EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN DE LA CAPITAL


MP c/RAMIREZ HERRERA JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION PRIMERO E D I C T O: EL DR. MICHAEL MARCIAL SALAZAR URQUIZA, JUEZ DE JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION PRIMERO DE LA CAPITAL. Por el presente edicto se notifica al acusado: JACQUELINE NORMA LORA CABALLERO con el actuado que se transcriben a continuación, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO, en contra de RAMIREZ HERRERA por los supuestos delitos de: USURA, con NUREJ 200703426. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN Nª 227/2022 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022-----------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL OCTAVO LA PAZ – BOLIVIA RESOLUCIÓN Nº 227/2022 DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y JACQUELINE NORMA LORA CABALLERO CONTRA LUIS ALFONSO RAMIREZ HERRERA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE USURA AGRAVADA Y ESTAFA. AUTO INTERLOCUTORIO (Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso) La Paz, 27 de julio de 2022 V I S T O S Los antecedentes del proceso, todo lo que ver convino y se tuvo presente. C O N S I D E R A N D O I Que, mediante requerimiento conclusivo (fs. 70 a 71vta.) presentado en fecha 03/10/2008 el Ministerio Público acusó a Luis Alfonso Ramírez Herrera por la presunta comisión de los delitos de Usura Agravada y Estafa, previstos y sancionados en los arts. 361 y 355 del Código Penal, respectivamente, bajo el siguiente sustento fáctico: Que, Luis Alfonso Ramírez Herrera es propietario de la Gestoría Comercial “Piramid” ubicado en la calle Figueroa, lugar donde las personas necesitadas recurren, tal es así que el año 17 de septiembre de 2003 la víctima Jacqueline Norma Lora Caballero acude a dicha gestoría comercial. Lugar donde el imputado Luis Alfonso Ramírez Herrera se encontraba en calidad de propietario desempeña funciones ofreciendo a la víctima préstamo de dinero con la garantía de joyas. El préstamo inicial que realiza el imputado a la víctima es de Bs. 6.000 (Seis mil 00/100 Bolivianos) habiendo Jacqueline Norma Lora Caballero (víctima) cancelado el primer mes un interés del 20%, el segundo mes un interés del 10%, llegando a pagar un total de Bs. 3.000 (Tres mil 00/100 Bolivianos) de interés, cuando la víctima cancela el total de la deuda el imputado le manifiesta que aún debía la suma de Bs. 1.700 (Un mil setecientos 00/100 Bolivianos) y que además las joyas que dejó como garantía no le fueron devueltas ya que muchas de éstas habían sido transferidas a otra persona de Nombre Erland N.N. y esposa, además de tener que pagar el interés de otra persona. Asimismo, aprovechándose de la necesidad económica de la víctima el imputado recibía sumas de dinero como pate del pago y las mismas no fueron tomadas en cuenta, engañándola de esta forma (…). Que, a la conclusión de los actos preparatorios y la correspondiente emisión del auto de apertura de juicio, se tiene como ÚLTIMA ACTUACIÓN la notificación de fecha 09/09/2014 con el Acta de Audiencia Pública de Constitución Extraordinaria de Tribunal de fecha 09/09/2014 suscrita por la entonces Juez Presidente Karina E. Palacios Tellez, no existiendo en lo posterior ningún actuado procesal hasta la fecha. Que, en fecha 02/03/2022 la Secretaria Rosmery Quispe Flores puso en conocimiento del pleno de este tribunal la existencia de procesos penales sin movimiento, causas que se encontrarían en un grupo de expedientes como causas concluidas o con rebeldía. Procediéndose a la revisión exhaustiva de estos procesos se identificó sesenta y siete (67) causas que fueron atendidas en las Gestiones 2013-2014 disponiéndose la “remisión de obrados al tribunal siguiente número”, sin embargo, NO se dio cumplimiento oportuno a dicha determinación y ante el cambio de normativa respecto a la participación de jueces ciudadanos los expedientes permanecieron en el tribunal sin merecer el impulso procesal respectivo, hallándose este proceso inserto en ese cúmulo de cuadernos jurisdiccionales. C O N S I D E R A N D O I I Que, el art. 133 del Código de Procedimiento Penal determina: Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido. Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal. Que, sobre la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0172/2018-S2 del 14 de mayo establece: “El extinto Tribunal Constitucional, se pronunció sobre este instituto jurídico, a tiempo de declarar la constitucionalidad del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, estableciendo en la SC 0101/2004-R de 14 de septiembre, que: “...el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”. Siguiendo el mismo entendimiento jurisprudencial, la SC 1042/2005-R de 5 de septiembre, señaló: “…conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su SC 101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta o accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada”. Entendimiento jurisprudencial, que fue reiterado en las SSCC 0551/2010-R; 1684/2010-R; 1529/2011-R; ACP 0104/2013, entre otras. Extractándose de la jurisprudencia citada que, para determinar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, además del transcurso del tiempo, la autoridad judicial que la conozca y resuelva, deberá tomar en cuenta o ponderar otros factores concurrentes, como la complejidad del asunto, la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y el accionar de las autoridades competentes. Para mayor precisión, el Auto Supremo Nº 69/2018 del 15 de febrero del 2018, sobre dicha excepción señala: Que la Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera el art. 3 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso. Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, al prever: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido. Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”. Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio). Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Impresión: 10-09-2021 Calle: Luis Paz Arce Nº 352 | Teléfono:(+591)64 53200 | www.tsj.bo Página 13/24 Estado Plurinacional de Bolivia Órgano Judicial Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: ‘éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo’. Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: ‘Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito’; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa. Se debe entender por la complejidad del asunto, que éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente pueden estar compuestas por: a) el establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) la pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos. La actividad o conducta procesal del imputado, con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras. La conducta de las autoridades judiciales, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la complejidad del régimen procesal; y, c) si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal. En definitiva, la garantía de juzgamiento en plazo razonable es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. En consecuencia, la garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. Asimismo, debe agregarse, que el art. 314 del CPP establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente. En el presente caso, respecto a la complejidad del asunto, se puede advertir que los hechos contenidos en el pliego acusatorio NO son complejos, ya que versan sobre el supuesto cobro de interés fuera de lo permitido y la no devolución de una garantía. Asimismo, los tipos penales atribuidos (usura agravada y estafa) NO revisten mayor relevancia al tratarse de delitos de contenido patrimonial. Sobre la conducta de las partes que intervienen en el proceso, se advierte que desde el 24/09/2014 el Ministerio Público como titular de la acción penal y Jacqueline Norma Lora Caballero han omitido realizar seguimiento a la causa, no existiendo constancia de la presentación de algún escrito o actuación tendiente a la prosecución y conclusión de la litis en los plazos que la norma adjetiva penal establece, verificándose un evidente ABANDONO del proceso por parte de los acusadores fiscal y particular. Finalmente, en relación a la conducta o accionar de las autoridades competentes, se evidencia que el comportamiento de la entonces Juez Presidente Karina E. Palacios Tellez fue manifiestamente negligente, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado (CPE) en sus arts. 178 y 180 determina que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta, entre otros principios, el de celeridad, disposición concordante con el art. 3 num. 7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ya que conforme a dicho principio, la administración de justicia debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional, en el entendido, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, tomando en cuenta que los administradores de justicia tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, constatándose que la autoridad judicial a cargo del proceso no ha dirigido e impulsado la tramitación del mismo hacia su conclusión dentro de un plazo razonable. En conclusión, ha transcurrido desde el primer acto -verificable- del procedimiento correspondiente l memorial de excepción previa y especial por parte del acusado presentada en fecha 19/07/2007 hasta el presente más de quince (15) años, corroborándose un abandono total de la causa desde el 24/09/2014 (más de 7 años), aún en el caso de descontar el periodo de vacaciones judiciales anuales en observancia a la parte final del art. 130 del procedimiento penal y considerar además aspectos concernientes a la pandemia por el COVID-19, en incuestionable que se ha vencido superabundantemente el plazo máximo de duración del proceso previsto por la norma adjetiva penal. P O R TA N T O El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital, por voto unánime de sus integrantes, de conformidad a lo previsto por los arts. 27 num. 10 y 133 del Código de Procedimiento Penal, de oficio, declara la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO a favor del acusado Luis Alfonso Ramírez Herrera, disponiendo el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en la presente causa y el posterior archivo de obrados. En caso de sentirse agraviados con la decisión del tribunal, de conformidad a lo previsto por el art. 403 num. 6 de la norma adjetiva penal modificado por la Ley Nº 1173, los sujetos procesales pueden hacer uso del recurso de apelación incidental dentro los tres (3) días de su notificación con la presente resolución. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN. FIRMA SELLA: ------------------------------------------------------------------------ DR. MICHAEL MARCIAL SALAZAR URQUIZA--------------------------------------------------- JUEZ .------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL OCTAVO --------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA ------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA SELLA: ------------------------------------------------------------------------ DR. MIGUEL ANGEL FLORES ORIHUELA --------------------------------------------- JUEZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL OCTAVO --------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA ------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA SELLA: ------------------------------------------------------------------------ DR. ARMANDO HERRERA HUARACHI ---------------------------------------------- JUEZ TECNICO. ---------------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL OCTAVO --------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: CARLA CAVIEDES RODRIGUEZ --------------------------------SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA OCTAVO -------------------------------------LA PAZ – BOLIVIA-------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MP c/Ramirez Herrera------------------------------------------------------------------------------- Código Único 200703426--------------------------------------------------------------------------- La Paz, 14 de septiembre de 2022-------------------------------------------------------------- En atención a la representación de la Oficina Gestora de Procesos que antecede, de conformidad a lo previsto por el art. 165 del Código de Procedimiento Penal procédase a la notificación mediante EDICTOS a Jacqueline Norma Lora Caballero con la Resolución N° 227/2022 de 27 de julio de 2022 y la presente providencia, sea mediante la Plataforma virtual habilitada paa el Órgano Judicial al efecto, debiendo por Secretaría viabilizar las publicaciones correspondientes. FIRMA SELLA: ------------------------------------------------------------------------ Michael Marcial Salazar Urquiza-------------------------------------------------- JUEZ DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN 1°----------------------------------------- La Paz-Bolivia----------------------------------------------------------------------- Ex Juez del Tribunal de Sentencia Penal 8º-------------------------------------- FIRMA SELLA: ------------------------------------------------------------------------ Carla Caviedes Rodriguez--------------------------------------------------------- SECRETARIA ABOGADA ------------------------------------------------------------ JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN 1° - CAPITAL----------------------- La Paz-Bolivia----------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS AÑOS. ----------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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