EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO No. 238/2022 EL Dr. FARID NASSAR DONOSO JUEZ DE SENTENCIA No. 2 EN LO PENAL DE LA CAPITAL. Sucre-Bolivia MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO HACE SABER: al ACUSADO JULIAN QUISPE YUCRA Y A LA VICTIMA LEONOR AGUILAR COLLAZOS, que se ha dictado los siguientes actuados, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO a instancia de LEONOR AGUILAR COLLAZOS, contra JULIAN QUISPE YUCRA por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto en el código penal, signado con NUREJ: 201407808, se dictó las siguientes piezas procesal, cuyo contenido literal es el siguiente.---------------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA PENAL N° 2 EN LO PENAL DE LA CAPITAL FIS 1403039 NUREJ 201407808 Modula Acusación y Solicita Criterio de Oportunidad. Otrosíes.- DANIEL FERNANDEZ MURILLO, Fiscal de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada en Litigación Oral de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, en ejercicio de la dirección funcional del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de LEONOR AGUILAR COLLAZOS contra JULIAN QUISPE YUCRA, por la comisión del delito de ESTAFA Y ESTELIONATO ilícitos previstos y sancionados en los Art. 335 y 337 del Código Penal, presentándome ante su autoridad con respeto expongo y pido: MODULA ACUSACIÓN Y SOLICITA CRITERIO DE OPORTUNIDAD. - Encontrándose calificado la acusación inicial por el delito de Estafa, con la facultad prevista en el Art. 326 parágrafo l) del Código de Procedimiento Penal, se procede a modular la acusación fiscal por el criterio de oportunidad reglado, ello bajo el siguiente fundamento: Ahora bien, en atención a los principios de objetividad, probidad, oportunidad, en procura de lograr la solución del conflicto penal de manera prioritaria, comprendido aquello y estando gozando de los derechos y obligaciones que emergen de un Estado democrático de derecho, es imperioso establecer prioridades en la persecución penal considerando la mayor o menor lesividad social de un hecho delictivo, el interés relevante respecto a la sociedad como así mismo la habitualidad o reincidencia que pudieran demostrar el o los Imputados respecto a similar conducta criminal perpetrada; son justamente éstos aspectos que han sido tomados en cuenta por el Ministerio Público para solicitar la aplicación de la Salida Alternativa de Criterio de Oportunidad Reglada, conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico Procesal Penal en vigencia. De otro lado, resulta pertinente fundamentar que el presente en virtud de lo que establece el Art 21 inc. l) del Código de Procedimiento Penal en lo referente a que A cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima de bien jurídico protegido bajo el siguiente parámetro: • El Ministerio Público, como titular de la acusación establecido en el apotegma: "NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO" es, a su vez, titular de la acción penal y pude prescindir de la persecución penal según las atribuciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, además, se toma en cuenta que también es su obligación ejercer sus funciones con celeridad e intentando evitar la innecesaria acumulación de causas de no gran relevancia de tal manera que el sistema judicial no se sature. Esta salida alternativa al juicio oral y público permite la simplificación del proceso en virtud a la decisión fiscal de prescindir de la acción penal, y toda vez que, en el caso por el delito imputado al encausado, éste han sido endilgado con el delito de FALSEDAD ESTAFA, previsto en el art. 337 del Código Penal, el cual tiene en su horquilla punitiva de UNO ( 1 ) A SEIS (6) AÑOS, En el caso particular de optarse por un juicio oral, público y contradictorio en contra de los acusados, existe la previsibilidad de que la pena no exceda de un año de sanción • Por otra parte, la nueva normativa procesal penal, respondiendo al principio universal de intervención mínima del Derecho Penal, en su Art. 21 establece como una salida alternativa, EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA, afiliándose a la moderna tendencia que sostiene que solo los bienes jurídicos más importantes merecen tutela y que habrán de penarse únicamente las conductas que más gravemente los dañen o amenacen. • Que, conforme a lo preceptuado por el art. 323 núm. 2) de la Ley N° 1970, cuando el Fiscal concluya la investigación podrá: "Requerir ante el Juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación". Que, la disposición anterior el Art. 21 numo 1) de la Ley N° 1970 establece la posibilidad de solicitar al juez que prescinda de la persecución penal por la afectación mínima al bien del bien jurídico protegido El Código de Procedimiento Penal, tiene como uno de sus pilares el de ser reparador antes que sancionador, es así que expresa textualmente, en su Art. 21 C.P.P., obliga a la Fiscalía a ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente, pero también con sapiencia establece algunas salidas alternativas al procedimiento común de un juicio oral y evitar la carga procesal de la justicia ordinaria. El art. 21 del CPP en la segunda parte refiere que el Fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal. Art. 21 CPP "La fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. El art. 21 del CPP en la segunda parte refiere que el Fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de Uno o varios de los hechos imputados, respecto de Uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal, en los siguientes casos: "1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por afectación mínima al bien jurídico protegido... " Se entiende por Escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido. Este inciso recoge los casos denominados de bagatela o delitos de menor cuantía o gravedad de acuerdo al bien jurídico precautelado. En cuanto a la reparación del daño ocasionado que señala el presente artículo, se debe considerar que se entiende por daño o perjuicio, que no es otra cosa que el valor de la perdida que ha sufrido y de la ganancia que ha dejado de obtener una persona por culpa de otra, en el presente caso no se ha ocasionado ningún daño puesto que, según elementos que cursan el cuaderno de investigaciones, la afectación al bien jurídicamente protegido es mínima. 'por lo que concierne al requisito señalado en el Art. 21 -última parte del Código de Procedimiento Penal, no se encontraría afectado haciendo viable la presente solicitud, salvaguardando los derechos de la víctima a reclamar la reparación del daño causado por la vía que considere pertinente. Mas aún se tiene de los antecedentes en el cuaderno investigativo las victimas en el presente caso no han hecho seguimiento del presente, tampoco se apersonaron ante el suscrito fiscal, no presento acusación particular tampoco coopero con el presente proceso abandonando el mismo. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la afectación mínima del bien jurídico la pondera el Ministerio Público en base a las características de cada caso en concreto y de conformidad a la política criminal pre-establecida en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo vincularse ésta minúscula afectación respecto al bien jurídico protegido que en éste caso resulta ser el “Patrimonial"' tomando cuenta que la presente causa fue iniciada el 23 de mayo de 2014 y habiendo transcurrido más de 08 años, además que la víctima ha demostrado desinterés y/o negligencia en el desarrollo del presente proceso. Finalmente es pertinente referir la importancia del "Principio de Oportunidad" que si bien va en contraposición al "Principio de Legalidad", encuentra permisión en base a los argumentos esbozados y que hace permisible que los órganos estatales deban ponderar al resolver los casos que se les presente- eligiendo en cuales se va a impulsar la actividad represiva del Estado; debiendo razonar el juzgador sobre la posibilidad de dejar de lado a aquellas acciones en las que ese poder coercitivo sea menos necesario o inconveniente, esto por motivos de política criminal y también procesal y que además permite que el esfuerzo investigativo y procesal se concentre en las conductas delictivas donde se requiera una efectiva presencia del sistema penal; en este sentido, la operatividad de este instituto se concretiza y aplica bajo criterios jurídicos indeterminados, como interés público, interés social, resocialización, intervención mínima entre otros, mismas que deben ser entendidas, interpretadas y aplicadas a partir de la realidad y coyuntura social como criminal en el que nos encontramos. En este sentido, podríamos decir que este instituto se encuentra diseñado en el marco de una política criminal adoptada en una coyuntura donde era y sigue siendo necesario des-saturar el sistema de justicia penal frente a la realidad e imposibilidad de perseguir todos los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público y que a la vez conlleva a una retardación de justicia tan cuestionada en nuestros tiempos. En consideración a la fundamentación ampliamente expuesta el suscrito representante del Ministerio Público, en ejercicio del principio de "Objetividad" descrito por el Art. 72 de la Ley N° 1970, concordante con el Art. 5° núm. 3) de la Ley N° 260 y al amparo de los Arts. 21 núm. 1) y 323 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad disponga LA APLICACIÓN DE LA SALIDA ALTERNATIVA DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA EN FAVOR DE LOS ACUSADOS; JULIAN QUISPE YUCRA, en virtud de que de manera racional se puede establecer que en el hecho investigado reviste de escasa relevancia social", estando permitida la aplicación de las citadas circunstancias y prescindir de la acción penal bajo aquellos parámetros procesales; consiguientemente y en aplicación del Art. 27 núm. 4) de la Ley Adjetiva Penal, se impetra se declare extinguida la presente acción pública con referencia al Imputado, debiendo absolver el presente requerimiento de conformidad al -parágrafo l- del Art. 328 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 586 de "Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal". Nuestra tarea; Construir un sistema Penal más justo, pero fundamentalmente más humano. Otrosí 1°.- Al respecto, su probidad deberá tomar en cuenta el criterio jurisprudencial de la SS.CC. N° 2258/2.013 de fecha 16/Diciembre/2.013. Otrosí 2°.- Para la presente solicitud se tome en cuenta los fundamentos y los medios de prueba establecidos en la Acusación en la presente solicitud Otrosí 3°.- Domicilio procesal, conforme al Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, Kilometro Siete N° 282 Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Sucre, 14 de noviembre de 2022. FIRMA FISCAL DANIEL FERNANDEZ MURILLO.---------------------------------------------------------------------- Recibido a horas trece con veintiún minutos del día jueves veinticuatro de noviembre del año dos mil veintidós. Ingresa a despacho del señor Juez, el día viernes veinticinco del mes y año en curso. Certifico. - Sucre, 25 de noviembre del 2022 Previo a disponerse lo que fuere de Ley, el Sr. Fiscal Daniel Fernández Murillo, debe adjuntar el respectivo REJAP actualizado del acusado Julián Quispe Yucra y sea en el plazo de 24 horas a partir de su legal notificación; vencido ese plazo, de oficio ingrese obrados para fines consiguientes de ley. Al Otrosí 1º y 2°. - Se tiene presente. Al Otrosí 3º.- Por señalado. -------------------------------------------SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA N°2 EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL ADJUNTA REJAP. - NUREJ: 201407808 FIS. - 1403039.- OTROSIES. - DANIEL FERNANDEZ MURILLO. Fiscal de Materia, adscrito a la unidad de Litigación; de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso seguido por el Ministerio Publico a denuncia de LEONOR AGUILAR COLLAZOS contra JULIAN QUISPE YUCRA por la comisión del delito de ESTAFA, previstos y sancionado por el Código Penal, apersonándome ante vuestra autoridad, con respeto expongo y pido: Señor Juez en atención a lo solicitado tengo a bien adjuntar el Registro de Antecedentes Penales – REJAP actualizado correspondiente al acusado (a): JULIAN QUISPE YUCRA, a fs. 1.- Señalamos Domicilio Procesal, en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, sito en calle kilómetro 7 N° 282 Sucre, 29 de noviembre de 2022, Firma Fiscal Daniel Fernández Murillo.--------------------------------------------------------------------- Recibido a horas trece y veintidós del día veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós. Pasa a despacho el día treinta del mes y año en curso. Certifico. Sucre, 30 de noviembre del 2022 VISTOS: La solicitud de aplicación de criterio de oportunidad impetrada por el MP, la prueba adjuntada, lo manifestado por las partes y los antecedentes procesales. CONSIDERANDO: La representación del Ministerio Público en calidad de fundamento refiere los siguientes aspectos: Modula acusación y solicita criterio de oportunidad. Encontrándose calificado la acusación inicial por el delito de estafa, con la facultad prevista en el Art. 326-I) del CPP, se procede a modular la acusación fiscal por el criterio de oportunidad reglado, bajo el siguiente fundamento: En atención a los principios de objetividad, probidad, oportunidad, en procura de lograr la solución del conflicto penal de manera prioritaria, comprendido aquello y estando gozando de los derechos y obligaciones que emergen de un Estado democrático de derecho, es imperioso establecer prioridades en la persecución penal considerando la mayor o menor lesividad social de un hecho delictivo, el interés relevante respecto a la sociedad como así mismo la habitualidad o reincidencia que pudieran demostrar el o los Imputados respecto a similar conducta criminal perpetrada; son justamente éstos aspectos que han sido tomados en cuenta por el MP para solicitar la aplicación de la salida alternativa de criterio de oportunidad reglada, conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico procesal penal en vigencia. De otro lado, resulta pertinente fundamentar, que el presente en virtud de lo que establece el Art. 21 inc. l) del CPP en lo referente a que cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima de bien jurídico protegido bajo el siguiente parámetro: El MP, como titular de la acusación establecido en el apotegma: "Ne Procedat Judex Ex Officio" es, a su vez, titular de la acción penal y puede prescindir de la persecución penal según las atribuciones establecidas por la LOMP, además, se toma en cuenta que también es su obligación ejercer sus funciones con celeridad e intentando evitar la innecesaria acumulación de causas de no gran relevancia de tal manera que el sistema judicial no se sature. Esta salida alternativa al juicio oral y público permite la simplificación del proceso en virtud a la decisión fiscal de prescindir de la acción penal, y toda vez que, en el caso por el delito imputado al encausado, ha sido endilgado con el delito de esta previsto en el art. 335 del Código Penal, el cual tiene en su horquilla punitiva de uno (1) a tres (3) años. En el caso particular de optarse por un juicio oral, público y contradictorio en contra del acusado, existe la previsibilidad de que la pena no exceda de un año de sanción. Por otra parte, la nueva normativa procesal penal, respondiendo al principio universal de intervención mínima del Derecho Penal, en su Art. 21 establece como una salida alternativa, el criterio de oportunidad reglada, afiliándose a la moderna tendencia que sostiene que sólo los bienes jurídicos más importantes merecen tutela y que habrán de penarse únicamente las conductas que más gravemente los dañen o amenacen. Que, conforme a lo preceptuado por el art. 323 núm. 2) de la Ley No. 1970, cuando el fiscal concluya la investigación podrá: "Requerir ante el Juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación". Que, el art. 21-I) de la Ley No. 1970 establece la posibilidad de solicitar al juez que prescinda de la persecución penal por la afectación mínima al bien del bien jurídico protegido. El CPP, tiene como uno de sus pilares el de ser reparador antes que sancionador, expresa textualmente, en su art. 21 del CPP, obliga a la fiscalía a ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente, pero también con sapiencia establece algunas salidas alternativas al procedimiento común de un juicio oral y evitar la carga procesal de la justicia ordinaria. El art. 21 del CPP en la segunda parte refiere que el fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal. Asimismo, dicha normativa refiere: "La fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente”. De otra parte, refiere, que el fiscal podrá solicitar al Juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes en los casos señalados por la propia ley, en la especie, en la ley procedimental penal, en los siguientes casos: "1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por afectación mínima al bien jurídico protegido... " Se entiende por escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido. Ese inciso recoge los casos denominados de bagatela o delitos de menor cuantía o gravedad de acuerdo al bien jurídico precautelado. En cuanto a la reparación del daño ocasionado, se debe considerar que se entiende por daño o perjuicio, que no es otra cosa que el valor de la perdida que ha sufrido y de la ganancia que ha dejado de obtener una persona por culpa de otra; en el presente caso no se ha ocasionado ningún daño puesto que, según los elementos que cursan el cuaderno de investigaciones, la afectación al bien jurídicamente protegido es mínimo; por lo que concierne al requisito señalado en el Art. 21 -última parte del CPP, no se encontraría afectado haciendo viable la solicitud, salvaguardando los derechos de la víctima a reclamar la reparación del daño causado por la vía que considere pertinente. Más aún se tiene, de los antecedentes en el cuaderno investigativo que la víctima en el presente caso no ha hecho seguimiento del presente proceso, tampoco se apersonó al fiscal, no presentó acusación particular, tampoco cooperó con el presente proceso abandonando el mismo. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la afectación mínima del bien jurídico la pondera el MP en base a las características de cada caso en concreto y de conformidad a la política criminal pre-establecida en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo vincularse ésta minúscula afectación respecto al bien jurídico protegido que en éste caso resulta ser "de carácter patrimonial"; tomando cuenta que la presente causa fue iniciada el 23 de mayo del 2014 y habiendo transcurrido más de 8 años, además que la víctima ha demostrado desinterés y/o negligencia en el desarrollo del presente proceso. Finalmente es pertinente referir la importancia del "Principio de Oportunidad" que si bien va en contraposición al "Principio de Legalidad", encuentra permisión en base a los argumentos esbozados y que hace permisible que los órganos estatales deban ponderar al resolver los casos que se les presente- eligiendo en cuales se va a impulsar la actividad represiva del Estado; debiendo razonar el juzgador sobre la posibilidad de dejar de lado a aquellas acciones en las que ese poder coercitivo sea menos necesario o inconveniente, esto por motivos de política criminal y también procesal y que además permite que el esfuerzo investigativo y procesal se concentre en las conductas delictivas donde se requiera una efectiva presencia del sistema penal; en este sentido, la operatividad de este instituto se concretiza y aplica bajo criterios jurídicos indeterminados, como interés público, interés social, resocialización, intervención mínima entre otros, mismas que deben ser entendidas, interpretadas y aplicadas a partir de la realidad y coyuntura social como criminal en el que nos encontramos. En este sentido, se podría decir que ese instituto se encuentra diseñado en el marco de una política criminal adoptada en una coyuntura donde era y sigue siendo necesario des-saturar el sistema de justicia penal frente a la realidad e imposibilidad de perseguir todos los casos que llegan a conocimiento del MP y que a la vez conlleva a una retardación de justicia tan cuestionada en nuestros tiempos. En consideración a la fundamentación, en ejercicio del principio de "Objetividad" descrito por el Art. 72 de la Ley No. 1970, concordante con el Art. 5°-3) de la Ley No. 260 y al amparo de los Arts. 21-1) y 323-2) del CPP, se disponga la aplicación de la salida alternativa de criterio de oportunidad reglada en favor del acusado; JULIAN QUISPE YUCRA, en virtud que el hecho investigado reviste de escasa relevancia social", estando permitida la aplicación de las citadas circunstancias y prescindir de la acción penal bajo aquellos parámetros procesales; consiguientemente y en aplicación del Art. 27-4) de la Ley Adjetiva Penal, se declare extinguida la acción penal, debiendo absolverse el requerimiento de conformidad al -parágrafo l- del Art. 328 del CPP modificado por la Ley No. 586 de "Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal". Se tome en cuenta el criterio jurisprudencial de la SS.CC. N° 2258/2.013 de fecha 16 de diciembre del 2013. Prueba. Se adjunta la siguiente documental: a. Certificado de antecedentes penales de fecha 23 de noviembre del 2022 respecto del señor JULIAN QUISPE YUCRA. CONSIDERANDO: El Sr. representante del MP adjuntó la siguiente documental: a. Certificado de antecedentes penales de fecha 23 de noviembre del 2022 respecto del señor JULIAN QUISPE YUCRA. Dicha documental, acredita que, al 23 de noviembre del 2022, del señor JULIAN QUISPE YUCRA no tiene antecedentes penales respecto a sentencias condenatorias; sin embargo, se tiene dos anotaciones de rebeldía. Literal que resulta útil para aclarar los hechos vinculados al presente incidente. CONSIDERANDO: Que, la normativa que regula el criterio de oportunidad se encuentra previsto a partir del art. 326 del CPP; asimismo el art. 21-1 del CPP consagra el principio de legalidad en virtud del cual el MP tiene el deber de promover y dirigir la acción penal de cualquier hecho con caracteres de acción pública sometiendo a proceso a quien pueda atribuirse ese hecho; no obstante, el mismo art. reconoce el principio de oportunidad como excepción de aquel facultándole a perseguir o no hechos que se encuentren en determinadas situaciones, expresamente previstas por la ley, que afectan al hecho mismo, a las personas que se imputa o a la relación de estas con otras personas o hechos. Que, la incorporación del principio de oportunidad en nuestra legislación radica fundamentalmente en la necesidad que tiene la sociedad, de acceder a soluciones razonables al principio jurídico emergente de un hecho sin necesidad de realización de un juicio y su respectiva sentencia, además de que la víctima tenga la posibilidad de obtener una reparación al daño causado. Que, la aplicación del criterio de oportunidad solicitado por el MP tiene su fundamento en base a los siguientes aspectos: Que, el caso de autos, se trata de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido; además que, por la pena prevista para dichos ilícitos y que de optarse por el juicio ordinario existe la previsibilidad de que la sanción no exceda de un año. No se tiene ocasionado daño que reparar. De los antecedentes del cuaderno procesales tiene que la víctima no ha realizado el seguimiento del presente proceso, tampoco se apersonó al fiscal, no presentó acusación particular, tampoco cooperó con el presente proceso abandonando el mismo; se trata de un ilícito referido contra la propiedad. Por otro lado, se tiene que la presente causa fue iniciada el 23 de mayo del 2014 al presente han transcurrido más de 8 años, no habiéndose apersonado la víctima demostrando con su conducta desinterés y/o negligencia. Que, verificados los extremos señalados, resulta evidente lo manifestado por el MP; se trata de un delito referido a la propiedad que importa sólo a los intervinientes del presente proceso; no se tiene demostrado la existencia de daño a reparar; el hecho fáctico reclamado fue realizado en la gestión 2014 al presente han transcurrido más de 8 años y la víctima no ha realizado el seguimiento respectivo al presente proceso, así como tampoco se apersonó al fiscal; no presentó acusación particular. Por otro lado, corrresponde aclarar que la declaración de rebeldía que se encuentra anotada en el Rejap de la parte acusada, no establece la comisión de un nuevo delito. Por lo señalado, en base al principio de objetividad, trascendencia y siendo un hecho de escasa relevancia social conforme al Art. 21 numeral 1 segunda parte del CPP, es posible prescindir del presente proceso, por lo que corresponde admitir la solicitud impetrada. POR TANTO: El suscrito Juez de Sentencia No. 2 en lo Penal de la Capital, en mérito a los motivos precedentemente expuestos y la normativa legal vigente del CPP y que fue parcialmente modificada con las Leyes Nos. 586 y 1173, que establece que este tipo de salidas alternativas puede ser interpuesta ante los Juzgados de Sentencia, ADMITE la solicitud fiscal disponiendo la prescindencia de la persecución penal respecto del presente proceso seguido por el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de LEONOR AGUILAR COLLAZOS contra JULIAN QUISPE YUCRA por el delito de estafa previsto en el art. 335 del Código Penal, declarando en consecuencia extinguida la acción pública iniciada en su contra y su respectivo archivo de obrados. En aplicación del Art. 403 del CPP, se hace conocer a los sujetos procesales que, a partir de su notificación de forma escrita, tienen el plazo de 3 días para apelar del presente Auto. Que, en base al principio de economía procesal, se DISPONE que en caso de que alguno de los sujetos procesales, no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero o también que su domicilio sea impreciso; se proceda a su notificación con la presente resolución mediante edictos en aplicación del art. 165 del CPP-1173, debiendo al efecto realizarse la publicación respectiva en el SISTEMA HERMES. Regístrese. -----------------------------------------------------------FDO.------------JUEZ----------------FDO.---------------SECRETARIO. -----------------EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SUCRE, CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS TREINTA DIAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS--------------------------------------------------------------------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D. S. O.


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