EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO No. 243/2022 EL Dr. FARID NASSAR DONOSO JUEZ DE SENTENCIA No. 2 EN LO PENAL DE LA CAPITAL. Sucre-Bolivia MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO HACE SABER: a las ACUSADO HERLAN ROMERO MARTINEZ, que se ha dictado los siguientes actuados, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO a instancia de ENRIQUE PABLO ZAMORANO, contra ENRIQUE PABLO ZAMORANO NAVARRO por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el código penal, signado con NUREJ: 201102580, se dictó las siguientes piezas procesal, cuyo contenido literal es el siguiente. ------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA PENAL NO 2 EN LO PENAL DE LA CAPITAL FIS 1100692 NUREJ 201102580 I.- Recalicacion del tipo penal acusado.- II.- Modula Acusación y Solicita Criterio de Oportunidad. Otrosíes.- DANIEL FERNANDEZ MURILLO, Fiscal de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada en Litigación Oral de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, en ejercicio de la dirección funcional del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra HERLAN ROMERO MARTÌNEZ, por la comisión del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO tipificado por el Art. 332 en relación al Art. 326.5 del código Penal, presentándome ante su autoridad con respeto expongo y pido: l.- RECALIFICACION DEL TIPO PENAL ACUSADO.- De acuerdo a los antecedentes investigativos, se tiene que el día 28 de febrero de 2011, a horas 15:00, aproximadamente, la víctima dejó su motocicleta marca Kingo, tipo KG250GY38, cilindrada 250, origen China, Nº de chasis L08YCNL57A1004664, Nº motor ZS166FMM10K04664, año modelo 2010, color negro, estacionada en la puerta de su domicilio ubicada en calle J. Aguirre Nº 101 esquina Néstor Galindo, altura de la plazuela Don Bosco, y cuando se percató la misma ya no se encontraba, por lo que llamaron a la policía. Posteriormente, a horas 17, funcionarios de Diprove, encontraron la motocicleta a la altura del Colegio Aniceto Arce en la zona de El Tejar, en poder del imputado, quien al momento de su aprehensión intentó darse a la fuga. Hecho que ha sido calificado en el tipo penal cuyo nomen juris es robo agravado, tipificado por el Art. 332.4 en relación al Art. 326.5 del Código Penal. Ahora bien, es evidente que una de las formas de configuración del delito de robo agravado conforme al núm. 4 del art. 332 con relación al Art 326-5 del Código Penal, sin embargo esta norma se encuentra de manera imperativa concatenada con la previsión el art 331 del Código Penal, es decir que para la consumación del hecho, en la sustracción de la motocicleta antes referida tiene que concurrir el elemento violencia en las cosas o intimidación en las personas, aspecto que de los elementos que fueron colectados y ofrecidos en la acusación fiscal no se encuentra presente, sin bien dentro de la fundamentación de la acusación se hizo referencia que se habría presuntamente violentado por el acusado HERLAN ROMERO MARTÌNEZ, esta circunstancia se evidencia de con los elementos probatorios (Informe Circunstancial de fecha 28 de febrero de 2011., Informe Preliminar de 17 de mayo de 2011 Acta de secuestro de motocicleta de 28 de febrero de 2011., Acta de denuncia de Pablo Zamorano Navarro., Memorial de 02 de marzo de 2011., Fotocopia legalizada de Factura Nº 3758.), quien únicamente menciona que se tiene que el día 28 de febrero de 2011, a horas 15:00, aproximadamente, la víctima dejó su motocicleta marca Kingo, tipo KG250GY-38, cilindrada 250, origen China, Nº de chasis L08YCNL57A1004664, Nº motor ZS166FMM10K04664, año modelo 2010, color negro, estacionada en la puerta de su domicilio ubicada en calle J. Aguirre Nº 101 esquina Néstor Galindo, altura de la plazuela Don Bosco, y cuando se percató la misma ya no se encontraba, por lo que llamaron a la policía. Posteriormente, a horas 17, funcionarios de Diprove, encontraron la motocicleta a la altura del Colegio Aniceto Arce en la zona de El Tejar, en poder del imputado, quien al momento de su aprehensión intentó darse a la fuga., del análisis de este elemento probatorio solamente se tiene que se acreditan la supuesta violencia en las cosas, de ahí que siendo que en nuestro sistema penal se juzgan hechos y no tipos penales, la suscrita autoridad hallándose sometido al principio de legalidad penal por prescripción del art. 225 de la Constitución Política del Estado, en apego al principio de objetividad prevista en el art. 72 del CPP., al no encontrarse concurrente los elementos violencia en las cosas o intimidación en las personas, como exige el art. 331 del Código Penal, tiene a bien RECALIFICAR la acusación de ROBO AGRAVADO previsto en el núm. 4 del art. 332 del Código Penal con relación al Art 326-4 del Código penal por el delito de ROBO previsto en el art. 331 del Código Penal, toda vez que los acusados HERLAN ROMERO MARTÌNEZ, el pasado el día 28 de febrero de 2011, han procedido ilegalmente a sustraer la motocicleta de propiedad de la víctima en el presente caso. ll.- MODULA ACUSACION Y SOLICITA CRITERIO DE OPORTUNIDAD.-Encontrándose recalificado la acusación inicial por el delito de Robo, con la facultad prevista en el Art. 326 Parágrafo l) del Código de Procedimiento Penal, se procede a modular la acusación por el criterio de oportunidad reglado, ello bajo el siguiente fundamento: Ahora bien, en atención a los principios de objetividad, probidad, oportunidad, en Procura de lograr la solución del conflicto penal de manera prioritaria, comprendido aquello y estando gozando de los derechos y obligaciones que emergen de un Estado democrático de derecho, es imperioso establecer prioridades en la persecución penal considerando la mayor o menor lesividad social de un hecho delictivo, el interés relevante respecto a la sociedad como así mismo la habitualidad o reincidencia que pudieran demostrar el o los Imputados respecto a similar conducta criminal perpetrada; son justamente éstos aspectos que han sido tomados en cuenta por el Ministerio Público para solicitar la aplicación de la Salida Alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada, conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico Procesal Penal en vigencia. De otro lado, resulta pertinente fundamentar que el presente en virtud de lo que establece el Art 21 inc. l) del Código de Procedimiento Penal en lo referente a que A cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima de bien jurídico protegido bajo el siguiente parámetro: • El Ministerio Público, como titular de la acusación establecido en el apotegma: "NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO" es, a su vez, titular de la acción penal y pude prescindir de la persecución penal según las atribuciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, además, se toma en cuenta que también es su obligación ejercer sus funciones con celeridad e intentando evitar la innecesaria acumulación de causas de no gran relevancia de tal manera que el sistema judicial no se sature. Esta salida alternativa al juicio oral y público permite la simplificación del proceso en virtud a la decisión fiscal de prescindir de la acción penal, y toda vez que, en el caso por el deVlto imputado al encausado, éste han sido endilgado con el delito de ROBO, previsto en el art. 331 del Código Penal, el cual tiene en su horquilla punitiva de UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, En el caso particular de optarse por un juicio oral, público y contradictorio en contra de los acusados, existe la previsibilidad de que la pena no exceda de un año de sanción • Por otra parte, la nueva normativa procesal penal, respondiendo al principio universal de intervención mínima del Derecho Penal, en su Art. 21 establece como Una salida alternativa, EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA, afiliándose a la moderna tendencia que sostiene que solo los bienes jurídicos más importantes merecen tutela Y que habrán de penarse únicamente las conductas que más gravemente los dañen o amenacen. • Que, conforme a lo preceptuado por el art. 323 núm. 2) de la Ley N O 1970, cuando el Fiscal concluya la investigación podrá: "Requerir ante el Juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad, o que se promueva la conciliación". Que, la disposición anterior el Art. 21 numo 1) de la Ley N O 1970 establece la posibilidad de solicitar al juez que prescinda de la persecución penal por la afectación mínima al bien del bien jurídico protegido El Código de Procedimiento Penal, tiene como uno de sus pilares el de ser reparador antes que sancionador, es así que expresa textualmente, en su Art. 21 C.P.P., obliga a la Fiscalía a ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente, pero también con sapiencia establece algunas salidas alternativas al procedimiento común de un juicio oral y evitar la carga procesal de la justicia ordinaria. El art. 21 del CPP en la segunda parte refiere que el Fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal. Art. 21 CPP "La fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. El art. 21 del CPP en la segunda parte refiere que el Fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal, en los siguientes casos: "1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por afectación mínima al bien jurídico protegido... " Se entiende por Escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido. Este inciso recoge los casos denominados de bagatela o delitos de menor cuantía o gravedad de acuerdo al bien jurídico precautelado. En cuanto a la reparación del daño ocasionado que señala el presente artículo, se debe considerar que se entiende por daño o perjuicio, que no es otra cosa que el valor de la perdida que ha sufrido y de la ganancia que ha dejado de obtener una persona por culpa de otra, en el presente caso no se ha ocasionado ningún daño puesto que, según elementos que cursan el cuaderno de investigaciones, la afectación al bien jurídicamente protegido es mínima. 'por lo que concierne al requisito señalado en el Art. 21-última parte del Código de Procedimiento Penal, no se encontraría afectado haciendo viable la presente solicitud, salvaguardando los derechos de la víctima a reclamar la reparación del daño causado por la vía que considere pertinente. Más aún se tiene de los antecedentes en el cuaderno investigativo Cl.Jrsa memorial de fecha 04 de mayo de 201 1 realizado por la víctima y denunciante con la suma Presenta Desistimiento en el cual manifiesta que ha llegado a un acuerdo transaccional entre partes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la afectación mínima del bien jurídico la pondera el Ministerio Público en base a las características de cada caso en concreto y de conformidad a la política criminal pre-establecida en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo vincularse ésta minúscula afectación respecto al bien jurídico protegido que en éste caso resulta ser el "de carácter patrimonial"; tomando cuenta que la presente causa fue iniciada el 01 de marzo de 2011 y habiendo transcurrido más de 70 años, además que la víctima ha demostrado desinterés y/o negligencia en el desarrollo del presente proceso. Finalmente es pertinente referir la importancia del "Principio de Oportunidad" que si bien va en contraposición al "Principio de Legalidad", encuentra permisión en base a los argumentos esbozados y que hace permisible que los órganos estatales deban ponderar al resolver los casos que se les presente- eligiendo en cuales se va a impulsar la actividad represiva del Estado; debiendo razonar el juzgador sobre la posibilidad de dejar de lado a aquellas acciones en las que ese poder coercitivo sea menos necesario o inconveniente, esto por motivos de política criminal y también procesal y que además permite que el esfuerzo investigativo y procesal se concentre en las conductas delictivas donde se requiera una efectiva presencia del sistema penal; en este sentido, la operatividad de este instituto se concretiza y aplica bajo criterios jurídicos indeterminados, como interés público, interés social, resocialización, intervención mínima entre otros, mismas que deben ser entendidas, interpretadas y aplicadas a partir de la realidad y coyuntura social como criminal en el que nos encontramos. En este sentido, podríamos decir que este instituto se encuentra diseñado en el marco de una política criminal adoptada en una coyuntura donde era y sigue siendo necesario des-saturar el sistema de justicia penal frente a la realidad e imposibilidad de perseguir todos los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público y que a la vez conlleva a una retardación de justicia tan cuestionada en nuestros tiempos. En consideración a la fundamentación ampliamente expuesta el suscrito representante del Ministerio Público, en ejercicio del principio de "Objetividad" descrito por el Art. 72 de la Ley Nº 1970, concordante con el Art. 50 núm. 3) de la Ley NO 260 y al amparo de los Arts. 21 núm. l) y 323 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad disponga LA APLICACIÓN DE LA SALIDA ALTERNATIVA DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA EN FAVOR DEL ACUSADO; HERLAN ROMERO MARTÌNEZ, en virtud de que de manera racional se puede establecer que en el hecho investigado reviste de escasa relevancia social", estando permitida la aplicación de las citadas circunstancias y prescindir de la acción penal bajo aquellos parámetros procesales; consiguientemente y en aplicación del Art. 27 núm. 4) de la Ley Adjetiva Penal, se impetra se declare extinguida la presente acción pública con referencia al Imputado, debiendo absolver el presente requerimiento de conformidad al parágrafo l- del Art. 328 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley NO 586 de "Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal". Nuestra tarea; construir un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano. Otrosí 1º.- A fin de probar el cumplimiento de requisitos para la procedencia de la Presente solicitud se adjunta memorial de fecha 04 de mayo de 201 1 realizado por la víctima y denunciante con la suma Presenta Desistimiento en el cual manifiesta que a llegado a un acuerdo transaccional entre partes y me remito a la prueba que cursa ya en su despacho. Otrosí 2º.- Al respecto, su probidad deberá tomar en cuenta el criterio jurisprudencial de la SS.CC. NO 2258/2.013 de fecha 16/Diciembre/2.013. Otrosí 3º.- Para la presente solicitud se tome en cuenta los fundamentos y los medios de prueba establecidos en la Acusación en la presente solicitud Otrosí 4º.- Domicilio procesal, conforme al Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, Kilometro Siete Nº 282 Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Sucre, 07 de noviembre de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Sucre, 09 de noviembre del 2022-------------------------------- Previo a disponerse lo que fuere de Ley, el Sr. Fiscal Daniel Fernández Murillo, debe adjuntar el respectivo REJAP actualizado del acusado Herlan Romero Martínez y sea en el plazo de 24 horas a partir de su legal notificación; vencido ese plazo, de oficio ingrese obrados para fines consiguientes de ley. Al Otrosí 1º, 2º y 3º.- Se tiene presente. Al Otrosí 4º.- Por señalado. ----------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA No. 2 EN LO PENAL DE LA CAPITAL La suscrita Secretaria del Juzgado a su digno cargo, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO instancia de ENRIQUE PABLO ZAMORANO NAVARRO contra HERLAN ROMERO MARTINEZ por la presunta comisión del ilícito de ROBO AGRAVADO previsto sancionado por el CP, de oficio tengo a bien: INFORMAR 1°. Que, el caso de autos, la representación fiscal no adjuntó el REJAP de la parte acusada, documental relevante a los fines de resolver la salida alternativa formulada en autos. 2°. Que, respecto a la ausencia del REJAP referido ya se le hizo conocer a la representación fiscal mediante proveído de 09 de noviembre del 2022; sin embargo, hasta la fecha no se adjuntó la misma. El informe que antecede, se emite en la fecha por la excesiva carga procesal de este despacho. Sucre, 25 de noviembre del 2022 De oficio ingresa a despacho el día viernes veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós. Certifico.--------------------------------------Sucre, 25 de noviembre del 2022 El informe antecede y los antecedentes procesales; siendo evidente lo informado; se CONMINA al Sr. Representante del MP asignado al caso de autos, para que, en el plazo de 48 horas de su legal notificación, debe hacer llegar a este despacho, el REJAP del acusado HERLAN ROMERO MARTINEZ; documento idóneo para resolver el incidente de salida alternativa formulado en el caso de autos; vencido el plazo, con respuesta o sin ella ingrese obrados a despacho para fines consiguientes de ley.----------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA N° 2 EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL ADJUNTA REJAP. - NUREJ.- 201102580.- FIS.- 1100692.- Otrosíes.- ABOG. DANIEL FERNANDEZ MURILLO, Fiscal de Materia, adscrito a la Unidad de Litigación; de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de ENRIQUE PABLO ZAMORANO contra de HERLAN ROMERO MARTINEZ por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previstos y sancionado por el código penal apersonándome ante vuestra autoridad, con respeto expongo y pido: Señor Juez en atención a lo solicitado tengo a bien adjuntar el Registro de Antecedentes Penales – REJAP actualizado correspondiente al acusado (a): HERLAN ROMERO MARTINEZ, a Fs. 2 a los fines consiguientes que ameriten el proceso. Otrosí 1°.- Señalamos Domicilio Procesal, en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, sito en calle kilómetro 7 N° 282. Sucre, 30 de noviembre de 2022 Firma Fiscal Daniel Fernández Murillo.---------------------------------------------------------------------- Sucre, 2 de diciembre del 2022 VISTOS: La solicitud de aplicación de criterio de oportunidad impetrada por el MP, la prueba adjuntada, lo manifestado por las partes y los antecedentes procesales. CONSIDERANDO: La representación del Ministerio Público en calidad de fundamento refiere los siguientes aspectos: l.- RECALIFICACION DEL TIPO PENAL ACUSADO.- De acuerdo a los antecedentes investigativos, se tiene que el día 28 de febrero de 2011, a horas 15:00, aprox., la víctima dejó su motocicleta marca Kingo, tipo KG250GY38, cilindrada 250, origen China, No. de chasis L08YCNL57A1004664, Nº motor ZS166FMM10K04664, año modelo 2010, color negro, estacionada en la puerta de su domicilio ubicada en calle J. Aguirre Nº 101 esquina Néstor Galindo, altura de la plazuela Don Bosco, y cuando se percató la misma ya no se encontraba, por lo que llamaron a la policía. Posteriormente, a horas 17, funcionarios de Diprove, encontraron la motocicleta a la altura del Colegio Aniceto Arce en la zona de El Tejar, en poder del imputado, quien al momento de su aprehensión intentó darse a la fuga. Hecho que ha sido calificado en el tipo penal cuyo nomen juris es robo agravado, tipificado por el Art. 332.4 en relación al Art. 326.5 del Código Penal. Una de las formas de configuración del delito de robo agravado conforme al núm. 4 del art. 332 con relación al Art 326-5 del Código Penal, sin embargo esta norma se encuentra de manera imperativa concatenada con la previsión el art. 331 del Código Penal, es decir que para la consumación del hecho, en la sustracción de la motocicleta antes referida tiene que concurrir el elemento violencia en las cosas o intimidación en las personas, aspecto que de los elementos que fueron colectados y ofrecidos en la acusación fiscal no se encuentra presente, sin bien dentro de la fundamentación de la acusación se hizo referencia que se habría presuntamente violentado por el acusado HERLAN ROMERO MARTÌNEZ, esta circunstancia se evidencia con los elementos probatorios (Informe Circunstancial de fecha 28 de febrero de 2011., Informe Preliminar de 17 de mayo de 2011 Acta de secuestro de motocicleta de 28 de febrero de 2011., Acta de denuncia de Pablo Zamorano Navarro., Memorial de 02 de marzo de 2011., Fotocopia legalizada de Factura Nº 3758.), quien únicamente menciona que se tiene que el día 28 de febrero de 2011, a horas 15:00, aproximadamente, la víctima dejó su motocicleta marca Kingo, tipo KG250GY-38, cilindrada 250, origen China, Nº de chasis L08YCNL57A1004664, Nº motor ZS166FMM10K04664, año modelo 2010, color negro, estacionada en la puerta de su domicilio ubicada en calle J. Aguirre Nº 101 esquina Néstor Galindo, altura de la plazuela Don Bosco, y cuando se percató la misma ya no se encontraba, por lo que llamaron a la policía. Posteriormente, a horas 17, funcionarios de Diprove, encontraron la motocicleta a la altura del Colegio Aniceto Arce en la zona de El Tejar, en poder del imputado, quien al momento de su aprehensión intentó darse a la fuga; del análisis de este elemento probatorio solamente se tiene que se acreditan la supuesta violencia en las cosas, de ahí que siendo que en nuestro sistema penal se juzgan hechos y no tipos penales, la suscrita autoridad hallándose sometido al principio de legalidad penal por prescripción del art. 225 de la CPE, en apego al principio de objetividad prevista en el art. 72 del CPP., al no encontrarse concurrente los elementos violencia en las cosas o intimidación en las personas, como exige el art. 331 del Código Penal, tiene a bien RECALIFICAR la acusación de ROBO AGRAVADO previsto en el núm. 4 del art. 332 del Código Penal con relación al Art. 326-4 del Código penal por el delito de ROBO previsto en el art. 331 del Código Penal, toda vez que el acusado HERLAN ROMERO MARTÌNEZ, el pasado el día 28 de febrero de 2011, ha procedido ilegalmente a sustraer la motocicleta de propiedad de la víctima en el presente caso. Modula acusación y solicita criterio de oportunidad. Encontrándose recalificado la acusación inicial por el delito de robo, con la facultad prevista en el Art. 326 parágrafo l) del CPP, se procede a modular la acusación fiscal por el criterio de oportunidad reglado, bajo el siguiente fundamento: En atención a los principios de objetividad, probidad, oportunidad, en procura de lograr la solución del conflicto penal de manera prioritaria, comprendido aquello y estando gozando de los derechos y obligaciones que emergen de un Estado democrático de derecho, es imperioso establecer prioridades en la persecución penal considerando la mayor o menor lesividad social de un hecho delictivo, el interés relevante respeto a la sociedad como así mismo a la habitualidad o reincidencia que pudieran demostrar el o los imputados respecto a similar conducta criminal perpetrada; son justamente estos aspectos que han sido tomados en cuenta por el Ministerio Público para solicitar la aplicación de la Salida Alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada, conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico Procesal Penal en vigencia. De otro lado resulta pertinente fundamentar que el presente en virtud de lo que establece el Art. 21 inc. 1) del CPP en lo referente a que cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido bajo el siguiente parámetro: El MP, como titular de la acusación establecido en el apotegma: "Ne Procedat Judex Ex Officio" es, a su vez, titular de la acción penal y puede prescindir de la persecución penal según las atribuciones establecidas por la LOMP, además, se toma en cuenta que también es su obligación ejercer sus funciones con celeridad e intentando evitar la innecesaria acumulación de causas de no gran relevancia de tal manera que el sistema judicial no se sature. Esta salida alternativa al juicio oral y público permite la simplificación del proceso en virtud a la decisión fiscal de prescindir de la acción penal, y toda vez que, en el caso por el delito imputado al encausado, éste ha sido endilgado como robo previsto en el art. 331 del CP, el cual tiene en su horquilla punitiva de uno (1) a cinco (5) años. En el caso particular de optarse por un juicio oral, público y contradictorio en contra del acusado, existe la previsibilidad de que la pena no exceda de un año de sanción. Por otra parte, la nueva normativa procesal penal, respondiendo al principio universal de intervención mínima del Derecho Penal, en su Art. 21 establece como una salida alternativa, el criterio de oportunidad reglada, afiliándose a la moderna tendencia que sostiene que solo los bienes jurídicos más importantes merecen tutela y que habrán de penarse únicamente las conductas que más gravemente los dañen o amenacen. Que, conforme a lo preceptuado por el Art. 323 núm. 2) de la Ley No. 1970, cuando el Fiscal concluya la investigación podrá: "Requerir ante el Juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación". Que, la disposición anterior, el Art. 21 núm. 4) de la Ley No. 1970 establece la posibilidad de solicitar al juez que prescinda de la persecución penal por la afectación mínima al bien del bien jurídico protegido. El CPP, tiene como uno de sus pilares el ser reparador antes que sancionador, es así que expresa textualmente, en su Art. 21 CPP, obliga a la Fiscalía a ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente, pero también con sapiencia establece algunas salidas alternativas al procedimiento común de un juicio oral y evitar la carga procesal de la justicia ordinaria. El Art. 21 del CPP en la segunda parte, refiere que el fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes de los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal. El Art. 21 señala: "La fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente; asimismo dicha normativa en segunda parte refiere que el Fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal de uno o varios de los hechos imputados respecto de uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley en la especie en la ley procedimental penal en los siguientes casos: “1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido... ". Se entiende por Escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido. Este inciso recoge los casos denominados de bagatela o delitos de menor cuantía o gravedad de acuerdo al bien jurídico precautelado. En cuanto a la reparación del daño ocasionado que señala el presente Art., se debe considerar que se entiende por daño o perjuicio, que no es otra cosa que el valor de la perdida que ha sufrido y de la ganancia que ha dejado de obtener una persona por culpa de otra; en el presente caso no se ha ocasionado ningún daño puesto que, según elementos que cursan el cuaderno de investigaciones, la afectación al bien jurídicamente protegido es mínima. Por lo que concierne al requisito señalado en el Art. 21 -última parte del CPP, no se encontraría afectado haciendo viable la presente solicitud, salvaguardando los derechos de la víctima a reclamar la reparación del daño causado por la vía que considere pertinente. Más aún se tiene de los antecedentes en el cuaderno investigativo, cursa memorial de fecha 4 de mayo del 2011 realizado por la víctima y denunciante con la suma presenta desistimiento en el cual manifiesta que ha llegado a un acuerdo transaccional entre partes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la afectación mínima del bien jurídico la pondera el Ministerio Público en base a las características de cada caso en concreto y de conformidad a la política criminal pre-establecida en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo vincularse ésta minúscula afectación respecto al bien jurídico protegido que en éste caso resulta ser de carácter patrimonial ; tomando cuenta que la presente causa fue iniciada en fecha 1° de marzo del 2011 y habiendo transcurrido más de 10 años además que la víctima ha demostrado desinterés y/o negligencia en el desarrollo del presente proceso. Finalmente es pertinente referir la importancia del "Principio de Oportunidad" que si bien va en contraposición al "Principio de Legalidad", encuentra permisión en base a los argumentos esbozados y que hace permisible que los órganos estatales deban ponderar al resolver los casos que se les presente- eligiendo en cuales se va a impulsar la actividad represiva del Estado; debiendo razonar el juzgador sobre la posibilidad de dejar de lado a aquellas acciones en las que ese poder coercitivo sea menos necesario o inconveniente, esto por motivos de política criminal y también procesal y que además permite que el esfuerzo investigativo y procesal se concentre en las conductas delictivas donde se requiera una efectiva presencia del sistema penal; en este sentido, la operatividad de este instituto se concretiza y aplica bajo criterios jurídicos indeterminados, como interés público, interés social, resocialización, intervención mínima entre otros, mismas que deben ser entendidas, interpretadas y aplicadas a partir de la realidad y coyuntura social como criminal en el que nos encontramos. En este sentido, podríamos decir que este instituto se encuentra diseñado en el marco de una política criminal adoptada en una coyuntura donde era y sigue siendo necesario des-saturar el sistema de justicia penal frente a la realidad e imposibilidad de perseguir todos los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público y que a la vez conlleva a una retardación de justicia tan cuestionada en nuestros tiempos. Petitorio. En consideración a la fundamentación ampliamente expuesta, en ejercicio del principio de “Objetividad” descrito por el Art. 72 de la ley No. 1970 concordante con el Art. 5º núm. 3) de la Ley No. 260 y al amparo de los arts. 21 núm. 1) y 323 núm. 2) del CPP, se disponga la aplicación de la salida alternativa de criterio de oportunidad reglada en favor del acusado, Herlan Romero Martínez, en virtud de que de manera racional se puede establecer que en el hecho investigado reviste de escasa relevancia social” estando permitida la aplicación de las citadas circunstancias y prescindir de la acción penal bajo aquellos parámetros procesales; consiguientemente y en aplicación del Art. 27-4) de la Ley Adjetiva Penal, se declare extinguida con referencia al imputado, debiendo absolverse el presente requerimiento de conformidad al del Art. 328-1 del CPP modificado por la Ley No. 586 de “Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”. Prueba. Se adjunta la siguiente documental: a. Certificado de antecedentes penales de fecha 29 de noviembre del 2022 respecto del señor Herlan Romero Martínez. CONSIDERANDO: El Sr. representante del MP adjuntó la siguiente documental: a. Certificado de antecedentes penales de fecha 29 de noviembre del 2022 respecto del señor Herlan Romero Martínez. Dicha documental, acredita que, al 29 de noviembre del 2022, el señor Herlan Romero Martínez tiene los siguientes antecedentes penales: 1°. Suspensión condicional del proceso en fecha 1°/06/2005 respecto al delito de robo previsto en el art. 331 del CP. (podría tratarse de un homónimo) 2°. Sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 19/06/2008 por el delito de robo previsto en el art. 331 del CP siendo beneficiado con la suspensión condicional de la pena. (no se señala el tiempo de la pena privativa de libertad); (podría tratarse de un homónimo). 3°. Auto de Rebeldía de 27/08/2014 dictado por el Juzgado Primero de Instrucción Penal de la Capital, respecto al delito de suministro de sustancias controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008. (podría tratarse de un homónimo). 4°. Auto de Rebeldía de 6/10/2014 dictado por el Juzgado de Instrucción de Provincia de Chuquisaca respecto al delito de hurto previsto en el art. 332 del CP. 5°. Auto de Rebeldía de 2/03/2015 dictado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Chuquisaca respecto al delito de inducción de sustancias controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008. Literal que resulta útil para aclarar los fundamentos del presente incidente. CONSIDERANDO: Que, para resolver el caso de autos se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1. Normativa legal aplicable y doctrina. Se tiene la siguiente: La salida alternativa de criterio de oportunidad se encuentra previsto a partir del art. 326 del CPP asimismo el art. 21-1 del CPP consagra el principio de legalidad en virtud del cual el MP tiene el deber de promover y dirigir la acción penal de cualquier hecho con caracteres de acción pública sometiendo a proceso a quien pueda atribuirse ese hecho; no obstante, el mismo art. reconoce el principio de oportunidad como excepción de aquel facultándole a perseguir o no hechos que se encuentren en determinadas situaciones, expresamente previstas por la ley, que afectan al hecho mismo, a las personas que se imputa o a la relación de estas con otras personas o hechos. Que, la incorporación del principio de oportunidad en nuestra legislación radica fundamentalmente en la necesidad que tiene la sociedad, de acceder a soluciones razonables al principio jurídico emergente de un hecho sin necesidad de realización de un juicio y su respectiva sentencia, además de que la víctima tenga la posibilidad de obtener una reparación al daño causado. El art. 21 del CPP-1173 respecto a la obligatoriedad del ejercicio de la acción pública y su prescindencia expresa: “La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido; 2) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse; 3) Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito; 4) Cuando sea previsible el perdón judicial; y, 5) Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada. -En los supuestos previstos en los numerales 1), 2) y 4) será necesario que el imputado, en su caso, haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa reparación”-. El art. 328-III del CPP-1173 establece la no procedencia de la salida alternativa de criterio de oportunidad en 2 situaciones: 1° cuando el procesado sea reincidente; 2° o cuando se le hubiera aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. Para tener una apreciación correcta sobre lo que debe entenderse sobre reincidencia y delito doloso necesariamente debemos remitidos al Código Adjetiva de la Materia. El art. 41 del CP respecto a la reincidencia expresa: “Hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de 5 años”. En base a esa definición se advierte los siguientes requisitos: 1. Condena con sentencia ejecutoriada por el primer delito. 2. Que, el sujeto cometa otro delito. 3. Desde el cumplimiento de su última condena no haya transcurrido 5 años. El art. 14 del CP en relación al dolo señala: “Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad”. En resumen, dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar. Finalmente, corrresponde aclarar que en todos los casos previstos en el art. 21 del CPP-1173, es necesario que el impetrante desvirtué que no sea reincidente, así como que no hubiera sido beneficiado con alguna salida alternativa por delito doloso. 2. Conclusiones de la prueba. Se tiene las siguientes: a. El Sr. Herlan Romero Martínez al 29 de noviembre del 2022, tiene anotados los siguientes antecedentes penales: a.1. Suspensión condicional del proceso en fecha 1°/06/2005 respecto al delito de robo previsto en el art. 331 del CP. (podría tratarse de un homónimo) a.2. Sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 19/06/2008 por el delito de robo previsto en el art. 331 del CP siendo beneficiado con la suspensión condicional de la pena. (el art. 366 del CPP como requisito para Susp. condicional de la pena establece que la pena impuesta no exceda de 3 años de duración y que el condenado no haya sido objeto de una condena anterior por delito doloso, en los últimos 5 años.) a.3. Auto de Rebeldía de 27/08/2014 dictado por el Juzgado Primero de Instrucción Penal de la Capital, respecto al delito de suministro de sustancias controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008. (podría tratarse de un homónimo). a.4. Auto de Rebeldía de 6/10/2014 dictado por el Juzgado de Instrucción de Provincia de Chuquisaca respecto al delito de hurto previsto en el art. 332 del CP. a.5. Auto de Rebeldía de 2/03/2015 dictado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Chuquisaca respecto al delito de inducción de sustancias controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008. a.6. En resumen, respecto a la primera anotación se trata de una salida alternativa por delito de robo, es decir por la presunta comisión de un delito doloso y no se sabe si se cumplieron con las condiciones que se impone a tiempo de admitirse dicha salida alternativa. El segundo registro, se trata de una sentencia condenatoria respecto del cual se benefició al condenado con la suspensión condicional de la pena. En cuanto a las anotaciones tercera, cuarta y quinta se tratan de declaratorias de rebeldía las cuales fueron dictadas en diferentes procesos y no se constituyen en resoluciones que establezca la comisión de algún ilícito. 3. Conclusiones de orden legal. Se tienen las siguientes. 3.1. En resumen, se tiene que el MP después de proceder a la recalificación del ilícito de robo agravado por el delito de robo previsto en el art. 331 del CP, desglosó ampliamente la facultad que le otorga el CPP-1173 y la LOMP, solicitando la salida alternativa de criterio de oportunidad tomando como fundamento los siguientes aspectos: 3.1.1. La previsión del art. 21-1 del CPP porque el hecho acusado es de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido ya que el presente proceso se sigue por el delito robo; cuya horquilla punitiva respecto al delito en su máximo legal no supera los 5 años de privación de libertad, y que, de optarse por un juicio, existe la previsibilidad que se le imponga pena de 1 año de sanción. 3.1.2. En relación a la reparación del daño, refiere que no se tiene ocasionado ningún daño y que ello se infiere de los datos que se tiene en el cuaderno de investigaciones; sin embargo, se salva guarda los derechos de la víctima a reclamar la reparación por la vía correspondiente más cuando en antecedentes, fue presentado el memorial de 4 de mayo del 2011 realizado por la víctima-denunciante formulando desistimiento en el cual refiere que llegó a un acuerdo con las partes. 3.1.2. Que, debe tomarse en cuenta que la causa fue iniciada el 1° de mayo del 2011 y al presente han transcurrido más de 10 años y que la víctima ha demostrado desinterés y/o negligencia en el desarrollo del presente proceso. 3.2. Que, en principio corrresponde señalar que la recalificación realizada por el MP respecto al ilícito de robo agravado por el ilícito robo, fue realizado con la facultad y competencia que le otorga el CPP no existiendo nada que observar al respecto. 3.3. Que, respecto a los fundamentos del incidente que nos ocupa, resulta evidente que el caso de autos, es de escasa relevancia social, ya que los hechos acusados subsumidos al delito de robo sólo afecta a los intervinientes y que la sanción a emerger si se llega a dictar sentencia esta podría fluctuar en una sanción de reclusión de 1 a 5 años; Por otro lado, resulta también evidente, que no se tiene demostrado la existencia de daño porque la motocicleta objeto de la litis, fue devuelta a su propietario; y además sobre el particular, la víctima presentó el respectivo desistimiento señalando que ya e hubiera reparado el daño; si esto no es suficiente queda libre la vía civil para reclamar los perjuicios que pudiera tenerla víctima. A más de lo señalado, se tiene que el caso de autos es data antigua y la víctima- denunciante no se hizo presente al desarrollo del juicio habiendo transcurrido más de 10 años de que fue instaurado. 3.4. Que, pese lo anteriormente referido, se tiene demostrado que el acusado tiene como antecedente penal una suspensión condicional del proceso de fecha 1°/06/2005 respecto al delito de robo previsto en el art. 331 del CP; si bien ese registro podría pertenecer a un homónimo; ese aspecto debió acreditarse en el presente proceso. De otro lado, el art. 328-III del CPP-1173 establece que no es procedente la salida alternativa de criterio de oportunidad cuando el procesado sea reincidente o se le hubiera aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. Por los datos del Rejap no se advierte la existencia de reincidencia; sin embargo, el acusado ya fue beneficiado por la salida alternativa de suspensión condicional del proceso en un trámite que fue iniciado por el delito de robo, es decir por un ilícito doloso, lo que automáticamente imposibilita que pueda ser beneficiado con la salida alternativa de criterio de oportunidad que se tiene en estudio. 3.5. Respecto a la segunda anotación, referido a una sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 19/06/2014; no se puede tomar en cuenta como reincidencia respecto al caso de autos, porque entre ese proceso y el presente, han transcurrido más de 5 años y además por la sentencia anotada el ahora acusado no entró a la cárcel ya que fue beneficiado en ejecución de fallo por la suspensión condicional de la pena; tratamiento diferente a las salidas alternativas previstas en el art. 327 y siguientes del CPP-1173. 3.6. En lo referente a las rebeldías que se tiene en el REJAP del acusado, al no tratarse de resoluciones que acrediten la comisión de ilícitos no corrresponde que se la tomen en cuenta como fundamento para el rechazó de la salida alternativa que nos ocupa. 3.7. Que, en base a los fundamentos señalados tomando en cuenta, que en cualquiera de las previsiones del art. 21 del CPP, es necesario demostrar, la inexistencia de haber sido beneficiado con alguna salida alternativa por delito doloso conforme a la previsión del art. 328-III del CPP-1173; y toda vez que, en el caso de autos, se tiene que el señor Romero fue beneficiado en fecha 1° de junio del 2005 con la salida alternativa de suspensión condicional del proceso por comisión de un delito doloso como resulta el ilícito de robo previsto en el art. 331 del CP; al cual no se le aplica las reglas de reincidencia, corrresponde denegar el criterio de oportunidad formulado. POR TANTO: El suscrito Juez de Sentencia No. 2 en lo Penal de la Capital, en mérito a los motivos precedentemente expuestos, ADMITE la recalificación del caso de autos por el ilícito de robo previsto en el art. 331 del Código Penal y declara INFUNDADO el incidente de criterio de oportunidad interpuesto por el Ministerio Público en favor del señor Herlan Romero Martínez. En aplicación de los Arts. 403 y 404 del CPP modificada por la ley 1173, se hace conocer a los sujetos procesales que, a partir de su notificación de forma escrita, tienen el plazo de 3 días para apelar incidentalmente del presente Auto. Que, en base al principio de economía procesal, se DISPONE que en caso de que alguno de los sujetos procesales, no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero o también que su domicilio sea impreciso; se proceda a su notificación con la presente resolución mediante edictos en aplicación del Art. 165 del CPP-1173, debiendo al efecto realizarse la publicación respectiva en el SISTEMA HERMES. Regístrese. --------------------------------------------------------FDO.------------JUEZ----------------FDO.---------------SECRETARIO. -------------------EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SUCRE, CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS DOS DIAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS---------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D. S. O.


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