EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N°11 DE LA CAPITAL __________________________________________________________ EDICTO DRA. MABEL L. GUTIERREZ VALLEJOS JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº 11 DE LA CAPITAL.---------------------------------------- PARA: MILTON CAMPOS CANIZARES------------------------------------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A MILTON CAMPOS CANIZARES, CON EL AUTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022 Y PROVEIDO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022; A OBJETO DE QUE COMPAREZCA Y ASUMA DEFENSA, DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR LA MUTUALIDAD DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LUIS ENRIQUE VARGAS LEAMAITRE Y OTROS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA POR CONVERSION DE ACCION PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS 335 CON RELACION AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRASCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO:----------- -------------------------AUTO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022--------------------------- VISTOS: En cumplimiento al auto de vista de fecha 11 de Julio de 2022, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia,que revoca el auto de fecha 8 de febrero de 2022, la excepción de EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, interpuesta por la defensa de LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, MILTON CAMPOS CANIZARES, HUGO SANCHEZ LOZA y WALTER CAMARGO DURAN, dentro el proceso penal seguido por “La Mutualidad del Poder Judicial y el Ministerio Publico, representados en dicho actuado por Lic. Oscar Viamont Márquez y la Dra. Verónica Elizabeth Zacheti Saavedra en sus condiciones de Gerente de la Mutualidad y Asesora legal, respectivamente, por el delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES PREVISTO EN ELA RT. 335 Y 346 del C.P., los antecedentes de la causa, lo establecido en el auto de vista, y; I.- DEL PETITORIO DE LAS PARTES En el actuado procesal celebrado en fecha 8 de febrero de 2022, la defensa de los procesados LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, MILTON CAMPOS CANIZARES, WALTER CAMARGO DURAN y HUGO SANCHEZ LOZA han opuesto la excepción de prescripción de la acción penal señalando, entre lo más esencial: Como antecedentes se ha señalado, que se inicia un proceso en contra de los hoy procesados , LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, MILTON CAMPOS CANIZARES, WALTER CAMARGO DURAN y HUGO SANCHEZ LOZA, en principio mediante acción pública en la gestión 2016, que para dicha fecha ya habrían prescrito los delitos que se les acusaría, empero, luego se les inicio una acción privada mediante una conversión de acción, existiendo una dejadez por más de dos años por parte de los acusadores particulares ha momento de la admisión de la querella, siendo que recién el 19 de mayo de 2019, se habría subsanado por esta parte las observaciones de la admisión de la acusación particular, que dentro la presente causa habría existido un abandono de querella, que al presente los procesados vinieren sufriendo por más de 3 años la imposición de medidas cautelares, que a criterio de la defensa de un proceso que no existiese ya en acción pública, generando perjuicios a los mismo , señalando que se les estaría siguiendo la causa por el delito de estafa con la agravante de víctimas múltiples tipificados en el art. 335 y 346 bis. Que, conforme el auto de vista de fecha 19 de noviembre de 2020 la Sala Penal Primera determinarían la nulidad de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, ordenando que emita nueva resolución, señalando que deba considerarse el auto de fecha 27 de octubre de 2016 emitida por la autoridad jurisdiccional, resolución que fue impugnada y mereció el auto de vista N° 76 de 17 de agosto de 2020, en la cual se declaró parcialmente probado dicha resolución, dejando sin efecto la declaratoria de dilatoria y malicia que determino la resolución cuestionada, por lo que se debe tener en cuenta dichas resoluciones, para la presente audiencia, por lo que al presente excepción con relación a: 1.- LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, opone la excepción de prescripción de la acción penal por prescripción , esto al amparo del art. 7 um.5, art 8 num 1 de pacto de San José de Costa Rica, art. 115,116 y 180-I de la CPE , art. 29 num 1,30 , 31 y 32 del CPP., esto en consideracion a que conforme los antecedes del proceso se tendría, que el hecho delictivo supuestamente se habría cometido en las gestiones 2006 al 2011, tal cual lo relataría la querella del propio acusador particular, ahora bien con respecto a este procesado se señalaría, conforme la querella del acusador particular y el auto de apertura de juico que el mismo habría prestado sus servicios el año 2006 al 31 de enero de 2008, siendo que este dato daría a entender que el computo de la prescripción debe computarse desde el 31 de enero de 2008, conforme también el auto de apertura de fecha 30 de julio de 2019, así como de las literales que habría acompañado consistentes en el contrato de finiquito laboral, el aviso de baja, es decir, que desde dicha fecha al presente habrían transcurrido más de 14 años, que descontando las vacaciones aproximadamente más 12 años, por lo que conforme el art. 29 num.1 del CPP., el cual señala 8 años para que opere la prescripción habría superado dicho tiempo, siendo que, conforme la prueba que acompañase como ser el REJAP el mismo no habría sido declarado rebelde, que acompañaría actualizado, así como tampoco existiese las causales que estableciese el art. 32 del CPP, esto por cuanto el propio certificado de Antecedentes penales establece que el mismo no habría sido sometido a ninguna suspensión del proceso, no existiese antecedente de cuestiones prejudiciales que se plantearon, No existiese antecedente de un antejuicio, no fuese un delito que cause alteración al orden constitucional, más al contrario no existiese la participación del ministerio público lo que a criterio de esta parte diere a entender que se trata de un delito entre particulares, siendo un delito instantáneo. Concluyendo que se declare probada la excepción y se cancelen todas las medidas impuestas en contra del pre nombrado. 2.- MILTON CAMPOS CANIZARE, de la misma manera hace referencia los mismos antecedentes señalando para el anterior procesado, que conforme la acusación particular y el auto de apertura de juicio, el pre nombrado hubiese desempeñado funciones desde el 2008 al 2011 exactamente al 31de diciembre de 2011, que conforme el auto de vista N° 76/22020 no existiese declaratoria de actos dilatorios y maliciosos, por lo que debe computarse para la prescripción dicha fecha, que al presente habría transcurrido 11 años , haciendo la resta de las vacaciones habrían transcurrido más de 10 años, por lo que ingresaría en el num.1 del art. 29 del CPP, y que al presente se cumpliese las exigencias de los art. 31, 32,acompañando el REJAP el cual de la misma forma que el anterior procesado acreditaría que no existe declaratoria de rebeldía, ni la suspensión del proceso, y que no existiese prejudicialidad y antejuicio en al presente causa, por lo que también solicita la extinción de acción 3.-HUGO SANCHEZ LOZA, señalando los mismo antecedentes, es decir, la acusación particular y el auto de apertura de fecha 30 de julio de 2019, que señala que el prenombrado habría prestado sus servidos, desde el 1 de octubre de 2006 al 31 de mayo de 2011, de la misma manera solicita que se considere el auto de vista 76, que establece la inexistencia de declaratoria de dilatoriedad y malicia, por lo que no existiese interrupción en el cómputo de la prescripción, conforme también el certificado de REJAP que acompañaría , que establecería que él no goza de ninguna suspensión del proceso, que la presente causa no altera el orden constitucional, que se tratase de un delito entre privados que el estado Boliviano a través del Ministerio público habría renunciado a la persecución penal , por lo que no fuese aplicable el art. 32 del CPP., pidiendo también conforme a los arts., señalados la prescripción para su defendido. 4. WALTER CAMARGO DURAN, de la misma manera señala que acompaña el REJAP y se ratifica en la acusación particular y el auto de apertura de juicio que habría establecido que el mismo ha prestado su servicios desde el 1 de octubre de 2006 al 31 de mayo de 2011, por lo que al presente habría trascurrido 11 años, haciendo el descuento de la vacación, al presente 10 años, por lo que ingresaría en la causal del núm. 1 de art. 29 que establece la prescripción en 8 años para los delitos superior a 6 años al presente con referencia al art. 335 y 346 bis del CPP delito de estafa con victima múltiples, debiendo considerar el auto de vista 76, señalando de la misma forma que los otros co procesados que conforme el REJAP que acompañaría se evidenciaría no existiese declaratoria de rebeldía, no existiese las causales establecidas en el art. 32 del CPP., por lo que solicita también la prescripción de la acción para su defendido. A su turno la defensa del acusador particular, señala, que al presente la defensa no habría cumplido con la carga argumentativa probatoria, esto por cuanto no fuese suficiente señalar solo artículos, sino debe precisar desde que momento se computaría el término de la prescripción, que tiempo habría durado al presente que señalar que habría transcurrido 14 años y con las vacaciones 12 años no fuese una fundamentación lógica, siendo que era obligación de dicha parte establecer desde que momento debiera computarse el termino para la prescripción, que al presente los procesados habrán planteado incidentes maliciosos y dilatorios, que merecieron el auto de fecha 26 de octubre de 2016, el cual si bien mereció el auto de vista 76/20, el mismo en ninguna de sus partes señala que retira la suspensión de plazos de la prescripción que determino dicha resolución por lo que se debe considerar dicho aspecto. Señala que para resolver una solicitud de prescripción no es suficiente acompañar un certificado de REJAP , se debe precisar de qué manera no concurren los presupuestos del art. 32 del CPP., lo cual la defensa no ha establecido de manera precisa en este actuado judicial no pidiendo este despacho suplir dichas omisiones , haciendo alusión a los AS 294/2016, que obliga a que la parte peticiónate provea datos preciso de computo de la prescripción, el AS 554/16 de 15 de julio que señalaría que debe de manera precisa desde que momento empieza a correr o cesar el acto delictual para el computo de la prescripción, pidiendo en definitiva que se declare infundada la excepción y se declare la malicia y dilatoriedad en su interposición. II.- ANTECEDENTES DE RELEVANCIA PROCESAL En el caso de autos, a los fines de ilustrar la presente resolución corresponde señalar el contenido faticos de los hechos que motivaron la acusación presentada por el acusador particular, que viene a ser la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Publico, por la presunta comisión del delito de ESTAFA con AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES previstos en el art. 335 y 346 bis del CP., mimo de fecha 13 de septiembre de 2018, señala en su acápite: ” IV.2 HECHOS CONCRETOS EN LOS QUE SE FUNDA LA ACUSACION 17.- En el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 , los acusados Luis Enrique Vargas Lemaitre, Milton Campos Canizares, Walter Camargo Duran , Hugo Sánchez Loza y Alberto Segundo Sánchez Osinaga, aprovechando de sus cargos y las funciones que les correspondieron en el procesamiento de solicitudes antes descrito. Llegaron a calificar y determinar una serie de pagos por concepto de “capital social de retiro”,” fondo de compensación” y “primas de rescate de capital social de retiro”, “fondo de compensación”, casos en los que astutamente asumieron criterio arbitrarios fraudulentos y engañosos para la calificación y determinación indebida de pagos a favor de un determinado y selecto grupo de miembros a quienes dolosamente favorecieron con el pago de montos elevadamente excesivos, fuera de todo marco reglamentario y razonable, extremo que al mismo tiempo llegaron a provocar un gravísimo déficit y perjuicio económico-financiero a la Mutualidad y lógicamente a todos sus miembros. 18. Conforme expusimos en la sección precedente, lo pagos de las diversas prestaciones a cargo de la Mutualidad debían sujetarse a criterio , reglas y condiciones preestablecidas por el Reglamento de Prestaciones del Estudio Matemático Actuarial (2006-2010); sin embargo, se logró determinar que el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, luego de una revisión de 3.383 pagos de un total de 3.457 pagos que se hicieron en ese periodo, los acusados efectuaron de manera dolosa una inadecuada, e indebida e ilegal determinación del promedio salarial y de la cantidad de aportaciones, llegando a si a pagar las prestaciones indicadas con un exceso millonario de 24. 742.444,893 (Bolivianos veinticuatro Millones Setecientos cuarenta y dos Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 93/100) en perjuicio de los miembros de la Mutualidad. 19. Estos hechos fueron cometidos por los acusados de la siguiente manera : El acusado Alberto Sánchez Osinaga cumplió el cargo de Asesor legal (de 2006 a 2011) en tal calidad verifico los requisitos y documentos de las respectivas solicitudes de pago efectuadas, emitió informes legales para la viabilidad de los pagos efectuados, determinado además el número de cotizaciones correspondientes a los pagos efectuados de manera fraudulenta y excesiva; por su parte , los acusados Luis Enrique Vargas Lemaitre en su calidad de Jefe de Prestaciones e Inversiones (de 2006 a 2008) y Milton Campos Canizares, conjuntamente con los acusados Hugo Loza Sánchez (Gerente General de 2008 al 2011) y Walter Camargo Duran ( Subgerente de 2006 a 2011) participaron de manera conjunta en la calificación engañosa de cotizaciones y en la determinación fraudulenta de los montos de pago en perjuicio patrimonial de los miembros de la Mutualidad.” (fs. 1 a 14) Ahora bien, dicha acusación fue objetada mereciendo el auto de fecha 13 de mayo de 2019 (fs. 465 a 470), observada mereciendo el memorial de fecha 16 de mayo el cual se transcribe :2 Cumple lo ordenado y subsana relación de hechos acusados ? (…) IV. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. 16. (…) 18 En este marco de consideraciones, respecto a la participación criminal de los acusados, se ha logrado establecer que: El acusado LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, desempeñó el cargo de “JEFE DE PRESTACIONES E INVERSIONES" del 01 de Octubre de 2006 al 31 de Enero de 2008, en tal calidad, el acusado debla efectuar el cálculo de las diferentes prestaciones económicas, en todos los casos, de conformidad a los criterios legales, técnico y financieros predeterminados en el “ Reglamento de Prestaciones y el correspondiente Estudio Matemático Actuarial, respetando las condiciones, cuantías y modalidades de las prestaciones económicas de los regímenes especiales que administra nuestra Mutualidad. Sin embargo, el acusado LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, para el cálculo de prestaciones para el beneficio indebido de determinados y selectos beneficiarios- tomo en cuenta el resultado del promedio de los últimos 12 salarios a la fecha de su retiro definitivo y no asi el resultado del promedio de los últimos 12 salarios a fecha de corte, cuando este promedio a la fecha de corte era más alto que el de la fecha de retiro y tampoco efectuó el mantenimiento del valor a la fecha de corte, de la misma manera, al efectuar el consolidado para el régimen de capital social de retiro, a la fecha de corte de 30 de abril para el Poder Judicial y 28 de febrero de 2006 para el Ministerio Público, se realizó el cálculo para determinar el monto correspondiente al capital social de retiro determinando la cuantia de prestaciones equivalente al 100% del salario promedio por cada 12 meses de aportes, considerando la totalidad de aportes desde su ingreso hasta su retiro, para posteriormente disminuir un 20% a los aportes posteriores al corte de aquellas personas que se retiraron voluntariamente con una cuantia del 80%. Respecto al cálculo para las indemnizaciones anteriores a 1997 –año desde que se reconocieron los aportes a la Mutualidad- efectuó dicho cálculo sin hacer ninguna discriminación de aportes desde mayo de 1986 para el poder Judicial y desde Julio de 1991 para el Ministerio Público. Al respecto es de considerar que tales acciones y omisiones fueron asumidas con conocimiento y voluntad, de manera evidentemente contraria a las normas y criterios preestablecidos, llegando así a establecer de manera engañosa y fraudulenta montos excesivos e indebidos en las calificaciones de pago, haciendo ver como correctos los montos indebidos y excesivos que fueron pagados en beneficio de algunos y determinados beneficiarios y en perjuicio patrimonial de todos los miembros y aportantes de nuestra Mutualidad. 18.2. El acusado MILTON CAMPOS CANIZARES desempeñó el cargo de "JEFE DE PRESTACIONES E INVERSIONES" del 01 de Junio de 2008 al 15 de Junio de 2011, pasado luego a desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL del 16 de Junio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011. En su calidad de "JEFE DE PRESTACIONES E INVERSIONES" tenía la responsabilidad de efectuar los cálculos del pago de prestaciones de conformidad a los criterios legales, técnicos y financieros predeterminados en el "Reglamento de Prestaciones" y el correspondiente Estudio Matemático Actuarial, respetando las condiciones, cuantías y modalidades de las prestaciones económicas de los regímenes especiales. En dicho cargo, el acusado MILTON CAMPOS CANIZARES, al igual que en las gestiones anteriores, sólo en determinados casos tomó en cuenta el resultado del promedio de los últimos 12 salarios a la fecha de su retiro definitivo y no así el resultado del promedio de los últimos 12 salarios a la fecha de corte, cuando este promedio a la fecha de corte era más alto que el de la fecha de retiro y tampoco efectuó el mantenimiento del valor a la fecha de corte; por otro lado, al efectuar el consolidado para el régimen de capital social de retiro, a la fecha de corte de 30 de abril para el Poder Judicial y 28 de febrero de 2006 para el Ministerio Público, realizó los cálculos para determinar el monto correspondiente al capital social de retiro determinando la cuantía de prestaciones equivalente al 100% del salario promedio por cada 12 meses de aportes, cuando en realidad solo correspondía el equivalente al 80%. En el caso de las indemnizaciones anteriores a 1997 -año desde que se reconocieron los aportes a la Mutualidad- no hizo ninguna discriminación de aportes desde mayo de 1986 para el Poder Judicial y desde Julio de 1991 para el Ministerio Público. Todos estos casos de cálculos fraudulentos e indebidos, tuvieron como resultado el beneficio económico de ciertas personas a través de pagos efectuados en demasía, lo que produjo un gran perjuicio económico en todos los miembros de nuestra Mutualidad. Por otro lado, en su calidad de GERENTE GENERAL, el referido acusado asumió el máximo nivel de dirección ejecutiva, teniendo funciones de decisión en la aprobación de pagos, entre otros ámbitos de competencia de nuestra Mutualidad. (…) 18.3. El acusado WALTER CAMARGO DURÁN, cumplió el cargo de "SUB GERENTE DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO" del 01 de Octubre de 2006 al 31 de Mayo de 2011; como máximo nivel de orden operativo, el acusado tuvo funciones de decisión y asesoramiento administrativo, financiero y de control interno. En tal calidad, el acusado WALTER CAMARGO DURÁN, aprobó y firmó todas aquellas calificaciones de pago efectuadas con determinación excesiva y fraudulenta de montos, no obstante de que los cálculos de prestaciones se hallaban notoriamente fuera de todo rango reglamentario, cuya determinación además resultaban contrarias a los criterios técnicos, legales y financieros previstos en el Reglamento de Prestaciones y al Estudio Matemático Actuarial, propiciando el beneficio de ciertos beneficiarios en perjuicio patrimonial de los miembros de nuestra mutualidad. De la misma manera, el acusado suscribió los contratos de pago para hacer efectivo la cancelación de todas aquellas prestaciones con las sobreestimaciones excesivas, aseverando que los montos definidos fraudulentamente se hallaban presuntamente conformes a los criterios previstos en el Reglamento de Prestaciones y del Estudio Matemático actuarial cuando en realidad no era asi. 18.4. El acusado ALBERTO SEGUNDO SÁNCHEZ OSINAGA cumplió el cargo de ASESOR LEGAL del 01 de Octubre de 2006 al 31 de Mayo de 2011, teniendo la responsabilidad de examinar legalmente las operaciones, actividades, informaciones, actos administrativos y financieros de nuestra entidad. En ese contexto, el acusado debía Estudio verificar que los pagos efectuados por concepto de las prestaciones cumplidas se hallaban conforme a los criterios preestablecidos en el Reglamento de Prestaciones y el Estudio Matemático Actuarial, sin embargo, se tiene que el acusado, en lugar de cumplir con dicha función en los pagos indebidos realizados durante todo el tiempo de su gestión, procedió indebidamente en todos estos casos a realizar una precalificación de cotizaciones, a determinar las causales de retiro, establecer las fechas de ingreso y retiro de los beneficiarios y definir el número de aportes, con base a cuyas estimaciones indebidas se procedía a realizar las excesivas calificaciones de pago por los actos fraudulentos de cálculo por parte del Jefe de Prestaciones e Inversiones. En todos los casos de los pagos excesivos detectados, se tiene que el acusado ALBERTO SEGUNDO SÁNCHEZ OSINAGA llegó a emitir los correspondientes Informes legales para cada pago, aseverando que los beneficios a ser cancelados se hallaban presuntamente dentro de los alcances del Reglamento de Prestaciones y del Estudio Matemático Actuarial 2006- 2010, expresando que correspondía en todos los casos proceder con la liquidación de pagos que, como se tiene demostrado, se hallaban en realidad determinados y cuantificados de manera contraria a los criterios legales, técnicos y financieros establecidos en tales instrumentos. En tales condiciones, el mismo acusado redactó y firmó en todos los casos de pagos indebidos y excesivos los contratos de pago, aseverando que los pagos se hallaban conformes al Reglamento de Prestaciones y del Estudio Matemático Actuarial 2006-2010, cuando ciertamente no era así, propiciando así el perjuicio patrimonial millonario de nuestra entidad. 18.5. El acusado HUGO SÁNCHEZ LOZA, desempeñó el cargo de GERENTE GENERAL del 01 de Octubre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, asumiendo el máximo nivel de Dirección Ejecutiva, teniendo funciones de decisión en la aprobación de pagos, entre otros ámbitos de competencia de nuestra Mutualidad. En tal calidad, el acusado HUGO SÁNCHEZ LOZA, autorizó y firmó todas las calificaciones excesivas de pago no obstante estar determinadas de manera fraudulenta y contraria a los criterios técnicos, legales y financieros previstos en el Reglamento de Prestaciones y del Estudio Matemático Actuarial, viabilizando el pago indebido de un selecto grupo de beneficiarios en perjuicio patrimonial de nuestros miembros. De la misma manera, conociendo estos graves extremos, además de aprobar y firmar las excesivas y fraudulentas calificaciones de pago, también ratificaba su aprobación, autorizando su pago a través de la suscripción de resoluciones expresas firmadas conjuntamente los miembros del Directorio, para finalmente firmar los contratos de pago en los que se afirmaba engañosamente que los montos a pagar se hallaban conforme al Reglamento de Prestaciones y del Estudio Matemático Actuarial cuando no era asi (…) . (copia literal del fundamento factico y de participación de los acusados que contienen la acusación particular) FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Tomando en cuenta el auto de vista de fecha 11 de julio de 2022, puesto a conocimiento de este despacho en fecha 27 de julio de 2022, sin haber establecido que este despacho señala audiencia mucho menos un plazo para emitir una nueva resolución, empero, a los fines de cumplir con el art. 132 del CPP., se emite la misma. Teniendo presente el planteamiento de la defensa y la de los acusadores particulares, conforme la necesidad del análisis realizado en auto de fecha 8 de febrero de 2022, es menester analizarse, en principio la naturaleza y alcances del instituto de la prescripción, la normativa aplicable, así como la jurisprudencia sobre la cuestión planteada. En ese propósito se tiene que la prescripción resulta ser un mecanismo de defensa instituido por la ley a efecto de regular el ius puniendi que detenta el Estado, garantizando la aplicación del principio de seguridad jurídica y del derecho a un procesamiento en un plazo razonable, de modo que la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito no se encuentre indefinidamente sometida a proceso. Sobre los alcances y fines de la prescripción, en la SC Nº 861/2012 indica lo siguiente: “….En principio, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercida a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma. Guillermo Cabanellas, refiriéndose a este instituto, señalo que constituye: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono desidia, inactividad o importancia”. En materia penal sostiene el mismo tratadista que involucra la: “extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta luego de quebrantada la condena”. Respecto a su naturaleza, el Tribunal Constitucional a través de la SC. N° 1030/2003-R de 21 de julio, ha señalado que es una institución de carácter sustantivo, porque afecta el ámbito de la esfera de libertad del imputado, puesto que; “…el principio de favorabilidad no puede estar limitado solo a supuestos en los que la nueva norma penal descriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, la nueva ley (ley penal material, procesal o de ejecución) beneficie al delincuente, en el ámbito de su esfera de libertad; siendo comprensivas de tal ámbito, entre otras; las circunstancias, el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena y las medidas de seguridad personales”. De igual forma en la SC N° 0023/2007-R se establece que “…la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (sustantiva o adjetiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales”. La sentencia citada concluye señalando que; “…Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica. Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existen o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez el derecho a la defensa se encuentra conectado a la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías del debido proceso. De lo dicho se desprende que la prescripción sirve también para compeler a los órganos encargados de la persecución penal, y a la misma administración de justicia penal, a resolver de forma rápida y definitiva el ilícito que se ha cometido; combinándose, entonces, la necesidad de una justicia pronta y efectiva (Art. 116.X de la CPE), como garantía de la sociedad, y un debido proceso, como garantía del imputado (Art. 16.IV de la CPE), que a su vez precautele sus derechos a la defensa (Art. 16,II de la CPE) y a la seguridad jurídica (Art. 7 inciso a) de la CPE)”. Asimismo, al caso en concreto nos remitimos a la Sentencia Constitucional 0283/2013 AAC de 13 de marzo que prevé“…….. El derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, no se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado de manera expresa; sin embargo, del contenido de varias normas se denota que implícitamente se asegura su ejercicio. Así en el art. 115.I de la CPE, estipula que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, agregando en el segundo parágrafo que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; concordante con lo previsto por el art. 178 de la misma Ley Fundamental, donde prevé que la potestad de impartir justicia se sustenta en varios principios, entre ellos, el de celeridad, inmerso igualmente en el Capítulo Segundo art. 180.I de la CPE, correspondiente a la jurisdicción ordinaria. Derecho que encuentra sustento en la normativa internacional sobre derechos humanos, como son: “…(los Pactos), que según la doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 0069/2004, entre otras), de manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente: 1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter'. 2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) 'Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas'. De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables” (SC 0101/2004 de 14 de septiembre)….” En nuestra economía jurídica el régimen de la prescripción de la acción penal se encuentra regulado en la Ley Nº 1970, misma donde se establece en su Art. 27 que entre los motivos de extinción de la acción penal se encuentra dicha figura en el numeral 8), disposición que está ligada a lo previsto por el Art. 29 del mismo cuerpo de leyes, que en su numeral 1) establece:” la acción penal prescribe en 8 años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea seis o mas de seis años Por su parte el Art. 30 del CPP estipula que “ el término de la prescripción comenzará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. Asimismo, el Art. 31 del CPP., prevee, que el término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente y por otra en la norma adjetiva en el Art. 32, se precisan las causas de suspensión del término de la prescripción , a saber: “1) cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente; 2) mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3) durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso, y 4) en los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”. Corresponde tener presente que de acuerdo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales N° 1190/2001-R, 1709/2004-R, 101/2006-R y 190/2007-R, entre otras, los delitos se clasifican por su duración en tipos instantáneos y tipos permanentes. Los delitos instantáneos son aquellos en los que con la sola realización de la conducta, acción y omisión del sujeto activo quedan consumados, realizados o tipificados, sin que se requiera de acción posterior para su continuidad o defensa y que la acción termina en el mismo instante en que el delito mismo queda consumado, por ende la prescripción de tales delitos, comienza a correr a partir del momento que se perpetro el hecho delictuoso. Los delitos permanentes son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza da lugar a una situación dañosa o de peligro que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos delitos, es necesario que el estado dañoso o de peligro, provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo y que la prórroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, que prosigue con ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que constituye delito. De la misma manera correspone señalar la Sentencia Constitucional 0281/2018-S1de junio de que señala: (…) Asimismo, en lo relativo a los delitos de estafa y estelionato configurados como delitos instantáneos, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, preciso: “En ese contexto, se debe partir de lo estipulado por el art. 335 del Código Penal (CP) que configura la estafa de la siguiente manera: 'El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días'. En ese orden, la ya citada SC 0190/2007-R, más adelante señaló que: '…la estafa es un delito instantáneo, pues se consuma en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el acto de disposición patrimonial, sin que su consumación se prolongue en el tiempo. Lo mismo sucede con el delito de estelionato, que se consuma en el momento en el que el sujeto activo vende o grava como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados, o cuando vende, grava o arrienda, como propios los bienes ajenos. Siendo menester precisar la descripción del tipo penal, a los fines del cómputo de la prescripción , establecido en el art. 346 bis al señalar: AGRAVACION EN CASOS DE VICTIMAS MULTIPLES los delitos tipificados en los art. 335 , 337,342, 344,345,346 y 363 bis del este Código , cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, será sancionado con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100 a quinientos (500) días., a lo IV.- FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA En el caso de autos se tiene, conforme a la acusación presentada por el acusador particular, que viene a ser la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Publico, por la presunta comisión del delito de ESTAFA con AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES previstos en el art. 335 y 346 bis del CP., bajo los antecedentes que dieron origen a la persecución penal, a los fines del cómputo, conforme lo determina el art. 30 del CPP., teniendo en cuenta las facultades que el art. 344 y 345 del CPP. Establece y en consideracion a que la finalidad de la ley 1173 mod. por la ley 1226, es descongestionar el sistema procesal , la cual incorpora la tramitación de los incidentes, mismos que deben ser debatidos antes de ingresar al fondo de la problemática que origino el señalamiento del juicio oral en sí, disponiendo inclusive su resolución a poderlo resolverlos en un solo acto o reservarlos para sentencia, conforme el fundamento de la revocatoria del auto de fecha 8 de febrero de 2022, pasamos a dar cumplimiento al referido auto de vista de fecha 11 de julio de 2022, mismo que ha señalado que no se habría cumplido con el deber de fundamentación al no haber determinado con meridiana claridad el dies a quo a partir del cual debe ser computado el término de la prescripción , por lo que se incumplió el art. 30 del CPP. Ahora bien, este despacho no suplió ninguna omisión , por cuanto si se toma en cuenta la relación circunstanciada de los hechos acusados , en al misma no se estableciese una fecha precisa, concreta, día, hora de la comisión del hecho, empero hace una relación de tiempo de funciones de los hoy acusados, tiempo en los cuales presuntamente se habría aprovechado para la comisión del hecho antijurídico calificado como ESTAFA, en consideracion a que la base del juicio vienen a ser la acusación, conforme se ha realizado el auto de apertura, no se puede modificar dicho aspecto, aspectos que fueron mencionados en la exposición de la parte excepcionante de la prescripción, a razón de ello dicha parte tomo la última fecha en la cual se prestó el servicio a la Institución de la Mutualidad , por cuanto la defensa no puede incorporar hechos que no es tan en la acusación, a razón de ello el fundamento de dicho plazo, por carencia en la acusación, esto con el fin de establecer el plazo para establecer si opera no la prescripción como uno de los requisitos( plazo) es decir el “Dies a quo”, por cuanto, en la propia acusación se señala el tiempo de servicio no eixistiendo concretamente un día concreto “ el cuándo”, de la comisión de los hechos, lo cual no implica que no se pueda oponer la excepción de prescripción, tomando en cuenta las fechas que la propia acusadora particular, Mutualidad de poder Judicial, estableció, reiterando que la acusación funda su pretensión en los periodos de servicios que cada uno de los acusados presto, sustento para establecer el elemento constitutivo del ardid y el engaño que funda en dicha acusación, bajo dicho fundamento se pasa a analizar : Con relación a la excepción opuesta por la defensa de Luis Enrique Vargas Lemaitre, conforme los antecedentes de la acusación y el memorial de fecha 16 de mayo de 2019 y efectivamente el auto de apertura de juicio, se concluiría que el mismo presto servicios en la Mutualidad del poder Judicial y Ministerio Publico en calidad de Jefe de Prestaciones e inversiones desde el 2006 al 2008, concretamente hasta el 31 de enero de 2008, siendo esta fecha, el 31 de enero de 2008, que se toma como fecha para el computo de la prescripción , por cuanto al presente otra fecha distinta a las otorgadas por el acusador particular no existen, por lo que para la prescripción se debe tomar la media noche del 31 de enero de 2008, por cuanto esta fue la última fecha que el procesado presto sus servicios en la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Publico, ya que no se puede tomar otra fecha más haya de dicha fecha, por cuanto el fundamento de la acusación es esta condición de servidor de la Mutualidad que fue aprovechada para cometer el ilícito acusado, y que dicha condición de servido seso el 31 de enero de 2008 , reiterando que, conforme el art. 30 del CPP, es el momento que debe computarse para la prescripción, aspectos que se han señalado también en el auto de fecha 8 de febrero de 2022, que mereció el auto de vista de fecha 11 de julio de 2022 ,siendo que hasta el día que se instaló la audiencia, que fue el 3 de febrero de 2022, momento en que se reinstalo el juicio oral , descontando la interrupción de plazos que estableció el estado de emergencia que se vivido por la pandemia del covid-19 que paralizo, transcurrieron tres (3) meses y (13) trece días de suspensión de plazos que se dispuso por el D.S. 4200; y la circular 07/2020 de 7 de abril del citado Tribunal, la cual refirió que: “…los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional , en consideracion a la fecha de reinstalación de juico que fue el 3 de febrero de 2022, habrían transcurrido 13 años 5 meses 7 días, debiendo considerar además que ya en fecha 23 de enero de 2020, también se opuso la excepción de extinción de acción por prescripción en la cual se declaró fundada, mereciendo el auto de vista de fecha 19 de noviembre de 2020, que ordena que se considere el auto de fecha 26 de octubre de 2016, , referente a dicho actuado (26 de octubre de 2016), se aclara que conforme refiere el art. 314 – 315 mod. por la ley 586, que en dicha oportunidad estaba vigente , ha establecido en el párrafo III del art. 315, que señala ante la declaratoria de dilatoriedad , maliciosidad y/o temeraria, interrumpe la prescripción de la acción penal, lo cual no ocurre en la presente causa, esto ante la existencia del auto de vista N°76 de fecha 17 de agosto de 2020, emitida por la sala penal Primera, por cuanto la misma señala que se deja sin efecto la calificación de dilatoria y malicia la excepción imposición de multa económica, siendo que dicha calificación es un requisito para establecer la interrupción de a prescripción , es decir, al no existir dicha declaratoria, no se podría mantener o interrumpir los plazos para una prescripción, a razón de ello el computo que se realiza ut supra., ahora bien, conforme nuestro ordenamiento jurídico penal a fin de que opere la prescripción no solo debe considerarse el transcurso del tiempo, sino también que se cumplan las exigencias de los art. 31 o 32 del CPP, Siendo que al presente a través del memorial que se adjunta en fecha 13 de enero de 2020, en el que se acompaña el REJAP del hoy procesado, así como en este actuado judicial se adjunta aun el Certificado de REJAP de fecha 3 de febrero de 2022, se evidencia que no existe la declaratoria de Rebeldía para que exista una interrupción del término de la prescripción conforme lo manda el art. 31 del CPP. Que señala (INTERRUPCION DEL TERMINO DE LA PRESCRIPCIO. El término de la prescripción de a acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computa nuevamente. Asimismo, conforme lo establece el art. 32 no se evidencia la concurrencia de ninguno de los presupuestos establecidos por el pre citado art. Esto por cuanto en al presente causa no se aplicó ninguna suspensión en el proceso,( REJAP), No existen antecedentes de prejudicialidad o la existencia de un antejuicio que se hubiere opuesto, no se trata de un delito que altere el orden constitucional, por lo que tampoco concurre la suspensión de la prescripción Siempre en consideracion que al presente, conforme la subsunción que ha realizado el acusador particular en la calificación de los hecho por parte del imputado que es el delito de estafa, delito calificado como instantáneo, así como la agravante que establece la normativa penal , debiendo considerar el delito con la pena más grave, en el presente caso el delito que afecta a víctimas múltiples considerando el máximo legal del art. 346 bis cuya pena es de 10 años, y en consideración con el tantas veces señalado art. 29 num.1 del CPP. establece:” la acción penal prescribe en 8 años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea seis o mas de seis años, al presente conforme los datos establecidos desde el momento de la presunta comisión del hecho han transcurrido trece(13) años cinco (5) meses y siete (7) días , correspondiendo determinar conforme ello, sumados a que el delito de estafa es un delito instantáneo, es decir que no se prolonga en el tiempo . Con relación a la excepción opuesta por al defensa de Milton Campos Canizares, conforme los antecedentes de la acusación, desempeñó el cargo de "JEFE DE PRESTACIONES E INVERSIONES" del 01 de Junio de 2008 al 15 de Junio de 2011, pasado luego a desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL del 16 de Junio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011. En su calidad de "JEFE DE PRESTACIONES E INVERSIONES" tenía la responsabilidad de efectuar los cálculos del pago de prestaciones de conformidad a los criterios legales, técnicos y financieros predeterminados en el "Reglamento de Prestaciones" , por lo que siendo el 31 de diciembre de 2011, ultima fecha de prestación de servicios es que se toma dicha fecha para el computo de la prescripción , por cuanto al presente no existe un día concreto , por parte del acusador para señalar, sobre la comisión del delito de estafa por lo que para la prescripción se debe tomar la media noche del 31 de diciembre de 2011, por cuanto esta fue la última fecha que el procesado presto sus servicios en la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Publico, por cuanto, no se puede tomar otra fecha siendo que el fundamento de la acusación, es esta condición de servidor de la Mutualidad que fue aprovechada para cometer el ilícito acusado, y que dicha condición de servido seso el 31 de diciembre de 2011 , reiterando que, conforme el art. 30 del CPP, es el momento que debe computarse para la prescripción, aspectos que se han señalado también en el auto de fecha 8 de febrero de 2022, que mereció el auto de vista de fecha 11 de julio de 2022 ,siendo que hasta el día que se instaló la audiencia, que fue el 3 de febrero de 2022, momento en que se reinstalo el juicio oral , descontando la interrupción de plazos que establecer mismo presto servicios en la Mutualidad del poder Judicial y Ministerio Publico en calidad de Jefe de Prestaciones e inversiones desde el 1 de junio de 2008 hasta la gestión 2011, concretamente hasta el 31 de e de diciembre de 2011 en los diferentes cargos como ser Jefe de prestaciones e inversiones, gerente General , tomado esta relación de hechos conforme el art. 30 del CPP , siendo que desde el 31 de diciembre de 2011 al 3 de febrero de 2022, fecha en la que se reinstalo el juicio, descontando la interrupción de plazos que estableció el estado de emergencia que se vivido por la pandemia del covid-19 que paralizo, transcurrieron tres (3) meses y (13) trece días de suspensión de plazos que se dispuso por el D.S. 4200; y la circular 07/2020 de 7 de abril del citado Tribunal, la cual refirió que: “…los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional , en consideracion a la fecha de reinstalación de juico que fue el 3 de febrero de 2022, habrían transcurrido 9 años 9 meses 30 días, debiendo considerar además que ya en fecha 23 de enero de 2020 también se opuso la excepción de extinción de acción por prescripción en la cual se declaró fundada, mereciendo el auto de vista de fecha 19 de noviembre de 2020, que ordena que se considere el auto de fecha 26 de octubre de 2016, , referente a dicho actuado (26 de octubre de 2016), se aclara que conforme refiere el art. 314 – 315 mod. por la ley 586, que en dicha oportunidad estaba vigente ha establecido en el párrafo III del art. 315, que señala ante la declaratoria de dilatoriedad , maliciosidad y/o temeraria, interrumpe la prescripción de la acción penal, lo cual no ocurre en la presente causa, esto ante la existencia del auto de vista N°76 de fecha 17 de agosto de 2020, emitida por la sala penal Primera, por cuanto la misma señala que se deja sin efecto la calificación de dilatoria y malicia la excepción imposición de multa económica, siendo que dicha calificación es un requisito para establecer la interrupción de a prescripción , es decir, al no existir dicha declaratoria, no se podría mantener o interrumpir los plazos para una prescripción, a razón de ello el computo que se realiza ut supra., ahora bien, conforme nuestro ordenamiento jurídico penal a fin de que opere la prescripción no solo debe considerarse el transcurso del tiempo, sino también que se cumplan las exigencias de los art. 31 o 32 del CPP, Siendo que al presente a través del memorial que se adjunta en fecha 15 de enero de 2020 y en este actuado judicial el Certificado de REJAP de fecha 3 de febrero de 2022, se evidencia que no existe la declaratoria de Rebeldía para que exista una interrupción del término de la prescripción conforme lo manda el art. 31 del CPP. Asimismo, conforme lo establece el art. 32 del CPP., no se evidencia la concurrencia de ninguno de los presupuestos establecidos por el pre citado art. Esto por cuanto en la presente causa no se aplicó ninguna suspensión en el proceso ( REJAP), No existen antecedentes de prejudicialidad o un antejuicio que se hubiere opuesto, no se trata de un delito que altere el orden constitucional, por lo que tampoco concurre la suspensión de la prescripción, siempre en consideracion que al presente conforme la subsunción que ha realizado el acusador particular en la calificación de los hecho por parte del imputado que es el delito de estafa delito calificado como instantáneo, así como la agravante que establece la normativa penal , debiendo considerar el delito con la pena más grave, en el presente caso el delito que afecta a víctimas múltiples considerando el máximo legal del art. 346 bis cuya pena es de 10 años, y en consideración con el tantas veces señalado, Art. 29 del CPP., que en su numeral 1) establece:” la acción penal prescribe en 8 años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea seis o mas de seis años , al presente conforme los datos establecidos desde el momento de la presunta comisión del hecho han transcurrido nueve (9) años nueve (9) meses y veinte (20) días , teniendo siempre en cuenta que el delito de estafa es un delito instantáneo, correspondiendo determinar conforme ello.. Con relación a la excepción opuesta por la defensa de Hugo Sanchez Loza, siempre conforme los antecedentes facticos de la acusación el mismo presto servicios en la Mutualidad del poder Judicial y Ministerio Publico en calidad de Gerente General desde el 01 de octubre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 , tomado esta relación de hechos conforme el art. 30 del CPP , debiendo tomarse para el computo de la prescripción el ultimo día que el procesado presto su servicio en la institución, por cuanto no existe otro antecedentes, siendo el fundamento de la acusación dicha condición de funcionario de la Mutualidad del poder judicial y Ministerio público , por lo que se debe computar la media noche del 31 de diciembre del 2011 a la fecha actual de la presente audiencia (3 de febrero de 2022,) fecha en la que se reinstalo a audiencia de juicio oral, descontando la interrupción de plazos que estableció el estado de emergencia que se vivido por la pandemia del covid-19 que paralizo, transcurrieron tres (3) meses y (13) trece días de suspensión de plazos que se dispuso por el D.S. 4200; y la circular 07/2020 de 7 de abril del citado Tribunal, la cual refirió que: “…los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional , en consideracion a la fecha de reinstalación de juico que fue el 3 de febrero de 2022, habrían transcurrido 9 años 9 meses 30 días, reiterando que ya en fecha 23 de enero de 2020 también se opuso la excepción de extinción de acción por prescripción en la cual se declaró fundada, mereciendo el auto de vista de fecha 19 de noviembre de 2020, que ordena que se considere el auto de fecha 26 de octubre de 2016, , referente a dicho actuado (26 de octubre de 2016), se aclara que conforme refiere el art. 314 – 315 mod. por la ley 586, que en dicha oportunidad estaba vigente ha establecido en el párrafo III del art. 315, que señala ante la declaratoria de dilatoriedad , maliciosidad y/o temeraria, interrumpe la prescripción de la acción penal, lo cual no ocurre en la presente causa, esto ante la existencia del auto de vista N°76 de fecha 17 de agosto de 2020, emitida por la sala penal Primera, por cuanto la misma señala que se deja sin efecto la calificación de dilatoria y malicia la excepción imposición de multa económica, siendo que dicha calificación es un requisito para establecer la interrupción de a prescripción , es decir, al no existir dicha declaratoria, no se podría mantener o interrumpir los plazos para una prescripción, a razón de ello el computo que se realiza ut supra., ahora bien, conforme nuestro ordenamiento jurídico penal a fin de que opere la prescripción no solo debe considerarse el transcurso del tiempo, sino también que se cumplan las exigencias de los art. 31 o 32 del CPP, Siendo que al presente a través del memorial que se adjunta en fecha 16 de enero de 2020 y en este actuado judicial se acompaña el Certificado de REJAP de fecha 3 de febrero de 2022, se evidencia que no existe la declaratoria de Rebeldia para que exista una interrupción del término de la prescripción conforme lo manda el art. 31 del CPP. Asimismo, conforme los fundamentos expuestos para lso co procesados ut supra, conforme lo establece el art. 32 del CPP:, no se evidencia la concurrencia de ninguno de los presupuestos establecidos por el pre citado art. Esto por cuanto en al presente causa no se aplicó ninguna suspensión en el proceso, No existen antecedentes de prejudicialaidad o un antejuicio que se hubiere opuesto, no se trata de un delito que altere el orden constitucional, por lo que tampoco concurre la suspensión de la prescripción, siempre en consideracion que al presente conforme la subsunción que ha realizado el acusador particular en la calificación de los hecho por parte del imputado que es el delito de estafa delito calificado como instantáneo, así como la agravante que establece la normativa penal , debiendo considerar el delito con la pena más grave, en el presente caso el delito que afecta a víctimas múltiples considerando el máximo legal del art. 346 bis cuya pena es de 10 años, y en consideración con el tantas veces señalado art. 29 num.1 del CPP. Que es objeto de análisis, que señala que la prescripción opera en 8 años, al presente conforme los datos establecidos desde el momento de la presunta comisión del hecho han transcurrido nueve (9) años nueve (9) meses y veinte (20) días , correspondiendo determinar conforme ello. Con relación a la excepción opuesta por la defensa de Walter Camargo Duran conforme siempre de la base fáctica establecido en los antecedentes de la acusación el mismo presto servicios en la Mutualidad del poder Judicial y Ministerio Publico en calidad de Gerente de Gestion y Control Interno desde el 01 de octubre de 2006 al 31 de mayo de 2011, tomado esta relación de hechos conforme el art. 30 del CPP , siendo que desde el 31 de mayo del 2011, fecha que debe tomarse por cuanto es la última fecha que el procesado presto sus servicios en la Mutualidad del poder Judicial y el ministerio público, y que los hechos que se lo acusan es en dicha condición que habría incurrido en el delito de estafa, es su condición de Gerente de Gestión , no existiendo otra fecha a la que se señala como inicio de sus funciones y al conclusión de las mismas, pro lo que se debe tomar como fecha para el computo la media noche del 31 de mayo de 2011 a la fecha actual de la presente audiencia (3 de febrero de 2022,) fecha en la que se reinstalo la audiencia de juicio oral, descontando la interrupción de plazos que estableció el estado de emergencia que se vivido por la pandemia del covid-19 que paralizo, transcurrieron tres (3) meses y (13) trece días de suspensión de plazos que se dispuso por el D.S. 4200; y la circular 07/2020 de 7 de abril del citado Tribunal, la cual refirió que: “…los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional , en consideracion a la fecha de reinstalación de juico que fue el 3 de febrero de 2022, habrían transcurrido 10 años 4 meses 20 días, de la misma manera reiterando que ya en fecha 23 de enero de 2020 también se opuso la excepción de extinción de acción por prescripción en la cual se declaró fundada, mereciendo el auto de vista de fecha 19 de noviembre de 2020, que ordena que se considere el auto de fecha 26 de octubre de 2016, , referente a dicho actuado (26 de octubre de 2016), se aclara que conforme refiere el art. 314 – 315 mod. por la ley 586, que en dicha oportunidad estaba vigente ha establecido en el párrafo III del art. 315, que señala ante la declaratoria de dilatoriedad , maliciosidad y/o temeraria, interrumpe la prescripción de la acción penal, lo cual no ocurre en la presente causa, esto ante la existencia del auto de vista N°76 de fecha 17 de agosto de 2020, emitida por la sala penal Primera, por cuanto la misma señala que se deja sin efecto la calificación de dilatoria y malicia la excepción imposición de multa económica, siendo que dicha calificación es un requisito para establecer la interrupción de a prescripción , es decir, al no existir dicha declaratoria, no se podría mantener o interrumpir los plazos para una prescripción, a razón de ello el computo que se realiza ut supra., ahora bien, conforme nuestro ordenamiento jurídico penal a fin de que opere la prescripción no solo debe considerarse el transcurso del tiempo, sino también que se cumplan las exigencias de los art. 31 o 32 del CPP, Siendo que al presente a través del memorial que se adjunta en fecha 16 de enero de 2020 y en este actuado judicial se acompaña el Certificado de REJAP de fecha 3 de febrero de 2022, se evidencia que no existe la declaratoria de Rebeldía para que exista una interrupción del término de la prescripción conforme lo manda el art. 31 del CPP. Asimismo, conforme lo establece el art. 32 del CPP., no se evidencia la concurrencia de ninguno de los presupuestos establecidos por el pre citado art. Esto por cuanto en al presente causa no se aplicó ninguna suspensión en el proceso,(REJAP), No existen antecedentes de prejudicialaidad o un antejuicio que se hubiere opuesto, no se trata de un delito que altere el orden constitucional, por lo que tampoco concurre la suspensión de la prescripción, siempre en consideracion que al presente conforme la subsunción que ha realizado el acusador particular en la calificación de los hecho por parte del imputado que es el delito de estafa delito calificado como instantáneo, así como la agravante que establece la normativa penal , debiendo considerar el delito con la pena más grave, en el presente caso el delito que afecta a víctimas múltiples considerando el máximo legal del art. 346 bis cuya pena es de 10 años, y en consideración con el tantas veces señalado art. 29 num.1 del CPP. Que es objeto de análisis, que señala que la prescripción opera en 8 años, al presente conforme los datos establecidos desde el momento de la presunta comisión del hecho han transcurrido nueve (9) años nueve (9) meses y veinte (20) días, siempre en consideracion a que el delito que se le atribuye es un delito instantáneo. , correspondiendo determinar conforme ello. Con la aclaración, también realizada en el auto de fecha 8 de febrero de 2022 , que contienen los mismo fundamentos jurídicos y facticos, conforme lo dispuesto el Art. 29-1) del CPP, la acción penal respecto al delito acusado , delito de estafa, considerado delito instantáneo , con la agravación del art. 346 bis del CP., prescribió en ocho años , de igual forma cabe mencionar que si bien los plazos por determinación de la parte final del Art. 130 del CPP, solo se suspenderán durante las vacaciones judiciales o podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso, tal previsión se refiere a aquellos plazos que deben ser observados durante la tramitación del proceso penal en sus distintas etapas y no al régimen de la prescripción de la acción penal, al no estar contemplada esa causal en las disposiciones contenidas en los citados Arts. 31, 32 o 33 del adjetivo de la materia; lo que también resulta del hecho de tener la prescripción una naturaleza diferente a otra figura similar, cual es la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, donde si es posible extraer del cómputo las vacaciones judiciales y la suspensión de plazos, así como valorar las causas de la dilación del proceso, conforme a su vez se extrae del entendimiento jurisprudencial contenido en el Auto Supremo N° 142 de 17 de marzo de 2008 ,dictado por la Sala Penal I y la SC. N° 104/2013-R de 22 de enero, respectivamente y solo en esos casos se podría ingresar a analizar lo que en audiencia expuso el abogado de la acusación particular, empero no en el planteamiento que realizo la defensa de prescripción por extinción de la acción penal. POR TANTO: A mérito de los fundamentos expuestos y al amparo de la normativa legal ya citada, y la jurisprudencia establecida la suscrita Juez de Sentencia Penal Nº 11de la Capital, dando cumplimiento al auto de vista de fecha 11 de julio emitida por la sala penal tercera del tribunal departamental , dispone: Primero.- declara FUNDADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la defensa de los procesados LUIS ENRIQUE VARGAS LEMAITRE, MILTON CAMPOS CANIZARES, WALTER CAMARGO DURAN y HUGO SANCHEZ LOZA por lo que en función del Art. 27 numeral 8) del CPP, se declarada EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL interpuesta por LA MUTUALIDAD DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO por el delito ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES PREVISTO EN ELA RT. 335 Y 346 del Cod. Penal. Segundo.-De la misma forma conforme los establece el auto supremo 432/10 de 15 de septiembre la presente declaratoria de la extinción de la presente acción no implica que los nombrados procesados no deban resarcir el daño civil, ni las costas del proceso. Una vez ejecutoriada la presente resolución, queda sin efecto todas las medidas impuestas para el sometimiento al proceso de los procesados. Notifíquese a todos los sujetos procesales aclarándose que conforme el art. 404 del CPP. La presente resolución es impugnable en el plazo de tres días a partir de su notificacion de su legal notificacion. REGISTRESE. Fdo. Dra. Mabel Gutiérrez Vallejos – Juez de Sentencia Penal No 11 de la Capital. Ante mi Secretaria – Abogada. ES CONFORME.- --------------------PROVEIDO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022---------------- En mérito al informe realizado por el Funcionario de la Oficina Gestora de Procesos de la Ciudad de Santa Cruz, siendo esto el domicilio real del procesado Milton Campos Gonzales, notifíquese mediante edicto de conformidad ala art. 165 del CPP, bajo el sistema Hermes. Notifíquese por la oficina gestora de procesos. Fdo. Anabel Rios Sanchez Secretaria – Abogada. Del Juzgado de Sentencia Penal N° 11 de la Capital. ----------------------------Cochabamba 20 de septiembre de 2022----------------------------


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