EDICTO

Ciudad: EL ALTO

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE EL ALTO


E D I C T O EL DR JUAN CARLOS FLORES CANGRI PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO HACE SABER: Por el presente EDICTO se notifica y emplaza a WEND DORSAINVI; NOMY CITEL; AFADA D. BERTRAND; DLEXDRE MICHEL; OLIBRECE JUVENSON; PIERRE WIDENSON: JUSTE JAMENSON; DRNOSON DEOSIER; NADINE NILARE; LEON ROLANDO; PIERRE JAREE; AMAZON AMME; MERLE DANISE; KEISON DILDOR y como MENORES DE EDAD; A.S.P.A; J.A.P.A; W.S.V; R.D.S.V; M.D.J.K.A Y J.L., para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional y asuma defensa en el proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra WARA EMMA BERSATTI RIVAS Y EDDY JUAN TORREZ ACARAPI por el delito de TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, en la que se ha dispuesto lo que a continuación se transcribe:.------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ORGANO JUDICIAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE EL ALTO SENTENCIA Nº 52/2022 NUREJ: 201502022104747 El Alto, 21 de octubre de 2022 El Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conformado por: Miembros del Tribunal Presidente: Dr. DAEN Juan Carlos Flores Cangri MSc. Juez Técnico: Dr. David Conde Chima Jueza Técnico: Dra. Sandra Rojas Salinas Dentro del Procedo penal seguido por el Ministerio Público representado por: Fiscal: Abog. Lorena Vargas Víctima: DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Abog. José Luis Molina Datos del Imputado 1º.- Nombres y apellidos: Eddy Juan Torrez Acarapi C.I. Nº: Nº6125505 L.P. Nacionalidad: Boliviano Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1991 Estado Civil: casado Ocupación: chofer Domicilio actual: Calle Landaeta y Jaimes Freire Nº1205 de la Zona Sopocachi de La Paz Abogado defensor: Abog. Luis Fernández Laura 2º.- Nombres y apellidos: Wara Emma Bersatti Rivas C.I. Nº: Nº9898830 L.P. Nacionalidad: Boliviano Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1994 Estado Civil: soltera Ocupación: estudiante Domicilio actual: Calle Viluyo Nº338 de la Zona Belen de La Paz Abogado defensor: Abog. Luis Ríos Iturri En nombre del Estado Plurinacional y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, pronuncia la siguiente sentencia: RESULTANDO: En la sala de audiencias de la Plataforma Virtual Cisco Webbex Meeting habilitado para el Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, se llevó a cabo el Juicio Oral y Público en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wara Emma Bersatti Rivas y Eddy Juan Torrez Acarapi por el delito de TRATA DE PERSONAS tipificado en el art. 321 Bis del Código Penal. CONSIDERANDO: I. LA ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO. I.1. El Ministerio Publico formula acusación en contra de Wara Emma Bersatti Rivas y Eddy Juan Torrez Acarapi y los acusa por la comisión del delito de TRATA DE PERSONAS tipificado en el art. 321 Bis del Código Penal, con el fundamento factico que conforme informe de intervención policial preventiva acción directa de fecha 8 de julio de 2021 elaborado por el Sof. Sup. Juan Quispe Charcas y Sof. 2do. Rubén Lima Canaviri funcionarios policiales dependientes del control migratorio UPCOM, Punto de Control Intermedio Laja, se toma conocimiento que en la precitada fecha a Hrs.11:50 cuando realizaban servicio de control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros en el puesto de control intermedio de laja, se hizo presente Eddy Juan Torrez Acarapi con licencia de conducir No. 6125505 cat. C, conduciendo el vehículo tipo minibús color Blanco Marca Toyota King – Long con placa de control 5224- APX, quien se encontraba acompañado de Wara Emma Bersatti Rivas; a mismo pudieron evidenciar que en el interior del vehículo se encontraban 14 ciudadanos extranjeros mayores de edad y 6 menores de edad de nacionalidad haitiana, trasladándolos desde la ciudad de La Paz con destino a la localidad de desaguadero, asimismo hacen conocer que los extranjeros se encontraban indocumentados, por lo que fueron conducidos a la división de trata y tráfico de personas FELCC el alto quedando a cargo del Sbtte. David Alanoca Doria medina a hrs. 16:00, por lo que requiere que una vez cumplidas las formalidades de ley se emita una sentencia condenatoria contra los precitados acusados. Por su parte la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presenta Acusación Particular adhiriéndose y ratificando la Resolución de Acusación Particular y también piden la Sentencia Condenatoria. CONSIDERANDO: II. PRUEBA PRODUCIDA Que, durante la sustanciación del juicio como fase esencial del sistema acusatorio, se ha introducido la siguiente prueba: II.1. PRUEBA TESTIFICAL II.1.1. Prueba Testifical Del Órgano Acusador El Representante del Ministerio Público en la fase de la producción de la prueba testifical no presentó a ningún testigo ofrecido. II.1.2. Prueba Testifical Del Acusado. Por otra parte, el acusado Eddy Torrez Aruquipa, en la fase de producción de la prueba testifical, presentó a los siguientes testigos: 1.- Alison Alejandra Suca Gamarra, es esposo de Eddy Torrez y lo conoce hace 4 años, viajando a Desaguadero, trabaja en el Sindicato 9 de noviembre, donde trabaja casi 6 años, refiere que en fecha 8 de julio de 2021 se encontraba con su esposo, el 7, un día antes del 8, la Sra. Avril, relata textualmente que: “…El día 7 la señorita abril vino a contratarnos, nosotros estábamos en la parada del cementerio esperando a que lleguen los pasajeros, porque ya era nuestro turno. Entonces a lo así se acerca la señorita abril y nos dice tengo pasajeros, ¿no nos pueden llevar a desaguadero?, entonces como nosotros estábamos esperando pasajero le dijimos que ya era nuestro turno, está bien no hay problema, y en ese entonces nos dijo pero no, no están aquí están en la terminal de la avenida Perú, no sé si podrán ir a recoger ahí nos dijo y nosotros dijimos , ya está bien no hay problema, pero el costo ya sería otro le dijimos, porque hay que ir a recoger a otra parte, porque de aquí si salimos es 20 bolivianos el pasaje, pero digamos hasta ahí unos 400 le puede salir, le dije. Y ella dijo ya, está bien pero en ese momento no nos dijo que eran extranjeros o personas normales, cuando ya llegamos al lugar, en ese momento nos dijo: ellos son, pensábamos que eran los yungueños, como son morenitos, pensábamos que eran los yungueños, así que dijimos: ha ya, está bien. Entonces, le preguntamos a ella. ¿Son bolivianos no ve? y ella nos dijo: que no, que habían sido extranjeros que son Haitianos, y nosotros ahí ya le dijimos si tenían documentos, porque en laja si o si nosotros nos paramos para que nos controlen y ellos nos dijeron, si tienen documentos no hay ningún problema. Entonces ya, se subieron y eran 12 pasajeros, con sus hijos y así… familias enteras. Y entonces subieron y Avril se subió también con nosotros al minibús, ella también viajo con nosotros. Llegamos a la tranca de laja, en ahí nos controlaron… los Haitianos bajaron… Abril les indico: van a bajar ustedes y se van a hacer registrar, entonces los Haitianos bajaron en laja y se hicieron controlar y normal ya, seguimos nuestro rumbo, rumbo a desaguadero. Llegamos a desaguadero y en ahí nos dice que mañana puede que llegue otro grupo, entonces yo les voy a llamar en la tarde para confirmarles si es que van a llegar, así los mismos pasajeros son, nos dijo y nosotros como pasamos normal tranquilos le dijimos, ya bueno no hay problema, entonces le llamaron a mi esposo, pero ya le llamo de otro número y le confirma que si iba a llegar en la tarde, ósea al día siguiente y de ahí entonces como confirmamos…. Mañana en la mañana pueden recogerles nos dijo, ya no hay problema, en el mismo lugar pero nos dijo ella en la terminal de la avenida Perú que es en la ciudad, y nosotros le dijimos: está bien. De ahí en la tarde cuando llamo le confirmamos no ve , entonces al día siguiente ya cambio el lugar, pero nos volvió a llamar del mismo celular ósea del mismo número, que ya había sido de la señora Wara, ósea de su hermana de Abril, entonces eh cuando yo ella se presentó ósea no era ya Abril si no que era Wara, y cuando le llamo a mi esposo le dijo que subiéramos a El Alto, ósea ya no de la terminal que es en la avenida Perú, que le habíamos recogido un día antes. Fuimos entonces a El Alto que es en la avenida Bolivia, nos dijo ahí por favor vénganos a recoger nos dijo, nosotros dijimos: bueno no hay ningún problema. Cuando llegamos en ahí ya habían sido más pasajeros, y entonces como yo ya no entraba, yo le dije a mi esposo: ustedes no más vayan yo voy a ir en otra movilidad, yo me voy a ir a la terminal, de ahí me voy a venir a desaguadero, en desaguadero nos vemos, le dije. Y él me dijo, ya está bien, en ahí ya estaba la señora Wara ahí, entonces cuando yo llegue más antes, porque me fui en trufi, de rio seco me fui, a desaguadero llegue más antes, y mi esposo me llamo a esa hora de las 12 del mediodía y me dijo asustado que aquí en laja nos han detenido, y yo le dije: ¿por qué? Si ayer pasamos normal tranquilo nos han hecho registrar, le digo, y me dijo: los Haitianos no tienen documentos no habían tenido sus documentos en orden, y a parte que la señora Wara se molestó con uno de los policías, que mi familiar es tantos… y de eso se molestó el policía, y ya los cargo a todos incluyendo a mi esposo. Yo le dije a mi esposo cuando, ese rato que estábamos hablando por celular, que él no tiene nada que ver, que les deje ahí, que se vaya, que se venga a desaguadero que tenemos otras cosas que hacer y fue en ese momento que me dijo: no el policía, el que nos está llevando, me pidió de favor que les lleve, porque ellos no tienen movilidad para que los transporten, como son artos, entonces que los lleve aquí, a la, a ciudad satélite, y de ahí me van a despachar me dijo. Yo le dije amor no vayas, le dije, y entonces él fue por bueno, no le llevare no más me dijo, porque yo no tengo nada que ver me dijo el policía, así me ha dicho. Ya entonces ya, cuando están yendo allá ya han llegado, me seguía llamando y me dijo: me han detenido a mi más, me han enmanillado, me dijo… pucha no entonces en ese momento yo ya me vine de desaguadero, me vine allá y ya los encontré ahí detenidos”, aclara que eran familias completas papás con sus hijos, han debido de tener unos 30 años de 30 para abajo y 35 años, con sus hijos, el servicio que presta es de transportar personas ya sean bolivianas extranjeras, chilenas, colombianas de desaguadero a La Paz y de La Paz a desaguadero. 2.- José Armando Marca Flores, es transportista, conoce a Eddy Torrez Acarapi, sabe que trabaja en el sindicato de Transporte Mixto 9 de Noviembre, que realiza el transporte de La Paz – Desaguaderho y viceversa, señala que: “hace un año que estaban entrando personas Venezolanas que entraban con documentos y es variante lo que se hace, desde 1 a 4, 2 como le digo es variante el número de personas”, “…nosotros no pedimos pero si reiteramos antes de que suban a la movilidad que tengan sus documentos al día”, “Porque hay un punto de control en Laja que está en migraciones y no solo es un punto, incluso llegan a ser 4 puntos de migraciones que están en laja, en Huancollo, son varias, ahora por el momento incluso llegan a ser 2 en Laja y en Huancollo”. La defensa técnica de la Sra. Wara Emma Bersatti Rios presentó al siguiente testigo: 1.- Avril Bersatti Rivas, conoce a Juan Torrez Acarapi, en la parada del cementerio que va hacia desaguadero que era el destino final, señala que : “…el día 6 de julio habíamos ido a buscar por que justo los de transporte litoral tenían pasajeros y el chofer que les llevaba nos había cancelado, entonces yo le acompañe al señor y justo estaban él estaba con su movilidad haciendo fila para recoger a los pasajeros y mi jefe le contacto, le hablo y él le dijo que si podía y con el bajamos hacia la terminal”, señala que trabajaba en el Transporte Litoral, su jefe era el Sr. Ilich, vendiendo pasajes, el día 8 de julio se contactó con el Sr. Torrez Acarapi, y refiere también que en fecha 8 de julio no había quedado con el mismo en nada. II.2. PRUEBAS LITERALES DE LAS PARTES PROCESALES II.2.1. Prueba Literal Del Ministerio Público De las pruebas literales ofrecidas por el órgano acusador, han sido introducidas o judicializadas al juicio oral los siguientes: Prueba signada con el código MP-1, consistente en un Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa suscrito por el Sof Juan Quispe Charcas en fecha 8 de julio de 2021, el mismo que señala: “horas 11:50 a.m. cuando nos encontrábamos realizando el servicio de control Migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros en el puesto de control intermedio de Laja, donde se hizo presente el Sr. Eddy Juan Torrez Acarapi, con Lic. 6125502 Cat. “C” conduciendo el vehículo Tipo Minibús Color Blanco Marca Toyota King Long, con placa de Control 5224-APX en el interior del vehículo se encontraban 14 ciudadanos extranjeros mayores y 6 menores todos de nacionalidad Haitiana, Asimismo acompañaba la Sra. Wara Emma Bersatti Rivas con C.I. 9898830 L.P., trasladando los de la ciudad de LA Paz con destino a la Localidad de Desaguadero, cabe hacer notar que los mencionados extranjeros se encontraban indocumentados por lo que se les condujo a Oficinas de la FELCC Div. Trata y Tráfico de Personas, quedando a cargo del Caso el Sbtte. David Alvano Mercado Doria Medina a horas 16:00 p.m.”. Valor Probatorio.- Prueba Útil e indispensable para poder establecer la primera intervención policial realizada, que establece la forma como fueron interceptados los acusados y las víctimas. Prueba signada con el código MP-2, consistente en un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Harle Danise, que refiere: “yo estaba en Chile en Iquique ya que cinco con su familia con sus dos hijas Joe Alejandro Pierre Amazon y Amme Saraen Pierre Amazon y mi esposo Jaree Pierre juntos vinimos a Bolivia y nuestro destino será Perú”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando con mi familia a Perú luego a Colombia”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú y después a Colombia con toda su familia. Prueba signada con el código MP-3, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Wendy Dorsainvil, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú luego a Colombia”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú y después a Colombia con toda su familia. Prueba signada con el código MP-4, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Alexandre Michel, que refiere: “estaba en Iquique Chile por lo que nos encontramos como una familia, ya que luego pasamos a un bus hacía Bolivia”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú luego a Colombia”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú y después a Colombia. Prueba signada con el código MP-5, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Juvenson Olibrice, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-6, consistente en un Informe suscrito por el Sbtte. Alvaro David Mercado Doria Medina, Asignado al Caso, de fecha 8 de julio de 2021, donde se informa sobre las actuaciones policiales realizadas a la fecha. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que actos procesales se realizaron hasta la fecha del informe. Prueba signada con el código MP-7, consistente en un Acta de Requisa Personal y Colección de Indicios Materiales de fecha 8 de julio de 2021, en el que se evidencia que se procedió a colectar lo siguiente: un celular marca Huawei, una tarjeta de débito del Banco Mercantil S.C., una tarje de débito del Banco FSA, Una tarjeta de débito del Banco BCP, una Tarjera de débito del Banco Fácil. Valor Probatorio.- Útil para establecer los objetos colectados de Wara Bersatti Rivas. Prueba signada con el código MP-8, consistente en un Acta de Requisa Personal y Colección de Indicios Materiales de fecha 8 de julio de 2021, en el que se evidencia que se procedió a colectar del Sr. Eddy Juan Torrez Acarapi, lo siguiente: un celular marca Samsung. Valor Probatorio.- Útil para establecer los objetos colectados de Eddy Juan Torrez Acarapi. Prueba signada con el código MP-9, consistente en un Acta de Requisa y secuestro de Vehículo de fecha 8 de julio de 2021, en el que se evidencia que se procedió a secuestrar un vehículo clase Minibús, Marca King Long, modelo 2020 del conductor Sr. Eddy Juan Torrez Acarapi, detallando los objetos que se encontraban dentro. Valor Probatorio.- Útil para establecer el secuestro del vehículo detallado en el acta. Prueba signada con el código MP-10, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Juvenson Olibrice, similar a la prueba MP-5. Valor Probatorio.- Excesivo por ser prueba repetida. Prueba signada con el código MP-11, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Pierre Widenson, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-12, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Nadine Nilaire, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-13, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Keison Ailidor, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-14, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Joste Jamenson, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-15, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Leon Rolando, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-16, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Drnoson Deosier, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-17, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Nomi Citel, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-18, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Afada Bertrandi, que refiere: “nosotros estamos viniendo de Chile a Bolivia y cuando llegamos a una caseta de control nos detuvieron los policías porque estamos sin documentos e ilegales”, “yo vengo de Haití”, “Estamos pasando rumbo a Perú”. Valor Probatorio.- Prueba útil para establecer que una de las personas indocumentadas se encuentra de paso por Bolivia y se dirigían al Perú. Prueba signada con el código MP-19, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Wara Emma Bersatti Rivas. Valor Probatorio.- Irrelevante puesto que es la declaración informativa policía de una de los acusados. Prueba signada con el código MP-20, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Eddy Juan Torrez Acarapi. Valor Probatorio.- Irrelevante puesto que es la declaración informativa policía de uno de los acusados. Prueba signada con el código MP-21, consistente en Un Acta de Declaración Informativa policial, de fecha 8 de julio de 2021, de Eddy Juan Torrez Acarapi. Valor Probatorio.- Irrelevante puesto que es la declaración informativa policía de uno de los acusados. Prueba signada con el código MP-22, consistente en una Pericia de la Escena del Crimen, Servicio Técnico de Congelamiento de Imágenes de fecha 20 de octubre de 2021 en lo principal se observa que en el celular de la Sra. Wara Bersatti Rivas se encontró varias fotografías de documentos de personas extranjeras, Valor Probatorio.- Irrelevante puesto que es la declaración informativa policía de uno de los acusados. II.2.2. Prueba Literal Del Acusado. El acusado Eddy Juan Torrez Acarapi, ofreció prueba literal de descargo de los cuales se judicializa los siguientes: Prueba signada con el código PD-1, consistente en un Certificado de Antecedentes Penales No. 0788433 de fecha 27 de junio de 2022, de Eddy Juan Torrez Acarapi, que refiere que no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso. Valor Probatorio.- Útil para establecer la personalidad del acusado. Prueba signada con el código PD-2, consistente en un Certificado de Antecedentes Penales No. 0787179 de fecha 27 de junio de 2022, de Eddy Juan Torrez Acarapi, que refiere que no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso. Valor Probatorio.- Útil para establecer la personalidad del acusado. Prueba signada con el código PD-3, consistente en un Certificado suscrito por el Secretario General del Sindicato de Transporte Mixto 9 de noviembre de fecha 27 de junio de 2022, que certifica que Eddy Juan Torrez Acarapi, es Socio Propietario en el sindicato, prestando el servicio activo al público en la ruta La Paz – Desaguadereno y viceversa y Operaciones la ruta La Paz – El Alto (terminal Interprovincial) – Desaguadero y Viceversa, estableciendo también los horarios. Adjunta Resolución Suprema N 04449, Resolución Suprema No. 08508, Resolución Suprema No.221613 y Resolución Suprema 26869. Valor Probatorio.- Útil para establecer la personalidad del acusado, además de que el acusado tiene una ruta y lugar de operaciones que es en la terminal Interprovincial. CONSIDERANDO: FUNDAMENTOS PROBATORIOS III. HECHOS PROBADOS Que, de los medios de prueba introducidos a juicio oral y previa valoración de los mismos conforme a las reglas de la sana crítica, se llega a las siguientes conclusiones: III.1. Que, de la prueba signada con los códigos MP-1 y MP-3, y las declaraciones de Alison Alejandra Suca Gamarra y Avril Bersatti Rivas se tiene el hecho probado que en fecha 8 de julio de 2021, aproximadamente a horas 11:50 a.m., en el Servicio de Control Migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros, en el puesto de control intermedio de Laja, el Sr. Eddy Juan Torrez Acarapi, con Lic. 6125502 Cat. “C” fue detenido conduciendo el vehículo Tipo Minibús Color Blanco Marca Toyota King Long, con placa de Control 5224-APX, en el interior del vehículo se encontraban 14 ciudadanos extranjeros mayores y 6 menores todos de nacionalidad Haitiana, acompañados de la Sra. Wara Emma Bersatti Rivas con C.I. 9898830 L.P., trasladandolos de la ciudad de La Paz con destino a la Localidad de Desaguadero, extranjeros que se encontraban indocumentados por lo que se les condujo a Oficinas de la FELCC Div. Trata y Tráfico de Personas. III.2. De las pruebas signadas con los códigos MP-2 a la MP-5, y desde la MP-10 a la MP-18, se establece que los extranjeros que se encontraban al interior del vehículo Tipo Minibús Color Blanco Marca Toyota King Long, con placa de Control 5224-APX, así como la prueba literal MP-1 consistente en un Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa suscrito por el Sof. Juan Quispe Charcas en fecha 8 de julio de 2021 hacen fe de los mismos no acreditaron su estadía legal en el territorio nacional, y que eran indocumentados dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, además que según esas pruebas, se tiene que los acusados se dirigían al vecino país del Perú, vale decir que se encontraban en tránsito a dicho país. III.3. Que de la declaración testifical de José Armando Marca Flores, quien es transportista, y que conoce a Eddy Torrez Acarapi, quien refiere que si bien no están obligados a pedir documentos de sus pasajeros, éstos deben tener al día sus documentos, aspecto que en el presente caso no fue constatado por el Sr. Eddy Torrez Acarapi. III.4. Que, Avril Bersatti Rivas y Wara Emma Bersatti Rivas se dedicaban al transporte de ciudadanos extranjeros de manera habitual, según la declaración la Avril Bersatti Rivas, quien refiere en su declaración que concuerda con la declaración de Alison Alejandra Suca Gamarra, quienes refieren que días antes, desde el 6 de abril de 2021, ya habían transportado extranjeros a la localidad de Desaguadero. III.5. Que, el tribunal considera haberse demostrado también que ha habido también la participación de otras personas en el transporte de ciudadanos extranjeros indocumentados e ilegales, tal es el caso de Avril Bersatti Rivas, Alison Alejandra Suca Gamarra y la persona denominada como Ilich quien sería el jefe de la primera, así como la empresa de transporte de personas, quienes no fueron investigados. III.6. Que, de la prueba signada con el código MP-22, consistente en un Dictamen pericial de Congelamiento de Imágenes de Teléfonos celulares, se puede observar en el celular de la acusada con Número, 77548728, varias llamadas via Whatsup con Avril Bersatti, y en la Galería de Imágenes de la Carpeta de Eliminadas Recientes fotos de los pasaportes de los ciudadanos Haitianos, así como sumas de dinero, en consecuencia, el tribunal considera que Wara Ema Bersatti Rivas conocía de la situación de los ciudadanos y que fruto del traslado se obtuvo ventajas económicas, no solo para la acusada Wara Bersatti, sino también para el coacusado Eddy Juan Torres Acarapi, puesto que no fue la única vez que realizó esta actividad, según la declaración de Alison Alejandra Suca Gamarra, además, este último también tuvo conocimiento de que los ciudadanos extranjeros eran ilegales en el país puesto que el mismo accedió a recoger a los mismos en un sitio diferente a una terminal, en la Avenida Bolivia de la Ciudad de El Alto, para evadir controles. IV. HECHOS NO PROBADOS IV. 1. Que, las 14 personas mayores y 6 menores, todos extranjeros y pasajeros del vehículo Tipo Minibús Color Blanco Marca Toyota King Long, con placa de Control 5224-APX, que hace referencia el Ministerio Público en su pliego acusatorio se encontraban con documentos legales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. CONSIDERANDO: V. FUNDAMENTACIÓN ANALITICA O INTELECTIVA. V. 1. Conforme los parámetros establecidos en el Auto Supremo Nª065/2012-RA de 19 de abril de 2012, para la fundamentación analítica o intelectiva, es necesario tener presente que el Ministerio Público ha sido abundante al momento de presentación de testigos de cargo, así como en la prueba literal, también es de considerar que el Acusador Particular, Félix Laura también presenta varios documentos relativos a los hechos acusados que serán objeto de análisis en el presente etapa analítica o intelectiva. V.2. Es necesario tener presente que según la hipótesis del Ministerio Público que formula acusación en contra de Wara Emma Bersatti Rivas y Eddy Juan Torrez Acarapi y los acusa por la comisión del delito de TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS tipificado en el art. 321 Bis del Código Penal, señala que conforme el informe de intervención policial preventiva acción directa de fecha 8 de julio de 2021 elaborado por el Sof. Sup. Juan Quispe Charcas y Sof. 2do. Rubén Lima Canaviri funcionarios policiales dependientes del control migratorio UPCOM, Punto de Control Intermedio Laja, se toma conocimiento que en la precitada fecha a Hrs.11:50 cuando realizaban servicio de control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros en el puesto de control intermedio de laja, se hizo presente Eddy Juan Torrez Acarapi con licencia de conducir No. 6125505 cat. C, conduciendo el vehículo tipo minibús color Blanco Marca Toyota King – Long con placa de control 5224- APX, quien se encontraba acompañado de Wara Emma Bersatti Rivas; a mismo pudieron evidenciar que en el interior del vehículo se encontraban 14 ciudadanos extranjeros mayores de edad y 6 menores de edad de nacionalidad haitiana, trasladándolos desde la ciudad de La Paz con destino a la localidad de desaguadero, asimismo hacen conocer que los extranjeros se encontraban indocumentados, por lo que fueron conducidos a la división de trata y tráfico de personas FELCC El Alto. V.3. Por su parte, la defensa de los acusados Wara Emma Bersatti Rivas y Eddy Torrez Aruquipa sostiene como hipótesis que no sabían que las víctimas, extranjeros no tenían documentación legal para la circulación en el país, y que no era obligación de los mismos realizar alguna verificación, siendo que existe autoridades para dicho fin, caso contrario sería entender que es ilegal el transporte de personas extranjeras. V.4. Ahora bien, la prueba producida por ambas partes que será analizada en esta parte intelectiva, ha sido variada, en primer lugar, la declaración de Alison Alejandra Suca Gamarra, que es la esposa de Eddy Torrez Acarapi, es fundamental para el tribunal, ya que refiere que el 7, un día antes del 8, la Sra. Avril, vino a contratarlos, para llevar personas a Desaguadero, y que los recogería de la terminal de la Avenida Perú, en ese momento no se conocía que eran extranjeros, sin embargo, cuando llegaron al lugar, vio a personas que parecían yungueños, como eran morenitos, pero después les señalaron que eran extranjeros, que son Haitianos, preguntó si tenían documentos, porque en Laja si o si paramos para que controlen y les dijeron que si tienen documentos, eran 12 pasajeros, con sus hijos, familias enteras, cuando llegaron a la tranca de Laja, los controlaron, los Haitianos bajaron, y Avril les indico: van a bajar ustedes y se van a hacer registrar, entonces los Haitianos bajaron en Laja y se hicieron controlar, y siguieron su rumbo a desaguadero y ahí les dice que mañana pueda llevar otro grupo, quedaron en llamar, señalando que eran un grupo similar y como pasaron tranquilos dijeron que no hay problema, entonces le llamaron a Eddy Torrez, pero de otro número y le confirma que si iba a llegar en la tarde, ósea al día siguiente y de ahí entonces como confirmamos, mañana podían recogerles les dijo, en el mismo lugar, en la terminal de la avenida Perú. Al día siguiente cambio el lugar, pero llamó del mismo celular ósea del mismo número, que era de la señora Wara, la hermana de Abril, cuando ella se presentó era Wara, y cuando llamo a su esposo le dijo que subieran a El Alto, ósea ya no de la terminal de la avenida Perú. Fueron a El Alto que es en la avenida Bolivia, y cuando llegaron fueron más pasajeros, y entonces como ya no entraban, dijo quienes irían y ella se fue en otra movilidad, que tomó de la terminal, la señora Wara se encontraba ahí, a desaguadero llegue más antes, y su esposo la llamo y le dijo que a las 12 del mediodía y le dijo que en laja los han detenido porque los Haitianos no tienen documentos y que no habían tenido sus documentos en orden, y a parte que la señora Wara se molestó con uno de los policías, y de eso se molestó el policía, y se los cargo a todos incluyendo a su esposo, aclara que eran familias completas papás con sus hijos, han debido de tener unos 30 años de 30 para abajo y 35 años, con sus hijos, de esta declaración se extracta dos aspectos principales, la primera que en dos ocasiones el Sr. Eddy Torrez Acarapi había procedido a llevar pasajeros extranjeros, y la segunda que no se ha cerciorado que estos extranjeros eran personas extranjeras, además de que hubo la participación anterior de otra persona de nombre Avril, con la que habrían realizado un día antes el traslado de otras personas extranjeras. V.5. Los testigos José Armando Marca Flores y Avril Bersatti Rivas son también creíbles para el tribunal, existe relación con la declaración de Alison Alejandra Suca Gamarra, y se tiene un nuevo elemento que otorga Jose Armando Marca Flores, de que los transportistas solicitan que los extranjeros tengan sus documentos al día. V.6. Las Pruebas signadas con los códigos MP-3 a la MP-5, MP-10 al MP-18, son declaraciones informativas prestadas de las que se extracta únicamente que son prestadas por las supuestas víctimas extranjeras y que los mismos declaran que son personas indocumentadas e ilegales. V.7. Para el tribunal también es fundamental la prueba signada con el código MP-22, consistente en un Dictamen pericial de Congelamiento de Imágenes de Teléfonos celulares, donde el tribunal analizó que del celular de la acusada Wara Emma Bersatti Rivas con Número, 77548728, existían varias llamadas via Whatsup con Avril Bersatti, y en la Galería de Imágenes de la Carpeta de Eliminadas Recientes fotos de los pasaportes de los ciudadanos Haitianos, así como sumas de dinero, por lo tanto, existió otra persona quien se encontraba monitoreando las actividades de esta acusada, y que ambas conocían de la situación legal de los ciudadanos extranjeros dentro del país, sabían que eran indocumentados, además que por esta actividad iban a recibir ventajas económicas, puesto que se observan también una fotografía con sumas de dinero. V.8. el Tribunal también analiza el hecho de que de la declaración testifical de Alison Alejandra Suca Gamarra, se tiene que Eddy Torrez Aruquipa, recogió a los extranjeros en un lugar alejado de una terminal terrestre de pasajeros, ubicado en la ciudad de El Alto, Avenida Bolivia, para evitar cualquier control, aspecto que hace ver al tribunal que el mismo conocía de la situación legal de los precitados extranjeros, pues siendo que el mismo presento como prueba de descargo signada con el código PD-3, consistente en un Certificado suscrito por el Secretario General del Sindicato de Transporte Mixto 9 de noviembre de fecha 27 de junio de 2022, que certifica que Eddy Juan Torrez Acarapi, es Socio Propietario en el sindicato, prestando el servicio activo al público en la ruta La Paz – Desaguadero y viceversa y Operaciones la ruta La Paz – El Alto (terminal Interprovincial) – Desaguadero y Viceversa, estableciendo también los horarios, el tribunal considera que como miembro del sindicato legalmente establecido, no debió aceptar el traslado de personas extranjeras desde un lugar de lejano al lugar de operaciones, en consecuencia el traslado era ilegal y lógicamente no respaldado por el Sindicato de Transporte Mixto 9 de Noviembre. VI. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA VI.1. Con relación a la conducta del acusado VI.1.1. La afirmación de que un hecho constituye en ilícito penal (la violación del orden jurídico penal) requiere, la comprobación de que el hecho importa, en primer término, la infracción de una norma, y en segundo lugar, la verificación de que ésa infracción no está autorizada. La primera comprobación es la materia propia de la tipicidad, es decir, de la coincidencia del hecho cometido con la descripción abstracta, que es presupuesto de la pena, contenida en la ley. Si un comportamiento es “típico” (ha violado la norma, coincide con el supuesto de hecho del delito) entonces surge el problema de su “antijuricidad”, es decir, de su eventual justificación. Se tratará de saber si el autor realizó el hecho típico autorizado por la ley o no. Si careció de tal autorización el hecho típico será, además, antijurídico. La comprobación de la realización de una acción típica, antijurídica en la que no se renuncia a la punibilidad por la irrelevancia del contenido de ilicitud, no es suficiente para responsabilizar penalmente a su autor. La responsabilidad penal o responsabilidad criminal depende de que aquél haya obrado culpablemente. La culpabilidad, por tanto, constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de la misma. En el presente caso, la acusación fiscal acusa a Eddy Juan Torrez Acarapi y Wara Emma Bersatti Rivas la comisión del delito de Tráfico De Personas previsto y sancionado en el artículo 321 bis del Código Penal. VI.1.2. El tipo penal enmarcado en el delito de Tráfico De Personas previsto y sancionado en el artículo 321 bis del Código Penal modificado a través de la Ley No. 263 de 31 de julio de 2012, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, vigente al momento de los hechos señalados precedentemente, refiere que: “ARTICULO 321° Bis. (TRAFICO DE PERSONAS) I. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cuál dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años. La sanción se agravará en la mitad, cuando: 1. Las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física y/o psicológica. 2. La autora o el autor sea servidor o servidora pública. 3. La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable. 4. La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática, en el momento de haberse cometido el delito. 5. El delito se cometa contra más de una persona. 6. La actividad sea habitual y con fines de lucro. 7. La autora o el autor sea parte de uncí organización criminal. II. La sanción se agravara en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada. III. Quién promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio el ingreso o salida ilegal de una persona de un departamento o municipio a otro del cual dicha persona no sea residente permanente, mediante engaño, violencia, amenaza, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a siete (7) años. IV. Si con el propósito de asegurar el resultado de la acción se somete a la víctima a cualquier forma de violencia o situación de riesgo que tenga como consecuencia su muerte, incluido el suicidio, se impondrá la pena establecida para el delito de asesinato” VI.1.3. El concepto “trata de personas”, históricamente tiene sus orígenes en los términos “tráfico de esclavos” y “trata de blancas”. En las últimas dos décadas la ONU ha definido la trata de personas, como “esclavitud moderna” o como “nueva esclavitud”. Ello porque la trata de personas, como veremos más adelante, tiene como esencia disponer de una persona (niña, niño, mujer u hombre) y tratarla como una cosa (una mercancía). “Asimismo, históricamente la trata de personas se ha encontrado relacionada con la esclavitud, teniendo en cuanta la definición de persona esclavizada como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. No obstante, si bien la trata de personas es considerada como esclavitud moderna, los especialistas se han preocupado por establecer diferencias con la esclavitud tradicional o “vieja esclavitud”. Desde un punto de vista formal, puede decirse que lo que separa a una y otra es su admisión o prohibición como relación jurídica, institucionalizada e integrada en el sistema económico; así, la “nueva” esclavitud poseería el mismo contenido material que la abolida legalmente, pero se desarrollaría al margen del sistema jurídico. En lo que respecta al término “trata de blancas”, ésta se origina a finales del siglo XIX con mujeres de raza blanca que eran trasladadas de su lugar de origen para ser posteriormente explotadas sexualmente como prostitutas o concubinas; el término trata de blancas se originó por distinción racial, puesto que en aquel entonces la trata de personas de raza negra era permitida e incluso era parte de los ingresos de los Estados que consideraban la esclavitud y la trata de personas como actividades legales, aun cuando desde 1904 estaba en vigor el Acuerdo Internacional para la represión de la trata de blancas. Sin embargo, a mediados del siglo veinte este término fue modificado por el de trata de personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo de trata de personas sin importar la raza, el género o la edad. “El 2 de diciembre de 1949, año en que la Asamblea de General de la ONU aprueba el Convenio Internacional para la supresión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Con ello, la expresión “trata de blancas” —la cual era ampliamente discriminatoria— pasaba a modificarse por la de “trata de personas”. En el mismo sentido, Martín Gabriel Barrón Cruz señala que, no será sino hasta la década de los ochenta, en gran parte por el incremento de los flujos migratorios transnacionales desde finales de la década de los setenta, cuando se retome el tema de la trata de personas en sectores nacionales y supranacionales. Desafortunadamente, la evolución y complejidad de este delito dieron pauta, desde entonces, a que se confundiera con otras figuras delictivas, que surgieron a raíz de la globalización económica, tal como el tráfico ilícito de migrantes. En este sentido, el término más amplio es el de tráfico humano, el cual sería el género y los términos tráfico ilícito de personas y el de trata de personas serían las especies. Sin embargo, de manera general, estos tres términos se utilizan indistintamente para hacer referencia al traslado transfronterizo irregular de personas. Así, podemos observar que el delito de trata de personas suele confundirse con otras figuras delictivas. Esto sucede no sólo con los miembros de la sociedad, sino incluso con las propias autoridades encargadas de la seguridad pública y la justicia penal. La confusión terminológica entre tráfico humano, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas se mantuvo hasta el año 2000, fecha en que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo), y Protocolos Complementarios, definió de manera precisa los conceptos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Tráfico ilícito de migrantes. En el Protocolo contra el Tráfico Ilícito por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece: Art. 3. Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor.4 Trata de personas. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, señala que: Art. 3. Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.5 Si bien, estas definiciones son bastante precisas, la distinción entre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas es bastante tenue, son delitos distintos, pero representan problemas similares; en parte, coincidentes, y es por ello que sus definiciones jurídicas contienen elementos comunes. No obstante, los especialistas se han dado a la tarea de delimitar el concepto de tráfico de personas, distinguiendo entre: tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. Para ello, en primer lugar se han señalado sus elementos comunes, esto es, sus semejanzas: Semejanzas entre tráfico ilícito de personas y trata de personas. • Tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas entrañan el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio. • Puede haber cruce irregular de fronteras (facilitación de entrada ilegal a un país. Violación de leyes migratorias de un país). • Operación comercial con seres humanos. No necesariamente hay cruce de fronteras (trata interna). • Son actividades delictivas según los instrumento de derecho internacional. • Cometidos por grupos muy organizados de traficantes y tratantes. El delito de Tráfico de Personas sanciona a un sujeto activo indeterminado que puede incurrir en las siguientes acciones que se constituyen en verbo nuclear y rector de la acción típica: promover, inducir, favorecer y/o facilitar la entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico. El fin último de la conducta criminal es obtener beneficios y réditos económicos logrando trasladar a una persona de Bolivia a otro estado, sin que fuera residente o tuviera legal ingreso en dicho país y el mecanismo de lograr este objetivo es por medio de cualquier clase de conducta criminal. VI.1.4. En el presente caso, de los hechos señalados en los hechos probados de la presente disposición y la declaración de Alison Alejandra Suca Gamarra se tiene que Wara Emma Bersatti Rivas contacto a Eddy Juan Torres Acarapi, vía telefónica y lo citó en El Alto, en la avenida Bolivia, encontrándose 14 personas mayores de edad más 6 menores de edad (Harle Danise con su familia, dos hijas Joe Alejandro Pierre Amazon y Amme Saraen Pierre Amazon y Jaree Pierre, Wendy Dorsainvil, Alexandre Michel, Juvenson Olibrice, Juvenson Olibrice, Pierre Widenson, Keison Ailidor, Joste Jamenson, Leon Rolando, Drnoson Deosier, Nomi Citel, Afada Bertrandi) todos de nacionalidad Haitiana y la señora Wara Bersatti, quienes abordaron el vehículo tipo minibús color Blanco Marca Toyota King – Long con placa de control 5224- APX para dirigirse a la localidad de Desaguadero para posteriormente dirigirse al vecino país de Perú, cuando funcionarios policiales, realizando el servicio de control Migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros en el puesto de control intermedio de Laja el Sof Juan Quispe Charcas en fecha 8 de julio de 2021,verificaron que estos ciudadanos extranjeros eran indocumentados e ilegales, ahora bien, para la configuración del ilícito penal se tiene que los elementos señalados precedentemente, el verbo rector para la configuración del ilícito penal es el de favorecer y/o facilitar la salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia, puesto que estos ciudadanos extranjeros se encontraban en tránsito por el país al vecino país del Perú, según lo que se establece de las pruebas con los códigos MP-3 a la MP-5, MP-10 al MP-18, así como la misma declaración testifical de Alison Alejandra Suca Gamarra y Avril Bersatti Rivas, quienes declaran que el acusado Eddy Juan Torres Acarapi, es transportista y tenía como función facilitar el traslado de estas personas indocumentadas e ilegales a la localidad de Desaguadero que es frontera con Perú, siendo que éstas personas extranjeras fueron captadas por la Sra. Wara Emma Bersatti Rivas, para su traslado, y que de la prueba signada con el código MP-22, consistente en un Dictamen pericial de Congelamiento de Imágenes de Teléfonos celulares, se puede observar en el celular de la acusada con Número, 77548728, se observan varias llamadas via Whatsup con Avril Bersatti, y en la Galería de Imágenes de la Carpeta de Eliminadas Recientes fotos de los pasaportes de ciudadanos Haitianos, así como sumas de dinero, en consecuencia, el tribunal considera que fruto del traslado se obtuvo ventajas económicas, no solo para la acusada Wara Bersatti, sino también para el coacusado Eddy Juan Torres Acarapi, puesto que no fue la única vez que realizó esta actividad, según la declaración de Alison Alejandra Suca Gamarra, por lo que el hecho relatado es típico y antijurídico, no puede alegarse la ignorancia de la ley para justificar este hecho, puesto que siendo que tanto Eddy Juan Torres Acarapi y Wara Emma Bersatti Rivas, sabían que los ciudadanos extranjeros eran de nacionalidad Haitiana e indocumentados, pues al tener habitualidad en el transporte de personas, saben que facilitar el ingreso o egreso de personas indocumentadas en el país es una actividad ilegal, más aun si esa actividad es una forma de lucro para ambos acusados, el tribunal considera que esta circunstancia se encuentra demostrado puesto que Eddy Juan Torres Acarapi, recogió a los extranjeros indocumentados en un lugar lejano ubicado en la ciudad de El Alto, Avenida Bolivia, lugar no habitual para el recojo comercial de pasajeros, toda vez que para ello se tiene las Terminales terrestres, por lo que el tribunal considera que la conducta es culpable y sea a adecuado lo establecido en el artículo 321 bis numeral 5 del parágrafo I, vale decir que el delito se ha cometido contra más de una persona, y el parágrafo II, puesto que han existido víctimas niño y niñas, en este caso 14 mayores y 6 menores según la prueba MP-1, y por lo tanto sancionable penalmente con la sanción penal del precitado artículo. VI.2. En cuanto a la fijación de la pena La sanción por el delito de Tráfico de Personas del artículo 321 bis del Código Penal., es la pena de reclusión de cinco (5) a diez (10) años, sin embargo, y que en el parágrafo II del mismo artículo señala que “La sanción se agravara en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada”, asimismo, el artículo 37 del código penal, establece que, compete al juez, atender la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito y tomar conocimiento directo del sujeto de la víctima y de las circunstancias del hecho. Asimismo, el artículo 38 del citado código sustantivo penal prevé que, para apreciar la personalidad del autor, se debe tomar principalmente en cuenta, la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y demás antecedentes y condiciones personales, entre otras. En el presente caso, el tribunal consideró en relación al acusado Eddy Juan Torres Acarapi, que es una persona de 31 años de edad, de estado civil casado, con grado de instrucción básica y transportista, asimismo, el tribunal considera que no se ha demostrado que el acusado tiene antecedentes penales anteriores, se toma en cuenta la circunstancia especial de que, se han trasladado a varias personas y también menores de edad, vale decir, en este caso 14 mayores y 6 menores según la prueba MP-1, por consiguiente tomando en cuenta la sanción penal establecida en el artículo 321 bis parágrafo I numeral 5 y parágrafo II, del Código Penal, una pena privativa de libertad de ocho (8) años y tres (3) meses de presidio, que deberá cumplir en el recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz. En relación a la acusada Wara Emma Bersatti Rivas, que es una persona de 28 años de edad, de estado civil soltera, con grado de instrucción básica, asimismo, el tribunal considera que no se ha demostrado que la acusada tenga antecedentes penales anteriores y que al momento del trámite del presente proceso penal, la misma tuvo un hijo motivo por el cual el proceso ha sido suspendido, se toma en cuenta la circunstancia especial de que, se han trasladado a varias personas y también menores de edad, vale decir, en este caso 14 mayores y 6 menores según la prueba MP-1, por consiguiente tomando en cuenta la sanción penal establecida en el artículo 321 bis parágrafo I numeral 5 y parágrafo II, del Código Penal, una pena privativa de libertad de ocho (8) años y tres (3) meses de presidio, que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz. CONSIDERANDO: VII. VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL Conforme lo prevé el artículo 358 del código de procedimiento penal, el Tribunal de Sentencia conformado por el Dr. DAEN Juan Carlos Flores Cangri, - Juez Presidente, Dra. Sandra Rojas Salinas, como Juez Técnico, y el Dr. Gonzalo Conde, Juez Técnico, previa deliberación y fundamentación de cada uno de sus miembros, convencidos de que los acusados Eddy Juan Torres Acarapi y Wara Emma Bersatti Rivas son culpables del delito de Tráfico de Personas tipificado y sancionado en el artículo 321 bis parágrafo I numeral 5 y parágrafo II, del Código Penal, por unanimidad emiten el correspondiente fallo por la Sentencia Condenatoria. VIII. PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: El Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, administrando justicia en primera instancia, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la jurisdicción ordinaria que ejerce, por voto unánime de sus miembros dicta contra: 1.- EDDY JUAN TORRE ACARAPI, con Cedula de Identidad Nº6125505 L.P., con domicilio en la Calle Landaeta y Jaimes Freire Nº1205 de la Zona Sopocachi de La Paz, de estado civil casado, con fecha de nacimiento 24 de junio de 1991, de 31 años de edad, ocupación chofer SENTENCIA CONDENATORIA, y se le declara AUTOR de la comisión del delito de TRAFICO DE PERSONAS previsto y sancionado en el artículo 321 bis parágrafo I numeral 5 y parágrafo II, del Código Penal, por existir prueba suficiente que ha generado al Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado y se le CONDENA a la pena privativa de libertad de ocho (8) años y tres (3) meses de presidio, que deberá cumplir en el recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, computables a partir de 21 de octubre de 2022 hasta el 21 de enero de 2031, debiendo descontarse los días que haya guardado la detención preventiva, si corresponde, más la imposición de costas el Estado y parte querellante a calificar se en ejecución de sentencia, y reparación de daño civil a favor de la víctima también a calificarse en ejecución de sentencia. 2.- WARA EMMA BERSATTI RIVAS, con Cedula de Identidad Nº9898830 L.P., con domicilio en la Calle Viluyo Nº338 de la Zona Belen de La Paz, de estado civil soltera, con fecha de nacimiento 5 de enero de 1994, de 28 años de edad, ocupación estudiante SENTENCIA CONDENATORIA, y se le declara AUTOR de la comisión del delito de TRAFICO DE PERSONAS previsto y sancionado en el artículo 321 bis parágrafo I numeral 5 y parágrafo II, del Código Penal, por existir prueba suficiente que ha generado al Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada y se le CONDENA a la pena privativa de libertad de ocho (8) años y tres (3) meses de presidio, que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de La Paz, computables a partir de 21 de octubre de 2022 hasta el 21 de enero de 2031, debiendo descontarse los días que haya guardado la detención preventiva, si corresponde, más la imposición de costas el Estado y parte querellante a calificar se en ejecución de sentencia, y reparación de daño civil a favor de la víctima también a calificarse en ejecución de sentencia. La presente resolución se funda en las siguientes disposiciones legales: Arts. 13, 14, 115. II, 119.I, 120.I, 121.I, 178.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado. Arts. 8, 20, 25, 27 num. 1), 29, 37, 38, 87 y 321 bis del Código Penal. Art. 52, arts. 314, 315, 340, 344, 346, 350, 351, 355, 356, 358, 359, 360, 361 y 365 del Código de Procedimiento Penal. Ley Nº586 de 30 de octubre de 2014. Artículo 11 de la Ley 1173. Con la facultad conferida por el art. 361 párrafo segundo del citado Código de Procedimiento Penal, se señala audiencia pública para la lectura integra de la sentencia para el día 26 de octubre de 2022 a horas 16:25 p.m. Esta sentencia de la que se tomará razón, es dictada en el salón de audiencias virtual habilitado para el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de El Alto en la plataforma virtual Cisco Webbex Meeting, a horas 14:30 p.m., del día 21 de octubre de 2022, la misma que es recurrible en apelación restringida por las partes procesales en el plazo de quince días a partir de la notificación personal. REGISTRESE.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1° DE EL ALTO. NUREJ 201502022104747.----------------------------------------------------------------------------- INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Y SOLICITA OTROSÍES.- SU CONTENIDO.- ------------------------------------------------------------------- EDDY JUAN TORREZ ACARAPI, de generales señaladas dentro del injusto proceso penal que sigue el Ministerio Publico en contra de mi persona, por el supuesto delito de tráfico de personas, conforme establece el Art. 321 BIS Par. I Núm. 5 en grado de Autoría; ante usted y con las consideraciones expongo y pido: Señor miembros del Tribunal, en fecha 04 de noviembre de la presente gestión fui notificado con la ilegal Sentencia No. 52/2022 de fecha 21 de octubre de 2026; es en tal sentido que en tiempo hábil y en legal forma interpongo Recurso de Apelación Restringida en contra de la referida Sentencia, siendo que la misma viola flagrantemente el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a una valoración razonable de la prueba, la verdad material, es mas la señalada Sentencia carece de motivación y fundamentación legal; estos hechos hacen que la Sentencia No. 52/2022; cause agravios a mis derechos, es en este sentido que me permito señalar los agravios en las que se hubiera incurrido al emitirse la referida Sentencia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- I. ANTECEDENTES.------------------------------------------------------------------------------- Como se había acreditado en la tramitación de la presente causa soy chofer-socio propietario del Sindicato de Transporte Mixto "9 de Noviembre” Sindicato que presta sus servicios entre las Rutas La Paz - Desaguadero y Desaguadero - La Paz actividad que lo vengo realizando por durante más de 9 años; trabajo en el que nunca tuve observaciones ni mucho menos antecedentes como el que se presenta a la fecha; más sin embargo es pertinente señalar que en Fecha 07/ de julio de 2021 cual ruta que me correspondía estuve en la parada del Sindicato, mismo que se encuentra ubicado en la zona del Cementerio de la ciudad de La Paz, y es ahí cuando se acerca hacia mi persona la señora Avril Bersatti Rivas, a quien en ese entonces no lo conocía; misma que me señala que tendría pasajeros para Llevar al Municipio de Desaguadero, y que a los mismos debería de recogerlos de la Av. Perú de la ciudad de La Paz, una vez quedando con los precios me constituí al mencionado lugar a efectos de cumplir con mi trabajo de acuerdo a lo acordado con la señora Avril Berzatti Rivas, trasladando a los mismos al Municipio de Desaguadero; empero, al verlos a los pasajeros pude ver que los mismos tenían la piel oscura, a lo que le pregunte a la señora Avril zatti Kivas si no era extranjeros y en caso de que los mismos sean extranjero deberían tener la documentación que acredite su nacionalidad; a lo que la señora Avril Verzatti Rivas me señaló que no había problema alguno, es ante ello que una vez llegando a la tranca de Control del Municipio de Laja la policía de control identifico a todos los pasajeros que estaban a bordo de mi minibús, y es ahí qué cada uno de ellos en compañía de la señora Avril Verzatti Rivas acreditan creo la documentación que acredita su nacionalidad y su origen, y ante el visto bueno de las policías de Control PROSEGUÍ con mi ruta; dejándolo a los pasajeros en el municipio de desaguadero(territorio boliviano) conjuntamente a la señora Avril Versatti Rivas, Creo que era Guía de los mismos, y es ahí cuando la señora me señaló que al día siguiente habría otros pasajeros para ser llevados como pasajeros pero que se tendría que recoger del mismo lugar, es decir de la Av. Perú, y al ver que en este contrato NO HABÍA NINGUNA IRREGULARIDAD, acepte con el contrato a realizar, acto con el que nos despedimos, desconociendo las actividades que realizaron los señalados pasajeros y la señora Avril Verzatti Rivas al abandonar mi vehículo, para luego nuevamente volví a la ciudad de La Paz, previo turno al que me correspondía en mi Sindicato. ------------------------------------------ Al día siguiente, es decir el día 08 de Julio de 2021 previa conversación sostenida con la señora Avril Verzatti Rivas me dirigí a la AV. Perú de la ciudad de La Paz, instancia en la que me señala que los pasajeros estaban en la ciudad de El Alto por la Av. Bolivia; ante ello es que me traslade al mencionado lugar, a objeto de Cumplir con el acuerdo al cual había llegado; empero, al llegar al mencionado lugar, pude constatar que ya no erala señora Avril Verzatti, sino la hermana de nombre Wara Vezatti Rivas (mismo que en ese memento se presentó como su hermana de la misma, persona a la que NO conocía);ya cumpliendo con mi ruta normal entre La Paz -Desaguadero, cual el día anterior, ya allegar a la Tranca del Municipio de Laja los efectivos policiales verifican la documentación de cada uno de los pasajeros; instancia en la que la señora Wara Verzatti Rivas se encargó de coordinar el mismo, con la pasajeros y los efectivos policiales, y es cuando a diferencia del dia anterior día los efectivos policiales observaron la identificación de los pasajeros; y estos policías me señalan que a los pasajeros deberían llevarlos a una posta policial para reportarlos y que no pueden realizarlo por cuanto no cuentan con un medio de transporte, a lo que accedí; pero al llegar al dependencias de la policía ubicada en la ciudad de El Alto, me enmanillan y me culpa de un delito que no cometí. ---------------------------------------- Estos aspectos no fueron considerados señor Juez por su Autoridad siendo que solamente se limita a señalar una posible autoría en mi contra cuando solamente realice una actividad laboral como lo había realizado el 7 de julio de 2021 y otros trasladando pasajeros; empero, en la tramitación de la causa se me tilda de haber cometido el delito de Tráfico de Personas, Tráfico de Migrantes, pese a haber demostrado mi completa inocencia en la etapa de juicio; sin embargo, estos hechos mediante prueba adjuntada a mi favor no han sido valorados; empero, en lugar de dar una respuesta favorable justa a la realidad de los hechos emite una Sentencia que vulnera mi derecho, principio y garantías Constitucionales, mismos que se señalan a continuación: II. AGRAVIOS OCASIONADOS A MOMENTO DE EMITIR LA RESOLUCIÓN NO. 037/2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------A. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.-------------------------------------------------- Si bien en fecha 14 de julio de 2022 la ahora co acusada propone que se haga la efectiva la respectiva Inspección Ocular conforme establece el Art. 179 Procedimiento Penal, aspecto que ha sido reiterado en fecha 12 de octubre de 2022 por su Abogado; ante ello se programó dicha Audiencia para día 18 de octubre de 2022 a horas 09:00; para luego suspenderse para el dia 21 de octubre a horas 10:30; fecha en el que se tenía que realizar de igual manera las respectivas Conclusiones; empero extraña que sus Autoridades decidan no realizar la inspección Técnica Ocular, cuando a través de este medio se podía evidenciar cual el grado de mi participación (en el que se podría determinar mi inocencia) y cuáles fueron los móviles para establecer la improcedencia dedalitos que se sanciona a la fecha.--------------------------------------------------------------------- Si bien a momento de apertura los denuncia que genera la emisión de la sentencia No. 52/2022 se señala que se estaría trasladando 14 ciudadanos extranjeros mayor de edad y 6 menores de edad; empero, en el la tramitación de la presente causa no se señala cuál es el paradero de los mismos; siendo que incluso la Fiscalía debería continuar con los trámites correspondientes para su Reportación en caso de que fuese ilegales, como se señaló; asimismo, la Defensoría de la Niñez debería cumplir a cabalidad con las competencias asignadas, realizando el seguimiento de los menores identificados, velando y precautelado su integridad y bienestar de los mimos; empero, no reflejan ni mucho menos denotan el interés que hubieran tenido dichas entidades en el resguardo y las acciones legales a favor de los mismo; limitándose solamente a señalar que se habría cometido el delito de Trata y Trafico, cuando en su declaraciones los mismos señalan de manera Clara y concreta que no me conocían, y que los mismos estaban pidiendo ayuda a la población.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------B. EL DERECHO A UNA VALORACION RAZONABLE DE LA PRUEBA.----------- A momento de emitir la Sentencia No. 52/2022 de fecha 21 de octubre de 2022 señala una serie de aseveraciones que no van acorde a la realidad de los hechos ni mucho menos van acorde de acuerdo a los actuados procesales, tales como ser:-------------------- Si bien a momento de dar el valor probatorio a la Prueba signada con el Código MP - 2, y utiliza la parte que le conviene para incrimíname del delito de Tráfico de Personas; empero no toma en cuenta cuando la señora Harle Danise señala de manera textual: “… llegamos a Bolivia pero no conozco a nadie co conozco a la chica NI AL CHOFER…" (las negrillas son mías).---------------------------------------------------------------------------------------------- Si bien a momento de dar el valor probatorio a la Prueba signada con el Código MP- 3, y utiliza la parte que le conviene para incrimíname del delito de Tráfico de Personas; empero no toma en cuenta cuando la señora Wndy Dosainvil señala de manera textual: “… desde ayer estábamos en la calle como inmigrantes sin conocer nada y pedimos ayuda de favor a las personas que pasaban y le dijimos a ella que nos ayude y ella nos dijo que nos podía ayudar porque nos vio con nuestros hijos…”----------------------------------- Si bien a momento de dar el valor probatorio a la Prueba signada con el Código MP - 4, y utiliza la parte que le conviene para incrimíname del delito de Tráfico de Personas; empero no toma en cuenta cuando el señor Alexandre Michel señala de manera textual “… llegamos a Bolivia y estábamos en la calle pero nos ayudó la chica(EMMA) Y AL CHOFER NO LO CONOZCO…" (las negrillas son mías)-------------------------------------------- Si bien a momento de dar el valor probatorio a la Prueba signada con el Código MP - 5, y utiliza la parte que le conviene para incrimíname del delito de Tráfico de Personas; empero no toma en cuenta cuando el señor Juvenson Olibrice señala de manera textual:: “… DESDE AYER ESTÁBAMOS EN LA CALLE COMO INMIGRANTES SIN CONOCER A NADA, PEDIMOS DE FAVOR A LAS PERSONAS QUE PASABAN Y DIJIMOS A ELLA QUE NOS AYUDE…”para luego señalar: “…ME DUELE LA FORMA EN LA QUE LE TRATAN A LA NINA (EMMA VERSATTI) Y EL SEÑOR CONDUCTOR (EDY JUAN TORREZ) PORQUE ELLOS SIN CONOCERNOS NOS ESTABAN AYUDANDO."------------ Si bien a momento de dar el valor probatorio a la Prueba signada con el Código MP –11 a MP - 18, y utiliza la parte que le conviene para incrimíname del delito de Tráfico de Personas; empero no toma en cuenta que la respuesta que brindan los declarantes son una copia fiel de lo uno de lo otro, siendo que al ser una copia fiel de cada uno de ello no debería tomarse en cuenta, ya que existen una mala voluntad del asignado al Caso en ese momento, siendo que ninguna declaración puede ser igual, ya que cada uno tiene sus propias particularidades.--------------------------------------------------------------------------------------- Asimismo, es pertinente señalar que en el Par III. 6. señala que hubiera sido beneficiado de varias ventajas económicas, aspecto que es totalmente irreal; siendo que mi persona solamente se limitó a cobrar por el servicio de transporte realizado en techa 07 de julio de 2021, servicio que no tuvo observación alguna, ya que se pasó por la tranca del Municipio de laja, y en fecha 08 de julio de 2021 no pude efectivizar el cobro del servicio realizado por la observación realizada a los pasajeros que no tenían documentados y/o pasaportes, mismos que fueron identificados por la Policía de Control, asimismo de manera ilegal e ilógica se me señala que habría procedido a recoger a los pasajeros de un sitio diferentes a una terminal, en la avenida Bolivia de la ciudad de El Alto para evadir controles, esta aseveración Carece de toda verdad, siendo que incluso como chofer no estoy limitado a recoger y dejar pasajeros solamente en la paradas y terminales siendo que los pasajeros abordan en cualquier lugar v se quedan de igual manera en el lugar por donde ellos habitan y cuando se tratan de contratos se tiene que amoldar de acuerdo a los requerimientos de los contratantes (tal es el caso en el presente); de igual manera es pertinente señalar que EN NINGÚN MOMENTO PRETENDÍ EVADIR puestos de control, siendo que mi persona al cumplir con mi trabajo tránsito por la carretera adecuada y los correspondientes puestos de control, siendo que incluso para pasar la tranca del municipio de laja existen otras rutas alternas, rutas que en caso de que a sabiendas de que estaría cometiendo alguna irregularidad accedería por una de esas rutas alternas ;empero, TRANSITE POR LAS RUTAS QUE CORRESPONDÍAN, llegando incluso al puesto de control, ello al confiar en la que me señalaron que los pasajeros tenían su correspondiente identificación; siendo que incluso a la fecha me sorprende que en caso de que los mismos no habrían tenido su correspondiente identificación como realizaron su declaración informativa, y en caso de que habría sido ilegales cuales son las acciones y/o mecanismos que realizo el representante del Ministerio Publico y la Defensoría de la Niñez después de la intervención y cuáles son las acciones realizadas a la fecha con dichas personas extranjeras. Es decir, mi persona solamente se limitó a cumplir con el trabajo para el que fui contratado; siendo que incluso en dicho servicio que realicé se encontraba la señora Wara Versatti como encargada de los mismos, y como le señalé mi persona solamente se limitó a cumplir con el servicio encomendado.--------------------------- De igual manera a momento de emitir la sentencia No. 52/2022 de fecha 21 de octubre de 2022 señala en romanos V. 1. Fundamentación analítica o Intelectiva; que el Ministerio público habría sido abundante al momento de presentar testigos de cargo nada más irreal en la presente causa siendo que el Ministerio público NO PRESENTÓ PRUEBA TESTIFICAL; siendo que incluso en fecha 10 de octubre de 2022 señala en audiencia la representante del Ministerio público señala: “… no tenemos testigos presentes…” para luego señalar: “… vamos a dar por agotado la testigo por parte del Ministerio público…” . Más allá de ellos sorprende en gran manera que al momento de emitir la Sentencia No. 52/2022 señale que se considere la prueba literal del Acusador Particular FELIX LAURA quien presenta a su entender varios documentos relativos a los hechos acusados; ante ello me pregunto QUIEN ES EL SEÑOR FELIX LAURA??, Que pruebas han sido considerados por su autoridad del señor Felix Laura, para emitir la Sentencia No. 52/2022. ???, el presente caso se ha resuelto en base a las pruebas que versan el proceso o de acuerdo a las PRUEBAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR FÉLIX LAURA(referente a otro proceso)??? y/o la Sentencia No. 52/2022 se ha realizado en base a los datos del proceso en el que el señor Felix Laura de Acusador Particular.??---------------------------------- Si bien a momento de puntualizar los aspectos señalados en el V. 7. señala que existirían una serie de llamadas e imágenes borradas y sumas de dineros que iban de por medio; ante ello no se encuentra inmersa mi persona; siendo que como ya se había señalado en reiteradas ocasiones, mi persona solamente se limito a prestar un servicio para el que fui contratado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A través del Punto V. 8. señala que mi persona habría recogido personas de un lugar alejado a la terminal con la finalidad de evitar cualquier punto de control, este aspecto es irracional, siendo que ante un contrato que se realiza tenemos que recoger la persona de un lugar específico y dejarlos en otro lugar especifico (de acuerdo a lo pactado) y mi persona no ha sido contratado para que promueva, induzcan favorezcan facilite la entrada o salida de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro estado, siendo que mi persona había sido contratado para prestar servicio de traslado de pasajeros al Municipio de Desaguadero y no fui contratado para trasladar pasajeros al vecino País el Perú: ya que en caso de Su criterio el servicio de transporte de los pasajeros de La Paz a Desaguadero sería ilegal, y no es así; siendo que mi ruta está definida, no puedo pasar al vecino País del Perú ante ello se descarta de manera racional que sería sujeto del delito que a la fecha se me tilda; es más, señor Juez, NO PRETENDÍ EVADIR PUNTOS DE CONTROL; cual es el fundamento técnico legal y fundamento de hecho para señalar el mismo, siendo que mi persona transitó por la carreta previstas, entre La Paz y Desaguadero, para llegar a la Tranca de Control del Municipio de Laja (es decir, no tome vías alternas como señala su Autoridad).----------------------------------------------------------------- Así mismo, en el Punto VI. 1. 3. Señala una conceptualización del delito que a la fecha se me tilda; y su autoridad es claro al señalar que la trata de personas, es la captación, transporte el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, o una situación de vulnerabilidad u a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento d una persona que tenga autoridad sobre otra ante esta conceptualización que su persona realizan conceptualización que es precisa; podrá evidenciar ante las declaraciones informativas de los súbditos extranjeros en ningún momento se ha optado a realizar medidas de coacción y/o a las medidas señaladas ante la conceptualización que realiza; ante ello, cuál es el fundamento legal para incriminarme de delito de trata de personas; siendo que como se había señalado, mi persona solamente se limitó a cumplir con el contrato, contrato que lo realice por la ruta que desarrolle por durante más de nueve años en el servicio de pasajeros entre La Paz – Desaguadero y Desaguadero – La Paz; es más no evadí puntos de control.------------------ -----------C. CARECE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL.----------------------- La Sentencia No. 52/2022, al ser una Sentencia imprecisa, incompleta, ilegal, realizada de acuerdo a los datos del proceso en el que el señor Félix Laura es la parte acusadora es atentatoria al debido proceso no tiene validez jurídica; aunándose a la vez la carencia de motivación y la fundamentación de la base técnico legal que sustenta sus resultados siendo que se limita solamente a “ realizar una incorrecta interpretación de hechos” y no realizar y contrastar los posibles hechos irregulares con la normativa legal aplicables al caso; es decir NO SEÑALA DE MANERA CLARA Y PRECISA CUÁL LA BASE TÉCNICO LEGAL PARA SUSTENTAR SU DISPOSICIÓN.-------------------------------------------------------- A este efecto se puede llegar a señalar que la independencia e imparcialidad de una autoridad deriva la fuerza de una sentencia, que desde luego además que está tiene que ser fundada y constituir una derivación razonada del derecho, vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, para ello una autoridad debe de estar libre de compromisos con el resultado al que arribe, así se llega a dictar igualmente una resolución libre y debidamente motivada.---------------------------------------------------------------- Existe un principio universal jurídico “que los resolución y/o sentencia debe ser fundada”; así lo determinan la mayoría de los Códigos Procesales y algunas constituciones coma ya que la motivación de las resoluciones judiciales y/o administrativas es una forma de garantizar el estado de derecho y es un soporte fundamental de la garantía constitucional el debido proceso.----------------------------------------------------------------------------------------------- Mediante la fundamentación de una Sentencia se garantiza una decisión justa y legal; por ende no arbitraria o caprichosa, donde las partes sepan en forma clara y evidente, cuáles fueron los argumentos que la autoridad ha utilizado para acoger y rechazar sus pretensiones jurídicas.----------------------------------------------------------------------------------------- La sentencia sin motivación priva a las partes de la facultad de fiscalizar la reflexión del juez, es decir sin motivación no es posible saber cuáles son los motivos que ha utilizado el juzgador para resolver el conflicto; ante ello, es que en la emisión de la cuestionada Resolución no se establece de manera clara y precisa:---------------------------------------------- Cual es el grado de MI participación en los hechos que se me incrimina.?----------------------- Porque la presente sentencia se realizado tomado en cuenta la prueba literal y la acusación particular del señor Félix Laura (como señala en el Punto V.1)---------------------- Porque la presente sentencia se realiza tomando en cuenta la prueba testifical de ministerio, cuando el mismo no ha presentado por la testifical cómo señala en el punto V.1)??--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuál el fundamento legal para no realizar la inspección técnica ocular; siendo que había sido fijado día y hora para el efecto.------------------------------------------------------------------------ Cuáles son los actos que determinan el grado de autoría en la comisión del delito que a la fecha se me incrimina de manera ilegal; siendo que momento de emitir la sentencia No. 52/2022 no señala de manera clara y precisa dichos aspectos.------------------------------------- Porque se señala que mi persona habría tomado rutas distintas para evadir los puntos de Control; siendo que el primer punto de control entre La Paz –Desaguadero, es la tranca del municipio de Laja, y es ahí donde mi persona tal como realiza ante cualquier viaje llegué a este punto de control; y el hecho de que los pasajeros que estaban en mi móvil no tengan documentación pertinente estaba bajo el control de la señora Wara Verzatti Rivas y los policías de dicho puesto de control; limitándose mi participación solamente para el servicio al que fui contratado.---------------------------------------------------------------------- Por lo que, en base a este antecedente doctrinal se puede señalar que la Sentencia No. 52/2022 de fecha 21 de Octubre de 2022 carece de motivación y fundamentación hecho que hace pasible de una Revocatoria, y en base a los antecedentes descritos hace de que se proceda a Revocar la Resolución, y en base a las pruebas aportadas en la tramitación de la causa se me absuelva de toda culpabilidad, y sea la misma previa las formalidades de rigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------III. PETITORIO.---------------------------------------------------------------------------------------- Por todo lo expuesto., los antecedentes señalados, el fundamento jurídico y la amplia jurisprudencia aplicable al caso, interpongo Recurso de Apelación Restringida en contra de la Sentencia No. 52/2022, y ante este efecto remítase antecedentes del presente proceso adjunto del presente Recurso al superior en grado a efectos de que el mismo al evidenciar la flagrante violación a mis derechos Constitucionales, la violación a los derechos, principios y garantías Constitucionales se proceda A REVOCAR EN SU INTEGRIDAD LA SENTENCIA NO 52/2022M Y SE EMITA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN MI FAVOR; petición que lo interpongo en estricta aplicación del Art. 24 de la Constitución Política del Estado: y sea la misma previo Cumplimiento de las formalidades de rigor.--------------------------------------------------------------- OTROSÍ.- Sin perjuicio de lo señalado y solicitado en lo principal, el Recurso Interpuesto se fundamentará en su respectivo momento, a este efecto téngase presente el mismo. OTROSÍ 1RO.- A efecto de notificación de igual manera reitero Correo Electrónico lawyercarlos@gamail.com -WhatsApp 77716006, a este efecto téngase presente. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A, 25 de noviembre de 2022---------------------------------------------------------------------------------- TÉNGASE por presentada la apelación restringida de Eddy Juan Torrez Acarapi, en los términos del memorial que antecede y en aplicación a lo establecido en el artículo 409 del CPP, póngase en Conocimiento de las otras partes para que dentro del término de diez (10) días lo contesten fundamentadamente y sea con las formalidades de ley.----------------- Al Otrosí 1.- Téngase presente.------------------------------------------------------------------------------ AL Otrosí 2.- Por señalado.------------------------------------------------------------------------------------ RESOLUCION NUMERO CIENTO CINCO/DOS MIL DIECISIETE DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE AÑOS.--------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN 105/2017.--------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ, TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR MINISTERIO PUBLICO Y ACUSACIÓN PARTICULAR DE ALBERTO JHONY HUANCA BARRIOS CONTRA FRANCISCA ROJAS VDA. DE HUALLPARA, POR EL DELITO DE ESTAFA Y ESTELIONATO.------------------------- El Alto, 16 de Octubre de 2017.----------------------------------------------------------- VISTOS Y CONSIDERANDO.- De acuerdo al procedimiento y conforme al estado de la presente causa se ha señalado a audiencia de juicio oral del presente caso, es así que por secretaria se ha informado que se ha notificado a las partes procesales habiéndose hecho presente el representante del Ministerio Público y la parte querellante asistidos de su abogado y no así la acusada la Señora Francisca Rojas Vda. de Huallpara, a lo cual el representante del Ministerio Público, ha solicitado la aplicación del Art.87, 89 del Código de Procedimiento Penal, es decir la declaratoria de rebeldía de la acusada con todas las medidas establecidas por la norma procesal referida.------------------------------------ La parte querellante a su turno que ha adherido a la solicitud del representante del Ministerio Público, solicitando de manera expresa la declaratoria de rebeldía , debe de tenerse presente que el Art. 87 Num.1) establece que el Imputado, la acusada está en la obligación de asistir a las audiencia que convoque el Juez o Tribunal, en el presente caso habiéndose señalado audiencia de juicio oral el cual debe de desarrollarse de manera continua no se ha hecho presente la acusada Francisca Rojas Vda. de Huallpara ,haciéndose inclusive notificado en su domicilio real, conforme consta los antecedentes en fecha 04 de Octubre del presente año, mucho menos se ha hecho presente de esta audiencia de juicio oral ninguna persona o su abogado que a su nombre al amparo del Art.88, del Código de Procedimiento Penal señala: “Que el imputado o cualquiera a su nombre podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento, caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca”.------- Debe tenerse presente también la declaratoria de rebeldía o la sanción de rebeldía tiene como el objetivo de hacer comparecer al imputado o al acusados a un proceso penal cuando el mismo no quiere someterse a un determinado proceso el presente caso se ha advertido esas circunstancias y sea adecuado la conducta de la acusada a lo dispuesto por el Art. 87 Num.1) del Código de Procedimiento .Penal en consulta a los votos correspondientes, la Dra. Sandra Rojas , señala y solicita que al amparo del Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, se suspenda la presente audiencia el Dr. Flores ha sido de criterio de que se de en rebeldía a la acusada que no pueden condicionar que esta sea la primera audiencia del juicio oral, con el criterio que también por parte del juez que hace la presidencia del presente caso, toda vez que existe una notificación legal a la acusada y era la obligación de la misma de hacerse presente a este acto procesal también no existe ningún justificativo de ningún memorial que haya presentado la misma ni se ha hecho presente de otra persona ni un abogado que justifique su inasistencia consiguientemente corresponde a la aplicación al Art.87 en relación al art. 89 Código de Procedimiento Penal.-------------------------------------------------------------------------------------------- POR TANTO.- El Tribunal de Sentencia Penal Primero, por voto mayoritario de sus miembros y la DISIDENCIA DE LA DRA. SANDRA ROJAS SALINAS, dispone declara la REBELDÍA DE FRANCISCA ROJAS VDA. DE HUALLPARA, CON C.I 442900 L.P., boliviana, comerciante, nacida en fecha 11 de octubre de 1953, domiciliada en la calle 2040 7/ Alto Chijini.---------------------------------------------------------------------------------------------- Disponiéndose las siguientes medidas en aplicación al Art. 90 del Código Procedimiento Penal:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Expídase el mandamiento de comparendos de aprehensión en contra de la declarada rebelde para que la misma sea capturada y conducida ante este tribunal para lo cual se encomiendo su ejecución a la policía boliviana.--------------------------------------------------------- 2.- Se dispone el arraigo de la acusada declarada rebelde para cuyo fin emítase el oficio correspondiente ante la Dirección de la Migración.----------------------------------------------------- 3.- Esta resolución de declaratoria de rebeldía remítase al Registro Judicial de Antecedentes Penales para su registro correspondiente.-------------------------------------------- 4.- Se dispone la ejecución de la fianza que habría prestado la acusada dentro del presente proceso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 5.-Se declara expresamente que la presente declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.- Se dispone la conservación de las actuaciones por secretaria del tribunal.----------------- 7.-Se designa como defensora de oficio a la Dra. Jhanneth Mamani Uruña a quien deberá notificarse para que asuma la defensa por la declarada rebelde.---------------------------------- 8.- Asimismo en aplicación del Art 89 Num.2) del Código de Procedimiento Panel se dispone la anotación preventiva de todo los bienes que tuviera la acusada Francisca Rojas Vda. de Huallpara, a cuyo efecto deberá emitirse los oficios correspondientes.------- 9.- En aplicación al Art. 90 del Código de Procedimiento Penal, se dispone la suspensión del juicio oral hasta que la acusada comparezca y sea puesto para la disposición de este tribunal en cuyo caso de manera inmediata se va señalar la audiencia correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.- Finalmente se dispone la publicación de la presente resolución en un medio de Circulación Nacional por 2 veces, con el intervalo no menor de 5 días para cuyo efecto se encomienda la publicación a la parte querellante y al Ministerio Publico para el cuyo fin por secretaria deberá entregarse el edicto correspondiente para su respectiva publicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con la presente determinación el Ministerio Público y la Victima de la parte Querellante quedan notificados en audiencia, no habiendo más que tratar damos por concluido el acto procesal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PRIMERO DE EL ALTO. NUREJ: 201502022104747 DEDUCE RECURSO APELACIÓN RESTRINGIDA FUNDAMENTANDO AGRAVIOS DE ORDEN SUSTANTIVO Y FORMAL. OTROSÍ.- SE TENGA PRESENTE. OTROSÍ.- 1ro. COMUNICACIONES. WARA EMMA BERSATTI RIVAS, dentro de la acción penal conllevada por el MIN. PUBLICO e instancias de LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, sobre hipotético delito de trata de personas, ante sus autoridades digo: Que, en sujeción del art. 407 de la ley 1970, tengo a bien formular recurso de APELACIÓN RESTRINGIDA, en contra de la sentencia condenatoria expedida en mi contra en el presente caso de autos, develando al tribunal ad-quem los agravios de orden in judicando y procedendum que devienen en la nulidad de este fallo o su revocación en base a los argumentos esgrimidos que a continuación sonexpuestos: 1- EL FALLO Cuestionado de mi parte, enel ámbito del art. 370 de dicha normativa procesal, no se adecua y sustrae el Numeral 1 que establece La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva Al efecto, el art. 321 BIS del Código penal, en su claridad teleológica y axiológica tiene como tópicos concisos BAJO LA MODULACIÓN del art. 24 de la ley 054, y ley 263 el siguiente tenor "quien promueva induzca favorezca, yo facilite por cualquier la entrada o salida ilegal de una persona, del Estado Plurinacional Bolivia a otros Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directo o indirectamente beneficios económico para si o para un tercero será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10), años." La contradicción mas patente de la resolución impugnada con la norma sustantiva emerge de que- - No se ha especificado ni podado de que manera se promovió, indusio favoreció, este tráfico materia de autos. - Sobre el primer acápite no se confluyo la forma de contacto y inicio de esta situación con las victimas y mi persona, al no existir preparativos antelados del hecho ilícito de qué manera mi persona podía incidir en estos individuos a esta situación, y como favorecer su traslado de un ESTADO A OTRO si estos sucesos tienen una temporalidad, base de la acusación "POR PROPIA INICIATIVA DEL CHOFER SE CONSTITUYERON en el control migratorio el día de los Sucesos, ya que es normal el traslado de extranjeros en el territorio nacional, empero en contra del propio precepto penal, PROBATORIO de que haya efectivizado el paso de estos sujetos de un ESTADO A OTRO, Cuando ese sucesos se suscito en el punto de control de LAJA, por lo que esta norma en su claridad de tipología no se adapta a la situación de autos, u norma sustantiva, pues los hechos develan que no se verifico el transporte de un país a otros, mucho peor bajo que medios, cruzaron FRONTERAS, para que los hechos se subsuman en la norma por la que se me proceso, error INJUDICANDO que disgrega una decisión ilógica sin razonamientos legal, para adecuar una conducta a un hecho, lo que muestra la violación del art. 370 Numeral 1 del C.P.P. ante hechos diferente a la tipología en que se delineo mi conducta. - En el presente caso mi persona circunstancialmente por recomendaciones de mi hermana la cual trabajaba en la terminal de buses y conoció al chofer de Minibus, estableció el eslabón de dirigirme al desaguadero para mi actividad comercial, sin tener sospecha de que en otras ocasiones se habían suscitado estos hechos, por dedicarme al comercio para subsistir y que este aspecto sea la coartada de una ORGANIZACIÓN CRIMINAL, que la fiscalía no quiso investigar, algo muy "RARO", porque de todo lo conllevado en juicio, se captaba migrantes en la terminal de Buses, empero esta situación tenia mayores responsables y actores empero solo soy el chivo expiatorio para una brillante actuación de la fiscal, que no llego al fondo del problema, para vía INTERPOL, convertirse en cómplice oficial y institucional del flujo de estos sujetos a otros países, el tribunal deberá preguntarse donde están las víctimas, porque no se las restituyo a su país de origen, en que momento se trasladaron de Chile a nuestro Estado, de donde venían, Cual su destino, donde se cobijaron, que informes se recabo del paso de fronteras de los mismos, puesto que estos tenían pasaportes, eran familias enteras, lo que enrostra el papelón de la fiscalía, para volcar la mirada en este tipo de delitos generados por FRANDES MAFIAS alimentadas por la inactividad de la FISCALÍA. En síntesis no existe pruebas concluyentes, y respaldo jurídico alguno para adecuar mi actuación, en una fenomenología atípica a los sucesos, y la falta de prueba plena confluyen a que erráticamente se haya violado a su vez el art. 365 del C.P.P., al dictarse una condena ante la insuficiencia probatoria de que mi persona tiene culpa dolosa premeditada, o culposa de un acto punible, lo que debería devenir en la aplicación el art. 363 del C.P.P. puesto que lo que se hace en juicio y su fallo es aplicar la valoración legal no las propias, defecto en que incurre el fallo enervado en la motivación de este fallo, que ostenta incongruencia interna y externa, contradictoria, bajo una abstracción arbitraria irrazonable que violo el precepto de que en caso de duda de debe aplicar.... - Al respecto no se estableció que mi persona suscito este licito, puesto que la dicción de promover emerge una disgregación intuitiva del tribunal ad-quo que en la hoja 15 aducen...Prueba signada con el MP-22 congelamiento de imágenes de teléfonos celulares... sic. Donde se monitoreaba estos sucesos deducción nada académica del tribunal por asumir el ROL de ADIVINOS, EN UNA ANTITESIS DE PRUDENCIA, JUSTICIA FORTALEZA, Y TEMPLANZA, que no deben estar alejados al enfoque retorico sin datos, respaldo, indiciario que debe recaer en ELEMENTOS CATEGORICOS, no INVENTIVOS como enrostra este fallo en su parte considerativa, recayendo esta postura en una antítesis de que los ciudadanos eran indocumentados, sin embargo este mayores responsables y actores, empero solo soy el chivo expiatorio para una brillante actuación de la fiscal, que no llego al fondo del problema, para vía INTERPOL, convertirse en cómplice oficial y institucional del flujo de estos sujetos a otros países, el tribunal deberá preguntarse donde están las victimas por que no se las restituyo a su país de origen, en que momento se trasladaron de Chile a nuestro Estado, de donde venían, cual su destino, donde se cobijaron, que informes se recabo del paso de fronteras de los mismos, puesto que estos tenían pasaportes eran familias enteras, lo que enrostra el papelón de la fiscalía para volcar la mirada en este tipo de delitos generados por FRANDES MAFIAS alimentadas por la inactividad de la FISCALÍA. En síntesis no existe pruebas concluyentes, y respaldo jurídico alguno para adecuar mi actuación, en una fenomenología atípica a los sucesos, y la falta de prueba plena confluyen a que erráticamente se haya violado a su vez el art 365 del C.P.P., al dictarse una condena ante la insuficiencia probatoria de que mi persona tiene culpa dolosa premeditada, o culposa de un acto punible, lo que debería devenir en la aplicación el art. 363 del C.P.P. puesto que lo que se hace en juicio y su fallo es aplicar la valoración legal no las propias defecto en que incurre el fallo enervado en la motivación de este fallo, que ostenta incongruencia interna y externa, es contradictoria, bajo una abstracción arbitraria irrazonable que violo el precepto de que en caso de duda de debe aplicar.... - Al respecto no se estableció que mi persona suscito este licito, puesto que la dicción de promover emerge una disgregación intuitiva del tribunal ad-quo que en la hoja 15 aducen...Prueba signada con el MP-22 congelamiento de imágenes de teléfonos celulares... sic. Donde se monitoreaba estos sucesos deducción nada académica del tribunal por asumir el ROL de ADIVINOS, EN UNA ANTITESIS DE PRUDENCIA, JUSTICIA FORTALEZA, Y TEMPLANZA, que no deben estar alejados al enfoque retorico sin datos, respaldo, indiciario que debe recaer en ELEMENTOS CATEGORICOS, no INVENTIVOS como enrostra este fallo en su parte considerativa, recayendo esta postura en una antítesis de que los ciudadanos eran indocumentados, sin embargo este muestrario de PASAPORTES Y FOTOS, enfocan su calidad de extranjeros. Como su conocimiento de quienes se hallaban encargados de su migración ilegal QUIEN CAPTABA a las víctimas para su traslado, analizando una tesisd sin consistencia en los hechos, establecido en su congruencia que: - "Si una sentencia cumple con la garantía de la Cumple además con otras dos y otra en de la debida motivación, una sentencia sustentada en argumentos claros garantías adicionales, una en interés de las partes y sociedad en general: la de hacer asequible el acceso caso mediante los recursos - si los hay-, y la de garantizar el derecho a la información, pues el acceso a la información, pero una sentencia que es clara lo garantiza, lo hace realmente efectivo, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además cumple con la función última de hacer saber a la sociedad porque el juzgador sentenció de una determinada manera un juicio. - De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales”. - Por su parte el Auto Supremo 73/2013-RRC de 19 de marzo, con el antecedente de una denuncia de infracción al art. 124 del CPP, en las dos fases anteriores del proceso, estableció que "la Sentencia dictada...carece de una adecuada fundamentación…al resultar insuficiente la fundamentación fáctica, por cuanto no se efectuó una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos…tampoco se observa que la Sentencia haya concluido con una fundamentación jurídica pues el Tribunal de Sentencia.. transcribió los tipos penales previstos por los arts. 331 y 332 del CP, hizo referencia con un apunte doctrinal de los elementos configurativos de ambos delitos y concluyo que el imputado fue autor del delito…sin efectuar el trabajo efectivo de adecuación de los hechos…con la descripción de los elementos constitutivos. De igual forma la Sala pronunciarte estimo que “…el Tribunal de apelación, no ejerció su función de control de función de control de verificación de la correcta fundamentación, siendo equivocado el justificativo del tribunal de alzada, en sentido de que el ejercicio de esa labor importaría una revaloración de la prueba, pues este Tribunal, en el Auto Supremo 167/2012-RRC de 4 de julio, ha remarcado la obligación que tien el tribunal de apelación de hacer el trabajo de control de la debida fundamentación de la Sentencia, en el sentido de los arts. 124 y 360 inciso 3 del CPP". La doctrina legal aplicable sentada en oportunidad es la siguiente: Es - “…el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP,y ante el reclamo del apelante en su recurso de apelación restringida, tiene el deber de verificar que el Tribunal inferior a emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que, de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente; en consecuencia, del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP, debe disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del art. 413 del CPP. DOCTRINA LEGAL.- La doctrina legal existente establece que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al denominado caso de "atipicidad" o conducta no delictiva en el Código Penal, para este efecto y de acuerdo al giro positivo sufrido por el Código Penal a partir del año 1997 es necesario establecer la conducta final del imputado siendo para este efecto preciso determinar: 1.- La creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido. 2.- La realización del riesgo imputable en el resultado y 3.- La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. En el primer aspecto deberá constatarse si la conducta del agente genera "riesgo ilegal o no permitido". Para ello habrán de valorarse en primer lugar las normas administrativas de control o la actividad en que se desenvuelve el imputado, respecto al segundo aspecto esa conducta generadora de riesgo ilegal debe dar lugar a la vulneración de un bien jurídico, consecuentemente a la subsunción del hecho a un determinado tipo penal, de lo contrario y ante su inexistencia dará lugar a la "falta de tipicidad" en la conducta del agente y finalmente en el tercer aspecto es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta del imputado, su no concurrencia da a lugar a la "falta de tipicidad", tal el caso de Autos en que no se establece en la conducta del agente "generación de riesgo ilegal" o relevante penalmente de acuerdo a la segunda base fáctica por la que fue juzgado, dando lugar a ausencia de "relación de causalidad" entre su conducta final y el resultado (vulneración del bien jurídico), consecuentemente, su conducta no se subsume en el tipo penal de TRAFICO DE PERSONAS. En síntesis, este PRIMER MOTIVO Violación del art. 370 numeral 1) del C.P.P., en la INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA, por no haber tenido un resultado final que mi persona TRASLADO, Y LOGRO QUE TRASPUSIERAN LA FRONTERA estos ciudadanos de un ESTADO A otro, deviene en la falta de tipicidad, por la ausencia probatoria para generar de mi parte responsabilidad penal, develando al tribunal ad-quem que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho, (base fáctica), con el tipo penal, en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, al constatar que los hechos son contrarios a esta verdad material que fluye de los antecedentes de esta proceso y pruebas, develando la falta de las características del tipo legal de alguno de sus elementos descriptivos, normativos o subjetivos, ante un proceso intelectivo o valorativo amorfo, cuya ausencia determinan la ATIPICIDAD, y se adecuan a esta invocación. PRECEPTO CONTRADICTORIO. 370 numeral 1) del C.P.P., en la EL AUTO SUPREMO NO. 783/2018 RRC. DESCRIBE: En cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva de la Sentencia con relación a la subsunción del hecho al tipo penal. Respecto a que, el Auto de Vista impugnado, incumpliendo la doctrina legal establecida respecto a la subsunción o tipicidad, convalido la errónea aplicación del art. 250 del CP por parte de la Sentencia, el recurrente invoca el Auto Supremo 231/2006 de 4 de julio, por el que la Segunda del Tribunal Suprema de Justicia, dentro de un proceso penal seguido por el delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP estableció: "DOCTRINA LEGAL: La doctrina legal existente establece que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsume la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al denominado caso de 'atipicidad' o conducta no delictiva en el Código Penal, para este erecto y de acuerdo al giro positivo sufrido por el Código Penal a partir del año 1997 es necesario establecer la conducta final del imputado siendo para este efecto preciso determinar: 1.- La creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido. 2.- La realización del riesgo imputable en el resultado y 3.- La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. En el primer aspecto deberá constatarse si la conducta del agente genera riesgo ilegal o no permitido. Para ello habrán de valorarse en primer lugar las normas administrativas de control de la actividad en que se desenvuelve el imputado, respecto al segundo aspecto esa conducta generadora de riesgo ilegal debe dar lugar a la vulneración de un bien jurídico, Consecuentemente a la subsunción del hecho a un determinado tipo penal, de lo contrario y ante su inexistencia dará lugar a la falta de tipicidad en la conducta del agente y finalmente en el tercer aspecto es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta del imputado, su no concurrencia da a lugar a la falta de tipicidad', tal el caso de Autos en que no se establece en la conducta del agente 'generación de riesgo ilegal` o relevante penalmente de acuerdo a la segunda base fáctica por la que fue juzgado, dando lugar a ausencia de 'relación de causalidad` entre su conducta final y el resultado (vulneración del bien jurídico), consecuentemente, su conducta no se subsume en el tipo penal de apropiación indebida por el que fue condenado ilegalmente además de no existir todos los elementos del tipo de injusto de 'apropiación indebida' en la conducta del imputado. Asimismo, invoca el Auto Supremo 431/2006 11 de octubre, dictado por la Sala Penal Primera de este Alto Tribunal de Justicia dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Suministro, previsto y sancionado por el artículo 51 de la Ley 1008 que señaló: “DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”. También invoca el Auto Supremo 329/2006 de 29 de agosto, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Tráfico Sustancias Controladas, previsto en el art. 48 con relación al art. 33 inc m) de la Ley 1008, que estableció: "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta. Por otra parte, conviene recordar que el Auto Supremo N° 417/03 de 19 de agosto de 2003, estableció que la tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo. Que la parte final del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal, atribuye al Ad-quem, la facultad de que cuando sea evidente, que para dictar una nueva sentencia, no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente, se refiere al caso sometido a Su conocimiento, con la jurisdicción y competencia que le asignan los articulos 42, 43, inc. 2, y, 51, numeral 2, del mismo Código, por lo que corresponde regularizar procedimiento y determinar que el Tribunal de Alzada dicte una nueva sentencia conforme a la doctrina legal aplicable" Finalmente, invoca el Auto Supremo 315 de 25 de agosto de 2006, en el que la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inciso m) de la Ley 1008, estableció la siguiente: “DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Un Estado democrático de Derecho está sostenido por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho a cumplimiento de la reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastara que exista la ausencia de uno de ellos para demandar la corrección y, con mayor razón, si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en “error injustificado”, tarea que la ley obliga a que los Tribunales de Justicia se sometan a la ley penal, lo contrario significa crear “inseguridad jurídica” en perjuicio de toda la población. Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenido en los artículos 169 y 370 - 1) del Código de Procedimiento Penal, al haberse condenado al imputado, por un tipo penal sustantiva, toda vez que el tipo penal de “transporte de sustancias controladas” se encuentra previsto en el artículo 55 que señala: “El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare Cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte Constituyéndose en norma especial frente al tino penal descrito en el artículo 48 de la Ley Nº 1008, por lo que se incurre en violación al “principio de legalidad al no calificarse adecuadamente la conducta ilícita del imputado en el tipo penal correcto, máxime si no se tomaron encueta principios de “favorabilidad" e “in dubio pro reo' en favor del imputado. La conducta descrita por el artículo 48 de la Ley No 1008 que establece el tráfico de sustancias controladas tiene por elemento esencial la “comercialización” de sustancias controladas ilícitas en una de las formas que establece el artículo 33 inciso m) de la referida ley especial, si la conducta del imputado no se encuentra vinculada a estos fines pero es “ilícita per se” por una norma especial, ésta debe aplicarse, lo contrario significaría dejar a la definición discrecional del juzgador que a su vez traduciría una violación al Principio Constitucional y Penal de legalidad e infracción al Derecho fundamental a la Seguridad Jurídica inmerso en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. Siendo evidente la existencia de “error injudicando” por indebida subsunción de la conducta del procesado en un tipo penal diferente al establecido por ley aspecto que debió ser advertido por el Tribunal de alzada, corresponde al Supremo Tribunal, en aplicación del segundo párrafo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y disponer que la misma Sala Penal Primera del Distrito de La Paz pronuncie nuevo Auto de Vista tomando en cuenta la línea doctrinal sentada en cuanto a la infracción de norma de norma penal sustantiva”. Efectuadas estas precisiones, corresponde analizar, en qué medida, el Auto de Vista impugnado ha considerado o no la labor de subsunción del Tribunal de Sentencia, de la conducta del encausado al tipo penal y si evidentemente contradictorios a los precedentes fundamentos resultan jurisprudenciales invocados en el recurso de casación sometido a análisis. Al efecto esta JURISPRUDENCIA, hace visualizar que el art. 321 BIS DEL Código TRANSPORTE DE UN ESTADO A OTRO...sic. Lo que no aconteció de mi parte, lo que la norma estatuye taxativamente, no se probó ni comprobó la intencionalidad de que mi persona se encargó de esta estar bajo dicha configuración Sin resultado final, vulnerándose el art. 10 del Código Penal, y el precepto lineal procedimental, por no existir simetrías sobre el delito de TRAFICO DE PERSONAS, se adecuan a este caso, por que el resultado no se ha efectivizado, por lo que al no existir TIPICIDAD, no debe existir CONDENA, siendo necesario el reenvio para determinar la responsabilidad efectiva de quienes se dedican a este comercio humano, bajo la complicidad del Min. Publico, que se limito a culpar la circunstancialidad, no la realidad de todo una conflagración delictiva Transaccional. 2- VIOLACIÓN DEL ART. 169 DEL C.P.P. Y NORMAS CONSTITUCIONALES. 2.1.- Esta sentencia impugnada tiene defectos absolutos, como ser: a) DOCTRINA LEGAL APLICABLE.- Se considera defecto absoluto, cuando en la resolución sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o que corresponde a convenios o tratados internacionales, porque lo contrario se traduce en "error injustificado" que debe ser corregido por el Tribunal de alzada o ante error de este tribunal corresponde a la corte suprema de justicia subsanar los errores de interpretación o ampliación de la ley sentando las correspondientes líneas doctrinales vinculantes a efectos de que los defectos absolutos emergentes de indebida aplicación de la ley sean subsanados. El juicio oral, publico y contradictorio conforme dispone el artículo 1ro. del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente el tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal debe Obrar de acuerdo a ley y no como en la especie a el Tribunal de alzada causando perjuicio a las partes, incurre en indebida interpretación del artículo 321 bis del Código Penal violando el principio de legalidad al omitir en la interpretación de este tipo penal elementos objetivos del tipo de injusto de TRAFICO DE PERSONAS" importantes para la subsunción de la conducta der imputado en el marco descriptivo del artículo indicado. COMO DOCTRINA LEGAL APLICABLE Y PRECEPTO CONTRADICTORIO, EL A.S. 66/2006 SALA PENAL LL, DESCRIBIÓ Como la Labor intelectiva de un tribunal efectúa este análisis factico de los hechos con la norma que sustente la concurrencia de un ilícito penal, lo que en el presente caso muestra la arbitrariedad del tribunal de sentencia, que se basó en situaciones abstractas y de argumentación sin sustento de criterio legal, para confluir que mi persona tenía que receptar beneficio económico que debela la prueba MP-22 pericial de congelamiento de imágenes del teléfono celular de mi persona, que muestra los pasaportes de los extranjeros lo que contradice la parte resolutiva de este fallo, que deduce que estos eran ilegales indocumentados, refleja la contradicción del fallo, en la disgregación analítica de esta situación aditamentada a que el supuesto dinero se hallaba como percepción de esta labor IMAGINATIVA DEDUCCIÓN, de adivino, cuando esta esmirriada suma servía para comprar productos en el comercio a que me avoco, y por sentido común un hecho delictivo de esta magnitud despliega sumas de mayor envergadura, que por sentido común se ve confrontada con una pésima sindéresis intelectiva de sinapsis a que se basaron los miembros de este tribunal. 3.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO.- 3.1.- EL ART. 115 DE LA C.P.E., delimita los tópicos que deben observar los administradores de justicia, en relación al debido PROCESO, Y EL A.S. No. 308/2020 que se aduce como PRECEPTO CONSTRICTORO en el caso de autos, determina: III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES En el caso presente, la parte recurrente acusa de incongruencia omisiva del Tribunal de alzada en el tratamiento de los siguientes dos puntos específicos planteados en apelación restringida: “agravios generados al declarar improbada la excepción de atipicidad” (sic) y "el punto 6 y 6.1 de la apelación en el sentido que la sentencia baso su valoracion en hechos inexistentes o no acreditados en la sentencia.- art. 370 num. 6) del Código Adjetivo Penal”. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados por el recurrente son evidentes y si constituyen en vulneraciones al derecho al debido proceso y principio de tutela judicial efectiva (derecho de acceso a la justicia), a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado. I. 1. Sobre la garantía del debido proceso. Al respecto, se tiene el Auto Supremo 370/2015-RRC de 12 que indica: “el debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos Subjetivos; es así, que los arts. 115 y 117 de la CPE, reconocen y garantizan la ampliación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) El derecho de defensa; b) El derecho al juez natural; c) La garantía de presunción de inocencia; d) El derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; e) El derecho a un proceso público; f) El derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable g) El derecho a recurrir; h) el derecho a la legalidad de la prueba; i) EI derecho a la igualdad procesal de las partes; j) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; k) El derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones; l) La garantía del non bis i idem; ll)El derecho a la valoración razonable de la prueba; m) El derecho a la comunicación previa de la acusación; n) La concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; o) El derecho a la comunicación privada con su defensor; p) El derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular". VI. 1. Sobre la garantía del debido proceso. Al respecto, se tiene el Auto Supremo 370/2015-RRC de 12 de junio, que indica: “Como se tiene desarrollado ampliamente por este Tribunal, cabe recordar que entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la debida fundamentación de toda resolución judicial, que debe ser observada por todos los Tribunales de justicia, incluidos los de apelación. La motivación implica que la autoridad que dicte un fallo, en este caso en apelación, tiene la ineludible obligación de exponer los razonamientos que le llevan a asumir una decisión, ya sea en uno u otro sentido; dicho de otro modo, implica la exigencia de una fundamentación de hecho y de derecho, que sustenta la parte dispositiva del Auto de Vista; además, esta obligación abarca el inexcusable deber del Tribunal de apelación, de pronunciarse sobre cada uno de los aspectos cuestionados o reclamados del apelante, en cuyo caso se vulneraria la garantía al debido proceso. Este razonamiento fue asumido por esta Sala y se encuentra plasmado en el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, que a tiempo de resolver un caso en el que también se denuncio la omisión de pronunciamiento respecto a todos los agravios contenidos en la apelación restringida, explico que: “El Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rector en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello a los Tribunales de alzada, no les esta permitido discrecionalmente determinar o clasificar, que motivos en su criterio son de fondo y merecen una respuesta fundamentada y qué motivo tienen relevancia que no merezcan una respuesta debidamente fundamentada. No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugna de cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronuncio sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación, restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente lo cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera establecido por los arts. 124 y 398 del CPP Constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulnera derechos y garantía reconocidos por la Constitución Política del Estado. Razonamientos que a la postre constituyeron base para emitir doctrina lega aplicable, y que tiene como fundamento legal, lo previsto por el art. 124 relación con el art. 398, ambos del CPP. Siendo que de no cumplirse por el Tribunal de alzada con esta exigencia, conforme lo desglosado y explicado, se incurriría en defecto absoluto al sentir del art. 169 inc. 3) de la misma Norma Procesal'. Por otra parte, el Auto Supremo 726/2015-RRC-L de 12 de octubre, señala: "Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la a decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las pates como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro completo, legitimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP. Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión otros actos procesales; ii) Clara, en que el pensamiento del Juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar d dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legitima, ya que debe basarse en pruebas legales y validas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoracion defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de inter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoracion de la prueba efectuada por el juez a quo; y; v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana critica. Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales; sino, ser clara concisa y responder todos los puntos denunciados. Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del inter lógico o cambio de razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”. Consiguientemente, es deber del Tribunal de apelación, fundamentar debidamente sus resoluciones. Más aún, una Resolución clara y completa, implica realizar una fundamentación pormenorizada de las razones de hecho y derecho que sea comprensible incluso para todo ciudadano. III.3. Incongruencia omisiva y derecho de acceso a la justicia. Una de las finalidades del Estado boliviano, de conformidad a lo estipulado por el art. 9 inc. 4) de la CPE, es garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución; entre los que se encuentra consagrado, en su art. 115.I, el derecho de acceso a la justicia, que relieva la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas, por parte de los jueces y tribunales de justicia, conforme el siguiente texto: "Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos". De lo señalado, se tiene que el precitado derecho tiene distintas dimensiones y por tanto, a partir de él, se materializa el ejercicio de otros derechos derivados como el libre acceso al proceso, la defensa, el pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, así como el uso de los recursos previstos por ley. En ese contexto constitucional, abordando esta vez, el núcleo esencial de la incongruencia y más específicamente la llamada incongruencia omisiva o fallo corto, como parte del derecho de acceso a la justicia, se concluye que se incurre en este defecto (citrapetita o ex silentio) cuando una autoridad jurisdiccional omite pronunciarse sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue desarrollada por este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, en cuyo texto se refirió lo siguiente: "..debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se ha formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se trate de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoya una pretensión; y iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda, cuando de conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita. Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada. La praxis sobre la presente temática, nos refleja que una resolución fundamentada, no debe tener ni contener abstracciones objetivas, y las deducciones de un tribunal sobre valoraciones no deben ser posturas que hallen fuera del contexto legal, empero que nos demuestra la SENTENCIA No. 52/2022 materia de impugnación, que su análisis recae en la postura aducida, Al respecto, corresponde señalar que el debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; es así, que los arts. 115 y 117 de la CPE, reconocen y garantizan la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) El derecho a la defensa; b) El derecho al juez natural; c) La garantía de presunción de inocencia; d) El derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; e) El derecho a un proceso público; f) El derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; g) El derecho a recurrir; h) el derecho a la legalidad de la prueba; i) EI derecho a la igualdad procesal de las partes; j) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; k) El derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones; l) La garantía del non bis i idem; ll)El derecho a la valoración razonable de la prueba; m) El derecho a la comunicación previa de la acusación; n) La concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; o) El derecho a la comunicación privada con su defensor; p) El derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Sobre esta temática es de realzar que el derecho a la legalidad de la prueba, la motivación y congruencia de las resoluciones, se hallan violadas por la resolución impugnada, puesto que las deducciones de la prueba pericial, conjuncionadas a que no existió acción directa esta se promovió a iniciativa del chofer inculpado, quien se presentó en el puesto de control migratorio, (ver prueba MP1., ), constituye esta acepción que estos actos son normales en el transporte de extranjeros, por lo que se hizo una valoración defectuosa de esta mal llamada prueba, cuya motivación recae en incongruencia interna de la sentencia, que no realizo una contrastación con la declaraciones de las víctimas, quienes negaron vinculo con nuestras personas, MP3, MP4, MP5, MP6, , MP10, , MP11, , MP12, , MP13, , MP14, , MP15, , MP16 MP17,MP 18, QUE NO HAN TENIDO REPERCUSIÓN EN LA VALORACION DE ESTAS EN FAVOR DE LOS INCULPADOS, lo que recae en la violación de nuestra norma, ya que no se especifica por que no representan descargo de nuestra participación en un hecho ilícito, cuando se supone que estos elementos son básicos para determinar la conducta del ilícito, vulneración que confluyo a que el tribunal de sentencia, erráticamente, dicte sentencia condenatoria, en una participación circunstancial, no directa ya que mi persona no tuvo tratos con las víctimas, no los conocía, no recibió ningún beneficio no se demostró estos aspectos, peor aun que yo LOS HUBIERE ESTADO TRANSPORTANDO, lo que me coloca en una dimensión ajena al hecho ilícito propuesto. Por lo expuesto es que impetro a sus autoridades en sujeción del art. 407 ante la violación del art. 370 en sus numerales 1.- Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. 6) Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. 8) Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa. 11) La inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación. Esta ultima por no saber si se cataloga mi actuación como cómplice, autora material o intelectual, que aspectos de atenuante existen, todo el esquema jurídico que el tribunal no conllevo, mutilando este precepto por lo que se debe anular este juicio, u reenviar el mismo a fines de una labor mayor intelectiva. Sea conforme estipula el art. 413 del C.P.P. sea sin perjuicio de solicitar audiencia de fundamentación, a los efectos del art. 411 que den operabilidad al tribunal ad-quem sobre los agravios deducidos, como de OFICIO observar si se han Cumplido las determinaciones del art. 169 numeral 3) del C.P.P.. Sea todo conforme a ley. OTROSÍ.- Comunicaciones cel. 70127501, Hotmail Lrios Iturri@gmail.com La Paz 24 de Noviembre de 2022 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A, 28 de noviembre de 2022 TÉNGASE por presentada la apelación restringida de Wara Emma Bersatti Rivas, en los términos del memorial que antecede, y en aplicación a lo establecido en el artículo 409 del CPP, póngase en conocimiento de las otras partes para dentro del término de diez (10) días lo contesten fundamentadamente y sea con las formalidades de ley. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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