EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SÉPTIMO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


PARA: ALBA ROCIO GALLARDO OLIVERA EDICTO FLORENCIO TITO RIVA HINOJOSA JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº 7 DE LA CAPITAL POR CUANTO LA LEY LE FACULTA. POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A LA DEMANDADA ALBA ROCIO GALLARDO OLIVERA, CON EL AUTO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2021, A FINES DE LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 387, 403 NUMERAL 10), 404 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MODIFICADO POR LA LEY 1173, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DIAS, EJERCITE SI ASÍ CONVIENE A SU INTERÉS, EL DERECHO PREVISTO EN LAS NORMAS REFERIDAS, ASI SE TIENE ORDENADO DENTRO DE LA DEMANDA DE REPARACION DE DAÑO SEGUIDA POR JULIO STEPHAN TORRICO ALCAZAR EN REPRESENTACION DEL DOCTOR CRISTIAN ALDO GOMEZ DAVILA, DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO VIEDMA CONTRA ALBA ROCIO GALLARDO OLIVERA, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO. CODIGO: 310101072000688 ACTO PROCESAL: REPARACIÓN DE DAÑO JUEZ DE SENTENCIA PENAL N° 7: Florencio Tito Riva Hinojosa SECRETARIA – ABOGADA: Laura Espinoza Espinoza DEMANDANTE: Julio Stephan Torrico Alcázar en representación del Doctor Cristian Aldo Gómez Dávila, Director del Hospital Clínico Viedma ABOGADO: Julio Stephan Torrico Alcázar DEMANDADA: Alba Rocío Gallardo Olivera ABOGADA: Helen Fernández Mendoza Fecha y hora de inicio: C/03/05/2021 Horas 14:00 p.m. Fecha y hora de finalización: C/03/05/2021 Horas 15:10 p.m. JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 7 DE LA CAPITAL ACTA DE AUDIENCIA VIRTUAL DE REPARACIÓN DE DAÑO En la ciudad de Cochabamba, a los 03 días del mes de Mayo del año 2021, a Horas 14:00 p.m., siendo lo señalado para el verificativo de la AUDIENCIA VIRTUAL DE REPARACIÓN DE DAÑO, seguido por Julio Stephan Torrico Alcázar en representación del Doctor Cristian Aldo Gómez Dávila, Director del Hospital Clínico Viedma contra Alba Rocío Gallardo Olivera, se constituyó el Tribunal Unipersonal en plataforma virtual del Juzgado de Sentencia Penal N° 7, conformado por el Juez, Florencio Tito Riva Hinojosa, asistido de la suscrita secretaria – abogada, Laura Espinoza Espinoza. Seguidamente, el señor Juez ordenó que por Secretaría se informe sobre la presencia de las partes para la realización de la audiencia virtual de Reparación de Daño. Informándose que en plataforma virtual se encuentra presente el demandante Julio Stephan Torrico Alcázar en representación del Doctor Cristian Aldo Gómez Dávila, Director del Hospital Clínico Viedma. Se informa que no se encuentra presente en plataforma virtual la demandada Alba Rocío Gallardo Olivera, aún de su legal notificación conforme se tiene la diligencia de notificación cursante en antecedentes, así como el edicto Judicial publicado en fecha 03 de Mayo de 2021. Se informa la presencia de la abogada defensora de oficio designada para el presente proceso, Helen Fernández Mendoza Seguidamente, el señor Juez declara instalada la presente audiencia, en ausencia de la demandada conforme establece el Artículo 386 último parte del Código de Procedimiento Penal, por lo mismo tampoco el posible llegar a una conciliación, quedando concluida la fase de conciliación. PRODUCCION DE LA PRUEBA OFRECIDA (TESTIFICAL Y DOCUMENTAL) CON REFERENCIA A LA LEGITIMACION DE LAS PARTES, LA EVALUACION DEL DAÑO Y SU RELACION DIRECTA CON EL HECHO RECEPCION DE LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE FASE DE REPARACIÓN DE DAÑO, en aplicación del Artículo 386 primer párrafo del Código de Procedimiento Penal, se pasa a considerar la prueba presentada por las partes, concediendo la palabra al abogado de la parte demandante para que establezca la legitimación de las partes, la evaluación del daño y su relación directa con el hecho: Con el uso de la palabra el abogado y representante legal de la parte demandante señala que, se ratifica en toda la prueba presentada dentro del proceso de reparación de daño, presenta al Juzgado, respecto del Informe de auditoría CHV-UAI/001/2011 de fecha 04 de Mayo de 2011, el mismo que indica de forma precisa la responsabilidad que se determina contra la señora Alba Rocío Gallardo Olivera, donde se especifica de forma clara la auditoria que se habría realizado, a raíz de las acciones realizadas por la misma, determinando un monto específico, respaldada por varias facturas, que fueron emitidas en el mismo informe de auditoría, donde indica el monto que habría sido dañada la Institución correspondiente a 134.894,58.- bolivianos, de esos montos existen tres depósitos por parte de la señora Alba Rocío Gallardo Olivera, esos depósitos están adjuntos a la prueba documental, siendo el primer depósito de 19.255.- bolivianos, se tiene una boleta y un Informe Técnico N° 0123/2019, que informa que de esos tres depósitos que habría realizado la demandada, queda un saldo de 91.702,62.- bolivianos, el mismo que fue presentado al Juzgado, a la fecha que habría sido presentado el 20 de Octubre de 2020, con el interés se habría sumado, al monto de 143.820,26.- bolivianos, mismo que a la fecha cambia actualizado de 146.709.- bolivianos, por 9 años y 11 meses y 29 días. En la misma prueba que fue presentada, se tiene todos los informes de depósitos que muestra el Sistema de Gestión Pública, son los depósitos realizados a la parte, reconociendo los montos que habría devuelto a la Institución, así también se acompaña Sentencia principal que habilita hacer ese tipo de acción y que se ha presentado. El señor Juez, dispone que por plataforma virtual se exhiba y se ponga en conocimiento de la abogada de la parte demandada, toda la prueba acompañada en la demanda de reparación de daños. Por plataforma se pasa visualizar todas las pruebas acompañadas. RECEPCION DE LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA El señor, concede la palabra a la abogada de la parte demandada para establecer si tiene prueba para presentar en la audiencia: Con el uso de la palabra, la abogada de la parte demandada manifiesta que, no tiene ninguna prueba que producir en el presente acto, al no haber tomado contacto con su defendida. DISCUSIÓN FINAL Y CLAUSURA DEL DEBATE (Fundamentación de las conclusiones de la parte demandante) Con el uso de la palabra, el abogado de la parte demandante refiere que, fundamenta la pretensión conforme el Artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, el Artículo 87 del Código Penal, como víctimas, siendo que esa funcionaria habría causado daño a la Institución sonsacando esos dineros, por tal motivo se habría emitido la sentencia penal correspondiente, por lo que, corresponde en aplicación del Artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, la acción civil de reparación de daño, con la identificación de los daños y perjuicios causados, por el delito que se habría cometido, contra la autora Alba Rocío Gallardo Olivera, civilmente responsable de haber cometido ese hecho. El Artículo 382 de la Ley 1970, señala el procedimiento, en ese sentido, se ha iniciado la acción civil con la prueba correspondiente, por lo que, se ha generado la reparación de daño del monto de 91.702,62.- bolivianos, más el interés que indica el Artículo 414 del Código Civil sobre el interés legal del 6%, se establece el monto de 146.709.- bolivianos, por 9 años y 11 meses y 29 días, por lo que, solicita que se determine configurada la responsabilidad de la señora Alba Rocío Gallardo Olivera, por indicios de responsabilidad civil detectada en la Auditoria realizada. DISCUSIÓN FINAL Y CLAUSURA DEL DEBATE (Fundamentación de las conclusiones de la parte demandada) Con el uso de la palabra la abogada de la demandada refiere que, con los recursos necesarios para realizar una defensa efectiva hacía su defendida, solicita que se considere el derecho al debido proceso, siendo que la misma no se encuentra presente en el acto, sin embargo, solicita se pueda considerar a fin de que se pueda realizar un proceso sin ningún tipo de vicio, por lo que, reitera se garantice el derecho al debido proceso de su defendida. Acto seguido, el señor Juez pasa a dictar el siguiente Auto: RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LA DEMANDA DE REPARACION DE DAÑOS A, 03 de Mayo de 2021 VISTOS: La demanda para la Reparación del Daño interpuesta por Julio Stephan Torrico Alcázar contra Alba Roció Gallardo Olivera, lo argumentado por el demandante en memorial de 06 de Octubre de 2020, así como el memorial complementario de fecha 20 de Octubre de 2020, lo expuesto por el abogado de la parte demandante, lo argumentado por la abogada de la parte demandada, la prueba acompañada, los datos del proceso; y, CONSIDERANDO I: Que, Stephan Torrico Alcázar mediante escrito de 06 de Octubre de 2020 y memorial complementario de fecha 20 de Octubre de 2020, interpone demanda de reparación de daño contra Alba Roció Gallardo Olivera, argumentando en lo esencial que, la demandada ocupaba el cargo de Auxiliar Administrativo de Caja del Hospital Clínico Viedma, quien en el ejercicio de sus funciones realizó la emisión de la factura N° 642644 en fecha 26 de Noviembre de 2010, donde no coincidida con el monto cancelado y además no respondía al paciente sino a otro, fundamentos que generó los Informes de auditoría complementario a la auditoria especial de ingresos recaudados en ventanilla de cobranza de caja correspondiente a la gestión 2010, CHV-UAI 001/2011 de fecha 04 de Mayo de 2011 que, generaron resultados de responsabilidad en contra de la prenombrada exfuncionaria pública y otros. Que, la demandada se acoge a una Salida Alternativa de Procedimiento Abreviado, habiendo el Tribunal de Sentencia Penal N° 6 de la Capital en fecha 08 de Noviembre de 2018, emitido Sentencia Condenatoria contra Jannett Griselda Claros Guzmán y Alba Roció Gallardo Olivera declarando autoras y culpables de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, tipificados en los Artículos 154 y 199 del Código Penal, imponiendo una pena de reclusión de dos (2) años, siendo beneficiadas con el Perdón Judicial, de los antecedentes se tiene que Jannett Griselda Claros Guzmán habría subsanado el monto que se le habría responsabilizado en su totalidad, pero Alba Roció Gallardo Olivera no habría subsanado el monto responsabilizado en su totalidad. Refiere que, el daño económico sufrido por el Hospital Clínico Viedma Unidad desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba "G.A.D.C.", se tiene la siguiente documentación: Informe Actualizado CITE: CI/HCV/TES/0132/2019 de fecha 18 de Octubre de 2019 que detalla la deuda a la fecha, monto que es la suma total sonsacada de parte de la señora Alba Rocío Gallardo Olivera, en ese entendido existen los Informes de Auditoria CHV-UAI 001/2011 de fecha 04 de Mayo de 2011 de Auditoria Interna Especial de ingresos recaudados en ventanilla de cobranzas de caja correspondientes a la gestión 2010, donde se establece la suma de bolivianos 132.357,62.-, como monto sonsacado del Hospital Clínico Viedma, por parte de Alba Roció Gallardo Olivera. También por Comunicación Interna CITE: CI/HCV/TES/0123/2019 de fecha 01 de Octubre de 2019, emitido por Elizabeth Antezana Condori determina que Alba Roció Gallardo Olivera, habría realizado depósitos el Primero de bolivianos 19.255,00.-; el Segundo de bolivianos 1.400,00.- y el Tercero de bolivianos 20.000,00.- haciendo un total de bolivianos 40,655.00.- quedando un saldo pendiente de bolivianos 91.702,62.-, el que se demanda en favor del Gobierno Autónomo Departamental Cochabamba en su caso del Hospital Clínico Viedma. Señala que, al existir en el presente caso la Sentencia Condenatoria de fecha 08 de Noviembre de 2018, debidamente ejecutoriada, corresponde aplicar el Procedimiento para la Reparación del Daño previsto en el Artículos 382 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la demandada con su accionar habría ocasionado un daño económico al Hospital Clínico Viedma, Unidad Desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, en los montos y términos siguientes: Conforme a Dictamen de Auditoria Interna Especial el monto líquido del daño económico originado se determina en la suma de Bolivianos 132.357,62.- (Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Siete 62/100 Bolivianos) identificando como la responsable a Alba Roció Gallardo Olivera, que en su condición de recaudadora ha incurrido en disposición arbitraria de recursos económicos. Del mismo modo por Comunicación Interna CITE: CI/HCV/TES/0123/2019 de fecha 01 de Octubre de 2019, emitido por la Licenciada Elizabeth Antezana Condori se determina que la demandada habría realizado depósitos en: 1. Por el monto de Bolivianos 19.255,00.- Formulario C21 Ejecución de Recursos, Devengado 154 del Sistema de Gestión Pública, reconocidos como otros ingresos con Boleta de Depósito 18692643 de fecha 30 de Mayo de 2014; 2. Por el monto de Bolivianos 1.400,00.- Formulario C21, Ejecución de Recursos, Devengado 210 del Sistema de Gestión Pública, reconocidos como otros ingresos con Boleta de Depósito 19575930 de fecha 09/06/2014; y 3. Por el monto de Bolivianos 20.00.00.- Formulario C21. Ejecución de Recursos, Devengado 282 del Sistema de Gestión Pública, reconocidos como otros ingresos con Boleta de Deposito 24571363 de fecha 12/08/2014, haciendo un total de Bolivianos 40.655,00.- sumas que llegan a restar y quedando como saldo pendiente de Bolivianos 91.702,62, (Noventa Un Mil Setecientos Dos 62/100 bolivianos), siendo el total del monto indemnizable; refiere que, corresponde añadir el perjuicio que se calcula de acuerdo al interés legal que asciende al 6 % anual conforme establece el Artículo 414 del Código Civil que, en el presente caso el interés se computa desde la emisión del Informe de Auditoria donde se establece la responsabilidad en fecha 04 de Mayo de 2011, es decir, a la fecha habrían transcurrido 9 años y 04 meses 20 días, por el 6% de interés, del saldo que adeuda Alba Roció Gallardo Olivera respecto a la suma de Bolivianos 91.702,62.-, por año el interés es de Bolivianos 5.502,16.-, por 9 años se tiene la suma de Bolivianos 49.519,41.-, más los 5 meses es Bolivianos 2.292,56 y 20 días, Bolivianos 305.67, en ese entendido la suma total es de Bolivianos 143.820,26 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinte 26/100 Bolivianos), se señala que este es el importe de indemnización, la misma se sustenta mediante la documentación acompañada como es el Informe de la primera Auditoria CHV-UAI 001/2011 de fecha 04 de Mayo de 2011 e Informe de Auditoria Interna Complementario, que confirma la auditoria especial de ingresos recaudados en ventanilla de cobranzas de caja correspondiente a la gestión 2010, Auditoria realizada por la Consultora Romero Auditores, que ratifica la responsabilidad por acciones y omisiones, de parte de Alba Roció Gallardo Olivera. Consecuentemente, acorde a las pretensiones en su demanda del demandante se Demanda como Reparación del Daño un total de Bolivianos 143.820,26.- (Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinte 26/100 Bolivianos). Que, habiéndose cumplido con las previsiones establecidas en el Artículo 384 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se admita la presente Demanda de Reparación de Daño y se ordene el pago de los montos demandados a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Entre la documentación presentada por la parte demandante y producida en audiencia se tiene documentos consistentes en: 1. Sentencia de Procedimiento Abreviado de fecha 08 de Noviembre de 2018, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Julio Stephan Torrico Alvarez, apoderado de del Director del Hospital Clínico Viedma contra Alba Roció Gallardo Olivera, Jannet Griselda Claros Guzmán y otro, Caso NUREJ N° 201038360, emitido por el Tribunal de Sentencia N° 6 de la Capital, Doctores Damiana Medrano Meneces, Leandro Mamani Mamani y María Amparo Zapata Soliz, mediante el cual se declara a la demandada autora y culpable de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los Artículos 154 y 199 del Código Penal imponiendo una pena de dos (2) años de reclusión en la Cárcel Pública de “San Sebastián” Mujeres de esta Ciudad, mas costas a favor del Estado; 2. Auto de 20 de Noviembre de 2018 emitido por el Tribunal de Sentencia N° 6 de la Capital por el cual se dispone la concesión del perdón judicial a Alba Roció Gallardo Olivera; 3. Informe de Auditoria Interna CHV-UAI 001/2011 de fecha 04 de Mayo de 2011, Informe Complementario a la Auditoria Especial de Ingresos Recaudados en Ventanilla de Cobranzas de Caja Correspondiente a la Gestión 2010, emitida por el Licenciado Julio Cesar Zelada Reynoso, Auditor Interno HCV, se adjunta Anexo de Índice de Pacientes Observados sin Descuentos de Trabajo Social, en las conclusiones de la Auditoria se ha verificado los indicios de responsabilidad civil detectados en la auditoria externa realizada por la Consultora Romero Auditores se ratifica la responsabilidad por las acciones y omisiones que generaron disposición arbitraria y daño económico a los bienes del Estado y están sujetas a la aplicación del Artículo 77 inciso H) del Decreto Ley 14933 del Sistema de Control Fiscal, por un monto de Bolivianos 188.470.06.- equivalente a Dólares 26.657,72.- en contra de los siguientes servidores y ex servidores públicos del Hospital Clínico Viedma, habiéndose determinado de Alba Roció Gallardo Olivera de Bolivianos 132.357.62.-; 4. Comunicación interna CITE: Cl/HCV/TES/0123/2019 de fecha 01 de Octubre de 2019, emitido por Licenciada Elizabeth Antezana Condori, Responsable de Tesorería del Hospital Clínico Viedma, se adjunta Formularios del Sistema de Gestión Pública de Ejecución de Recursos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con importe de los depósitos de Bolivianos 20.000.00.-, Bolivianos 1.400.00.- y Bolivianos 19.255.00.-, también se tiene Formularios de Depósitos al Banco Unión Sociedad Anónima, a la cuenta 10000012465767, por montos de Bolivianos 20.000.00.- de fecha 12 de Agosto de 2014, Bolivianos 1.400.- de fecha 09 de Junio de 2014 y Bolivianos 19.255.00.- de fecha 30 de Junio de 2014. Asimismo, en esta audiencia el abogado patrocinante del demandante refiere que la prueba producida en esta audiencia acredita que Julio Stephan Torrico Alcázar en representación de Daysi Marlen Rocabado Espinoza-Directora del Hospital Clínico Viedma tramitó un proceso penal de acción privada en contra de Alba Roció Gallardo Olivera, a quien se le acusó por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, tipificados y sancionados por los Artículos 154 y 199 del Código Penal, que la demandada se sometió a Salida Alternativa de Procedimiento Abreviado ante el Tribunal de Sentencia N° 6 de la Capital, la acusada fue sentenciada en fecha 08 de Noviembre de 2018 y sancionada a una pena privativa de libertad de 2 años a cumplir en el Penal de “San Sebastián” Mujeres, sentencia que también condenó a la demandada al pago de las costas a favor del Estado, al existir una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, se interpone la presente Demanda de Reparación del Daño previsto en el Artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, también se señaló que acorde a la prueba producida se ha demostrado que la demandada en su condición de Auxiliar Administrativo de Caja del Hospital Clínico Viedma procedió a sonsacar dineros, que conforme a los Informes de Auditoria logran determinar la suma de Bolivianos 132.357,62.-, como también de la certificación de la Responsable de Tesorería Elizabeth Antezana en el que indica que la señora Alba Roció Gallardo Olivera realizo tres depósitos por la suma total de Bolivianos 40.655,00.-, quedando un saldo de Bolivianos 91.702,62.- el que debe ser indemnizado, se hace referencia que al saldo se debe añadir el perjuicio que se calcula de acuerdo al interés legal que asciende al 6 % anual conforme lo establece el Artículo 410 del Código Civil que, en el presente el interés se computaría desde la fecha del 04 de Mayo de 2011 que es del dictamen de auditoria especial, que establece responsabilidad, que hasta la presente fecha han transcurrido 9 años, 11 meses y 29 días, por el 6% de interés por año cuyo monto total es de Bolivianos 55.006.-, que esos dineros recaudados por ventanilla de cobranza de caja son dineros que están destinados a ser invertidos en la compra de medicamentos e insumos médicos para la atención de los pacientes del Hospital, ante la carencia de estos recursos se tuvo que recurrir a fondos provenientes de otras partidas presupuestarias y de esta forma poder cubrir estos gastos, de modo que se tuvieron que recurrir a otros recursos para reponer los que se propio la demandada y que han generado una utilidad, en consecuencia haciendo la suma total indemnizable de Bolivianos 146.709.- (Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), respecto al daño ocasionado. Por su parte, la demandada no obstante de su legal notificación, conforme cursa en antecedentes, no se conectó a la audiencia estando asistida por la abogada defensora de oficio Helen Fernández Mendoza, quien en el presente acto asume la defensa, desarrollado el presente acto en ausencia de la demandada en aplicación del Artículo 386 última parte del Código de Procedimiento Penal que, establece que ante la incomparecencia de la demandada, no se suspenderá la audiencia, debiendo estar a las resultas del proceso, por lo que, la defensa hace referencia que, no presentó ninguna prueba de descargo, al no haber tomado contacto con su defendida y se tenga presente el derecho al debido proceso de la misma ante su ausencia al presente acto, a fin de evitar vicios de nulidad. CONSIDERANDO II: Que, el Artículo 87 del Código Penal establece, sobre la responsabilidad civil, "Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito". También el Artículo 89 de igual norma Sustantiva establece la exención de la responsabilidad civil y prevé: “Sólo quedan exentos de la responsabilidad civil los que se hallan amparados por una causa de justificación, excepto el causante del estado de necesidad. En el caso en los que no se determine el causante estarán obligados a la responsabilidad civil las personas en cuyo favor se hubieran precavido el mal en proporción en beneficio obtenido por cada una de ellas y subsidiariamente el Estado". A su vez el Artículo 91 de igual compilado sustantivo establece respecto de la extensión de la responsabilidad civil que esta comprende: "1). La restitución de los bienes del ofendido que le serán entregados, aunque sea por un tercer poseedor, 2). La reparación del daño causado y, 3). La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima a su familia o a un tercero fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. En toda indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la víctima para su curación, restablecimiento y reeducación”. Por su parte, el Artículo 14 del Código de Procedimiento Penal refiere las acciones que nacen del delito y prevé: “De la comisión de todo delito nacen: La acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes". Concordante con esa norma, el Artículo 382 de igual norma procesal, establece que: "Ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente. La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía, dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme." Asimismo, el Artículo 383 del mismo cuerpo normativo establece que: “La demanda deberá ser dirigida contra el condenado o contra aquél a quien se le aplicó una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad y/o contra los terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables de los daños causados." Por parte, el Artículo 386 del mismo cuerpo adjetivo procesal establece que: “En audiencia, el Juez procurara la conciliación de las partes y homologara los acuerdos celebrados. Caso contrario, dispondrá la producción de la prueba ofrecida solo con referencia a la legitimación de las partes, la evaluación del daño y su relación directa con el hecho. Producida la prueba y escuchada las partes, el Juez en la misma audiencia, dictara resolución de rechazo de demanda o reparación de daños con la descripción concreta y detallada y el importe exacto de la indemnización.” En este contexto la Sentencia Constitucional N° 1109/2006-R en el fundamento jurídico III.1 señala: "De la producción de un hecho delictivo, nacen las acciones penal y civil, habida cuenta que produce un daño de dos órdenes, uno público y otro privado. El primero, es el que sufre la sociedad y por consiguiente el Estado, como producto del acto antisocial del hombre que viola la ley penal; el segundo, es el que recae sobre el sujeto pasivo del delito, como resultado del hecho ejecutado por el agente activo, daño que origina un derecho a favor de la víctima o sus herederos para pedir la indemnización de los perjuicios causados por el delito, criterios que se encuentran establecidos en el art. 14 del CPP que señala: "De la comisión de todo delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes" (SC 0712/2006-R, de 21 de julio). Esto implica que de la comisión de un delito no se deriva sólo la responsabilidad penal, sino que también puede derivarse la denominada responsabilidad civil ex delicto, con la primera al responsable de un delito se le impone el cumplimiento de una pena proporcionada al mismo y destinada a fines colectivos y/o estatales, como la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de funciones preventivas (general y especial); en cambio, con la responsabilidad civil declarada judicialmente y exigible de forma ejecutoriada, se pretende reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o los perjudicados por el mismo. Además, es necesario hacer referencia que en la responsabilidad civil no rige el principio de personalidad propio de la pena, pues mientras que la responsabilidad penal se extingue por la muerte del imputado, ya que sólo puede imponerse una sanción al autor del hecho ilícito, sin posibilidad de que pueda afectar a alguien distinto del autor de la violación del precepto penal, por lo que la responsabilidad penal no es transmisible a terceros; la responsabilidad civil, puede ser satisfecha por una persona distinta de la que realizó el hecho productor del daño, de modo que al no ser personal la responsabilidad civil es transmisible, y en ese criterio puede pasar a los herederos del responsable y el derecho de exigirla se trasmite a los herederos de la víctima conforme determina el art. 92 parte in fine del CP. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada del delito no se establece de manera proporcionada a la gravedad del delito como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos producidos que se traducen en los daños y perjuicios que ocasionó, sin soslayar el carácter renunciable del ejercicio de la acción *civil". En la presente demanda, la parte demandante en audiencia ha solicitado en su pretensión se cuantifique en la suma el total de Bolivianos 146.709 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos) importe de la reparación del daño; de la valoración de la documentación producida en audiencia, el requisito a los fines de la reparación del daño consiste en la sentencia de primera instancia, se infiere que en audiencia de aplicación de Procedimiento Abreviado de 08 de Noviembre de 2018 Alba Roció Gallardo Olivera ha sido sometida a proceso penal a instancia de Julio Stephan Torrico Alvarez, en representación de Daysi Marlen Rocabado Espinoza, Directora del Hospital Clínico Viedma, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los Artículos 154 y 199 del Código Penal, en esa oportunidad el Tribunal de Sentencia N° 6 de la Capital, ha dictado Sentencia en juicio oral, emergente de los hechos atribuidos a la imputada, al haber evidenciado que Alba Roció Gallardo Olivera, admite su responsabilidad en los hechos acusados, que admite el haberse aprovechado del cargo que desempeñaba como responsable de recaudaciones (cajera), procediendo adulterar facturas con el objetivo de apropiarse de dineros por servicios prestados a los pacientes, de esta forma afectando al correcto desenvolvimiento de la administración pública causando daño a las recaudaciones, dineros que estaban destinados a ser invertidos en la compra de medicamentos, insumos médicos para la atención de los pacientes del Hospital Clínico Viedma, hechos que motivaron que el Tribunal de Sentencia N° 6 de la Capital tenga la certeza que Alba Roció Gallardo Olivera es responsable de los hechos acusados y subsumido su conducta a los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados en los Artículos 154 y 199 del Código Penal; por lo que los juzgadores han dictado sentencia condenatoria contra Alba Roció Gallardo Olivera, declarándole autora y culpable de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, resolución que ha quedado ejecutoriada y mediante Auto de fecha 20 de Noviembre de 2018 se concede a favor de la condenada el Perdón Judicial; es decir, abriéndose de esta forma el ámbito de la reparación del daño, previsto en la normativa procedimental, acompañado como prueba documental Informe de Auditoria Interna CHV-UAI 001/2011 de fecha 04 de Mayo de 2011, sobre Informe Complementario a la Auditoria Especial de Ingresos Recaudados en Ventanilla de Cobranzas de Caja Correspondiente a la Gestión 2010, emitida por el Licenciado Julio Cesar Zelada Reynoso, Auditor Interno HCV, informe a la se adjunta Anexo 1 de Índice de Pacientes Observados sin Descuentos de Trabajo Social, Informe donde se verificó las consultas médicas por especialidad, en caso de curaciones se verifico el Libro de procedimiento de emergencia, así como también la veracidad de las consultas y establecer si los pacientes fueron o no atendidos; de forma que en sus conclusiones se ratifica la responsabilidad, por un monto de Bolivianos 188.470.06.- equivalente a Dólares 26.657,72.- en contra de diversos servidores y ex servidores públicos del Hospital Clínico Viedma, en el caso en concreto con relación a Alba Roció Gallardo Olivera se determinó la responsabilidad en la suma de Bolivianos 132.357.62.-; pero amerita considerar la Comunicación Interna CITE: CI/HCV/TES/0123/2019 de fecha 01 de Octubre de 2019, emitido por la Licenciada Elizabeth Antezana Condori que certifica que la demandada habría realizado 3 depósitos en la gestión 2014 de los que se tiene: 1. Por el monto de Bolivianos 19.255,00.- Formulario C21 Ejecución de Recursos, Devengado 154 del Sistema de Gestión Pública, reconocidos como otros ingresos y Boleta de Depósito 18692643 de fecha 30 de Mayo de 2014, a la cuenta 10000012465767; 2. Por el monto de Bolivianos 1.400,00.- Formulario C21, Ejecución de Recursos, Devengado 210 del Sistema de Gestión Pública, reconocidos como otros ingresos y Boleta de Depósito 19575930 de fecha 09/06/2014, a la cuenta 10000012465767; y 3. Por el monto de Bolivianos 20.00.00.- Formulario C21. Ejecución de Recursos, Devengado 282 del Sistema de Gestión Pública, reconocidos como otros ingresos y Boleta de Depósito 24571363 de fecha 12 de Agosto de 2014, a la cuenta 10000012465767, depósitos que hacen un total de Bolivianos 40.655,00.-, sumas de depósitos que llegan a restar a la suma de Bolivianos 132.357.62.-, quedando como saldo pendiente de cobrar la suma de Bolivianos 91.702,62.- (Noventa Un Mil Setecientos Dos 62/100 Bolivianos), que constituye la suma de dinero que hasta la fecha no fue depositada por la demandada y sigue pendiente de devolución, ese es el daño causado al Hospital Clínico Viedma, Unidad Desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y que corresponde ser reparado por Alba Roció Gallardo Olivera. Por otra parte, del interés legal pretendido por la parte demandante, a tal efecto se debe tomar en cuenta lo establecido por el Artículo 339 del Código Civil respecto a la responsabilidad del deudor que no cumple: “El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable". Asimismo, el Artículo 344 de la misma norma prevé el resarcimiento del daño y establece: "El resarcimiento del daño, en razón del incumplimiento del retraso, comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado, con arreglo a las disposiciones siguientes..." El Artículo 347 del Código Civil establece el resarcimiento de las obligaciones y prevé: “En las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento sólo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Esta regla rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido intereses el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a la legal, se deberán los intereses moratorios en la misma medida, siempre que se encuentren dentro de los límites permitidos". Finalmente, el Artículo 414 del Código Civil respecto al interés legal establece: "El interés legal es del seis por ciento anual. Rige a falta del convencional desde el día de la mora". En el presente caso, el demandante pide que también se considere los intereses legales, en razón que la suma de Bolivianos 91.702,62.- desde la fecha 04 de Mayo de 2011 del Informe de Auditoria Interna donde se determinó la responsabilidad de la demandada, las mismas habrían generado intereses legales que ascienden a Bolivianos 55.006,62.- (Cincuenta y Cinco Mil Seis 62/100 Bolivianos) por 9 años, más 11 meses y 29 días, de interés al 6% de interés legal anual. Al respecto, conforme a los argumentos de la parte demandante y la documentación acompañada, se advierte que la suma de Bolivianos 91.702,62, (Noventa Un Mil Setecientos Dos 62/100 Bolivianos) que hubieren generado beneficios, por cuanto las recaudaciones de dineros de ventanilla de cobranza de caja están destinados a ser invertidos en la compra de medicamentos e insumos médicos para la atención de los pacientes del Hospital, que al no haber estos recursos se tuvo que recurrir a otros fondos para poder cubrir esos gastos que implica prestarse recursos económicos de otras partidas presupuestarias, por lo que corresponde la pretensión de la parte demandante, en ese entendido se debe tener presente lo previsto en el Artículo 994 de Código Civil, sobre cuyo monto se debe calcular el lucro cesante en el porcentaje establecido en el Artículo 414 del Código Civil, vale decir un interés del 6% anual con relación al tiempo transcurrido desde el día que en el presente caso se estableció la responsabilidad de la demandada mediante el Informe de Auditoria Interna de fecha 04 de Mayo de 2011, por lo que corresponde acorde a la normativa señalada precedentemente estipular un interés de 6% anual sobre el monto de la suma restante no cancelada de Bolivianos 91.702,62.-, vale decir, que a ese monto se debe añadir el interés anual del 6%, que por cada año da un monto de Bolivianos 5.502.16.-; y por 9 años transcurridos desde el 04 de Mayo de 2011 al 4 de Mayo de 2020, dan un monto de Bolivianos 49.519.44.- (Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Diecinueve 44/100 Bolivianos, asimismo respecto a los meses del 05 de Mayo de 2020 al 03 de Mayo de 2021, que corresponde calcular los intereses por 11 mes y 29 días, que dan un monto de Bolivianos 5.486.96.-, sumando el total de los intereses el monto de Bolivianos 55.006.4.- (Cincuenta y Cinco Mil Seis 04/100 Bolivianos), que corresponde al interés. En consecuencia, considerando el monto del Cheque N° 0000159, por la suma de Bolivianos 91.702,62, (Noventa Un Mil Setecientos Dos 62/100 Bolivianos), más los intereses por 9 años, 11 mes y 29 días, en la suma de Bolivianos 55.006.4.- (Cincuenta y Cinco Mil Seis 04/100 Bolivianos), dan un total de Bolivianos 146.709.- (Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), que debe resarcir por concepto de Reparación de daños ocasionados por Alba Roció Gallardo Olivera al Hospital Clínico Viedma, Unidad Desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Finalmente, en lo que respecta a los argumentos expuestos por la defensa de la demandada y al carecer de prueba, lo fundamentos expuestos por la defensa de la demandada no desvirtúa en lo absoluto de manera alguna la responsabilidad civil en la que también ha incurrido la ahora demandada. POR TANTO: El Juez de Sentencia Penal Nº 7 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Administrando Justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, a mérito de la Jurisdicción y Competencia que ejerce legalmente, en aplicación estricta de los Artículos 87 y 91 del Código Penal, Artículos 14 y 382 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; declara PROBADA la demanda para la reparación del daño interpuesta por JULIO STEPHAN TORRICO ALCÁZAR en representación de CRISTIAN ALDO GÓMEZ DAVILA, Director del Hospital Clínico Viedma; en consecuencia, ORDENA a ALBA ROCIÓ GALLARDO OLIVERA el pago de Bolivianos 146.709.- (Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba a su cuenta única Nº 10000006064210, que comprende el monto del dinero determinado por la disposición arbitraria y daño económico a los bienes del Hospital Clínico Viedma, Unidad Desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y los intereses legales a la fecha de la demanda, a las que se deben añadir intereses hasta el día del pago, de reparación conforme a los argumentos expuestos, debiendo hacer efectivo este monto dentro el plazo de 3 días, bajo conminatoria de Ley, con imposición del pago de costas. Se pone en conocimiento de las partes que la Resolución pronunciada es recurrible mediante apelación incidental, en la forma que establecen los Artículos 387 y 403 numeral 10), 404 y siguientes del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173. REGISTRESE. Las partes quedan legalmente notificadas con la resolución pronunciada por su lectura en audiencia conforme estipula el Artículo 160 parte in fine del Código de Procedimiento Penal, al no encontrarse presente la demandada se dispone poner en conocimiento el presente Auto, conforme establece el Artículo 163 del Código de Procedimiento Penal a la dirección establecida, así como la notificación conforme establece el Artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173. Con lo que terminó el acto a horas 15:10 p.m., firmando en señal de conformidad con su tenor, el señor Juez y la suscrita Secretaria – Abogada. Doy Fe. Fdo. Florencio Tito Riva Hinojosa, Juez de Sentencia Penal N° 7 Fdo. Laura Espinoza Espinoza, Secretaria- Abogada, Juzgado de Sentencia Penal N° 7, Cochabamba- Bolivia. ES LO QUE SE TRANSCRIBE PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY.- DOY FE Cochabamba, 04 de Enero de 2023


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