EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA


EDICTO Vocales: Dr. Alfredo Jaimes Terrazas - Vocal Presidente Sala Constitucional Primera - Tribunal Departamental De Justicia. - La Paz. - Bolivia. Dr. Israel Ramiro Campero Méndez - Vocal Sala Constitucional Primera Tribunal Departamental De Justicia - La Paz - Bolivia. HACE SABER: Por el presente edicto se cite a NICOLÁS SAPIRANDA CASTILLO y JUAN RIVERO SÁNCHEZ para que por sí o mediante apoderado legal asuma defensa dentro del proceso Acción de Amparo Constitucional seguido a instancias de ALDRÍN ÁLVARO ÁLVAREZ TORREBLANCO, RAÚL TERCEROS COYO, GILMAR JHONNY PÁRRAGA LLAVE, PATRICIA VERÓNICA RÍOS CAJÍAS, SARA KATUSHKA TIRADO LLANOS Y LEVI QUISBERT CHQUEHUANCA, EN REPRESENTACIÓN CON MANDATO DE DELICIA ROSSIO LÓPEZ TOLABA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA contra ELIZABETH SANDRA GUTIÉRREZ SALAZAR, EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA, cuyo literal es como a continuación se transcribe: MEMORIAL DE DEMANDA CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS QUINCE A TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE TURNO DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL. – OTROSÍ. – Su Contenido.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los abogados; Guiliano Anthony Fiorilo Pasquier con C.I. Nº 3770788 Cbba., Aldrin Álvaro Álvarez Torreblanco con C.I. Nº 5977928 LP., Raúl Terceros Coyo con C.I. Nº 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.I. Nº 8568373 Pt., Patricia Verónica Ríos Cajias con C.I. Nº 3468635 L.P., Sara Katushka Tirado Llanos con C.I. Nº 4841400 L.P., y Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. Nº 8460359, en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto nos presentamos exponemos y pedimos:.- I. LEGITIMACIÓN ACTIVA.- Mediante Resolución Suprema Nº 27381 de fecha 23 de diciembre de 2020, se designa a la ciudadana DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA como DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA y Máxima Autoridad Ejecutiva del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.- En tal sentido, a través del Instrumento Público Nº 454/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021, otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº 053 de la ciudad de La Paz a cargo de la Notario Lorna Sofía Cartagena Lagrava, la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA en su condición de DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, otorga Poder Especial y suficiente a los suscritos abogados, a objeto de apersonamos ante las autoridades competentes en representación de la entidad víctima, peticionando se abone a nuestro favor la correspondiente personería y se nos haga conocer ulteriores resoluciones.- De acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado en sus arts. 128 y 129 en relación al Art. 52 núm. 1) del Código Procesal Constitucional (Ley 254) establece que la acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, por cualquier acción u omisión ilegales o indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y la Ley”.- En cuya normativa amparamos nuestra Legitimación Activa para la interposición de la presente acción de amparo constitucional. I. ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA ACCIÓN DE AMPARO.- a) DE LA DENUNCIA. En fecha 18 de diciembre de 2017 el entonces Director General Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, Lic. Braulio Yucra Duarte, Abog. Jorge J. Barahona Rojas Jefe de Departamento Jurídico y Lic. Mayda Plaza Illanes Profesional Jurídico I del Fondo de Desarrollo Indígena, formalizan denuncia ante el Ministerio Público de Tarija, por presuntas irregularidades y hechos de corrupción suscitado dentro del Proyecto “Apoyo a la Producción y Comercialización de Artesanías del Pueblo Weenhayek”, ejecutada mediante la suscripción del Convenio de Financiamiento No. 047/2012 de fecha 10 de abril de 2012, suscrito por la Sra. Elvira Paula Parra de Chuquimia en calidad de Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC y los Señores Moisés Sapiranda Sapiranda como Representante Legal, Juan Rivero Sánchez como Responsable de la Comisión de Administración, Nicolás Sapiranda Castillo como Responsable de Comisión de Ejecución, producto de la Resolución Ministerial Nº 171 de fecha 21 de marzo de 2012, dicho convenio dentro la cláusula CUARTA, establecía los términos y condiciones para la transferencia y el uso de los recursos financieros no reembolsables, para financiar la implementación del proyecto “Apoyo a la Producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”, por un monto de Bs. 847.895,00. De conformidad con el plan de desembolsos especificado en la cláusula SEXTA del convenio, establecía que el proyecto tenía una vigencia de 18 meses de ejecución, plazo computable a partir del primer desembolso; la cláusula SÉPTIMA del convenio (de las obligaciones del beneficiario), establecía que el beneficiario tenía que elevar informe técnico al FDPPIOYCC y a la Organización Miembro del FDPPIOYCC, sobre el avance físico de la ejecución del proyecto con documentación respaldatoria y verificación en el sitio para los desembolsos posteriores; asimismo en el marco del reglamento de transferencias, se tenía que cumplir con la contraparte de acuerdo al convenio suscrito, mismo que tenía que ser verificado con los informes técnicos, a cuyo efecto, el beneficiario tenía que registrar un libro donde debía constar todos los gastos realizados en la ejecución del proyecto, conservando en un archivo todas las facturas, recibos y comprobantes como prueba de los gastos realizados en fotocopias simples refrendados por las autoridades y entregados al FDPPIOYCC en un plazo de 30 días a partir de la conclusión del proyecto, asimismo se tenía que realizar los descargos correspondientes de las transferencias y contraparte ejecutadas, en las diferentes fases del proyecto, con copia firmada por la organización matriz a la que estaba afiliada.- Producto de la suscripción del Convenio de Financiamiento, se ha transferido como primer desembolso, la suma de Bs. 363.325,00 a la cuenta bancaria No. 10000010429476 del representante legal Moisés Sapiranda Sapiranda; de estos recursos descritos y durante el proceso de intervención y liquidación, los beneficiarios a la cabeza de los representantes del proyecto no presentaron sus descargos en los plazos establecidos tal y como se había pactado en el convenio.- Por lo que a raíz de esta noticia criminis, se ha aperturado el ius puniendi estatal, con el apersonamiento al proceso, por el entonces Director General Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Lic. Braulio Yucra Duarte, Abog. Jorge J. Barahona Rojas Jefe de Departamento Jurídico y Lic. Mayda Plaza Illanes Profesional Jurídico I del Fondo de Desarrollo Indígena, interponiendo denuncia en fecha 18 de diciembre de 2017, en contra de los denunciados Moisés Sapiranda Representante legal, Juan Rivero Sánchez Responsable de la Comisión de Administración y Nicolás Sapiranda Responsable de la Comisión de Ejecución del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Contratos previsto y sancionado por el Art. 222 del Código Penal.- Al respecto, el informe emitido de fecha 21 de agosto de 2015, por el Ing. Jhersson Dioned Quiroga Bustos, Técnico Revisor de Descargos del FDPPIOYCC-INTERVENCIÓN, con relación al Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek con código de identificación No. CIDO-01-06-10029 y numero de Convenio de Financiamiento No 047/2012, que beneficiaba a la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia a 72 familias al inicio del proyecto, posteriormente en la fase de ejecución del proyecto sólo quedaron beneficiando a 48 familias; con relación al monto total del Proyecto que comprendía de 999.695,00 Bs según el convenio, el aporte propio de los beneficiarios correspondía a151.800,00 Bs., y el monto a financiar por el FDPPIOYCC correspondía a 847.895,00 Bs., de los cuales se ha transferido la suma de 363.325,00 Bs., en fecha 19 de septiembre de 2012 conforme Nro. Comprobante C-31.- Con relación al estado de los descargos revisados en el periodo de intervención, los beneficiarios respecto a los descargos declarados presentaron la suma de 348.234,65 Bs. Que fue rechazo por el ex FDPPIOYCC, por causales de ilegalidad, consecuentemente por revisión excepcional se procedió a la evaluación y aprobación de la presentación de descargos de 347.323,69 Bs., de los cuales se declara no elegible la suma de 347.323,69, es decir la totalidad del descargo fue declarado no aceptable.- En conclusión aclara que en vigencia de la Intervención, se había revisado el descargo presentado por los representantes del proyecto, correspondiente a la transferencia realizada por el FDPPIOYCC, que no fueron descargados oportunamente, producto de la revisión y análisis, en aplicación de los preceptos contenidos en el reglamento de recepción y revisión extraordinaria de descargos, de recursos desembolsados a los proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarias y Comunidades Campesinas, que fue determinado el RECHAZO POR ILEGALIDAD de los descargos presentados en plazo de la Intervención; en consecuencia advirtiendo la existencia de documentación con indicios, que hacen presumir su ilegalidad y que, en aplicación a lo dispuesto por el Art. 39 del reglamento de recepción y revisión extraordinaria de descargos de recursos desembolsados, a beneficiarios del proyecto del FDPPIOYCC, se había determinado el Rechazo del descargo y remisión a la Dirección de Proyectos para que, en aplicación del procedimiento de cierre correspondiente, se recomiende el inicio de acciones legales.- Irregularidades contenidas en el Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2015, emitido por Ing. F. Jorge Aviza Técnico de Verificación de Campo, que en sus conclusiones y recomendaciones señalaba, debido al programa de visitas in situ a la comunidad de Capirendita, no se pudo concretizar conforme se planificó (…), sin embargo habiendo tomado la decisión de acudir a las comunidades de Florida II, El Cruce y Capirendita, con las declaraciones informativas de los beneficiarios se había constatado la existencia del avance de la obra hasta el nivel de sobre cimiento y la compra de ladrillos, sin embargo con relación a la ejecución de la obra se encontraba paralizada por falta del segundo desembolso.-Habiéndose demostrando desde la presentación de la denuncia, indicios de responsabilidad penal en relación a los encausados, Moisés Sapiranda Representante Legal, Juan Rivero Sánchez Responsable de la Comisión de Ejecución, al no haber cumplido con las responsabilidades del convenio establecidos en la cláusula séptima punto 7.1. y entre otros, especialmente, la no presentación de descargos sobre el uso y destino de los recursos recibidos, como parte del primer desembolso sin ninguna justificación, y al no haber cumplido con el plazo de ejecución del proyecto, el mismo se encontraba con plazo vencido, sin que se hubiere cerrado el proyecto, la conducta de los encausados se enmarcó, dentro del tipo penal de Incumplimiento de Contratos (Art. 222 C.P.), tal descripción jurídica como señala:.-* El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior; en el presente caso, los Señores Moisés Sapiranda Representante Legal, Juan Rivero Sánchez Responsable Comisión de Administración, Nicolás Sapiranda Responsable Comisión de Ejecución y el FDPPIOYCC (Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas), suscribieron el Convenio de Financiamiento No. 047/2012 en fecha 11 de abril de 2012, para la ejecución del Proyecto descrito supra.- *No los cumpliere sin justa causa; los representantes de los beneficiarios han incumplido sin ninguna justificación sus obligaciones establecidos en el Convenio de Financiamiento, los cuales fueron corroboradas mediante informe generado por la Unidad de Intervención, y que de la revisión de los descargos calificaron los mismos bajo una presunción de ilegalidad y fueron rechazados, tras ello no fueron subsanados.- No se debe olvidar que esta norma es remisiva a la última parte del Art. 222 del Código Penal, que refiere que en el contrato celebrado con el Estado o sus instituciones, la acción típica se atribuye al INCUMPLIMIENTO, por lo que es un delito de omisión, puesto que el no respetar los acuerdos suscritos con el estado implica un perjuicio económico y social para los administrados; este fue el fundamento de la sanción y la punibilidad de esta conducta, pero aún en el presente caso que en definitiva denota alta temeridad por incumplir el contrato, es así que en el presente, el obligado que son los representantes del Proyecto se han aprovechado del Estado económicamente, con lo que se acredita el reproche social y responsabilidad penal, de acuerdo a lo expuesto y existiendo elementos de convicción suficientes para acreditar la comisión de los hechos y la responsabilidad penal de los sindicados, lamentamos que los mismos no hayan sido valorados al haber emitido la resolución de rechazo.-a) DE LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO (DECRETO FISCAL DE RECHAZO DE ACTUACIÓN POLICIAL) DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR EL FISCAL DE MATERIA Abg. ANDRÉS SORRUCO CH.- Que, analizados los antecedentes y en delimitación precisa del hecho controvertido, el fiscal, al haber emitido la directriz correspondiente a efectos de buscar el descubrimiento material de los hechos, concluye que se tiene la existencia de elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación, sin embargo de manera contradictoria más adelante refiere que los elementos son insuficientes para emitir la respectiva Imputación Formal y conforme se había obtenido de los diferentes elementos recolectados en el transcurso de la investigación, evidencia que son endebles por demostrar la culpabilidad de los encausados, considerando que existen mayores elementos que hacen presumir duda razonable, sobre el hecho ilícito que incrimina en la oportunidad; bajo ese criterio hace un análisis respecto a la diferencia que existe entre un CONTRATO y CONVENIO:.- * Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes que señala; habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. En el Derecho Romano clásico, a su vez, el contrato se refiere a la concreta situación de estar ligadas a las partes por un vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones. No se refiere al acto jurídico mediante el cual las partes contraen dichos derechos, sino a lo contratado (contractus, lo contraído), la relación jurídica que ha quedado indisolublemente constituida mediante la convención generada.- * Concepto Legal de contrato; La mayoría de los Códigos civiles contienen una definición de “Contrato”, muchos de ellos siguen los lineamientos del Código Civil Francés, cuyo artículo 1101 expresa que “El contrato es la convención por la cual una o más personas se obligan, con otra u otras, a dar, o no hacer alguna cosa”. El código civil alemán prescribe que “para la formación de un negocio obligacional por actos jurídicos, como para toda modificación del contenido de un negocio obligacional se exige un contrato celebrado entre las partes, salvo que la ley disponga de otro modo”. El Código Civil soviético solo expresaba que “Son actos jurídicos, esto es, los actos que tienden a establecer, modificar o extinguir relaciones de Derecho Civil unilaterales o bilaterales (contratos)”.- * Concepto de Convenio; Es un acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la Ley. Así de forma voluntaria se tiene que es un acuerdo entre las partes respecto a un tema en un caso concreto que no requiere legalidad, es decir no crea ningún tipo de compromisos u obligación legal.- Los Convenios no están determinados por ninguna ley, lo que quiere decir que las condiciones y contexto de este acuerdo es establecido enteramente por las partes que participan en él; Igualmente señala que el cumplimiento del convenio dependerá directamente de la disposición de las personas involucradas y finalmente señala que los convenios se pueden dar en todo tipo de ámbitos porque no requiere del cumplimiento de condiciones específicas para llevarse a cabo, por eso cualquier acuerdo que no esté sujeto a la ley puede ser considerados un convenio.- En ese entendido el fiscal de materia, manifiesta que los elementos de convicción acumulados hasta la fecha no son suficientes a efectos de emitir resolución fiscal de Imputación Formal, máxime cuando se debe considerar la naturaleza del presunto hecho controvertido, y disgregando los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el Art. 222 del Código Penal, refiere que los incriminados no pudieron subsumir su conducta al multicitado tipo penal; manifestando en ese orden legal y lo señalado anteriormente que los elementos que se tiene son débiles para fundar una Imputación Formal y sostener una acusación, en contra de los sindicados, por cuanto el Art. 116 de la C.P.E. garantiza la presunción de inocencia durante el proceso y en caso de duda sobre la norma aplicable regirá lo más favorable al imputado procesado, y en el presente caso los elementos de prueba no incriminan suficientemente al sujeto activo, consecuentemente dispone el Rechazo de las actuaciones policiales promovido contra los ciudadanos MOISÉS SAPIRANDA SAPIRANDA, JUAN RIVERO SÁNCHEZ Y NICOLÁS SAPIRANDA CASTILLO por el delito tipificado en el Art. 222 del Código Penal, al evidenciarse que los elementos de prueba son insuficientes a efectos de emitir Imputación Formal y posterior acusación de conformidad al Art. 301 inc. 3) y con relación al Art. 304 inc. 3) ambos de la Ley 1970.- c) DE LA OBJECION A LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO FISCAL (DECRETO FISCAL DE RECHAZO DE ACTUACIÓN POLICIAL) DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Dicha resolución se basa en el inciso 3) del Art. 301 y núm. 3) del Art. 304 del Código de Procedimiento Penal, por ello se ha objetado en sentido de que debe considerarse que el RECHAZO no puede ocurrir en el primer momento o en las primeras actuaciones ya que para emitir la imputación formal no se requería elementos suficientes como para fundar la acusación, sino simplemente indicios para formular la imputación; de darse aquello como se dio en este caso, se atenta contra la seguridad jurídica y la garantía del Debido Proceso en su vertiente de fundamentación, violentando el derecho a la tutela judicial efectiva de la VICTIMA que en este caso es el Estado.- Otro fundamento de la objeción, fue que si bien los fiscales tienen una potestad discrecional en la emisión de sus resoluciones, esa DISCRECIONALIDAD según el paradigma de orden constitucional, pues es correcto afirmar que el orden PUBLICO, debe ser ejercido dentro de un marco estrictamente de principios y normas en vigencia, lo que significa que no existe funcionario o actividad pública que actué con plena libertad en el ejercicio de sus funciones, sino que las mismas deben estar en apego a las reglas y normas, por lo que se deduce que la potestad discrecional con la que actúan los fiscales es porque dentro del margen de la objetividad se les brinda un margen de libertad para que la autoridad, habiendo valorado de manera “ligeramente subjetiva” una situación decidida, cómo hacer el ejercicio de sus potestades en un caso concreto; es decir que dicha libertad no exceda los límites de la ley, sino que responda a los principios que esta haya establecido.- No debe confundirse el concepto de discrecionalidad con el de arbitrariedad dado que se trata de dos categorías opuestas: la primera representa pues un cierto grado de libertad dentro de una serie de posibilidades establecidas por Ley haciendo uso de un criterio responsable e informado y lo otro responde y se asocia a caprichos propios e infundados que van en contra de los principios constitucionales.- d) DE LA RESOLUCIÓN JERÁRQUICA Nº RJ/RS/AFAB/244-2019, QUE RATIFICA LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO EN FAVOR DE MOISES SAPIRANDA, JUAN RIVERO SÁNCHEZ Y NICOLÁS SAPIRANDA, DISPONIENDO EL ARCHIVO DE OBRADOS, BAJO LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS:.- * Que, el Art. 222 del Código Penal vigente a momento de los hechos, señala: (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS), el que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin juta causa, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años.- Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años.- * Que, de acuerdo con la denuncia interpuesta, se atribuye a los sindicados Moisés Sapiranda Representante Legal, Juan Rivero Sánchez responsable de la Comisión de Administración y Nicolás Sapiranda Responsable de la Comisión de ejecución, dentro del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek” el Incumplimiento de Contrato, al haber suscrito el convenio, que estaba orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o el interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. * El Fiscal, resalta que cualquier acuerdo que el Estado suscriba con relación a la prestación de servicios o construcción de obras, debía sujetarse a la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, haciendo referencia algunos conceptos sobre los alcances y efectos de los contratos administrativos, al decir que los contratos administrativos son aquellos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras o la gestión de servicios públicos del Estado o la prestación de suministros al mismo, así como los del contenido patrimonial que tengan carácter administrativo por su directa vinculación a un servicio público o por revestir características intrínsecas que hagan precisar una especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato. *Cita el Art. 47 de la Ley Nº 1178 que en su parte final señala “son contratos administrativos aquellos que se refieren contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza…”. Destacando como elementos generales de todo Contrato Administrativo, la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la administración como una de las partes, generación de obligaciones entre el contratista y la administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público.- * Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, lo cual se manifiesta en las condiciones del contrato; las formas solemnes en el procedimiento de contratación; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, manifestación expresa de su papel protector de los intereses públicos.- * Que los contratos administrativos están sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, que está orientado a la satisfacción del interés público, sin que ello suponga sacrificio de los principios de justicia y equidad que todo Estado debe propender.- * Recuerda la definición dada por el autor Alfonso Nava Negrete en sentido de que el contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público, diremos que los actos emanados del órgano administrativo en cuanto a la ejecución, modificación o extinción de los contratos administrativos, constituyen actos administrativos propiamente dichos y por ello sujetos al derecho administrativo y que solo excepcionalmente pueden estar en parte regidos, en su objeto y nada más, por el derecho privado, “por lo que la predominancia neta del derecho público obliga a calificarlos siempre como actos de derecho público, esto es, actos administrativos” (Agustín A. Gordillo en la obra Contratos Administrativos).- * En los hechos, se observa que entre las partes en conflicto ha mediado un acuerdo de voluntades para un fin común: el CONVENIO N° 047/2012, no existiendo prestaciones reciprocas, pues incluso el FDPPIOYCC debía erogar una suma de dinero como responsable de financiamiento del proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”.- * En apego al principio de legalidad, refiere que es necesario precisar los alcances y la naturaleza jurídica del Convenio N° 047/2012 de abril de 2012, cuyo incumplimiento se denuncia pretendiendo la subsunción de la conducta omisiva de los sindicados en el tipo penal contenido en el Art. 222 del Código Penal, que exige la existencia previa de un contrato celebrado con el Estado o una de sus entidades.- * Hace una diferenciación, conforme señala José Vicente Blanco entre ambas figuras que se resumen en las siguientes:.- 1. En el contrato existe una contraposición de intereses mientras que en el convenio encontramos objetivos comunes.- 2. En el contrato existen prestaciones recíprocas pues cada una de las partes asume una obligación a favor de la otra que para una será la prestación de un servicio, la transferencia de un bien, etc., y para la otra será el pago de una remuneración, lo que además implica que existe un precio como elemento esencial del contrato; en el convenio no existen prestaciones recíprocas pues ninguna de las partes le brinda un servicio a la otra, ya que lo que existe en el fondo es la distribución de actividades entre las partes interesadas con el fin de desarrollar un objetivo común, pudiendo incluso existir aportes en dinero de una parte y aportes de trabajo por la otra parte.- 1. En el contrato estatal, el Estado garantiza las utilidades al contratista; en el convenio no existe ese tipo de garantía estatal, puesto que ninguna de las partes está recibiendo una remuneración por la labor desarrollada.- 2. Es de la esencia del contrato estatal la equivalencia entre las prestaciones recíprocas, tanto que se establece como principio general de interpretación del contrato que se tengan en cuenta “la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.- En los convenios no se presenta este carácter conmutativo ni se exige que exista equivalencia entre las obligaciones asumidas por las partes pues, se insiste, no existen prestaciones recíprocas.- 1. En el contrato estatal se aplica la institución de la conservación del equilibrio contractual que obliga a la entidad estatal a restablecerla, en caso de que se rompa por razones no imputables al contratista, generándose en consecuencia la posibilidad de pagar indemnizaciones o compensaciones a favor del contratista por la ruptura del equilibrio económico del contrato por causas no imputables a éste. En el convenio no existe esa posibilidad puesto que ninguna de las partes le presta un servicio a la otra ni mucho menos existe una remuneración por el servicio prestado, lo que excluye la posibilidad de la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato.- * Por otra parte, refiere que atendiendo la naturaleza del contrato como elemento normativo del tipo objetivo previsto en el Art. 222 del Código Penal, resulta ilustrativo citar al Auto Supremo N° 281/2012 de 21 de agosto de 2012, que señala: “…Podemos decir que Contrato Administrativo es aquel en el que una de las partes es un órgano del Estado que actúa en ejercicio de la función administrativa, que se celebra con un fin inmediato y directo de carácter público, donde concurren ambas voluntades libremente, para la ejecución de un fin de esas características, lo que conduce a la institución de un régimen jurídico específico.- En otras palabras hablamos de contratos administrativos cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración público, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial.- Son contratos administrativos, aquellos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras o la gestión de servicios públicos del Estado o la prestación de servicios al mismo, así como los de contenido patrimonial que tengan carácter administrativo por su directa vinculación a un servicio público o por revestir características intrínsecas que hagan precisar una especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato.- * Por consiguiente, siendo evidente que no se ha suscrito ningún Contrato Administrativo que permita la configuración del ilícito previsto en el Art. 222 del C.P., no corresponde atribuir responsabilidad penal a los sindicados.- * Por otro lado, del análisis de los elementos de convicción cursantes en los antecedentes se tiene en principio que el objeto del convenio se circunscribe a establecer los términos y condiciones para la transferencia y el uso de los recursos financieros no reembolsables con el fin de financiar la implementación del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”.- * De otro lado, si bien se establecen obligaciones del beneficiario, de acuerdo con la cláusula DÉCIMA numeral 10.2. Inciso a) del Convenio N° 047/2012, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, el FDPPIOYCC podía rescindir el Convenio, extremo que resulta de su absoluta responsabilidad.- * De lo expresado, no resulta evidente lo señalado en la objeción al rechazo, pues los elementos de convicción a la luz del razonamiento jurídico esbozado no permiten sostener la atribución delictiva inicial, siendo por demás evidente que no se ha suscrito un contrato, como elemento esencial del tipo objetivo del delito previsto en el Art. 222 del C.P., consecuentemente ratifica la resolución de rechazo pronunciada en la causa en favor de Moisés Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados.- e) EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019, EL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA EN CALIDAD DE VÍCTIMA, EN MÉRITO DEL ART. 27 NÚM 9) DEL C.P.P., SOLICITA LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN BAJO LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS;.- * La fundamentación de la reapertura fue realizada conforme a los alcances de los Informes emitidos por la Contraloría General del Estado y las Sentencias Condenatorias que fueron emitidas bajo las mismas circunstancias de los hechos denunciados:.- * Informe Circunstanciado de hechos No. EX/EP12/M14-F2, emitido por la Contraloría General del Estado en fecha 17 de diciembre de 2014 por el Lic. Virginia Gonzales Nina GERENTE DE AUDITORIA, Lic. Jaime P. Gutiérrez Guzmán GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA y Lic. Olga E. Suárez Jiménez SUBCONTRALORA DE AUDITORIA EXTERNA.- * Informe CGE/SCSL/L010/D14 respecto a la “Opinión Legal al Informe Circunstanciado de hechos No. EX/EP12/M14-F2, sobre la aprobación de proyectos y suscripción de convenios de financiamiento, desembolsos, y seguimiento a la ejecución de proyectos y otros temas relacionados con la administración de proyectos financiados con recursos del FDPPIOYCC.- * Sentencia Condenatoria No. 09/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, dictado por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de la Capital; Sentencia Condenatoria No. 13/2019 de fecha 08 de marzo de 2019 dictado por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de la Capital.- Bajo estos nuevos elementos, que constituyen una nueva base fáctica, se ha solicitado revocar y demostrar que el Ministerio Público estaba equivocado en su razonamiento lógico jurídico, de que los convenios no estaban tipificados como delitos y menos se podía subsumir como elemento normativo del tipo objetivo del delito tipificado en el Art. 222 del C.P. por el principio de taxatividad derivado del principio de legalidad de la norma.- * Los elementos que se adjuntan para la reapertura son: Informe circunstanciado N° EX/EP12/M14-F2, emitido por la Sub contraloría de Auditoría Externa que establece un análisis sobre la conducta de los representantes de varios proyectos de similares características con el proyecto; “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”, cuyos representantes son Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda Castillo, dicho informe circunstanciado concluye por la existencia de los delitos previstos en los artículos 154, 221 y 222 (Incumplimiento de contrato) y Art. 224 (Conducta Antieconómica) todos del Código Penal.- * Por último se ha hecho referencia a la diferencia de CONVENIO Y CONTRATO, fundamentando que el tipo penal de Incumplimiento de Contratos, tipificado en el Art. 222 del Código Penal que señala: “ El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior (Art. 222) no cumpliere con justa causa…” Incumplimiento que debe entenderse como inejecución de obligaciones o contratos, en este caso de los contratos celebrados con el Estado o con entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas. Hay delito por el sólo hecho del incumplimiento, aunque este no causare ningún daño o lesión a los intereses estatales. El delito se perfecciona desde el momento del incumplimiento. La razón de esta excepción radica en la importancia del bien jurídico protegido que es la “Economía Nacional”. Que además de ello el Profesor Ciro Añez Núñez en su libro LOS DELITOS DE CORRUPCIÒN define al delito de Incumplimiento de Contratos como: “el incumplimiento de los contratos no constituye delito; sin embargo, este tipo penal es la excepción, debido a la importancia del bien jurídico protegido, que es la economía nacional. En ese sentido, para que exista una afectación a la economía nacional, debe necesariamente tratarse de incumplimiento, sin justa causa…” bajo esos argumentos descritos se ha solicita la reapertura de la investigación en mérito al Art. 27 núm. 9) del Código Penal.- f) RESOLUCIÓN FISCAL DE RECHAZO DE REAPERTURA DE LA DENUNCIA EMITIDA EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019 POR EL FISCAL DE MATERIA ABG. LUZGARDE ALCÁNTARA ABDAR; bajos los siguientes argumentos.- Considerando la solicitud de reapertura de la investigación de la denuncia y la documentación adjunta, la resolución fiscal de rechazo de reapertura de la investigación establece los siguientes puntos:.- *De la petición formulada de forma genérica, con los fundamentos de orden fáctico, jurídico, y probatorio de la resolución de rechazo de fecha 01 de noviembre de 2018, la denuncia pretende demostrar los hechos controvertidos en la suscripción del convenio de fecha 10 de abril de 2012 durante el proceso de intervención y liquidación, toda vez que los beneficiarios a la cabeza de los representantes del proyecto no efectivizaron ningún descargo como lo establecía el convenio, específicamente en la cláusula séptima, que por el informe cite: INF/UAT/LIG/2016-0305-1/2016-02748 de 10 de agosto de 2016, emitido por el Ing. Freddy Vargas Chocala Jefe de Unidad de Apoyo técnico, de los proyectos que hasta esa fecha no presentaron informes de subsunción de descargos y de cumplimiento de objetivos, mediante memorándum de instrucción cite MEN/DEJ/LIQ/2016-0211-1/2016-027748 de fecha 12/08/2016 la directora ejecutiva de ese entonces, instruye a la jefa de unidad jurídica se formalice las denuncias ante el Ministerio Publico de los 18 proyectos descritos en el informe técnico INF/UAT/LIQ/2016-0305 de 10 de agosto de 2016.- * De los antecedentes, mediante la solicitud de reapertura como prueba adjunto se tiene el informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 técnico de fecha 30 de junio de 2017, como nuevo elemento de convicción, empero advierte que la documentación corresponde a los antecedentes de Elvira Paula Parra de Chuquimia, Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero que incumplieron los convenios de financiamiento de otros proyectos, respecto al análisis de la naturaleza del convenio N° 047/2012, indica que no tiene los mismos alcances que un contrato o contrato administrativo bajo el fundamento que en ninguna parte del convenio establece la prestación de un servicio ni el precio como pago, como lo son otros tipos de contratos o contratos administrativos, más aun cuando en la cláusula DECIMA num.10.2 de referencia ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, el FDPPIOYCC podía rescindir el convenio siendo de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte sobre las Sentencias Condenatorias N° 08//2017, N° 13/2019 y antecedentes de procedimientos abreviados hacen mención que los mismos no se consideraría como nuevos elementos de convicción para la reapertura de la investigación.- Bajo el criterio del Art. 27 núm. 9) del Código de Procedimiento Penal pese que se cumplieron con los requisitos de la reapertura de la investigación, el Fiscal de Materia dispone emitir el RECHAZO DE REAPERTURA DEL CASO dentro del referido proceso penal, como consecuencia jurídica de ello correspondiendo el archivo de obrados con los alcances definidos por el Art. 304 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal. Señalando que en aplicación del Art. 305 del C.P.P. las partes tienen el término de 5 días desde su legal notificación para poder objetar.- g) EL FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA Msc. ALMORE F. ALVARES BARBA EMITE RESOLUCIÓN No. RJ/RS/AFAB/1202-2019, DE 30 DE OCTUBRE DE 2019, QUE CONFIRMA EL RECHAZO DE REAPERTURA DE INVESTIGACIÓN, bajo los siguientes fundamentos:.- *El impetrante había presentado como prueba adjunta al memorial, el informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 técnico de fecha 30 de junio de 2017, que a criterio de los mismos fueron nuevos elementos de convicción, no obstante advierte que se trata de documentación con referencia a Elvira Paula Parra de Chuquimia, Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero con relación a incumplimiento de los convenios de financiamiento, no obstante respecto a la naturaleza y los efectos jurídicos del convenio y contrato, para definir recurre al diccionario de la Real Academia de la lengua Española y Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del autor Manuel Ossorio, haciendo observación al convenio No. 047/2012, indicando que no tiene los mismos alcances que un contrato o contrato administrativo estableciendo que en ninguna parte del convenio constituye la prestación de un servicio ni un precio como pago, como lo son otros tipos de contratos o contratos administrativos, más aun cuando en la cláusula DECIMA núm. 10.2 refiere claramente que ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, el FDPPIOYCC podía rescindir el convenio, siendo de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte hace mención a sentencias condenatorias N° 08/2017, N° 13/2019 y memorial de proceso abreviado, compulsado con el memorial de solicitud de reapertura de causa de fecha 29 de agosto de 2019, se tiene que dichos documentos corresponden a otros procesos que no tienen nada que ver con el caso, en sí ya que no son en diferentes tiempos y otros sujetos procesales y por último hace mención al informe de consolidación de descargos de fecha 21/08/2015 y Resolución Ministerial N° 171 de fecha 21/03/2012, que no han sido presentados en físico haciendo que el suscrito no lo tenga presente para tomar en cuenta como nuevo elemento, llegando a concluir en consecuencia que la prueba presentada no constituyen nuevos elementos que permitan al fiscal razonablemente hacer variar las circunstancias y fundamentos que dieron lugar en primera instancia, para disponer el rechazo.- Por otra parte, hace mención a los agravios formulados en la objeción:.-1. No se ha hecho mención al motivo por el que se ha rechazado la denuncia, siendo que las resoluciones emitidas incluida la Resolución Jerárquica hacen una mala apreciación sobre la palabra Convenio y Contrato, cuando se ha demostrado que significa lo mismo.- 2. Respecto a la valoración del Informe emitido por la Contraloría, fueron adjuntos para sustentar y demostrar que el convenio es igual a contrato, siendo los efectos jurídicos similares.-3. En el memorial de solicitud de reapertura de la investigación se han adjuntado diferentes resoluciones y sentencias condenatorias en hechos similares de investigación.- 4. De los nuevos elementos indiciarios que fundamentan la solicitud de reapertura de la investigación, del cuaderno de investigación se evidencian los siguientes indicios:.- * Informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 técnico de fecha 30 de junio de 2017.-* Opinión Legal al Informe circunstanciado.- * Sentencias Condenatorias N° 08/2019, N° 13/2019 y el memorial de procedimiento abreviado.- De la valoración de los nuevos elementos de convicción en los que se sostiene la solicitud de reapertura de investigación,.- consistentes en el Informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 técnico de fecha 30 de junio de 2017, Opinión Legal al Informe circunstanciado, Sentencias condenatorias N° 08/2017, N° 13/2019 y memorial de solicitud de proceso abreviado, se observó que la documentación adjunta no fueron referidos al hecho y objeto de la presente investigación, tratándose en suma de otros procesos seguidos en contra de terceras personas por los mismos delitos en análisis con calidad de cosa juzgada, sin embargo mismos documentos no fueron válidos para sustentar la reapertura de la investigación, en consecuencia disponiendo sujetarse al Principio de Legalidad en su vertiente de Taxatividad de la Ley penal sustantiva, advirtiéndose que el Art. 222 del C.P. no consigna como delito el convenio, disponiendo la ratificación de la Resolución de rechazo de reapertura de investigación pronunciada en la causa.- I. DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO. – Ahora bien, dicho ello a efectos de ilustrar de la mejor manera la presente acción nos permitimos desglosar los fundamentos que han motivado la presentación de la SOLICITUD DE REAPERTURA DEL PROCESO PENAL, bajo el criterio legal emitido por la Contraloría General del Estado, Sentencias Condenatorias emitidas de otros procesos y procedimientos abreviados que fueron emitidos en razón al Incumplimiento de contrato previsto y sancionado por el Art. 222 del C.P. (acápite II.V.) a objeto de clarificar y dinamizar más adelante la vulneración y supresión a Derechos Fundamentales:.- El Sr. FISCAL DEPARTAMENTAL OMITE REALIZAR NUEVAMENTE UNA CORRECTA E ÍNTEGRA VALORACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN UTILIZANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD DE LA LEY PENAL SUSTANTIVA, EN SENTIDO DE QUE EL ART. 222 DEL C.P., NO CONSIGNA COMO ELEMENTO OBJETIVO – NORMATIVO EL TÉRMINO CONVENIO. Bajo esta lógica con anterioridad ya se había emitido Resoluciones de Rechazo:.- * Resolución de Rechazo de actuación Policial de fecha 01 de noviembre de 2018, a favor de los encausados Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda Castillo, que fue emitido bajo el fundamento de que los convenios no están determinados por ninguna ley, es decir las condiciones y contexto de este tipo acuerdos estaba establecido enteramente por las partes que participaban en él y es más indica que los convenios se pueden dar en todo tipo de ámbitos, porque no requiere del cumplimiento de condiciones específicas, para llevarse a cabo, por eso cualquier acuerdo que no esté sujeto a la ley puede ser considerado un convenio, consecuentemente considerando la naturaleza del presunto hecho controvertido, y disgregando los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el Art. 222 del Código Penal, concluye que los incriminados no pudieron subsumir su conducta al multicitado tipo penal,.- * Habiéndose objetada dicha Resolución de Rechazo por el Fondo de Desarrollo Indígena., posteriormente ratificado por el Fiscal Departamental de Tarija, Mediante Resolución Jerárquica N° RJ/RS/AFAB/244-2019 de fecha 29 de marzo de 2019 bajo el fundamento de que la Ley N° 1178 prevé que la contratación de obras u otros deben ser suscritos mediante contratos administrativos y no así como se suscribió en el presente caso mediante convenio de financiamiento, precisamente al respeto hace un desglose del Art. 47 que en su parte final señala “son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios u otros de similar naturaleza..”. Luego hace una descripción de los alcances y conceptos de contratos administrativos, refiriendo que: “…son la existencia de una acuerdo de voluntades, la concurrencia de la administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la administración. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, lo cual se manifiesta en las condiciones del contrato; las formas solemnes en el procedimiento de contratación…”; de esa manera establece precisar que los contratos administrativos están sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, que está orientado a la satisfacción del interés público, sin que ello suponga sacrificar los principios de justicia y equidad que todo Estado debe propender. Asimismo recurre al autor Alfonso Nava Negrete en sentido de que el contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestión se rigen por procedimientos de derecho público, es decir que son actos emanados del órgano administrativo en cuanto a la ejecución, modificación o extinción de los contratos administrativos que constituyen actos administrativos propiamente dichos, sujetos al derecho administrativo y que solo excepcionalmente pueden estar en parte, regidos en su objeto por el derecho privado, por lo que la predominancia neta del derecho público obliga a calificarlos siempre como actos de derecho público, esto es, actos administrativos (Agustín A. Gordillo en la obra Contratos Administrativos).- * Con relación a la causa principal de la Resolución de Rechazo, el Fiscal Departamental observa que entre las partes en conflicto ha mediado un acuerdo de voluntades para un fin común CONVENIO Nº 047/2012, no existiendo prestaciones reciprocas, pues incluso el FDPPIOYCC debía erogar una suma de dinero como responsable del financiamiento del proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”, siendo este dinero no reembolsable; no se ha establecido la prestación de un servicio ni un precio como pago, menos aún se subsume a una modalidad de contrato administrativo prevista en la norma vigente, por consiguiente dice en la presente causa no se ha suscrito ningún contrato administrativo que permita la configuración del ilícito previsto en el Art. 222 del C.P., en tal sentido no correspondiendo atribuir responsabilidad penal a los sindicados, en consecuencia dispone la ratificación de la Resolución de Rechazo de actuación Policial de fecha 01 de noviembre de 2018.- Considerando que la Resolución Jerárquica emitido por el Fiscal Departamental de Tarija vulnera los derechos de la víctima; en mérito al Art. 27 núm. 9 del Código de Procedimiento Penal, se ha solicitado la reapertura de la investigación de la presente causa en fecha 26 de junio de 2019, sustentándose en el Informe Circunstanciado Nº EX/EP12/M14-F2 de fecha 17 de diciembre de 2014, emitido por la Contraloría General del Estado Lic. Virginia Gonzales Nina GERENTE DE AUDITORIA; Lic. Jaime P. Gutiérrez Guzmán GERENTE PRINCIPAL DE AUDITORÌA EXTERNA y Lic. Olga E. Suárez Jiménez SUBCONTRALORA DE AUDITORIA EXTERNA, donde se establecía, que en cumplimiento a lo establecido en los Convenios de Financiamiento suscritos por Elvira Paula Parra de Chuquimia y los representantes legales de los beneficiarios, se había realizado 153 transferencias por un monto de Bs. 71.087.750,89 de los (recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que posteriormente habiéndose detectadas supuestas irregularidades en la ejecución de los proyectos cuantificados, hace referencia a que el FDPPIOYCC a través de sus Directores Ejecutivos y personal asignado a la administración de los proyectos, que ejercieron funciones en el periodo comprendido entre la gestión 2010 hasta el 31 de octubre de 2014, no realizaron seguimiento permanente a la ejecución de los 153 proyectos, orientado a que se concluyan los mismos en el plazo definido en los Convenios de Financiamiento y que respectivamente alcancen los objetivos de los proyectos.- Asimismo a efectos de sustentar la reapertura de la investigación de la presente causa se ha hecho conocer, los alcances del informe legal con cite: CGE/CSL/L010/D14 de fecha 18 de diciembre de 2014, emitido por la Contraloría General del Estado Richard Marcos Ramos Galler SUPERVISOR y Katerine S. Quibarra Lara GERENTE DE SERVICIOS LEGALES, relativo a la naturaleza del convenio, acudió a varios autores para fundamentar, de entre ellos el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española definió que el: Convenio es, ajuste, convención, contrato…”; Contrato define como pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, del Autor Manuel Ossorio define al, Convenio como contrato, convención, pacto, Tratado. Contrato define como pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En una definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinado a reglar sus derechos. Capitant lo define, como acuerdo de voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones. Bajo esas aseveraciones manifiestas, en la presente causa el FDPPIOYCC y los beneficiarios suscribieron el convenio con conocimiento de causa, es decir con pleno conocimiento de las condiciones en las cuales fue establecido, manifestaron su voluntad expresada conforme se advierte en la Cláusula Décima Quinta del Convenio, que dispone “las partes intervienes en señal de conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, los suscribieron de un mismo tenor y para un mismo efecto; en razón a los criterios prescritos se advierte que el Convenio de Financiamiento Nº 047/2012 del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek” tiene las características de un Contrato Administrativo subsumibles al tipo penal previsto y sancionado por el Art. 222 del Código Penal, en razón de que el ejecutivo del FDPPIOYCC y los representantes del proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek”, no propiciaron la conclusión del proyecto y en su caso, no tomaron acción con el fin de precautelar el correcto uso y destino de los recursos públicos desembolsados.- NO OBSTANTE, DE ELLO ANTE LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE REAPERTURA DE INVESTIGACIÒN DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA QUE EL SR. FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA MSC. AIMORE F. ÁLVAREZ BARBA, NUEVAMENTE OMITE PRONUNCIARSE Y EFECTUAR UN ANÁLISIS O PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LOS ELEMENTOS DE PRUEBA CUESTIONADOS BAJO LA EXCUSA DE QUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD DE LA LEY PENAL SUSTANTIVA, QUE EL ART. 222 DEL C.P., NO CONSIGNA COMO ELEMENTO OBJETIVO – NORMATIVO EL TÉRMINO CONVENIO; En consecuencia encontrándonos prácticamente frente a una nueva resolución fiscal de rechazo que sustenta los mismos argumentos esgrimidos en anteriores oportunidades, realizó un razonamiento respecto a los documentos adjuntos que no merecieron valor alguno, RECAYENDO NUEVAMENTE LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE REAPERTURA DE INVESTIGACIÓN DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, en defecto y ausencia de motivación y valoración integral de los elementos probatorios. Pese que los nuevos elementos de convicción en los que se sostiene la solicitud de reapertura de investigación, consistente en el informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 de fecha 30 de junio de 2014, Opinión Legal al Informe Circunstanciado, Sentencias Condenatorias emitidas y memorial de solicitud de procesos abreviados, que pretendía demostrar objetivamente que los términos de convenio y contrato son similares a los efectos jurídicos consiguientes, sin embargo el fiscal sin entrar al análisis del fondo de los mismos, emite un criterio indicando que los documentos de convicción adjuntos, resulta que no son evidentes en la sostenibilidad objetiva, respecto a los términos de convenio y contrato, recomendando en su defecto sujetarse al Principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad de la Ley Penal sustantiva, advirtiéndose que el art. 222 del C.P., no consigna como elemento objetivo – normativo el término convenio.- III.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL “FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA” Y JUSTIFICACIÒN DE LA FIRMA DE CONVENIOS.- En el marco de la anterior Constitución Política del Estado del 2 de febrero de 1967 Art. 171, que establecía el reconocimiento, respeto y protección a los derechos sociales, económicas y culturales de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente relativos a las Tierras Comunitarias de Origen garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lengua, costumbres e instituciones; así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT aprobado mediante Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 en su Art. 2 recomendó al Estado boliviano, asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad, concordante con el Art. 57 de la Ley 3058 de 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos que determina que el Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas.- El Poder Ejecutivo suscribió un acuerdo en fecha 28 de septiembre de 2005 con las Organizaciones de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, reconociendo la asignación del 5% de la recaudación en efectivo del total del IDH (32%). Constituyendo parte de ese acuerdo la creación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, Originarios y Comunidades Campesinas.- Respecto a los fondos de inversión y sostenibilidad en el tiempo mediante el Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, que modifica el Art. 8 del Decreto Supremo Nº 28223 de 27 de junio de 2005, estableció en el inciso b) del numeral 2 de su Parágrafo I, “5%” del total de las recaudaciones del IDH, monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, el cual será asignado a un Fondo de Desarrollo de Pueblos y Originarios y Comunidades Campesinas de acuerdo a Decreto Supremo que reglamentará su creación y funcionamiento, concretado los instrumentos legales, en el marco de la Ley Nº 2446 de 19 de marzo de 2003 – Ley de Organización del Poder Ejecutivo, Los Ministerios de Hacienda, de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y, Responsables de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, por ser los entes competentes, fueron encomendados para coordinar la constitución del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, por ello mediante Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre de 2005, se crea con el denominativo “Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas – FDPPIOYCC” con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que benefician de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, estableciendo en su Art. 2 la Naturaleza Jurídica y tuición, constituyéndose como una Entidad de Derecho Público de carácter descentralizado, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio. Sobre la administración de los recursos se sujeta a lo estipulado en el mismo Decreto Supremo (Art. 11 de la Responsabilidad de los beneficiarios por incumplimiento en la ejecución de los recursos), señala que los beneficiarios que destinen los recursos recibidos del FDPPIOCC en fines distintos al propósito para el cual fueron requeridos, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la inhabilitación como sujetos beneficiarios del FDPPIOCC hasta la devolución de los recursos.- Respecto a la fiscalización de los recursos asignados al FDPPIOCC, el Art. 14 señala que están sujetos al control y fiscalización según lo dispuesto por la Ley Nº 1178, en proporción al cierre de la gestión fiscal, el Director Ejecutivo presentará al Directorio un informe sobre las operaciones realizadas por el FDPPIOCC, incluyendo estados financieros debidamente auditados.- Durante el tiempo que ha funcionado la Institución, fue cumpliendo las tareas encomendadas de financiar y ejecutar proyectos de las políticas respecto al desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Bolivia, en coordinación con las Organizaciones matrices que representaban a las diferentes Organizaciones Sociales, si bien no se ha escuchado ninguna observación sobre la administración de los recursos públicos destinados a esta Institución, durante los últimos años se ha generado políticas nuevas donde se ha dado la atribución a las Organizaciones Sociales.- Una vez suscitado y que fueron de conocimiento de la opinión pública los supuestos hechos irregulares en la administración del FDPPIOYCC, el Gobierno mediante Decreto Supremo N° 2274 de fecha 24 de febrero de 2015, dispone la intervención administrativa financiera, técnica operativa del FDPPIOYCC, para corroborar y asumir las acciones correspondientes a conocimiento de que los Directores y personal asignado a la administración, seguimiento, evaluación, monitoreo de los proyectos, que ejercieron funciones en las gestiones 2010, 2011, 2012 y 2013, no habrían realizado el seguimiento permanente a la ejecución de los proyectos y no proveyeron que los beneficiarios cumplan con la cláusula establecida en los Convenios, relativa a la obligación de presentar los informes respectivos, para el cierre respectivo de los proyectos identificados.-Posteriormente mediante Decreto Supremo N° 2493 de fecha 26 de agosto de 2015, se crea con nueva denominación el “Fondo de Desarrollo Indígena” como Institución Descentralizada, y se dispone la liquidación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas – FDPPIOYCC, mediante la creación la Unidad Especial de Liquidación por Decreto Supremo modificatorio N° 2679 de fecha 24 de febrero de 2016.- III.2 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.- Esta unidad en funcionamiento se ha hecho cargo del levantamiento estadístico de los proyectos que tenían irregularidades en su ejecución y cumplimiento a los convenios suscritos, de entre los cuales identificando el proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek” suscrito mediante Convenio N° 047/2012, que ha recibido su primer desembolsos e iniciado con la ejecución, sin embargo según los informes y seguimiento, no se ha llegado a concluirse, hecho que ha generado la intervención en mérito a que los representantes de los proyecto no regularizaron sus descargos sobre el avance físico y financiero, en consecuencia se ha dispuesto se eleve antecedentes ante el Ministerio Publico, para su investigación respectiva y una vez encontradas las responsabilidades penal y civil, disponer la forma de recuperación de los recursos públicos que no fueron utilizados en la ejecución del proyecto.- Tal cual fue la decisión de la Unidad Liquidadora del FDI, que gestionaron la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público de Villa Montes, para su investigación, sin embargo, fue en vano los esfuerzos de la Institución para la recuperación de los recursos, que fueron transferidos mediante el Convenio N° 047/2012, toda vez que con las actuaciones inmotivadas e incongruentes las autoridades del Ministerio Público de la ciudad de Villa Montes, utilizaron como fundamento la disyuntiva de definir si el contrato y el convenio son similares o existe diferencia en su naturaleza para efectos jurídicos y determinar si es subsumible o no al delito previsto en el Art. 222 del C.P.- En la etapa investigativa a efectos de corroborar los antecedentes del caso, el Ministerio Público de Villa Montes tenía elementos suficientes de los hechos denunciados y es más con las actuaciones del Investigador se ha logrado la declaración informativa de los denunciados, quienes extrañamente se acogieron al derecho al silencio, pese que recibieron los recursos del Estado; el Ministerio Público favoreciendo a los denunciados en las diferentes instancias nos negó el acceso a la justicia, para la recuperación de los recursos transferidos del estado, generando un daño económico al Estado.- III.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR FDPPIOYCC.- En cumplimiento al Art. 3 del Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre de 2005, abrogado mediante el Decreto Supremo Nº 2493 de 26 de agosto de 2015, que otorgaba atribuciones y obligaciones al FDPPIOYCC que señala: “es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Art. 57 de la Ley Nº 3058 - Ley de Hidrocarburos, para el desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas” en concordancia con el Art. 11 del presente Decreto Supremo que establecía que los beneficiarios que destinen los recursos recibidos del FDPPIOYCC en fines distintos al propósito para el cual fueron requeridos, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178; Dentro ese marco el ex FDPPIOYCC, asumió la administración y ejecución de los recursos destinados a la ejecución de los proyectos destinados al desarrollo de los Pueblos Indígenas, habiendo ejecutado durante la gestión 2010, 2011, 2012 y 2013, una infinidad de proyectos bajo la suscripción de Convenios de Financiamiento, sujeto al Reglamento de Transferencias Público Privadas para la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo, Social y Fortalecimiento a las Organizaciones del FDPPIOYCC, que en su Art. 8 establecía que los beneficiarios y el FDPPIOYCC a la conclusión de los trámites e iniciar el proceso de transferencia de recursos, económicos, deberán firmar el convenio entre partes, mismo que estará firmado por la Dirección Ejecutiva del FDPPIOYCC por una parte y por la otra en representación del proyecto a ser firmado por el Representante legal, el Representante de la comisión de Ejecución y el Representante de la comisión Administración; concordante con el Art. 11 del mismo reglamento, que señala: “El trámite de transferencia de los recursos económicos se realizará conjuntamente a la inscripción del proyecto, una vez se tenga la Resolución Administrativa de aprobación del proyecto por el Directorio del FDPPIOYC, mediante el siguiente procedimiento: 1). El FDPPIOYCC con la Resolución Administrativa de aprobación previa del proyecto, la resolución del Directorio de aprobación, solicitará al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT la emisión de la Resolución Ministerial expresa de autorización de transferencia de los recursos económicos; 2). El MDRyT mediante Resolución Ministerial autorizará la transferencia expresa de los recursos económicos; 3). El FDPPIOYCC con la Resolución Administrativa de la Dirección Ejecutiva, la resolución de aprobación del Directorio, la Resolución Ministerial, procederá a firmar con los beneficiarios el Convenio de transferencias y si corresponde también firmará convenio con los cofinanciadores del proyecto; 4). El FDPPIOYCC conforme al convenio emitirá Resolución Administrativa de modificación presupuestaria para la inscripción de la apertura programática del proyecto en el SIGMA.- Bajo la normativa desglosada el FDPPIOYCC cumplió los objetivos y fines por lo que ha sido creado, no obstante respecto a la inejecución o incumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio de financiamiento, las acciones a asumir según el Art. 17 del mismo reglamento “Del congelamiento de desembolsos y suspensión de proyecto, los beneficiarios y/o cualquier otra persona no impedida por Ley, tendrán la atribución de elevar a conocimiento de la Dirección Ejecutiva y posteriormente al Directorio del FDPPIOYCC las denuncias, pruebas u otra documentación que señalen claramente que existen actos de corrupción o en su defecto malos manejos de los recursos, asimismo deberán identificar a los actores de los hechos denunciados, en caso de que previo seguimiento e investigación por parte del FDPPIOYCC, se evidencien los actos denunciados. La Dirección Ejecutiva instruirá el congelamiento de los desembolsos y la suspensión del proyecto, debiendo informar obligatoriamente al Directorio sobre las causas de la decisión y si en su caso correspondiera las acciones necesarias ante las instancias pertinentes”.- Si bien el Ministerio Público en sus fundamentos del Rechazo a cuestionado la suscripción del convenio de financiamiento, señalando que no está tipificado como delito y por ende favoreciendo a los sindicados Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapirana Castillo en total indefensión a la Institución, causando daño económico al Estado; corresponde demostrar que el Ministerio Público ha lesionado derechos y garantas de la víctima al haber errado sobre la diferenciación que maneja respecto de los términos de Convenio y Contrato, causal empleado para emitir la Resolución de Rechazo de Reapertura de la denuncia.- En ese contexto recurriendo a los alcances del Código Civil para corroborar las similitudes que tiene el Convenio con el Contrato sobre la formación de los mismos claramente señala el Art. 450 “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. Asimismo es aplicable al convenio lo dispuesto por el Art. 451 que señala: “(Normas generales de los contratos, aplicación a otros actos). I. Las normas contenidas en este título son aplicables a todos los contratos, tengan o no denominación especial, sin perjuicio de las que se establezcan para algunos de ellos en particular y existan en otros códigos o leyes propias. Finalmente para que un convenio o contrato tenga similitud corresponde analizar los requisitos indispensables para la formación de los mismos a cuyo efecto nos permitimos a los alcances del Art. 452 del Código Civil que señala: “Son requisitos para la formación del contrato: 1). El consentimiento de las partes. 2). El objeto. 3). La causa. 4). La forma, siempre que sea legalmente exigible”. En concordancia con el Art. 453 del mismo compilado que señala: “El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos; tácito, si resulta presumible de ciertos hechos o actos”. Siguiendo ese razonamiento recurrimos al Autor Walter Kaune Arteaga en su libro “Teoría General de los Contratos” sobre la formación de los contratos, menciona que para el perfeccionamiento de un contrato considera imprescindibles los siguientes requisitos: 1. Consensuales, en estos contratos, la voluntad de las partes es suficiente para dar nacimiento al contrato. 2. Reales, para la formación de estos contratos, si bien el consentimiento es necesario, sin embargo no es suficiente, porque para su perfeccionamiento se requiere la tradición de la cosa y finalmente, 3. Solemnes, En los contratos solemnes, además de ser necesario el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, para su formación se debe cumplir con determinadas formalidades expresamente señaladas por Ley.- Bajo este razonamiento el FDPPIOYCC ha obrado en el marco de la legalidad sobre la ejecución de proyectos y su financiamiento mediante la suscripción de Convenios de financiamiento, que tienen el fondo la calidad de contrato por los efectos jurídicos generados, tomando en cuenta el bien jurídico comprometido son instrumentos legales que garantiza la seguridad y eficacia del cumplimiento de los objetivos creados para la Institución.-Siendo éstos en definitiva los fundamentos esgrimidos por el FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA a tiempo de sustentar objetivamente que los términos convenio y contrato son similares a los efectos jurídicos, conforme se verifica en nuestro memorial de fecha 29 de agosto de 2019, que fueron soslayados y resultaban suficientes para sustentar objetivamente que los términos convenio y contrato son similares a los efectos jurídicos consiguientes, pese que en los antecedentes y en la delimitación precisa del hecho controvertido en el presente proceso, una vez emitido la directrices correspondientes en la investigación, a cargo del Ministerio Publico de Villa Montes a efectos de buscar el descubrimiento material de los hechos, se tenía la existencia de elementos de convicción suficientes que cursaban en el cuaderno de investigación suficientes para imputar a los encausados, sin embargo con la potestad discrecional con la que actuó el fiscal, confundiendo el concepto de discrecionalidad con el de arbitrariedad al aplicar el Principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad de la Ley Penal sustantiva, señalando que el Art. 222 del C.P., no consigna como elemento objetivo – normativo el término convenio, que ha ingresado a una interpretación literal del término de contrato y convenio, causal para considerar la naturaleza del presunto hecho controvertido y disgregando los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el Art. 222 del Código Penal sin analizar el bien jurídico tutelado, ha exonerado a los incriminados indicando que no pudieron subsumir su conducta al multicitado tipo penal, QUE INDEBIDAMENTE FUERON CONVALIDADOS POR EL FISCAL JERÁRQUICO AL HABER EMITIDO EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, LA RESOLUCIÓN FISCAL QUE RATIFICA EL RECHAZO DE REAPERTURA DE INVESTIGACIÓN.- Además vulnera el Debido Proceso por adolecer de defectos por falta de motivación y fundamentación indebida, insuficiente e incongruente, al haber sometido una interpretación arbitraria a los conceptos, y los efectos jurídicos del convenio y el contrato, causales empleados para el rechazo de la reapertura de la investigación de la presente causa, ya que al no haber ingresado al análisis y valoración del fondo del tema y los elementos de convicción de los hechos denunciados, contradictoriamente concluye ratificando la resolución de rechazo sustentándose en el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad de la ley penal sustantiva, en sentido de que el art. 222 del C.P., no consigna como elemento objetivo – normativo el término convenio, denegando con ello el Acceso a la Justicia, la Tutela Judicial Efectiva y a la igualdad procesal.- I.RESOLUCIÓN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, POR OMISIÓN INDEBIDA POR PARTE DEL FISCAL DEPARTAMENTAL Y FISCAL DE MATERIA QUE RESTRINGEN EL DERECHO A UNA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO, ACCESO A UNA JUSTICIA PRONTA Y DEBIDO PROCESO.- Cabe establecer que la presente acción de amparo constitucional está dirigida en contra de la RESOLUCIÓN JERÁRQUICA No. RJ/RS/AFAB/1202-2019 de fecha 30/10/2019, DEL FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA QUE RESUELVE RATIFICAR LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE REAPERTURA DE LA DENUNCIA DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019, bajo los siguientes fundamentos expresados por la autoridad accionada (punto V. inciso “b” de la resolución jerárquica No. RJ/RS/AFAB/1202-2019 de fecha 30/10/2019):.- * En cuanto a nuestros fundamentos para la reapertura de la denuncia, dicha relación se hace mención sucintamente a los nuevos elementos de convicción en los que se sostiene que la solicitud de reapertura de investigación, consistente en el informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 de fecha 30 de junio de 2014, Opinión Legal al Informe Circunstanciado, Sentencias Condenatorias emitidas y memorial de solicitud de procesos abreviados, que pretendía demostrar objetivamente que los términos convenio y contrato son similares a los efectos jurídicos consiguientes, sin embargo el fiscal, sin entrar al análisis del fondo del mismo, emite un criterio indicando que los documentos de convicción adjuntos, resulta que no son evidentes en la sostenibilidad objetiva respecto a los términos de convenio y contrato que son similares en su naturaleza a los efectos jurídicos, recomendando en su defecto sujetarse al Principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad de la Ley Penal sustantiva, advirtiéndose que el art. 222 del C.P., no consigna como elemento objetivo – normativo el término convenio, bajo este criterio hace una interpretación arbitraria de la norma, estableciendo que no ha variado ninguna circunstancia fáctica, jurídica o indiciaria respecto a lo resuelto en la Resolución Jerárquica que confirma el rechazo.- De inicio se puede apreciar, que en apariencia nos encontraríamos frente a una resolución fiscal DEBIDA Y MOTIVADA EN EL FONDO y EN LA FORMA, que cumple con la estructura de una resolución jerárquica, empero, de ninguna manera se debe suplir la fundamentación de fondo de la causa a la mera interpretación literal del término de convenio y contrato así como sus efectos jurídicos de manera discrecional y arbitraria al aplicar el Principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad de la Ley Penal sustantiva, advirtiéndose que el Art. 222 del C.P., no consigna como elemento objetivo – normativo el término convenio, que fue causa principal para el rechazo de la reapertura de la investigación de la denuncia.- Siendo que la RESOLUCIÓN FISCAL JERÁRQUICA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 CONTIENE LAS SIGUIENTES VULNERACIONES y TRANSGRESIONES AL ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO QUE PASAMOS A EXPONER EN MÉRITO A LOS CUALES, SOLICITAMOS SE RESTITUYAN TALES DERECHOS y GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE FUERON SUPRIMIDOS POR LAS AUTORIDADES ACCIONADAS:.- I. DERECHOS VULNERADOS Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL:.- V.I. INCONGRUENCIA OMISIVA COMO VERTIENTE DEL DEBIDO PROCESO EN SU COMPONENTE FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN CUANTO A LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE TODOS LOS PUNTOS CUESTIONADOS, VULNERANDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ARTÍCULO 115 DE LA C.P.E.- Esto se corrobora de la revisión al memorial de solicitud de reapertura de investigación de la denuncia de fecha 29 de agosto de 2019 y Resolución Jerárquica No. RJ/RS/AFAB/1202-2019 de fecha 30 de octubre de 2019, asimismo de las resoluciones emitidas con anterioridad, Resolución de Rechazo de Actuación Policial de fecha 01 de noviembre de 2018, memorial de objeción de fecha 15 de febrero de 2019 y la Resolución Jerárquica No. RJ/RS/AFAB/244-2019, del que claramente se aprecia que se ha eludido responder y/o pronunciarse en relación a los elementos de convicción, probatorios de los hechos denunciados, motivo de la objeción y solicitud de reapertura de la investigación, cuya omisión de acuerdo a nuestra jurisprudencia constitucional constituye INCONGRUENCIA OMISIVA con afectación al Debido Proceso.-Conforme ha sido razonado por el Tribunal Constitucional en la SCP 0177/2013 de 22 de febrero que ha establecido en su parte pertinente“… la congruencia es entendida en el ámbito procesal como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución.- La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume.- En base a esas consideraciones es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes (…). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia. (…) Por su parte y de manera específica, respecto a la función del Ministerio Público, en la emisión de sus resoluciones, la SCP 0267/2015- S3 de 26 de marzo, indicó: “… toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer el sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional…”.- El defecto de motivación denunciado ha sido motivo de interpretación por el tribunal constitucional que ha establecido en la SC Nº 2074/2010- R de 10 de noviembre: “La argumentación expuesta por el Fiscal de Distrito codemandado evidencia que dicha autoridad no se pronunció respecto de los puntos impugnados por el accionante a tiempo de formular la impugnación del requerimiento de sobreseimiento emitido por el Fiscal de Materia, en el que controvierte todos los argumentos que sirvieron de base para emitir el sobreseimiento; por el contrario, dicho requerimiento, se limita a concluir que en el caso existe insuficientes elementos de prueba para sustentar el juicio oral, desconociendo que al tratarse de una instancia de impugnación, debió resolver todos los agravios planteados –por el ahora accionante- y expuestos en el memorial de impugnación, explicando, por qué no resultaba justificable su impugnación para dar lugar a la revocatoria perseguida por el accionante, no siendo atendible tampoco el argumento –para ratificar el sobreseimiento- que la carga de la prueba corresponde a los acusadores y que se prohíbe toda presunción de culpabilidad, sin efectuar ninguna valoración, sobre la misma. En consecuencia, al no evidenciarse cuáles fueron las razones por las que finalmente decidió confirmar el requerimiento de sobreseimiento, la Resolución pronunciada por el Fiscal de Distrito deviene en una lesión del debido proceso en su elemento a la garantía y derecho de motivación de las resoluciones.”.- Jurisprudencia totalmente coherente y aplicable al caso de autos, dado que el Debido Proceso en su vertiente de las garantías de Motivación Congruente, se satisface cuando la autoridad llamada por Ley otorga una respuesta motivada a cada uno de los cuestionamientos realizados por las partes. De lo contrario el SILENCIO U OMISIÓN, genera una afectación al Debido Proceso, en el entendido que se soslaya responder a cada uno de los argumentos y pretensiones realizadas por las partes, como ha sucedido en el caso que nos ocupa, siendo que la autoridad fiscal demandada no ha valorado todos y cada uno de los cuestionamientos llevados a su conocimiento, que de haber sido los mismos valorados y considerados lógicamente nos encontraríamos en otro escenario jurídico, frente a una resolución fiscal jerárquica distinta a la emitida en fecha 30 de octubre de 2019. Ahora bien, para demostrar la incongruencia omisiva se tiene que en el punto II.VI., el propio fiscal departamental ha sintetizado la Resolución Fiscal de Rechazo de Reapertura de la denuncia de acuerdo a los siguientes parágrafos.- I. De los antecedentes esgrime que en fecha 1 de noviembre de 2018, el fiscal de Materia Abog. Andrés Soruco emite resolución de rechazo de la denuncia, y ante la objeción formulada se emite la Resolución de Rechazo RJ/RS/AFAB/244-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, mediante el cual se confirma el rechazo. Razón a ello en fecha 28 de agosto de 2019, se apersona al proceso el representante del Fondo de Desarrollo Indígena en calidad de Víctima, solicitando la reapertura de la investigación.- II. Fundamentos de la Resolución de Rechazo de Reapertura de investigación fueron bajo los argumentos de que los documentos presentados no fueron considerados como nuevos elementos de prueba que permitan al suscrito fiscal razonablemente, hagan variar las circunstancias y fundamentos que dieron lugar en primera instancia para disponer el rechazo. II. De los agravios formulados en la objeción respecto a la resolución de rechazo a la reapertura de la investigación hace constar que fue objetada por el representante del Fondo de Desarrollo Indígena, en calidad de victima señalando al inciso a) que se había mencionado el motivo por el que se ha rechazado la denuncia, siendo que las resoluciones emitidas incluida la Resolución Jerárquica hacen una mala apreciación sobre la palabra Convenio y Contrato, cuando se ha demostrado que significa lo mismo. Respecto al inciso b) señalando que los informes de la Contraloría General del Estado adjuntos, fueron para demostrar que el convenio es igual a contrato, siendo los efectos jurídicos similares.- III. De los nuevos elementos indiciarios que fundamentan la solicitud de reapertura de la investigación fueron adjuntos los informes (Informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 de fecha 30/06/2017 y opinión legal circunstanciado y Sentencias Condenatorias).IV. Sobre el análisis jurídico y valoración de la reapertura de la investigación debe estar sujeto al principio de legalidad, obedeciendo estrictamente a la variación de las circunstancias que han motivado la emisión del rechazo, consecuentemente hace mención que los documentos adjuntos no demuestran objetivamente que los términos Convenio y Contrato son similares a los efectos jurídicos consiguientes, en consecuencia debiendo sujetarse al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad de la ley penal sustantiva, advirtiéndose que el Art. 222 del C.P., no consigna como elemento objetivo – normativo el término convenio.- Sus autoridades Constituidos en Tribunal de Garantías podrán notar que no existe fundamento, razonamiento o trabajo intelectivo alguno desplegado en relación a éste punto objetado, por lo que la autoridad accionada ha incurrido en una Incongruencia Omisiva como elemento del Debido Proceso en su vertiente motivación y fundamentación, al hacer caso omiso al reclamo efectuado, que como representantes de la entidad víctima, nos sentimos agraviados al no poder conocer con certeza cuál la razón por la que omite pronunciarse, generándonos aún más zozobra esta circunstancia, cuando en las diferentes resoluciones anteriores y la actual que se cuestiona, el fiscal realiza una mala apreciación sobre los términos Convenio y Contrato considerados como elementos de convicción causal para la ratificación del rechazo, contradiciéndose en la aplicación del numeral 3) del Art. 304 del C.P.P., que según los fundamentos de la resolución de rechazo señalan que los alcances y efectos jurídicos del convenio No 047/2012 no se configura como delito, en consecuencia lo correcto era sujetarse su decisión al numeral 1) del Art. 304 del C.P.P., que el hecho no está tipificado como delito, sin embargo no ocurrió eso, si no ha omitido la valoración de los documentos adjuntos donde se evidencia que en otros procesos penales de similares características se ha sentado jurisprudencia entendiendo que el incumplimiento de los convenios suscritos por el estado, son delitos que se subsumen a lo previsto por el Art. 222 del C.P. En esa línea se ha fundamentado que el tipo penal de incumplimiento de contratos, tipificado en el Art. 222 del Código Penal, que señala “el que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades autónomas a que se refiere el artículo anterior (Art. 221), no cumpliere sin justa causa…”. Incumplimiento que debe entenderse como inejecución de obligaciones pactadas en cláusulas, en ese caso de contratos celebrados con el Estado o con la entidad descentralizada como lo es el FDPPIOYCC. El delito se perfecciona desde el momento del incumplimiento; La razón de esta excepción radica en la importancia del bien jurídico protegido que es la economía nacional. Que además de ello el Profesor Ciro Añez Núñez en su libro LOS DELITOS DE CORRUPCIÒN define al delito de Incumplimiento de Contratos como: “el incumplimiento de los contratos no constituye delito; sin embargo, este tipo penal es la excepción, debido a la importancia del bien jurídico protegido, que es la economía nacional. En ese sentido, para que exista una afectación a la economía nacional, debe necesariamente tratarse de incumplimiento, sin justa causa…”; Asimismo nos señala el Autor Teresa Moreo Marroig sobre “Los Convenios. Distinción entre las tres figuras jurídicas: Subvención, contrato, convenio” (…) A efectos de calificar jurídicamente y aplicar el régimen jurídico que corresponda, resulta necesario hacer una primera distinción entre negocio unilateral y bilateral, y dentro de esta segunda categoría, entre convenio y contrato la doctrina ha realizado construcciones jurídicas sobre los actos jurídicos generadores de obligaciones y relaciones jurídicas, a los que denomino genéricamente “negocios jurídicos” viendo la parte de los negocios jurídicos bilaterales en el Derecho Público, se pueden dividir en contratos y convenios que hace una diferenciación por definiciones, al contrato considera como una convención jurídica manifestada en forma legal, por virtud de la cual una parte se obliga a favor de otra o varios, recíprocamente, al cumplimiento de una prestación produciéndose entonces un intercambio de prestaciones obligacionales; Mientras que en el convenio, la situación es más de igualdad por tratarse de un acuerdo de voluntades. Esta teoría que no es pacífica pues su fundamento, supremacía de la administración, pertenece a una filosofía que se va diluyendo en el mar del Derecho Comunitario. Para mejor comprensión el autor hace un análisis señalando que es muy habitual que, al analizar el texto del convenio se observa que lo que se proyecta materializarse es una prestación y una correlativa contraprestación (contrato), o bien, que el negocio beneficia sólo a una de las partes del convenio (subvención). Bajo ese razonamiento dice que resumiendo, pueden darse las siguientes situaciones “la forma es de convenio pero el fondo es de contrato” al respecto utiliza el siguiente ejemplo: “Una administración, que tiene dentro de su política y en el ámbito de sus competencias la función que se va a desarrollar con el convenio (ej…), conviene con otro sujeto que es parte del convenio (ej…), su realización a cambio de un precio. La actividad forma parte del Tráfico mercantil, el objeto es perfectamente encuadrable en el concepto de contrato de servicios de los regulados (reg…) y la posición que adoptan las partes que firman el convenio, desde el punto de vista económico consiste, por parte de la (univ…) es entregar el estudio encargado y por parte de la Administración abonar el precio pactado. Considerando el antecedente citado y determinada la naturaleza del negocio proyectado, señala que podemos concluir que se trata de un contrato de los regulados (…) y por tanto resulta improcedente tramitarlo a margen de la normativa de contratos. Estos aspectos fueron cumplidos en la presente causa, fundamentación que es corroborado por las Sentencias Condenatorias adjuntos que no fueron valoradas por el fiscal departamental, que para nada y bajo ninguna óptica puede considerarse como debidamente motivada.- V.II. VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DE FUNDAMENTACIÓN DEBIDA, SUFICIENTE y VALORACIÓN ARBITRARIA:.- El Fiscal Departamental de Tarija al haber emitido una resolución que ratifica el rechazo de reapertura del proceso investigativo, ha incurrido en una serie de omisiones que dieron lugar a la emisión de una resolución carente de fundamentación y en la que no realizó una adecuada valoración de las pruebas adjuntos y por ende no corrigió las irregularidades emitidas por el Fiscal de Materia, toda vez que la fundamentación centrada en la resolución de rechazo entendía que los alcances y efectos jurídicos del convenio No 047/2012 no se configuraba como delito subsumible al Art. 222 del C.P. en tal razonamiento a efectos de desvirtuar y notar la conceptualización errónea al Convenio y Contrato causales para la emisión del rechazo, nos hemos remitidos al Art. 450 del Código Civil que señala: “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. Asimismo el Art. 451 como señala: “(Normas generales de los contratos, aplicación a otros actos). I. Las normas contenidas en este título son aplicables a todos los contratos, tengan o no denominación especial, sin perjuicio de las que se establezcan para algunos de ellos en particular y existan en otros códigos o leyes propias. II. Son aplicables también, en cuanto sean compatibles y siempre que no existan disposiciones legales contrarias, a los actos unilaterales de contenido patrimonial que se celebran entre vivos así como a los actos jurídicos en general”. Concordante con el Art. 452 del Código Civil que señala: “Son requisitos para la formación del contrato: 1). El consentimiento de las partes. 2). El objeto. 3). La causa. 4). La forma, siempre que sea legalmente exigible”. Que tiene correspondencia con el Art. 452 del mismo compilado, como señala: “El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos; tácito, si resulta presumible de ciertos hechos o actos”, razón por la cual el FDPPIOYCC como entidad responsable de la administración de los recursos recibidos del Impuesto Directo de Hidrocarburos, ha destinado para la ejecución del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek” mediante la suscripción del convenio Nº 047/2012, en cumplimiento al Art. 3 del Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre de 2005, que otorgaba atribuciones y obligaciones al FDPPIOYCC como señala: “es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Art. 57 de la Ley Nº 3058- Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas” en concordancia con el Art. 11 del presente Decreto Supremo que establecía “que los beneficiarios que destinen los recursos recibidos del FAFDPPIOYCC en fines distintos al propósito para el cual fueron requeridos, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178; Dentro ese marco El ex FDPPIOYCC transferió los recursos a favor de los beneficiarios Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapirana Castillo, sujeto al Reglamento de Transferencias Público Privadas para la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Productivo, Social y Fortalecimiento a las Organizaciones del FDPPIOYCC, que en su Art. 8 establecía que los beneficiarios y el FDPPIOYCC a la conclusión de los trámites e iniciar el proceso de transferencia de recursos, económicos, deberán firmar el convenio entre partes, mismo que estará firmado por la Dirección Ejecutiva del FDPPIOYCC por una parte y por la otra en representación del proyecto a ser financiado firmarán el Representante legal, el Representante de la comisión de Ejecución y el Representante de la comisión Administración; no obstante respecto a la inejecución o incumplimiento de las obligaciones manifestada en el convenio de financiamiento, las acciones a asumir señala el Art. 17 del mismo reglamento “Del congelamiento de desembolsos y suspensión de proyecto, los beneficiarios y/o cualquier otra persona no impedida por Ley, tendrán la atribución de elevar a conocimiento de la Dirección Ejecutiva y posteriormente al Directorio del FDPPIOYCC las denuncias, pruebas u otra documentación que señalen claramente que existen acotos de corrupción o en su defecto malos manejos de los recursos, asimismo deberán identificar a los actores de los hechos denunciados, en caso de que previo seguimiento e investigación por parte del FDPPIOYCC, se evidencien los actos denunciados. La Dirección Ejecutiva instruirá el congelamiento de los desembolsos y la suspensión del proyecto, debiendo informar obligatoriamente al Directorio sobre las causas de la decisión y si en su caso correspondiera las acciones necesarias ante las instancias pertinentes”; bajo esos argumentos jurídicos el Ex FDPPIOYCC en el marco de sus competencias y obligaciones como Institución afectada sobre los hechos irregulares suscitadas en la suscripción del Convenio Nº 047/2012, derribado en el incumplimiento de contratos tipificado por el Art. 222 del C.P. fueron remitidos todos los antecedentes al Ministerio Publico a efectos de conseguir mediante esa instancia la reparación de daños que se hubiera causado al Estado. Sin embargo fue nuestra sorpresa, que nuestra pretensión fue rechazada por el fiscal departamental de Tarija; ambos informes que fueron presentados en calidad de nuevos elementos de convicción, no fueron valorados arbitrariamente por el fiscal departamental bajo fundamento indebido e insuficiente en cuanto a considerarlos como base fundamental de su decisorio, debido a que las mismas debían ser contrastadas con otras actuaciones o diligencias que otorguen mayores luces para el proceso investigativo. Siendo que la S.C. 0855/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, al precisar los presupuestos de autorestricción de la jurisdicción constitucional, instituidos por la jurisprudencia constitucional, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre estableció que: “… la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstas en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. Por lo que consideramos que la resolución jerárquica de rechazo emitido por el Fiscal Departamental de Tarija no efectuó una adecuada y completa fundamentación, por cuanto es insuficiente, confusa y contradictorio.-V.III. VULNERACION DEL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA como vertiente de la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEL DEBIDO PROCESO, conforme lo estipulan los artículos 115 y 121 de la C.P.E.- Con el despliegue de este actuar ilegal se ha conculcado además las prescripciones de la tutela judicial efectiva que igualmente constituye una vertiente del debido proceso, dado que la entidad víctima a la que representamos a través de la emisión de la RESOLUCIÓN JERÀRQUICA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 se le ha negado el acceso a la justicia por los razonamientos escuetos esgrimidos en dicha resolución y la omisión evidente en la que incurrió la autoridad demandada, dado que el acceso a la justicia ordinaria no debe ser entendida como la sola presentación y admisión de la denuncia, sino también la misma abarca otros aspectos como el obtener una investigación eficaz por parte del Ministerio Público quien tiene la responsabilidad del ejercicio adecuado de la acción penal, a través de la realización de diligencias y actos investigativos tendientes a esclarecer la verdad histórica de los hechos y no así endilgarle la responsabilidad de la investigación penal a la víctima, siendo que el Fiscal Jerárquico señala que los fundamentos para la ratificación del rechazo para los ciudadanos Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapirana Castillo es debido a que la entidad víctima no ha adjuntado nuevos elementos de convicción precisados objetivamente que demuestre que los convenios y los contratos son similares en su naturaleza y efectos jurídicos por consiguiente atribuibles con delito tipificado en el Art. 222 del C.P., fundamento totalmente arbitrario por cuanto la victima ha demostrado la existencia de elementos suficientes para la reapertura de la investigación de la denuncia.- Siendo que la SCP Nº 1595/2014 de 19 de agosto, ha establecido con relación al derecho al acceso a la justicia, que “el art. 121. II de la CPE, señala: “la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial.” El art. 115. II de dicha norma fundamental, prescribe: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.” La SCP 0797/2010- R de 2 de agosto, respecto de la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, refiere: “En la Constitución Política del Estado abrogada, la tutela judicial efectiva se encontraba prevista como derecho de acceso a la justicia, prescrita en su art. 16 IV. La actual ley fundamental, la consagra en su art. 115.I, indicando que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”; es decir que, comprende el acceso de toda persona, independientemente de su condición económica, social, cultural o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los órganos de administración de justicia para formular peticiones o asumir defensa y lograr el pronunciamiento de una resolución que tutele sus derechos, como bien jurídico protegido; obteniendo el pronunciamiento de la autoridad sea judicial, administrativa o fiscal, que debe responder a esa petición de acceso a la justicia, no simplemente recibiendo la denuncia o querella, sino materializando una investigación eficiente y no cargándola de la responsabilidad de proveer o recolectar pruebas, que es función propia del Ministerio Público, conforme contienen los arts. 124 de la CPE abrg., ahora 225.I de la ley fundamental vigente. En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales.” Advirtiéndose claramente de lo anotado la transgresión y vulneración al derecho de Tutela Judicial Efectiva en su vertiente acceso a la justicia.- Así efectos de demostrar la RELEVANCIA Y VIABILIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PRESENTE DE ACCIÓN DE AMPARO, nos permitimos en transcribir la siguiente jurisprudencia constitucional vigente que de manera uniforme sostienen que la problemática traída ante sus autoridades resulta relevante constitucionalmente, y que además resulta urgente la concesión de la tutela impetrada y la restitución de los derechos y garantías invocados.- * SCP Nº 687/2017- S2 de fecha 3 de julio ha establecido “por lo precedentemente glosado, ante la inexistencia de una determinación precisa sobre las razones para ratificar la Resolución de Rechazo de la denuncia, se ha incurrido en la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación alegado por el accionante, al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental GPJ Nº OR 640/16 de 20 de septiembre de 2016, siendo viable en consecuencia, la tutela que brinda esta acción de defensa.”.- * SCP 0602/2017- S3, cuando se refiere a los requisitos de una resolución fundamentada y motivada ha indicado que la arbitrariedad puede manifestarse cuando:.- * Se tiene una decisión sin motivación, esto es cuando una resolución no da razones que sustenten su decisión, traducido en razones de hecho y de derecho.- *Se tiene una decisión arbitraria, esto es cuando sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, también cuando la motivación deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso, que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido y en los fundamentos de la decisión; aspectos igualmente demostrados en la presente acción, TODA VEZ QUE EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019, EL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA EN CALIDAD DE VÍCTIMA, EN MÉRITO AL ART. 27 NÚM 9) DEL C.P.P., EN EL PETITORIO DE REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA HA ADJUNTADO DOCUMENTOS DONDE SE EVIDENCIA QUE EN OTROS PROCESOS PENALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS SE HA SENTADO JURISPRUDENCIA, ENTENDIENDO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ESTADO, SON DELITOS QUE SE SUBSUMEN A LO PREVISTO POR EL ART. 222 DEL C.P. POR EL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO AL ESTADO.- * Cuando se tiene una motivación insuficiente, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes. Acreditándose que la resolución cuestionada no absuelve cada uno de los puntos objeto del petitorio de la reapertura de la investigación y demás documentaciones fehacientes que fueron presentados en la denuncia y recolectados en la investigación, mismas que están ubicadas en el cuaderno de investigación en custodia del Ministerio Público adscrito a Villa Montes - Tarija.- * De la misma forma, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, en su parte pertinente señaló que debe existir una estricta vinculación entre la valoración de la prueba y la motivación y fundamentación de toda resolución administrativa o jurisdiccional al señalar: "...Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada (…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del debido proceso".- La SCP 0102/2016-S2 de 15 de febrero, en cuanto al DEBIDO PROCESO, refiere que “a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II; 117.I y II; y 180 en relación al 13 constitucional, se concluye que el debido proceso constituido en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos.- Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el catálogo de derechos previamente enumerados, no constituyen un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer el contenido expansivo de aquellos otros derechos que, en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.”.-I. AUTORIDAD ACCIONADA.- Conforme lo dispone la SCP 0871/2012 – R de 20 de agosto, la acción de amparo constitucional debe dirigirse contra el funcionario que ocasionó la lesión al derecho o garantía, que se encuentre desempeñando esa función, por lo que en el caso que nos ocupa tal cargo lo ostenta en la Abg. ELIZABETH SANDRA GUTIERREZ SALAZAR con CI. 1897857, FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA, con las generales de ley, mayor de edad, hábil por ley, de profesión abogada, con domicilio laboral en el Edificio de la Fiscalía Departamental ubicado en calle O. Connor Nº 118 esquina Av. Víctor Paz Edif. Lizzie, frente al Palacio del Deporte, teléfono 6643636.- VI. I. TERCEROS INTERESADOS: Como terceros interesados téngase a los denunciados en la acción penal:.-1. MOISÉS SAPIRANDA SAPIRANDA, mayor de edad, soltero, de ocupación pescador, con domicilio en la Comunidad Caripendita – G. Chaco Villa Montes Tarija.- 1. JUAN RIVERO SÁNCHEZ, mayor de edad, casado, de ocupación pecador, con domicilio en la comunidad Alquiobel Villa Montes – Tarija. 2. NICOLÁS SAPIRANDA CASTILLO, mayor de edad, soltero, de ocupación estudiante, con domicilio en la Comunidad de Capirendita Carretara 2 Dorminiq Villa Montes – Tarija.- VII. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. – En relación al principio de Subsidiariedad como otra de las exigencias sine quanon, contempladas en el Código Procesal Constitucional en su art. 55; tenemos a bien señalar que la misma se encuentra materializada en función a que se ha agotado todos los mecanismos recursivos, reconocidos por la justicia ordinaria y administrativa por cuanto ante la emisión de la Resolución de Rechazo de Reapertura de la denuncia del 30 de agosto de 2019, como se tiene en antecedentes.- En fecha 01 de noviembre de 2018 el Fiscal Abog. Andrés Soruco Ch., emite Decreto Fiscal de rechazo de actuación policial dentro la investigación preliminar del caso TAR VIL 1706002 Int. 423, consecuentemente como parte agraviada el Fondo de Desarrollo Indígena, interpone recurso de objeción, conforme nuestra norma adjetiva penal en su art. 305, emergiendo en consecuencia la RESOLUCIÓN FISCAL JERÁRQUICA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, emitida por el Fiscal Departamental Dr. Msc. Aimore F. Álvarez Barba, RATIFICANDO la Resolución de Rechazo pronunciada en favor de Moises Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda.- Posteriormente y en mérito al Art. 27 núm. 9 del C.P.P., en fecha 26 de junio de 2019 se ha solicitado la Reapertura de la investigación de la causa, producto de ello el Fiscal de Materia Luzgarde Alcántara Abdar mediante Resolución Fiscal de Rechazo de Reapertura de la denuncia de fecha 30 de agosto de 2019, resuelve disponer el RECHAZO de Reapertura del caso signado TAR-VIL 1706002, remitido para su Resolución Jerárquica ante el Fiscal Departamental de Tarija Msc. Aimore F. Álvarez barba en fecha 30 de octubre de 2019, dicha instancia en conocimiento de los antecedentes emite Resolución Jerárquica de Rechazo de Reapertura de la Investigación No. RJ/RS/AFAB/1202-2019, disponiendo la RATIFICACIÓN de la Resolución de Rechazo de Reapertura de investigación pronunciada en la causa, RESOLUCIONES CONTRA LOS CUALES SE ESTÁ RECURRIENDO EN VIRTUD A QUE CONSTITUYE EL ÚLTIMO ACTO VULNERATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. No existiendo en consecuencia otro medio recursivo o de revisión contra la mentada resolución jerárquica conforme se tiene establecido por la siguiente jurisprudencia:- “… La SC 0965/2006- R de 2 de octubre, ha referido que “… si bien la norma prevista en la parte final del art. 305 del CPP, dispone que en el caso de ratificatoria del rechazo de denuncia se ordenará el archivo de obrados, lo que no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante en cuya lógica evidentemente, la resolución de ratificatoria de rechazo abre la posibilidad de conversión de acciones; o bien en aplicación del Art. 27 núm 9 del C.P.P. la investigación puede ser reaperturada en el plazo de un año, tal cual ocurrió conforme los antecedentes de la presente causa;.- En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de manera posterior, para ratificar el lineamiento de que contra las resoluciones jerárquicas emitidas por el Fiscal Departamental no existe un mecanismo intraprocesal que pueda utilizarse para la restauración de derechos, ello conforme lo señalado por la:.- SCP 0979/2016 S1 de fecha 19 de octubre de 2016 que en su parte pertinente señala: “III.3. Del alcance del control jurisdiccional a las actuaciones del Ministerio Público en la etapa preparatoria: … Al respecto, la SCP 1097/2013 de 17 de julio, se manifestó: "La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0833/2004-R de 1 de junio y la SC 2074/2010-R de 10 de noviembre, estableció que el juez cautelar podía ejercer el control cautelar a la actividad desarrollada por los fiscales, cuando se denuncie la lesión de derechos y garantías constitucionales. Así la última de las Sentencias anotadas, entendió que esa facultad se extiende inclusive a las resoluciones pronunciadas por el Fiscal de Distrito, conforme al siguiente razonamiento: '…el rol del juez se restringe a reparar lesiones vinculadas con los derechos y garantías fundamentales que no impliquen un cuestionamiento de fondo a las facultades privativas de los fiscales, y que en su momento fueron denunciadas ante el Fiscal de Distrito al momento de impugnar el requerimiento conclusivo y no merecieron pronunciamiento o reparación por esta máxima autoridad. Así también, en los supuestos en los que el propio requerimiento del fiscal de distrito sea lesivo a los derechos y garantías. En estos casos, las partes deberán acudir ante el juez cautelar en un plazo similar al establecido para impugnar el requerimiento conclusivo previsto en el art. 323 del CPP, o en su caso, dentro del plazo previsto para impugnar la resolución de rechazo, establecido en el art. 305 de la misma norma procesal…'. Posteriormente, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, aclarando los alcances de la SC 2074/2010-R, estableció que:'…el control jurisdiccional que puede efectuarse respecto a los Fiscales de Distrito -ahora Fiscales Departamentales- incluso de manera posterior a la ratificatoria de una resolución de sobreseimiento únicamente puede referir al procedimiento como por ejemplo omisiones en la notificación a las partes procesales, dilación en la emisión de la correspondiente resolución, entre otras, que incidan directamente en derechos fundamentales y garantías constitucionales, pero de ninguna manera a los argumentos o a la fundamentación invocados por la autoridad fiscal superior jerárquica de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, NO ES NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE AL PLANTEAMIENTO DEL AMPARO CONSTITUCIONAL EL CONTROL JURISDICCIONAL, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, CORRESPONDE DE FORMA DIRECTA SU ACTIVACIÓN'".- (Las negrillas nos corresponden).- La SCP 1050/2012 de fecha 5/09/2012 al punto III.2. ha referido que “… la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente…” en ese entendido el FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA entidad descentralizada y con personalidad jurídica fue coartada en sus derechos de acceso a la justicia pronta oportuna, en defensa y recuperación de los recursos públicos recibidos de la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos – IDH para su administración y ejecución de las tareas diseñadas en el núm. 5) del Art. 405 de la C.P.E.- Por lo que, en mérito a los fundamentos expuestos y acorde a la jurisprudencia descrita, la cual resulta vinculante se tiene cumplido y agotado el principio de subsidiariedad exigido para la interposición y admisión de la presente acción constitucional, al haberse sufrido la conculcación a derechos fundamentales por el supuesto análisis de fondo realizado por el Fiscal Departamental de Tarija.- VIII. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ. - En cuanto al Plazo y Oportunidad de Interposición de la Acción de Amparo, acreditamos que la acción se encuentra en plazo por la notificación que adjuntamos, ya que no ha excedido el plazo previsto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional que establece como parámetro 6 meses para su presentación a partir de la lesión, conculcación, supresión o amenazas de derechos y garantías fundamentales, que en el caso concreto tomamos conocimiento de la injusta e ilegal resolución en fecha 10 de junio de 2021 donde fuimos legalmente notificados con la Resolución Jerárquica de fecha 30 de octubre de 2019, lo que da cuenta que nos encontramos dentro del plazo legal para su interposición ya que el plazo fenecería el 10 de diciembre de 2021.- IX. PETITORIO (tutela que se solicita):.- Por los antecedentes de hecho y de derecho que han sido expresados, se tiene que de conformidad a la disposición contenida en los artículos 128 y 129 de la Constitución Política del Estado LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL procede en contra de los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley, consiguientemente estando acreditado que la autoridad accionada –Fiscal Departamental- ha emitido una resolución que no cumple con las prescripciones del debido proceso, conforme se ha sustentado, vulnerando el derecho al Debido Proceso en sus vertientes de la debida fundamentación, de acceso a la justicia pronta y cumplida (tutela judicial efectiva), a la congruencia de las resoluciones fiscales, seguridad e igualdad procesal, comprendidas en los artículos 113, 115 núm. I y II, 117 y 121. II de la Constitución Política del Estado, que tiene la entidad víctima a la que representamos, a una resolución suficiente, congruente y debidamente fundamentada conforme el artículo 72 del CPP, es que solicitamos:- 1. Admitan de la presente acción de amparo por estar cumplidos los requisitos formales y acreditados los presupuestos de procedencia y compulsados los fundamentos de contenido fáctico, jurídico y probatorio, en ejercicio del control de garantías fundamentales CONCEDA LA TUTELA SOLICITADA Y SE RESTITUYA LOS DERECHOS RESTRINGIDOS Y SUPRIMIDOS por el accionado, disponiendo se deje SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN FISCAL JERARQUICA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, ordenando al Fiscal Departamental emita nueva resolución OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.- 2. Soliciten la remisión de la prueba impetrada a la autoridad descrita y detallada (en caso de considerar necesaria su remisión), y una vez corridos los trámites de rigor, convoquen audiencia pública en los términos establecidos en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.- X. PRUEBA.- Los medios probatorios que demostraran la veracidad de las violaciones, vulneraciones, arbitrariedades invocadas y denunciadas como acciones y omisiones ilegales e indebidas que suprimen y restringen los derechos constitucionales demandados son los siguientes:.- 1. En Fotocopia Legalizada Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 454/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021, otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº 053 de la ciudad de La Paz a cargo de la Notaria Lorna Sofía Cartagena Lagrava.- 2. Copias Legalizadas de la Resolución Jerárquica de fecha 30 de octubre de 2019 y copia Legalizada de la Resolución de Rechazo de Reapertura de la denuncia de fecha 30 de agosto de 2019. 3. Copias Legalizadas de anteriores pronunciamientos (Resolución Jerárquica de 29 de marzo de 2019, Decreto Fiscal de Rechazo de Actuación Policial de fecha 01 de noviembre de 2018) y memorial de objeción 15 de febrero de 2019.- 4. Memorial de solicitud de reapertura de la investigación de la denuncia de fecha 28 de agosto de 2019.- 5. Denuncia del FDI de fecha 18 de diciembre de 2017.-6. Objeción presentada por el Fondo de Desarrollo Indígena de fecha 15 de febrero de 2019.- 7. Convenio de financiamiento No 047/2012, de 10 de abril de 2012.- 8. Registro de ejecución de Gastos. - 9. Certificación presupuestaria.- 10. Informe Técnico de verificación de campo del Proyecto de fecha 29 de junio de 2015. 11. Informe del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek” de fecha 21 de agosto de 2015.- 12. Planilla de rendición de cuentas.- 13. Resolución de Directorio de 07 de mayo de 2011.- 14. Resolución Ministerial No. 171 de 2012.- 15. Informe circunstanciado de hechos Nº EX/EP12/M14-F2 de fecha 17 de diciembre de 2014.- 16. Informe CGE/SCSL/L010/D14 de fecha 18 de diciembre de 2014.-17. Sentencia Nº 29/2017, fecha 31 de mayo de 2017.- 18. Auto de Vista (Apelación restringida) No. 92/2018, de fecha 5 de diciembre de 2018.- Auto Supremo No. 218/2019-RA de fecha 11 de abril de 2019.- 18. Manual de Organización y Funciones del Ex FDPPIOYCC.- 19. Suprema No. 27381 de 27 de diciembre de 2020.- 20. Decreto Supremo No 2493 de fecha 26 de agosto de 2015. 21. Decreto Supremo No 28421 de fecha 21 de octubre de 2005.- 22. Decreto Supremo No. 2274 de fecha 24 de febrero de 2015.- 23. Decreto Supremo No. 28571 de fecha 22 de diciembre de 2005.- 24. Decreto Supremo No. 2679 de fecha 24 de febrero de 2016.-Jurisprudencias vinculantes que dan cuenta de la relevancia constitucional, de la procedencia de la tutela solicitada.- Además, conforme a previsión legal contenida en el artículo 33 numeral 7) del Código Procesal Constitucional, además del concreto ofrecimiento de prueba se SEÑALA que:.- En dependencias del Ministerio Público adscrito a la ciudad de Villa Montes se encuentran los antecedentes en original o copia legalizada de la totalidad de la prueba ofrecida, solicitando que en caso de considerar necesario como tribunal de garantías impetren su remisión al fiscal titular de la causa penal del que devino la transgresión a derechos y garantías fundamentales, a efectos de su consideración y probanza de los extremos fundados.- A efectos del coste de las copias legalizadas, protestamos correr con los correspondientes gastos que las mismas generen.- OTROSÍ 1º.- Adjuntamos la prueba literal ofrecida a 314 fojas.- OTROSÍ 2º.- Adjuntamos a la presente copia legalizada del Testimonio de Poder Nº 454/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021, otorgado ante Notario de Fe Público Nº 053 de la ciudad de La Paz a cargo de la Notaria Lorna Sofía Cartagena Lagrava.- OTROSÍ 3º.- Para notificaciones virtuales señalamos las direcciones de correo electrónico de los abogados: Raúl Terceros Coyo – con RPA Nº 5925918 RTC-A, correo electrónico: raulterceros82@gmail.com, Cel. 68421378, Aldrin Álvaro Álvarez Torreblanco – con RPA Nº 5977928 AAAT, correo electrónico: alvatorre95@gmail.com, Cel. 76233748 y Gilmar Jhonny Parraga Llave con RPA Nº 8568373-GJPL, correo: parragagilmar@gmail.com, Cel. 73631616, Quiliano Anthony Fiorilo Pasquier – con RPA Nº 3770788GAFP, correo electrónico: guilianofiorilo@hotmail.com, Sara Katushka Tirado Llanos con RPA Nº 4841400-SKTLL, correo electrónico sarita_ktll@hotmail.com y Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con RPA Nº 8460359-ALQCH, correo electrónico: addellevip@gmail.com. Cel 78848207.- OTROSÍ 4º.- Señalamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas Nº 573 entre Andrés Muñoz y Presbítero Medina, Fax Despacho: (591-2) – 2128208 de la Ciudad de La Paz. - Será Justicia,…- La Paz, diciembre de 2021.- FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.- firma y sella: Abg. Gilmar Jhonny Parraga Llave.- PROFESIONAL DE GESTION LEGAL Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA.- Abg. Aldrin Álvarez Torreblanco.- RESPONSABLE – GESTIÓN JURÍDICA.- RPA.- 5977928 AAAT- FDI.- DECRETO DE OBSERVACIÓN CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO.- A, 5 de abril de 2021.- De la revisión de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto, inicialmente se debe tener presente:.-Que es deber de este Tribunal de Garantías, con carácter previo a la consideración de la admisibilidad de la Acción de Amparo Constitucional, revisar exhaustivamente el contenido de la demanda a objeto de verificar si la misma cumple o no con los requisitos de presentación conforme determinan los arts. 33 y 53 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por lo que con carácter previo a considerar la referida admisión de la acción que antecede, la parte accionante debe dar cumplimiento a las siguientes observaciones:.- 1.Tomando en cuenta la naturaleza SUBSIDIARIA de la Acción de Amparo Constitucional, deberá aclarar de forma concreta y precisa los hechos que fundan el amparo solicitado.- 2. Identifique de forma puntual los derechos o garantías que considera lesionados.- 3. Establezca si existe algún resultado, respecto a las instituciones que acudió el accionante según prueba documental aportada.- 4. Identifique de manera concreta y precisa su PETITORIO dentro de la acción impetrada en relación al objeto de la presente acción tutelar.- Las observaciones deberán ser subsanadas en el plazo de 3 días a partir de su notificación, bajo alternativa de disponerse la no presentación de la acción conforme lo dispuesto por el art. 30 parágrafo I numeral 1) del CPCo.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS.- VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA - FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA. – NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DE OBRADOS. - CITACIONES Y NOTIFICACIONES.- En la ciudad de La Paz, a horas 12:20 del día 14 de diciembre de 2021 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con PROVEÍDO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA. Abog. Patricia V. Rios Cajas.- ABOGADO PENALISTA.- FONDO DE DESARROLLO INDIGENA-FDI.- M.C.A. 9420.- R.P.A. 3468635PVRC.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- MEMORIAL DE SUBSANACIÓN CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO A TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO VUELTA DE OBRADOS.- SEÑOR PRESIDENTE Y VOCAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- NUREJ: 203994509.- SUBSANA LO OBSERVADO Y SOLICITA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO.- OTROSÍ. – Su Contenido.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los abogados; Guiliano Anthony Fiorilo Pasquier con C.I. Nº 3770788 Cbba., Aldrin Álvaro Álvarez Torreblanco con C.I. Nº 5977928 LP., Raúl Terceros Coyo con C.I. Nº 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.I. Nº 8568373 Pt., Patricia Verónica Ríos Cajias con C.I. Nº 3468635 L.P., Sara Katushka Tirado Llanos con C.I. Nº 4841400 L.P., y Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. Nº 8460359, en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos:.- Habiendo sido notificado en fecha 14 de diciembre de 2021, con el proveído de fecha 10 de diciembre de 2021, por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz presidido por vuestras autoridades y mediante la cual observan la admisibilidad de la Acción de Amparo Constitucional, presentado en fecha 9 de diciembre de 2021 manifestando que con carácter previo a considerar la admisión de la acción que antecede, debemos subsanar varias observaciones, por lo que tenemos a bien subsanar los puntos referidos de acuerdo al siguiente detalle:.-I. TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA SUBSIDIARIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, SE ACLARA DE FORMA CONCRETA Y PRECISA LOS HECHOS QUE FUNDA EL AMPARO SOLICITADO.- En fecha 18 de diciembre de 2017 se ha formalizado denuncia ante el Ministerio Público de Villa Montes del Departamento de Tarija, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado por el Art. 222 del Código Penal, emergente de la suscripción del Convenio de Financiamiento No. 047/2012 de fecha 10 de abril de 2012, suscrito por la Sra. Elvira Paula Parra de Chuquimia en calidad de Directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) y los señores Moisés Sapiranda Sapiranda como Representante Legal, Juan Rivero Sánchez como Responsable de la Comisión de Administración, Nicolás Sapiranda Castillo como Responsable de Comisión de Ejecución, del Proyecto “APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS DEL PUEBLO WEENHAYEK”, autorizado mediante Resolución Ministerial Nº 171 de fecha 21 de marzo de 2012, por un monto de Bs. 847.895,00.- En razón a ello, se ha transferido como primer desembolso, la suma de 363.325,00 Bs., a la cuenta bancaria No. 10000010429476 del representante legal; Moisés Sapiranda Sapiranda, corroborado por informe de fecha 21 de agosto de 2015, emitido por el Ing. Jhersson Dioned Quiroga Bustos, Técnico Revisor de Descargos del FDPPIOYCC - INTERVENCIÓN, el mismo que refiere que el Convenio No. 047/2012 se ha suscrito por un monto de 999.695,00 Bs., con un aporte propio de los beneficiarios en la suma de 151.800,00 Bs.; y monto a financiar por el FDPPIOYCC de 847.895,00 Bs., de los cuales en fecha 19 de septiembre de 2012 se ha transferido el monto de 363.325,00 Bs., a favor de Moisés Sapiranda Sapiranda.- En consecuencia el estado de ejecución física del proyecto, de acuerdo al Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2015, emitido por Ing. F. Jorge Aviza Técnico de Verificación de Campo, se constata que el avance de la obra se había ejecutado hasta el nivel de sobre cimiento y para continuar se había comprado ladrillos, que sin embargo el proyecto estaba paralizado en razón a que no se había efectivizado el segundo desembolso.- El informe consolidado de descargos de fecha 21 de agosto de 2015, emitido por el Ing. Jhersson Dioned Quiroga Bustos, señala que en relación al primer desembolso, los representantes del proyecto presentaron sus descargos por la suma de 348.234,65 Bs, empero lo hicieron fuera del plazo, vale decir después de la intervención del FDPPIOYCC, en consecuencia sus descargos fueron sometidos a una revisión extraordinaria donde se ha determinado su RECHAZO por ILEGALIDAD de los documentos presentados.- En el curso de las investigaciones, el informe preliminar de fecha 16 de enero de 2018, emitido por el Investigador asignado al caso Sgto.2do. Eloy Choque Maquera, señala que en fecha 11 de enero de 2018 se había procedido con la notificación a los Sres. Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda Castillo, para que puedan prestar su declaración informativa.- Asimismo, el investigador en el punto 4to del informe referido, señala que no se procedió a realizar el registro del lugar del hecho referido, al notar que el proceso penal que se seguía, era por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Contratos, en consecuencia concluye solicitando al Fiscal asignado al caso, señale fecha y hora para la audiencia de inspección ocular del lugar del hecho, tales actos investigativos y otros que fueron sugeridos para acumular elementos de convicción, no fueron valorados por el Fiscal, más al contrario decidió concluir la etapa preliminar emitiendo apresuradamente la respectiva Resolución Conclusiva.- Es así, que en fecha 01 de noviembre de 2018 el Fiscal de Materia Abog. Andrés Soruco Ch., emite el Decreto Fiscal de Rechazo de actuación policial dentro la investigación preliminar del caso TAR VIL 1706002 Int. 423, consecuentemente como parte agraviada el Fondo de Desarrollo Indígena, habiendo sido notificada en fecha 12 de febrero de 2019, interpone recurso de objeción en fecha 18 de febrero de 2019, conforme el art. 305 de la norma adjetiva penal, emergiendo en consecuencia la RESOLUCIÓN FISCAL JERÁRQUICA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, emitida por el Fiscal Departamental Dr. Msc. Aimore F. Álvarez Barba, la misma que RATIFICA la Resolución de Rechazo pronunciada en favor de Moisés Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda.- Posteriormente y en mérito al Art. 27 núm. 9 del C.P.P., en fecha 29 de agosto de 2019 el Fondo de Desarrollo Indígena ha solicitado la Reapertura de la investigación de la causa, producto de ello y como respuesta la Fiscal de Materia Abg. Luzgarde Alcántara Abdar mediante Resolución Fiscal de fecha 30 de agosto de 2019, resuelve disponer el RECHAZO de RE APERTURA DEL caso signado TAR-VIL 1706002.- Objetada dicha resolución por parte del Fondo de Desarrollo Indígena, fueron remitidos los antecedentes ante el Fiscal Departamental de Tarija Msc. Aimore F. Álvarez Barba, quien en fecha 30 de octubre de 2019, emite la Resolución Jerárquica de Rechazo de Re apertura de la Investigación No. RJ/RS/AFAB/1202-2019, resolviendo RATIFICAR la Resolución de Rechazo de Reapertura de investigación pronunciada en la causa.- De tal manera que al ser esta la última decisión en sede fiscal se ha agotado la vía de impugnación, por consiguiente, se ha cumplido con el principio de subsidiariedad, que habilita la interposición de la acción de amparo constitucional ya que no existe recurso ulterior en contra de la Resolución Jerárquica de Rechazo de Re Apertura de la Investigación No. RJ/RS/AFAB/1202-2019, que RATIFICA la Resolución de Rechazo de Reapertura de las investigaciones.-I. IDENTIFICACIÓN DE ACTO VULNERATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- La Resolución Jerárquica No. RJ/RS/AFAB/1202-2019 de fecha 30 de octubre de 2019, emitido por el Fiscal Departamental de Tarija Msc. Aimore F. Álvarez Barba en fecha 30 de octubre de 2019, dispone la RATIFICACIÓN de la Resolución Fiscal de Rechazo de Reapertura de la denuncia de fecha 30 de agosto de 2019 caso signado TAR-VIL 1706002, bajo los siguientes argumentos:.- Con referencia a los documentos presentados por el FDPPIOYCC relativo al (Informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 de fecha 30/06/2017 y opinión legal circunstanciado y Sentencias Condenatorias), que no fueron valorados como nuevos elementos de prueba que permita razonablemente, haga variar las circunstancias y fundamentos que se dieron lugar en primera instancia para disponer el rechazo, en el sentido de que dichos documentos correspondían a los antecedentes de Elvira Paula Parra de Chuquimia, Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero que incurrieron en el incumplimiento de los convenios de financiamiento, así como los otros documentos adjuntos correspondientes a sentencias condenatorias N° 08/2017, N° 08/2019, N° 13/2019 y antecedentes de procesos abreviados que tampoco se dio el valor respectivo, deduciendo que dichos documentos corresponden a otros procesos que no tenían nada que ver con el caso concreto, así como a los fundamentos vertidos en la solicitud de reapertura de investigación correspondientes a criterios definidos según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales del autor Manuel Ossorio con relación a la naturaleza del convenio.- Sin entrar al análisis de los mismos de manera desatinada concluyó que el convenio en cuestión No 047/2012, no tenía los mismos alcances que un contrato o contrato administrativo, porque en ninguna parte del convenio establecía la prestación de un servicio ni un precio como pago como los son otros tipos de contratos o contratos administrativos, más aún cuando en la cláusula decima núm. 10.2., refería claramente que ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario”, el FDPPIOYCC podía rescindir el convenio siendo de su exclusiva responsabilidad, del que claramente se apreció que se ha eludido responder y/o pronunciarse en relación a los elementos de convicción y probatorios adjuntos en la solicitud de reapertura de la investigación, cuya omisión de acuerdo a nuestra jurisprudencia constitucional constituye incongruencia omisiva con afectación al Debido Proceso.- De tal manera que los nuevos elementos de convicción en los que se sostenía la solicitud de reapertura de investigación consistente en (Informe circunstanciado EX/EP12/M14-F2 de fecha 30/06/2017, opinión legal circunstanciado y Sentencias Condenatorias) relativos a los mismos delitos en análisis con calidad de cosa juzgada, no fueron valorados, observando que dicha documentación no se encuentra referida al hecho objeto de la presente investigación, SIENDO QUE DICHAS SENTENCIAS CONDENATORIAS INCLUSIVE CON AUTO SUPREMO constituyen doctrina legal aplicable.- Señala que la pretensión de que a través de esta documentación se demuestre objetivamente que los términos CONVENI Y CONTRATO son similares a los efectos jurídicos consiguientes, ello no resulta evidente debiendo sujetarse al Principio de Legalidad en su vertiente de Taxatividad de la Ley penal sustantiva, advirtiéndose que el Art. 222 del C.P. no consigna como elemento objetivo normativo el término convenio.- Con el despliegue de este actuar ilegal se ha vulnerado al debido proceso en su vertiente de fundamentación debida, no está poniendo en total indefensión a la Institución, ya que el incumplimiento del convenio a causado daño económico al Estado en la suma de 363.325,00 Bs, en consecuencia se afecta a la tutela judicial efectiva, el derecho al acceso a la justicia, seguridad e igualdad procesal.- II.I. Derechos y garantías lesionados.- Se puede advertir que la resolución de rechazo al haber realizado una mala apreciación sobre los términos Convenio y Contrato, de manera incongruente fundamenta su decisión en la valoración de la naturaleza y alcances jurídicos del término de convenio, concluyendo que el término del convenio no está consignado como elemento normativo en la Ley Penal sustantiva vigente, en aplicación del principio de taxatividad, causa principal para la emisión de la referida resolución de rechazo, pese que los nuevos elementos de convicción adjuntos en la solicitud de reapertura de la investigación referían a similares hechos con cosa juzgada, que no fueron valorados para variar la fundamentación a la que se cuestiona, no obstante el fiscal de manera incongruente argumenta su decisión en la falta de elementos de convicción suficientes para acusar, sin embargo fundamenta el criterio definido sobre los alcances jurídicos del convenio y motivados su decisión erróneamente aplican los alcances del Art. 304 núm. 3) del C.P.P. que señala “la investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación”, que nos ha puesta en total confusión a la parte agraviada, entendiendo en todo sentido que el cuestionamiento correspondía a los alcances jurídicos del término convenio que no estaba consignado como elemento normativo en la ley Penal Sustantiva, en cuya razón argumentó que el convenio no está tipificado como delito, entonces lo correcto era sujetar su decisión en los alcances del núm. 1) del Art. 304 del CPP., como señala “resulta que el hecho no existió, que no está tipificado como delito…”, evidenciando una Incongruencia omisiva.- Si bien la doctrina al respecto nos da algunos lineamientos para una mejor comprensión de los alcances jurídicos del término convenio, Teresa Moreo Marroig a los Convenios resumiendo, pueden darse las siguientes situaciones “la forma es de convenio pero el fondo es de contrato” al respecto utiliza el siguiente ejemplo: “Una administración, que tiene dentro de su política y en el ámbito de sus competencias la función que se va a desarrollar con el convenio (ej…), conviene con otro sujeto que es parte del convenio (ej…), su realización a cambio de un precio. La actividad forma parte del Tráfico mercantil, el objeto es perfectamente encuadrable en el concepto de contrato de servicios de los regulados (reg…) y la posición que adoptan las partes que firman el convenio, desde el punto de vista económico consiste, por parte de la (univ…) es entregar el estudio encargado y por parte de la Administración abonar el precio pactado. Considerando el antecedente citado y determinada la naturaleza del negocio proyectado, señala que podemos concluir que se trata de un contrato de los regulados (…) y por tanto resulta improcedente tramitarlo a margen de la normativa de contratos. Estos aspectos fueron cumplidos en la presente causa, fundamentación que es corroborado por las Sentencias Condenatorias adjuntos en la solicitud de la reapertura de la investigación que no fueron valoradas por el fiscal departamental en fragante vulneración de los derechos y garantías:.-* Por Incongruencia omisiva como vertiente del debido proceso en su componente fundamentación de las resoluciones en cuanto a la falta de pronunciamiento respecto de todos los puntos cuestionados, vulnerando las prescripciones del artículo 115 de la C.P.E.- Sus autoridades Constituidos en Tribunal de Garantías podrán notar que no existe fundamento, razonamiento o trabajo intelectivo alguno desplegado en relación a éste punto objetado, por lo que la autoridad accionada ha incurrido en una Incongruencia Omisiva como elemento del Debido Proceso en su vertiente motivación y fundamentación, al hacer caso omiso al reclamo efectuado, que como representantes de la entidad víctima, nos sentimos agraviados al no poder conocer con certeza cuál la razón por la que omite pronunciarse, generándonos aún más zozobra esta circunstancia, cuando en las diferentes resoluciones anteriores y la actual que se cuestiona, el fiscal realiza una mala apreciación sobre los términos Convenio y Contrato considerados como elementos de convicción causal para la ratificación del rechazo, contradiciéndose en la aplicación del numeral 3) del Art. 304 del C.P.P., que según los fundamentos de la resolución de rechazo señalan que los alcances y efectos jurídicos del convenio No 047/2012 no se configura como delito, en consecuencia lo correcto era sujetar su decisión al numeral 1) del Art. 304 del C.P.P., que el hecho no está tipificado como delito, sin embargo no ocurrió eso, si no ha omitido la valoración de los documentos adjuntos donde se evidencia que en otros procesos penales de similares características se ha sentado jurisprudencia.- * Vulneración al debido proceso en su vertiente de fundamentación debida, suficiente y valoración arbitraria:.- El Fiscal Departamental de Tarija al haber emitido una resolución que ratifica el rechazo de reapertura del proceso investigativo, incurriendo en una serie de omisiones que dieron lugar a la emisión de una resolución carente de fundamentación y en la que no realizó una adecuada valoración de las pruebas adjuntos y por ende no corrigió las irregularidades emitidas por el Fiscal de Materia, toda vez que la fundamentación centrada en la resolución de rechazo entendía que los alcances y efectos jurídicos del convenio No 047/2012 no se configuraba como delito subsumible al Art. 222 del C.P. en tal razonamiento el FDPPIOYCC como entidad responsable de la administración de los recursos recibidos del Impuesto Directo de Hidrocarburos, ha destinado para la ejecución del Proyecto “Apoyo a la producción y comercialización de artesanías del pueblo Weenhayek” mediante la suscripción del convenio Nº 047/2012, en cumplimiento al Art. 3 del Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre de 2005, que otorgaba atribuciones y obligaciones al FDPPIOYCC.- * Vulneración del derecho al acceso a la justicia como vertiente de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, conforme lo estipulan los artículos 115 y 121 de la C.P.E.- Con el despliegue de este actuar ilegal se ha conculcado además las prescripciones de la tutela judicial efectiva que igualmente constituye una vertiente del debido proceso, dado que la entidad víctima a la que representamos a través de la emisión de la RESOLUCIÓN JERÀRQUICA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 se le ha negado el acceso a la justicia por los razonamientos escuetos esgrimidos en dicha resolución y la omisión evidente en la que incurrió la autoridad demandada, dado que el acceso a la justicia ordinaria no debe ser entendida como la sola presentación y admisión de la denuncia, sino también la misma abarca otros aspectos como el obtener una investigación eficaz por parte del Ministerio Público quien tiene la responsabilidad del ejercicio adecuado de la acción penal, a través de la realización de diligencias y actos investigativos tendientes a esclarecer la verdad histórica de los hechos y no así endilgarle la responsabilidad de la investigación penal a la víctima, siendo que el Fiscal Jerárquico señala que los fundamentos para la ratificación del rechazo para los ciudadanos Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapirana Castillo es debido a que la entidad víctima no ha adjuntado nuevos elementos de convicción precisados objetivamente que demuestre que los convenios y los contratos son similares en su naturaleza y efectos jurídicos por consiguiente atribuibles con delito tipificado en el Art. 222 del C.P., fundamento totalmente arbitrario por cuanto la victima ha demostrado la existencia de elementos suficientes para la reapertura de la investigación de la denuncia.-I. NOTIFICACIÓN CON LA RESOLUCIÓN JERÁRQUICA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 COMO PARTE ACCIONANTE.- En el caso concreto como Institución FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA tomamos conocimiento de la injusta e ilegal resolución en fecha 10 de junio de 2021 a horas 10:57 am., donde fuimos legalmente notificados con la Resolución Jerárquica No. RJ/RS/AFAB/1202-2019 de fecha 30 de octubre de 2019, lo que da cuenta que nos encontramos dentro del plazo legal para su interposición ya que el plazo fenecería el 10 de diciembre de 2021, conforme la documentación que adjuntamos y consignamos en el numeral 2) del PUNTO “X”. (Prueba), de la Acción de Amparo de Constitucional observado, correspondiente a (Hoja de Ruta FDI-02939-2021 con cargo de recepción de fecha 10 de junio de 2021 y la respectiva Resolución de Rechazo de Reapertura de Investigación de fecha 30 de octubre de 2019 en copia legalizado con fecha de cargo a la Institución FDI de 10 de junio de 2021).- IV. PETITORIO (tutela que se solicitó):.- Por los antecedentes que han sido expresados, se concluye que la Resolución de Rechazo de RE APERTURA de las investigaciones de fecha 30 de agosto de 20190 y la Resolución Jerárquica No. RJ/RS/AFAB/1202-2019 de fecha fecha 30 de octubre de 2019 que resuelve RATIFICAR la resolución de rechazo de Reapertura, han vulnerado nuestro derecho y garantía al Debido Proceso en su vertiente de la debida fundamentación y el principio de Congruencia y motivación de las resoluciones fiscales conforme prescribe el artículo 72 de la Ley 1970, nuestro Derecho de acceso a la Justicia pronta y cumplida (tutela judicial efectiva), a la seguridad e igualdad procesal, contenidas en los artículos 113, 115 núm. I y II, 117 y 121. II de la Constitución Política del Estado, en consecuencia, siendo que el Fondo de Desarrollo Indígena se constituye en víctima, solicitamos:.- a) Admitan la presente acción de amparo por estar cumplidos los requisitos formales y acreditados los presupuestos de procedencia y compulsados los fundamentos de contenido fáctico, jurídico y probatorio, en ejercicio del control de garantías fundamentales CONCEDAN LA TUTELA SOLICITADA y SE RESTITUYAN LOS DERECHOS SUPRIMIDOS por el accionado, disponiendo se deje SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN FISCAL JERARQUICA No. 1202 de FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, ordenando al Fiscal Departamental emita nueva resolución debidamente fundamentada.- b) Solicita la remisión del cuaderno de investigaciones del caso signado TAR-VIL 1706002, (en caso de considerar necesario su remisión) y una vez corridos los trámites de rigor, convoquen audiencia pública en los términos establecidos en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional.- OTROSÍ 1º.- Nos ratificamos en la prueba ofrecida a 314 fojas en la Acción de Amparo Constitucional interpuesto en fecha 9 de diciembre de 2021.- OTROSI 2º.- Para notificaciones virtuales señalamos las direcciones de correo electrónico de los abogados: Raul Terceros Coyo – con RPA Nº 5925918 RTC-A, correo electrónico: raulterceros82@gmail.com, Cel. 68421378, Aldrin Alvaro Alvarez Torreblanco – con RPA Nº 5977928 AAAT, correo electrónico alvatorre95@gmail.com, Cel 76233748 y Gilmar Jhonny Parra Llave con RPA nº 8568373-GJPL, correo: parragagilmar@gmail.com, Cel73631616, Guiliano Anthony Fiorilo Pasquier – con RPA Nº 370788GAFP, correo electrónico: guiloanofiorilo@hotmail.com, Sara Katushka Tirado Llanos con RPA Nº 4841400-SKTLL, correo electrónico sarita ktll@homtial.com y Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con RPA Nº 8460359-ALQCH, correo electrónico addellevip@homtil.com. Cel 78848207.- OTROSÍ 3º.- Ratificamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas Nº 573 entre Andrés Muñoz y Presbítero Medina, Fax Despacho: (591-2) – 2128208 de la Ciudad de La Paz.- Será Justicia,…- La Paz, 16 de diciembre de 2021.- FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.- firma y sella: Abg. Gilmar Jhonny Parraga Llave.- PROFESIONAL DE GESTION LEGAL Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA.- Abg. Aldrin Álvarez Torreblanco.- RESPONSABLE – GESTIÓN JURÍDICA.- RPA.- 5977928 AAAT- FDI.- AUTO DE ADMISIÓN CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS A TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS VUELTA DE OBRADOS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTA POR ALDRÍN ÁLVARO ÁLVAREZ TORREBLANCO, RAÚL TERCEROS COYO, GILMAR JHONNY PÁRRAGA LLAVE, PATRICIA VERÓNICA RÍOS CAJÍAS, SARA KATUSHKA TIRADO LLANOS Y LEVI QUISBERT CHQUEHUANCA, EN REPRESENTACIÓN CON MANDATO DE DELICIA ROSSIO LÓPEZ TOLABA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA CONTRA ELIZABETH SANDRA GUTIÉRREZ SALAZAR, EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA.- La Paz, 20 de diciembre de 2021.- VISTOS: Se ADMITE la Acción de Amparo Constitucional presentada por Aldrín Álvaro Álvarez Torreblanco, Raúl Terceros Coyo, Gilmar Jhonny Párraga Llave, Patricia Verónica Ríos Cajías, Sara Katushka Tirado Llanos y Levi Quisbert Chquehuanca, en representación con mandato de Delicia Rossio López Tolaba, en su condición de Directora General Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, en su condición de Fiscal Departamental de Tarija, conforme lo previsto en el art. 129 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo); a cuyo efecto, deberá correrse en TRASLADO a la Autoridad accionada, sea mediante copia de ley entregada en forma personal, por cédula o por cualquier medio de mensajería instantánea para que brinde a esta Sala Constitucional su respectivo Informe. Se señala audiencia pública para el día 17 de febrero de 2022 a horas 9:30 (de acuerdo a agenda programada y por las recargadas labores de esta Sala), a llevarse a cabo mediante plataforma virtual Webex Meet. Sea con las formalidades de Ley.- Asimismo, las Autoridades accionadas, independientemente de su informe, deberán remitir los antecedentes de la causa ante esta Sala Constitucional ANTES de la audiencia señalada.- Habiéndose Identificado al Tercero Interesado, en mérito al artículo 31 del Código Procesal Constitucional, notifíquese a: Moisés Sapiranda Sapiranda, Juan Rivero Sánchez y Nicolás Sapiranda Castillo, sea en los domicilios señalados a través de Provisiones Citatorias, sin perjuicio de ello, la parte accionante, deberá señalar si corresponde, medios de mensajería instantánea.- Al Otrosí 1º.- Se tiene presente.- Al Otrosí 2º y 3º.- Por señalado.- PROVIDENCIANDO A LOS OTROSÍES DEL MEMORIAL PRINCIPAL DE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.- Al Otrosí 1º.- Se tiene presente.- Al Otrosí 2º y 3º.- Por señalado.- Link de Sala Virtual:.- https://ojcivillpz.webex.com/ojcivillpz/j.php?MTID=m7f4c13616661dcaa012b918126186d8d.- INSTRUCCIONES:.- Para obtener el Link de acceso a la Sala Virtual deberán comunicarse 60 minutos antes de la hora de la audiencia señalada al número de WhatsApp 73016953 (Secretaria de Sala), posteriormente para la prueba de video quienes participen están en la obligación de conectarse 20 minutos antes de la audiencia señalada.- En caso de que las partes cuenten con poder de representación, informes y/o documentación al respecto, deben apersonarse a Auxiliatura de esta Sala para su recepción directa en el día ANTES DE LA AUDIENCIA, ya que no se cuenta con material de escritorio disponible para su impresión previa comunicación telefónica, asimismo, deben ser enviados en formato pdf al correo salaconstitucionalprimera.lapaz@gmail.com y al número de WhatsApp 73016953.- Las partes y sus abogados, deberán tomar los recaudos necesarios para participar en sala virtual, tanto con la conexión de internet, como con los documentos e imágenes que deseen compartir al momento de su participación, teniendo para ello la plataforma virtual Webex Meet.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- DR. ISRAEL RAMIRO CAMPERO MÉNDEZ.- VOCAL.- SALA CONSTITUCIONAL I.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE OBRADOS.- En la ciudad de La Paz, a horas 12:18 del día 02 de FEBRERO de 2022 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con PROVEÍDO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA. Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANÁLISIS JURÍDICO Y PROYECTOS FDI.- RPA-5925918RTC-A.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS DIEZ DE OBRADOS.- A, 30 de marzo de 2022.- Previo a instalar la audiencia señalada, se evidencia que no se han cumplido con la totalidad de los actos judiciales de comunicación, en ese sentido y en aplicación al artículo 35 del Código Procesal Constitucional se dispone lo siguiente: 1. Se reprograma la audiencia de Acción de Amparo Constitucional para el día 25 de abril de 2022 a horas 11:30 (de acuerdo a agenda programada y por las recargadas labores de esta Sala) a desarrollarse mediante plataforma Webex Meet.- 2. Notifíquese a las partes procesales en la medida de los posible a travez de medios de mensajería instantánea.- Link de Sala Virtual:.- https://ojcivillpz.webex.com/ojcivillpz/j.php?MTID=m7f4c13616661dcaa012b918126186d8d.- INSTRUCCIONES:.- Para obtener el Link de acceso a la Sala Virtual deberán comunicarse 60 minutos antes de la hora de la audiencia señalada al número de WhatsApp 73016953 (Secretaria de Sala), posteriormente para la prueba de video quienes participen están en la obligación de conectarse 20 minutos antes de la audiencia señalada.- En caso de que las partes cuenten con poder de representación, informes y/o documentación al respecto, deben apersonarse a Auxiliatura de esta Sala para su recepción directa en el día ANTES DE LA AUDIENCIA, ya que no se cuenta con material de escritorio disponible para su impresión previa comunicación telefónica, asimismo, deben ser enviados en formato pdf al correo salaconstitucionalprimera.lapaz@gmail.com y al número de WhatsApp 73016953.- Las partes y sus abogados, deberán tomar los recaudos necesarios para participar en sala virtual, tanto con la conexión de internet, como con los documentos e imágenes que deseen compartir al momento de su participación, teniendo para ello la plataforma virtual Webex Meet.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS ONCE DE OBRADOS.- En la ciudad de La Paz, a horas 15:04 del día 01 de abril de 2022 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con PROVEÍDO DE 30 DE marzo DE 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA. Abog. Raul Terceros Coyo.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS QUINCE DE OBRADOS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- NUREJ: 203994509.- EN RAZÓN AL ART. 35 DEL C.P.C. SOLICITA LA NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS.- OTROSÍ. SU CONTENIDO.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los abogados; Raúl Terceros Coyo con C.I. N° 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.1. N° 8568373 Pt., Sara Katushka Tirado Llanos con C.l. N° 4841400 L.P., Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. N 8460359 Cod. GR y Katerine Brenda Garcia Huayta con C.I. Nº 6088836 Cod. GR., en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos:.- Habiendo sido notificado en fecha 01 de abril de 2022, por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz presidido por vuestras autoridades, con el proveído de 30 de marzo de 2022 de reprogramación de audiencia de Acción de Amparo Constitucional para el dia 25 de abril de 2022 a horas 11:30 am.- A cuyo efecto, teniendo en cuenta la representación de fecha 14 de marzo de 2022 del Dr. José Armando Vargas Vargas Oficial del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial y Familia 2do de Villa Montes del Departamento de Tarija; al amparo de los Arts. 31. II., y 35 núm. 2) del Código Procesal Constitucional, solicitamos a vuestras autoridades la notificación a los terceros interesados al número WhatsApp que señalaron dentro la investigación preliminar a cargo por el Ministerio Público de Tarija adscrito a Villa Montes, caso signado con TAR-VIL 1706002 de conocimiento de la Sala Constitucional Ira de La Paz en mérito al Art. 51 del Código Procesal Constitucional.- * Tercer Interesado; NICOLAS SAPIRANDA CASTILLO con C.l. 5800492 Tja., con Cel. 67672612.- * Tercer Interesado; JUAN RIVERO SANCHEZ con C.I. 1891917 Tja., Cel. 74526056.- * Tercer Interesado; MOISÉS SAPIRANDA SAPIRANDA con C.I. 7143773 Tja., Cel. 76833039.- Asimismo, con relación a la aplicabilidad del Art. 8 1. del Código Procesal Constitucional, en la presente causa dejamos a su consideración de vuestras autoridades la pertinencia de la notificación a la Procuraduría General del Estado para la audiencia programada.- OTROSÍ 1°. Ratificamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas N° 573 entre Andrés Muñoz y Presbitero Medina, Fax Despacho: (591-2) 2128208, Correo. electrónico: raulterceros82@gmail.com y Cel. WhatsApp 68421378 para notificaciones virtuales.- Será Justicia,... FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.-PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS QUINCE VUELTA DE OBRADOS. - A, 6 de abril de 2022.- Téngase presente por el señor oficial de diligencias, debiendo informar el resultado de las notificaciones electrónicas.- Al Otrosi 1º.- Por señalado.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- MEMORIAL CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS DIECISÉIS DE OBRADOS. – SEÑORES VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- NUREJ: 203994509.- SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.- OTROSÍ. SU CONTENIDO.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los Abogados; Raúl Terceros Coyo con C.I. N° 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.I. N° 8568373 Pt., Sara Katushka Tirado Llanos con C.I. N° 4841400 L.P., Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. Nº 8460359 Cod. GR y Katerine Brenda Garcia Huayta con C.I. N° 6088836 Cod. GR., en Nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos:.- Señores Vocales, en razón a que no se ha dado cumplimiento con la notificación a los terceros interesados con la acción de amparo constitucional y proveído de fecha 30 de marzo de 2022 al amparo del Art. 31. II., y 35 núm. 2) del Código Procesal Constitucional; solicitamos la reprogramación de la audiencia de Acción de Amparo Constitucional señalada para el dia 25 de abril de 2022 a Horas 11:30 am.- Asimismo, con la información recibida en fecha 22/04/2022 en secretaria de la Sala Constitucional Primera, tenemos a bien solicitar se nos pueda facilitar el expediente de la acción de amparo constitucional a objeto de hacernos cargo de la digitalización de los antecedentes de la demanda interpuesta y posteriormente proceder con la notificación a los terceros interesados a través de mensajeria instantánea, conforme a lo solicitado por secretaria de su digno despacho.- OTROSÍ 1º.- Ratificamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas N° 573 entre Andrés Muñoz y Presbitero Medina, Fax Despacho: (591-2)-2128208, Correo electrónico: raulterceros82@gmail.com y Cel. WhatsApp 68421378 para notificaciones virtuales.- Será Justicia,…- La Paz, 04 de abril de 2022.- FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANÁLISIS JURÍDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.- firma y sella: Abg. Gilmar Jhonny Parraga Llave.- PROFESIONAL DE GESTION LEGAL Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA FDI.- RPA 8568373 GJPL.- PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS DIECISIETE DE OBRADOS. – A, 25 de abril de 2022.- Previo a instalar la audiencia señalada, se evidencia que no se han cumplido con la totalidad de los actos judiciales de comunicación, en ese sentido y en aplicación al artículo 35 del Código Procesal Constitucional se dispone lo siguiente: 1. Se reprograma la audiencia de Acción de Amparo Constitucional para el dia 10 de junio de 2022 a horas 9:30 (de acuerdo a agenda programada forma y por las recargadas labores de esta Sala) a desarrollarse de PRESENCIAL.- 2. Notifiquese a las partes procesales en la medida de los posible a través de medios de mensajería instantánea.- (WhatsApp Secretaria de Sala 73016953).- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS QUINIENTOS DIECIOCHO DE OBRADOS. - En la ciudad de La Paz, a horas 14:27 del día 19 de MAYO de 2022 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con DECRETO DE REPROGRAMACIÓN quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA. - CERTIFICO. - FIRMA. Abog. Raul Terceros Coyo.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– ACTA DE AUDIENCIA DIFERIDA CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS TREINTA A SETECIENTOS TREINTA VUELTA DE OBRADOS.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- (ACTA DE AUDIENCIA DIFERIDA).- FECHA: 10 DE JUNIO DE 2022.- HORA: 9:30.- LUGAR: LA PAZ.-VOCAL PRESIDENTE (DR. JAIMES): La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz antes de instalar la audiencia de Acción de Amparo Constitucional va a solicitar informe de la señora secretaria de esta Sala para verificar o establecer si las partes y los terceros interesados han sido legalmente notificados, señora secretaria tenga usted la gentileza de informar.- SECRETARIA: La palabra señor Vocal de la revisión de antecedentes y formulario de notificaciones se evidencia que no se han cumplido con la totalidad de los actos judiciales de comunicación, en ese sentido informar que se encuentra la parte accionante a través del doctor Raúl Terceros Coyo en representación con mandato de la Directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena, ausente la Autoridad accionada Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar en su condición de Fiscal Departamental de Tarija, sin embargo, la misma ha enviado informe escrito con anterioridad, asimismo se ha apersonado la doctora Lizeth Carvajal Limachi por el Ministerio Público vía cooperación, respecto a los terceros interesados se ha notificado a los señores Moisés Sapiranda Sapiranda quien ha enviado un informe escrito y una solicitud de que la audiencia sea llevada a cabo de forma virtual por razones de salud, también se ha notificado al señor Nicolás Sapiranda Castillo, sin embargo, se encuentra ausente, a quien no se ha podido realizar la notificación correspondiente es al señor Juan Rivero Sánchez, teniendo en antecedentes la representación realizada por el Oficial de Diligencias del lugar, indicando que el mismo no viviría en el lugar y no lo conocerían, es todo señor Vocal.- VOCAL PRESIDENTE (DR. ALFREDO JAIMES): Gracias, con lo informado por la señora secretaria de esta Sala Constitucional y tomando en cuenta que no se ha logrado notificar al señor Juan Rivero Sánchez uno de los terceros interesados que, indefectiblemente debe estar presente ya sea de forma virtual o en esta sala de audiencias; consecuentemente, por esta única vez se va a disponer la suspensión de la audiencia, para tal efecto, se señala nuevamente para el día lunes 27 de junio de 2022 a horas 9:30, a tal efecto, las partes que se encuentran presentes en forma personal y los terceros interesados quedan legalmente notificados, debiendo la parte accionante activar con las diligencias de notificación al tercero interesado Juan Rivero Sánchez para que en dicha audiencia se haga presente, no habiendo más que tratar se levanta sesión, pueden retirarse.- ACCIONANTE (DR. RAUL TERCEROS COYO): Señor Juez, señor Vocal considerando que ya se ha intentado la notificación por comisión a Villa Montes y los celulares también se ha solicitado por WhatsApp que se notifique, pero sin embargo, considerando que podría ser inviable, entonces se ha notificado por tercera vez es esto, pese a que son tres terceros interesados de los tres interesados tienen conocimiento Pese a que dos de ellos ya han sido notificados, el primer notificado que quiere asistir virtualmente a la audiencia, es el principal responsable de los terceros interesados que tal vez, pero sin embargo, me indica que hay un tercero que si la dirección domiciliaria o se ha señalado y no se lo ha ubicado, seguramente vamos a tener que nuevamente es recurrir.- VOCAL PRESIDENTE (DR. ALFREDO JAIMES): Ya, sin embargo, la parte accionante tiene la obligación de solicitar que se notifique o que se oficie al SEGIP para que se está instancia informe a esta sala el último domicilio del tercero interesado Juan Rivero Sánchez, en ese sentido, se suspende la audiencia.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS SETENCIENTOS TREINTA Y UNO DE OBRADOS.- En la ciudad de La Paz, a horas 09:30 del día 10 de junio de 2022 años notifique A DIRECTORA DE FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con acta de audiencia diferida de 10 de junio de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA. Abog. Raul Terceros Coyo.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– En la ciudad de La Paz, a horas 09:30 del día 10 de junio de 2022 años notifique A Lizeth Carvajal Limachi – Ministerio Público con acta de audiencia diferida de 10 de junio de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA: Lizeth Carvajal Limachi.- ILEGIBLE.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– MEMORIAL CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS TREINTA Y TRES DE OBRADOS.- SEÑORES VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- NUREJ: 203994509.- SOLICITA SE OFICIE A SEGIP YO SERECI.- OTROSÍ, SU CONTENIDO. FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los abogados; Raúl Terceros Coyo con C.I. N° 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.I. N° 8568373 Pt., Sara Katushka Tirado Llanos con C.I. N° 4841400 L.P., Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. No 8460359 Cod. GR y Katerine Brenda Garcia Huayta con C.I. N° 6088836 Cod. GR., en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos:.- Señores Vocales, en razón a que no se ha dado cumplimiento con la notificación al tercer interesado Sr. Juan Rivero Sánchez, con la Acción de Amparo Constitucional, memorial de fecha 22/04/2022 y proveído de fecha 25 de abril de 2022; causal de suspensión de la Audiencia de Acción de Amparo Constitucional programada para el día 10 de junio de 2022 a horas 9:30 am.- En consecuencia, en mérito al Art. 115.II. de la CPE., solicitamos se oficie al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y Servicio de Registro Civico (SERECI) a través de la unidad y/o sección que corresponda, remitan ante su autoridad, datos del último domicilio registrado del ciudadano Juan Rivero Sánchez con C.I. No 1891917 Tja. OTROSÍ 1º.- Ratificamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas N° 573 entre Andrés Muñoz y Presbitero Medina, Fax Despacho: (591-2)- 2128208, Correo electrónico: raulterceros82@gmail.com y Cel. WhatsApp 68421378 para notificaciones virtuales.- FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANÁLISIS JURÍDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.- firma y sella: Abg. Gilmar Jhonny Parraga Llave.- PROFESIONAL DE GESTION LEGAL Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDIGENA FDI.- RPA 8568373 GJPL.- PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS TREINTA Y TRES DE OBRADOS.- A, 14 de junio 2022.- Oficiese a los fines solicitados.- Al Otrosi 1º.- Por señalado.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– MEMORIAL CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS CUARENTA DE OBRADOS.- SEÑORES VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ NUREJ: 203994509.- DEVUELVE OFICIO DILIGENCIADO Y ADJUNTA CERTIFICACIÓN SEGIP.- OTROSI.- SU CONTENIDO.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los abogados; Raúl Terceros Coyo con C.J. N° 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.I. N° 8568373 PL., Sara Katushka Tirado Llanos con C.I. N° 4841400 L.P., Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. N 8460359 Cod. GR y Katerine Brenda Garcia Huayta con C.I. N° 6088836 Cod. GR., en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos:.- Habiéndose cumplido con el diligenciamiento del Oficio con CITE: SCI TDJLP N° 405/2021 NUREJ: 203994509 de fecha 20 de junio de 2022 a instancias de SEGIP de La Paz; tenemos a bien devolver el citado oficio diligenciado, adjuntando la respuesta emitida por SEGIP.- Asimismo, queremos manifestar que la dirección domiciliaria del Sr. Juan Rivero Sánchez con C.I. 1891917 TJA., que anteriormente proporcionamos ante su autoridad a los efectos del Art. 115.II., de la CPE, coincide con lo descrito en la certificación domiciliaria emitida en fecha 23/06/2022 por SEGIP de La paz; a cuya razón pedimos a vuestras autoridades se exhorte al Juzgado Público Mixto Civil, Comercial y Familiar 1° de Villamontes de cumplimiento con la notificación con los antecedentes y la audiencia reprogramada de la presente causa al Sr. Juan Rivero Sánchez, bajo responsabilidad disciplinaria.- OTROSÍ 1º.- Ratificamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas N° 573 entre Andrés Muñoz y Presbítero Medina, Fax Despacho: (591-2)- 2128208, Correo electrónico: raulterceros82@gmail.com y Cel. WhatsApp 68421378 para notificaciones virtuales.-Será Justicia,...- FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.- firma y sella: Abg. Gilmar Jhonny Parraga Llave.- PROFESIONAL DE GESTION LEGAL Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA.- PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS CUARENTA VUELTA DE OBRADOS.- A, 30 de junio de 2022.- Tengase presente y provéase las diligencias de notificación conforme se solicita.- Al Otrosi 1º.- Por señalado.- FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS CUARENTA Y UNO DE OBRADOS.- .- A, 27 de junio de 2022.- Previo a instalar la audiencia señalada, se evidencia que no se han cumplido con la totalidad de los actos judiciales de comunicación, en ese sentido y en aplicación al artículo 35 del Código Procesal Constitucional se dispone lo siguiente: 1. Se reprograma la audiencia de Acción de Amparo Constitucional para el día 11 de agosto de 2022 a horas 09:30 (de acuerdo a agenda programada y por las recargadas labores de esta Sala) a desarrollarse de forma PRESENCIAL. FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.–NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DE OBRADOS.- NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS SETENCIENTOS TREINTA Y UNO DE OBRADOS.- En la ciudad de La Paz, a horas 13:54 del día 18 de julio de 2022 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con proveído de 30 de junio de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA. Abog. Raul Terceros Coyo.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– INFORME CURSANTE A FOJAS NOVECIENTOS SIETE DE OBRADOS.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- INFORME TDJ-SCI No. 32/2022.- A: VOCALES - SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ.- DE: KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO, OFICIAL DE DILIGENCIAS, SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DE LA PAZ.- REF: NOTIFICACIONES DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, FONDO DE DESARROLLO INDIGENA contra FISCALIA FISCALIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA.- FECHA: La Paz, 10 de agosto de 2022.- En cumplimiento de sus funciones, el suscrito Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Primera de La Paz, informa a sus Autoridades lo siguiente:.- En fecha 10 de agosto de 2022 a horas 08:40, el suscrito procedio la notificación de los terceros interesados (Juan Rivero y Nicolas Sapiranda) a los números de celular presentados por la parte accionante, sin embargo, ninguno de los terceros interesados cuenta con WhatsApp ni responden a las llamadas telefónicas que el suscrito realizó, en ese sentido, nos vimos forzados a no realizar las diligencias.- Es cuanto tengo a bien informar a sus Autoridades para fines consiguientes de Ley.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS NOVECIENTOS OCHO DE OBRADOS.- A, 11 de AGOSTO de 2022.- En mérito al Informe que antecede y previo a instalar la audiencia señalada, se evidencia que no se han cumplido con la totalidad de los actos judiciales de comunicación, específicamente la notificación a los terceros interesados identificados por el accionante, en ese sentido y en aplicación al artículo 35 del Código Procesal Constitucional se dispone lo siguiente:.- 1. Se reprograma la audiencia de Acción de Amparo Constitucional para el día 31 de agosto de 2022 a horas 9:30 (de acuerdo a agenda programada y por las recargadas labores de esta Sala) a desarrollarse de forma PRESENCIAL.- (Secretaria - 73016953) FIRMA Y SELLA:- DR. ALFREDO JAIMES TERRAZAS .-VOCAL PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– NOTIFICACIONES CURSANTE A FOJAS NOVECIENTOS NUEVE.- En la ciudad de La Paz, a horas 11:37 del día 17 de AGOSTO de 2022 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con PROVEÍDO DE 11 DE AGOSTO de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA. CONSTITUCIONAL, vía WhatsApp al número 68421378.- CERTIFICO.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– En la ciudad de La Paz, a horas 11:38 del día 17 de AGOSTO de 2022 años notifique A MOISÉS SAPIRANDA con PROVEÍDO DE 11 DE AGOSTO de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA. CONSTITUCIONAL, vía WhatsApp al número74503095.- CERTIFICO.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– En la ciudad de La Paz, a horas 11:41 del día 17 de AGOSTO de 2022 años notifique A ANDRES SORUCO – FISCAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA con PROVEÍDO DE 11 DE AGOSTO de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA. CONSTITUCIONAL, vía WhatsApp al número73485991.- CERTIFICO.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– MEMORIAL CURSANTE A FOJAS NOVECIENTOS DIEZ A NOVECIENTOS DIEZ VUELTA DE OBRADOS.- SEÑORES VOCALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ .- NUREJ: 203994509.- SOLICITA NOTIFICACIÓN POR EDICTO.- OTROSÍ. – SU CONTENIDO.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, representada legalmente por los abogados; Raúl Terceros Coyo con C.I. Nº 5925918 Cbba., Gilmar Jhonny Parraga Llave con C.I. Nº 8568373 Pt., Sara Katushka Tirado Llanos con C.I. Nº 4841400 L.P., Abdel Levi Quisbert Choquehuanca con C.I. Nº 8460359 Cod. GR y otros en nuestra condición de apoderados de la Lic. DELICIA ROSSIO LOPEZ TOLABA - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA del FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, ante las consideraciones de su autoridad con el debido respeto exponemos y pedimos:.- I. ANTECEDENTES.-Señores Vocales, conforme a decreto de fecha 27 de junio de 2022, sus autoridades dispusieron que previo a instalar la Audiencia de Acción de Amparo Constitucional, se cumpla con la totalidad de los actos judiciales de comunicación de conformidad a los establecido por el Art. 35 del CPC.- En cuyo mérito, previa coordinación con personal de su digno despacho, se libraron Citaciones Provisoria para que el Juzgado de Turno de la ciudad de Villa Montes – Tarija, proceda a notificar a los terceros interesados con el señalamiento de audiencia y demás antecedentes.-En tal antecedente, habiéndose diligenciado las correspondiente Citaciones Provisorias, se tiene la Representación de fecha 01 de agosto de 2022, emitida por el Oficial de Diligencias del Juzgado 1ro Civil, Comercial y Familia 1º de Villamontes del departamento de Tarija, manifestando que no se pudo dar cumplimiento con la PROVISION CITATORIA Nº 074/2022 dirigida a JUAN RIVERO SÁNCHEZ, en virtud a que la dirección de domicilio señalada resulta general e imprecisa, por lo que habiendo consultado a algunos vecinos y pocas tiendas de la comunidad, se habría informado no conocer al Sr. Juan Rivero Sánchez.- Antecedentes, de los cuales se puede inferir que se desconoce el domicilio y paradero actual del referido ciudadano Juan Rivero Sánchez.- Al respecto, la Sentencia Constitucional 0948/2017-S2 de fecha 18 de septiembre señala que: “…Si la acción tutelar de referencia surge dentro de un proceso judicial o administrativo, la citación al tercero se hará en el último domicilio procesal fijado, por cédula de no ser posible la citación personal; en consecuencia, en la eventualidad de que sea imposible la citación personal o por cedula del tercero, cuando se desconozca su paradero, la citación se hará por edictos; así, en el AC 0195/2014-RCA de 5 de agosto, este Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró lo siguiente: “… si bien el Tribunal de garantías resguardó el derecho de terceros que considera tienen interés legítimo, requiriendo se señalen sus domicilios, ante la imposibilidad de lograr su notificación conforme se infiere de las representaciones del oficial de diligencias, corresponde se libre edictos...”.- II PETITORIO.- En mérito a los extremos expuestos precedentemente, ante la imposibilidad de cumplir con notificación personal o cedularía al Tercero Interesado JUAN RIVERO SÁNCHEZ, en aplicación de los alcances establecidos por la Sentencia Constitucional 0948/2017-S2, respetuosamente solicitamos se proceda a la notificación del mismo a través de EDICTOS, y sea con las debidas formalidades de rigor procesal.- OTROSÍ 1º.- Ratificamos domicilio procesal ubicado en la Zona de Sopocachi calle Belisario Salinas Nº 573 entre Andrés Muñoz y Presbítero Medina, Fax Despacho: (591-2) – 2128208, Correo electrónico: raulterceros82@gmail.com y Cel. WhatsApp 68421378 para notificaciones virtuales.-Será Justicia,…-La Paz, 18 de agosto de 2022.- FIRMA Y SELLA: Abog. Raul Terceros Coyo.- PROFESIONAL DE ANÁLISIS JURÍDICO Y PROYECTOS III – FDI.- RPA- 5925918RTC-A.- firma y sella: Abg. Gilmar Jhonny Parraga Llave.- PROFESIONAL DE GESTION LEGAL Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA Y PROYECTOS II.- FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA FDI.- RPA 8568373 GJPL.- PROVEÍDO CURSANTE A FOJAS NOVECIENTOS ONCE DE OBRADOS.- A, 19 de agosto de 2022.- En mérito a los antecedentes de la causa y específicamente al informe emitido por Reynaldo Canqui Espinoza, Oficial de Diligencias del Juzgado 1º Civil, Comercial y de Familia de Villamontes, cursante a fs. 825 y 905, se tiene que los terceros interesados Nicolás Sapiranda Castillo y Juan Rivero Sánchez no cuentan con domicilio conocido; asimismo, cursa informe del señor Oficial de Diligencias de esta Sala Constitucional a fs. 907 mediante el cual se evidencia que se intentó realizar comunicación telefónica con los mismos, pero no respondieron, en ese sentido y en aplicación al artículo 35 del Código Procesal Constitucional se dispone lo siguiente:.- 1. Procédase a la notificación dispuesta mediante Auto de Admisión de 20 de diciembre de 2021 y los subsecuentes actuados que correspondan a Nicolás Sapiranda Castillo y Juan Rivero Sánchez a través de Edicto Judicial vía Sistema Hermes. - 2. Se reprograma la audiencia de Acción de Amparo Constitucional para el día 28 de septiembre de 2022 a horas 9:30 (de acuerdo a agenda programada y por las recargadas labores de esta Sala) a desarrollarse de forma PRESENCIAL.- (Secretaria - 73016953).- Al Otrosí 1º.- Por señalado.- FIRMA Y SELLA:- DR. ISRAEL RAMIRO CAMPERO MÉNDEZ.- VOCAL.- SALA CONSTITUCIONAL I.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA:- MÓNICA QUISPE FERNÁNDEZ.- SECRETARIA DE SALA.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– NOTIFICACIÓN CURSANTE A FOJAS NOVECIENTOS DOCE DE OBRADOS.- En la ciudad de La Paz, a horas 11:44 del día 02 de septiembre de 2022 años notifique A FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA con proveído de reprogramación de 19 de agosto de 2022 quien interpuesto de su tenor se dio por notificado, recibiendo la copia de ley en SECRETARIA DE SALA.- CERTIFICO.- FIRMA. Abog. Raul Terceros Coyo.- FIRMA Y SELLA.- KEVIN MAURICIO ADUVIRI NACHO.- OFICIAL DE DILIGENCIAS.- SALA CONSTITUCIONAL PRIMERA.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ.- BOLIVIA.– El presente edicto es librado en la ciudad de La Paz a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintidós años. P.O. de los Vocales Dr. Alfredo Jaimes Terrazas - Vocal Presidente Sala Constitucional Primera - Tribunal Departamental De Justicia. - La Paz. - Bolivia - Dr. Israel Ramiro Campero Méndez. - Vocal Sala Constitucional Primera Tribunal Departamental De Justicia. - La Paz. - Bolivia.


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