EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: SALA PENAL PRIMERA


CON ESTE EDICTO SE NOTIFICA AL SEÑOR ROMER CARTAGENA NAY NO SE CONSIGNA NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTO DE VISTA (APELACION INCIDENTAL) N°02/2022 EXP. Nº 200611412 PROCESO: PLANTAS CONTROLADAS y CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO CONTRA: JUAN CARLOS GARECA, HERNAN RAMOS GARECA Y ROMER CARTAGENA RECURRENTE: MINISTERIO PÚBLICO INCIDENCIA: PRESCRIPCION TRIBUNAL: DRA. CLAUDIA GAMARRA HOYOS, DR.JORGE AHMED JULIO ALE; VOCALES DE SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA FECHA: Tarija, 10 de febrero de 2022 RECURSO DE APELACION INCIDENTAL, interpuesto por el Ministerio Publico, dentro del proceso penal que sigue en contra de Juan Carlos Gareca, Hernán Ramos Gareca y Romer Cartagena Naypor la presunta comisión del delito de Plantas Controladas, consumo y tenencia para el consumo. ANTECEDENTES: 1. Que mediante Auto Interlocutorio Nº 566/2017 de fecha 17 de julio de 2017, el Juzgado de Sentencia Segundo en lo penal de la Capital, resuelve de oficio declarar la prescripción de la acción penal en favor del imputado Romer Cartagena Nay; 2. Contra tal resolución el Ministerio Público, interpone recurso de apelación incidental. 3. Remitiéndose la causa a Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, que, de acuerdo a orden y prelación, procede a su sorteo, pronunciando la presente resolución dentro del término establecido al efecto. II.- DE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL RECURRENTE: II.1. Indebida fundamentación en la aplicación de la prescripción porque la Juez ad quo, no habría valorado todos los factores que incidieron en el transcurso del proceso, que no está sujeto solo al factor tiempo, sino a otros factores y en el caso en concreto la declaratoria de rebeldía, la excesiva carga procesal no solo del Ministerio Publico sino también del Órgano Judicial. III.- DE LA NORMATIVA Y DOCTRINA LEGAL APLICABLE: III.1. La prescripción es un institutojurídico, en virtud del cual y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado, ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales o de los particulares, se funda en un interés social, por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o la falta de interés de los órganos encargados de asumir la misma. Por cuanto el término prescripción presupone un tiempo o plazo de vida, pasado el cual, se extingue toda posibilidad de exigir responsabilidades por razón de su comisión, variando éste plazo en función de las penas con las que el Código Penal castiga los delitos, según se trate de delitos instantáneos o permanentes, ya sea a partir del momento de la comisión del hecho delictivo hasta la iniciación del correspondiente procedimiento, o en su caso por la paralización de éste durante el periodo de tiempo legalmente establecido. La prescripción del delito, tiene su fundamento en el efecto destructor del tiempo, en cuanto priva de eficacia a la pena y destruye o hace imposible las pruebas. Los argumentos esgrimidos por la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional para justificar la prescripción obedecen a diferentes circunstancias, entre ellas a) Los cambios que el tiempo opera en la personalidad del autor del delito, con la consiguiente posibilidad de desaparición de su peligrosidad. b) La atenuación de la alarma social. c) La innecesaridad de la prevención general de la pena. d) Las dificultades de recojo del material probatorio que hacen menos fiable el enjuiciamiento. e) La ineficacia del castigo, pues transcurrido el tiempo no se logra alcanzar los fines de la pena, concretamente la resocialización. Ligado a la cual se tiene el principio de seguridad jurídica contenido en el Art. 180 Constitucional, que garantiza al justiciable, que el procesamiento penal no puede extenderse más allá de un tiempo razonable, generando la amenaza penal, inseguridad en los ciudadanos respecto del calendario de exigencia de responsabilidad por hechos cometidos en un pasado remoto. El fundamento material de la prescripción de los delitos se encuentra en los principios de seguridad jurídica, intervención mínima y la legítima finalidad de la pena, así como también en la necesidad de que, en todo momento, el procedimiento penal aparezca rodeado de las garantías constitucionalmente exigibles. III.2. Los plazos y reglas para el cómputo de la prescripción vienen delimitados por voluntad del legislador a fin de establecer un límite temporal para el ejercicio del iuspuniendi por parte del Estado, puesto que el simple transcurso del tiempo disminuye las necesidades de respuesta penal, configuración material de la prescripción dado que la imposición de una pena carecería de sentido por haberse ya perdido el recuerdo del delito por parte de la colectividad e incluso por parte de su autor, posiblemente transformado en otra persona. Los diferentes plazos de prescripción de los delitos, están fijados teniendo en cuenta su gravedad, tomando como referencia al respecto la pena máxima señalada a la correspondiente infracción, y si hay varias aquélla que exija mayor tiempo para la prescripción. Es así, pues, que la mayor o menor gravedad de la conducta punible determina el plazo de prescripción. El Art. 29 del Código de Procedimiento Penal reza: “La acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y 4) En dos años para delitos sancionados con penas no privativas de libertad, En este marco, de acuerdo a lo previsto por el Art. 30 del procedimiento citado, el término de la prescripción empieza a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o cesó su consumación. A su vez, el plazo previsto por el legislador puede ser interrumpido, únicamente, por la declaratoria de rebeldía, conforme prevé el Art. 31 del CPP, o suspenderse cuando confluyan los presupuestos del Art. 32 del mismo cuerpo legal, constituyendo éstos los únicos casos en los que el término de la prescripción deja de correr.Por lo que, a efectos de examinar la prescripción de la acción penal, se debe tener en cuenta la naturaleza de los tipos penales por los que se ha sustanciado el proceso, debiendo considerarse si se tratan de delitos instantáneos o permanentes, conforme a la definición doctrinal que de cada uno de ellos se tiene, considerándose también el quantum de la pena y si se trata de delitos de corrupción, o vinculados. El autor Cabanellas al referirse a la prescripción señala que constituye la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo. Ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad, ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia. En materia penal sostiene el tratadista extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o la falta luego de quebrantada la condena. De otro lado, el magistrado peruano San Martín Castro señala que la prescripción es la extinción del derecho a perseguir y castigar a una persona que se produce por el solo transcurso del tiempo cuando desde la comisión del hecho punible hasta el momento en que se trata de enjuiciarlo o después de haber dictado sentencia firme se ha cumplido el lapso marcado por ley. Para tal efecto, se debe adoptar la definición de prescripción como un medio de liberarse de las consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una condena penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas en la ley. Doctrinalmente son tres los criterios sobre el cómputo del inicio de la prescripción, tal es el caso del criterio de las actividades del sujeto activo que no ameritan análisis, sin embargo se presenta al momento que éste pone de manifiesto su voluntad para realizar la acción u omisión, el criterio de la consumación aplicable a la legislación boliviana, el inicio de la prescripción se realiza al momento de la consumación del delito, (realización de todos los elementos del tipo) éste es el criterio que acoge el Art. 30 del CPP y finalmente el criterio del conocimiento del delito, que parte del momento de la terminación del ilícito correspondiendo precisar que en función de iter lógico desarrollado en la uniforme jurisprudencia del Tribunal constitucional la SC1211/2017-S1 en los delitos instantáneos, la ofensa al bien jurídico protegido cesa inmediatamente de consumada la conducta típica, a diferencia de los delitos permanentes, cuya actividad consumativa no cesa al perfeccionarse la acción típica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración se imputan como consumación de la acción delictiva. IV.- DE LA APLICACIÓN AL CASO CONCRETO: IV.1.- El recurrente considera que existió una Indebida fundamentación en la aplicación de la prescripción porque el Juez ad quo, no habría valorado todos los factores que incidieron en el transcurso del proceso, la cual no está sujeta solo al factor tiempo, sino a otros factores y en el caso en concreto la declaratoria de rebeldía, la excesiva carga procesal no solo del Ministerio Público sino también del Órgano Judicial, en ese sentido el recurrente considera que no se valoró todas las circunstancias que ocurrieron dentro del proceso como que se declaró rebelde al imputado con notificaciones de 8 y 14 de julio del 2007, por lo cual nuevamente se tiene que computar el plazo para la prescripción por lo cual considera que la dilación en el proceso es de responsabilidad del imputado de acuerdo a la S.C. 1529/2011, por lo que refiere que el Juez ad quo debió valorar el transcurso del tiempo y la ponderación integral de todos los elementos que ocurrieron en el caso en particular señalando la declaratoria de rebeldía y las dilaciones del proceso tanto del Ministerio Publico y del Poder Judicial por la excesiva carga procesal, por lo que considera que el Juez ad quo debió considerar estas circunstancias de causalidad en el momento de realizar el computo procesal. IV.2.- Correspondiendo en el caso en examen efectuar la revisión de la resolución impugnada, toda vez que concierne a este Tribunal de Alzada responder solamente a cada uno de los agravios propuestos por el recurrente de acuerdo al artículo 398 del C.P.P., en relación a que como Tribunal de Apelación no se puede ir másallá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado en el impugnativo presentado, en ese sentido se evidencia que el Juez ad quo no vulnera los derechos de ninguna de las partes del proceso, debido a que considera la declaratoria de rebeldía decretada en fecha 01 de julio del 2008, computando el plazo desde la media noche de ese día, efectuando un nuevo cómputo a partir de entonces conforme prevé la ley adjetiva penal, en consecuencia de acuerdo al delito de Plantas Controladas previsto en el artículo 46 de la Ley 1008“El que ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare plantas o partes de plantas señaladas por el anexo a que se refiere el inciso a) del artículo 33° de la presente ley, será sancionado con la pena de uno a dos años de presidio, en caso de reincidencia de dos a cuatro años y de doscientos cincuenta a quinientos días de multa.” Por lo que en aplicación del artículo 29 inciso 3 de la ley 1970, respecto a la prescripción se tiene “3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad;” advirtiendo queinexorablemente correspondería la aplicación de la prescripción pues desde que se inicia el cómputo del plazo extintivo hasta la fecha de pronunciada la resolución impugnada,transcurrieron 9 años, denotando que se habría superado el tiempo exigido por la ley adjetiva penal para que opere la prescripción. Ahora bien ingresando al agravio aducido por el recurrente, en relación a la valoración no solo del tiempo sino también de las circunstancias propias de cada proceso, en ese sentido cabe señalar que el instituto dela prescripción de acuerdo a la S.C. P. 0211/2018-S2 refiere “ Respecto a esta temática, la jurisprudencia constitucional fue bastante uniforme, al señalar que la extinción de la acción penal puede operar por prescripción conforme lo determina el art. 27 del CPP, norma que entre otros motivos, tiene este instituto jurídico como una forma de limitar el ejercicio punitivo estatal; es así, que la prescripción señalada tiene como principal objetivo, proteger el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y que el imputado sea procesado dentro de un plazo razonable -tiene su fundamento en el transcurso del tiempo, computable entre la comisión de delito atribuido al imputado y la acción penal-; en efecto, la prescripción operará en función del delito que se trate, ya que el art. 29 del CPP determina expresamente los plazos en los que prescribe la acción penal en relación al máximo legal de la pena privativa de libertad, sea ésta de presidio o reclusión; consecuentemente, el precepto legal señalado precedentemente establece los lapsos temporales de cómputo del plazo de prescripción.Ahora bien, al margen del término expresamente señalado por el art. 29 del CPP, en el que puede prescribir un delito, es necesario tomar en cuenta otros aspectos de trascendental importancia, tales como el inicio, la interrupción y la suspensión de dicho término; mismos que se encuentran normados en los arts. 30, 31 y 32 del CPP; de los cuales y en función al tipo de delito que se trate, podemos afirmar que el término de prescripción empieza a correr desde la media noche del día en el que se cometió el delito, tratándose de delitos instantáneos; y en el caso de los ilícitos penales permanentes, cuando cesó su consumación.En relación a la interrupción del término de prescripción, esta figura se materializa con la declaratoria en rebeldía del imputado, momento desde el cual, el plazo se computa nuevamente, conforme lo define el art. 31 del CPP; en tal sentido, la rebeldía decretada por cualquiera de las causales previstas en el art. 87 de la citada norma procesal penal, será la que determine la interrupción señalada; respecto a la suspensión del término de la prescripción, el Código Procesal Penal es claro al indicar los cuatro supuestos en los cuales operará la misma, expresamente señalados en su art. 32, no existiendo ninguna otra causal; de ahí, que debe tenerse presente que la prescripción mantiene sus efectos durante toda la tramitación de la causa penal, pudiendo oponérsela en cualquiera de sus etapas procesales.” En ese sentido es clara la normativa que al momento de iniciar la valoración, para que proceda al prescripción se toma en cuentael inicio, la interrupción y la suspensión de dicho término; conforme a los parámetros establecidos en los arts. 30, 31 y 32 del CPP;teniéndose que el ad-quo valoró estas circunstancias de manera correcta de acuerdo a lo que señala la normativa existió una interrupción de acuerdo al Art. 31 CPP a consecuencia de la declaratoria de rebeldía, lo cual ocurrió y que además forma parte de las consideraciones de la resolución apelada, lo que permite colegir que el agravio denunciado, no es real, advirtiendo quela Juez ad quo actuó y determino la prescripción de la acción penal a favor del imputado dentro del margen de legalidad que se exige para este incidente de prescripción de la acción penal, por lo que no correspondió al Juez ad quo analizar otras circunstancias alejadas a las exigencias normativas atingentes al instituto procesal en estudio, deviniendo en inexistentes los agravios aducidos. POR TANTO:En virtud a las consideraciones y fundamentos esbozados en la presente resolución, en aplicación de lo pautado por los Arts. 51.1 y 406 del Código de Procedimiento Penal, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, declaraSIN LUGAR, el recurso de apelación Incidentalinterpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia, CONFIRMA la resolución impugnada, que no admite recurso ulterior. Vocal Relatora: Claudia Gamarra Hoyos REGISTRESE. - Firmado y sellado por el secretario de la Sala Pena Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija Dra. Claudia Gamarra Hoyos Y el Dr. Jorge Ahmed Julio Alé y el secretario Dr. Carlos Mendoque Pereira.


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