EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


NUREJ: 101102012003716 JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA Edicto Nº 8/2023 EL DOCTOR LUIS BENJAMIN ROJAS LATORRE JUEZ DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL Sucre – Bolivia MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO HACE SABER: A LA VICTIMA JUANA CAÑARI RIVAS que dentro del proceso penal que sigue MINISTERIO PÚBLICO a denuncia de JUANA CAÑARI RIVAS en contra NICOLAS URISTA ARANCIBIA, por la comisión del delito de CORRUPCION DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, previsto y sancionado por el art. 318 BIS del Código Penal, signado con NUREJ: 101102012003716 en aplicación del Art.165 del C.P.P, se ha dispuesto que se notifique con ACTA Y AUTO DE AUDIENCIA de 05 de diciembre de 2022 y SENTENCIA de 05 de diciembre de 2022, MEMORIAL de 05 de enero de 2023 y DECRETO de 03 de enero de 2023, a cuyo fin adjunto la siguiente pieza procesal cuyo contenido y tenor es el siguiente -------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL Sucre – Bolivia ACTA DE AUDIENCIA DE JUICIO MEDIANTE EL SISTEMA VIRTUAL CISCO WEBER IANUS 101102012003716 JUEZ Dr. Luis Benjamín Rojas Latorre SECRETARIA-ABOGADA Lic. María Silvana Gorena Camacho. ACUSADOR FISCAL CRISTIAN DURAN ZUÑIGA DENUNCIANTE DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ABOGADO SANDRA ORTUÑO QUINTANA D-1 ACUSADO NICOLAS URISTA ARANCIBIA ABOGADO JAVIER TORIHUANO SORIA FECHA DE AUDIENCIA Sucre, 05 de diciembre de 2022 HORA DE INICIO hrs. 08:00 OBJETO Consideración de salida alternativa En la ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas quince con treinta minutos del dia diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el señor Juez de Sentencia N° 1 en lo Penal de la Capital, Dr. Luis Benjamín Rojas Latorre y la suscrita Secretaria Lic. María Silvana Gorena Camacho, quedó instalada la presente audiencia de consideración de salida alternativa consiste en la aplicación del procedimiento abreviado, en el proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de la señora Juana Cañarí Rivas, DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA en contra de NICOLAS URISTA ARANCIBIA, por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN DE NIÑA, NIÑO, ADOLESCENTE, por secretaría pido informarse si las partes están legalmente notificadas y si acudieron a esta sala virtual. Secretaria: Con la palabra señor juez se informa que a partes fueron legamente notificadas, se encuentra presente en sala el fiscal Cristian Durán Zúñiga, ausente la señora Juana Cañarí Rivas, ausente Defensoría De La Niñez Y Adolescencia, presente el acusado Nicolás Urista Arancibia asistido de su abogado Javier Torihuano Soria. JUEZ: Se tiene presente con lo informado, por secretaría se concede la palabra la autoridad fiscal para que se manifieste sobre la solicitud de salida alternativa que hizo llegar a este despacho judicial, no sin antes conceder la palabra al abogado de la defensa para que se manifieste sobre la imposición de una sanción pecuniaria que se le impuso en la audiencia de fecha 20 de octubre de 2022 en vista de su ausencia a este acto procesal. DEFENSA: Desconocía de esa imposición su instrucción ha sido impuesta en mi contra o en contra de mi cliente de mi cliente JUEZ: Estás hecha usted fue quien no asistió a la audiencia el acusado estuvo presente, tratándose de un delito cuyas víctimas son menores de edad se dispuso imponerle una sesión con un área conforme al artículo 105 del código procedimiento penal y antecedentes no cursa que usted hubiese obrado este este pago que debe realizar. DEFENSA: Sin embargo señor pues mi persona se enontraba la ciudad de Potosí le indique a mi cliente que tenía otra audiencia por esa situación pero no pude conectar a la audiencia virtual, JUEZ: Se le va a conceder un plazo de 48 horas para que presente los justificativos de porque no puedo asistir a esa audiencia, caso contrario se va a tener que poner está sanción, tiene la palabra señor fiscal. FISCAL09:21: Como bien el Ministerio Publico ha solicitado de acuerdo al artículo 326 373 y 374 del código procedimiento penal la aplicación de la salida alternativa modulando la audiencia de juicio oral consiste en la aplicación del procedimiento abreviado en favor del señor Nicolás Urista Arancibia, bajo los siguientes fundamentos conforme el artículo 373 establece la aplicación del procedimiento inmediato que ha sido remitido a su autoridad en la cual el acusado Nicolás Urista acepta el la pena de tres años la comisión del delito Corrupción De Niña, Niño, Adolescente en grado de autoría, en virtud de que el acusado no tiene ningún tipo de antecedente penal, ahora bien al artículo 374 establece cual es el trámite y la resolución el numeral 1 se tiene la acusación presentada del hecho acusado qué radica en que el señor Nicolás Urista; (describe los hechos acusados), ese es el hecho que se acusado y que básicamente se subsume el tipo penal de corrupción de menor, Ministerio público se ratifica en la prueba que ha sido ofrecida de la MP 1 ala MP7 Acredita la existencia del hecho y la participación del acusado como autor, asimismo solicitamos proceda con el señor juez, una vez que se lo consulte al acusado sobre la aceptación voluntaria la renuncia el juicio ordinario y reconocimiento de su culpabilidad que fue libre y voluntario sede en la aplicación y se aclare la procedencia del procedimiento abreviado y en consecuencia se condene al mismo en la calidad de autor por la comisión del delito de Corrupción de Niña, Niño Adolescente y se le imponga la pena de tres años de privacidad de libertad hacer cumplidos en la cárcel pública de San Roque, como en la prueba el Memorial de solicitud procedimiento abreviado el certificado de REJAP que ha sido debidamente inter operados, la prueba que ha sido debidamente ofrecida prueba MP1 y MP7, para el juicio oral. JUEZ: Se tiene presente la fundamentación realizada por el señor fiscal, se concede la palabra al abogado de la defensa. DEFENSA: Viendo escuchado el Ministerio Público nos ALLANAMOS a la petición del Ministerio Público ahí andamos Conforme al 373. JUEZ: Se tiene presente, en antecedentes se advierte que han sido debidamente notificados tanto la madre de la víctima como también la defensoría de la niñez que debió intervenir en esta audiencia, en consecuencia se ha dispuesto la continuación de ese acto procesal dado que dichas notificaciones han sido defecto hadas conforme a ley, se va a pasar a dictar el siguiente Auto. DISTRITO JUDICIAL DE CHUQUISACA JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL AUTO AIAJ Nº 99/2022 CASO Nº 163/2021 PROCESO 101102012003716 ACUSADORA FISCAL: MINISTERIO PÚBLICO ACUSADOR PARTICULAR: JUANA CAÑARI RIVAS ACUSADO: NICOLAS URISTA ARANCIBIA DELITO: “CORRUPCION DE NIÑA, NIÑO, Y ADOLESCENTE” Sucre, 05 de diciembre d e2022 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que esta audiencia la autoridad fiscal se ratifica en la solicitud que hizo llegar hasta despacho judicial de someter al Señor Nicolás Urista Arancibia a una salida alternativa de procedimiento abreviado en esa razón que se han cumplido con todos los requisitos que exigen los requisitos de los artículos 373 y 374 del Código de procedimiento penal, en este caso se ha suscrito dice un acuerdo con el acusado es sentido de que reconoce la participación en los hechos que han sido objeto de juzgamiento en calidad de autor y acepta la pena que se ha previsto entre ambas partes de tres (3 )años de privación de libertad, tomando en cuenta que el Ministerio Público formulado acusación fiscal en contra del acusado por hechos que hubiesen ocurrido en momentos en que el acusado realizaba trabajos de construcción y procedió a realizar señales obscenas de contenido sexual en contra de la víctima lo que ha motivado la instauración del presente proceso está acusación está respaldada en elementos de prueba principalmente de orden documental que están consignados como mp1 am7 y que demuestran efectivamente la existencia del hecho y la participación del mismo en calidad de autor, por ello y de conformidad con los artículos 373 y 374 solicita porque se consulta el acusado si está de acuerdo con el documento que ha suscrito con el Ministerio fiscal y en base a la posibilidad de afirmación del acusado puede someterse procedimiento abreviado en mismo junto con los elementos de prueba que sustentan dicha acusación judicializándose dichos elementos a su turno la defensa se allana a lo dispuestos y solicitado por la autoridad fiscal y solicita que se somete al mismo a lo dispuesto en los artículos 373 y 374, en vista de ello y dada la modulación que efectúa el Ministerio fiscal de la acusación original impetrando porque se admita la solicitud de procedimiento abreviado en este caso todo conforme al principio de oportunidad que faculta a ese órgano persecutor de la acción penal pública a optar también por el prescindir de dicho persecución cuando considera que es necesario como en este caso reducir o comprimir todas las fases del juicio ordinario en vista de la existencia de un reconocimiento por parte del acusado en los hechos que son objeto de juzgamiento, en consecuencia se acepta dicha modulación quedando siempre a salvo los derechos de la víctima para iniciar con posterioridad a este proceso penal la acción resarcitoria que sí considere pertinente voy a solicitar que activa la cámara Dónde se encuentra el señor Nicolás Urista Arancibia. Señor Nicolás Suri está la acusación fiscal refiere que en fecha 23 de diciembre de 2020 su hija de iniciales AGC de 11 años de edad le contó que el día 22 de diciembre los albañiles que están trabajando en la zona Azari y estaban molestando siendo uno de ellos Nicolás Urista Arancibia, todo el día haciendo señales con las manos, pidiéndole que se acerque a ellos que le gustaba, mandándole besos que se acercara a él y que le iba hacer gustar manifestando que quieren eso con ella refiriéndose aspectos sexuales con la menor esteremos que se llegaron a repetir el día 23 de diciembre en la mañana ya que la menor Anabel le manifestó a su madre que de nuevo los albañiles que trabajaban en su casa estaban acosándola haciéndole las mismas señales introduciendo sus dedos en el otro haciendo orificios asimismo de que querían hacerle sentar a su lado, posteriormente ella fue donde los albañiles se les pregunto lo sucedido y ellos se negaron de forma alterada, productos de estos hechos usted ha sido acusado por la presunta comisión del delito de corrupción de niño niña y adolescente es un tipo penal que está previsto en el artículo 318 del Código Penal que conlleva una sanción de privación de libertad hasta de 8 años, se consulta usted señor Nicolás Urista Arancibia usted ha participado de estos hechos en calidad de autor. ACUSADO: Sí pero solamente le dije que se levante de donde estábamos trabajando porque era peligroso. JUEZ: Voy a solicitar al abogado de la defensa si se va a someter este procedimiento abreviado, parece que no existe el reconocimiento de participación en los hechos del acusado. DEFENSA: Señor juez ha conversado con mi cliente le explicado de la situación de qué consiste un procedimiento abreviado no lo entendido por eso quisiera que le vuelvo a preguntar. JUEZ: Usted ha participado de estos hechos en calidad de autor. ACUSADO: SI SEÑOR JUEZ JUEZ: El reconocimiento de que hace de su culpabilidad es libre y voluntario ACUSADO: SI SEÑOR JUEZ JUEZ: Para la investigación de este este hecho y usted renuncia al procedimiento ordinario de juicio oral y publico ACUSADO: SI SEÑOR JUEZ JUEZ: Acepta la pena de 3 años que ha sugerido el Ministerio Fiscal de privación de libertad, que ha sido objeto de juzgamiento y pena. ACUSADO: SI SEÑOR JUEZ JUEZ: Se tiene presente, se va a pasar a dictar sentencia su parte resolutiva no sin antes conceder la palabra la funcionaria de la defensoría de la niñez que ingresado está sala. DEFENSORIA: No nos oponemos pero pedimos garantías para la víctima en este caso esto Señor Juez JUEZ: Si tiene presente DEFENSA: Conforme al artículo 366 voy a pedir que se pueda dar la suspensión condicional de la pena. JUEZ: En base a la presentación de registro judicial de antecedentes penales, habiendo escuchado también a la defensoría de la niñez y adolescencia que se le allana también a la solicitud que efectuado por la autoridad fiscal y la defensa y lo manifestado al final por el abogado de la defensa se dicta la parte resolutiva POR TANTO el suscrito juez de Sentencia penal 1 de la capital administrador justicia en primera instancia, a nombre del estado plurinacional de Bolivia y en virtud a la jurisdicción el ejerce FALLA en procedimiento abreviado declarando el señor Nicolás Urista Arancibia de generales conocidas autor y culpable del delito de Corrupción De Niña Niño Y Adolescente contenido en el artículo 318 del Código Penal, condenándole le sufrir una pena privativa de libertad de tres (3) años a cumplirse en el penal de San Roque de esta ciudad, no obstante de ello en el caso de autos y en base al principio de objetividad se judicializó también prueba acreditando que la parte acusada no registra sentencia condenatoria penal por delito doloso que hubiese acaecido en los últimos 5 años salvo el proceso penal en curso y dado que la pena impuesta no supera los 3 años de privación de libertad de conformidad con el artículo 366 de la norma procesal penal se conceda a la parte acusada el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, la que en cumplimiento al artículo 24 del mismo código y por el lapso de un (1) año partir de la ejecutoria de la presente resolución deberá cumplir las condiciones siguientes.- -Deberá ser conocer este despacho judicial cuál es su domicilio real, dónde reside y de ese domicilio no deberá mudarse sin es previa autorización de este despacho judicial. -En consecuencia en los siguientes tres días deberá hacer conocer ese despacho judicial adjuntado la prueba pérdida de la ubicación de dicho domicilio -Está prohibido de frecuentar los lugares donde se hubiesen producido los hechos que han sido objeto de acusación, como también acercarse a la víctima o a sus familiares el mismo domicilio de la víctima y los lugares por donde circula probablemente hacía Unidad Educativa. -Está también prohibido de ocurrir en la comisión de nuevos hechos delictivos siendo suficiente que sea objeto de imputación formal por de la comisión de otro hecho delictivo para que esté beneficios quede suspendido. -Deberá también someterse a la vigilancia de juzgado de ejecución penal, para ello debe asistir a este despacho judicial una vez al mes en el primer día hábil de cada mes por el lapso de (1) un año, cuando ocurre ese despacho judicial además deberá prestar trabajos comunitarios en el juzgado de ejecución penal cumpliendo labores de una hora conforme disponga secretaría de ese despacho judicial -Deberá someterse a una evaluación psicológica, para este fin tiene el plazo de 5 días hábiles desde hoy para que presente este despacho judicial un informe de un profesional psicólogo que establezca el tiempo que va a requerir de sometimiento de esta evaluación psicológica, a objeto de que se determine cuántos informes deberán ser presentados mientras es objeto de dicha evaluación. Se advierten consecuencia al Señor Nicolás Urista Arancibia, que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta que hoy se le imponen va motivar que se revoque el beneficio que hoy se está concediendo y en consecuencia deberá cumplir con la sentencia que hoy se impone en el recinto penitenciario de San Roque, remítase un acopia legalizada de esta sentencia al registro judicial de antecedentes penales y al juzgado de ejecución penal. FISCAL: Ministerio Público va renunciar el derecho de apelar. DEFENSORIA: Renuncio a la apelación. DEFENSA: Renunciamos expresamente gracias JUEZ: Dado que las partes han manifestado voluntariamente su voluntad en apelar sentencia recientemente emitida queda debidamente ejecutoria da la misma. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 1 DE LA CAPITAL SUCRE – BOLIVIA NUREJ: 101102012003716 CASO: 163/2021 DELITOS(S): Corrupción de niña, niño o adolescente, agravada; art. 318 con relación al art. 319 ambos del Código Penal PARTE ACUSADORA: Ministerio Público DENUNCIANTE: Juana Cañarí Rivas PARTE ACUSADA: Nicolás Urista Arancibia JUEZ: Luis Benjamín Rojas Latorre SECRETARIA: María Silvana Gorena Camacho SENTENCIA 22/2022 Emitida en su parte resolutiva en la ciudad de Sucre a horas ocho cero minutos del día lunes cinco de diciembre de dos mil veintidós años y pronunciada íntegramente en la misma ciudad, a horas ocho del día lunes cinco de diciembre de dos mil veintidós años dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juana Cañarí Rivas contra Nicolás Urista Arancibia, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, descrito en el art. 318 del Código Penal. Datos del acusado: Nicolás Urista Arancibia, fecha y lugar de nacimiento: 30 de octubre de 1990, del departamento de Chuquisaca; con cédula de identidad: 10325062 h.; estado civil: soltero; dirección de su domicilio: Barrio San Miguel Zona Alegría S/N; profesión u ocupación albañil; relación que tiene con la víctima (parentesco; amistad, otra): otra; no fue procesado por algún otro delito. CONSIDERANDO I DEL HECHO En fecha 23 de diciembre del año de 2020 (en curso) su hija de iniciales A.G.C. 11 años de edad le contó que el día de 22 de diciembre, los albañiles que estaban trabajando en la zona de Azari, le estaban molestando siendo uno de ellos NICOLAS URISTA ARANCIBIA, todo el día haciendo señales obscenas con las manos, PIDIENDOLE QUE SE ACERQUE A ELLOS, QUE LE GUSTABA, MANDANDOLE BESOS, QUE SE ACERCARA A EL y que le iba a gustar, manifestando que quieren eso con ella, refiriéndose a aspectos sexuales de la menor, extremos que se llegaron a repetir el día 23 de diciembre de 2020 en la mañana ya que la menor Anabel le manifestó a su madre que de nuevo los albañiles que trabajan en su casa habían estado acosándola, haciendo las mismas señas introduciendo sus dedos en el otro haciendo orificios asimismo de que querían hacerle sentar a su lado y su hija llamo a sus amiguitas de la calle por miedo, y posteriormente ella fue donde los albañiles y les pregunto de lo sucedido y ellos se negaron de forma alterada. Como consecuencia de estos hechos, Nicolas Urista Arancibia ha sido investigado y acusado formalmente por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, previsto en el art. 318 del Código Penal. DE LA VALORACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE CARGO OFRECIDA CONSIDERANDO II Ante la modulación de la acusación fiscal, el acusado, expresó su voluntad de acogerse al procedimiento abreviado, en los términos establecidos por el art. 374 del Código de Procedimiento Penal, esto es, reconociendo libre y voluntariamente haber participado en grado de autoría en el hecho denunciado, de modo que, al no haber sido obligado a declarar contra sí mismo, dicho reconocimiento es jurídicamente válido, renunciando con ello y de mutuo propio a la garantía normativa de presunción de inocencia, prevista en el art. 116.I de la Constitución Política del Estado. En ese contexto, corresponde imponer una sanción penal de acuerdo a los elementos probatorios ofrecidos en la acusación fiscal, que acreditan la autoría y culpabilidad en el hecho delictivo antes mencionado; a este fin el Ministerio Público ofreció los siguientes elementos probatorios documentales incorporados a juicio por su lectura: MP. 1.-ACTA DE FORMULARIO DEDENUNCIA, por lo que hace conocer hechos de corrupción en contra de la menor víctima, cuando indica que el 23 de diciembre del año de 2020 su hija de iniciales A.G.C. de 11 años de edad le contó que el día de 22 de diciembre, los albañiles le estaban molestando todo el día haciendo señales con las manos tipo obscenas, manifestando que quieren eso con ella, actos obscenos que introducían sus dedos a sus manos y sacaban, pidiéndole que eso querían con ella Valoración.- Elemento probatorio documental de valor relativo, considerando que se trata de aquella facultad conferida por la ley a todo ciudadano de poner a conocimiento del órgano persecutor la presunta comisión de hechos de naturaleza penal y que para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una obligación legal, conforme prescribe el art. 188.a del CNNA; empero este documento no constituye un elemento de prueba destinado a comprobar la existencia del hecho, la participación del presunto autor en el mismo o la personalidad de éste. MP. 2.- FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO de la Menor Victima Anabel G.C por el que se establece la edad de 11 años. A momento del hecho suscitado, (no se encuentra en el cuaderno de pruebas). MP. 3.- INFORME CIRCUNSTANCIAL de fecha 23 de diciembre de 2020, elaborado por el Pol. Juan Jesús Duran Montalvo. Se adjunta la declaración de Juana Cañari Rivas. Valoración.- Literal donde la víctima en el cual pone en conocimiento los hechos suscitados con relación al acoso efectuado en contra de la menor víctima por parte del imputado, quien se encontraba conjuntamente otra persona, de tal modo que cabe darle valor fundamental a este elemento probatorio, no obstante tratarse de una prueba indirecta. MP. 4.-INFORME DE ACCIÓN DIRECTA. De fecha 23 de diciembre evacuado por Sob. 2do. Ximena Álvarez Ramos y Pol. Florentino Canasi, (no se encuentra en el cuaderno de pruebas). MP. 5.- INFORME PRELIMINAR de fecha 21 de enero de 2021, Evacuado por Pol. Juan Jesús Duran Montalvo. Valoración.- Prueba documental, mediante la intervención de la policía boliviana asumiendo el cumplimiento de sus funciones, prosiguiendo con la investigación donde informa la presencia de un testigo de descargo, por lo que al mismo se le tomo la entrevista informativa policial del Sr. Raymundo Mamani con las debidas formalidades de ley , a objeto de velar por el cumplimiento y amparo del interés superior de la niñez y adolescencia, tal como manda el precepto contenido en el art. 60 de la Constitución Política del Estado. MP.6.-INFORME PSICOLOGICO evacuado por la Lic. Marcia Cristina Zamora Avila. Valoración.- Prueba documental, emitida por la Lic. Marcia Zamora Ávila Psicóloga de la Defensoría del D-1, realizado a la menor A. G. C., misma quien en sus conclusiones refiere que La menor de edad se encuentra ubicada en persona, tiempo y espacio, se presenta con vestimenta adecuada a su edad, un poco despeinada, tiene un buen estado de lucidez. Respecto a la evaluación CASIC. Anabel presenta a nivel conductual es cooperativa con la entrevistadora, el lenguaje es claro, muestra confianza y seguridad en su relato, mantiene la mirada, es coherente en su verbalización, se comunica de forma fluida, honesta, atenta a su entorno: a su nivel afectivo, muestra afectos positivos hacia su progenitora. En la mirada y movimiento de manos se puede evidenciar la presencia de estímulos nerviosos al referirse a ambos agresores, se puede inferir que es preocupación por la situación en general, experimentando miedo por la cercanía de sus agresores. M.P. 7.- REQUERIMIENTO CONCLUSIVO DEL INVESTIGADOR ASIGNADO DO AL CASO, (no se adjuntó al cuaderno de pruebas requerimiento conclusivo) DE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO Que, el sistema procesal penal se rige básicamente por el principio de obligatoriedad u oficialidad y el principio contrapuesto de oportunidad, dando lugar a una dinámica en la que el Ministerio Fiscal debe por regla general-, promover la acción penal pública asumiendo la dirección funcional de la investigación, cada vez que tenga noticia fehaciente y existan indicios suficientes para presumir la comisión de hechos delictivos. Coetáneamente a esta obligación, surge la permisión legal concedida a esta repartición estatal, de inhibir sus mecanismos de persecución penal, cuando las circunstancias o la conducta delictiva ejercida por el denunciado, no representen mayor gravedad o existiendo ésta, no hubiesen las condiciones necesarias para esperar de un procedimiento ordinario, un fallo condenatorio que imponga una pena cualitativamente distinta de la que se emitiría en una salida alternativa promovida por el Ministerio Fiscal, ante la inexistencia de circunstancias que requieran una mayor investigación del hecho en particular; en esas condiciones, rige el principio de oportunidad que autoriza al acusador público a optar por estas vías alternas al juicio ordinario, el que se encuentra sujeto a un procedimiento más prolongado y generalmente más incidentado que termina afectando al principio de acceso pronto y oportuno a la justicia. Por ello la opción de las salidas procesales alternas, redunda inexorablemente en el descongestionamiento del servicio de justicia, al permitir que éste se avoque a la atención de los casos en que, por la gravedad de los hechos, es prioritario gestionar en procedimiento común u ordinario, una sanción concomitante con la voluntad del Estado de restituir la vigencia y protección de bienes jurídicos altamente ponderados por la sociedad civil. De este modo el principio de oportunidad constituye la base de las salidas alternativas a dicho procedimiento común, cuyas modalidades están previstas en los arts. 21, 23, 72, 373 y 377 del Código de Procedimiento Penal, referidas a la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, de un procedimiento abreviado, o en su caso activando los mecanismos relativos a la conciliación. Que, el procedimiento abreviado como una salida alternativa, tiene como principal característica diferenciadora de las demás, la conclusión extraordinaria del proceso sin extinguir ni suspender la acción penal; en sí, no extingue el procedimiento ordinario, sino que lo abrevia a sus fases más esenciales, eliminando el debate oral, público y contradictorio, cuya modalidad no puede justificarse en otro motivo que no sea el reconocimiento realizado por el imputado de haber participado en el hecho delictivo investigado; luego, solo la trascendencia jurídica de este reconocimiento puede merecer la abreviación del juicio con el propósito de brindar al acusado, certidumbre de su situación jurídica en forma oportuna. Sin embargo, tal decisión debe ameritar una especie de contraprestación por las agencias estatales de persecución penal, relativa a la pretensión de imponer una pena significativamente atenuada y en tanto no sea imprescindible mantener latentes los mecanismos de investigación para conocer la real dimensión o implicancias en las que fueron cometidos los hechos delictivos sujetos a juicio. En base a los antecedentes mencionados y de conformidad con los arts. 326.I, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, el procedimiento abreviado es un mecanismo de simplificación de la administración de justicia para dar soluciones eficaces al derecho fundamental de la sociedad de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones en el ámbito de la política criminal relativa a la lucha contra la delincuencia, introduciendo la figura del "acuerdo" como base para su procedencia; éste implica una negociación previa entre el fiscal y el imputado, con el patrocinio de su abogado defensor, respecto de la pretensión penal perseguida por el Ministerio Público (condena del imputado, previa admisión del hecho) y la consiguiente imposición de la pena más benigna (de la que pretende beneficiarse el imputado); en tal virtud, el acuerdo es un acto procesal bilateral, en el que se trata el quantum de la pena al que arriban los sujetos procesales legitimados para ello. Que, en el caso de autos, el Ministerio Fiscal, acusa a NICOLAS URISTA ARANCIBIA, por la presunta comisión del delito de CORRUPCION DE NIÑA, NIÑO ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el art. 319 bis del Código Penal; posteriormente la autoridad fiscal solicitó la aplicación del procedimiento abreviado, de acuerdo al trámite previsto en los arts. 374 siguientes y lo regulado en el art. 326.I.II.III todo del Código de Procedimiento Penal, impetrando porque se declare al acusado, autor de la comisión del delito citado, imponiéndosele una pena privativa de libertad de tres (3) años. Conforme al art. 318 del Código Penal, la configuración de este tipo, ha sido delimitada por el Legislador en los siguientes términos: “Artículo 318 (CORRUPCIÓN DE NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro motivo, corrompiera o contribuya a corromper a una persona menor de dieciocho años, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a ocho años”. “Artículo 319 (CORRUPCIÓN AGRAVADA). En el caso del artículo anterior, la pena será agravada en un tercio: 1. Si la víctima fuera menor de catorce años; 2. Si el hecho fuera ejecutado con propósitos de lucro; 3. Si mediare engaño, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción; 4. Si la víctima padeciera de enfermedad o deficiencia psíquica; 5. Si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la educación o custodia de la víctima”. Hasta el 7 de noviembre de 2010, este delito estaba contenido bajo el epígrafe de “corrupción de menores”, el que es modificado por la denominación actual mediante Ley 054 de 8 de noviembre de ese año, de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes; de este modo existe una mayor precisión del grupo etario, que el Legislador pretende proteger, imponiendo para este fin una sanción punitiva más gravosa al restringir la libertad de cinco años que preveía la norma original, a ocho. Sin embargo, debió aprovecharse ese momento en que fue revisada dicha norma penal, para intentar superar la ambigüedad y la generalidad de varios términos insertos en el tipo desde su configuración original, que terminan por dejar en manos de las autoridades judiciales, la decisión de establecer qué actos corrompen a una niña, niño o adolescente; en efecto, la norma analizada pese a contener una exigua redacción, está integrada por varios conceptos abstractos y frases vagos y/o ambiguos, como resultan los términos “corrupción”, “acto libidinoso”, “cualquier otro medio”. Al respecto Muñoz Conde concluye que la definición de corrupción podrá aprehenderse por defecto, de lo que no está regulado en los demás tipos penales que tienen como bien jurídico protegido, la libertad sexual de las personas, siendo de ayuda el destacar que el delito en estudio, es el primero de aquellos que protegen la “moral sexual de las personas”, lo que, de comienzo da entender que la conducta delictiva daña esencialmente la integridad psicológica o indemnidad moral de la niña, niño o adolescente; y de ninguna manera la integridad física, que es protegida por intermedio de otras figuras penales. Así, el mismo autor español, entiende por corrupción de menor, el hacer “participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste” ; para Villamor Lucía, esta forma de corrupción implica una “desviación de un normal desarrollo sexual” ; por su parte Soler, citado por Villamor, señala que: “se considera corruptora la acción que deja una huella profunda en el psiquismo de la víctima, torciendo el sentido material, biológico y sano de la sexualidad” . Por su parte Benjamín Miguel Harb , rescata un análisis de suyo importante para conocer los alcances de la corrupción; parte señalando que corromper es habituar a una niña, niño o adolescente, a prácticas sexuales fuera de lo normal, creando vicio de conductas desaprobadas en relación a las condiciones de la víctima; distinguiendo tres formas de corrupción que no son excluyentes entre sí, esto es, los actos de corrupción prematuros, que afectan al desarrollo evolutivo psíquico normal de la víctima; los actos de corrupción excesivos que crean lujuria anormal; y los actos de corrupción perversos; los primeros están ligados a la idea de tiempo, los segundos a la idea de cantidad y los últimos destacan la calidad del acto corruptor. Si bien este autor señala inicialmente que corromper es habituar, luego afirma que el acto de corrupción debe tener un alcance psicológico, porque se castiga el acto de corromper, para afirmar posteriormente que se castigan estos actos aunque no haya resultado. A su vez, Valda Daza entiende por corrupción de niña, niño o adolescente, el exponer a una persona de este grupo a actos de significancia sexual, capaces de pervertirle o perturbarle, afectando de este modo su dignidad e inocencia; el mismo autor rescata los siguientes entendimientos de Creus sobre el particular: “corrupción típica es el estado en el que se ha deformado el sentido naturalmente sano de la sexualidad, sea por lo prematuro de su evolución (con respecto a la edad de la víctima), sea porque el sujeto pasivo llega a aceptar como normal -para su propia conducta- la depravación de la actividad sexual”; aclara muy bien Valda que: “El delito no consiste en realizar una acción sexual en el cuerpo de un menor, puesto que se trataría en este caso de una violación…” ; u otras figuras penales como proxenetismo, violencia sexual comercial, abuso sexual, etc.; finalmente resulta pertinente destacar el criterio de corrupción que desarrolla Garrido Montt, citado por Valda Daza: “como algo impúdico, ofensivo al pudor, pero no meramente ofensivo sino groseramente y es especial torpe o repugnante” . De los criterios doctrinarios antes expuestos, puede concluirse que la corrupción de menor de edad, emerge de una conducta mínimamente sostenida, descartándose aquella acción única, casual, aislada y breve en el tiempo, aunque sea evidentemente grosera, porque lo que el tipo penal entiende por corrupción y por lo tanto exige su concurrencia, es que el acto corruptor deje huella profunda, habitúe al menor de edad, creando vicio por conductas desaprobadas; en circunstancias que la víctima llega a aceptar como normal para su propia conducta, la depravación de la actividad sexual. Este dato es importante, porque a partir del mismo, tendrá que determinarse la forma de ejecución de este injusto penal, es decir, si el delito de corrupción de menores es instantáneo, continuo o permanente; en esa línea, atendiendo a la forma en que debe impactar en la víctima el acto corruptor, puede inferirse que se trata de un delito generalmente continuado porque respondería a una conducta periódicamente ejercida por el mismo sujeto, con el mismo propósito y forma de comisión, sobre la misma víctima y lesionando siempre el mismo bien jurídico; en este caso el último acto corruptor, se entenderá también el momento en que cesó la consumación del hecho; no es un delito de carácter permanente, porque el agresor no ejercer un control continuo sobre el bien jurídico lesionado, sino que en cuanto vuelve a tener la oportunidad, de acuerdo a las circunstancias, vuelve a perpetrar el hecho. Queda todavía por analizar si el hecho se encuentra consumado con la acreditación de la acción corruptora o si por el contrario, será preciso realizar una pericia psicológica para determinar que la conducta desplegada por el agente, efectivamente provocó la corrupción del menor, en los términos anteriormente analizados; de ello dependerá considerar a este delito como de peligro (caso en el cual será suficiente demostrar la conducta desplegada por el agente) o como de resultado (objetivado en los resultados de la pericia psicológica); al respecto deberá tomarse en cuenta en primer lugar los términos utilizados por el legislador para fijar este tipo penal; en efecto, atendiendo a este aspecto, la norma deja claramente establecido que lo que exige el legislador para dar por hecho la perpetración del ilícito penal, es demostrar que, no importando el medio empleado, se ha provocado la corrupción del menor, es decir, que solo a través de un informe pericial podrá demostrarse que en la víctima se produjo, una huella profunda que habitúa a la víctima a desarrollar un vicio por conductas sexuales desaprobadas capaces de pervertirle, pero que las acepta como normales; esto quiere decir que el tipo penal en cuestión responde a una conducta ilícita que se consolida cuando se da por acreditado los efectos antes mencionados en la psiquis de la víctima; entonces se trata de un delito de resultado y no de peligro, caso en el cual la redacción de esta figura hubiese sido otra, destinada a castigar la intensión del agente de modificar la perspectiva innata de la víctima sobre la sexualidad. Empero el fin antes destacado, en esencia constituye un medio para alcanzar el verdadero propósito que persigue el agresor, esto es, no solo afectar la integridad e indemnidad psíquica y moral de la víctima, sino la integridad física de la misma; de lo que se sigue que el delito de corrupción de menores, es un delito medio, para perpetrar otros ilícitos que afectan directamente a esta integridad. Se trata de un delito en el que el sujeto activo es general e indeterminado, pues cualquier persona natural puede ser autor del hecho; a su vez, la norma en cuestión alude a una tercera persona, que contribuye a corromper al menor, quien, bajo una presunción de hecho, debe ser entendido inicialmente como un coautor, en consideración a que el legislador hace expresa mención de este tercero, aspecto que de ordinario no realiza sobre los demás tipos contenidos en el Código Penal; también porque de acuerdo a la naturaleza de la acción y su forma de ejecución, se ha establecido que es un delito continuado, de suerte que para cada nueva perpetración será preciso que intervenga esta tercera persona, lo que supone la ejecución del hecho de manera conjunta, con la respectiva distribución de roles; quedando en ésta la carga de probar que su participación no tuvo la condición de coautoría, sino en alguna de las formas de complicidad, afirmación que se sustenta en la mención que expresamente realiza la ley y las circunstancias en que se presenta esa carga dinámica de la prueba. Asimismo, si bien a priori, puede afirmarse que el sujeto activo es general e indeterminado, no es menos evidente que en el numeral 5) del art. 319, relativo a la corrupción agravada, el sujeto activo será siempre especial o determinado, ya que se contempla el caso de la perpetración por parientes consanguíneos, cónyuges, tutores o encargados de la custodia del menor, quienes están reatados a deberes especiales que principalmente emergen de la ley y cuya conducta delictiva implica una infracción a esos deberes, soslayando su posición de garantes de su cumplimiento y resguardo; en este caso no se demostrará el dominio del hecho, sino la infracción al deber asumido. El sujeto pasivo también es propio, especial o determinado, porque necesariamente la conducta delictiva recaerá en una persona menor de 18 años; el carácter especial de sujeto pasivo se hace más patente cuando la víctima es menor de 14 años, caso en el cual, la sanción será agravada según establece en el art. 319.1 del Código Penal, ya que como manifiesta Valda Daza: “…se trata de una niña o niño, quien al ser aún inocente, es más vulnerable al shock ocasionado por la impresión de un espectáculo sexual o lascivo, en tal entendido, las consecuencias psicológicas en un menor de 12 años, pueden ser mucho más severas y perecederas que en una persona mayor” . En general, el bien jurídico protegido es la moral sexual de la víctima, pero respecto al delito específico, se sigue que lo que se pretende proteger es una adecuada educación en el ejercicio de la sexualidad ; pues este delito supone una desviación perturbadora de ese proceso natural de aprendizaje de la sexualidad por parte de un menor, por lo tanto dicha conducta ataca a la indemnidad sexual que con la que nace toda persona. Sobre el elemento material del injusto penal, se desprende que el mismo contiene dos verbos rectores uno necesario y el otro contingente; en efecto, el corromper es la conducta necesaria del tipo, pero puede ser que ésta requiera el apoyo de otra, que, sin intervenir directamente en los actos corruptores, facilita o permite (acción u omisión, respectivamente), que se despliegue dicha conducta lesiva; cabe entonces remitirse a lo analizado precedentemente sobre ambas conductas. Esta figura penal, contiene varios accidentes de la acción, como aquellas circunstancias de tiempo, modo, lugar o medio de comisión que destaca la norma, como requisito imprescindible de comisión, cuya ausencia podría ser causa de una atipicidad; al respecto, si bien finalmente el tipo descarta especificar las formas de comisión, alude a una de ellas de manera concreta, siempre con el afán de advertir que el medio empleado debe ser pertinente y adecuado para provocar paulatinamente -por lo general-, la corrupción del menor; este primer accidente de la acción es el acto “libidinoso” que Villamor Lucía lo define como: “aquellos que tiendan a representar prácticas lujuriosas. La acción debe tender a conseguir mediante actos libidinosos que la víctima tenga una alteración antinatural de las condiciones en que el acto sexual se realiza” ; entendiéndose por “lujuria” deseo y actividad sexual exacerbados o desmedidos. Asimismo, constituye un accidente de la acción, cuando el hecho es cometido mediante engaño, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como regula el art. 319.3 del Código Penal, caso en el cual, en que el consentimiento se encuentra aún más viciado, por ejercer engaño que lleva a error, violencia o intimidación a un menor desde ya vulnerable, el legislador agrava la sanción en contra del agresor. En esas condiciones puede afirmarse que la figura corresponde a una conducta esencialmente dolosa, porque se ejerce sobre una persona que se encuentra en proceso de desarrollo de su personalidad y de su futura capacidad de obrar con pleno discernimiento de lo bueno y de lo malo para uno; y es de ese estado de formación y de periodo inevitablemente inestable, que se aprovecha el agresor, para someter a la víctima, a un proceso recurrente de deformación del carácter natural y sano de la sexualidad; es por tanto, una conducta dolosa directa, ya que se tiene pleno conocimiento de estar realizando a través del tiempo un acto antijurídico y pese a ello, está la firme voluntad de continuar con esa actitud. De los elementos contenidos en el tipo, se observa que el legislador ha impregnado el mismo de especiales elementos subjetivos del tipo, es decir, de tendencias internas que se ocultan en la mera comisión dolosa, sino que persiguen un fin que va más allá del acto descrito; al respecto, en la frase: “El que mediante actos libidinosos…”, se advierte la existencia de una tendencia interna transcendente, esto es, que la mera acción libidinosa ejercida por el agresor o mediante los medios que emplee, tienen un propósito más oculto, que en este caso, logre que el menor conciba como natural, el ejercicio de la sexualidad de modo morboso y/o grosero, con el fin de lograr que el mismo no se violente cuando sea invitado a realizar la misma actividad que le exhibieron; se constata la misma tendencia en la conducta descrita en el art. 319.2 del Código Penal, cuando se despliega la conducta delictiva, con fines de lucro, que es el verdadero motivo encubierto por el agresor. A su vez, es evidente que la figura penal contiene varios elementos normativos, es decir, términos que no pueden aprehenderse por los sentidos y más bien requieren de definiciones proporcionadas por alguna ciencia o cultura para su cabal comprensión; sin embargo, estos elementos normativos, ya fueron destacados precedentemente. De otra parte cabe afirmar que el delito en cuestión debe catalogarse como un delito complejo, porque al margen de lesionar ese bien jurídico genérico como es la moral sexual, daña en particular la adecuada educación en el ejercicio de la sexualidad; a su vez, sobre la forma de conducta, esta figura penal es generalmente activa, pero también puede concebirse como omisiva; en el primer caso, el agente realiza una serie de conductas destinadas a colocar a la víctima en condiciones que se encuentre influenciado por comportamientos de contenido sexual que generalmente están destinados a estimular los sentidos de la vista y el oído; sin embargo el que contribuya a corromper podría hacerlo con simplemente abstenerse de impedir que el agente material proceda a influir sobre el menor, lo que deberá valorarse atendiendo a las circunstancias en que se produjeron los hechos. Respecto a las consecuencias de la acción, que permite distinguir entre los delitos formales y los delitos de resultado, emergen como características específicas de este injusto penal, ciertos supuestos de suyo interesantes, toda vez que si bien se estableció que este injusto penal es esencialmente de resultado, ya que deberá acreditarse que el menor fue objeto de corrupción, puede suceder que en el caso del contribuyente, su omisión se entienda como la acción desplegada por el agresor que provoca en otra dimensión temporal el resultado mencionado, esto es, la corrupción del menor; en definitiva en ambos casos se entiende que el delito es de resultado y de acción u omisión dañosa, es decir, que no se produce por accidente o casualidad, sino que responde a una causa proveniente de la planificación dolosa del agente y/o el contribuyente. En cuanto a la forma de ejecución, se ha dicho que este delito será entendido como continuado, aunque exista una corriente jurisprudencial que hubiese señalado que en Bolivia, dicha forma de comisión no estaba reconocida; lo cierto es que más allá de este tipo de formalismos, la realidad de la experiencia no puede ser objeto de soslayo y en la misma se observa que esta conducta es periódicamente recurrente, siempre con el mismo propósito y respecto a la misma víctima. Para acabar debe manifestarse que el tipo penal analizado contiene una norma primaria de prohibición, que de ser contravenida justificará la intervención del Estado para sancionar punitivamente en hecho. En la especie, el acusado aceptó ser autor directo de la comisión del citado hecho delictivo, según su declaración efectuada en audiencia de juicio de horas ocho del día lunes cinco de diciembre de dos mil veintidós años y concomitante con la prueba documental presentada por el Ministerio Público e introducida a juicio por su lectura, de la que puede colegirse que el mismo por el ministerio público y que se adecua al tipo penal de corrupción de niño, niña y adolescente, cuya afectación debe ser reparada por el Estado mediante la imposición de una pena privativa de libertad como expresión de su voluntad de garantizar la vigencia ante la sociedad, de la indemnidad sexual de las niñas como bien jurídico protegido. Por lo expuesto y de conformidad con los arts. 38 al 40 del Código Penal, este fallo ha tomado en cuenta la personalidad del acusado, la gravedad del hecho, las circunstancias del mismo, su edad, los registros que reporta el informe de antecedentes penales del encausado, introducido a juicio, la educación y la conducta del mismo, tanto anterior, como posterior al hecho, todo con el propósito de imponer una pena que represente la retribución integral por el daño causado; concluyendo que el mismo tiene capacidad jurídica plena y acepta voluntariamente haber participado en grado de autoría material en el hecho acusado y admitiendo la pena a imponerse. POR TANTO: El suscrito juez de sentencia penal 1 de la capital administrando justicia en primera instancia nombre del estado plurinacional de Bolivia y en virtud a la jurisdicción y potestad que por el ejerce FALLA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO, declarando al Señor: NICOLAS URISTA ARANCIBIA generales conocidas autor y culpable del delito de CORRUPCION DE NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE previsto en el artículo 318 del Código Penal, condenándole a sufrir una pena privativa de libertad de tres (3) años a cumplirse en la cárcel pública de San Roque de esta ciudad; no obstante de ello en el caso de autos y en base al principio de objetividad se judicializó también la prueba acreditando que la parte acusada no registra sentencia condenatoria penal por delito doloso que hubiese acaecido en los últimos 5 años salvo el proceso penal en curso y dado que la pena impuesta no supera los 3 años de privación de libertad de conformidad con el artículo 366 de la norma procesal penal, se concede a la parte acusada el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, la que en cumplimiento al artículo 24 del mismo código y por el lapso de un (1) año partir de la ejecutoria de la presente resolución deberá cumplir las siguientes condiciones.- -Deberá hacer conocer este despacho judicial cuál es su domicilio real, dónde reside y de ese domicilio no deberá mudarse sin no es previa autorización de este despacho judicial. -En consecuencia en los siguientes tres días deberá hacer conocer ese despacho judicial adjuntado la prueba pertinente de la ubicación de dicho domicilio -Está prohibido de frecuentar los lugares donde se hubiesen producido los hechos que han sido objeto de acusación, como también acercarse a la víctima o a sus familiares en el mismo domicilio de la víctima y los lugares por donde circula (hacía su Unidad Educativa). -Está también prohibido de incurrir en la comisión de nuevos hechos delictivos siendo suficiente que sea objeto de imputación formal por la comisión de otro hecho delictivo para que esté beneficio quede suspendido. -Deberá también deberá someterse a la vigilancia de juzgado de ejecución penal, para ello debe asistir a este despacho judicial una vez al mes en el primer día hábil de cada mes por el lapso de (1) un año; cuando acuda a ese despacho judicial además deberá prestar trabajos comunitarios en el juzgado de ejecución penal cumpliendo labores de una hora conforme disponga secretaría de ese despacho judicial. -Deberá someterse a una evaluación psicológica, para este fin tiene el plazo de 5 días hábiles desde hoy, para que presente a este despacho judicial un informe de un profesional psicólogo que establezca el tiempo que va a requerir de sometimiento a esta evaluación psicológica, a objeto de que se determine cuántos informes deberán ser presentados mientras es objeto de dicha evaluación. Se advierte al Señor Nicolás Urista Arancibia que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta que hoy se le imponen va motivar que se revoque el beneficio que hoy se está concediendo y en consecuencia deberá cumplir con la sentencia que hoy se impone en el recinto penitenciario de San Roque, remítase un acopia legalizada de esta sentencia al Registro Judicial de Antecedentes Penales y al Juzgado de Ejecución Penal. Esta sentencia, fundada en las disposiciones contenidas en los arts. 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal y 38 al 40 del Código Penal, es pronunciada en la ciudad de Sucre, Capital Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia a horas once del día lunes cinco de diciembre de dos mil veintidós años; y habiendo expresado las partes su decisión de no impugnar este fallo mediante apelación restringida, queda debidamente ejecutoriado el mismo. SERÑOR JUEZ DE SENTECIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL CODIGO Nº 101102012003716 1.- Pide que se oficie al centro JUANA AZURDUY DE PADILLA (LAS JUANAS) de esta ciudad de Sucre de manera urgente, para que persona pueda realizar y/o someterse a una valoración psicológica, esto dando cumplimiento a la sentencia de fecha 05 de diciembre del presente año 2022.- II.-Otrosí.- NICOLAS URISTA ARANCIBIA, de generalidades ya expresadas dentro del proceso PENAL que sigue le MINISTERIO PUBLICO a denuncia de JUANA CAÑARI RIVAS en contra de mi persona, por la comisión del delito de CORRUPCION DE NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, presentándome a su digna autoridad con todo respeto expongo fundamento y pido Señor Juez con el fin de cumplir a la sentencia de fecha 05 de diciembre del año 2022, vale decir con el fin de “someterme a una valoración psicológica que deberá hacer llegar su diagnóstico a este despacho judicial, vale decir los informes en el cumplimiento de sus medidas” sic, respetuosa pido que se OFICIE DE MANERA URGENTE a las oficinas de las JUANAS de esta ciudad de sucre, para que persona pueda realizar y/o someterse a una valoración psicológica, sea mediante el profesional psicológico de LAS JUANAS, petición que la efectuó amparado en el art. 24 de al Constitución Política del Estado, sea la misma conforme a ley.- Otrosí.- Providencia en calle RAVELO Nº233 interior oficina Nº 2 de esta ciudad de Sucre. Sucre, 05 de diciembre de 2022 (imei 10421207) Ingresa a despacho para providencia en fecha 03 de enero de 2023. Certifico.- A, 03 de enero de 2023 En atención al memorial que antecede ofíciese al fin impetrado. Al otrosí. – Por señalado. FDO. JUEZ LUIS BENJAMÍN ROJAS LATORRE………………………….…… FDO. SECRETARIA - ABOGADA – MARIA SILVANA GONERA CAMACHO. EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SUCRE, CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES…………………………………………………………………… D. S. O.


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