EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PRIMERO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA EDICTO Nº 174/2022 EL DOCTOR GARY BRACAMONTE GUMIEL, JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL, SUCRE –BOLIVIA Sucre – Bolivia POR EL PRESENTE EDICTO HACE SABER A LA VICTIMA: CANDELARIA MORALES MAMANI Y AL IMPUTADO: ADOLFO QUIROZ MAMANI dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público a denuncia de CANDELARIA MORALES MAMANI, en contra de ADOLFO QUIROZ MAMANI, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMIIAR O DOMESTICA , previsto y sancionado por el Art. 272 BIS del Código Penal, con C. U: 101102012103754; SE HA DISPUESTO QUE SE NOTIFIQUE CON: MEMORIAL DE INICIO DE INVESTIGACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL AUTO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, IMPUTACION DEL 26 DE ABRIL DE 2022 Y DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2022; CUYO TENOR LITERAL ES COMO A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /// A CONTINUACIÒN SE ADJUNTA; : MEMORIAL DE INICIO DE INVESTIGACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL AUTO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, IMPUTACION DEL 26 DE ABRIL DE 2022 Y DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2022 correspondiente al cuaderno de investigación.///------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INICIO DE INVESTIGACION----------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE TURNO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL COMUNICA INICIO DE INVESTIGACIONES OTROSI.- Su contenido. Abg. JUAN DAVID ANDRADE GUERRA asignado(a) a la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS EN RAZÓN DE GENERO Y JUVENIL, DE LA CIUDAD DE SUCRE, como director(a) funcional de la presente investigación en aplicación de los Art. 40, de la Ley No. 260 a efectos de control jurisdiccional y en cumplimiento al Art. 289, Art. 293 y última parte del Art. 298 de la Ley 1970, concordante con el Art. 54 inc. 1), del mismo cuerpo legal, informa ante su autoridad el inicio de las Investigaciones preliminares que se detalla, ante su autoridad me presento, expongo y solicito: Numero de Caso: 101102012103754 Denunciante(s): CANDELARIA MORALES MAMANI Denunciados (s): ADOLFO QUIROZ CHUMACERO Victima(s): CANDELARIA MORALES MAMANI Delito(s): VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA EN SU VERTIENTE PSICOLOGICA PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 272 BIS DEL CODIGO PENAL Fecha de Inicio de Investigación: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 “Por un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano” Otrosí 1.- Habiendo emitido requerimiento de Medidas de Protección, conforme dispone al Art. 32 de la Ley 348, en concordancia con el Art. 389 bis. y en previsión al Art. 389 Ter. de la No. 1173 Ley de Abreviación Procesal Penal de manera textual indica” II. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará a la jueza o juez de instrucción, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación.” solicita a vuestra Autoridad la RATIFICACION de las medidas de protección dispuesta por el suscrito fiscal de materia Abg. Juan David Andrade Guerra, para tal efecto se remite el Requerimiento de Medidas de Protección. Otrosí 2.- Por lo precedentemente expuesto, tomando en cuenta que se encuentra involucrado como víctima una persona de sexo femenino, (Candelaria Morales Mamani) el suscrito Fiscal de Materia en representación del Ministerio Público, en apoyo a lo determinado en el Art. 116 Inc. 1) del Código de Procedimiento Penal concordante con el Art. 89 de la LEY 348, solicita la RESERVA de la investigación hasta su conclusión en una de las formas previstas en el citado cuerpo legal. Otrosí 3.- Señalo domicilio procesal en oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil de la ciudad de Sucre, Calle Kilometro 7 N° 282 zona parque Bolívar y Buzón de ciudadanía Digital. Sucre, 17 de septiembre de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO ABOG. JUAN DAVID ANDRADE GUERRA FISCAL DE MATERIA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.---------------------------------------------- Sucre, 21 de septiembre de 2021 VISTOS: Regístrese en el libro correspondiente el informe de inicio de investigación correspondiente al Código Único: 101102012103754, presentado por el Ministerio Público inicia investigación a instancia de CANDELARIA MORALES MAMANI en contra de ADOLFO QUIROZ CHUMACERO, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, en su vertiente psicológica, previstos y sancionados por los art. 272 Bis del Código Penal. A efectos de dar cumplimiento a los Arts. 54 inc. 1 y 279 del Código de Procedimiento Penal, la autoridad fiscal deberá observar el término de la INVESTIGACION PRELIMINAR previsto en el Art. 94 de la Ley N° 348, debiendo emitir a su vencimiento el requerimiento correspondiente. El cuaderno de control de investigación y siendo que dentro de los deberes impuestos al órgano jurisdiccional se encuentra entre otros previstos por el Art. 72 núm. 1) concordante con el Art. 61 ambos de la Ley N° 348. Con la expresa finalidad de cumplir el mandato taxativo del artículo 61 núm. 1) de la Ley 348, que a la letra dice: “… las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: (…)PEDIR A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL SU HOMOLOGACIÓN Y LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS POR LEY, cuando el hecho constituya delito ” La solicitud de homologación de las medidas de protección impuestas por el Representante del Ministerio Público, especificadas en el inicio de investigaciones. En mérito a lo precedentemente se HOMOLOGA las medidas de protección emitidas por el Representante del Ministerio Público, debiendo la representación fiscal, velar por su estricto cumplimiento. En cumplimiento de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, el representante del Ministerio Público, debe hacer conocer a este despacho judicial la forma de notificación del DENUNCIADO, en el plazo de cinco días, el domicilio real preciso y en lo posible croquis referenciado, adjuntando fotografías del inmueble como también croquis con la ayuda del Google Maps; una vez cumplido el mismo, procédase, a la notificación del denunciado con la presente providencia por cualquier medios tecnológico en merito a la Ley 1173 y la circular S.P. N° 26/2020, siempre que cumpla su finalidad, bajo responsabilidad de O.G.P., advirtiéndose a la misma que cuenta con el plazo establecido en la ley para plantear excepciones. Al otrosí 1.-. Se tiene presente y estese a lo principal. Al otrosí 2.- Se tiene presente la reserva de las investigaciones de conformidad al art. 89 de la ley 348. Al otrosí 3.- Por señalado. Regístrese. –. -------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPUTACION FORMAL DE 26 DE ABRIL DE 2022-------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES No. 1 DE LA CAPITAL. CUD: 101102012103754 Imputación Formal. - Otrosí. – Abog. María Fernanda Cortés Rojas, Fiscal de Materia en persecución de delitos de violencia sexual y en razón de genero; en defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejerciendo la acción penal pública por mandato del Art. 225 Constitucional, dentro de los casos acumulados seguido por el Ministerio Publico a denuncia de CANDELARIA MORALES MAMANI en contra de ADOLFO QUIROZ CHUMACERO por el delito de Violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis núm. 3) del CP; y que, a efectos de control jurisdiccional presento imputación formal: I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES. – IMPUTADO Nombres y Apellidos ADOLFO QUIROZ CHUMACERO Cedula de identidad: 12487981 Estado civil: Soltero Fecha de nacimiento: 07 de junio de 1993 Domicilio: Barrio San Luis, zona Tucsupaya Ocupación: Albañil Celular: No consigna Abogado defensor: No consigna Domicilio procesal: No consigna Teléfono: No consigna DATOS GENERALES DE LA DENUNCIANTE Y VICTIMA: Nombres y Apellidos CANDELARIA MORALES MAMANI Cedula de identidad: 4108614 Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1931 Domicilio: Celular: Barrio San Luis 77118474 II. RELACION DE HECHOS. – En fecha 15 de septiembre de 2021 a horas 19:00 p.m. aproximadamente en el domicilio ubicado en el barrio San Luis de la zona Tucsupaya, Adolfo Quiroz Chumacero le pego a su abuela Candelaria Morales Mamani dándole patadas en la espalda, pecho, luego le dio puñetes en la espalda y en el pecho hasta hacerla caer al suelo, hecho que sucedió porque su nieto llego en estado de ebriedad y Candelaria le dijo que no debería de tomar porque todo el tiempo llega a su domicilio borracho, motivo por el cual su nieto se molestó y la golpeo. Asimismo refiere que no es la primera que vez le pega en anteriores oportunidad de la misma manera también en estado de ebriedad le pego, luego le insultaba diciendo que su una vieja que nadie le hará nada porque no hay ley para los abuelos, que es un arrecha de mierda, que vaya avisar a sus kharis, luego le votaba de la casa haciéndola dormir en la calle sin considerar que ella tiene 82 años. III.- MEDIOS DE PRUEBA COLECTADOS. - 1. Formulario Único de Denuncias, de fecha 16 de septiembre de 2021, mediante la que la víctima hace conocer los hechos denunciados. 2. Certificado médico forense de fecha 16 de septiembre de 2021, perteneciente a la Sra. Candelaria Morales Mamani, realizada por el médico forense Dr. Luis Fernando Alcocer Delgadillo donde en el examen físico segmentario no se muestran lesiones traumáticas al exterior. En Conclusiones refiere que presenta un alto grado de desnutrición – deshidratación. 3. Resolución de Medidas de Protección, de fecha 06 de septiembre de 2021, de acuerdo al Art, 35 núm. 1), 4), 6) y 7) de la Ley 348. 4. Informe Social, de fecha 28 de septiembre de 2021, realizado por la Lic. Roxana Quiroz Fuertes, trabajadora social de U.P.V.A.T., de acuerdo al Diagnostico Social, se tiene que en el presente informe social se identifica que la usuaria en calidad de víctima, se halla en su ciclo vital sujeto a su edad de adulto mayor, cuya característica de su personalidad es su procedencia del área rural, carente de instrucción educativa, condiciones de habitabilidad precaria e inestable, dificultades de salud y de recibir atención oportuna, ausentismo de sus redes de apoyo familiar, aspectos que la ponen en una situación de vulnerabilidad por su condición de mujer y edad. Los hechos de “violencia” producidos por el denunciado, una persona de su entorno familiar inmediato, han sido consecuentes del abuso excesivo del consumo de bebidas alcohólicas que presentaría el mencionado, quien además hace “uso intencional de la fuerza o el poder físico como una amenaza contra uno mismo”, produciendo en el último evento de violencia física la decisión de la usuaria para buscar ayuda, daño que a la fecha ha repercutido en su hospitalización, evidente la negligencia de los hijos para su oportuna atención, donde se destaca sus redes de apoyo institucional como medida de protección. 5. Informe preliminar, de fecha 20 de octubre de 2021, remitido por la Sgto. Carmen Rosa Quispe Delgado mediante el cual da a conocer que se comunicó al número de celular que se cuenta como referencia de la víctima, pero el mismo es perteneciente al servicio de SLIM, por lo cual se solicitó el número de la víctima; así mismo se informa que la denunciante no se apersono por dependencias de la FELCV. 6. Informe Psicológico, sin resultado, de fecha 04 de octubre de 2021, presentado por el Lic. Cesar Luis Enriquez Ramallo, psicólogo de la U.P.A.V.T., en la misma informa que tomo contacto con el número de celular de referencia, que pertenecería a la trabajadora social del programa de adulto mayor, quien le informa que la señora Candelaria, se encuentra internada en el hospital de Lajastambo, con síntoma de Neumonía, por lo que se procedió con la verificación y se logró constatar que efectivamente la señora Candelaria se encontraría en dicho establecimiento, al cuidado de uno de sus hijos, quien se comprometió que dada el alta, se llevaría a su mamá a vivir con él, por la zona de Kora Kora. 7. Informe complementario de fecha 31 de enero de 2022 remitido por la Sgto. Carmen Rosa Quispe Delgado, donde nos da a conocer que no se dio cumplimiento a las medidas de protección ya que no se cuenta con dicho documento, hacer conocer también que desde la fecha de la denuncia 22 de septiembre del 2021 hasta la actualidad no se hizo presente a oficinas de la Felcv la señora Candelaria Morales, como también hasta la fecha no se obtuvo ningún número de referencia de la misma, solo se cuenta con el número de referencia de Slim el número 77118474, los mismos tampoco sabes sobre el paradero de la misma. 8. Edicto Fiscal, de fecha 04 de febrero de 2022, citando al denunciado ADOLFO QUIROZ CHUMACERO, para que acompañado de su abogado defensor se apersona a dependencias de la Fiscalía departamental de Chuquisaca para asumir defensa, en la denuncia en su contra por el Delito de Violencia Familiar o Domestica. 9. Publicación de Edicto, de fecha 04 de febrero de 2022, donde se notifica al señor ADOLFO QUIROZ CHUMACERO con la citación de la misma fecha. 10. Informe complementario de fecha 24 de febrero de 2022 remitido por la Sgto. Carmen Rosa Quispe Delgado, dando a conocer que no se tiene dato del paradero de la señora Candelaria, así mismo se comunicó con el número de celular de referencia, quienes le informarían que la señora tiene domicilio en calle los Tarcos pero no se cuenta con número de referencia, por lo cual no se cuenta con mayor información. 11. Acta de Incomparecencia, de fecha 11 de marzo de 2022, que habiendo sido notificado el denunciado ADOLFO QUIROZ CHUMACERO, mediante la publicación de edictos de fecha 04 de febrero de 2022, para que preste su declaración informativa, el cual no se hizo presente ni justifico su inasistencia a la misma. IV.- TEORÍA JURÍDICA Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LOS HECHOS. Del análisis de los hechos expuestos en la denuncia, de las investigaciones realizadas y la documental cursante en el cuaderno de investigaciones se tiene, que existen suficientes indicios de la existencia del hecho punible y la participación en el mismo de Alfredo Huanca Paco en el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, previsto en la sanción del Art. 272 bis núm. 3) del C.P. El art. 8.2 inc. b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos señala que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, reconociéndose como garantía mínima la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, precepto que tiene su antecedente en el principio universal del derecho penal nullum crimen nulla poena sine prevé lege, contenido en el art. 117.I de la CPE que refiere: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. Sin bien, lo anterior constituye una garantía jurisdiccional para las personas, también se vincula con el derecho a una acusación formal, o llamado también principio de imputación entendido como el deber del Ministerio Público de individualizar al o los imputados que se pretenda someter a proceso, describir detallada, precisa y claramente el hecho que se acusa, haciendo una clara calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva, puesto que para que una persona pueda defenderse es imprescindible que exista algo de qué defenderse, es decir, que se le atribuya haber hecho algo o haber omitido hacer en el mundo fáctico, con consecuencias jurídico-penales. Al respecto la jurisdicción constitucional, mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció: “El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos”. Así mismo es menester considerar en primer lugar los alcances de la Sentencia Constitucional No. 760/2003-R: la misma que con relación a la Resolución de Imputación Formal ha dejado establecido que: “…. sic…. La imputación formal no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo en alguno de los grados de participación criminal establecido por la ley penal sustantiva, o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios relacionados sobre su participación en el hecho que se le imputa…”. Congruente con estos criterios, el legislador ordinario en el art. 302 del CPP estableció que cuando el fiscal estime que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, misma que deberá contener entre otros los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa; por un razonamiento a contrario sensu, el legislador ordinario ha previsto que, cuando por efecto del proceso investigativo se establezca la existencia de algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso, este aspecto será motivo de rechazo de la acción interpuesta, así lo refleja el art. 304 inc. 4) del CPP que establece que el Fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia. Ahora bien, teniendo establecido la relación fáctica (relación de hechos, Punto II de la presente Resolución), así como los elementos de prueba colectados a lo largo de la Etapa Preparatoria (Punto III), es necesario realizar un exhaustivo análisis Jurídico-legal y probatorio, a efectos de emitir la Resolución correspondiente, para lo cual resulta necesario remitirnos a los tipos penales endilgados, a efectos de establecer la concurrencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal atribuidos al Imputado los cuales deben encontrarse directamente vinculados a los elementos colectados, al efecto debemos conocer el tipo penal endilgado previsto en el Art. 272 bis del C.P. que refiere, "Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito. I. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 3. Los Ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. La violencia familiar o doméstica es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, patrimonial y/o económica o sexual. Comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos. La problemática de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es una violación gravísima de los derechos humanos que afecta al bienestar y desarrollo de los países. En este sentido, afirmó que este mal no se refleja solo en los golpes, sino que existen distintas formas de ejercerla. En Bolivia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 reconoce dichos tipos: - Violencia psicológica, Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. - Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Ley Nº 872, Ratifica la “Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La Convención es un instrumento regional jurídicamente vinculante que promueve, protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Asimismo, reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política. La Ley N° 369 de 01 de mayo de 2013, Ley General de las Personas Adultas Mayores, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Todas las Personas Adultas Mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana, a una renta vitalicia de vejez, a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación. La Ley 348 en su ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Por otra parte, por disposición expresa del art. 225-1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio Público tiene por misión defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, por cuya razón el proceso penal debe efectuarse en el marco de la objetividad, conforme a las circunstancias concurrentes a la criminalidad a fines de evidenciar tanto la existencia del hecho como la participación del agente en la producción del resultado. Debe considerarse también lo descrito en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de "Belem do Pará". Adoptada por la Asamblea General de la organización de los Estados Americanos en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones del 9 de junio de 1994 y ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley N° 1599 de 18 de agosto de 1994, que define a la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Define a la violencia que se da al interior de la familia e incluye la violación, el maltrato y el abuso sexual y establece la tipología de la violencia (física, sexual y psicológica). La definición que da la Convención Belén do Pará de la violencia contra las mujeres está acompañada de los compromisos que asume el Estado sobre el acceso a la justicia para las mujeres, se respete su vida, el derecho a la integridad física, psicológica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho de igualdad y protección ante la Ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido en los Tribunales competentes y que la proteja de actos que violen sus derechos. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1100 de 1989; y su Protocolo Facultativo, también ratificado mediante Ley Nº 2103 del año 2000, que establece la urgencia de modificar los roles tradicionales de los hombres y las mujeres en la sociedad y la familia, señala también la responsabilidad de los Estados por la discriminación que sufren las mujeres, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, define la violencia contra las mujeres y la reconoce como una forma de discriminación que constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, debiendo los Estados establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar la violencia contra las mujeres. La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1599 de 1994, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 2398 de 2002. En este instrumento internacional, se reconoce y califica a la violencia contra las mujeres, así como la violación y otras agresiones sexuales, como delitos de lesa humanidad. La Constitución Política del Estado, en su catálogo de derechos fundamentales (Art. 15), incluye el reconocimiento de los derechos a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Señala que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Este mandato constitucional, responde al reconocimiento, de que la violencia de género, contra las mujeres requiere especial atención por parte del Estado, lo cual ha sido ratificado por la Ley Nº 348 al declarar la erradicación de la violencia contra las mujeres como prioridad nacional. Ahora bien, con relación al caso concreto, en referencia al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto en la sanción del Art. 272 bis núm. 3) del Código Penal, tenemos que el imputado Adolfo Quiroz Chumacero hubiera agredido físicamente a la Sra. Candelaria Morales Mamani en fecha 15 de septiembre de 2021 dándole puñetes en el cuerpo hasta hacerla caer al piso. Para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo. Finalmente, el artículo 20 del Código Penal refiere: “Son Autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso…sic…”, de donde se evidencia la participación del Imputado Adolfo Quiroz Chumacero en grado de AUTORÍA. V. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. - Para la imputación formal Arts. 225 de la Constitución Política del Estado, Arts., 73, 301 num. 1), 302, de la Ley 1970, Art. 272 bis núm. 1) del Código Penal, Art. 7 num. 4), 8 num. 3) del Pacto de San José de Costa Rica, Arts. 8, 12.2 y 40.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico. VI. CALIFICACION PROVISIONAL E IMPUTACION FORMAL. - Por los antecedentes precedentemente expuestos, los elementos de convicción e indiciarios colectados hasta el presente trance procesal, el Ministerio Público en aplicación de lo previsto por los arts. 301 Num. 1) Y 302 del CPP: 1° CALIFICA PROVISIONALMENTE el hecho como Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis núm. 3) del Código Penal y 2° IMPUTA FORMALMENTE la probable comisión del delito de violencia familiar o doméstica al ciudadano Adolfo Quiroz Chumacero, en grado de autoría, conforme prevé el art. 20 de la ley sustantiva penal. “Construir un Sistema Penal más justo, pero fundamentalmente más humano” Otrosí 1.- Se adjunta Edicto Fiscal, Publicación de Edictos y Acta de Incomparecencia. Otrosí 2.- Ofrezco en calidad de prueba indiciaria toda la documental que cursa en el cuaderno de investigaciones que sustentan la presente resolución de imputación formal. Otrosí 3.- Domicilio para conocer providencias, calle Kilometro 7 No. 282. Sucre, 26 de abril de 2022 FIRMA Y SELLO DEL FISCAL EN MATERIA. – MARIA FERNANDA CORTEZ ROJAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECRETO 27 DE ABRIL DE 2022------------------------------------------------------- Sucre, 27 de abril de 2022 Se tiene presente la imputación formal, presentado por el MINISTERIO PÚBLICO dentro del proceso que se sigue en contra de ADOLFO QUIROZ CHUMACERO, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, previsto y sancionado por el art. 272 Bis núm. 3 del C.P., notifíquese al imputado en forma personal. Para efectos del control jurisdiccional de la investigación previstos por los artículos 54 numeral 1 y 279 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese a los sujetos procesales por cualquier medio tecnológico en merito a la Ley 1173 y la circular 26/2020 del TDJ., siempre que cumpla su finalidad, bajo responsabilidad de O.G.P. Al otrosí 1.- Por adjuntado. Al otrosí 2.- Por ofrecido. Al otrosí 3.- Por señalado. FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El presente edicto es librado, en la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia a los VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS AÑOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D. S. O.


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