EDICTO

Ciudad: MONTERO

Juzgado: JUZGADO PÚBLICO PRIMERO EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL DE MONTERO


EDICTO DE PRENSA PARA: PRESUNTOS HEREDEROS DE VICTOR HUGO PAZ PEDRAZA LA DRA. CARMEN VICTORIA VARGAS MONTAÑO - JUEZ DEL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 1º DE MONTERO, DE LA PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, HACE LA NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE PRENSA CON LA SENTENCIA DE FS. 1733 A 1738 VLTA., RECURSO DE APELACIÓN DE FS. 1741 A 1742 VLTA., Y PROVIDENCIA DE FS. 1743. DENTRO DEL PROCESO CIVIL ORDINARIO SOBRE ACCIÓN NEGATORIA, ACCIÓN REIVINDICATORIA, MEJOR DERECHO PROPIETARIO, DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DE INMUEBLE Y CANCELACIÓN DE INSCRPCIÓN EN DERECHOS REALES SEGUIDO POR MARIO ALFREDO PELAEZ DESCARPONTRIEZ CONTRA JAIME CRUZ ARANDIA OSINAGA, MARTHA LILIANA SUAREZ ALVES, PRESUNTOS HEREDEROS DE VICTOR HUGO PAZ PEDRAZA Y JORGE JAUREGUI DURAN.- SENTENCIA.- Exp. 118/2011 Nurej 201101229M PRONUNCIADA EN EL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 1ro DE LA CIUDAD DE MONTERO, PROV. OBISPO SANTISTEVAN, DPTO. DE SANTA CRUZ, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, a los veinticinco días del mes de noviembre del presente año dos mil veintiuno, dentro del proceso ORDINARIO SOBRE ACCIÓN NEGATORIA, ACCIÓN REIVINDICATORIA, MEJOR DERECHO PROPIETARIO, DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DE INMUELE Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN DERECHOS REALES seguido por MARIO ALFREDO PELAEZ DESCARPONTRIEZ contra JAIME CRUZ ARANDIA OSINAGA, MARTHA LILIANA SUÁREZ ALVES, PRESUNTOS HEREDEROS DE VICTOR HUGO PAZ PEDRAZA Y JORGE JAUREGUI DURAN, todos mayores de edad, hábiles por ley. R E S U L T A N D O : I.- Que, conforme a los hechos y las citas de derecho que expuso el demandante Mario A. Pelaez Descarpontriez, en su escrito de demanda de fs. 32 a 34, solicito que en sentencia se declare lo siguiente: Reconocimiento expreso de la validez de su derecho propietario y la autenticidad de sus títulos de propiedad, sobre un bien inmueble ubicado en la Prov. German Buch, Puerto Suarez , urbanización Suarez Arana con una superficie de 39.00 mts2., inscrito en Derechos Reales bajo Matricula Computarizada N°714000000161, adquirido de su anterior propietario Pedro Ignacio Arroyo y Francisca Suarez Parada. La reivindicación y mejor derecho propietario. La desocupación y entrega del referido lote de terreno. La cancelación en Derechos Reales de la Matricula 7141010001975, 7140000000062, 7141010003436 y 7411010000708 y el retiro de las mejoras que se hubieran introducido. II.- Que admita la demanda mediante auto de fs. 55; los demandados Jaime Cruz Arandia Osinaga, Martha Liliana Suarez Alvez, Víctor Hugo Paz Pedraza y Jorge Jáuregui Duran, se apersona a través de su apoderado José María Arduz Gantier, según poder especial N° 402/2010 de fecha 23 de octubre de 2010, otorgado por ante la Notaria de Fe Publica No. 2 de Puerto Suarez, dándose por citados responden a la demanda señalando que sus mandantes son propietarios legales que obtuvieron mediante compra los predios hoy en conflicto y que la demanda está plagada de intenciones ilegales y fuera de toda lógica jurídica. III.- Con relación a las excepciones de obscuridad y contradicción en la demanda personería y cosa juzgada, no existe fundamento jurídico que lo sostenga. Respecto a la demanda reconvencional, solicita se declare lo siguiente: a) Retener la Propiedad b) Mejor derecho propietario y; c) Cancelación de inscripción en Derechos Reales de la Matricula 71400000000161. IV.- Que mediante auto de fs. 951 y complementario de fs. 991. Se traba la relación procesal se califica el proceso como ordinario de hecho y se abre un periodo probatorio de 50 días comunes a las partes. Fijando como puntos de hecho a probarse: para el demandante.- 1) procedencia de la acción negatoria y reivindicatoria 2) demostrar el mejor derecho propietario; 3) procedencia de la desocupación del inmueble y; 4) Cancelación de la inscripción en Derechos Reales. Para los demandados.- a) Procedencia de la acción reivindicatoria y mejor derecho propietario; b) causas de nulidad extinción y cancelación de inscripción en Derechos Reales c) Reconocimiento de la validez del derecho propietario d) Denegación del derecho del demandante sobre el predio en litigio e) Cancelación de inscripción hecha antes del proceso f) Prescripción de la acción y; g) procedencia de daños y perjuicios. C O N S I D E R A N D O I Durante la tramitación de la causa, se han observado las prescripciones y plazos establecidos por ley. Habiéndose producido la prueba y concluida las etapas procesales, el proceso se encuentra es estado de resolución. C O N S I D E R A N D O II En atención a los medios probatorios producidos en el presente proceso, en el presente caso y por medio del análisis y valoración que se hará conforme a procedimiento para abordar al fallo en la presente causa. PRUEBA DE CARGO: DOCUMENTAL: 1.- La cursante de fs. 01-31, consiste en documentación relativa al derecho propietario del demandante. 2.- La cursante de fs. 235 a 244, consistente en: fotocopia de una demanda ordinaria que realizan Julio Fuentes Ortuño y otros, Resolución Municipal Nº 017/2009, declaración notarial, alodial, certificado de tradición dominial. 3.- Muestrario fotográfico de fs. 252 a 263. 4.- La cursante de fs. 455 a 393. 5.- La cursante de fs. 1326 a 1364. 6.- La cursante de fs. 1369 a 1383. PRUEBA DE DESCARGO: DOCUMENTAL: 1.- La cursante de fs. 57 a 198, consistes en documentación relativa al derecho propietario de los demandados. 2.- La cursante de fs. 320 a 338. 3. La cursante de fs. 953 a 987. 4.- La cursante de fs. 1067 a 1087. 5.- La cursante de fs. 1272 a 1277, consistente en una Sentencia y Auto de Vista, a través de los cuales se ordena y confirma consecutivamente la cancelación de la matrícula computarizada Nº 7.14.0.00.0000161. 6.- La cursante de fs. 1393 a 1415. TESTIFICAL: De los testigos: Aura Pedraza Suárez y Manuel Angel Chassagnez Banegas, según actas que cursan de fs. 1052 a 1055. INSPECCIÓN JUDICIAL: Según acta de fs. 1057 a 1066, asimismo la cursante de fs. 1217 -1218. PRUEBA DE OFICIO: -PRUEBA POR INFORME: La cursante de fs. 1452 a 1463, consistente en: Informe de la Registradora de DDRR de Puerto Suárez, donde indica la no vigencia de la matrícula Nº 7.14.0.00.0000161, por duplicidad, asimismo las certificaciones de tradición tanto de las matrículas de los demandados como del demandante, donde también se verifica que la matrícula 7.14.0.00.0000161, se encuentra actualmente cancelada. - PRUEBA PERICIAL: Cursante de fs. 1466 a 1507, realizada por el Topógrafo Juan C. Gutiérrez Castagne. C O N S I D E R A N D O III Con las consideraciones y fundamentos que se dirán a continuación, se tienen los siguientes aspectos de importancia para la resolución de este asunto: 1.- El primer aspecto de orden legal que corresponde puntualizar, en lo referente al régimen legal aplicable al caso, a partir del cual se puede establecer conclusiones: a.- El proceso de conocimiento está regulado en nuestra legislación, en él se tramitan todas las cuestiones que no tienen señalado un cauce especial, es decir no son objeto de un procedimiento especial. En el caso presente se trata de un proceso ordinario por lo tanto contencioso, donde existen una serie de limitaciones impuestas por la ley, con el fin de abreviar el plazo de tramitación que pueden estar referidas a la prueba como a la recurribilidad de sus resoluciones, revelan una más acentuada aplicación de los principios de concentración y celeridad. b.- En cuanto a la demanda principal, la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo N° 588/2014 de 17 de octubre que establece: “para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujetos a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieron otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad. Por otra parte el Auto Supremo N° 618/2014 de 30 de octubre expreso que: “…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció” … una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas….”, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y sus antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), a objeto de verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alejado por las parte mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial”. Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial. d.- En el caso de la acción negatoria planteada por todo propietario que sostenga tener derechos sobre la misma propiedad, para su procedencia deberá cumplir ciertos requisitos como ser: a) El derecho propietario sobre el bien, el cual un tercero alegue derechos o genere perturbaciones, b) Acreditar la existencia de los actos de perturbación ejercidos por el demandado y c) la individualización de la cosa o bien inmueble objeto de protección de la acción negatoria; es así que esta acción lo que busca es que en sentencia se declare la inexistencia del derecho propietario que se aduce, correspondiendo al propietario demostrar su derecho y al demandado la existencia del derecho real que alega sobre la cosa ajena. e.- Ahora bien, conforme se desprende de la relación de ambas figuras (mejor derecho propietario y acción negatoria), se establece que persiguen fines distintos, la acción negatoria busca que no se reconozca la existencia del otro título y en la acción de mejor derecho propietario si se reconoce la presencia de otro título propietario, empero, busca la declaratoria o reconocimiento de un mejor derecho propietario al del oponente, por consiguiente ambas pretensiones resultan ser contrapuestas, en sí; aspecto que no fue debidamente observado por los anteriores jueces de instancia, al momento de admitir la presente demanda. f.- Por otra parte, con relación a la acción reinvindicatoria, la misma también resulta contrapuesta a la de mejor derecho propietario, en razón a que respecto a la pretensión de reivindicación, la misma señala hecho o acto que constituye una pérdida de la posesión, conforme a lo requiere por el art. 1453 del C.C. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el art. 114 num. 2 del CPC, debe tomarse en cuenta que en una demanda con pretensiones múltiples, no se pude interponer dos que sean contrarias entre sí, es decir en caso del mejor derecho propietario al tratarse de acciones de carácter real no puede contraponerse al mismo tiempo junto con la pretensión de reivindicación que se constituye por una pérdida de la posesión, conforme a la norma citada precedentemente. g.- Asimismo, deberá tenerse presente también que, más allá de la contraposición entre las acciones de mejor de derecho propietario y de reivindicación, esta última resulta improponible cuando el demandante no demuestra tener derecho propietario sobre el inmueble que pretende restituirse. Es decir que, si el demandante ha dejado de ostentar ese derecho propietario que tenía sobre el inmueble, respecto al cual solicita la reivindicación, consecuentemente, carecería del derecho que lo habilita para interponer la presente acción, siendo claro que al no tener legitimación ad causan que consiste en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular las pretensiones contenidas en la demanda, pues como se tiene manifestado el sujeto puede ser activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendía, sin embargo, esto debe ser objeto de análisis por el Juez de la causa a tiempo de admitir la misma, máxime si la legitimación es un presupuesto para intervenir válidamente en un proceso, ya sea como demandante o demandado. 2.- Que, en el caso específico y concreto, el mejor Derecho de propiedad de los demandados JAIME CRUZ ARANDIA OSINAGA, MARTHA LLIANA SUÁREZ ALVEZ, VICTOR HUGO PAZ PEDRAZA Y JORGE JAUREGUI DURAN, se encuentra fundada en la tradición y tracto sucesivo y la constitución de su derecho registrado bajo las MATRICULAS 7.14.1.01.0000708, 7141010001975, 7140000000062 y 7141010003436, derechos que a la fecha no han sido mutados bajo ninguna forma de derecho y de las formas establecidas por el art.110 CC. 3.- A contrario del supuesto derecho propietario del demandante: MARIO ALFREDO PELAEZ DESCARPONTRIEZ con MATRICULA 7140000000161, dicha matrícula se encuentra cancelada mediante sentencia judicial de fecha 02/07/2015, por lo que no se cumple con el requisito principal para ingresar al análisis de las pretensiones de la parte demandante y de los demandados en cuanto al mejor derecho propietario, al haberse tornado improponible dichas pretensiones. 4.- Respecto a ello, la jurisprudencia venezolana en distintos fallos alude al aporte doctrinario de Rafael Ortiz-Ortiz, cuya obra titulada "Teoría General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Jurídicos", desglosando que en dicha obra señala que tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho, entendiendo que la improponibilidad puede presentarse como: 1) Improponibilidad Objetiva: Cuyo radio de evaluación analiza los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho. Se trata de los que se pretende, no puede ser juzgado absolutamente, alguna veces a esto le llaman rechazo in límine de la demanda o improponibilidad manifiesta de la pretensión, y 2) Improponibilidad Subjetiva: que analiza en las condiciones subjetivas, personales necesarias para interponer la pretensión, estamos en el caso específico de la falta de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión. Por otra parte, diremos que en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así se cita a Cristian Angeludis Tomassini, quien señala en su ponencia "¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in límine?", alude que: "Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (...) Se ha resuelto que el Juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in límine la demanda, b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva.- Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (...). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in límine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta. Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución "rechazo sin trámite completo", en lugar de la habitual fórmula "rechazo in límine de la demanda". Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (...) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in límine una demanda (rectius, "pretensión"). Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el Juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia de mérito, es decir, en cualquier estado del proceso". Conforme a la amplia gama de los aportes doctrinarios y la evolución de la jurisprudencia, corresponde señalar que el juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma. Se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que se busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material. Así concluiremos diciendo que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in límine la litis, tal pretensión por ser manifiestamente improponible, por estar inmersa en los supuestos de ser manifiesta y evidentemente contraria a las buenas costumbres o al orden público, al lado de la misma se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión…” Esta es la teoría de la improponibilidad subjetiva de la pretensión que difiere de la improponibilidad objetiva. 5.- Por otra parte cuando se analiza que, el mejor derecho de propiedad se sustenta, en el hecho de haber adquirido el mismo conforme al art.110 CC por efecto de contratos acorde al art. 450 CC, con relación al art. 584 CC, adquiriendo pleno poder jurídico de propietarios reconocido por el art.105 CC, derechos oponibles a tenor del art. 1538 CC, cuya publicidad además permite el derecho de oposición frente a terceros, derechos que en todo caso quedan garantizados conforme a mandato garantista del art. 56-I CPE, que dispone: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. 6.- Asimismo, se debe dejar claramente establecido que dentro de la jurisdicción ordinaria reina el principio de verdad material, conforme lo señala el art. 180 – I) de la CPE, por lo cual tal como lo establece la SCP 1662/2012, “debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales o legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente”. 7.- En consecuencia, por lo precedentemente explicado, más allá que las pretensiones del demandante, fueron admitidas sin tomar en cuenta que las mismas no son conexas y análogas, sino más bien se contraponen entre sí, la pretensión de mejor derecho propietarios interpuestas tanto por el demandante como por los reconvencionistas, resulta improponible, en razón que no se cuenta con dos títulos o derechos propietarios sobre el mismo bien inmueble, requisito sine quanon para poder ingresar al análisis de fondo. Por otra parte, conforme a las pretensiones de la reconvención y a los puntos de hecho a probar, lo que si se encuentra demostrado es la acción negatoria interpuesta en la reconvención de los demandados, esto en razón a que, la misma resulta procedente cuando todo propietario que sostenga tener derechos sobre la misma propiedad, para su procedencia cumpla ciertos requisitos como ser: a) El derecho propietario sobre el bien, el cual un tercero alegue derechos o genere perturbaciones, b) Acreditación la existencia de los actos de perturbación ejercidos por el demandado y c) la individualización de la cosa o bien inmueble objeto de protección de la acción negatoria; por consiguiente corresponde declarar probada la reconvención, solo con relación a esta pretensión. 8.- Agregando a ello que, si bien la acción negatoria no ha sido expuesta bajo esa denominación por parte de los reconvencionistas, sin embargo, mediante auto de fecha 03 de julio del 2014, el Juez a cargo de la presente causa en aquel momento, bajo el principio iura novit curia, complementó la resolución de fijación de puntos de hecho a probar, estableciéndose como uno más el de: “Denegación de derecho inexistente del demandante sobre las propiedades en litigio”. De ahí que, en aplicación del principio iura novit curia, expresado en amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellas en el Auto Supremo Nº 0378/2016, que en ratio decidendi establece lo siguiente: El juzgador tiene la libertad de encuadrar los derechos a los hechos descritos y probados en la Litis. “…el principio iura novit curia permite al Juez o Tribunal imponer la calificación jurídica pertinente al caso, incluso diferente al atribuido por las partes, lo que no implica que el juzgador esté habilitado para cambiar la pretensión (…)”. 9.- En este acápite, es menester tomar en cuenta también, “Sobre el deber del Juzgador de otorgar una resolución eficaz que resuelva el conflicto de partes”. A partir de ello, se hace necesario también, referirnos al A.S. 710/2017, de 10 de julio, que establece lo siguiente: “III.4.- Sobre el deber del juzgador de otorgar una resolución eficaz que resuelva el conflicto de partes. En nuestra economía jurídica el compilado adjetivo civil en su art. 1 establece que: “I.- Los jueces y tribunales de justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las leyes de la República, las demandas sometidas a su jurisdicción. II.- No podrán excusarse de fallar bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que nace de las leyes, conforme a las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurriere”, por su parte el art. 193 del mismo procedimiento civil refiere: “El juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado”, de donde se deduce que el Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otros procesos, y en su caso deberá fundar su resolución en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado. Por su parte, la Ley Nº 025 en su art. 3 desarrolla los principios que sustentan al Órgano Judicial, entre los que se menciona a la seguridad jurídica, armonía social y cultura de paz, asimismo el art. 11 de esta misma Ley dispone que la:“”(Jurisdicción). Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”, de cuyos enunciados se puede inferir que frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto. Razonamiento orientado por este Tribunal de Casación, que en el Auto Supremo N° 746/2014 de 12 de diciembre al respecto ha señalado que: “…frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto.”. C O N S I D E R A N D O IV Con los elementos probatorios que se dirán, se tiene por demostrado lo siguiente: HECHOS PROBADOS.- I.- El mejor derecho de los demandados y reconvencionistas, sobre los bienes inmuebles en cuestión en razón a lo expresado, ya que concurren las prerrogativas de manera positiva y simultánea. II.- La acción negatoria de derechos, interpuesta por los demandados en la reconvención. HECHOS NO PROBADOS I.- El mejor derecho de propiedad del demandante sobre los inmuebles objeto de la presente Litis, al encontrarse la matrícula Nº 7140000000161, actualmente cancelada. II.- Procedencia de la acción negatoria, reivindicatoria y desocupación del inmueble, además de cancelación de la inscripción en Derechos Reales, solicitada por la parte demandante. III.- Procedencia de daños y perjuicios, al no haberse demostrado objetivamente la cuantificación de los mismos. POR TANTO: La suscrita Juez Público Civil y Comercial 1° de la ciudad de Montero, Prov. Obispo Santistevan, Dpto. de Santa Cruz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, sin entrar en otras consideraciones de orden legal, y en razón a los fundamentos jurídicos y facticos expuestos, declara: 1.- IMPROBADA la demanda ordinaria de MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD, REINVINDICACIÓN, DESOCUPACIÓN, ENTREGA DE INMUEBLE Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN DERECHOS REALES, saliente a fs. 32 a 34 de obrados, presentada por MARIO ALFREDO PELAEZ DESCARPONTRIEZ. 2.- PROBADA EN PARTE la RECONVENCION, interpuesta por los demandados: JAIME CRUZ ARANDIA, MARTHA LILIANA SUAREZ ALVEZ, PRESUNTOS HEREDEROS DE VICTOR HUGO PAZ PEDRAZA Y JORGE JAUREGUI DURAN, siendo probada la misma solo en lo que corresponde la pretensión de ACCIÓN NEGATORIA, e improbada en lo que corresponde a las demás pretensiones de: MEJOR DERECHO PROPIETARIO, NULIDAD, EXTINCIÓN Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCION EN DERECHOS REALES Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Sin costas por ser juicio doble. La parte que se sintiera agraviada con la presente resolución, tiene el término de diez días a partir de su legal notificación, para interponer su recurso de apelación, de conformidad con lo previsto por el art. 220 del Código de Procedimiento Civil. Esta sentencia es dictada en la ciudad de Montero, Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz, a los veinticinco días del mes de noviembre del año 2021. Notifíquese, Regístrese y Archívese copia. RECURSO DE APELACIÓN.- SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 1º. DE MONTERO.- PLANTEA RECURSO DE APELACION. Otrosíes Exp. Nº. 118/2011.- Otrosies.- NUREJ Nº. 201101229M.- MARIO ALFREDO PELAEZ DESCARPONTRIEZ, en el proceso ordinario sobre Acción negatoria, reivindicación y mejor derechos, seguido contra JAIME CRUZ ARANDIA OSINAGA y otros, ante su Autoridad con el debido respeto, expongo y pido: EXPOSICION DE MOTIVOS Me encuentro notificado con la sentencia de 25 de noviembre de 2021, saliente a fs. 1733 a 1738, en termino hábil planteo recurso de apelación contra la referida resolución de la forma que sigue: Mi derecho de propiedad lo hube por compra a su anterior propietario PEDRO IGNACIO PARADA ARROYO, inscrito en Derechos Reales bajo la Matricula 7140000000161, Asiento A)-1 en fecha 05 de agosto de 1997. El derecho propietario de los demandados deviene de distintos propietarios, sin embargo, se puede establecer la preferencia en el registro que es el siguiente: 1.- Jorge Jáuregui Durán, con 176.288,50 mts2., inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula 71410110003436, Asiento A)-1 en fecha 21 de agosto de 2.009.2.- Jaime Cruz Arandia Osinaga, con 22.080,00 mts2., inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula 7141010000708, Asiento A)-2 en fecha 02 de febrero de 2007. 3.- Victor Hugo Paz Pedraza, con 11.040,00 mts2., inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula 7140000000062, Asiento A)-1 en fecha 20 de diciembre de 1.994. 4.- Martha Liliana Suarez Alvez, con 5.000,00 mts2., inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula 71410100001975, Asiento A)-1 en fecha 07 de enero de 1.997. El Código procesal civil, en su disposición transitoria cuarta, dispone los siguientes: "Cuarta. Procesos en trámite. I. Los procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena del presente Código, continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil, hasta la resolución en primera instancia, excepto lo establecido en las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima, octava y novena del presente Código". En el caso presente, el periodo probatorio se encontraba clausurado mediante decreto de fs. 1091 vuelta, de 15 de julio de 2015, que, de acuerdo a procedimiento, el art. 377 del Código de procedimiento civil, vigente para este proceso, establece que:"Las partes producirán sus pruebas dentro del periodo fijado por el juez, fuera de ese periodo, serán rechazadas de oficio, excepto las preconstituidas..." AGRAVIOS INFLIGIDOS CON LA RESOLUCION IMPUGNADA El derecho a la impugnación prevista en el art. 180-ll de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales". Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicios", porque el juzgador no solo debe asegurar el resultado para la parte victoriosa, sino también, debe proteger de los abusos del derecho por parte de éste a la parte perdidosa y en general, a los ciudadanos involucrados en un proceso. El agravio se encuentra en la valoración de la prueba, es decir se ha valorado prueba producida fuera del periodo probatorio, especialmente la cursante a fs. 1452 a 1463, que hace referencia a la Matrícula Nº. 7140000000161, relativa a mi derecho propietario, misma que no estuviera vigente, lo cual vulnera mi derecho a la propiedad privada consagrado y protegido por la Constitución Política del Estado, que en su art. 56 establece: "1. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo". Respecto a la valoración de la prueba que: "...entre los requisitos que debe tener toda decisión... se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho incierto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad...". Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto, su impugnación hace viable su revocación; mejor dicho, impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un proceso justo, al existir incongruencia interna, que vulnera el debido proceso. Tomando en cuenta que de mi parte fueron cumplidos los puntos de hecho fijados, como prioridad en el registro de derechos reales, título de domino provenientes del mismo vendedor y singularidad del bien objeto del litigio, conforme al tracto sucesorio de propiedad. PETICION.- Por lo brevemente expuesto, solicito a Vuestra Rectitud se sirva conceder la apelación en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en su Sala Civil de turno, quienes se servirán REVOCAR la resolución apelada y deliberando en el fondo solicito se declara PROBADA mi demanda de Acción negatoria, mejor derecho de propiedad y reivindicación, con costas. Otrosí.- Señalo domicilio procesal, la Secretaría de su digno despacho. Montero, 17 de febrero de 2022.- PROVIDENCIA.- Montero, 18 de febrero de 2022.- En atención al memorial que antecede, con el recurso de apelación interpuesto, traslado a la parte contraria.- Al Otrosí.- Por señalado. Notifíquese.- FDO. ILEG. CARMEN VICTORIA VARGAS MONTAÑO. JUEZ DEL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 1º DE MONTERO.- FDO. ILEG. FLORINDA GALLARDO ARIQUE. SECRETARIA DEL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 1º DE MONTERO.- ES TODO EN CUANTO SE HACE CONOCER MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO DE PRENSA. MONTERO, 09 DE ENERO DE 2023.


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