EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARÍA GIOVANNA PIZO GUZMÁN, VOCAL - PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA ACUSADA MARÍA MARTINA VARGAS GARCÍA (C.I. N° 4485048 Cbba.) CON EL AUTO DE VISTA No. 72/2022 RAR DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, REPRESENTACIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PROVIDENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, DENTRO EL PROCESO PENAL SIGNADO CON CÓDIGO NUREJ 3058020 SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y LÍA IRENE LÓPEZ ZERNA CONTRA BENEDICTA GARCÍA SÁNCHEZ Y MARÍA MARTINA VARGAS GARCÍA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ASESINATO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 252 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 VISTOS, los recursos de apelación restringida interpuestos por María Martina Vargas García y Benedicta García Sánchez contra la Sentencia N° 33/2016, pronunciada por los titulares del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Sacaba, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Lia Irene López Zerna contra la prenombradas recurrentes, por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 núm. 3) del Código Penal. I. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS. I.1. Sentencia apelada. Los titulares del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Sacaba, pronunciaron la Sentencia N° 33/2016, declarando Benedicta García Sánchez autora del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 núm. 3) del Código Penal, imponiéndole la pena de treinta (30) años de presidio sin derecho a indulto, argumentando para tal, lo siguiente: “FUNDAMENTACION INTELECTIVA. PRIMERO. La ausencia de prueba directa, nos obliga a la necesidad de tomar cautelas valorativas, aplicando la corroboración e integración unas con otras pruebas periféricas o secundarias producidas en el juicio. Lo que implica la necesidad de exteriorizar un diálogo abierto entre todos los medios probatorios producidos en juicio, en el presente caso se acude de la prueba indiciaria, pues las pruebas no pueden analizarse por trazos, porque no conforman subsecuencias aisladas, sino que deben ser abordados desde una unidad lógica cognitiva, es decir la construcción del hecho histórico conformado por todos los medios de prueba, pues cada medio probatorio vendrán a suministrar información relevante para la reconstrucción del hecho histórico. SEGUNDO. Un grupo de fuentes probatorias indirectas introducidas en juicio por su lectura, debemos destacar la siguiente prueba literal (…) TERCERO. Pero no solo las pruebas documentales suministran relevantes datos corroboradores del delito. La prueba testifical también permite extraer un buen número de datos de indiscutible relevancia probatoria. Al respecto, cabe referir en primer término los testimonios de los señores Dorian Sandy Chavez, Maria Nilda Villarroel García, Jorge Freddy Capriles Aguilar, Jaime Rocha Cordova, Lia Irene Lopez Serna, Doloreza Huarachi Huarachi, Maria Lizet Garcia Lopez y Primitiva Garcia Sanchez, sus testimonios POSEEN VALOR RELEVANTE, debido a que destacaron en primer testimonio, por su objetividad, pues narraron cronológicamente los hechos y segundo, proporcionaron datos importantes a los fines de entrelazar la cadena de los hechos relacionados al ilícito, en un enriquecedor debate contradictorio; es así lo destacable de Dorian Chavez Abasto, quien a tiempo de ratificar el protocolo de autopsia que realizo, proporciona un dato importante cual es la causa de la muerte, da cuenta también de varias heridas en el cuerpo antes del deceso, es así que refiere (…). Finalmente con referencias a las evidencias, poseen valor relevante, pues corroboran y entrelazan de manera objetiva y real todo lo advertido por los testigos y la prueba literal, en cuanto a la muerte del señor Patricio García y la existencia de los instrumentos que uso para victimizarlo y trasladarlo hasta la laguna Corani, tanto las cosas que fueron sustraídas por las acusadas. CUARTO. La defensa produjo prueba testifical y documental; en cuanto a la testifical se tiene la declaración de Rómulo Sánchez García, cuyo valor es relevante, por cuanto, da cuenta que es concubino de la co acusada Martina, que se enteró por radio de la muerte de Don Patricio dejo como prenda por Bs. 2.000 su televisor… Don Patricio tenia movilidad, pero no trabajaba con esa movilidad en su casa nomas lo tenía… don Patricio no se llevaba bien con su hermana Primitiva, fatalmente se llevaba, tampoco se llevaba bien con su hermana Filomena ni con Gregorio, pero si se llevaba bien con su hermana Benedicta, se perdió dineros de doña Benedicta parece que fue un mes antes de su muerte, tal vez fue en mayo. Estos detalles corroboran a la prueba de cargo. Por su parte el señor Florencio Peña Rocha, da cuenta que don Patricio Garcia, se encontraba amenazado por personas que están en los papeles que le entrego, preciso nombres como Gregorio Villarroel un Huarachi y un joven y una mujer, a quienes no los conocía, y que don Patricio le dijo “si aparezco muerto estas personas son”. Esta atestación posee valor relevante, por cuanto nos arroja datos respecto a los problemas que tenía el señor Patricio con otras personas y no precisamente con las acusadas. En concordancia con la prueba testifical de descargo, las literales de descargo, poseen valor relevante, para acreditar que el señor Patricio García Sánchez, en años precedentes al presente hecho, tuvo muchos problemas con sus hermanos, parientes y antecedentes por robo en Ivirgarzama; prueba en su conjunto que si bien arroja luces al respecto a la personalidad conflictiva de la víctima y posibles autores del presente ilícito; empero es cierto que esta documentación no fue puesta en conocimiento del Ministerio Publico a fin de realizar una investigación minuciosa, por lo que al presente no enerva lo probado en el presente juicio oral. QUINTO. Por último se tiene razonamiento acentuado en máximas de experiencia común: En el presente ilícito, el Tribunal no tiene duda alguna de la participación de las imputadas Benedicta García Sánchez y María Martina Vargas García; por lo que no existe posibilidad alguna de endilgar a otra persona, máxime si los medios producidos vincula su participación, dicha participación se explano durante los puntos precedentes a tiempo de valorar cada una de las pruebas, es pertinente referir que en el presente caso se aplica el principio de verdad material, pues no obstante de ser posible sostener que le proceso penal está orientado a la resolución de las controversias, no es menos cierto que el principio de verdad material reconocido en el art. 180 1 de la C.P.E. exige ineludiblemente que las controversias deban resolverse con decisiones justas que emerjan de la averiguación de la verdad histórica del hecho, recurriendo a todos los medios lícitos posibles, sin exigir extremadas formalidades o rituales que eclipsen una decisión justa. Es así que las declaraciones, la prueba documental de referencia, así como los actos lícitos de averiguación de la verdad que se ejercitaron previamente por el Ministerio Publico, han permitido establecer que las imputadas, tenían pleno conocimiento de su acción ilícita, pues en el itercriminis se establece conductas por demás evidentes y visibles, como se demostró con la prueba de cargo. Es pertinente remarcar que sociología jurídica ha dedicado estudios muy solventes a demostrar cómo, en ocasiones, se produce el fenómeno, perverso, de la construcción social del criminal, la fabricación de la máscara del culpable. La influencia de los media, la asunción crítica de fragmentos de sospecha, amplificados por información poco respetuosa con la presunción de inocencia, junto a rasgos previos de desviación o de estigmatización social del sospechoso, hace que los actos por los comportamientos más anodinos del individuo socialmente marcado como participante en el crimen adquieren un relieve extraordinario y se interpreten según el código estereotipado del criminal. Esta patología social de la que solo debemos inmunizarnos desde el profundo compromiso de los que intervenimos en el sistema judicial con la regla de la presunción de inocencia. Sin embargo parte del legítimo esfuerzo probatorio de la defensa ha ido destinado solamente a no generar las agravantes. Aclarar también que los delitos no pertenecen a una clase o grupo social determinado; el sistema penal contempla suficientes elementos (presunción de inocencia, carga probatoria de la acusación, indubio pro reo, legalidad de la prueba y el principio de verdad material) para que el grave dilema al que se enfrenta todo juez penal pueda resolverse en términos cognitivos rigurosos y, en todo caso, respetuosos con las exigencias constitucionales. La culpabilidad o inocencia de un ciudadano no puede hacerse depender de su buena conducta u otro factor similar, además, fuera del marco institucional, por tanto prescindiendo de todas las reglas cognitivas que imponen el paradigma del justo proceso. SEXTO. Todo lo antecedido, conduce a afirmar nuestra firme convicción de que por acción, la acusada Benedicta García Sánchez, asesino cruelmente a su hermano Patricio García Sánchez, con la cooperación de su hija María Martina Vargas García”. I.2. Recurso de apelación restringida de María Martina Vargas García. Mediante escrito de 16 de agosto de 2016, María Martina Vargas García interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia N° 33/2016, solicitando sea anulada totalmente, debiendo ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia de turno, argumentando para tal lo siguiente: “El Art. 407 del CPP, referente al Recurso de Apelación Restringida dice: “El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento en el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o a efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la Sentencia, de conformidad a lo previsto por los Arts. 169 y 370 de este Código. Este recurso solo podrá ser planteado contra las Sentencias y con las limitaciones establecidas en los Artículos siguientes. SENTENCIA. En la parte resolutiva de la Sentencia sus Autoridades fallan declarándome culpable del delito de Complicidad en Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 con relación al art. 23 del Código penal. Por Io que en pleno uso de mi derecho a la defensa interpongo recurso de apelación contra la misma de conformidad al art. 407 y sgtes. del C.P.P., debido a que existió inobservancia, errónea aplicación de la ley y defectos insubsanables en la sentencia tal cual advierte el art. 370 del C.P.P., con los siguientes fundamentos: PRIMERO: En el presente caso, ha existido INOBSERVANCIA Y ERRÓNEA APLICACIÓN tanto de la Norma sustantiva como Adjetiva Penal, ya que sus Probidades no ha valorado la prueba testifical y evidencia física de cargo, así como tampoco se ha valorado la prueba testifical y literal de descargo, por lo que me permito pasar a exponer lo siguiente: De la lectura del Acta de Registro del Juicio oral, se tiene que ha momento de la introducción de la evidencia física signada con E 1, E 3, E4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13 y E 14, por intermedio del Testigo de cargo Sgto. Jaime Rocha Cordova, policía investigador asignado al caso, he planteado exclusión probatoria de las mencionadas evidencias, en merito a que las mismas carecen de toda eficacia probatoria puesto que no solo vulneran derechos y garantías constitucionales, sino que también han sido obtenidas mediante un procedimiento ilícito, conforme los establece el art. 172 del C. P.P., esto en merito a que el policía mediante el cual fue introducida la misma, no fue el que recolecto la evidencia en el lugar del hecho, no existiendo su firma y menos el requerimiento fiscal correspondiente, habiendo el Tribunal rechazado la exclusión, por lo que mi persona anuncio apelación restringida, al presente me permito fundamentar el recurso bajo los siguientes aspectos legales, que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal. El art. 295 del C.P.P. en sus incs. 10, 11 y 12, advierte cuales son las facultades de los miembros de la Policía Boliviana, que se constituye en el brazo operativo, investigativo de la Fiscalía durante la etapa preparatoria y enseña en el inc. 10 que tienen el deber de recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, siguiendo el inc. 11 advierte, secuestrar con autorización del Fiscal, documentos libros contables, fotografías y todo elemento material que pueda servir a la investigación finalmente el inc. 12 determina la custodia bajo inventario de objetos secuestrados, todo esto se da con la expresa autorización del Fiscal (documento inexistente en el presente caso), bajo esta premisa, ante la existencia de requerimiento y/o orden fiscal, las evidencias colectadas por otra persona distinta al declarante y que no cumplen los mínimos requisitos en cuento a su recolección custodia y orden Fiscal, no pueden ser consideradas como lícitas, por lo que mediante el presente y habiendo fundamentado en derecho esta ilegalidad, solicito se acepte la presente apelación y se anule la sentencia la misma que está sustentada en prueba obtenida de manera ilegal; por lo que este hecho constituye también un defecto de la sentencia, por cuanto según prevé el art, 370 del C.P.P, en su inc. 4, esta sentencia está basada en elementos probatorios no incorporados legalmente al Juicio, tal cual se advirtió a momento de haber planteado la exclusión probatoria que fue rechazada por los miembros de este Tribunal. SEGUNDO: Continuando con los defectos que presenta la sentencia, se tiene que a mi persona, se la encuentra culpable de la comisión del delito de Complicidad en Asesinato, debido a que en mi casa se habría encontrado un televisor y una frazada (que ha decir de la concubina Lía Irene López Serna, le pertenecían al occiso); al respecto, con referencia al televisor, he presentado como testigo de descargo al Sr. Rómulo Sánchez García, con quien me encuentro concubinada, el mismo que ha manifestado que don Patricio García (occiso), se encontraba separado de su esposa de nombre Irene, que dos semanas antes de que se escuche en la radio que mi tío Patricio apareció muerto, nos encontrábamos en Santa Cruz, que el televisor que se encontraba en nuestra casa, lo dejo Don Patricio como prenda por el préstamo de 2.000 Bs., que en la Fundamentación Probatoria Intelectiva, en el punto CUARTO, se le otorgó a esta declaración, el VALOR DE RELEVANTE, por lo que en una adecuada fundamentación, no se me puede condenar por tener el televisor de mi tío en mi casa, cuando el motivo de la presencia del mismo está por demás justificada, esto en todo caso es una mala valoración de los elementos probatorios, que se traducen en violación al derecho fundamental de toda persona cual es el de presunción de inocencia, por lo que en este hecho especifico, se presenta el defecto previsto en el inc. 5 del art. 370 del C.P.P., en merito a que la fundamentación de la sentencia es insuficiente y contradictoria, debido a que no se le puede otorgar valor relevante a una declaración que posteriormente no va a ser tomada en cuenta, en cumplimiento de esta determinación legal, el Tribunal debió fundamentar el hecho del porque no se valoró esta declaración y más aún después de haberle otorgado un valor, esto hace que la SENTENCIA PRESENTE UNA FLGRANTE CONTRADICCION. Por otro lado continuando con este mismo argumento, con referencia al defecto previsto en el inc. 5 del art. 370 del C.P.P., se debe manifestar que el Tribunal, en el punto CUARTO última parte de la Sentencia, se le otorga el valor de relevante a la prueba documental introducía por mi del persona, consistente en varias fotocopias del legajo de antecedentes del occiso, que específicamente, en el legajo correspondiente a una denuncia que interpone Patricio Garcia Sánchez (occiso), en contra de Jaime López Serna (hermano de su concubina Irene Lopez Serna) a fs. 35 Patricio García presente un DOCUMENTO PRIVADO DE DIVISION Y PARTICION VOLUNTARIA DE BIENES, documento firmado entre el occiso y Lía Irene López Serna, de fecha 07 de octubre de 2012, por el que se demuestra que ambos se encontraban separados, habiendo incluso convenido en la separación de bienes, este documento demuestra lo manifestado por el testigo Rómulo Sánchez García (mi concubino), que la PRESENCIA DEL TELEVISOR EN MI CASA SE DEBE A QUE A CONSECUENCIA DE SU SEPARACION MI TIO PATRICIO NECESITABA DINERO, POR LO QUE LE PRESENTE 2.000 BS, Y ME DEJO DE PRENDA SU TELEVISOR, documento que además contradice las declaraciones del Lia Irene López Serna y su hija María Lizet García López, quienes manifestaron en sus declaraciones que el occiso y su concubina vivían bien, estos aspectos tampoco fueron valorados ni tomados en cuenta en la sentencia, estando por demás probado el motivo por el cual el televisor se encontraba en mi casa, no fue tomado en cuenta debido a que se quedaba sin efecto el UNICO ARGUMENT0 POR EL CUAL SE ME INCRIMINA EN EL PRESENTE HECHO. Por otro lado con respecto a la frazada verde encontrada en mi domicilio ESTA JAMAS FUE PRESENTADA Y MENOS INTRODUCIDA A JUCIO ORAL, interesante hubiera sido que el tribunal viera con sus propios ojos que es COMPLETAMENTE DIFERENTE A LA FRAZADA CON LA QUE SE HABRIA ENVUELTO EL CADABER DE Ml TIO, lo único parecido es el color, porque hubiera sido importante presentar esta evidencia, debido a que tal cual declaro (Lia Irene Lopez Serna) su concubina que eran gemelas, ASPECTO QUE JAMAS PUDO SER VALORADO POR EL TRIBUNAL, en merito a que en las evidencias signadas como E 1 a la E 14, NO SE PRESENTO A JUCIO LA DICHOZA FRAZADA, nos preguntamos por qué y la única respuesta es PORQUE NO SON IGUALES, NO SON GEMELAS, por lo que este hecho también se presenta como un defecto de la sentencia, debido a que si bien fue mencionado y ofrecido en la acusación, esta frazada no fue siquiera mostrada y menos introducida a juicio, por lo que no se puede tomar como un elemento de prueba el hecho de que se "DIGA" que la frazada encontrada en mi domicilio seria la GEMELA DE LA FRAZADA CON LA QUE SE ENCONTRO ENVUELTO EL CADAVER, por lo que el Tribunal jamás debió tomar este hecho con prueba relevante para intentar probar mi participación en el presente caso, este aspecto encuadra perfectamente en lo previsto en el inc. 6 del art. 370 del C.P.P., DEBIDO A QUE LA SENTENCIA SE BASA EN HECHOS INEXISTENTES O NO ACREDITADOS, ya que si bien es cierto que del allanamiento realizado a mi inmueble se secuestró un frazada, no es menos cierto QUE JAMAS SE DEMOSTRO QUE ESTA SERIA LA GEMELA DE LA FRAZADA CON LA FUE ENVUELTO EL CADAVER DEL OCCISO, por lo que este Tribunal baso su sentencia en un hecho inexistente. Pudiéndose mencionar el siguiente Precedentes contradictorio a este respecto: Auto Supremo No. 314 Sucre 25 de agosto de 2006, afirma que "Una obligación de los administradores de justicia, (…) que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la Sana Crítica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica... La motivación es una parte estructural de las resoluciones y su ausencia hace presumir que el juzgador ha asumido una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando la garantía del debido proceso y dando razonables motivos a las partes, para dudar de la correcta actividad del titular del órgano jurisdiccional, al desconocer cuales son las razones para que se declare en tal o cual sentido. " TERCERO: Con respecto a la inobservancia de la ley sustantiva, El C.P.P. enseña que la sentencia debe cumplir una serie de requisitos, al respecto la presente sentencia ha inobservado un requisito fundamental, cual es la individualización del accionar de las acusadas, art. 370 inc. 2 del C.P.P. disposición legal que determina que un defecto de la Sentencia es la no individualización del imputado, tal como establece de forma taxativa el punto QUINTO de la Fundamentación Probatoria Intelectiva, al determinar textual "En el presente ilícito, el tribunal no tiene duda alguna de la participación de las imputadas Benedicta García Sánchez y María Martina Vargas; por lo que no existe posibilidad alguna de endilgar a otra persona, máxime si los medios producidos vinculan su participación… Continua … Es así que las declaraciones, la prueba documental de referencia, así como los actos ilícitos de averiguación de la verdad que se ejercitaron previamente por el Ministerio Publico, han permitido establecer que las imputadas, tenían pleno conocimiento do su acción ilícita, pues en el intercriminis se establece conductas por demás evidentes y visibles, como se demostró con la prueba de cargo", continuando en el punto SEXTO expresa "Todo lo antedicho, conduce a afirmar nuestra firme convicción de que por acción, la acusada Benedicta García Sánchez, asesino cruelmente a su hermano Patricio García Sánchez, con la cooperación de su hija María Martina Vargas García", De la lectura minuciosa de la sentencia se tiene este tipo de afirmaciones, olvidándose principios fundamentales del derecho penal, cuales son que en esta materia, la responsabilidad es única y personal, nadie pueda pagar por delito ajeno, a cada quien debe procesarse en forma individual por su accionar, en ningún momento se dice, como mi persona MARTINA VARGAS, ha participado en el ilícito, no existe testigo alguno que me haya visto facilitar o cooperar en la ejecución del ilícito, o se haya demostrado que preste asistencia y/o ayuda con posterior al hecho, tampoco el Tribunal determina como llega a esa terrible afirmación, en resumen CON QUE PRUEBA SE ME CONDENA. El inc. 2 del art. 370, establece como un defecto insubsanable de la sentencia que el imputado no este individualizado, ello implica , no solo que la persona esta individualizada y que solo se consigne su identidad (nombres y generales completas) sino que, al momento de calificar su accionar en un ilícito, este plenamente identificado en cuando a su participación en el mismo, este requisito es inicialmente exigible a los Fiscales, quienes al momento de la presentación de la acusación, deberán fundamentar en forma objetiva, cual fue la participación de cada uno de los acusados en hecho en concreto, para que durante la tramitación del juicio oral, esta atribución sea demostrada con prueba idónea y legal, por lo que DEBE EXISTIR EN LA SENTENCIA UNA CONSIDERACION ACERCA DEL SUPUESTO APORTE DELICTIVO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS IMPUTADOS, SE DEBE DETERMINAR Y ESTABLECER LA DISTINTA PARTICIPACION QUE HA TENIDO CADA AUTOR Y/o COMPLICE, EN LA EJECUCION O DESPUES DE SU REALIZACION, sea para borrar las huellas que sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse en alguna forma de sus resultados, de esta manera la sentencia no puede hablar en forma genérica de ambas acusadas, sin determinar, en mi caso como y con qué elementos probatorios se me ha encontrado cómplice de este horrendo crimen; concluyéndose que en el presente caso no se ha individualizado la participación de mi persona, dejándome en completa indefensión YA QUE JAMAS SUPE DE QUE TENIA QUE DEFENDERME, el único argumento utilizado fue la presencia del televisor del occiso en mi casa. Con referencia al precedente contradictorio, invocado relativo a la obligatoriedad de los Tribunales de realizar la Individualización de la conducta del imputado, se tiene, entre otros: (AUTO SUPREMO N° 148/2014 Y AUTO SUPREMO NO. 193/2013) QUINTO: Por otra parte se tiene que en el presente ha existido una falta de fundamentación de Sentencia, adecuando este hecho a lo previsto por el art. 370 del C.P.P en su inc. 5), debido a que de la lectura de la misma se tiene que, si bien le otorga un valor a los elementos probatorios que se presentaron, pero en momento alguno establece como esos elementos han probado mi participación en el ilícito, no se dice como ayude a matar a mi tío, como participe en deshacerme del cadáver o como ayude al supuesto autor en cualquiera de esas conductas, finalizando simplemente en el argumento de que el tribunal no tiene duda de mi participación, sin especificar como se dio la misma, a este efecto se tiene que EN LA SENTENCIA SOLO EXISTE UNA DESCRIPCION DE PRUEBAS SIN ESTABLECER EL VALOR QUE SE DIO A CADA UNA DE ELLAS, INOMSERVANDO EL SISTEMA DE LA SANA CRITICA, y los más importante determinando como con cada prueba se probó o no mi participación, a este efecto existe un sinfín de precedentes contradictorios que exigen la CONGRUENCIA ARGUMENTATIVA entre los que puedo mencionar: AUTO SUPREMO Nº 028/2014 ; RRC Auto Supremo Nº 085/2013 RRC. Por lo que el presente caso se ha omitido la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones; por lo que los jueces están obligados a fundamentaren dichas conclusiones; por los que los jueces están obligados a fundamentar con respecto a toda la prueba producida, conforme a esta obligatoriedad deben realizar una valoración de los medios de prueba, otorgando un valor a de cada uno de ellos y luego comparar los hechos aportados individualmente con lo alegado por las partes, con lo cual se determinando cuales son los hechos probados, exigiéndose una exposición clara, lógica y completa de valoración de medios de prueba y de los hechos y circunstancias que se dieren por probados y ello no se cumple en el caso de autos, ya que se dieren por probados, y ello no se cumple en el caso de autos, ya que no se describe con que elemento de prueba se me ha encontrado culpable, o se ha desestimado mi responsabilidad. La constitución Política del Estado en su art. 16 reza SE PRESUME LA INOCENCIA DEL ENCAUSADO MINETRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD, este principio es la otra cara de la medalla “IN DUBBIO PRO REO”, Siendo la presunción de inocencia un estado del que gozan todos los habitantes sometidos a las normas jurídicas de nuestro territorio, para destruir el mismo es necesario que mediante pruebas legales, se demuestre su culpabilidad a través de un debido proceso con sentencia ejecutoriada, por autoridad competente. Sin embargo no toda prueba puede demostrar la participación en un hecho delictual del imputado, ya que las mismas pueden ser insuficientes o adquiridas en forma ilegal; es decir que la prueba debe ser plena de modo que pueda convencer al Tribunal de Justicia sin ningún tipo de duda; ante la existencia de “duda”, la prueba no es plena y se debe tomar en cuenta el principio de LA DUDA RAZONABLE, motivo por el cual el juzgador no puede condenar a ningún imputado”. I.3. Recurso de apelación restringida de Benedicta García Sánchez. Mediante escrito de 29 de agosto de 2016, Benedicta García Sánchez interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 33/2016, solicitando sea anulada totalmente, debiendo ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia de turno, argumentando para tal lo siguiente: “El Art. 407 del CPP, referente al Recurso de Apelación Restringida dice:“El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento en el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o a efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la Sentencia, de conformidad a lo previsto por los Art. 169 y 370 de este Código. Este recurso solo podrá ser planteado contra las Sentencias y con las limitaciones establecidas en los Artículos siguientes.” SENTENCIA. En la parte resolutiva de la Sentencia sus Autoridades fallan declarándome culpable del delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal. Por lo que en pleno uso de mi derecho a la defensa interpongo recurso de apelación contra la misma de conformidad al art. 407 y sgtes. del C.P.P., debido a que existió inobservancia, errónea aplicación de la Ley y defectos insubsanables en la Sentencia tal cual advierte el art. 370 del C.P.P., con los siguientes fundamentos: PRIMERO: En el presente caso, ha existido INOBSERVANCIA Y ERRÓNEA APLICACIÓN tanto de la Norma Sustantiva como Adjetiva Penal, ya que sus Probidades no ha valorado correctamente la prueba testifical y evidencia física de cargo, así como tampoco se ha valorado la prueba testifical y literal de descargo, por lo que me permito pasar a exponer lo siguiente: De la lectura del Acta de Registro del Juicio oral, se tiene que ha momento de la introducción de la evidencia física signada con E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13 y E 14, por Intermedio del Testigo de cargo Sgto. Jaime Rocha Cordova, policía investigador asignado al caso, por intermedio de mi defensa técnica, he planteado exclusión probatoria de las mencionadas evidencias, en merito a que las mismas carecen de toda eficacia probatoria puesto que no solo vulneran derechos y garantías constitucionales, sino que también han sido obtenidas mediante un procedimiento ilícito, conforme los establece el art. 172 del C.P.P., esto en merito a que el policía mediante el cual fue introducida la misma, no fue el que recolecto la evidencia en el lugar del hecho, no existiendo su firma y menos el requerimiento fiscal correspondiente, habiendo el Tribunal rechazado la exclusión, por lo que mi persona anuncio apelación restringida, al presente me permito fundamentar el recurso bajo los siguientes aspectos legales, que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal. El art. 295 del C.P.P. en sus incs. 10, 11 y 12, advierte cuales son las facultades de los miembros de la Policía Boliviana, que se constituye en el brazo operativo, investigativo de la Fiscalía durante la etapa preparatoria y enseña en el inc. 10 que tienen el deber de recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, siguiendo el inc. 11 advierte, secuestrar con autorización del Fiscal, documentos libros contables, fotografías y todo elemento material que pueda servir a la investigación finalmente el inc. 12 determina la custodia bajo inventario de objetos secuestrados, todo esto se da con la expresa autorización del Fiscal (documento inexistente en el presente caso), bajo esta premisa, ante la existencia de requerimiento y/o orden fiscal, las evidencias colectadas por otra persona distinta al declarante y que no cumplen los mínimos requisitos en cuento a su recolección custodia y orden Fiscal, no pueden ser consideradas como licitas, por lo que mediante el presente y habiendo fundamentado en derecho esta ilegalidad, solicito se acepte la presente apelación y se anule la sentencia la misma que está sustentada en prueba obtenida de manera ilegal; por lo que este hecho constituye también un defecto de la sentencia, por cuanto según prevé el art. 370 del C.P.P, en su inc. 4, esta sentencia está basada en elementos probatorios no incorporados legalmente al Juicio, tal cual se advirtió a momento de haber planteado la exclusión probatoria que fue rechazada por los miembros de este Tribunal. SEGUNDO: De un análisis exhaustivo de los fundamentos de la sentencia, mediante los cuales sus autoridad afirman que mi persona sería la autora del asesinato de Patricio García (mi hermano), se tiene que dentro la Fundamentación Intelectiva de la Sentencia, en el Punto: Segundo. Realizando una fundamentación de los supuestos objetos sustraídos de la casa del occiso, con referencia a las literales signadas los números MP 16, MP 17, MP 18 y MP 19, sus autoridad afirman....”Pues acreditan que en fecha 24 de octubre de 2013, se efectuó el allanamiento con orden judicial de 4 Inmuebles ubicados en la jurisdicción de Colomi, habiéndose secuestrado de los inmuebles de la Sra. Benedicta García los siguientes objetos y enseres de propiedad del fallecido Patricio García: cuatro gomas con aro de carrito de mano; …que según la esposa e hija del occiso, eran de propiedad del señor Patricio García Sánchez. Estas pruebas no arrojan un dato importante, cual es la posesión de pertinencias del occiso en poder de las acusadas." ; esta afirmación hasta un poco temeraria y digo esto porque jamás con elemento alguno de probo que esas cuatro gomas de aro de carrito que encontraron en mi casa fueran de mi hermano, solo se tiene la afirmación de la concubina (con quien estaba separado tiempo atrás) y de la hija (que no vivía mucho tiempo antes con mi hermano, ya que vivía en el trópico), que manifiestan que estos aros serian de mi hermano, que con mucho respeto observo esta afirmación del Tribunal, en merito a que los aros de carrito de mano, NO TENÍAN GRAVADO EL NOMBRE DE MI HERMANO NI MUCHO MENOS, entonces me pregunto cómo pueden asegurar que fuera el mismo, por otro lado si fuera el caso que esos aros fueran de mi hermano, como dijeron los propios testigos mi hermano casi vivía en la casa conmigo, eso significaría que pudo haberlos traído a mi casa y yo ni cuenta me di, EN QUE COMPRENSIÓN INTELECTIVA puede caer el hecho de encontrar culpable a alguien de asesinato porque se encontró cuatro gomas con aro de carrito de mano, sin probar por una parte que fueran de mi hermano y por otra que este por la cercanía que tenía conmigo pudo traerlas a mi casa, por lo que este argumento no solo es forzado sino más aun es totalmente insuficiente, ya que no es objetivo pensar que después de "haberle supuestamente quitado la vida a mi hermano" mi persona llevo esos aros a mi casa, esto en todo caso constituye una mala valoración de los elementos probatorios, que se traducen en violación al derecho fundamental de toda persona cual es el de presunción de inocencia, por lo que en este hecho especifico, se presenta el defecto previsto en el inc. 5 del art. 370 del C.P.P., en merito a que la fundamentación de la sentencia es insuficiente, debido a que no se le puede otorgar valor relevante a un elemento encontrado en mi domicilio, del cual nunca se ha probado cual fuera el motivo de su presencia en mi domicilio, por lo tanto es INSUFIENTE PARA OTORGALE VALOR RELENTE, por lo que la SENTENCIA PRESENTE UNA FUNDAMENTACIÓN INSUFICIENTE. Continuando en el Punto SEGUNDO, se tienen las literales MP 22 MP 26, MP 28, MP 29 y MP 30, las mismas que establecen el hallazgo en fecha 15 de abril de 2014, del vehículo TOYOTA con placa 2212 USR, de propiedad de Patricio García, vehículo que se encontró chocado en una Posta en Quintanilla, que se encontraba chocado en la parte delantera y trasera, que el mismo presentaba manchas de sangre, donde también se encontró, alambres de amarre, alicate, destornillador, gangocho de color tumbo, así como ropas de mujer y varón, entre ellas una mantilla de color plomo con manchas rojizas, realizando la siguiente afirmación "este vehículo en fecha 3 de julio de 2013 se encontraba conducido por una persona de sexo masculino no identificado, pues luego de haber colisionado con otro vehículo, se dio a la fuga, por esta razón el vehículo fue llevado a una posta hasta fecha 15 de abril de 2015"; por lo que se presentan las siguientes observaciones: a.) Jamás se realizaron pruebas periciales algunas, de las manchas, supuestamente de sangre, que demuestren que esa sangre le pertenecía al occiso b.) De la declaración de la testigo María Lizat Garcia Lopez (hija del occiso), se tiene que mediante el IDIF se habrían realizado pruebas de luminol, en el vehículo que fuera propiedad del occiso, que ese resultado de la pruebas JAMAS FUERON PUESTAS EN CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL, por lo que no se ha acreditado que las manchas rojizas fueron de sangre y mucho menos que esa sangre fueran del occiso, nos preguntamos la razón por la que el Ministerio Publico no presento esas pruebas, SERA QUE NO ERAN SANGRE O SERA QUE SE DEMOSTRO QUE NO CORRESPONDIAN AL OCCISO, ya que de antecedentes se tiene que ese vehículo habría sufrido un choque, respuestas que no podremos conocer, debido a que se ocultó esa prueba; esta declaración además presenta total contradicción con el Acusación presentada por el Ministerio Publico, que en la parte final del pliego acusatorio recién PROPONE ESTUDIO PERICIAL, para que en juicio se realice el mismo y se determine si la sangre encontrada corresponde o no al occiso PROPOCION DE ESTUDIO PERICIAL QUE JAMAS SE REALIZO EN AUDIENCIA DE JUICIO ORAL c.) Jamás se demostró que mi persona fuera la conductora, puesto que entre otras cosas NO SE MANEJAR VEHICULO, más aun tomando en cuenta lo afirmado líneas abajo "Estas circunstancias da convicción que una vez que dieron muerte al señor Patricio García en su propio domicilio, el cuerpo fue trasladado de dicho domicilio, hasta la laguna corani, también en su propio vehículo..." ; esta afirmación en franca contradicción con lo afirmado en el PUNTO QUINTO, en el que el Tribunal afirma “…el Tribunal no tiene duda alguna de la participación de las Imputadas Benedicta García Sánchez y María Martina Vargas García; POR L O QUE NO EXISTE DOSIBILIDAD DE ENDILGAR A OTRA PERSONA, máxime si los medios producidos vinculan su participación"; existiendo franca contradicción entre lo manifestado en el Punto segundo y quinto, en merito a que las partes no han probado que mi hija o mi persona SEPAMOS CONDUCIR UN VEHICULO, por lo el propio Tribunal considera la participación de una tercera persona, que posteriormente aduce la no existencia de posibilidad de participación de nadie más que nosotras dos, por lo que vuelve a presentarse el defecto previsto en el inc. 5 del art. 370 del C.P.P., en merito a que la fundamentación de la sentencia es contradictoria. Con referencia al requisito fundamental que debe contener todo fallo, el mismo que no debe presentar insuficiencia ni contradicción en su fundamentación, podemos mencionar como precedentes, entre otros los siguientes: Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, afirma que: El precedente invocado como contradictorio fue pronunciado dentro de un proceso penal por el delito de Estelionato (art. 336 del CP), sobre la base de reclamos efectuados en casación por la parte imputada que referían la existencia de defectos en la Sentencia conforme al art. 370 del CPP, el Tribunal de casación dispuso la apertura de su competencia invocando el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, para luego, en el análisis de fondo del Auto de Vista impugnado se concluyó que el mismo recayó en una notoria ausencia de fundamentación, manifestando que no se pronunció sobre la totalidad de reclamos realizados en apelación restringida. Con esa demostración el Tribunal de casación sentó como doctrina legal aplicable que: "Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos Y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o el de Casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además, en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva". Auto Supremo No. 314 Sucre 25 de agosto de 2006, afirma que: "Una obligación de los administradores de justicia, (...) que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la Sana Critica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica... La motivación es una parte estructural de las resoluciones y su ausencia hace presumir que el juzgador ha asumido una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando la garantía del debido proceso y dando razonables motivos a las partes, para dudar de la correcta actividad del titular del órgano jurisdiccional, al desconocer cuales son las razones para que se declare en tal o cual sentido." TERCERO: Con respecto a la inobservancia de la ley sustantiva, El C.P.P. enseña que la sentencia debe cumplir una serie de requisitos, al respecto la presente sentencia ha inobservado un requisito fundamental, cual es la individualización del accionar de las acusadas, art. 370 Inc. 2 del C.P.P., disposición legal que determina que un defecto de la Sentencia es la no individualización del imputado, tal como establece de forma taxativa el punto QUINTO de la Fundamentación Probatoria Intelectiva, al determinar textual "En el presente ilícito, el tribunal no tiene duda alguna de la participación de las imputadas Benedicta García Sánchez y María Martina Vargas; por lo que no existe posibilidad alguna de endilgar a otra persona, máxime si los medios producidos vinculan su participación…Continua… Es así que las declaraciones, la prueba documental de referencia, así como los actos ilícitos de averiguación de la verdad que se ejercitaron previamente por el Ministerio Público han permitido establecer que las imputadas, tenían pleno conocimiento de su acción ilícita, pues en el intercriminis establece conductas por demás evidentes y visibles, como se demostró con la prueba de cargo continuando con el punto SEXTO expresa “Todo lo antedicho, conduce a afirmar nuestra firme convicción de que por acción, la acusada Benedicta García Sánchez asesino cruelmente a su hermano Patricio García Sánchez, con la cooperación de su hija María Martina Vargas García”. De la lectura minuciosa de la sentencia se tiene este tipo de afirmaciones, olvidándose principios fundamentales del derecho penal, cuáles son que en esta materia la responsabilidad es única y personal, nadie puede pagar por delito ajeno, a cada quien debe procesarse en forma individual con su accionar, en ningún momento se dice, cómo mi persona Benedicta García Sánchez ha participado en el ilícito, solo se firma en el punto SEXTO, que he asesinado cruelmente a mi hermano Patricio García Sánchez, no existiendo testigos alguno que me haya visto quitarle la vida, determinado el Tribunal con prueba objetiva a determinar cómo llega a esa terrible afirmación, ya que como fundamente líneas arriba, se me involucra en este terrible crimen, por la presencia de unos aros, que supuestamente eran de mi hermano en mi domicilio, en resumen, CON QUÉ PRUEBA SE ME CONDENA a 30 años de presidió. El inc. 2 del art. 370 establece como un defecto insubsanable de la sentencia que el imputado no este individualizado, ello implica, no solo que la persona está individualizada y que solo se consigue su identidad (nombres y generales completas) sino que, al momento de calificar su accionar en un ilícito esté plenamente identificado en cuanto a su participación en el mismo, este requisito es inicialmente exigible a los Fiscales quienes al momento de la presentación de la acusación, deberán fundamentar en forma objetiva, cuál fue la participación de cada uno de los acusados en hecho en concreto, para que durante la tramitación del juicio oral, está atribución sea demostrada con prueba idónea y legal, por lo que DEBE EXISTIR EN LA SENTENCIA UNA CONSIDERACIÓN ACERCA DEL SUPUESTO APORTE DELICTIVO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS IMPUTADOS SE DEBE DETERMINAR Y ESTABLECER LA DISTINTA PARTICIPACIÓN QUE HA TENIDO CADA AUTOR Y/O CÓMPLICE, EN EJECUCIÓN O DESPUÉS DE SU REALIZACIÓN, determinando. en este caso concreto, como mi persona, mujer mayor, pudo dar muerte a mi hermano, cual la concreta motivación de estos hechos, cuales las pruebas o testigos que afirman estos hechos, de esta manera, la sentencia no puede hablar de forma genérica que por elementos recolectado mi persona es culpable de asesinato, sin determinar de forma concreta y objetiva con que elementos se me encuentra culpable de haber asesinado a mi hermano; concluyéndose que en el presente caso no se ha individualizado la participación de mi persona, con prueba alguna. Con referencia al precedente contradictorio, invocado relativo a la obligatoriedad de los Tribunales de realizar la individualización de la conducta del imputado, se tiene entre otros: AUTO SUPREMO Nº 148/2014; AUTO SUPREMO NO. 193/2013, la ausencia de fundamentación constituye defecto absoluto porque afecta el derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, “Por Io que el imputado no está suficientemente individualizado" (sic.). Que la omisión de fundamentación en la Sentencia constituye defecto insubsanable al tenor del artículo 370 incisos 1), 5), y 6) del Código de Procedimiento Penal y que en el caso, en ninguna parte de la resolución de mérito se fundó, de qué forma su persona adecuó su conducta al ilícito denunciado que no existe subsunción a la norma sustantiva, por ende el imputado no está suficientemente individualizado. Finalmente haciendo un análisis de la autoría, conducta y culpabilidad, señala que "sin Intención ni negligencia, es decir sin dolo ni culpa no culpabilidad, siendo un elemento genérico necesario del delito por lo que e/ Imputado no está suficientemente individualizado" (sic). CUARTO: En la parte resolutiva se tiene que mi persona Benedicta García Sánchez, es “..... AUTORA del delito de asesinato, previsto y sancionado en el art. 252 inc. 3 del Código de Penal…..”; el inc. 3 al que hace referencia se refiere a: ALEVOSÍA Y ENSAÑAMIENTO, Fernando Villamor Lucia, en su libro Derecho Penal Boliviano, parte Especial, pag. 181, enseña textual "Existe alevosía cuando se mata en forma segura aprovechando que la víctima se encuentra desprevenida Incapaz de defenderse. Como dice Creus, objetivamente es necesario que la víctima se encuentre en situación de indefensión, que le impida oponer resistencia que se transforme en un riesgo para el agente. Subjetivamente, no basta la indefensión de la víctima sino que el autor debe querer obrar sobre seguro, obrar sin el riesgo que pueda implicar la reacción de la víctima o de terceros dirigida a oponerse a su acción" continuando advierte "Se entiende por ensañamiento, la actitud del sujeto activo de prolongar deliberadamente los padecimiento de la víctima, Su esencia consiste, al decir de Rodríguez Devesa, en el "malvado propósito de hacer vivo y sensible el sufrimiento de la víctima". Cuello Calon, justifica esta calificante con estos términos "El criminal que después de haber causado a/ ofendido heridas mortales, de modo refinado y cruel prolonga los sufrimientos de la víctima manifiesta una especial perversidad y se revela como un crimina/ sumamente peligroso lo que justifica la estimación de esta cualificativa", De acuerdo a lo manifestado existe defectos flagrantes en la sentencia, previsto en los incs. 6 y 8 del art. 370 del C.P.P., en merito a que de toda la prueba aportada tanto por la parte acusadora particular como por el Ministerio Publico, no existe elemento probatorio alguno que determine a.) Que mi persona te haya quitado la vida a mi hermano Patricio García y b.) Que mi persona haya realizado ese cruel asesinato con alevosía o ensañamiento, esto debido a que de acuerdo a la autopsia realizada en fecha 19 de julio de 2013 LA CAUSA DE LA MUERTE: ASFIXIA MECÁNICA POR ESTRANGULAMIENTO A LAZO ANOXIA CEREBRAL. Que durante el juicio oral fue presente el testigo Dr. Dorian Chávez Abasto, declaración a la que el Tribunal le dio Valor Relevante, en fa que manifestó, entre otras afirmaciones (acta de registro de Juicio)… "La herida en la nariz fue producida Por un mecanismo de contusión o golpe, podrid ser este golpe producido por un puño por ejemplo….” Siendo mi persona mujer mayor, como he podido puñetear a mi hermano, además con la fuerza que se requiere para producir esas lesiones, es inconcebible pensar y acreditar que mi persona sea la autora de mismos, peor aún, continuando con las afirmaciones realizadas por el médico forense se tiene que "El estrangulamiento fue probablemente con uno cuerda, se dice estrangulamiento a lazo…”, esto significa que a mi hermano lo estrangularon, con uno lazo o material similar, paro que realizar es tipo de muerte el autor, por lógica, debe tener una fuerza superior a la víctima, puesto que operara resistencia de la misma, con que fuerza. hubiera podido realizar este acto, soy mujer dc contextura no gruesa, imposible que mi persona haya podido rebasar la resistencia de mí hermano y menos aún tener la fuerza para hacerlo, estas afirmaciones demás lógicas, en un análisis objetivo por parte del Tribunal, debieron llevar a la duda razonable en cuanto a que mi persona no pudo producir esas lesiones que causaron la muerte a mi hermano, no existe alguno que acredite que fui yo la causante de la muerte del occiso, que por las características descritas no se descarta el hecho de que esta muerte haya sido producida por una persona de sexo masculino, que si contaba con la fuerza para darte un puñete y ahorcar occiso; No existe prueba o elemento alguno que acredite que mate a hermano y mucho menos que actué con alevosía o ensañamiento, no existe FUNDAMENTACIÓN ALGUNA EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA QUE DETERMINE QUE DESPUES DE MATAR AL OCCISO, EL AUTOR ACTUO CON ALEVOSIA O ENSAÑAMIENTO, conclusión a la que los miembros del Tribunal, arribaron de forma por demás irresponsable y genérica, de esta manera adecuaron la resolución lo previsto por el art. 370 inc. 6 y 8 del C.P.P., por cuanto basaron la sentencia en hechos inexistentes y no comprobados, debido a que la ausencia de certeza sobre la participación en el hecho, confiere incongruencia y contradicción entre la parte resolutiva y considerativa de la Sentencia, Como precedente de la congruencia que debe existir en la parte Considerativa y resolutiva de las resoluciones, podemos citar: AUTO SUPREMO NO 367/2014 RRC. En sentido similar, pero de forma más amplia, la Sentencia constitucional 0651/2014, de 25 de marzo de 2014, refirió: “Entre elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia. Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia Española, la congruencia es: Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. F. Der. Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio" En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que te dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión" (Las negrillas son nuestras). Ahora bien, es preciso dejar sentado que, la exigencia de congruencia, debe ser acatada también por los Tribunales impugnación, toda vez que una resolución incongruente, no permite cumplir con eficacia la Resolución y por ende, no se brinda la tutela judicial efectiva solicitada, pues la congruencia constituye un requisito de validez para todo fallo. Auto Supremo Nº 085/2013 RRC. Por lo que en el presente caso se ha omitido la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones; por lo que los jueces están obligados a fundamentar con respecto a toda la prueba producida, conforme a esta obligatoriedad deben realizar una valoración de los medios de prueba, otorgando un valor a de cada uno de ellos y luego comparar los hechos aportados individualmente con lo alegado por las partes, con lo cual se determinando cuáles son los hechos probados, exigiéndose una exposición clara, lógica y completa de valoración de los medios de prueba y de los hechos y circunstancias que se dieren por probados ello no se cumple en el caso de autos, ya que no se describe con que elemento de prueba se me ha encontrado culpable, o se ha desestimado mi responsabilidad. La Constitución Política del Estado en su Art. 16 reza SE PRESUME LA INOCENCIA DEL EMCAUSADO MIENTRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD, este principio es la otra cara de la medalla “IN DUBIO PRO REO", Siendo la presunción de inocencia un estado del que gozan todos los habitantes sometidos a las normas jurídicas de nuestro territorio, para destruir el mismo es necesario que mediante pruebas legales, se demuestre su culpabilidad a través de un debido proceso con sentencia ejecutoriada, por autoridad competente. Sin embargo, no toda prueba puede demostrar la participación en un hecho delictual del imputado, ya que las mismas pueden ser insuficientes o adquiridas en forma ilegal; es decir que la prueba debe ser plena de modo que pueda convencer al tribunal de justicia sin ningún tipo de duda; ante la existencia de "duda", la prueba no es plena y se debe tomar en cuenta el principio de LA DUDA RAZONABLE, motivo por el cual el juzgador no puede condenar a ningún imputado.” I.4. Responde de Lía Irene López Zerna a la apelación interpuesta por Martina Vargas García. Mediante escrito de 12 de septiembre de 2016, Liz Irene López Zerna a momento de responder el recurso, solicito se declare improcedente el recurso de apelación y se confirme la Sentencia apelada, argumento lo siguiente: “II. ANALISIS DEL INSTITUTO JURIDICO DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA. 2.1. Al presente luego de una atenta revisión de los argumentos del recurso de apelación restringida, tengo a bien responder el mismo con base a los siguientes fundamentos legales en forma objetiva y puntual: 2.1.1. De acuerdo al sistema procesal penal que rige, actualmente los procesos penales se caracterizan por su celeridad, oralidad y contradicción, quedando suprimido la doble instancia, a cuya consecuencia el legislador a tiempo de emitir el Ordenamiento Penal Adjetivo en lo inherente a los Recursos de Apelación, ha precautelado ciertos requisitos de procedibilidad en los recursos de Apelación, de modo quo el Art. 407 dispone que (sic) "El recurso de apelación restringida será interpuesta por inobservancia o errónea aplicación de la ley... Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto de procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a los artículos 169 y 370 de éste Código... Este recurso solo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes." Pese a la meridiana claridad establecida por la doctrina legal aplicable, en el caso presente la apelante no deja de sorprenderme con la formulación del recurso de apelación ya que a Io largo del desarrollo de juicio oral no ha desvirtuado la prueba producida por esta parte, como ser la prueba testifical, documental, las inspecciones y las evidencias obtenidas y judicializadas en su contra. 2.1.2. Por otra parte, cabe resaltar que de acuerdo a la regla general prevista por el Art. 396 numeral 3) del Cdgo. de Pdto. Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el citado precepto legal, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida y de conformidad al Art. 408 del Cdgo. De Pdto. Penal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada con la sentencia, hecho que no ocurre en el presente caso conforme so tiene de la fecha de lectura la sentencia y la presentación del memorial de apelación. Asimismo debo referir quo en la apelación se deberán citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresara cual es la aplicación quo pretendo, de la misma forma se debe indicar separadamente cada violación o quebrantamiento de la ley con sus respectivos fundamentos. En el caso sublite de la revisión del recurso de apelación, se esgrime que el mismo no cumple con las exigencias requeridas por la norma procesal penal, que dicho sea de paso es de orden público y de cumplimiento obligatorio, en este caso el recurso de apelación objeto del presente responde apenas se circunscribe a generalizar los actos valorativos de la prueba y a la transcripciones de preceptos legales y Autos Supremos que no vienen al caso, por no tener base fáctica similar al hecho procesado. 2.1.3. Si bien es cierto que el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos Procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Cdgo. de Pdto. Penal. En este contexto, el art, 398 del Cdgo. de Pdto. Penal, establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la resolución, e sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción el sentido cuando en una situación de hecho similar, jurídico que se asigna a la sentencia impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presento, que el actual régimen de recursos establecido por el Código do Procedimiento Penal, como ser en el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta jurídica y respecto al derecho a la autoridad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la ley del órgano judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados. En el caso que nos ocupa el recurso de apelación de 16 de agosto de 2016 no cumple con dicho precepto legal y en Io más remoto hace referencia precedentes contradictorios, ni con la misma base fáctica ni con el mismo razonamiento intelectivo y lógico sobre la incorrecta aplicación de la normas adjetiva. III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION. 3.1. De acuerdo a los Arts. 407 y 408 del Cdgo. De Pdto. Penal, el recurso de apelación restringida debe cumplir cierto requisitos de forma y de fondo, en lo inherente al caso el A. S. Nº 73 de 10 de febrero del 2004, en su Doctrina Legal, refiere (sic) “Que conforme a la norma legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal es esencialmente de puro derecho y en su análisis el Tribunal no Puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por órgano judicial de sentencia, consecuentemente no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra ligado a ajustar su actividad jurisdiccional". Por su parte el A. S. Nº 566 de 1 de octubre del 2004, señala (…) De la doctrina legal precitado, se colige que la solicitud del apelante al pretender anular la sentencia de 8 de julio de 2016 y por ende el proceso, para desarrollar otro juicio oral, quebrantando el principio del NONBIS IN IBIDEM no se enmarca a la doctrina legal aplicable por su carácter vinculante estipulada en el Art. 420 del Pdto. Penal. 3.2. De acuerdo al Sistema Probatorio, contrastado con el desarrollo del presente juicio oral, el A. S. Nº 214 de 28 de marzo del 2007 dispone: (sic) El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana critica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. IV. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA N O 33/16 DE 22 DE MARZO DE 2016 OBJETO DE RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL. 4.1. De la revisión minuciosa de la Sentencia 07/16 de 8 de julio de 2016, se observa que el mismo se adecua y cumple con todos los requisitos señalados por el Art. 360 del Cdgo. de Pdto. Penal en sus cinco nomencladores. Sin embargo de la claridad y la coherencia lógica de dicho fallo, es obvio suponer que la apelante, al no haber desvirtuado los elementos probatorios objetivos en su contra no le queda otra cosa que forzar el presente recurso. Al presente, como es obvio, a través del presente recurso pretende descalificar un juicio desarrollado acorde al ordenamiento legal vigente. 4.2. El apelante hace también mención que el proceso no cumple con el debido proceso, en su elemento correlación lógica y por ende vulneraria el principio de la coherencia; al respecto debo señalar, que la Sentencia Constitucional NO 0316/2010—R de 15 de junio, refiere que la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos impidiendo sanción sobre otros arbitrariamente incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso penal, que circunscribe su desarrollo a Io descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del puerto. Buenos Aires, 2010). Al respecto, el "hecho" no es simplemente un determinado tipo penal, sino el acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica, supuesto que —se reitera— será dilucidado a través del proceso penal y que previo debate concluirá en una sentencia. Resumiendo, la congruencia en materia penal, se concreta de la relación circunstanciada de los hechos fácticos punibles y la pena que por ellos —si resultaren probados— se disponga en sentencia; no así, de la sola calificación de éstos. En definitiva, la conformidad, coherencia y concordancia entre la relación fáctica del fallo —determinante para lo que se resuelva— y los hechos o circunstancias penalmente relevantes descritos en la acusación, suponen la observancia y cumplimiento del debido proceso, en su elemento "congruencia"; por tanto, las autoridades administradoras de justicia penal "están obligadas a esclarecer por completo el hecho, tanto en su aspecto fáctico como jurídico" (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Pág. 59). V. REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE DEFECTOS PROCESALES ABSOLUTOS Y RELATIVOS RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Respecto a la supuesta valoración defectuosa de la prueba la apelante en forma lírica y no fundamentado pretende hacer del Tribunal de alzada una doble instancia en el juzgamiento, pese a que la Doctrina Legal Aplicable nos enseña que no puede el Tribunal de Apelación revisar cuestiones de hecho a cargo de los Jueces o Tribunales de instancia donde al Tribunal de la causa, le corresponde analizar correctamente todos los supuestos de hechos acusados y probados de cada uno de los tipos penales, haciendo una adecuada subsunción normativa de la conducta de los imputados en los ilícitos acusados; conforme a ocurrido en la especie. Por otra parte, corresponde a la apelante establecer los defectos absolutos, conforme a la previsión contenida en los arts. 167 y 169 del Cdgo. de Pdto. Penal, de modo que en la exposición de agravios, debe efectuar una explicación fundamentada, del por qué, y concretamente, cómo considera que el acto denunciado le causó perjuicio, además debe señalar qué derechos y garantías constitucionales fueron restringidos a consecuencia del acto u omisión considerado ilegal, puesto que en atención y observancia al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, los Jueces y Tribunales no pueden declarar la nulidad de actos procesales basados únicamente en denuncias o ritualismos de orden formal, sin la fundamentación del presunto agravio causado, y en desconocimiento de los principios supra señalados, que están orientados en la búsqueda de la aplicación efectiva del derecho al debido proceso, sin dilaciones y sin nulidades indebidas. En el caso presente ninguno de los requisitos establecidos ha sido cumplido por el recurso de apelación ni en la forma ni en el fondo, en todo caso de la simple lectura y análisis de la sentencia el mismo cumple con el voto previsto por los Arts. 360, 361 y 362 del Cdgo. de Pdto. Penal, el cual no solo hace un análisis de la prueba de cargo y de descargo sino que valora cada una de las pruebas en forma aislada y en forma conjunta unas con otras y producto de ello genera una razonamiento intelectivo del conjunto de los hechos y los elementos probatorios dentro el marco do las reglas generales de razonabilidad, lógica y sana critica de 103 juzgadores, en consonancia con la motivación de la sentencia corno requisito formal inminente o Intelectual del contenido crítico, valorativo y lógico, la escritora CLARIA OLMEDO señala (sic) “Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los considerandos de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los fundamentos facticos y jurídicos que justifiquen la resolución. La motivación debe ser expresa, clara, legitima y lógica.” VI. SUPUESTA VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA. 6.1. Sobre el inc. 4) del art. 370 del Cdgo. de Pdto. Penal sobre la misma temática, debo referir que no es cierto que la sentencia se base en elementos probatorios no incorporados legalmente o incorporados a juicio en violación a normas del Cdgo. de Pdto. Penal, dicha aseveración en los hechos no es más que una especulación, ya que todos los medios de prueba han sido obtenido en forma licita y no han vulnerado ningún derecho o garantía constitucional de la defensa de lo contrario dichas pruebas hieran sido objeto de exclusión probatoria, prueba de ellos son las actas de desarrollo del juicio oral. 6.2. Con relación al inc 5) del Art. 37 del Cdgo. de Pdto. Penal, relativo a que no exista fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o sea contradictorio, dicho argumento para hacer atendible el recurso de Apelación no tiene mérito, ya que de la lectura integra de la sentencia se observa que el mismo está debidamente fundamentado en preceptos legales y elementos probatorios lícitamente obtenidos y debidamente judicializados, para corroborar dicha aseveración me remito a las actas del desarrollo del juicio oral. En todo caso de la lectura de Sentencia se tiene que el mismo guarda una secuencia lógica estructural que debe contener un fallo de esa naturaleza, por cuanto el Tribunal pronuncio dicho fallo con base a todos los elementos de prueba tanto de cargo como de descargo, principalmente de la evidencias introducidas al proceso las declaraciones de los testigos donde de forma objetiva han referido que MARÍA MARTINA VARGAS GARCIA, a ultranza ha pretendido que en la morgue a tiempo de hacer el reconocimiento del cadáver se diga que no es la misma persona refiriéndose al occiso PATRICO GARCIA SÁNCHEZ, con la intención de que se lo deje y lo arrojen en una fosa común y a partir de ello dejar en la impunidad el accionar de la cruel MARTINA VARGAS GARCIA. Asimismo se ha descrito cada uno de los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, anunciado el contenido esencial de cada prueba y procedimiento a valorar conforme señala el art. 173 de la norma procesal penal vigente, explicando los motivos por las cuales se ha llegado a determinadas convicciones a través de la valoración individual y conjunta cumpliendo de esta forma con la fundamentación en forma adecuada. Al respecto el Auto supremo 0903/201 de 22 de agosto refiere: (sic). “..la motivación y fundamentación de una resolución, no necesariamente implica que su exposición sea exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida fundamentación implica que la resolución sea clara y concisa donde se exponga las razones determinativas que justifican la decisión asumida; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte resolutiva del fallo, aspectos que se evidencia cumplen tanto la Sentencia así como el Auto de Vista recurrido”. 6 3. Con referencia al inc. 6) del art. 370 del Cdgo. de Pdto. Penal relativo a que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa e la prueba, Pese a la escasa fundamentación del recurso de apelación restringida en lo atinente a este punto, a mayor abundamiento me permito transcribir el Auto Supremo No 151 de 2 de febrero de 2007 evacuada por le Excma. Corte suprema de Justicia el cual ha tiempo de generar doctrina legal aplicable señala: (sic). “DOCTRINA LEGAL APLICABLE que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse; dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados”. Por su parte el Auto Supremo No 214 de 28 de marzo de 2007 ha establecido: (sic). "DOCTRINA LEGAL APLICABLE. El sistema de la sana crítica , otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia Io que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego. Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre las indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoraci6n se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y Ilana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto en el que se omite realizar una exposición razonada de motivos en que se funda. El tribunal de sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si e iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son la lógica, la experiencia común y las psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les este permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar con motivo de recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnarte a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explicito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa de la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violencia a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia este fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican si nos enseñan cual es la verdad o cuales son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la compresión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo,” A partir de la doctrina se llega al pleno convencimiento que la apelante se ha limitado a exponer supuestos hechos desde su perspectiva, sin indicar concretamente los motivos por los que considere que en la sentencia existe incorrecta o defectuosa valoración de la prueba, es decir no se explicita cuáles son las pruebas que se han valorado defectuosamente y que reglas de la lógica, experiencia y psicología han sido quebrantados en su valoración. VII. AUSENCIA DE PRECEDENTES CONTRADICTORIOS. Por otra parte, está ampliamente probada la ausencia de precedentes contradictorios relativos al caso prueba de ello es el mismo memorial de apelación restringida de cuyo tenor se extracta que los precedentes enunciados no vienen al caso no tienen la misma base fáctica aplicable al caso. Asimismo debo señalar que la invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, consiste en que el recurrente debe señalar en términos claros y precisos la contradicción existentes entre el Auto de vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal supremo de Justicia o Autos de vista pronunciados por los tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que deberían aplicarse y la solución pretendida. Esto significa que, no basta la simple mención, invocación transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP) sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito”. I.5. Responde de Lia Irene López Zerna a la apelación interpuesta por Benedicta García Sánchez: Mediante escrito de 19 de septiembre de 2016, Liz Irene López Zerna a momento de responder el recurso, solicitó se declare improcedente el recurso de apelación y se confirme la Sentencia apelada, argumentando lo siguiente: “II. ANÁLISIS DEL INSTITUTO JURÍDICO DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA. 2.1. Al presente luego de una atenta revisión de los argumentos del recurso de apelación restringida, tengo a bien responder el mismo con base a los siguientes fundamentos legales en forma objetiva y puntual: 2.1.1. De acuerdo al sistema procesal penal que rige, actualmente los procesos penales se caracterizan por su celeridad, oralidad y contradicción, quedando suprimido la doble instancia, a cuya consecuencia el legislador a tiempo de emitir el Ordenamiento Penal Adjetivo en lo inherente a los Recursos de Apelación, ha precautelado ciertos requisitos de procedibilidad en los recursos de Apelación, de modo quo el Art. 407 dispone que (sic) "El recurso de apelación restringida será interpuesta por inobservancia o errónea aplicación de la ley... Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto de procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a los artículos 169 y 370 de éste Código... Este recurso solo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes." Pese a la meridiana claridad establecida por la doctrina legal aplicable, en el caso presente la apelante no deja de sorprenderme con la formulación del recurso de apelación ya que a Io largo del desarrollo de juicio oral no ha desvirtuado la prueba producida por esta parte, como ser la prueba testifical, documental, las inspecciones y las evidencias obtenidas y judicializadas en su contra pese al esfuerzo que hizo en hacer desaparecer de la F.E.L.C.C. de Sacaba, el trozo de pita recolectada del cuello de la víctima así como los hisopos recolectados de la movilidad, para posteriormente referir porque la fiscalía no ha presentado al prueba genética de los mencionados hisopos. 2.1.2. Por otra parte, cabe resaltar que de acuerdo a la regla general prevista por el Art. 396 numeral 3) del Cdgo. de Pdto. Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el citado precepto legal, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida y de conformidad al Art. 408 del Cdgo. De Pdto. Penal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada con la sentencia, hecho que no ocurre en el presente caso conforme so tiene de la fecha de lectura la sentencia y la presentación del memorial de apelación. Asimismo debo referir quo en la apelación se deberán citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresara cual es la aplicación quo pretendo, de la misma forma se debe indicar separadamente cada violación o quebrantamiento de la ley con sus respectivos fundamentos. En el caso sublite de la revisión del recurso de apelación, se esgrime que el mismo no cumple con las exigencias requeridas por la norma procesal penal, que dicho sea de paso es de orden público y de cumplimiento obligatorio, en este caso el recurso de apelación objeto del presente responde apenas se circunscribe a generalizar los actos valorativos de la prueba y a la transcripciones de preceptos legales y Autos Supremos que no vienen al caso, por no tener base fáctica similar al hecho procesado para que poder ser usados como precedentes contradictorios. 2.1.3. Si bien es cierto que el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos Procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Cdgo. de Pdto. Penal. En este contexto, el art, 398 del Cdgo. de Pdto. Penal, establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la resolución, e sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción el sentido cuando en una situación de hecho similar, jurídico que se asigna a la sentencia impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presento, que el actual régimen de recursos establecido por el Código do Procedimiento Penal, como ser en el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta jurídica y respecto al derecho a la autoridad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la ley del órgano judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados. En el caso que nos ocupa el recurso de apelación de 29 de agosto de 2016 no cumple con dicho precepto legal y en Io más remoto hace referencia precedentes contradictorios, ni con la misma base fáctica ni con el mismo razonamiento intelectivo y lógico sobre la incorrecta aplicación de la normas adjetiva. Es así que de los precedentes contradictorios transcritos por la adversa sin lugar a duda se tiene Io siguiente: El Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004 hace mención a que todas las resoluciones deben estar debidamente fundamentadas, en el caso presente la sentencia se halla ampliamente fundamentado además que dicho fallo no ha sido reemplazado por una simple relación de documentos conforme se advierte de la misma sentencia, por Io que el recurso basado en este argumento carece de méritos. Con relación al Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006, el mismo hace referencia al componente sustancial de la sana crítica, se halla plasmado en la logicidad del fallo la experiencia y vivencia de los miembros del tribunal en el desarrollo del juicio oraI respecto a las distintas declaraciones do la prueba testifical de cargo y la renuncia de la prueba testifical de cargo y la renuncia de la prueba testifical de descargo por Ias severas contradicciones en las que incurrieron los testigos de la adversa por lo que luego de la declaración de su primer testigo ha renunciado a dicha prueba sumado a ello los distintos episodios emocionales que demostraron las acusadas ante las declaraciones de sus propios hermanas quienes se encargaron a desmentir la hipótesis de la defensa. También debo referir que el caso que nos ocupa la apelante no ha desvirtuado en lo más remoto el nezo causal antijurídico que le motivo a cometer semejante acto de asesinato a su propio hermano por el solo hecho de que la víctima aparentemente habría sustraído de entre sus pertenencias la suma de 3.000 Bs., los cuales eran producto de la venta de los anima litos de corral de la apelante, así hubiera sido cierto dicha sustracción de dineros; sin embargo, nada justifica tan cruel matanza de su propio hermano y nada menos por la suma de 3.000 Bs. III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION. 3.1. De acuerdo a los Arts. 407 y 408 del Cdgo. De Pdto. Penal, el recurso de apelación restringida debe cumplir cierto requisitos de forma y de fondo, en lo inherente al caso el A. S. Nº 73 de 10 de febrero del 2004, en su Doctrina Legal, refiere (sic) “Que conforme a la norma legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal es esencialmente de puro derecho y en su análisis el Tribunal no Puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por órgano judicial de sentencia, consecuentemente no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra ligado a ajustar su actividad jurisdiccional". Por su parte el A. S. Nº 566 de 1 de octubre del 2004, señala (SIC). "El recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores procedimiento o de aplicación indebida de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o en la omisión de la sentencia, y no se debe por ello revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho analizadas por los Jueces o Tribunales pues tal recurso está destinado a garantizar los derechos constitucionales y velar por la aplicación de los principios del debido proceso. El Tribunal de Alzada está obligado a ajustar su actividad .jurisdiccional a las normas contenida en el art. 413 del Cód. Pdto. Penal”. De la doctrina legal precitado, se colige que la solicitud del apelante al pretender anular la sentencia de 8 de julio de 2016 y por ende el proceso, para desarrollar otro juicio oral, quebrantando el principio del NONBIS IN IBIDEM no se enmarca a la doctrina legal aplicable por su carácter vinculante estipulada en el Art. 420 del Pdto. Penal. 3.2. De acuerdo al Sistema Probatorio, contrastado con el desarrollo del presente juicio oral, el A. S. Nº 214 de 28 de marzo del 2007 dispone: (sic) El sistema de la sana critica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana critica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. IV. ANALISIS DE LA SENTENCIA N O 33/16 DE 22 DE MARZO DE 2016 OBJETO DE RECURSO DE APELACION INCIDENTAL. 4.1. De la revisión minuciosa de la Sentencia 07/16 de 8 de julio de 2016, se observa que el mismo se adecua y cumple con todos los requisitos señalados por el Art. 360 del Cdgo. de Pdto. Penal en sus cinco nomencladores. Sin embargo de la claridad y la coherencia lógica de dicho fallo, es obvio suponer que la apelante, al no haber desvirtuado los elementos probatorios objetivos en su contra no le queda otra cosa que forzar el presente recurso. Al presente, como es obvio, a través del presente recurso pretende descalificar un juicio desarrollado acorde al ordenamiento legal vigente. 4.2. La apelante hace también mención que el proceso no cumple con el debido proceso, en su elemento correlación lógica y por ende vulneraria el principio de la coherencia; al respecto debo señalar, que la Sentencia Constitucional NO 0316/2010—R de 15 de junio, refiere que la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos impidiendo sanción sobre otros arbitrariamente incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso penal, que circunscribe su desarrollo a Io descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del puerto. Buenos Aires, 2010). Al respecto, el "hecho" no es simplemente un determinado tipo penal, sino el acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica, supuesto que —se reitera— será dilucidado a través del proceso penal y que previo debate concluirá en una sentencia. Resumiendo, la congruencia en materia penal, se concreta de la relación circunstanciada de los hechos fácticos punibles y la pena que por ellos —si resultaren probados— se disponga en sentencia; no así, de la sola calificación de éstos. En definitiva, la conformidad, coherencia y concordancia entre la relación fáctica del fallo —determinante para lo que se resuelva— y los hechos o circunstancias penalmente relevantes descritos en la acusación, suponen la observancia y cumplimiento del debido proceso, en su elemento "congruencia"; por tanto, las autoridades administradoras de justicia penal "están obligadas a esclarecer por completo el hecho, tanto en su aspecto fáctico como jurídico" (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Pág. 59). V. REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE DEFECTOS PROCESALES ABSOLUTOS Y RELATIVOS RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Respecto a la supuesta valoración defectuosa de la prueba la apelante en forma lírica y no fundamentado pretende hacer del Tribunal de alzada una doble instancia en el juzgamiento, pese a que la Doctrina Legal Aplicable nos enseña que no puede el Tribunal de Apelación revisar cuestiones de hecho a cargo de los Jueces o Tribunales de instancia donde al Tribunal de la causa, le corresponde analizar correctamente todos los supuestos de hechos acusados y probados de cada uno de los tipos penales, haciendo una adecuada subsunción normativa de la conducta de los imputados en los ilícitos acusados; conforme a ocurrido en la especie. Por otra parte, corresponde a la apelante establecer los defectos absolutos, conforme a la previsión contenida en los arts. 167 y 169 del Cdgo. de Pdto. Penal, de modo que en la exposición de agravios, debe efectuar una explicación fundamentada, del por qué, y concretamente, cómo considera que el acto denunciado le causó perjuicio, además debe señalar qué derechos y garantías constitucionales fueron restringidos a consecuencia del acto u omisión considerado ilegal, puesto que en atención y observancia al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, los Jueces y Tribunales no pueden declarar la nulidad de actos procesales basados únicamente en denuncias o ritualismos de orden formal, sin la fundamentación del presunto agravio causado, y en desconocimiento de los principios supra señalados, que están orientados en la búsqueda de la aplicación efectiva del derecho al debido proceso, sin dilaciones y sin nulidades indebidas. En el caso presente ninguno de los requisitos establecidos ha sido cumplido por el recurso de apelación ni en la forma ni en el fondo, en todo caso de la simple lectura y análisis de la sentencia el mismo cumple con el voto previsto por los Arts. 360, 361 y 362 del Cdgo. de Pdto. Penal, el cual no solo hace un análisis de la prueba de cargo y de descargo sino que valora cada una de las pruebas en forma aislada y en forma conjunta unas con otras y producto de ello genera una razonamiento intelectivo del conjunto de los hechos y los elementos probatorios dentro el marco do las reglas generales de razonabilidad, lógica y sana critica de 103 juzgadores, en consonancia con la motivación de la sentencia corno requisito formal inminente o Intelectual del contenido crítico, valorativo y lógico, la escritora CLARIA OLMEDO señala (sic). “Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los considerandos de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los fundamentos facticos y jurídicos que justifiquen la resolución. La motivación debe ser expresa, clara, legitima y lógica.” VI. SUPUESTA VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA. 6.1. Sobre el inc. 4) del art. 370 del Cdgo. de Pdto. Penal sobre la misma temática, debo referir que no es cierto que la sentencia se base en elementos probatorios no incorporados legalmente o incorporados a juicio en violación a normas del Cdgo. de Pdto. Penal, dicha aseveración en los hechos no es más que una especulación, ya que todos los medios de prueba han sido obtenido en forma licita y no han vulnerado ningún derecho o garantía constitucional de la defensa de lo contrario dichas pruebas hieran sido objeto de exclusión probatoria, prueba de ellos son las actas de desarrollo del juicio oral al extremo que las pruebas judicializadas no han sido objeto de reserva de apelación. 6.2. Con relación al inc. 5) del Art. 37 del Cdgo. de Pdto. Penal, relativo a que no exista fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o sea contradictorio, dicho argumento para hacer atendible el recurso de Apelación no tiene mérito, ya que de la lectura integra de la sentencia se observa que el mismo está debidamente fundamentado en preceptos legales y elementos probatorios lícitamente obtenidos y debidamente judicializados, para corroborar dicha aseveración me remito a las actas del desarrollo del juicio oral. En todo caso de la lectura de Sentencia se tiene que el mismo guarda una secuencia lógica estructural que debe contener un fallo de esa naturaleza, por cuanto el Tribunal pronuncio dicho fallo con base a todos los elementos de prueba tanto de cargo como de descargo, principalmente de la evidencias introducidas al proceso las declaraciones de los testigos donde de forma objetiva han referido que MARÍA MARTINA VARGAS GARCIA, a ultranza ha pretendido que en la morgue a tiempo de hacer el reconocimiento del cadáver se diga que no es la misma persona refiriéndose al occiso PATRICO GARCIA SÁNCHEZ, con la intención de que se lo deje y lo arrojen en una fosa común y a partir de ello dejar en la impunidad el accionar de la cruel MARTINA VARGAS GARCIA Y BENEDICTA GARCIA SÁNCHEZ. Asimismo en el desarrollo del juicio oral ha salido a la luz que la apelante BENDECITA GARCIA SÁNCHEZ, no siquiera ha participado de los actos de sepelio de su hermano, las razones son más que obvia, al ser autora directa de la muerte no tenía por qué ser parte de los dolientes como lo hicieron las otras hermanas del occiso. Por otra parte se ha descrito cada uno de los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, anunciado el contenido esencial de cada prueba y procedimiento a valorar conforme señala el art. 173 de la norma procesal penal vigente, explicando los motivos por las cuales se ha llegado determinadas convicciones a través de la valoración individual y conjunta cumpliendo de esta forma con la fundamentación en forma adecuada. Al respeto el Auto Supremo 09003/201 de 22 de agosto refiere: (sic) “..la motivación y fundamentación de una resolución, no necesariamente implica que su exposición sea exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida fundamentación implica que la resolución sea clara y concisa donde se exponga las razones determinativas que justifican la decisión asumida; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte resolutiva del fallo, aspectos que se evidencia cumplen tanto la Sentencia así como el Auto de Vista recurrido”. 6 3. Con referencia al inc. 6) del art. 370 del Cdgo. de Pdto. Penal relativo a que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa e la prueba, Pese a la escasa fundamentación del recurso de apelación restringida en lo atinente a este punto, a mayor abundamiento me permito transcribir el Auto Supremo No 151 de 2 de febrero de 2007 evacuada por le Excma. Corte suprema de Justicia el cual ha tiempo de generar doctrina legal aplicable señala: (sic). “DOCTRINA LEGAL APLICABLE que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse; dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados”. Por su parte el Auto Supremo No 214 de 28 de marzo de 2007 ha establecido: (sic). "DOCTRINA LEGAL APLICABLE. El sistema de la sana crítica , otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia Io que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego. Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre las indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoraci6n se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y Ilana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto en el que se omite realizar una exposición razonada de motivos en que se funda. El tribunal de sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si e iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son la lógica, la experiencia común y las psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les este permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar con motivo de recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnarte a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio. Ante la invocación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explicito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa de la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violencia a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia este fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican si nos enseñan cual es la verdad o cuales son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la compresión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo,”. A partir de la doctrina se llega al pleno convencimiento que la apelante se ha limitado a exponer supuestos hechos desde su perspectiva, sin indicar concretamente los motivos por los que considere que en la sentencia existe incorrecta o defectuosa valoración de la prueba, es decir no se explicita cuáles son las pruebas que se han valorado defectuosamente y que reglas de la lógica, experiencia y psicología han sido quebrantados en su valoración. VII. AUSENCIA DE PRECEDENTES CONTRADICTORIOS. Por otra parte, está ampliamente probada la ausencia de precedentes contradictorios relativos al caso prueba de ello es el mismo memorial de apelación restringida de cuyo tenor se extracta que los precedentes enunciados no vienen al caso no tienen la misma base fáctica aplicable al caso. Asimismo debo señalar que la invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, consiste en que el recurrente debe señalar en términos claros y precisos la contradicción existentes entre el Auto de vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal supremo de Justicia o Autos de vista pronunciados por los tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que deberían aplicarse y la solución pretendida. Al respecto el Auto Supremo 369/14 de 17 de septiembre de 2014 con relación al presente contradictorio ha establecido la siguiente línea: (sic). JURISPRUDENCIA DEL TRINUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CON RELACIÓN A LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL. El Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido una amplia doctrina vinculante con relación al derecho del recurrente a la motivación de la decisiones judiciales entre otros esa doctrina se sostiene con mayor amplitud en los autos Supremos: AS 431/2005 Sala Penal, AS 383/2012 Sala Penal liquidadora, AS 321/2013 SPII. La motivación es asumida en dichos fallos no como una justificación razonada, sino más bien como un agotamiento y respuesta de las solicitudes alegadas por el recurrente. En ese sentido la jurisprudencia de este Tribunal sostiene, que debe tenerse presente la argumentación del recurso en relación a la decisión judicial, permitiendo o limitando la amplitud de respuesta de los jueces en función al alcance del recurso en este sentido se enumera las posibilidades que obstruyen el trabajo de los Jueces para responder a las pretensiones de los recurso: “…i) que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus modalidades; la primera que la omisión este referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no solo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan las respuesta tacita.” Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del concurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la educación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.” I.6. Remisión del cuaderno procesal. Mediante resolución de 22 de septiembre de 2016 y merced al recurso de apelación restringida en análisis, el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de la Sacaba, dispuso la remisión del cuaderno procesal de fs. 658 (tres cuerpos), ante el Tribunal de alzada, por lo que previa asignación automatizada, fue recepcionado por la Sala Penal Tercera en 16 de febrero de 2017. II. CONTROL DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En observancia del principio de impugnación consagrado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (en adelante nominado simplemente: CPE), se pasa a examinar si los escritos recursivos de 16 de agosto de 2016 y 29 de agosto de 2016 cumplen con los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva. II.1. Presupuesto de impugnabilidad objetiva. Por mandato contenido en los arts. 394 y 396.3 del CPP, las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho código y en las condiciones de tiempo y forma también previstos por él. Respecto a los requisitos previstos por el art. 408 de la norma adjetiva penal, se tiene que el recurso de apelación restringida, además de ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia –forma y plazo , se debe: i) Citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas; y, ii) Expresar cuál la aplicación que de ellas (de las normas identificadas como violadas o erróneamente aplicadas) se pretende. En el caso, las apelaciones restringidas de 16 de agosto de 2016 y 29 de agosto de 2016 fueron interpuestas de modo escritural dentro los quince (15) días siguientes a la notificaciones practicadas en 27 de julio de 2016 y 09 de agosto de 2016, respectivamente; así las cosas, las circunstancias de tiempo y modo determinados por el art. 408 del CPP, fueron observadas por el impugnante, por lo que el recurso cumple con el presupuesto de impugnabilidad objetiva. II.2. Presupuesto de impugnabilidad subjetiva. Por mandato contenido en el art. 394 del CPP, el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la victima aunque no se hubiere constituido en querellante; entonces, habiendo sido los escritos de 16 de agosto de 2016 y 29 de agosto de 2016, suscritos por las acusadas María Martina Vargas García y Benedicta García Sánchez, respectivamente, se tiene que los recursos cumplen con el presupuesto de impugnabilidad subjetiva. II.3. Cumplidos los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, el Tribunal de alzada declara la ADMISIBILIDAD de los recursos de apelación restringida y pasa a resolver el fondo de las cuestiones planteadas. III. DOCTRINA INDICATIVA APLICABLE AL CASO. La siguiente: III.1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley. Respecto al significado de la expresión ‘inobservancia o errónea aplicación de la ley’ utilizada en el art. 407 CPP, la SC 1075/2003 R de 24 de julio, refirió: “Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones “inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003 R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial de la pena (SC 727/2003 R). Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos excepto el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 1. El hecho no existió 2. El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 3. El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370)”. III.2. Errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad). El Auto Supremo N° 329 de 29 de agosto de 2006 (Sala Penal Primera), al respecto sentó la siguiente Doctrina Legal Aplicable: “La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta. Por otra parte, conviene recordar que el Auto Supremo Nº 417/03 de 19 de agosto de 2003, estableció que la "tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo". III.3. La errónea aplicación de la ley sustantiva y su vinculación a los hechos probados. El Auto Supremo Nº 123/2017 RRC de 21 de febrero de 2017 (Sala Penal): “Bajo dichos argumentos, la referencia al art. 4 de la Ley 548, realizada por el Tribunal de apelación, carece de relevancia, no siendo evidente la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva penal; sumado al hecho de que el fundamento del imputado a fin de probar el tiempo en que ocurrió la supuesta violación, es un objeto de prueba; empero, no puede sustentarse en este aspecto la presunta errónea aplicación de la norma sustantiva, pues para sustentar este defecto, debe partirse de los hechos establecidos como probados por el A quo; aspecto que, no acontece en el caso de autos, por lo que no es evidente la supuesta vulneración de derechos y normas procesales y constitucionales alegadas por el imputado, por cuanto existe un pronunciamiento expreso y debidamente fundamentado de parte del Tribunal de apelación”. III.4. La defectuosa valoración probatoria. Respecto a la valoración defectuosa de la prueba, el A.S. Nº 222/2017 RRC de 21 de marzo (Sala Penal), refirió: “(…), pues la parte recurrente debe tener presente que cuando se alega la defectuosa valoración probatoria, para que su recurso surta el efecto deseado debe expresar las reglas de la lógica, que hubieren sido inobservadas por el Tribunal juzgador, además de vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, debiendo considerarse que el recurso basado en errónea apreciación de la prueba tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, resultando deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente tal cual sucedió en el caso presente, en el que la imputada se limitó a efectuar apreciaciones personales sobre las pruebas testificales producidas en juicio, cuando lo correcto, era que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica se acredite que la motivación de la sentencia está fundada por un hecho no cierto, que se haya invocado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, situación no acontecida en la apelación restringida resultando en consecuencia correcta la conclusión del Tribunal de alzada respecto a su imposibilidad de revalorizar la prueba. Consiguientemente, se concluye que no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, ya que el Tribunal de alzada dentro del ámbito de su competencia efectuó el control legal sobre la sentencia impugnada prueba de ello es el haber identificado los acápites de la resolución apelada en los que supuestamente se encontraban los defectos denunciados para luego previo el análisis correspondiente concluir que no eran evidentes los defectos alegados; pero, también de forma adecuada y acorde a la jurisprudencia existente sobre la revalorización probatoria fue claro al establecer que los Tribunales de alzada están impedidos de dicha labor, por lo que debe tenerse presente que para exigir el cumplimiento de derechos, se debe previamente cumplir con la correcta formulación de su recurso en este caso el de apelación restringida, el no hacerlo conlleva a que el Tribunal de alzada de manera adecuada observe su imposibilidad de revalorizar prueba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente motivo”. III.5. . DE LA INCORPORACIÓN DE PRUEBA AL JUICIO ORAL. El Auto Supremo Nº 300/2016 RRC de 21 de abril de 2016 (Sala Penal), en relación a la incorporación de prueba al juicio oral, sostuvo: “A objeto de resolver problema jurídico planteado, conviene recordar las garantías constitucionales durante la actividad probatoria está regida en primera oportunidad dentro del texto del Código de Procedimiento Penal en el art. 13, que al tenor indica: “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”. Con referencia, a las pruebas audiovisuales y legalidad, el art. 355 del CPP, estableció: “Las pruebas literales serán leídas y exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen. El Juez o el Presidente del Tribunal, en base al acuerdo de las partes, podrá ordenar la lectura parcial de éstas. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado. Las grabaciones y elementos de convicción de prueba audiovisuales serán reproducidos en la forma habitual. Se podrán efectuar careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado”. En ese sentido, a efectos de establecer si la introducción al juicio oral de la prueba, fue de manera ilegal, es importante observar la previsión contenida en el art. 171 del CPP que señala: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”. La normativa glosada permite la libertad probatoria; es decir, el Juez o Tribunal de Sentencia durante el desarrollo del juicio oral, podrá admitir todos los medios de prueba lícitos que sirvan para esclarecer el hecho y la responsabilidad penal del imputado; sin embargo, la libertad probatoria tiene el límite establecido en el art. 172 del CPP, esto es, la posibilidad de excluir prueba cuando refiere: “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código”. Lo anteriormente dicho, señala de manera clara los instrumentos y limitantes que el sistema procesal penal vigente posee con referencia a la introducción de pruebas en juicio oral; que se encuentran frontalmente referidos a los principios rectores de la prueba, tales como el de libertad probatoria y el de pertinencia (ambos recogidos en el texto del art. 171 del CPP); y a la plena actividad de acusación y defensa en el momento procesal pertinente a ser ejercida por las partes. Dentro de este marco, este Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 14/2013 de 6 de febrero, respecto a la introducción de la prueba y su legalidad estableció: “Uno de los principios que sustentan la actividad probatoria en materia penal en la jurisdicción del Estado, es el de legitimidad, dónde un medio de prueba será legítimo si no está prohibido expresamente por el ordenamiento jurídico procesal penal vigente o por el ordenamiento jurídico en general; y extensivo a que la actividad de probanza no sea contraria a la ética, o la dignidad e integridad de las personas; por ello el respeto a las garantías constitucionales durante la actividad probatoria está regida en primera oportunidad dentro del texto del Código de Procedimiento Penal en el art. 13, que al tenor indica: ‘Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor de prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito’. Aquella garantía procesal, delimita un contrapeso y escudo de protección para con el imputado, pues de manera taxativa se instruye la labor de los juzgadores de constatación de no vulneración de garantías tanto constitucionales como procesales, en el momento preciso del desfile probatorio, como en el trabajo de valoración de la prueba producida, quedando eximida de manera frontal la probabilidad de valoración de elementos o medios que contradigan la gama de garantías constitucionales previstas no solo en la Constitución Política del Estado, sino también en las Convenciones y Tratados internacionales suscritos y vigentes en el Estado conforme prevé el art. 172 del CPP. De igual manera el art. 71 del CPP, al señalar que los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes, inclina de manera específica acciones de protección para con el imputado sobre el actuar del Ministerio Público como sujeto procesal, concepto que se halla estrechamente ligado al llamado principio de oficialidad de la prueba detentado por aquella Magistratura. Lo anteriormente dicho, señala de manera clara los instrumentos y limitantes que el sistema procesal penal vigente posee con referencia a la introducción de pruebas en juicio oral; que se encuentran frontalmente referidos a los principios rectores de la prueba, tales como el de libertad probatoria y el de pertinencia (ambos recogidos en el texto del art. 171 del CPP); y a la plena actividad de acusación y defensa en el momento procesal pertinente a ser ejercida por las partes”. De igual forma, es pertinente precisar que en la actividad probatoria, puede existir error de hecho o de derecho, la primera siempre será cometida por el Juez o Tribunal de mérito, a tiempo de apreciar la prueba una vez incorporada a la comunidad probatoria; la segunda, se da durante la obtención y/o durante la incorporación de la prueba para que forme parte de la comunidad probatoria; sin embargo, se debe tener presente, que ante la existencia de error de derecho, la exclusión probatoria no opera de puro derecho, pues la parte que considera sus derechos lesionados por algún medio de prueba, ya sea porque la misma en su obtención o en su incorporación no observó los requisitos formales previstos por ley, debe reclamar oportunamente, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 172 del CPP”. III.6. Competencia del tribunal de alzada: En apelación restringida y conforme dispone el art. 398 del CPP, por regla general, el Tribunal de alzada debe circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados de la Sentencia N° 33/2016, un razonamiento contrario implicaría vulneración del art. 124 del CPP. Dentro el indicado marco legal, la Sala Penal Tercera, (en adelante nominado simplemente: la Sala) ajusta su actividad jurisdiccional a los agravios expresados por María Martina Vargas García y Benedicta García Sánchez en sus escritos recursivos de 16 de agosto de 2016 y 29 de agosto de 2016. IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: María Martina Vargas García y Benedicta García Sánchez, interponen el recurso de apelación restringida contra la Sentencia 33/2016, impetrando se anule totalmente la sentencia y ordenando se realice nuevo juicio con nuevo Tribunal de turno, misma que es resuelta en base a los apartados subsiguientes: IV.I. APELACIÓN DE MARÍA MARTINA VARGAS GARCÍA. La prenombrada apela de la sentencia impetrando sea anulada totalmente, en razón de considerar que existió inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, por considerar que no se ha valorado la prueba testifical y evidencia física de cargo y también la de descargo; así también refiere la evidencia signada como E 1 a E 14 carece de eficacia probatoria por haber sido incorporada por un personero policial distinto al que la recolectó, habiendo planteado la exclusión probatoria en relación a tales fueron rechazadas por el tribunal, así también cuestiona lo pertinente a la falta de acreditación a objeto de establecer su culpabilidad y participación en el ilícito como emergencia de la evidencia encontrada en su domicilio, advirtiendo la falta de presentación relativa a la evidencia consistente en la frazada a objeto de establecer resulta símil a aquella utilizada para envolver al occiso, alegando se sustentó en prueba inexistente; finalmente, la insuficiencia relativa a la individualización y participación de la acusada en el hecho, por lo que considera concurren los defectos previstos en los numerales 4), 5), 6) y 2) todos del Art. 370. Por su parte la coimputada BENEDICTA GARCIA SANCHEZ, aunque en escrito diferente, se advierte sustenta los agravios en presupuestos que resultan similares a los formulados por la coimputada Maria Martina Vargas, como ser el relativo al defecto de procedimiento alegado vinculado a la incorporación de evidencia por un funcionario distinto al encargado de su colección sustentando tal en el defecto consignado en el numeral 4) del Art. 370 del CPP, así como formular criterios en relación a la incorrecta valoración de las pruebas vinculadas a las evidencias codificadas como MP 16 y MP 17, alegando no llevan nombre, cuestionando no se puede asegurar las conclusiones a las cuales arriba el tribunal resulten correctas sustentando a partir de tal el defecto de sentencia consignado en el Art. 370 num. 5) del CPP, en relación a la que también vincula con las conclusiones que formula el tribunal en lo pertinente al vehículo y el análisis que ejercita el Tribunal de instancia que son interpretadas como incongruencias o contradicciones, refiriendo haber sido condenada por la presencia de evidencia relativa a unos aros del vehículo del occiso; correspondiendo verificar en apelación si resultan o no evidentes los agravios y al resultar similares los alegatos serán resueltos de modo conjunto y complementario. IV.I.1. INOBSERVANCIA DE LA LEY SUSTANTIVA, ADJETIVA PENAL (Art. 370 1). IV.I.1. Para el análisis de este defecto de sentencia previsto en el numeral 1) del Art. 370 del Código de Procedimiento penal (en adelante CPP), se debe entender que se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley, es decir dio una interpretación errónea a la aplicación de la ley, conforme prevén las Sentencias Constitucionales Nos. 1056/2003 R y 1146/2003 R de 12 de agosto; de ello se entiende que la inobservancia de la ley sustantiva implica: 1) La no aplicación correcta de los presupuestos sustantivos, ya sea por aplicación de una ley derogada o inaplicación de una ley vigente; 2) Interpretación errónea de los preceptos de la ley sustantiva: siendo que esta última se efectiviza bajo los siguientes supuestos: a) Errónea calificación de los hechos (tipicidad); b)Errónea concreción del marco penal; c) Errónea fijación de la pena. A su vez la abundante doctrina penal, entre muchas el A.S. N° 251/2012 de 17 de septiembre, expresa: “…d) En cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva y la valoración defectuosa de la prueba, la jurisprudencia sentada por el A.S. 255 de 23 de abril de 2009, señala, que: “I. Sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva: Respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, se debe considerar que aparentemente parece dependiente o emergente de otros defectos de la sentencia, como el de defectuosa valoración de la prueba, empero se trata de un defecto totalmente independiente, puesto que el mismo se refiere al hecho de que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el juez de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta de los procesados, su participación así como otras circunstancias concomitantes, el defecto se opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva, de ahí que este defecto, indicando es preciso, no cuestiona la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido, sino más al contrario se encuentra en lo que se denomina la teoría general del delito y se debe razonar sobre la premisa incuestionable que provee la sentencia a través de la fundamentación intelectiva”. IV.I.2. Conforme los antecedentes reseñados de manera sumaria en relación a los escritos recursivos, amén de efectuar las apelantes una mención general en sentido de concurrir defectos in iudicando e in procedendo, solo se limitan a sostener el tribunal fundamentó el decisorio merced de la consideración de prueba ilícita, por apercibir la incorporación de tales fuera efectuada por un personero policial diferente del que las recolectó, y por ello advierte no cursar en tales la firma y demás datos del policía que se apersonó en audiencia; cabe advertir en tal sentido ampliando lo favorable, es menester inferir del análisis de los fundamentos formulados por las recurrentes en relación a este punto, se advierte que no se cuestiona propiamente la colección de la prueba o su obtención a objeto de satisfacer los presupuestos relativos a la prueba ilícita, dado que en su desarrollo, amén de no hacer la discriminación relativa a la prueba ilicitita por su obtención en inobservancia de derechos y garantías fundamentales, y la prohibida por inobservar formalidades en su obtención, se evidencia que en el sustento argumentativo que desarrollan, prescinden en absoluto de aquellos que motivaron la decisión de rechazo por el Tribunal de instancia, no pudiendo en razón de ello así como el limite competencial de este Tribunal de alzada, motivarse un nuevo pronunciamiento, prescindiendo sin embargo en el mismo de aquellos fundamentos enunciados por el A quo, ello por el principio de seguridad jurídica y la restricción competencial advertida, por cuanto no obstante haberse enunciado la activación del recurso, es menester señalar no se satisface la carga argumentativa que les era debida a objeto de evidenciar la incorporación de aquella evidencia se acomoda en alguno de los presupuestos del Art. 172 del CPP, por lo que es menester desestimar tal alegato, máxime cuando en el desarrollo de la incorrecta aplicación de la ley sustantiva tampoco se ejercita mayor desarrollo que su anuncio. IV.I.2. QUE NO EXISTA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA O QUE ESTA SEA INSUFICIENTE O CONTRADICTORIA (ART. 370 INC. 5 DEL CPP). El defecto de la sentencia vinculada al defecto previsto en el numeral 5), considera tres supuestos: a) La primera consistente en la inexistencia de fundamentación en cualquiera de sus modalidades: fáctica, descriptiva, intelectiva o jurídica; b) Fundamentación insuficiente que se presenta cuando ella no cumple los estándares o parámetros exigidos para su validez; y, la tercera, c) Fundamentación contradictoria que se concurre al contener una proposición que se opone a otra porque se afirma lo que la otra niega y viceversa, de manera que ambas no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas (AS Nº 123/2019 RRC de 07 de marzo de 2019, Sala Penal). Conforme se entendió en el ASNº 120/2019 RRC de 07 de marzo, Sala Penal, la falta de fundamentación producida por la contradicción en la motivación, debe ser de tal magnitud que los argumentos expuestos por una resolución se devasten recíprocamente, no siendo suficiente que la misma sea imperfecta o defectuosa, o que corresponda a aspectos secundarios de la resolución que no afectan el resultado de la misma. En el caso, el reclamo central de la imputada Martina Vargas, versa por considerar incongruencia en la valoración relativa a la declaración de descargo formulado por su concubino, a quien identifica como Rómulo Sánchez García, refiriendo haberse valorado tal deposición como Relevante, pero no obstante no haber considerado la información relativa a que una de las evidencias (televisor) encontrado en el domicilio de la prenombrada fuera otorgado como garantía por un supuesto préstamo conferido; no obstante se evidencia de la verificación de la valoración establecida a tal deposición, el tribunal de instancia con meridiana claridad especifica tal relevancia emerge de los datos proporcionados vinculados con su entorno y relación con su familia colateral, como conflictiva, y no así en la integralidad de la misma, por lo que se evidencia un criterio temerario y sesgado de tal labor, no habiéndose a su vez rebatido tal alegato, informando porqué aquel valor consignado resulta equívoco o apartado de la razonabilidad o sana critica como regla de valoración establecida a objeto de evidenciar ciertamente se incorpora en alguno de los presupuestos enunciados que configuran el defecto en análisis. Así también alega la apelante en este acápite, incorrecta valoración de la prueba de descargo, relativa a una denuncia formulada por el occiso contra el hermano de su concubino identificado como Jaime López amén del documento transaccional suscrito, sin embargo se evidencia el incumplimiento de la carga argumentativa en relación a tales, toda vez que lejos de satisfacer los presupuestos que configuran el defecto en análisis, a saber, fundamentación contradictoria, insuficiente, o inexistente, pretende en el fondo la revalorización de aquellas, lo cual no resulta plausible, máxime cuando el sustento de tal pretensión se fundamenta en conjeturas y especulaciones que ejercita la propia apelante, relativas a que las literales en cuestión acreditaban la necesidad del préstamo, entre otras, así como extrañar la presentación de evidencia consiste en tener la frazada secuestrada a objeto de evidenciar resulta ser gemela de la encontrada en el cadáver, prescindiendo a su vez de explicitar la relevancia de aquellas en el decisorio, motivando incongruencia omisiva que no es plausible pueda ser subsidiada por el tribunal merced del principio de imparcialidad que lo reviste, máxime cuando en el tenor de aquella se prescinde a su vez de las demás pruebas consideradas por el tribunal de instancia y que conformaron todo el acervo probatorio que aunque en vía indiciaria, resulta con suficiente potencia acreditativa a objeto de evidenciar la culpabilidad de la ahora apelante. Así también, debe referirse en este acápite la fundamentación que desarrolla la coimputada Benedicta García redunda en el hecho de cuestionar la valoración que se otorga a las evidencias codificadas como MP 16 y MP 17, pero se advierte el análisis intelectivo que ejercita de aquellas es en razón de criterios subjetivos y conjeturas que efectúa el Defensor técnico en relación a tales como ser el hecho de manifestar tales no llevan impreso el nombre del occiso, sin embargo en el referido alegato se prescinde del reconocimiento que hace de aquellos bienes la esposa de la víctima, prescindiendo de la carga argumentativa relativa a evidenciar porque la deposición testifical brindada por la precitada ciudadana identificada como Lía Irene López Zerna o el reconocimiento que ejercita de los bienes, no resulta suficiente o idóneo en tal propósito, máxime cuando la prenombrada declarante manifiesta tener una relación de pareja con el occiso por un período mayor a los 20 años, brindando detalles específicos relativos a las condiciones y características de los bienes. Similar circunstancia el alegato que desarrolla la apelante en relación a la hipótesis acusatoria de que el occiso fuera trasladado en su propia movilidad hasta el lago Corani, alegando no saber conducir, prescindiendo sin embargo en tal consideración, de la carga argumentativa orientada a evidenciar la trascendencia en tal consideración a objeto de motivar una modificación en el decisorio, pues no debe perderse de vista, la implicación que se realiza en relación a la apelante así como a la coimputada redunda en esencia en el hecho de haberse encontrado en los inmuebles de las precitadas, evidencias similares a las utilizadas para victimar a Patricio García Sánchez, en el caso específico la presencia de bolsas de yute con la denominación SS, que eran de uso de la acusada en razón del comodato que ejercitaba en los terrenos de Simón Sánchez, que fueran utilizadas para colocar piedras y amarrarlas al occiso con la finalidad de sumergir el cadáver en la laguna de Corani, lo cual resulta ciertamente excluyente con el alegato que formula la apelante y evidencia la interpretación sesgada que ejercita a partir de tales, consecuentemente no resulta evidente el agravio que se informa. IV.I.3. QUE EL IMPUTADO NO ESTE SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADO. (ART. 370 INC. 5 DEL CPP). Ambas apelantes cuestionan en este acápite la insuficiente individualización de las prenombradas en lo relativo a la participación que tuvieron en la comisión del ilícito, así como la insuficiencia probatoria relativa a la culpabilidad de la mismas, amén de la participación que tuvieron, alegando solo concurre en la sentencia descripción probatoria, alegando no haberse valorado de modo individual aquella prueba de descargo presentada. Ahora bien, siendo, que de manera tácita lo que se cuestiona es la insuficiencia de prueba y acreditación del elemento culpabilidad, relativo a la participación de las imputadas en la comisión del ilícito, pues de manera reiterada alegan ninguna de las pruebas documentales o testificales dan cuenta de su intervención en el mismo al no haberlas visto desplazando la acción ilícita, a saber dando muerte a la víctima; al respecto es menester señalar, por una parte, conforme los antecedentes que han sido recogidos de la resolución apelada, se han acreditado los presupuestos relativos al deceso de Patricio García Sánchez, así como las cualificantes acusadas establecidas en el numeral 3) del Art. 252 del CPP, lo que evidencia y corrobora los datos insertos en la acusación fiscal, actuación que es la que delimita los presupuestos que han sido acreditados en juicio. En lo relativo a la participación de las imputadas, es menester señalar, que las circunstancias que anotan las apelantes en sentido de que no existe prueba documental o testifical que acredite su intervención en el hecho ilícito, no permite per se, considerar la exclusión de la responsabilidad de las acusadas, pues nótese, las recurrentes en relación a este último aspecto efectúan una total abstracción y omisión de pronunciamiento sobre aquellos presupuestos que fueron acreditados ante el tribunal, y que se encuentran desarrollados en la fundamentación probatoria descriptiva, en la cual se relieva la declaración de la testigo Doloreza Huarachi Huarachi en cuya atestación se expresó lo manifestado por el ahora occiso cinco días antes de su fallecimiento el año 2013 antes de San Juan, referente a un temor que sentía el prenombrado de la imputada Benedicta Garcia Sánchez y los hijos de la misma entre las cuales se encuentra la coimputada Martina Vargas, motivando incluso se tuviera que esconder y pernoctar en una conejera, así como la declaración formulada por María Nilda Villarroel en relación a una conducta posterior que informa fuera manifestada por la coimputada Martina Vargas en sentido de pretender influenciar en la declarante a objeto de negar que el cuerpo perteneciera a su tío fallecido, con la finalidad de que proceda a la incineración del occiso, además de lo relativo a las evidencias secuestradas en el domicilio de la precitada, así como de la coimputada, que si bien en los alegatos refieren fuera justificada la misma, lo hace en razón de conjeturas e hipótesis no corroboradas de modo alguno; evidencias y prueba de cargo que se advierte fueron calificadas como relevantes y sustentaron el decisorio del tribunal en la conclusión de participación de ambas coimputadas motivando la sentencia de condena. Debe referirse también que si bien es cierto el tribunal incurre en una incongruencia omisiva porque no realiza una disquisición que motive el distingo en la participación que tuvo cada una de las imputadas de modo preciso, que conllevó a su vez a calificar la intervención y/o participación de las mismas, a saber Benedicta García Sánchez en condición de autora y Martina Vargas en calidad de cómplice, no es menos cierto que la prueba directa y la indiciaria considerada por el tribunal de instancia, evidencian con meridiana claridad no solo la individualización de las coimputadas, sino también su participación en la comisión del hecho. En el caso particular de Martina Vargas este tribunal considera que la intervención de la precitada debió analizarse en calidad de coautora, toda vez que resulta evidente la participación esencial en la comisión del hecho, por haberse proporcionado los medios, al haberse hallado evidencia en el domicilio de la apelante que informa fuera de similar naturaleza que la hallada en el cadáver, como ser la colcha ofrecida como evidencia y el televisor perteneciente al occiso; al verificarse que no se formuló apelación por la parte acusadora, no resulta plausible se motive una reforma en perjuicio, manteniéndose en consecuencia la consideración relativa a la participación de la coimputada precitada como cómplice como concluye el tribunal A quo, aunque erróneamente, en razón de los argumentos citados. Amén de referir que resulta un exceso la pretensión de las apelantes de que se detalle la intervención que tuvieron en el fallecimiento de la víctima, dado que tal razonamiento evidentemente prescinde de las circunstancias en las que se analizaron e investigaron los hechos, relativos al fallecimiento motivado en un período aproximado de 10 días antes de la autopsia inclusive, justamente por haberse desplazado acciones para motivar el ocultamiento del cadáver, a través de su sumersión con dos piedras atadas a sus pies y cuyas evidencias utilizadas para su amarre y envoltura fueran encontradas en las casas allanadas pertenecientes a las imputadas, siendo que en razón de tales en esencia se evidencia las conclusiones evacuadas por el A quo, que declara la suficiencia de la prueba a objeto de motivar la convicción en el tribunal para declarar la sentencia de culpabilidad en consecuencia la suficiencia para quebrantar el principio de inocencia alegado no resulta incorrecto. POR TANTO: La SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano conforme prevé el art. 178.I de la Constitución Política del Estado y en ejercicio de la autoridad conferida por el art. 58.I.1 de la Ley No. 025, resuelve declarar: IMPROCEDENTES los recursos de apelación restringida interpuestos por MARÍA MARTINA VARGAS García y BENEDICTA GARCÍA SÁNCHEZ; por consiguiente, CONFIRMA la Sentencia No. 33/2016 pronunciada por los titulares del Tribunal de Sentencia N° 1 de Sacaba. La presente resolución es impugnable dentro de los cinco (5) días señalados por el art. 417 del CPP. Regístrese y comuníquese. Fdo. Dra. Ma. Giovanna Pizo Guzmán Vocal Presidente Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. Delina Irma Zurita Herbas Vocal Sala Penal Cuarta (Vocal convocada). Ante mi Secretaria de Sala. ES CONFORME REPRESENTACIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 Dra. María Giovanna Pizo Guzmán VOCAL PRESIDENTA DE SALA PENAL TERCERA Presente. Dentro el proceso penal seguido por Ministerio a instancia de Lia Irene López Zerna contra Benedicta García Sánchez y Maria Martina Vargas Garcia, tengo a bien informar: 1) De los antecedentes del proceso se advierte el domicilio de la acusadora particular Sra. Lia Irene Lopez Zerna, se encuentra en la Av. Villazon s/n, Km. 3 ½; datos que corresponden a la información prestada en el memorial de acusación particular cursante a fs. 5 vita, sin embargo, una vez en dicha ubicación habiendo consultado con vecinos adyacentes del lugar mediante los cuales se me indico que no conocen a la prenombrada y sin tener alguna referencia, ningún otro dato o croquis el cual individualice la ubicación exacta del domicilio, asimismo, con relación al domicilio declarado por la prenombrada en el acta de juicio oral cursante a fs. 565, en la cual indica tener como domicilio en Colomi, y sin tener alguna referencia, ningún otro dato o croquis el cual individualice la ubicación exacta del domicilio, es que no se pudo dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. 2) Asimismo, se advierte el domicilio de la co imputada Sra. Maria Martina Vargas Garcia, se encuentra en Zona de Toncoli 2, Corani; datos que corresponden a la información prestada en la declaración informativa cursante a fs. 3, sin embargo, siendo que debe ser notificada en dicha localidad, por la distancia me impide la notificación a la prenombrada, es que no se pudo dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad. Es cuanto informo para fines consiguientes de ley. Fdo. Fernando Landaeta Martínez, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera. PROVEÍDO DE 29 DE NOVIEMBRE 2022 A mérito del cite de 25 de noviembre de 2022, evacuado por Claudia Janeth Cardozo Apaza en su condición de Profesional III de la Oficina Gestora de Procesos No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia, por el que remite la certificación extraída del Sistema de Convenio Institucional del Servicio General de Identificación Personal Segip, se dispone: 1) Al identificarse información genérica respecto al domicilio de María Martina Vargas García, y habiendo agotado esfuerzos este Tribunal a objeto de lograr la notificación de la prenombrada con el Auto de Vista No. 72/2022 RAR de 11 de noviembre de 2022, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista citado mediante edictos a través del Servicio de Notificación Electrónica Judicial Sistema Hermes. 2) La notificación personal de Lia Irene López Zerna con C.I. 5296665 Cbba., con el Auto de Vista No. 72/2022 RAR de 11 de noviembre de 2022, en su domicilio real ubicado en la Av. Mutualista C. J. Ignacio Paz No. 3700, sea mediante exhorto suplicatorio, en vía de cooperación mediante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Notifique funcionario. Fdo. María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dra. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria – abogada de la Sala Penal Tercera. Cochabamba, 09 de enero de 2023 D. S. O.


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