EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA Edicto Nº 2/2023 EL DOCTOR LUIS BENJAMIN ROJAS LATORRE JUEZ DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL Sucre – Bolivia MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO HACE SABER: A LOS ACUSADOS ANGELICA HIGUERAS DURAN, SUSANA HIGUERAS DURAN Y JULIO CESAR SANDOVAL dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PÙBLICO a denuncia ENRIQUE MONTAÑO BOERO Y ADUANA, en contra de ANGELICA HIGUERAS DURAN, SUSANA HIGUERAS DURAN Y JULIO CESAR SANDOVAL por la comisión del delito de CONTRABANDO , previsto y sancionado por el Código Penal, signado con Nurej: 201009230 en aplicación del Art. 165 del C.P.P, se ha dispuesto que se notifique, ACTA DE AUDIENCIA DE FECHA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEMORIAL DE FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DECRETO DE FECHA DE 03 DE ENERO DE 2023 a cuyo fin adjunto la siguiente pieza procesal cuyo contenido y tenor es el siguiente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL Sucre – Bolivia ACTA DE AUDIENCIA DE JUICIO MEDIANTE EL SISTEMA VIRTUAL CISCO WEBER IANUS 201009230 JUEZ Dr. Luis Benjamín Rojas Latorre SECRETARIA-ABOGADA Lic. María Silvana Gorena Camacho. ACUSADOR FISCAL FISCAL CRISTIAN DURAN ACUSADOR PARTICULAR JHONNY ALEJANDRO AGUILAR REYES ABOGADO MARITZA CAMPOS ACUSADOR PARTICULAR JEHNMILY RUBI AGUILAR CHUMACERO ABOGADO ADRIANA DEL PILAR VISCARRA ACUSADO JORGE ROLANDO VILLAGRA MOLINA ABOGADO LUDWING GASTON OLIVERA ACUSADO SERGIO ISRAEL DURAN BASPINEIRO ABOGADO OSWALDO AGUILAR FECHA DE AUDIENCIA Sucre, 05 de septiembre de 2022 HORA DE INICIO hrs. 08:00 OBJETO consideración de solicitud de revocatoria de la suspensión condicional de la pena impetrada por el Ministerio Publico, solicitud de prescripción de la pena formulada por la acusada. En la ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas ocho del día cinco de septiembre de dos mil veintidós, el señor Juez de Sentencia N° 1 en lo Penal de la Capital, Dr. Luis Benjamín Rojas Latorre y la suscrita secretaria Lic. María Silvana Gorena Camacho, quedó instalada la presente audiencia continuación de juicio oral en el proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de JHONNY ALEJANDRO AGUILAR REYES y JEHNMILY RUBI AGUILAR CHUMACERO en contra de JORGE ROLANDO VILLAGRA MOLINA y SERGIO ISRAEL DURAN BASPINEIRO , por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO, por secretaría pido informarse si las partes están legalmente notificadas y si acudieron a esta audiencia de inspección judicial y reconstrucción de los hechos. Secretaria: Buenos días señor juez informarle que el expediente se encuentra corriente, habiendo sido las partes notificadas legalmente, presente el Ministerio Publico, presente los denunciantes asistidos de sus abogados, presente los acusados asistidos de sus abogados. JUEZ: Se tiene presente, en base al principio de concentración vamos a realizar esta audiencia para la tramitación de los dos incidentes, de acuerdo a los antecedentes del proceso se dispone que inicialmente se trate el incidente planteado por la defensa relativa a la extinción de la pena por prescripción luego se analizara el incidente relativo a la revocatoria impetrado por el Ministerio Publico. Se concede la palabra a la defensa para que fundamente el incidente que hizo llegar. DEFENSA: (00:04:35) Fundamenta su incidente conforme al art. 308-4) con relación art. 27-8) y 314, todos del Código de Procedimiento Penal, expone los hechos, presenta prueba que sustenta el incidente planteado y solicita se corra traslado con la misma. JUEZ: Se corre en traslado el incidente planteado por la defensa al señor fiscal junto con los elementos de prueba que están sustentando el mismo. FISCAL: (00:21:30) Fundamenta su respuesta conforme al art. 32- 1) del CPP, pide hacer énfasis en la nota de la secretaria de ejecución penal con relación al punto 3, señala que la acusada no cumplido con el respaldo de las firmas que ha interrumpido el término de la prescripción. JUEZ: Se tiene presente, inicialmente se pasa a resolver el incidente planteado por la defensa. DISTRITO JUDICIAL DE CHUQUISACA JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL AUTO AISI Nº 17 /2022 PROCESO 201009230 ACUSADOR PARTICULAR ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA ACUSADO ANGELICA HIIGUERAS DURAN Y OTROS PROCESO “CONTRABANDO” Sucre, 08 de septiembre de 2022 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que, en la presente audiencia la defensa se ratifica en los términos que hizo llegar a este despacho judicial impetrando porque se declare probado un incidente de extinción de la acción penal por prescripción amparando esta su petición en lo dispuesto en el art. 308 – 4) en relación con el art. 27 – 8) y art. 314 del Código de Procedimiento Penal, debido a que su defendida en la gestión 2012 hubiese sido condenada a una pena de 3 años de privación de libertad, por la comisión del delito de contrabando, no obstante en este mismo fallo se concedió a la señora Delia Mita el beneficio de la suspensión condicional de la pena sometiéndose al cumplimiento de tres reglas de conducta también por el lapso de tres años y que cumplidas a cabalidad iban a motivar ciertamente la extinción la sanción impuesta debe tenerse presente que en este caso han transcurrido más de 20 años desde el momento en que fue impuesta la sentencia contra la señora Mita por lo que al amparo de las disposiciones legales anteriormente mencionadas la defensa solicita la declaratoria de extinción penal por prescripción. Corrido en traslado este incidente junto con los elementos de prueba que están sustentando el mismo, es decir el Registro Judicial de Antecedentes Penales de la señora Mita así como un informe de trabajo social del juzgado de ejecución penal, la autoridad fiscal refiere que entre los elementos de prueba que presenta la defensa cursa el informe de trabajo social, en el que se da cuenta que la beneficiada no cumplió con principalmente una de las reglas relativas a acreditar su presencia ante la Aduana Nacional una vez por mes, no se tiene información que esta obligación que le fue impuesta hubiese sido cumplida por la señora Mita, de modo que, al haber obrado de ese modo se ha producido la suspensión del cómputo prescriptivo de la acción penal y consecuentemente no corresponde acoger favorablemente el incidente que plantea la defensa pidiendo que el mismo sea rechazado. resumidos de ese modo los argumentos expresados por las partes, debe tenerse presente que en este caso que la señora Delia Mita Barrientos, ha sido ya objeto de la imposición de una condena, en él se le ha impuesto una sanción de tres años de privación de libertad por la comisión del delito de Contrabando, consecuentemente, con la imposición de esta pena también se ha extinguido lo que es la acción penal, porque hubiese cumplido su finalidad esta acción penal, que es justamente imponer una sanción punitiva en contra de quien se le haya probado la comisión de un hecho delictivo, en esas circunstancias no corresponde invocar la extinción de la acción penal en base a la normativa que ha señalado la defensa, es decir, el art. 308 en su numeral 4 en relación con el art. 27 numeral 8 y respecto del art. 314, todos del Código de Procedimiento Penal, porque estas normas en relación con el modo de extinción de la acción penal es evidente lo del transcurso del tiempo, pero reitera se trata de la extinción de la acción penal, situación jurídica en la que ya no se encuentra la señora Delia Mita Barrientos dada la pena impuesta que fue así atribuida en la gestión 2002. Es evidente que al presente han transcurrido más de veinte años desde que esta pena fue impuesta por el juzgado de causa, pero no deja de ser menos evidente, en todo caso la defensa debía invocar o amparar su solicitud en lo dispuesto por el art. 104 y siguientes del Código Penal, es decir estas disposiciones contienen justamente el tratamiento de la extinción de la pena ya no de la acción penal y es evidente que en este caso por la pena que le fue impuesta a la señora Mita, el término de la prescripción de la pena está contenido en el art. 105 numeral 2 del Condigo Penal cuando establece que en penas que sean menores a seis años pero mayores a dos, como es el caso, prescriben en un tiempo de siete años, es decir, que preliminarmente en la gestión 2009 esta pena hubiese prescrito por el transcurso del tiempo, sin embargo debe tenerse presente lo señalado por el art. 106 del mismo código punitivo, esta norma establece que el término de la prescripción se podrá interrumpir o quedara interrumpido por la comisión de otro delito con excepción de aquellos delitos de carácter político, también para considerar el párrafo II del art. 105 del Código Penal, indica un segundo requisito para invocar la extinción de la pena por prescripción, dado que esta normal señala que los plazos empezaran a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena si esta hubiera empezado a cumplirse. En consecuencia, para interponer un incidente de extinción de la pena por prescripción como correspondía en este caso, son dos los requisitos que debían acompañarse, la constancia de que el condenado fue notificado con la sentencia condenatoria, esta constancia debe acompañarse a una solicitud de esta naturaleza y un segundo requisito que esta presentado es el registro judicial de antecedentes penales a objeto de acreditar que no se ha producido la interrupción de este cómputo prescriptivo y que prevé el art. 106 del Código Penal, no obstante de ello el certificado que se presenta en este caso corresponde a la gestión pasada, tiene una data de exactamente de un año es de septiembre de la gestión 2021, consecuentemente no resulta ser el documento idóneo para solicitar la extinción de la pena, en vista de que ha transcurrido un tiempo considerable desde la emisión de este documento y el órgano jurisdiccional requiere de información actualizada para verificar si efectivamente no se cometió algún otro delito y con ello se hubiese producido la interrupción del cómputo del plazo relativo a la prescripción de la pena, de modo que, este órgano jurisdiccional extraña la presentación de ambos documentos que sustentan este tipo de incidente no existe documento que acredite el momento en que la señora Mita hubieses sido notificada con la sentencia y además no existe este documento que acredite que no se ha cometido algún otro hecho delictivo ciertamente en este periodo en que hubiese comenzado a computarse el plazo prescriptivo de la pena, de modo, que al no presentarse estos dos elementos probatorios de conformidad con el art. 315 del Código de Procedimiento Penal no corresponde acoger favorablemente el incidente que plantea la defensa, sin necesidad de ingresar en consecuencia al fondo de la pretensión que ha planteado la misma. POR TANTO: El suscrito juez de sentencia penal 1 de la capital, en el marco de lo señalado precedentemente RECHAZA el incidente de extinción de la acción penal que ha planteado la defensa por no ser la vía idónea para formular este tipo de incidentes la normativa en la que se ha amparado la defensa y dos porque no se acompañan los elementos de prueba que deben respaldar este tipo de incidente. REGISTRESE.- Se hace saber a las partes que esta determinación es objeto de apelación incidental de acuerdo a lo que señala el art. 403.2 del Código de Procedimiento Penal en las condiciones y requisitos que fija el art. 404. luego les voy a conceder la palabra para saber si van a impugnar en general esta resolución por laguna de las partes. A continuación, vamos a tratar el incidente que ha planteado el Ministerio Publico con respecto a la revocatoria de la suspensión condicional de la pena que le fue concedida a la señora Mita y para ello se concede la palabra al Ministerio Fiscal. FISCAL: (00:36:01) fundamenta su incidente de revocatoria, hace referencia a la nota de la secretaria de ejecución penal y solicita que se acepte la revocatoria de salida alternativa y se expida mandamiento de condena y que se remita al comando policial. y bajo el principio de economía procesal se adhieren y hacen suya la nota de 19 de enero emitido por la secretaria de ejecución penal. JUEZ: Se tiene presente, se corre en traslado a la defensa el incidente junto con los elementos de prueba que respaldan el mismo. DEFENSA: (00:38:40) Solicita se deniegue el incidente planteado por el Ministerio Publico, conforme al art. 367 del CPP haciendo hincapié en la última parte y expresando los hechos suscitados. JUEZ: Se tiene presente lo fundamentado por el abogado de la defensa, se pasa a resolver: DISTRITO JUDICIAL DE CHUQUISACA JUZGADO DE SENTENCIA Nº 1 EN LO PENAL DE LA CAPITAL AUTO AISI Nº 18 /2022 PROCESO 201009230 ACUSADOR PARTICULAR ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA ACUSADO ANGELICA HIIGUERAS DURAN Y OTROS PROCESO “CONTRABANDO” Sucre, 08 de septiembre de 2022 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que, en la presente audiencia la autoridad fiscal se ratifica en la solicitud que hizo llegar a este despacho judicial impetrando la revocatoria de beneficio de suspensión condicional de la pena que le fue otorgado a la señora Delia Mita, en vista de que de acuerdo al informe que ha elaborado trabajo social del juzgado de ejecución penal y que se advierte que la misma no ha dado cumplimiento principalmente a la condición relativa de someterse a la vigilancia de la aduana nacional, dado que no existe ningún antecedente que acredite esa circunstancia de cumplimiento por lo que amparándose en este informe de la instancia competente para efectuar el cumplimiento de condiciones y reglas de los diferentes tipos de beneficio que se pueden conceder en la tramitación de un proceso penal, como es la unidad de trabajo social del juzgado de ejecución penal solicita que se declare fundado este incidente y se emita el respectivo mandamiento de condena para su ejecución y cumplimiento por la fuerza policial a objeto de que conduzca a la señora Delia Mita al Recinto Penitenciario de San Roque con la finalidad de cumplir la pena que le fue impuesta en la gestión 2002. corrido en traslado este incidente la defensa refiere que el art. 367 es la base legal para la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la pena que manifiesta de manera clara que una vez que se venza el periodo de prueba, la pena quedara extinguida, de modo que, esta norma no exige necesariamente el cumplimiento de las condiciones es lo que manifiesta el abogado de la defensa, no obstante, de ello refiere que a fs. 434 la Aduana Nacional a requerimiento del juzgado de ejecución penal ha remitido a ese despacho judicial el cuaderno de Registro de Operadores de Comercio Exterior y Población en General por la atención en ventanilla que corresponde al periodo de los dos primeros meses de la presente gestión 2022, cuando en realidad debió haberse remitido información correspondiente a los supuestos registros que debieron efectuarse entre la gestión 2002 y 2005 que fue el tiempo concedido a la encausada para que cumpla las condiciones que le fueron impuestas de modo que, no existe esta información presentada por la Aduana que dé cuenta que hubiese cumplido con dicha vigilancia, conducta o regla de conducta que a criterio de la defensa fue cumplida a cabalidad por la señora Delia Mita. escuchados así los argumentos expresados por las partes luego de lo manifestado, la defensa ciertamente solicita porque se declare infundado este incidente, cabe señalar que, de acuerdo a una certificación emitida por secretaria del juzgado de ejecución penal, se advierte que Delia Mita Barrientos fue sentenciada mediante Sentencia 17/2002 de 02 de agosto de 2002 y mediante procedimiento abreviado a una pena de tres años por la comisión del delito de CONTRABANDO fallo que fue pronunciado por el Juzgado de Partido Liquidador Segundo de esta Capital y también se le concede en este mismo fallo el beneficio de suspensión condicional de la pena imponiéndosele tres condiciones por el lapso de tres años, todo al amparo del art. 367 de Código de Procedimiento Penal, este informe también refiere que a abril del 2022 fecha en la que se emite este certificado hubiesen transcurrido 19 años, 8 meses y 24 días, lo que implica que es un tiempo en verdad considerable que ha transcurrido desde que fue emitida esta sentencia e impuestas las condiciones en que el estado a través de los órganos y las agencias estatales de persecución y control y juzgamiento de hechos delictivos no han ejercido sus debidas obligaciones respecto a controlar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones que en su momento impuso el órgano jurisdiccional que conoció la causa, este es un hecho ciertamente evidente que ha generado un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en la señora Delia Mita Barrientos, dado que en su situación procesal se ha mantenido latente ahora ya por as de veinte años, de modo que, la propia Aduana Nacional no tiene los elementos de prueba para acreditar si se cumplió o no se cumplió con las obligaciones que le fueron impuestas a la señora Delia Mita, eso se advierte por la información que fue remitida por esa entidad pública y más allá de ello es también evidente que en su momento se impuso una condición que resultaba ser bastante sui generis porque generalmente esta vigilancia aunque claro prevé la norma, se ejerce a través del juzgado de ejecución penal o del propio juzgado que conoce la causa, una instancia como la Aduana Nacional no cumple con una función de esa naturaleza y la información que remite a este despacho judicial permite deducir esa situación dado que lo que remite es un libro de registro operadores de comercio exterior y lo que supone que en realidad esa repartición publica no lleva un registro para personas que hubiesen sido condenadas por hechos delictivos vinculados al comercio exterior principalmente, en esas circunstancias se advierte que esa fue una regla que era de comienzo difícil de ser cumplida, difícil además de ser controlada por no estar sujeta a dicho control por un órgano jurisdiccional, en vista de esta circunstancia, se advierte por el informe de trabajo social que la señora Mita no solamente no hubiese cumplido con esta obligación de presentarse ante la Aduana Nacional el primer día hábil de cada mes sino que además no hubiese dado a conocer el domicilio real que se le pidió que fije y que además no debía cambiar, el informe señala que no se ha acreditado en el fondo el domicilio real de la imputada, entones hay indicios para considerar de que la señora Delia Mita no se sometió al cumplimiento de ninguna de las reglas que le fueron impuestas sin embargo, este aspecto no está tampoco plenamente sustentado en elementos de prueba idóneos y fehacientes dado el transcurso de tiempo de la imposición de esta sanción es por ello que el suscrito considera que es necesario, dado que el art. 367 del código de procedimiento penal remite a las normas previstas en el art. 24 y siguientes respecto al cumplimiento de dichas condiciones en base a esta normativa, considerar la posibilidad de una modificación de estas medidas por un lapso que sea razonable dado el transcurso del tiempo desde que se dictó la respectiva sentencia condenatoria de modo que se pueda reencausar el cumplimiento de estas condiciones como se manifestaba, por un tiempo breve el cumplimiento de esta y pueda reencausarse esta tramitación y asegurar que si así lo hubiese hecho la señora Delia Mita pueda ser beneficiada con la extinción de la pena conforme manda el art. 367 del código de procedimiento penal. en base a lo expresado precedentemente el suscrito Juez de Sentencia Penal 1 de la Capital va a disponer la modificación de dichas medidas que le fueron impuestas a la señora Mita Barrientos en la gestión 2002 mediante fallo judicial, determinando que estamos a 8 de septiembre de 2022, determinando que la señora Delia Mita deba acudir al despacho de ejecución penal el ultimo día hábil de cada mes debiendo efectuar su primer registro en el mes en curso es decir en septiembre, un segundo registro lo hará a finales de octubre y finalmente el tercer registro se efectuara a finales del mes de noviembre y tendrá esa única obligación de presentarse al despacho del juzgado de ejecución penal a objeto de registrar su asistencia por el lapso solo de tres meses el ultimo día hábil de cada mes empezando por el mes que hoy está vigente. REGÍSTRESE. - Se hace saber a las partes que esta determinación es objeto de apelación incidental de acuerdo a lo que señala el art. 403.2 del Código de Procedimiento Penal en las condiciones y requisitos que fija el art. 404 del citado código. se concede la palabra a la autoridad fiscal. FISCAL: No vamos a apelar. DEFENSA: Renunciamos al recurso de apelación. JUEZ: Siendo voluntad de las partes no impugnar las resoluciones anteriormente pronunciadas se declaran debidamente ejecutoriadas y en caso de esta última por secretaria remítase una copia de la misma a conocimiento del juzgado de ejecución penal para que pueda ejercer el respectivo control. JUEZ SECRETARIA SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° DE LA CAPITAL Hace conocer NUREJ: 201009230 Abg. Cristhian Wilger Suarez Vargas, Fiscal de Materia asignado a la Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias llicitas, Aduaneros y Tributarios de la Fiscalia Departamental de Chuquisaca, dentro la investigación penal seguida por el Ministerio Público DE OFICIO contra ANGELICA HIGUERAS Y OTROS por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO previstos y sancionado en el Art 181 del Código Tributario, ante su autoridad expongo y pido: Señor Juez, habiendo sido notificado con la representación del 22 de septiembre de 2022, en el cual solicita la forma de notificar de los ciudadanos ANGELICA HIGUERAS DURAN, SUSANA HIGUERAS DURAN y JULIO CESAR SANDOVAL, al respecto informar que no se cuenta con más datos, por lo señalado precedentemente solicito se proceda a la notificación en conformidad al Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, sea por el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia (Sistema Hermes). Justicia, etc. Otrosi 1.- Providencias conforme el Art. 162 de la Ley 1970, en las Oficinas del Ministerio Público ubicado en la Calle Kilometro Siete N° 282 Sucre, 05 de diciembre de 2022 A, 03 de enero de 2023 En merito a lo solicitado por la Representación del Ministerio público procédase con la notificación de los señores Angélica Higueras Duran, Susana Higueras Duran y Julio Cesar Sandoval, mediante edictos conforme prevé el art. 165 del CPP, sea en el Sistema HERMES. Al otrosí 1. – Por señalado. FDO. JUEZ LUIS BENJAMÍN ROJAS LATORRE………………………….…… FDO. SECRETARIA - ABOGADA – MARIA SILVANA GONERA CAMACHO. EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SUCRE, CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS TRES DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES…………………………………………………………………… D. S. O.


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