana, las vacaciones judiciales, además de la cuarentena, este criterio ha cambiado en el sentido de que únicamente deben restarse las vacaciones judiciales que cumple el Órgano Judicial tomándose en cuenta 25 días para cada gestión, además de la cuarentena rígida en nuestro país a causa del COVID 19, lo cual ha dado lugar a que también se determine la suspensión de plazos procesales, sin embargo este extremo como tal no ha sido considerado por la defensa, en el sentido que se está utilizando jurisprudencia que ya no es aplicable a la fecha para hacer el cálculo de la duración máxima del proceso, además que tampoco y tal cual lo ha mencionado la representante del Ministerio Público, no se ha hecho un cálculo preciso de la suspensión de plazos que hubiese determinado esta u otra autoridad al amparo del Art. 130 parte in fine del CPP, siendo una facultad que tienen los juzgadores para determinar la suspensión de plazos por razones de fuerza mayor y circunstancias debidamente fundamentadas, teniendo esta suspensión de plazos vinculación con la duración máxima del proceso, pero en el caso en concreto no se ha contado con la argumentación suficiente para determinar estos extremos en favor del acusado, y finalmente se debe rechazar la pretensión de la defensa respecto a esta excepción por no haber acompañado prueba idónea que acredite los extremos referidos por la defensa en cuanto a la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso. POR TANTO: El Juez de Sentencia Penal Nº 2 de la Capital de este Tribunal Departamental de Justicia, en función de los Art. 27 núm. 8), 29 núm. 2), 30, 31, y 308 núm. 4), todos del Código de Procedimiento Penal, declara FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN E INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO, interpuestas por la defensa de Néstor Ticona Apaza; en consecuencia, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en la presente causa, disponiéndose el correspondiente archivo de obrados y el cese de todas las medidas cautelares personales que se hubieren dispuesto en contra del acusado una vez se encuentre ejecutoriada la presente resolución. Sin embargo de lo anterior, se advierte al acusado que se encuentra totalmente prohibido de tomar contacto, de amenazar, de agredir o de realizar cualquier acto que involucre hostigamiento o algún tipo de violencia ya sea psicológica o física en contra de la víctima, debiendo tomar en cuenta esta prohibición que se da de manera expresa en esta audiencia para así evitar cualquier otro hecho que involucre poner en riesgo la integridad psicológica o física de la señora Gabriela Ninachi. Se pone en conocimiento de las partes que en función de los Arts. 403 núm.2) y 6) y art. 404 del CPP, modificado por la Ley 1173, la resolución pronunciada es apelable mediante apelación incidental. Quedando notificadas todas las partes presentes con la resolución íntegra de manera oral, conforme lo establece el art. 160 y 161 parte in fine de la norma procesal penal, modificada por la ley 1173. REGÍSTRESE. Con el uso de la palabra la representante del Ministerio Publico manifiesta que plantea recurso de apelación al amparo del art. 404 contra la resolución que se acaba de emitir, solicitando la remisión de actuados ante el superior jerárquico. FDO./SELLO DR. LUIS FERNANDO BARRIOS QUEVEDO JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 2 COCHABAMBA – BOLIVIA.- FDO./SELLO CINDY A. CAMACHO GONZALES SECRETARIA – ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 2. COCHABAMBA – BOLIVIA.- PROVEIDO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.- DECRETO: Siendo que el Ministerio Público ha interpuesto apelación incidental en contra de la resolución que antecede en la presente audiencia, en cumplimiento al Art. 404 y 405 de la norma procesal penal, se dispone la remisión, previo sorteo, de los antecedentes pertinentes ante la Sala Penal de Turno de este Tribunal de Justicia, sea en el plazo establecido por ley a cargo de secretaría, sea con nota de atención y cortesía correspondiente. Con lo que concluyó el acto y firman en constancia el Sr. Juez y la suscrita secretaria abogada. FDO./SELLO DR. LUIS FERNANDO BARRIOS QUEVEDO JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 2 COCHABAMBA – BOLIVIA.- FDO./SELLO CINDY A. CAMACHO GONZALES SECRETARIA – ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 2. COCHABAMBA – BOLIVIA. Cochabamba, 11 de enero de 2023


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