EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA SÉPTIMO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO TRIBUNAL DE SENTENCIA SÉPTIMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ. DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y ACUSACION PARTICULAR EN CONTRA DE OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH y otros POR LA SUPUESTA COMISION DEL DELITO DE CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y OTROS----------------------------------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO SE CITA, NOTIFICA Y EMPLAZA A: OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH CON C.I. 490071 L.P. DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y ACUSACION PARTICULAR EN CONTRA DE OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH POR LA SUPUESTA COMISION DEL DELITO DE CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y OTROS -----------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A CONTINUACIÓN, SE TRANSCRIBE RESOLUCION DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022-----------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ TRIBUNAL DE SENTENCIA SEPTIMO Y JUZGADO DE PARTIDO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS EN LIQUIDACION SENTENCIA Nº 037 /2019 La Paz, 14 de agosto de 2019 NUREJ Nº 200603306 CASO MP Nº 1709/2006 El Tribunal de Sentencia Séptimo, conformado por: Juez Presidente : Dr. Claudio Torrez Fernández. Jueces Ciudadanos : Marco Antonio Flores Mamani y : Agapito Huanca Mamani Dentro de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal de Materia- Dra. Sara Nancy Villarroel Bustios, en contra de: DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS Nombre y apellidos : OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH Lugar y fecha de nacimiento : La Paz, fecha 24 de enero de 1968 Nacionalidad : Boliviano Cédula de Identidad : 490071 LP Estado Civil : Casado Profesión :Administrador de Empresas, segun su declaracion Domicilio Real : Edificio El Dorado, piso 3, Departamento 301, Avenida Ballivian Nº7898, Calle 9 de Calacoto Defensa : Equipo de abogados conformado por Erick Aliaga Lopez, Jhony David Zeballos Vargas, Beatriz Viviana Caballero Barrios Nombre y apellidos : MANUEL JAVIER ELIAS AYOROA Lugar y fecha de nacimiento : La Paz, fecha 12 de Octubre de 1951 Nacionalidad : Boliviano Profesión : Arquitecto Estado Civil : Casado Cédula de Identidad : 337130 LP. Domicilio Real : Calle 43 Nº 77, Zona Chasquipampa Defensa : Dr.Diego Garcia Con la participación de: Ministerio Público : Dra. Sara Nancy Villarroel Bustios – y Dr. Gutavo Balderrama, Fiscales de Materia. VICTIMA-ACUSADOR : FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL EN LIQUIDACION – REPRESENTADO POR ALDO F. ROJAS CACERES, Dra. Secretario- Abogado en la Audiencia de lectura parte dispositiva :Dr. Omar Choque Garcia Secretaria-Abogada de lectura Integra de la Sentencia : Dra. Roxana Castro Garnica EN NOMBRE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EN VIRTUD DE LA JURISDICCION ORDINARIA QUE POR LEY EJERCE, PRONUNCIA LA SIGUIENTE SENTENCIA CONSIDERANDO I Enunciación del hecho y circunstancias que han sido objeto del juicio Acusación en contra del Omar Alejandro Asbun Farah y Manuel Javier Elias Ayoroa Tanto la acusación fiscal como la particular tienen el mismo tenor, y el Tribunal ha tomado en cuenta la acusación particular(fs.794-801) sólo por su exposición más sistematizada, la cual en su partes pertinentes y sobresalientes dice textualmente lo que sigue: “II.- RELACION DE HECHOS 1.- Por Decreto Supremo N° 23974 del 1 de marzo de 1995, se instruye a la COMIBOL a transferir al Tesoro General de la Nación todos los bienes inmuebles no relacionados directamente con sus operaciones mineras, además se ordena al Tesoro General de la Nación, asumir bajo su responsabilidad el pago de obligaciones de la COMIBOL al 31 de diciembre de 1994. 2.- En fecha 1 de Junio de 2004, se firma el “Convenio Cooperativistas Mineros - Fabriles - FONVIS en liquidación - Cascarena”, suscrito entre: La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) legalmente representada por Florencio Coca C. en su condición de Presidente: Raúl Torres Rinaldo como Vicepresidente y César Benegas Herrera como Director de FEDAMIN, por una parte, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia legalmente representada por Juan Siquita Escobar, la Empresa Constructora y Minera CASCARENA legalmente representada por Omar Alejandro Asbun Farah y como apoderado y cesionario de la Empresa Constructora ASBUN y el FONVIS en Liquidación legalmente representado por el Arq. Javier Elías Ayoroa en su condición de Liquidador. El “Convenio Cooperativistas Mineros - Fabriles - FONVIS en Liquidación - Cascarena” contiene los siguientes puntos principales: • Posibilitar la adquisición de terrenos de la Empresa Cascarena con destino a beneficiar a los Cooperativistas Mineros, dentro del marco de los convenios suscritos por el ex Ministro Javier Nogales, en la gestión 2002. El citado Convenio refiere a que se beneficiaran a 1.800 familias de mineros cooperativistas y 350 familias del sector fabril. • Recuperación del monto correspondiente al 3*1000 del TGN considerando el articulo 2 Inc. B) del Decreto Supremo 23974, y su aplicación para la adquisición de los terrenos y posterior adjudicación (es decir, con cargo a los aportes devengados al régimen de vivienda social correspondiente al periodo 1970 a 1991). • Cancelación de la deuda pendiente de la Empresa Asbun por un monto de Sus. 1.200.000.- (Un millón doscientos mil 00/100 Dólares Americanos), por no haber ejecutado este monto, que fue desembolsado por el FONVIS en Liquidación, para el “Proyecto Azucenas”. • Pago a los comunarios de los terrenos adquiridos para la Urbanización CASCARENA, y la cancelación de la deuda por el anticipo de la Urbanización AZUCENA, transfiriendo los terrenos a $us 5.32 por metro cuadrado para sanear ambas urbanizaciones. • Desistimiento de la demanda presentada por la Empresa Asbun contra el FONVIS en Liquidación y que se encontraba en la Corte Suprema de Justicia, a cuyo efecto el Sr. Omar Alejandro Asbun Farah actúa con el Poder 199/97 otorgado supuestamente por Pablo Asbun Aburdene. • Obligación de evicción y saneamiento de los predios vendidos al ex FONVIS, para la implementación del Proyecto Azucenas a través de la suscripción de una minuta aclaratoria de las colindancias e identificación de terrenos de propiedad del FONVIS en liquidación, aprobación de planos y planimetría de referida urbanización. 3.- En base al citado Convenio, se emiten Decretos Supremos 27602 de fecha 29 de junio de 2004 y 27771 de fecha 28 de septiembre de 2004, el primero que tiene como objeto el de establecer mecanismos para que el FONVIS en Liquidación cumpla con el CONVENIO DE 1 DE JUNIO DE 2004, y haga uso de los Aportes Devengados del Régimen de Vivienda Social de los Cooperativistas Mineros, para lo cual se autoriza la adjudicación de lotes de acuerdo a las normas en vigencia; el segundo tiene como artículo único LA EJECUCION INMEDIATA DEL CONVENIO DE 1 DE JUNIO DE 2004, utilizando $us. 4.788.000.- millones de Dólares Americanos, con el fin de dar solución a los problemas que in viabilizaron las soluciones habitacionales, dichos Decretos Supremos autorizan al FONVIS en liquidación la compra de 90.0000 hectáreas, que servirán para la urbanización de 1.800 lotes de terrenos de 300 Mts.2 cada para las familias de cooperativistas mineros CASCARENA y 22 Has., 350 lotes para las familias del sector fabril AZUCENA. El Decreto Supremo 28021 de fecha 4 de marzo de 2005, en su Artículo Único establece la modificación de los anteriores Decretos Supremos y define como beneficiarios los cooperativistas, locatarios, veneros y lameros del régimen de Vivienda Social entre los años 1970 y 1992, previo proceso de cuantificación de los aportes. 4.- Luego de la firma del Convenio y los Decretos Supremos y a consecuencia de ellos se realiza un desembolso de los $us. 2.000.000.- y recién se denuncia que el Poder N° 199/1997 no había sido otorgado por Pablo Asbun Aburdene a Omar Alejandro Asbun Farah, en calidad de representante de la Empresa Constructora y Minera Cascarena por lo que no podría figurar como apoderado y cesionarios de la Empresa Constructora ASBUN toda vez que el supuesto Poder N° 199/97 conferidos ante la Notaría de Fe Pública del Dr. Alfonso Bascopé Méndez. No fue firmado por Pablo Asbun, motivo por el cual presenta querella contra Alejandro Asbun Farah por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Otros del Código Penal, sustentando su querella en el que Omar Alejandro Asbun Farah, como representante de la Empresa Constructora Asbun, NO LE HABÍA FACULTADO a realizar una serie de actos para la concreción del Convenio suscrito en fecha 1 de Junio de 2004, demostrando en dicho proceso que el PODER N°199/97, NO EXISTE EN LOS REGISTROS Y LIBROS DEL ACTUAL TENEDOR, correspondiendo el poder N°199/97 a un acto jurídico celebrado por otras personas y que nada tienen que ver con Omar Alejandro Asbun Farah y Pablo Asbun Aburdene, al margen de que su falsedad se hace más notoria aun cuando en dicho poder se hace referencia a una inscripción en FUNDEMPRESA, situación que se hace imposible debido a que ésta entidad no se había creado en dicha fecha, sino posteriormente. 5.- Mediante Testimonio N°0029/2005 de fecha 21 de enero de 2005, de Protocolización de una minuta con calidad de documento privado debidamente reconocida sobre un contrato de transferencia de terrenos, suscrita por la Empresa Constructora y Minera Cascarena Ltda., en favor del FONVIS en liquidación, en el sector del ex - Fundo LIPARI, del Cantón Mecapaca de la Provincia Murillo de la ciudad de La Paz, Omar Alejandro Asbun Farah, firmando el documento de transferencia en representación de los propietarios de los Predios y Manuel Elías Ayoroa por el FONVIS en liquidación, documento que en su cláusula cuarta se establece la modalidad de cancelación: un primer pago de $us.2.000.000.- (dos millones 00/100 Dólares Americanos) a la suscripción del documento del contrato de compra - venta de 112 hectáreas. Un segundo y último pago por $us.2.788.000.- (Dos millones setecientos ochenta y ocho mil 00/100 dólares americanos) en un plazo a ser acordado, computable a partir de la ejecución del primer pago, por lo cual el Tesoro General de la Nación desembolsó el primer pago de $us.2.000.000.- (Dos millones 00/100 Dólares Americanos) a Omar Alejandro Asbun Farah, sin la cuantificación previa del monto, que debía realizarse en un plazo de 30 días una vez que se hubiese publicado el D.S. 27602 y en el que debían integrar una comisión conformada por el Ministerio de Hacienda, Vice - Ministerio de Minería, COMIBOL, FONVIS en liquidación y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, todo ello con la aprobación del Ministerio de Hacienda, tal como lo dispone el Articulo 29 parágrafo II del citado Decreto. Por lo anteriormente referido, se puede establecer que el procesado Omar Alejandro Asbun Farah, ha falsificado el poder N° 199/97, y lo ha utilizado en el convenio, haciéndose pasar por apoderado de la Empresa Asbun, proponiendo devolver $us.1.200.000 (Un Millón de Dólares Americanos), recibidos a cuenta de la por la urbanización AZUCENA, en la venta de 22 hectáreas de terrenos para CASCARENA, extremo que no ha cumplido toda vez que dicha venta no se ha perfeccionado por la falta de documentación necesaria para ese efecto como ser la planimetría, del mismo modo no se ha realizado el deslinde voluntario, colindancias, ubicación exacta y el pago a los comunarios que entregaron poderes de venta a compromiso de que luego de vender y recibir el dinero por el FONVIS en Liquidación, les cancelaría lo que les corresponde, con el único objeto de recibir $us 2.000.000.- (Dos Millones 00/100 de Dólares Americanos), haciendo uso de engaños y artificios para lograr el desembolso por la supuesta venta de terrenos que no se ha perfeccionado, perjudicando la construcción de la Urbanización CASCARENA, ya que hasta la fecha no se ha podido hacer entrega física del terreno y menos la legal, como lo había ofrecido, afectado de esta manera no solo al FONVIS que ahora es la Unidad de Titulación, sino a 1800 familias mineras y 350 familias fabriles, quienes se iban a beneficiar con la entrega de soluciones habitaciones por todo el dinero que han aportado durante el tiempo de trabajo al Régimen de Vivienda Social, de los que se puede entender que existen victimas múltiples del hecho delictivo; en cuanto al acusado Manuel Javier Elías Ayoroa, en su calidad de Liquidador del FONVIS en Liquidación, quien como funcionario público tiene el deber de velar el patrimonio del Estado que se encuentra bajo responsabilidad, en este entendido el ahora acusado no ha velado por el patrimonio de los aportantes que les ha costado ahorrar durante su vida, para disponerlo de forma poco responsable en la firma del convenio, mismo que no fue cumplido por la falta y omisión de control sobre los documentos que le fueron entregados, es decir por no haber verificado que el poder mediante el cual se firma el convenio para dar supuestamente solución a los problemas de los fabriles y mineros, hizo entrega de $us.2.000.000.- (Dos Millones 00/100 de Dólares Americanos), provenientes del dinero de los aportes de muchas personas, no solo de los mineros y fabriles ya que no se ha realizado la cuantificación requerida, desconociendo que el FONVIS en Liquidación recibía aportes de muchas personas que no se beneficiarían con dicho convenio; con la firma del convenio el acusado Omar Asbun Farah, propuso devolver el dinero desembolsado por AZUCENA y vender terrenos para CASCARENA a cambio de $us.4.788.000.- (Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil 00/100 Dólares Americanos), en terrenos que aparte del sobreprecio con el que se ha vendido, por falta de la realización del avalúo por parte del personal de FONVIS en Liquidación con anterioridad a compra y más aún al pago realizado, no siendo solo ese hecho el que resulto perjudicial para el estado por la omisión del acusado sino que tampoco ha realizado todas las acciones necesarias para asegurar que los terrenos ofrecidos cuenten con la documentación legal y necesaria para el perfeccionamiento de la venta, y posterior beneficio de los aportantes, más por el contrario y en contra de lo que nuestra Constitución establece en el Régimen Social, mismo que busca beneficiar a las personas, se ha logrado perfeccionar un convenio que ha ocasionado un perjuicio enorme a todo el Estado Boliviano, ya que se han dispuesto $us.2.000.000.- (Dos Millones de Dólares Americanos) sin ningún beneficio, por lo que en su calidad de Funcionario Público ha provocado un perjuicio a los Mineros, Fabriles, el FONVIS en Liquidación, es decir al Estado Boliviano por no haber cumplido las funciones que se le han asignado dentro del marco que la ley establece. ’ IV. FUNDAMENTO DE DERECHO A) Se presenta acusación contra Omar Alejandro Asbun Farah por los delitos tipificados por el Código Penal como: . 1.- Falsedad Material art. 198º.- la cual se comete haciendo un documento que tenga apariencia de verdadero, es decir falsificar imitando, los signos de autenticidad para referirlos a otro contenido de aquel a que se hallaban unidos antes, por lo que se puede establecer que el acusado falsificó el Testimonio N°199/97 y fraguó el documento aparentando la intervención de Pablo Asbun Aburdene atribuyéndole manifestaciones no formuladas, y aparentando la presencia de una autoridad como es un Notario, figurando que ante él se otorgó dicho poder, extremo que es falso lo cual es acreditado por la certificación expedida por la Dra. J. Patricia Aranibar Urquieta, Notaria de Fe Pública, quien establece, que en el Tomo I, NO EXISTE PODER QUE HAYA OTORGADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA ASBUN AL SR. OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, información corroborada y ampliada por la representación expedida por la misma profesional, de donde se afirma que el TESTIMONIO PODER N° 199/1997 y los datos contenidos en el protocolo, corresponden a un Poder Especial y Suficiente conferido por la Sra. Lily Rodríguez Vda. de Agramont a favor de la Sra. Consuelo Lucila Velásquez de Pedraza, lo cual demuestra que Omar Alejandro Asbun Farah con anterioridad a la firma del Convenio de 1 de junio de 2004, actuó con DOLO es decir con la intención y el conocimiento de la falsedad del poder N°199/1997, con el único fin de lograr la firma del acuerdo como representante de la Constructora Asbun para poder realizar la construcción de la Urbanización Cascarena y beneficiarse con los $us.2.000.000.- (Dos Millones de Dólares Americanos) desembolsados a la Constructora CASCARENA representada por él. De acuerdo al “Dictamen Pericial Documentológico” IDIF.REG.GRAL.N°0425-05, LABCRIM- DOCNº 0068 - 2005 en sus conclusiones establece: 1) Que existe una alta probabilidad de que la firma estampada en el documento privado de fecha 10 de julio de 1997 a nombre del Sr. Pablo Asbun Aburdene no guarda relación de correspondencia con las firmas auténticas de la misma persona y 2) Que la firma estampada a nombre del Sr. Pablo Asbun Aburdene en el formulario de Poder Judicial, para reconocimiento de firmas de fecha 11 de marzo de 1998 no guarda relación de correspondencia con la auténtica. 2.- Falsedad Ideológica art. 199°.- consiste dicha falsedad en el contenido del relato, manteniendo el documento auténtico, lo cual concuerda con la acción cometida por el acusado quien hizo insertar el Testimonio N° 199/97 en el documento público “convenio Cooperativistas Mineros - Fabriles - FONVIS en liquidación - CASCARENA” de fecha 1 de junio de 2004 y en otros documentos públicos, causando perjuicio económico al Estado y a los Cooperativistas Mineros y Fabriles; además inserta como cierto la voluntad Pablo Asbun Aburdene en el contrato de construcción en la modalidad de obra vendida y en el protocolo de la Escritura Publica N° 479/2004. 3.- Uso de Instrumento Falsificado Art. 203°.- Tipo penal que trata de la persona que a sabiendas utiliza el documento falsificado, para lo cual nuestra legislación considera a esta persona como autor, mas si ha causado perjuicio con ese actuar, lo cual encuadra en la conducta del acusado al hacer uso del poder N°199/97 (Falso), para suscribir el “Convenio Cooperativistas Mineros - Fabriles- FONVIS en liquidación - CASCARENA”, de fecha 1 de junio de 2004 entre (FENCOMIN), (FEDAMIN), CASCARENA y el FONVIS en Liquidación, del mismo modo utiliza un contrato de obra vendida entre Constructora ASBUN y CASCARENA, por lo que se puede determinar que a sabiendas hizo uso de los documentos falsos. Por lo que se puede establecer que los tipos penales de falsedad y de uso de la misma, al margen de encuadrar completamente en los requisitos para su tipificación, tienen como objeto principal el perjuicio a los aportantes Mineros, Fabriles y el Estado Boliviano. 4.- Estafa art. 335°.- misma que se comete cuando el infractor por medio de engaños fortalece su error para provocar la disposición patrimonial, lo cual se demuestra en el actuar del acusado al hacer uso de engaños y artificios, como hacerse pasar por apoderado de la empresa ASBUN y cesionario de la obligación de AZUCENA, proponiendo devolver en terrenos el monto no invertido por dicha empresa, mismo que asciende a $us.1.200.000.- (Un Millón Doscientos Mil 00/100 Dólares Americanos), con el objeto de suscribir un CONVENIO para la construcción de la Urbanización CASCARENA y entregar 112 Has., a favor de los beneficiarios a cambio de $us 4.788.000.- (Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Ocho 00/100 Dólares Americanos) los que serán desembolsados en dos partes la primera de $us.2.000.000.- que fue entregada en Notas de Crédito Fiscal a la Empresa CASCARENA, actuar que provoco y fortaleció hacer caer en el error al Estado -Boliviano, al motivar la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del mismo, y de los Mineros Cooperativistas y Fabriles, extremo que se acredita con el acta de entrega de notas de crédito fiscal, en cumplimiento de los Decretos Supremos Nros. 27771 y 27602, firmadas por Omar Alejandro Asbun Farah, FENCOMIN, FEDAMIN, en número de 40 Notas de Crédito cada una por Bs. 401.00., quien luego de recibir el dinero no hizo entrega de los terrenos saneados, deslindados y con ubicación exacta y planimetría, por el contrario, se presentaron problemas con los comunarios por la falta de la cancelación de la venta realizada y por el sobre precio de la misma, logrando engañar al Estado Boliviano y a todos los aportantes. 5.- Agravación en caso de Victimas Múltiples art. 346 bis.- el delito de estafa cuando se realiza en perjuicio de víctimas múltiples, es sancionado con reclusión de 3 a diez años, por haber engañado a los 1800 familias de Cooperativistas Mineros, 350 familias de Fabriles, ofreciendo terrenos para la construcción de soluciones habitacionales en su beneficio a cambio de la cancelación de $us.2.000.000.- provenientes de sus aportes al Régimen de Vivienda Social, a cambio de nada, es incurrir en victimas múltiples de los ilícitos cometidos por el acusado Omar Alejandro Asbun Farah. B) Se presenta Acusación Particular contra Manuel Javier Elías Ayoroa por los delitos tipificados en el Código Penal como: . 1.- Contratos lesivos al Estado art. 221°.- cuyo núcleo consiste en celebrar contratos lesivos al Estado o a las entidades descentralizadas, en este caso es la celebración de un CONVENIO que fue avalado por el Decreto Supremo 27602 y 27771, toda vez que el referido acusado en su condición de Funcionario Público por ser el Liquidador del FONVIS en Liquidación, suscribió el Convenio cooperativistas Minero, Fabriles, Fonvis y Cascarena teniendo pleno conocimiento de que ese acto era en perjuicio del Estado Boliviano, considerando lo establecido por Medinaceli Rodríguez, que un convenio es un contrato, bajo este fundamento la conducta del acusado encuadra completamente en el tipo penal referido, toda vez que sin tomar los recaudos necesarios en pro del FONVIS en Liquidación y consiguientemente de los aportantes, procede con la firma del convenio. 2.- Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes art. 153°.- cuyo hecho consiste en que un funcionario público hace ejecutar actos que la Constitución y las leyes no consienten, lo cual claramente se evidencia de la contravención del convenio, para con la Ley 1178 SAFCO y Reglamentos en cuanto a las observaciones de las modalidades y procesos de contratación a la que se hallan obligadas todas las instituciones del Estado, extremo que se hace evidente al emitir la Resolución 331/2004, de fecha 22 de octubre, y pagando la suma de $us.2.000.000.- (Dos Millones de Dólares Americanos), a Omar Alejandro Asbun Farah, sin haber realizado previamente la cuantificación del dinero de los aportantes Mineros, Fabriles, previendo no perjudicar a los demás aportantes al Régimen de Vivienda Social, del mismo modo incurre en este delito cuando autoriza la transferencia de las Notas de Crédito Fiscal emitidas por el Ministerio de Hacienda al FONVIS en Liquidación, para que se pague a Omar Alejandro Asbun Farah, representante de la Constructora CASCARENA, sin haber considerado la documentación presentada, el avaluó de los terrenos, el precio convenido la ubicación y demás documentos que llegarían a la perfección de la venta en un precio justo de acuerdo al tipo de terreno. 3.- Incumplimiento de deberes art. 154°.- delito que es doloso, toda vez que la conducta omisiva del funcionario debe ser con actos propios de su función, para lo cual es necesario que el funcionario omita realizar algún acto que está obligado, lo cual se evidencia cuando el acusado como funcionario público encargado de velar por el patrimonio de Estado que está administrando o custodiando y en su condición de liquidador del FONVIS en Liquidación, tenía a su cargo de acuerdo al Decreto Supremo 27289, art. 2 inc. B) la facultad de realizar todos los actos necesarios para la defensa del patrimonio de la entidad; en consecuencia al haber omitido la realización de las siguientes acciones: 1) haber verificado que el poder presentado para la suscripción de convenio sea verdadero en el cual se compromete a nombre y representación de una tercera persona la devolución de $us.1.200.000 en 22 Has., 2) la suscripción del contrato de obra vendida haya sido realizada con la plena voluntad e intermediación de ambas partes suscribientes, 3) que estando establecida una venta no se haya realizado el avaluo en los terrenos antes de comprar para evitar el sobre precio de los mismos, 4) que no hayan verificado los documentos de venta de los terrenos si tenían colindancias, ubicación exacta, deslinde, planimetría, urbanización, etc. 5) conocimiento técnico sobre el estado del terreno y su habitabilidad, estudio georeferencial, topografía, etc. y 6) la verificación del terreno para ver si es apto para las construcciones y edificaciones, HA INCURRIDO EN EL TIPO PENAL. 4.- Conducta antieconómica art 224°.- donde el sujeto activo es necesariamente un funcionario público que ejerza cargos de responsabilidad en el manejo en instituciones estatales y que por su manifiesta irresponsabilidad cause daño al patrimonio de estas, en este caso el acusado no ha verificado la existencia de los recursos financieros requeridos para la compra de los terrenos. Que de acuerdo al Informe FNSVL7UAI-00272006, elaborado por la Lic. Sonia Gironda Aliaga, Auditor Interno del FONVIS, concluye y recomienda, que en el desembolso hubo deficiencias desde que se firmo el convenio de Iº de junio de 2004 hasta el mismo desembolso, estableciendo una daño económico al Estado, además señala que al, existir indicios de responsabilidad penal, previstos en el art. 34 de la ley 1178 y el art. 60 del D.S: 23318 – A, establece que la responsabilidad penal es cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, están tipificados en el código penal como en el presente caso por $us.2.000.000.- (Dos Millones de Dólares). 5.- Concurso real 45°.- Que la conducta del acusado Manuel Javier Elías Ayoroa, se enmarca en concurso real art. 45 del código penal porque el referido acusado cometió con varias acciones u omisiones varios delitos, convirtiéndose en concurso real heterogéneo, toda vez que presentan designios independientes en cada acción y delito. V. OFRECIMIENTO DE PRUEBA (…) V. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES La Acusación Particular presentada, tiene como fundamento legal los art. 78, 81, 340, 341, 342 de la ley 1970 en cuanto a los derechos que tiene el Querellante y Acusador Particular para ingresar a juicio, estableciendo la referida Acusación Particular contra los acusados Omar Alejandro Asbun Farah y Manuel Javier Elías Ayoroa de acuerdo a las acciones cometidas misma que se encuadran en los siguientes delitos tipificados por los Art. 198, 199, 153,154, 203, 221, 224, 335, 346 bis y 45 del Código Penal. VI. PETITORIO Por lo expuesto, de acuerdo a la querella presentada, la Acusación Fiscal y Particular, habiendo sido recolectados los elementos de prueba necesarios para crear la convicción necesaria sobre la autoría en los ilícitos antes referidos, y adhiriéndome a la acusación Fiscal, PRESENTO ACUSACION PARTICULAR CONTRA: 1.- OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, por ser autor de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, IDEOLÓGICA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, ESTAFA CON LA AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, tipificados y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 335, y 346 bis, del Código Penal. 2.- MANUEL JAVIER ELIAS AYOROA, por ser autor de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONOMICA Y CONCURSO REAL, tipificados en los arts. 221, 153, 154, 224 y 45 del Código Penal. Solicitando a sus autoridades, se sirvan señalar día y hora de audiencia, para la apertura del Juicio Oral, Público y Contradictorio, contra OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, Y MANUEL JAVIER ELIAS AYOROA, y se dicte sentencia condenatoria a los acusados debiendo ser con las formalidades de ley”. CONSIDERANDO II Auto de apertura de juicio oral, emitido por el Tribunal Sexto de Sentencia En la etapa de investigación, dentro del Amparo Constitucional interpuesta por el imputado Omar Alejandro Asbun Farah, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, constituida en Sala de garantías constitucionales habiendo revocado la Resolución Nº 029/2008 de 27 de mayo, emitido por, habiendo revocado el Auto de Vista Nº 259/2007 de 24 de septiembre dictado por la Sala Penal Segunda, por el que se había confirmaba la Resolución Nº127/2007 de 04 de abril, dictada por el Juzgado Quinto de Insrtrucción en lo penal que rechazaba la excepción de cosa juzgada planteada por el nombrado imputdo Omar Alejandro Asbun Farah, es que el Tribunal Sexto de Sentencia donde incicialmente estaba radicado el presente proceso, a fojas 904 emite Auto de Apertura de Juicio Oral mediante Resolución Nº 177/2008 de fecha 29 de Julio de 2008, solamente en contra del imputado Manuel Javier Elias Ayoroa por los delitos tipificados en los arts. 221, 153, 154, 224 y 45 del Código Penal, y no así en contra del Omar Alejandro Asbun Farah. Empero, el Tribunal Constitucional en revision de la citada Resolución Nº 029/2008 de 27 de mayo, la revoca mediante Sentencia Constitucional Nº1602/2020-R de 15 de octubre DENEGANDO la tutela impetrada(fs.1286-1297); en consecuencia, el Tribunal Sexto de Sentencia en prmer lugar mediante Resolución Nº15/2011 de 26 de enero dispone incluir al proceso a Omar Alejandro Asbun Farah de acuerdo a la acusación y que se notifique al mismo con la acusación fiscal y particular “dando 10 días al acusado Omar Alejandro Asbun Farah para que presente sus pruebas de descargo”(fs.1304-1305). Luego, previa notificación legal con las piezas procesales pertinentes (fs.1365) habiendo ofrecido sus pruebas de descargo(fs.1458-1459), mediante Resolución Nº152/2011 de 11 de noviembre, se dicta Auto de Apertura de Juicio Oral ampliatorio con relación al acusado Omar Alejando Asbun Farah por los delitos tipificados por los arts. 198, 199, 203, 335, y 346 bis, del Código Penal(fs.1895-1896), señalándose día y hora de audiencias para la constitución del Tribunal con participación de ciudadanos y para apertura de juicio oral. Remisión de actuados al Tribunal siguiente en número En la audiencia de constitución extraordinaria del Tribunal de fecha 16 de diciembre de 2011, el Juez Presidente del Tribunal Sexto de Sentencia decreta; “No pudiéndose conformar el Tribunal con la participación de jueces ciudadanos conforme prevee el art. 52 del CPP concordante con el art. 63 del CPP y circular 020/05 de la Corte Superior de Justicia y Auto Supremo Nro.237 de 1ro. Agosto de 2005, se dispone remitirse antecedentes al juzgado siguiente en número”(fs.1948). Radicatoria en el Tribunal Séptimo de Sentencia Mediante Nota cursante a fs.2004, fueron remitidos los actuados del presente proceso ante este Tribunal Séptimo de Sentencia donde se RADICA mediante Auto de fecha 17 de enero de 2012(fs.2006) y su Auto complementario de fecha 28 de febrero de 2012 (fs.2090), y se señala audiencia de sorteo de ciudadanos y de constitución del Tribunal. Constitución del Tribunal con participación de ciudadanos En la audiencia de fecha 07 de febrero de 2012,en presencia de ambos acusados y demás partes, previo cumplimiento de formalidades previstas, y de conformidad al art.62 num.4 del CPP, se designa como Jueces Ciudadanos a los señores: Marco Antonio Flores Mamani y Agapito Huanca Mamani(fs.2076). Audiencia de apertura de Juicio Oral En las sesiones de audiencia de juicio oral de fecha 26 de abril y de 03 de mayo ambas de 2012, se apertura el juicio oral, en la que ambos acusados plantean excepciones e incidentes, mismos que fueron resuetos en la sesión de audiencia de fecha 05 de junio de 2012(fs.2272), mediante Resolución Nº45/2012, de fecha 05 de junio, rechazándose los mismos conforme a procedimiento(fs.2273-2274). Declaraciones de los acusados Así resueltos los inciedentes planteados por los acusados y expuestos oralmente los fundamentos de la acusación por la parte acusadora, de conformidad a lo dispuesto por el art. 346 del CPP, se recibe las declaraciones de ambos acusados. El acusado OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, no obstante que en su declaración Informativa Policial respecto de sus generales de ley, había indicado que es mayor de edad, soltero, de profesión Administrador de Empresas, natural de La Paz, con domicilio en la calle 31, edificio Los Lirios, departamento 2-A, zona Cota Cota, con C.I.Nº 490071 La Paz (Fs.305); en su declaración prestada en Juicio Oral, cuya acta cursa a fojas 2405-2414, señala que no tiene Cédula de Identidad, ha nacido el 24 de 1968 en La Paz, de profesión economista, la ejerce desde el año 1993, sólo existe en su contra este proceso, tiene hijo. Respecto de la acusación en su contra, manifiesta que es dueño de la Empresa Minera y Constructora CASCARENA, juntamente con sus padres y sus dos hermanos. Se dedica a la construcción de “Agregados”, “a explotar agregados, ripio, arena, todas esas cosas”. El director ejecutivo y apoderado de dicha empresa es él, como mayor accionista. Su condición de apoderado le permite efectuar todas las actividades generales, “contratos por ejemplo”. Conoce al Sr. Manuel Elías Ayoroa con motivo de la suscripción de un “convenio en el FONVIS con los Cooperativistas Mineros”, cuya fecha no recuerda bien, fue “entrando al 2004 no me recuerdo bien”. El convenio fue firmado por él, el Sr. Elías, y “los representantes de FENCOMIN, representantes de la Federaciones de Fabriles”. Firmó el mencionado convenio como representante de la empresa constructora CASCARENA. Conoce a la otra empresa también constructora denominada ASBUN, cuyo propietario es Pablo Asbun Aburdene, con quien no tiene relación, es otra persona. Pero a la pregunta hecha por el fiscal, “MP.- Esta empresa le ha otorgado un poder a usted, para qué”, responde “Acusado.- Me dio un poder, me dio varios, que los revocó, y yo, he actuado como cesionario a través de un contrato de Obra Vendida”. Recuerda que el contenido del convenio de 01 de junio de 2004, entre otros, establecía que él debía tranferir a nombre de FONVIS en liquidación, en venta, 1800 lotes de terreno con destino a los cooperativistas mineros, 350 lotes para los trabajadores fabriles, por la suma de $us 5.32 por metro cuadrado; pero aclara que dicho convenio lo ha firmado como representante de la empresa constructora CASCARENA, y no representando a la empresa constrtuctuora ASBUN. Aclara también que el dinero que le debía pagarle era a cuenta de los aportes del 3 x 1000 efectuados por los cooperativistas mineros, no es plata del Estado; que al suscribirse el mencionado convenio estaba beneficiándose al Estado, ya que recuperaba en terrenos (350 lotes), la suma de $us. 1.200.000.- que la empresa ASBUN había recibido como anticipo para el “Proyecto Azucena”; y que se desistía del proceso que había iniciado en contra del FONVIS, la mencionada empresa constructora ASBUN. y no había ejecutado. Indica que “el 100%” de los términos establecidos en el convenio se han cumplido”. Aclara que a él ha desembolsado el FONVIS $us.2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), no en dinero, sino en Notas de Crédito Fiscal, “y el FONVIS me adeuda todavía 2.700.000 (DOS MILLONES SETECIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)”, aclara. Con relación a los terrenos vendidos se han efectuado informes técnicos por parte del FONVIS, pero no recuerda quien los ha hecho. Conocía el proyecto habitacional Azucenas, se trataba de un proyecto para construir departamentos, por parte de la empresa constructora ASBUN, a cuyo favor el FONVIS había desembolsado como $us.1.200.000 (UN MILLOS DOCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) y que como dicha empresa Asbún no tiene terrenos en ese sector, en el convenio se establece que él tenía que transferir 23.000 metros 2 que son de su propiedad, a favor del Estado representado por FONVIS. A la pregunta aclararoria del fiscal, relativo al Poder 199/97 que le habría sido otorgado por la empresa “Asbún”, responde “Acusado.- No, no, no, no tenía un poder, tenía varios poderes, que me han dado, la empresa Constructora Asbun, yo no he utilizado, ni un poder, el 199/97 eso se lo he entregado, yo, yo he entrado como cesionario con un contrato de obra vendida, eso ya se ha dilucidado por parte de la fiscalía, tengo sobreseimiento ratificado, sobre el tema de ese poder, me han ratificado, han hecho la denuncia tanto el FONVIS como Pablo Asbun, sobre la falsedad de ese poder, y, yo he salido sobreseído”; a la siguiente pregunta del fiscal, “MP.- Ese poder realmente existía”, responde el “Acusado.- Sí existía” (…) “Acusado.- Si, ahora lo tiene el FONVIS y no sé cómo lo tiene el FONVIS, eso habría que preguntarle al FONVIS”. Asimismo aclara que en el acto de la suscripción del Convenio estaba el abogado del FONVIS, Fernando Palacios, de los Cooperativistas Mineros, el Dr. Ferreira. “Esos abogados participaron en la conversación, previo a la elaboración y la firma del Convenio del 01 de julio Acusado. El Convenio fue elaborado inclusive por ellos, porque con ellos, el proyecto fue emitido, y recién después volvió para que nosotros demos la conformidad (…), yo no tenía abogado pero todos tenían abogados (…) No existe ningún estudio pericial, más bien es una especie de algo ridículo, porque el estudio grafo técnico que presentan como para que me acusen de otros documentos, no tiene nada que ver con el poder, me acusan de falsedad de un poder 199/97 y el estudio grafo técnico, es de otro documento de un documento, del 98, no tiene nada que ver, con un documento de reconocimiento de firmas y rúbricas en fotocopia, no tiene nada que ver la falsedad digamos que presenta un estudio grafo técnico de otro documento”. En la sesión de Audiencia de Jucio Oral de fecha 13.03.2013, cuya acta cursa a fojas 2663-2673, el acusado MANUEL JAVIER ELIAS AYOROA, en su declaración, , dice que se llama Manuel Elías Ayoroa, de profesión arquitecto, nacido el 12 de octubre de 1951, y que últimamente prestó sus servicios en el Ex FONVIS en Liquidación, actualmente denominado Unidad de Titulación. Indica que anteriormente trabajó en Alcaldía Municipal, en la Prefectura del Departamento de La Paz, como funcionario público, prestó sus servicios, aproximadamente, unos 13 a 14 años, y que es casado, tiene cuatro hijos, de los cuales todavía tiene dos bajo su dependencia y custodia. Con relación a los hechos que se le acusa, declara que “en todo caso yo he obrado y actuado de buena fe y dentro de una consecuencia de una instrucción, que provenía de instancias superiores del Gobierno, del Ejecutivo del Gobierno Nacional, entonces estoy ya llano a contestar las preguntas y quisiera tener la posibilidad después si es que yo tuviera alguna duda sobre las preguntas de poder aclarar y complementar algunas cosas, las preguntas que me vayan haciendo”. Respondiendo a las preguntas del Fiscal, aclara que recuerda que en fecha 17 de octubre del 2003, “fue designado mediante Decreto Supremo, firmado por todo el gabinete”, fue suspendido también mediante otra resolución. El cargo que se le designó fue el de Liquidador del FONVIS, del Ex FONVIS en Liquidación y se le dio atribuciones justamente para poder realizar, comprar, adquirir y vender activos de la institución, porque estaban justamente en liquidación. Era él la máxima Autoridad Ejecutiva, tenía todas las potestades y facultades, para tomar cualquier decisión, no tenía que consultar a ninguna autoridad superior. Durante el tiempo que ejerció dicho cargo, conoció al sr. Omar Asbun Farah, antes de estar en el FONVIS, no lo había conocido. Él se hizo presente en las oficinas, para solicitar en varias oportunidades, “la devolución del 3X1000, que se les devengó en la COMIBOL, les devengó a los Trabajadores Cooperativistas Mineros su dinero, para que el FONVIS, haga viviendas para los Cooperativistas Mineros, entonces de esa forma, es que él se presentó, con los Cooperativistas Mineros y yo ahí es que lo conocí, yo en ese ínterin, no tuve contacto verbal con él, simplemente él estuvo participando, porque los trabajadores mineros pedían que yo compre a él los terrenos”. Indica que el mencionado Omar Asbun “se encuentra en este momento acá a mi lado, a mi izquierda. Él participaba como representante de la empresa CASCARENA”, y aclara que los participantes del convenio suscrito en fecha 01 de junio de 2004, eran cuatro, “uno es los Trabajadores Mineros Cooperativistas, dos los Trabajadores Fabriles, tres el sr. Alejandro Asbun Farah, representante de la empresa CASCARENA y cuatro mi persona, como Liquidador del FONVIS, esas cuatro instituciones habíamos trabajado y habíamos participado en esas reuniones y al final habíamos firmado el Convenio, ahora cuál es el interés de los Trabajadores Mineros en participar de esta reunión, es que se les devuelva ese 3X1000 que nos indicaban, que eran 25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS aproximadamente, de aquellos que habían aportado a la COMIBOL y querían que se devuelvan los 25 millones (…) En realidad, yo no he firmado simplemente con la empresa CASCADENA, yo lo que le explicaba antes de los actores que participaron, eran los Mineros Cooperativistas, los Fabriles, la empresa CASCARENA y mi persona, los Mineros pedían que al sr. Alejandro Asbun nosotros le compremos los terrenos, a la empresa CASCARENA para que les pueda edificar sus viviendas, entonces querían lotes, porque ellos justificaban de que tenían un contrato de construcción de viviendas y les faltaba los terrenos para poder edificar sus viviendas, entonces como les digo eran las cuatro instituciones que firmamos el Convenio, no lo hice yo, un convenio directo con el sr. Alejandro Asbun, en todo caso era una persona, que no era el actor principal en este convenio, porque eran los Mineros Cooperativistas, que exigían que se les compre al sr. Alejandro Asbun”. También aclara que el Omar Asbun presentó un Acta de Sociedad de la Empresa CASCARENA y él era representante de esta empresa. Habiéndosele exhibido el documento que contiene el convenio, manifiesta que lo reconoce así como su firma estampado en el mismo. Con relación al señor Pablo Asbun Aburdene manifiesta que “nunca me he entrevistado con él, no lo conozco, lo he visto una vez, de vista, que si lo veo ahora, no lo reconozco tampoco”. Aclara también indicando que “El Convenio tenía 5 puntos fundamentales, que eran en beneficio de la institución del Estado y de los trabajadores Mineros Cooperativistas y también para el FONVIS, los 5 puntos, los 5 beneficios, eran los siguientes: voy a tratar de recordar, es la devolución de los aportes del 3X1000 a los trabajadores Cooperativistas Mineros; la devolución de $us. 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), que la empresa Asbun, recibió para la construcción de la Urbanización Azucenas que nunca se ejecutó, esa devolución también fue en terrenos, y la devolución del 3X1000, que involucra los Sus. 4.778.000 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), también es en terrenos, luego está el saneamiento de la Urbanización Azucenas, la empresa CASCARENA, se compromete a eso y eso está inscrito en el Convenio y también está la adquisición de 135, si no me equivoco exactamente 135 lotes, que los trabajadores Fabriles se habían asentado en terrenos aledaños a la Urbanización Azucenas, que en realidad los comunarios engañaron a los trabajadores Fabriles, hicieron que se asienten entren los terrenos aledaños, y ese es otro de los beneficios, ese es el cuarto; y el quinto es el desistimiento del proceso que el sr. Pablo Asbun inicia al FONVIS por casi Sus. 14.000.000 (CATORCE 00/100 MILLONES DE DÓLARES), y en todo caso desista del proceso, o sea es otro de los beneficios, que el desistimiento del sr. Asbun, por lo que no se ejecutó, pidió que se le resarza de daños de una cosa que no se ejecutó y considero que era justo, entonces el Convenio beneficiaba a los trabajadores Fabriles, a los trabajadores Mineros, beneficiaba al FONVIS y beneficia el Estado, en ese entonces todos éramos beneficiarios”. Referente a los terrenos que fueron objeto de sesión, señala que “yo he verificado, hemos estado en el lugar (…) Nosotros al haber revisado los terrenos, a haber recibido los terrenos, hemos hecho la verificación, los terrenos se han recibido en 90 hectáreas en devolución de 3X1000 más 21 O 22 hectáreas por el tema de la devolución de los $us. 1.200.000 (UN MILLOS DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), por consecuencia de la devolución del anticipo que se dio para la Urbanización Azucenas, entonces en total se recibieron 112 hectáreas, 112 hectáreas se han decidido para 1800 trabajadores Cooperativistas Mineros y para los 350 trabajadores Fabriles y si uno hace cálculos en el mismo Convenio dice que eran 300 metros2 por lote de terreno, si uno calcula 700 metros2 para toda la gente, hay un excedente de aproximadamente el 60% que eran terrenos para hacer vías accesos, áreas comunes y todo lo demás que la ley indica, las condiciones o los requerimientos para hacer una Urbanización es decir que de esa 112 hectáreas el 60% eran estaba destinado para equipamiento vías y accesos y áreas verdes y el 40% para vivienda de 300 metros2 para lotes de vivienda (…) Hemos hecho un análisis de avalúos, con los técnicos de la institución, los que estaban en la parte operativa, tenemos como antecedentes de que en el sector estaban en unos Sus. 12 (DOCE 00/100 DOLARES AMERICANOS) a $us. 15 (QUINCE 00/100 DOLARES AMERICANOS), el metro2, pero teníamos también el antecedente de que el mismo FONVIS, había comprado varios años atrás, no estoy seguro cuántos, pero había comprado unos terrenos colindantes a esta, que se llama Urbanización Valle Escondido en más de $us. 10 (DIEZ 00/100 DOLARES AMERICANOS) el metro2 y nosotros hemos comprado en $us. 5.32 (Cinco 32/100 DOLARES AMERICANOS) el metro2 (…) El sr. Alejandro Asbun, con un poder, él tenía las facultades para transferir, vender, o hacer lo que a él le convenga, era el sr. Alejandro Asbun y yo tengo entendido que a él los comunarios le han dado las facultades para poder negociar eso, ahora el Convenio entre él y los comunarios yo no lo conozco, pero a ver el documento él tenía posibilidades y así lo hizo y así nosotros los reconocimos, el área legal lo revisó y estaban digamos correctamente facultados para ejercer eso. El convenio está clarísimo los trabajadores Cooperativistas Mineros piden que se les compre al sr. Alejandro Asbun y en el Decreto 27602 dice exactamente, dice expresamente que se compre a la empresa CASCARENA los terrenos para beneficiarse con sus viviendas, eso dice el Decreto, entonces yo he sido instruido en comprar a la empresa CASCARENA (…) Se pagó por esos terrenos, por la compra de esos terrenos, al sr. Alejandro Asbun, Claro los $us. 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), que se le dio de anticipo, no se le terminó de pagar, se le debe. Relativo al Poder Nº 199/97, ahora incriminado de falso, aclara señalando que “… en base a ese poder es que se pudo, o se llegó hacer una transferencia de los terrenos. Ósea ese poder le facultaba al sr. Alejandro Asbun a ejecutar, o se le daba facultades para poder comprar, vender, transferir, hipotecar. Supuestamente el señor Pablo Asbun Aburdene”, fue quien le otorgó dicho poder”, aclara. A la pregunta del Fiscal hecha en la forma que sigue “MP.- Usted para utilizar ese poder en el documento que ha hecho referencia, a verificado si el mismo es original, era verdadero o era falso”, responde “Acusado.- El 3 de noviembre de 2004 yo solicite al sr. Alejandro Asbun me de una certificación, indicando de que ese poder era vigente, era verdadero o sea el contrato y el poder, entonces el día 11 de noviembre del 2004, el sr. Alejandro Asbun me trajo una certificación firmada por el notario, en este caso el notario Nº 52, indicando de que era verdadero, entonces mis facultades llegaban hasta ahí, yo no podía hacer más investigaciones policiales en este caso (…) MP.- Y usted no hizo verificar eso con el departamento legal de su institución. Acusado.- No, porque mis facultades, yo las actividades que yo he hecho y lo que hemos transado, todas son de buena fe, no puedo yo dedicarme a investigar, si era verdadero, era falso, o el era el mismo Alejandro Asbun, o de repente no era el sr. Asbun, entonces mi competencia eran actos de buena fe”. Sobre los 4.778.000 que figura en el convenio, aclara indicando que “En todo caso los $us. 4.788.000 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), no eran del Estado, eran de los trabajadores Cooperativistas Mineros y el $us 1.200.000 (UN MILOON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), adicionales a estos Sus. 4.000.000 (CUATRO MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), eran devolución de los trabajadores Fabriles, que también eran los beneficiarios de la Urbanización Azucenas, se está devolviendo, el devolvió el dinero a los Fabriles y a los Cooperativistas Mineros”. Con relación al cumplimiento del convenio de 01 de junio de 2018, declara señalando que “Se ha cumplido en parte, porque él ha entregado los terrenos, ha entregado el total de casi $us. 5.000.000 (CINCO MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS) en terrenos y ha presentado en mi gestión el desistimiento, faltaban los otros tres puntos, que era el saneamiento de la Urbanización Azucenas, que tengo entendido que a los comunarios no les había pagado la totalidad y que seguramente él iba a ahorrar con eso, e iba a sanear los terrenos donde se asentaron los trabajadores Fabriles”. Referente a la presentación de desistimiento que también contempla el mencionado convenio, dice aclarando que “Se presentó, yo tengo entendido de que se presentó y lo que tengo entendido es que el FONVIS ya no hizo más acciones, no sé, la verdad es que no sé, sí se ha recuperado, o se ha concluido ese proceso, o el FONVIS lo ha perdido, o la Unidad de Titulación lo ha perdido, no tengo ni idea, pero hasta que yo concluí con mi trabajo como Liquidado del FONVIS, ese es el convenio de que el presenta un desistimiento, y así fue, y presentó el desistimiento, posteriormente a eso ya no sé qué ha sucedido, porque ya no he participado, yo en la institución, y no hecho más seguimiento, ni entorpecimiento a las actividades del FONVIS”. Sobre la calidad y ubicación de los terrenos referidos, aclara señalando que “Los terrenos como casi la gran mayoría de los terrenos de La Paz, tienen quebradas, tienen pendientes, tienen vertientes, tienen aguas subterráneas, y estos terrenos seguramente, tal vez no hemos hecho estudios grafo técnicos, de resistencia de suelos, pero hemos visto las pendientes, las quebradas y las gradientes, La Paz está conformado por mil y tantas áreas, ríos subterráneos, estas mismas cuestas tienen el 100% de pendiente, y esos terrenos también tienen pendiente, y tiene la configuración, no le voy a decir que es de lo mejor de los terrenos que conforman el departamento de La Paz, pero tampoco son de los peores, es una buena zona, es un buen terreno, visualmente tiene una vista, una buena vista, como técnico le estoy hablando de que tiene una buena resistencia de suelo, no es como los terrenos de Lipari que están ahí próximamente, no es como los terrenos de Mallasa, que están conformados de limo arcilloso y está conformado por el Valle de la Luna, es un terreno que tiene buen material de suelo”. Respecto si ha habido estudios técnicos del área, aclara “Bueno yo le voy a contestar como técnico, cualquier zona del país de La Paz se puede construir, es cuestión de hacer un tratamiento de suelo simplemente, unos con mayor inversión que otros y las condiciones del terreno determinan eso, no es cierto. Los terrenos habrían sido comprados, con el objeto de devolver a los trabajadores Fabriles y Cooperativistas Mineros, con el efecto de devolver el terreno, no habíamos pensado en edificar, viviendas, edificios y nada más por el estilo, era devolverles el terreno, ellos iban a hacer cargo de la urbanización, de la planimetría y de todo lo demás, a nosotros se nos ha transferido 112 hectáreas de terreno, en tierras brutas, entonces, lo demás ya correspondía al FONVIS, si iba a proseguir con eso, o que ellos se iban a hacer cargo de la urbanización, planimetría y poner en condiciones óptimas de habitabilidad”. A la pregunta “ AP.- La resolución 013/ 96 de 19 de marzo de 1996 establece los parámetros para la generación de proyectos, cómo ser evalúo efectuado por un profesional externo al FONVIS, dos cumplir con la ley 843 de Catastro Urbano, usted cumplió con la resolución 013/96 antes del desembolso de los $us. 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS)”, el acusado responde “ vuelvo a reiterar las dos últimas preguntas, que yo cumplí las actuaciones en base a un Decreto, no a una norma específica, que indica cómo adquirir un terreno, porque el FONVIS en Liquidación no tenía facultad para adquirir terrenos, en base a ninguna norma yo estaba coartado de poder adquirir terrenos, hacer soluciones habitacionales, entonces la única facultad que a mí me daba la posibilidad de hacerlo era a través de un Decreto a una instrucción superior, en este caso a los dos Decretos”. De los montos retenidos por el Régimen de Vivienda Social del 3X1000, aclara indicando que “Los trabajadores Mineros Cooperativistas, como son casi una entidad, una institución casi privada, podríamos decir, exportaban su mineral a través de la COMIBOL y seguramente pesaban su mineral y de ese pesaje les retenían el 3X1000 que les retenían en mineral, ósea les descontaban en mineral esa cuantificación, aproximadamente según los trabajadores Mineros Cooperativistas llegaba a 25 millones de dólares, como el FONVIS no tenía 25 millones de dólares para devolverle, se les pidieron la cantidad que podía el FONVIS devolverles que eran 4.778.000 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), entonces eso es lo que puedo responderle” Sobre las personas que suscribieron en representación de FENCOMIN y Confederación de Fabriles, el convenio de 01 de junio de 2018, dice que “ninguno tiene proceso y tampoco están participando de este proceso,(…)Quiero terminar de aclarar, los actores que estábamos en esa firma del Convenio, el interés de los trabajadores Cooperativistas Mineros era se les devuelva el 3X1000 que se les había retenido, que era aproximadamente 25.000.000 (VEINTICINCO 00/100 MILLONES DE DOLARES) los trabajadores Fabriles que habían sido engañados en la ubicación y asentamiento de la Urbanización Azucenas, entonces querían que se los devuelva de los 350 en total 400 y algo pero 350 iban a asentarse en esa urbanización, de esos terrenos que han comprado y los 103 que están asentados incorrectamente en un terreno de otros propietarios, el sr. Alejandro Asbun que participó, como representante de la Urbanización Azucenas perdón de la empresa CASCARENA, cómo directo participante de la Urbanización Azucenas, como contratista del sr. Pablo Asbun Aburdene y el FONVIS que tenía la posibilidad de firmar ese Convenio, ahora quiero aclarar en este tema, que las facultades mías no eran adquirir y llevar adelante soluciones habitacionales, las facultades por las que fui designado eran para qué pueda Liquidar el FONVIS, es decir comprar activos para poder liquidar y vender activos del FONVIS, esas eran mis facultades, no tenía yo facultades para dar nuevas soluciones habitacionales (…) A consecuencia del primer Decreto, se emite el 28 de septiembre de 2004 y el tiempo transcurre hasta el 20 de octubre en el ínterin se emite el 29 de junio, se emite el decreto 27602 y el 28 de septiembre se emite el decreto supremo 27771 esos dos Decretos obviamente se emiten porque los trabajadores Mineros hacían marchas, bloqueos, Iván al FONVIS con dinamita en mano, para inmolarse y bajo presión querían que yo lo ejecute, pero no se podía ejecutar, porque nosotros no teníamos todavía el dinero para ejecutar, entonces el día 20 de octubre en el Palacio de Comunicaciones, los Cooperativistas Mineros consiguen una reunión con el Ejecutivo del Gobierno, en esa reunión el Ejecutivo del Gobierno, (…) el Ministro de Vivienda y el Viceministro de Pensiones y los cooperativistas firman pues un Convenio con el Gobierno, y en uno los puntos ellos se comprometen a entregar la suma de no menos de $us. 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS) y la hacen llamar a la Directora del Tesoro, ella en persona viene, toma la palabra, y firman un convenio, el Ministro (…) y todos los que he mencionado firman un Convenio, en que en el día van a transferir $us. 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS) para que yo pague al sr. Alejandro Asbun, como manda el Decreto y de esa forma se solucionó, hasta que él cumpla con las otras cosas que faltaban (…)Se le ha desembolsado en Notas de Crédito Fiscal el valor de $us. 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS) y se le adeudaba Sus. 2.788.000 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) eso sería lo que se debería todavía (…) El segundo pago se debería haber hecho una vez saneada la Urbanización Azucenas y saneado el saneamiento de los trabajadores Fabriles y los otros 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS) entonces por una, para mi decisión tal vez hormonal, se hizo la denuncia en contra mía, indicando que había actos de corrupción, siendo que yo he adquirido de los terrenos respaldados por los Decretos Supremos, entonces a través de esa denuncia es que no se concluyó con él con el acto restante que es el pago de los $us. 2.778.000 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) y el saneamiento que correspondía hacerlo al sr. Alejandro Asbun ”. Refiriéndose al personal de los Departamentos legal y técnico, aclara que “ ellos administrativamente revisaron toda la documentación, la técnica, la legal, los terrenos, las pendientes, los tipos de salida de la legalidad de los documentos y demás, por eso se elabora de Resolución 331”. Finalmente declara que al suscribir el convenio de 01 de junio de 2004, el Estado se ha beneficiado económicamente manifestando “ El desistimiento hablaba de Sus. 14.000.000 (CATORCE MILLONES 00/100 DÓLARES AMERICANOS) aproximadamente, que es el contrato que la institución firma, con la empresa Asbun, por un lado y por otro lado es la devolución de $us. 1.200.000 (UN MILLOS DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) Defensa.- Entonces se ha beneficiado con casi Sus. 15.000.000 (QUINCE MILLONES 00/100 DE DOLARES AMERICANOS) o Sus. 16.000.000 (DIECISEIS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS)”. CONSIDERANDO III Pruebas producidas por las partes Pruebas de cargo Las pruebas testifical y documental Tanto del Ministerio Público como de la Acusación Particular principalmente son las mismas, por lo que se las denomina simplemente pruebas de cargo; empero con relación a algunos pocos documentos producidos como prueba de cargo únicamente por la Acusción Particular se encuentran expresamente aclarados. Testifical Pablo José Asbun Aburdene Declara en la sesión de audiencia de Juicio Oral de fecha 04.02.2014, cursante a fs.3071-3079 y de Sesión de Audiencia de Juicio Oral de 11.02.2014, cursante de 3114-3122. Indica que es Ingeniero Civil de profesión, con C. I. 227557 LP, nacido en fecha 29.06.1943 en Cochabamba Cercado, actualmente ya no está trabajando, tenía una empresa constructora denominada ASBUN SRL, como propietario de dicha empresa ha realizado actividades en Oruro, entre otras la Urbanización Aurora; y en 1997, en Achumani, ciudadela Stronguista de la ciudad de La Paz, estaba en marcha un proyecto de la Urbanización Azucenas, era un plan de vivienda de 747 departamentos, cuyo monto establecido en el proyecto era de 11.000.000 (ONCE MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS) y fracción. Y aclara que el Sr. Omar Alejandro Asbún Farh es su sobrino. Relativo a los hechos que se juzga en el presente proceso declara: con el Sr. Alejandro Asbun, únicamente tuvo relación interno de carácter laboral, y que él representanba a la empresa CASCARENA, “Era un asunto de trabajos internos de parte de la obra”. No conocía acerca del convenio de 01 de junio de 2004, suscrito por los cooperativistas Mineros, Fabriles, el FONVIS en Liquidación y la empresa CASCARENA, algo sólo por la prensa, no tiene mayor conocimiento. Niega haber otorgado poder alguno a la empresa CASCADENA, para que su representante Omar Alejandro Asbun pueda firmar dicho convenio el 01 de junio de 2004. El citado proyecto de Urbanización Azucenas que estaba a su cargo (del testigo) no se ejecutó debido a la quiebra del Banco BIDESA. El mencionado proyecto tenía por base el contrato que se había firmado con el banco BIDESA para su ejecución. “Quiebra el banco BIDESA y no se lleva a cabo el proyecto, por culpa del banco BIDESA y porque el FONVIS no quiso continuar con el proyecto, yo estaba haciendo ya los trabajos de movimiento de tierras, importación de materiales, he desarrollado el 20% del proyecto, ha quebrado el banco BIDESA y eso es lo que ha hecho fracasar el proyecto, de mi parte no ha habido ninguna falla, ha sido el banco BIDESA que ha quebrado como a todos consta y el FONVIS no quiso continuar con el proyecto, pero no es culpa de la empresa en lo absoluto, ha sido culpa del banco BIDESA y del FONVIS”. Al respecto “he hecho tres juicios, uno por incumplimiento de contrato, son juicios que estaban todavía están en ejecución”. Niega responder la pregunta del fiscal acerca de cuánto le ha desembolsado para la ejecución del mencionado proyecto azucena. Sobre el poder 199/97 referido en el convenio de 01 de junio de 2004, aclara que no ha firmado ningún poder, y no ha autorizado nada para que suscribiera Omar Asbun dicho convenio, señalando que “ese contrato es falso, como todos, no corresponde ni a los nombres, ni al notario, ni nada, no autorizado a nadie”. Tampoco autorizó al señor Omar Alejandro Asbun a desistir del proceso alguno que él (testigo) inició contra el FONVIS, con relación al mencionado proyecto azucenas no ejecutado. “Si hubiera autorizado tendría mi firma en algún lugar o en algún documento, en absoluto no hay nada”. Aclara que nunca fue apoderado suyo el Omar Asbun, y que al respecto interpuso denuncia: “ Ese juicio se ha hecho en base al informe de la notaría, donde claramente se dice que ese poder, repito lo que dice ahí, que no corresponde a mi persona, yo no he dado ese poder, está claro el informe de la notaría” Sobre la naturaleza del proyecto azucena vuele manifestar que “Era un proyecto cerrado de departamentos, de 747 departamentos, incluye los servicios, agua, potable, alcantarillado, vías, calles, todo”, no solamente consistía en vender lotes de terrenoa alguien o al FONVIS. Respecto de su costo dice: “Era precio global, el precio del departamento era de $us. 19.700 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS), por departamento, incluido el terreno(…)”. Sobre el costo del terreno para cada departamento aclara indicando que era “ $us. 1.327 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE) por departamento (…), no es el metro2 por departamento, o sea dentro el precio del departamento es de Sus. 19.320 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE) correspondía al terreno, en esto incluye agua potable, alcantarillado, vías, servicios todo”. Compró los terrenos de la familia Sandoval. Reitera con relación al poder 199/1997, indicando que “ese poder es falso lo hizo el señor Alejandro Asbun para representarme, sin que jamás yo le haya suscrito, ni tenga motivo alguno para hacerlo, ya que me tiene un juicio con el ex FONVIS por incumplimiento de contrato, en cuyo fallo es favorable a la empresa ASBUN, que cursa en el Juzgado Sexto de Partido en lo Civil, además deseo agregar que ese poder no figura en la notaría respectiva y ese número pertenece a otro poder, segundo, si se hubiera otorgado poder para actuar a nombre de la empresa ASBUN SRL. debía de consignarse a mi persona, como representante legal, pero ahí está figurando como si yo estuviera otorgando facultades, a título personal, aparte de eso, ese poder claramente demuestra que es falso, ya que se coloca una institución que para esa fecha, que ni siquiera existe”, refiriéndose con esta última parte de su declaración a FUNDEMPRESA que figura en dicho poder cuando aún no se había creado. Finalmente, aclara que inició tres juicios, uno contra el Banco Bidesa y otro contra FONVIS, en contra de ambos por no haberse ejecutado el proyecto azucena, y otro contra Omar Asbun por el poder falso, Nº199/97. Esta declaración no ha sido cuestionada por la parte acusada; y los datos referidos en ella concuerdan con los contenidos principalmente en la prueba documental de cargo codificadas como MP-11, MP-12, MP-13 MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, MP-19 MP-24, MP-54. Consiguientemente, Corrobora en su parte correspondiente lo aseverado en la acusación. Isidro Pajsi Ali Presta su declaración en fecha 03.09.2013, cursante a fs. 2863-2868, con C.I.N°2048004 LP, Comunidad de Lipari-LaPaz el 13.01.1949, señala que ha cursado hasta 3° básico, Albañil de ocupación, es propietario de terrenos ubicados en la Zona de Lipari, los mismos no son planos, tiene pendientes, existe caminos, pero sólo entra minibuses, no tiene servicios básicos. Al igual que otros comunarios del lugar, él ha otorgado Poder en favor del Sr. Asbún para que se los venda sus terrenos, después de venderlos, nunca le ha hecho pagar a él por concepto de precio, no obstante de que habían firmado documentos, cuando reclamaban solo respondía que la empresa (FONVIS) nos pagaría, por eso en diciembre de 2004 pensaba juntamente con otros comunarios hacer “revocar la venta” efectuada por el Sr. Asbún. Gregorio Mamani Gonzales Ha prestado su declaración en fecha 21.01.2014, cursa a fs. 3038-3042, con C.I.2076325 LP, es labrador y comunario de Lipari, sólo ha estudiado hasta segundo básico, no tiene antecedentes policiales ni judiciales. Declara que no puede hablar bien el idioma español, y que sin embargo entiende. Indica que él es comunario de Lipari y propietario de 20 hectareas de terreno. Él ha dado Poder al Sr. Omar Asbún para que se los venda, hasta la fecha no le ha pagado suma alguna por la venta que los ha efectuado al FONVIS. A las preguntadas efectuadas por las partes, aclara que vive en Lipari, Mallasa, desde su nacimiento, actualmente continúa viviendo ahí, su terreno es grande, parte del mismo, son las 20 hectáreas acerca de las cuales él le dio poder al señor Omar Asbun para que las venda, al igual que otros comunarios; sobre el costo de los referidos terrenos no sabe, debido a su edad avanzada, él no recibió monto de dinero alguno por concepto del precio venta, el señor Omar Asbún le dada dinero solo para pasajes “poco a poco como a la gallina”,(…) “Pasajitos la anterior semana nos ha dado, un poco más también, eso nomás es (…) A veces nos ha dado 20 bolivianos a veces 10 a veces 50 una vez nomás nos ha dado 100 bolivianos”. Su “terreno tiene acceso, tiene vías de comunicación, vale decir, hay caminos para ingresar al lugar (…) Hay servicios como agua, luz (…) De ahí para vender a este señor le había conseguido a mis compañeros al Isidro Pajsi, el otro más, no sé quién eraba, esos creo que eraban, esos que habían conseguido después nos ha dicho venderemos y ese tiempo no había camino, muy poco, (…) hasta ahora no nos puede cancelar”. También señala que Omar Asbun había transferido sus terrenos y de otros comunarios a favor del FONVIS, “Él le había hecho pasar al otro señor al FONVIS y ahora no sé cómo habrá arreglado, eso no se bien siempre, ahora también dice nos debe dice, ahora para que nos cancele el también, el FONVIS también que pague, que complete al señor también, que nos pague también y nosotros no vamos a dejar (…) vamos a seguir hasta que nos pague señor”. Para venderle, aclara que el Omar Asbún les había hecho firmar, “Sí hemos firmado, porque no sé estoy mal, también los comunarios algunos un poco habrán recibido, no sé cómo será, nos han hecho firmar, nos han dicho, yo estoy firmando”. Señala las colindancias de sus terrenos vendidos indicando “Al este colinda con Valle Fundido, a este lado con la Muela del Diablo a este lado con Mallasa al otro lado con Lipari”. Sobre las características como caminos y servicios básicos como agua que tendría dichos terrenos aclara “Pasaba ahora con tiempo de lluvia está fregado el camino (respecto del agua) Hay nomás, es poco nomás, no harto (…) De ese lugar sale pues todo el tiempo, para que voy a mentir, poquito sale, y un poco debe ser saladito, porque antes hasta nosotros, recién estamos ahí, después con eso cocinamos, toda esa agua utilizamos, no sale harto, poquito(…)Se puede traer de otro lugar, cuando somos hartos, pero perforando puede salir harto”. El co patrocinio formula la siguiene pregunta aclaratoria: “Manifieste usted, si vive algún fabril, minero, en los terrenos que vendió al FONVIS el señor Asbun”, responde aclarando que al presente ningún minero vive en dichos terrenos, “No todavía, hasta ahora no estamos dejando los comunarios”. Señala también que han vendido los mencionados terrenos a favor del Omar Asbun y ha firmado un contrato de ratificación de venta con el señor Alejandro Asbun, en el cual se establece que cancelará el FONVIS, actualmente se encuentra inscrito en Derechos Reales “a nombre del FONVIS”. No conoce al señor Elías Ayoroa. Fortunato Laura Ticona Declara en fecha 29.042014, cursa su decalración a fs. 3255-3263, con C.I.N°2372496 LP, nacido en fecha 16.04.1960, de ocupación chofer, dice que es propietario de 24 hectareas de terrenos de Lipari, que colinda con Mallasa, cerca de la “Muela del Diablo”, como tal tiene documentación. Para venderselos Omar Alejandro Asbun le ha pedido los documentos. Después de venderlos el Sr. Asbun nunca les ha pagado por el precio de tranferencia. El terreno tiene quebradas, no tiene energía eléctrica. Durante su declaración, a solicitud de la acusación, se ha judicializado la prueba de cargo codificado como P.C.U.T.DOC.62.- consistente en una Carta de comunicación de fecha 11 de Agosto de 2005 dirigida a Humberto Velasco Sejas LIQUIDADOR a.i. FONVIS EN LIQUIDACION, por cuatro comunarios de Lipari, entre ellos, Isidro Pajsi y Fortunato Laura Ticona, adjuntando el documento intitulado “CONTRADOCUMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHO PROPIETARIO DE TERRENOS DE LA ZONA DE LIPARI”, suscrito en fecha 30 de enero de 2004, por Omar Alejandro Asbún y diez comunarios de Lipari. El testigo se ha ratificado en el tenor de dicho documento reconociendo su firma estampada en el mismo. Los comunarios declaran en dicho documento que son legítimos propietarios de terrenos ubicados en el ex fundo de Lipari, Provincia Murillo del Departamento de La Paz; y que comprometieron la venta de esos terrenos en favor de Omar Alejandro Asbún Farah, concediendo poderes por separado, “con la sola limitación de que los mandantes y propietarios suscribirán las escrituras públicas definitvas de transferencia(…)” EL testigo se trata de uno de los comunarios, al igual que dos anteriores testigos Isidro Pajsi Ali y Gregorio Mamani, propietarios de los terrenos en cuestión, que Omar Alejandro Asbún Farah en representación de la empresa Constructora CASCARENA transfirió a favor de FONVIS mediante poder que le otorgaron los mismos como a persona natural; empero sin pagarles el monto de dinero, precio de la venta de los mismos, e incumpliendo los términos del contradocumento codificado como P.C.U.T.DOC.62. Las tres declaraciones de los comunarios de Lipari y la prueba P.C.U.T.DOC.62 también corroboran los términos de la acusación, especialemente, respecto del incumplimiento de una de las obligaciones contraídas por el acusado Omar Alejandro Asbun al suscribir el Convenio de 01.06.2004 que era pagar a los comunarios el precio de la venta de sus terrenos. Jorge Eduardo Flor Otterburg Declara en fecha 21.01.20014, cursante a fs. 3042 a 3044, indicando que el número de su C.I. es 315242 LP, es administrador de empresas, ha prestado sus servicios en Impuestos Internos, y FONVIS. “Prácticamente en el FONVIS fui contratado, con contrato de servicios del 01 de noviembre de 2002 y estuve hasta finales del 2005, he estado 3 años y un mes como consultor en contabilidad”. Este testigo declara que sabe del desembolso de $us 2.000.000.-, realizado mediante Notas de Crédito Fiscal aclarando que “son prácticamente vales pagaderos a una persona”; y que sí lo conoce al co acusado Elías Ayoroa, ahora acusado y ex-Liquidador de FONVIS, al igual que al co acusado Omar Alejandro Asbun, a quien lo vio participar en una reunión del 20 de octubre del año 2004. Aclara también que él( testigo) como Asministrador de Empresas de profesión, prestó sus servicios en el FONVIS en Liquidación hasta 2005 cumpliendo las funciones “Consultor en Contabilidad encargado de la transcriptor de Comprobantes Contables”. Yanett Patricia Araníbar Urquieta Declara en fecha 12.08.20014, cursante a fs.3327 a 3332 y fecha 19.08.2014 , cursante a fs.3339 a 33341, diciendo que ella es de profesión abogado, con C.I. 3356567 La Paz, estuvo como Notaria en la Notaría Nº 53, desde diciembre del año 2001 hasta el año 2012, actualmente viene cumpliendo funciones de Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 59, desde agosto de 2012. Respondiendo a las preguntas aclaratorias indica que se ratifica en la totalidad de la certificación como del informe que fueron emitidos por ella, en fecha 8 de diciembre y 8 de septiembre respectivamente, ambos del año 2005, como Notaria de Fe Pública Nº53, documentos que están codificados como MP14 y MP15. Y también explica el procedimiento para extender un Poder Notarial indicando que comprende los siguienes pasos: “una persona quiere dar un poder acude a la notaría, el poder concedente en este caso, la persona que va otorgar el poder puede hacerlo mediante una instructiva, que es un papel escrito donde menciona las facultades que va otorgar al apoderado o puede hacerlo en forma verbal, pero tiene que acudir con su C.I. original, así como una fotocopia del C.I. de la persona a quien va otorgar el poder, muchas veces acuden ambas personas a la notaría, sin embargo sólo se requiere la firma del que va otorgar el poder, se redacta el documento, se da lectura al mismo y es firmado por el que otorga el poder, como el Notario de Fe Pública, ese documento se llama Protocolo, que se queda en los archivos notariales, en los libros, que luego tienen que ser custodiados por el notario y se entrega al interesado lo que se llama testimonio (…) El documento que es el Protocolo, es la Matriz prácticamente, el documento original se lo archiva de forma cronológica, cada año, es decir que le otorga un número y la fecha correlativa, en el cual, el documento ha sido elaborado al finalizar del año, todas esas matrices también llamadas protocolos, se empasta y se queda de por vida en archivo notarial y cuando uno deja de ser notario al archivo se entrega al nuevo notario que asume las funciones de la notaría”. Con relación al poder 199/97, aclara “que actualmente el archivo de la notaría Nº 53 ya no está a mi cargo, porque he dejado de ser notario Nº 53 en agosto del año 2012, actualmente está a cargo de la notaría Nº 53 la Dra. Carvajal”. Asimismo, declara que ocupó la mencionada Notaría inmediatamente después del Dr. Bascopé, que no podría asegurar si existe falsedad ideológica y material del protocolo del mencionado poder 199/97 de parte del señor Alejandro Asbun, porque no entiende nada del problema, “lo único que puedo mencionar es que cuando yo asumí el cargo de la notaría el año 2001, hubo un proceso de entrega de libros a mi persona, por el doctor Bascopé Méndez, y cuando me piden un informe ya sea con requerimiento fiscal u orden judicial, tengo que basarme en lo que existe físicamente, en los archivos notariales”. No conoce al señor Ayoroa, ya que “ soy notaría hace 13 años y no recuerdo(…)”. En la audiencia de Juicio Oral en la que presto su declaración, se han judicializado conforme a procedimiento los documentos codificados como MP15 y MP14, consistentes en el informe-representación y certificado de fecha 08 de septiembre y 08 de diciembre de 2005, ambos emitidos por ella el año 2005, en su condición de Notaria tenedora de los archivos de la Notaría de Fe Pública Nº 053 de Primera Clase de este Distrito Judicial. Y la testigo se ha ratificado en lo establecido en dichkos documentos. El Informe-representanción, con relación al testimonio de Poder Nº199/1997(MP12), dice: “revisado el Libro de Poderes Tomo I, del año 1997, se constata la existencia en forma cronológica del PODER Nº199/1997, referido al PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE QUE CONFIERE LA SEÑORA:LILY RODRIGUEZ VDA. DE AGROMONT, EN FAVOR DE LA SEÑORA:CONSUELO LUCILA VELASQUEZ DE PEDRAZA, de fecha catorce de agosto de Mil novecientos noventa y siete”(MP-15); y el Certificado claramente indica: “En el mencionado Tomo I, no existe poder que haya otorgado la Empresa Constructora Asbun al Sr. Alejandro Asbun Farah” (MP14). Ahora, en su declaración la testigo ha aclarado que el mencionado testimonio del Poder Nº99/97, no tiene protocolo matriz en el correspondiente Libro de Poderes, Tomo I, del año 1997. Estas aseveraciones de la testigo son irrebatibles por ser fiel reflejo de los datos contenidos en los Libros de Poderes de los cuales era tenedora en su condición de Notaria de la Notaría de Fe Pública N°053. Juan Siquita Escobar Declara en fecha 19.08.2014, cursante a fs.3341 a 3344, indicando que se llama Juan Siquita Escobar, con C.I. Nº 2573319 L.P., que actualmente, dice, “soy empleado de la Empresa Constructora BILCOSAC SRL, tengo 2 años de servicio”, y que los conoce a ambos acusados, pero no mantiene ninguna relación de parentesco ni amistad con los mismos. El testigo es uno de los que ha suscrito el Convenio de 01 de junio de 2004(MP11), en representación de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, y se ratifica en lo establecido en dicho Convenio, previa su judicialización. Sobre los hechos acusados, señala: no conocía los terrenos ofrecidos por la empresa CASCARENA en el convenio 01 de julio del 2004, suscrito por dicha emperesa, la Federación de Fabriles, el FONVIS y la Confederación Nacional de Cooperativistas Mineros; pero sí conocía a los cooperativistas mineros, así la forma cómo se ha fijado el precio, se ha evaluado tomando en cuenta los anteriores costos que el FONVIS estableció para adquirir terrenos en diferentes zonas, como por ejemplo en el año 1996, el costo fijado fue de $us 20 el metro2, en la zona de Huayllani, lugar donde se encuentra la urbanización Azucenas. Con relación a esta urbanización, él sabía que el Sr. Pablo Asbun representante de la empresa Constructora ASBUN S.R.L. había iniciado un juicio contra el FONVIS por incumplimiento de contrato. Hasta que ha dejado de ser dirigente en el año 2006, dicha urbanización estaba ocupado por los fabriles. Anteriormente, el año 2002, los cooperativistas mineros invadieron una urbanización ya adjudicada a diferentes sectores sociales de la ciudad de El Alto, a raíz de eso, todos los sectores afectados se hicieron presentes defendiendo las áreas que pretendían, con ese motivo llegó a conocer a los cooperativistas mineros. Sobre estos problemas suscitados por los cooperativistas mineros llegaron a negociar con el Ministerio de Vivienda, a cargo en ese entonces del Ministro Ariel Nogales, quien se comprometió hacer la entrega de la Urbanización Valle a los cooperativistas mineros, a condición de que ellos salgan de la Urbanización Alto Chijini. Igualmente aclara que conoce que el FONVIS a través del ahora co acusado Sr. Ayoroa, desembolsó $us 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), no en efectivo, sino en bonos del Tesoro General de la Nación, sin que se hubiera dado cumplimiento a los términos establecidos en el referido Convenio de 01 de junio, especialmente, con relación a la Urbanización Azucenas, y el Sector Fabril, mientra que por su parte, ha cumplido con su compromiso, presentando la lista de 350 adjudicatorios de la Urbanización Azucena; y “por la negociación interna que hemos tenido con la empresa privada, vale decir con el Sr. Alejandro Asbun, mi sector a visto la manera de recuperar el anticipo de 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)”, entregado como anticipo por FONVIS a la empresa del Sr. Pablo Asbun para la ejecución del proyecto azucenas, recibiendo la devolución de dicha suma de dinero en lotes de terreno en la zona Lipari, pero a la fecha no nos han adjudicado, “porque no ha sido concretado el negocio”. Con relación a la pregunta de la defensa técnica del acusado Asbun, aclara señalando que el convenio de 01 de junio de 2004, consistía en dar soluciones habitacionales a los sectores sociales que mayormente aportaron y “que sin embargo no tenemos esas condiciones habitacionales”; que el Sr. Asbun ha cumplido con la transferencia de terrenos “porque ha entregado toda la documentación necesaria, planos, testimonios”; que “se puede constatar que esos terrenos están inscritos a nombre del FONVIS”; aditamenta indicando textualmente que “Tengo conocimiento de que se ha cancelado una parte, un porcentaje 40 o 45 %, que es el equivalente a $us. 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), pero con bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) (…)”. Finalmente aclara que el gobierno ha emitido un Decreto Supremo (D.S.27602), bajo una fuerte presión ejercido por los coopertivistas mineros de diferentes departamentos, ya que convulsionaron la ciudad, “mi oficina era el edificio Fabril, estaba todo con gas, se ha convulsionado la ciudad y ahí el Gobierno se compromete a pagar el 50% inmediatamente y después posterior a ello sale el otro Decreto”; no obstante no ha dado cumplimiento a lo acordado en dicho convenio adjudicándo los terrenos a los benificiarios. El testigo personalmente participó en la suscripción del Convenio de 01 de junio de 2004, firmándolo en su condición de representante de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, con personería jurídica Nº5286, acreditada mediante Resolución Nº254 referido en el texto del Convenio(MP11), le consta en la misma forma los antecedentes y circunstancias en las que se sucribió dicho Convenio, así como el desembolso de $us.2.000.000.- que Tesoro General de la Nación realizó, y la entrega de dicha suma en bonos que FONVIS hizo en favor del ahora acusado Omar Alejandro Asbun, representante de la Empresa Constructora y Minera CASCARENA, como primer pago del precio de 112 Has que tranferió a FONVIS. No ha dicho nada acerca del testimonio de Poder 199/97 (MP12) y Contrato de obra vendida de fecha 10.07.1997, protocolizado mediante la escritura pública Nº479/2004, de fecha 20 de mayo de 2004(MP18); sin embargo, relativo al proyecto Azucenas que estaba en ejecución para el Sector Fabril y luego fue interrumpido, ha declarado que el Sector al que representaba, había creído que Omar Alejandro Asbun cumpliría su compromiso de devolver en terrenos los $us 1.200.000.- que debía la Empresa Constructora ASBUN SRL por obra no ejecutada, cual consta en el mencionado Convenio, pero en los hecho hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, aunque existen documentos de compra venta de terrenos, y que los mismos se hallan inscritos en Derechos Reales. Con relación a la urbanización Azucena, su declaración tiene respaldo el testimonio del testigo Pablo José Asbun Pablo José Asbun represetante de la empresa Constructora ASBUN S.R.L., descrito y valorado al inicio del presente Considerando. Declaracion de José Goitia Duran Declara en fecha 23.09.2014, cursante a fs.3376 a 3381, que es de profesión abogado, con C.I. 1382690 Potosí, trabajó en el IDIF desde el año 2002 al 2008, en 2009 como independiente en el campo de las Ciencias Forenses, y no tuvo antecedente alguno. Previa su judicialización, se ratifica en el Dictamen pericial documentológico N°425/05(MP13). A las preguntas aclaratorias formuladas por las partes, responde señalando que para emitir el dictamen pericial documentológico, Nº 425/05, relativo a la copia fotostática de documento privado de fecha 10 de julio de 1997 y el formulario de reconocimiento de firmas, consitente en un “documento suscrito en la modalidad de Obra Vendida suscrito en La Paz en fecha 10 de julio de 1997, entre Pablo Asbun Aburdene como contratante y Alejandro Asbun Farah como contratista”, siguió los siguientes pasos. Indica que “se trabajó en base a dos documentos que son los cuestionados, un documento privado y un formulario del poder judicial para el reconocimiento de firmas, se han empleado 27 documentos con la firma del Sr. Pablo Asbun Aburdene, como material de comparación y se ha empleado el Sistema Escopometrico que está en vigencia”. Llegó a la “conclusión es que existe una alta posibilidad de que la firma del Sr. Pablo Asbun Aburdene existente en la copia fotostática de documento privado de fecha 10 de julio de 1997, que queda detallado en el acápite documentos dubitados no guarde relación con la auténtica de la misma persona, y la segunda que la firma existente en el formulario del poder judicial para el reconocimiento de firmas de fecha 11 de marzo de 1998, no guarda relación de correspondencia, es decir es falsa”. Dictamen en el que reitera se ratifica en forma “in extenso” (MP13). Aclara que el peritaje fue elaborado a requerimiento del Ministerio Público; y que el referido documento se trata de un “documento suscrito en la modalidad de Obra Vendida suscrito en La Paz en fecha 10 de julio de 1997, entre Pablo Asbun Aburdene como contratante y Alejandro Asbun Farah como contratista y otro documento que es el formulario del poder judicial de reconocimiento de firmas”. Y a las preguntas aclaratorias de la defensa técnica del acusado Omar Asbún, responde indicando. Realizó el peritaje en el año 2005; “(…) nosotros los peritos del IDIF manejamos un código IDIF Reg-Gral, que quiere decir IDIF Registro General Nº 425, que es el Registro General y el Número de Dictamen 068/2005 que corresponde a ese dictamen, esto porque se emplea como política institucional, a fin de evitar que los peritos tengan acceso a la información de las partes, justamente para garantizar la imparcialidad”. (…) “las personas pueden decir lo que quieran, el subjetivismo es parte de la raza humana, el humano en casos como éstos y si es acusado miente, la función del perito de Ciencias Forenses, creo que todos los abogados sabemos es prescindir de la declaración de las personas, justamente para eso se hace los informes periciales, la esencia de un dictamen pericial es llegar a la verdad en base a las evidencias, independientemente de que las personas hayan jurado sobre la Biblia y diga lo contrario la pericia, y desde el punto de vista pericial, una pericia puede desvirtuar o corroborar la declaración de un testigo, y si el señor dijo algo, yo tengo aquí los suficientes elementos para demostrar que la firma en el documento privado del 10 de julio de 1997 y el formulario de reconocimiento de firmas no le corresponde, no soy yo quien va a valorar la prueba, sino el tribunal, yo me baso en evidencias”. Igualmente responde indicando que no ha realizado pericia alguna con relación al documento de poder 199/97, él no puede aseverar que hubiera falsificado dicho poder el Sr. Alejandro Asbun, porque “el punto de pericia dice determinar si la firma corresponde o no al Sr. Pablo Asbun es decir autenticidad o falsedad, no se me pidió quién es el falseario”. A la pregunta: “Dr. usted cree en alta probabilidad, usted nos dice si es falso o verdadero el documento 1097 aparte de ser una fotocopia simple, usted dice alta probabilidad, y no si es falso o verdadero”, responde “Perito.- Le explico en documentología, cuando se trabaja con fotocopias legalizadas como en este caso, si no existe original independientemente de las causas por la cual el documento original no existe, se hace un trabajo pericial con el siguiente fundamento, si el documento original en el que se plasma o mediante el cual se comete el delito si desaparece, desaparece el delito, no, y cómo hice mi dictamen en la última parte en el estudio de soportes, digo, cabe hacer notar que el documento dubitado, identificado con el código 311, documento privado, se trata de una fotocopia legalizada, aspecto que dificulta con respecto al estudio de la autenticidad o falsedad de la firma, pero no impide que quede bien claro dependiendo de la calidad de la fotocopia, permite llegar a una conclusión, y en este caso al decir una alta probabilidad debido a lo siguiente, porque existe otro documento que es el formulario de reconocimiento de firmas, que ha sido firmado por las mismas personas, y los rasgos cómo están en el dictamen, son coincidentes y así se afirma que hay una alta probabilidad de que la firma es falsa”. A la defensa técnica del acusado Ayoroa, aclara que empezó su labor “como perito el año 1990 y en 2005 tenía 15 años de trabajo”, y que el nombre del Sr. Elías Ayoroa no está, “pero no podría afirmar o negar que está involucrado”. Este dictámen pericial (MP13), fue efectuado en cumpliento al requerimiento fiscal, por un especialista idóneo en documentología, en base a elementos objetivos, aplicando la técnica y metodología correspondientes a la investigación científica mismos que no fueron cuestionados válidamente por la defensa. El perito es idóneo porque no sólo está versado en lo teórico, sino tiene experiencia de 15 años sobre la materia. Emitió dicho Dictamen pericial Documentológico IDIF.REG.GRAL Nº 0425-05, LABCRIM-DOC Nº 0068-2005 en fecha 18 de agosto de 2005, fecha en la cual era Jefe Nacional de laboratorio Criminalístico del Instituto de Investigaciones Forenses. En su declaración, absolvió a las preguntas aclaratorias de las partes, con precisión y solvencia, demostrando amplio conocimiento técnico y científico de la materia. Consiguientemente, tiene validez probatoria su declaración como su dictámen pericial. Luis Fernando Velasco Declara en fecha 24.02.2015, cursante a fs.3890 a 3893, indicando que nació en fecha 5 de julio de 1974, estado civil soltero, con C.I. 2691012 LP, trabajó en el Ex FONVIS, en COTEL como Asesor Legal y Sumariante, en la Caja Nacional de Salud como Jefe Jurídico Nacional, tiene 12 años de experiencia. Declara indicando que conoció al Sr. Alejandro Asbun Farah en el FONVIS en Liquidación, sólo conoce por rumores relativo al Poder 199/97, incriminado de falso, y aclara que desconoce los pormenores de los hechos acusados. Si bien el testigo como servidor público que trabagajaba ocupando como asesor jurídico en el ex FONVIS en Liquidación, no estaba obligado a declarar sobre hechos de los cuales podía surgir su responsabilidad penal como dice el art. 193 del CPP; sin embargo resulta completamenta extraño que no conozca nada sobre los hechos por los cuales se juzga a ambos acusados y no los comprometa a él. Cesar Tomas Banegas Herrera Declara en fecha 10.03.2015, cursante de fs.3907 a 3912, con C.I.Nº 2369972 LP, se trata de otro de los que ha suscrito el Convenio de 01.06.2004, en representación de la Federación Departamental Aurífera Minera (FEDAMIN). Indica que se llama César Tomás Benegas Herrera, de ocupación minero de la Cooperativa Unión Limitada, localizada en Incachaca, Tercera Sección, Larecaja, La Paz, de oficio electricista, no tiene antecedentes penales. Señala que conoce al Sr. Elías y al Sr. Asbun, con motivo del convenio firmado por FENCOMIN, la empresa del señor Omar Asbun y otros. En ese entonces hubo el problema, “reclamábamos al gobierno de 3X1000 el aporte de las cooperativas y queríamos la devolución en base a ese convenio, ahí he llegado a conocer”. A la pregunta de la defensa técnica“cómo lo conoció al Sr. Alejandro Asbun”. El testigo al respecto, primero refirió relativo a la forma cómo los cooperativistas mineros empezaron a reclamar la devolución de los aportes que el Estado les adeudaba; el por qué determinaron que la devolución sea no en dinero sino en terreno, cuyo monto cuantificado superaba los 100.000.000 $us; la propuesta del FONVIS de entregarles los terrenos ubicados en la zona de Lipari, sobre tomas que los cooperativistas mineros hicieron de los terrenos del lugar denominado “Alto Chijini”, cómo el Ministro Nogales a través del FONVIS les hace trasladar entre tres camiones al lugar denominado “Valle Escondido”, ubicado detrás de la “Muela del Diablo”, respecto del cual mucha gente estaba descontenta, y resulta que dicho lugar había sido de la CSUDCEB. Luego aclara señalando que “sale el proyecto ya de Lipari ya con la empresa Asbun parte de CASACARENA”. Sobre el por qué firmaron el convenio del 01 de julio del 2004, declara que “se ha firmado por dos situaciones claras, Nº 1 por la deuda que tenía el gobierno (…), aparte de eso porque hemos firmado el convenio con CASCARENA, porque nos daba en menos precio los terrenos de Lipari y no me acuerdo cuánto, pero era barato y solamente se dio una parte no más y eso era lo que habíamos hablado, (…)yo el terreno les voy a dar en menos precio, pero a mí me firman el convenio pero yo hago la construcción, entonces nosotros hemos visto bien y a través de un congreso se ha avalado”; porque “Hemos visto que era la mejor propuesta y también el FONVIS mismo lo avalado y dijeron ellos que estaba bien, por eso es que nosotros hemos tomado esa determinación y usted sabe que en las cooperativas si en un congreso no avalan las bases el directorio no hace nada”. También aclara que se le pagó por los terrenos al Sr. Omar Alejandro Asbún en bonos porque el gobierno les “decía que no hay dinero”, sabe que esos terrenos de Lipare están inscritos en Derechos Reales, por eso pidieron el FONVIS los comprara, “ha habido más presión para nosotros y de ahí empieza la negociación, lastimosamente si no hay presión no nos atienden, pido disculpas por la forma de reacción que tienen los mineros, entonces en base a eso se ha hecho el trabajo y se ha podido llegar a esa negociación con el Gobierno pero veo que lastimosamente no se ha cumplido”. Así terminó de responder a las preguntas aclaratorias hechas por la defensa técnica del acusado Omar Alejandro Asbún. Con relación a las preguntas aclaratorias hechas por el mismo acusado Ayoroa, en uso de la defensa material, el testigo responde evasivamente refiriendo otras cosas que no tienen nada que ver con preguntas que se le formuló, como se evidencia a continuación: “Ayoroa.- Lo que quería preguntar era si él o los cooperativistas se aproximaron con el Sr. Alejandro Asbun para que nosotros compremos, o el FONVIS en realidad mi persona compre los terrenos para los cooperativistas, se adquieran los terrenos, eso quisiera que aclare el Sr. Banegas”. Reponde el Testigo.- “Nosotros habíamos hablado de que había propuesta, eso es lo que nos han indicado, nos han dicho que había no solamente una empresa, había varias, pero de acuerdo lo que hemos hecho el análisis para que nosotros nos convenga también decíamos no sirve el terreno, si no tenemos construcción, entonces de esa manera a parecido esta situación, yo lo conocí al Sr. Asbun ya en FENCOMIN en una reunión, cuando viene y nos dicen en base a esa propuesta nosotros hablamos con el FONVIS también aprueba y dice haremos de esa manera si ha sido la empresa primeramente que la hemos conocido la empresa se nos acercó”. El testigo responde no recordar nada, a las otras preguntas concretas hechas por el mismo acusado nombrado, sobre aspectos que determinaron la firma del convenio de 01 de junio de 2004: “Ayoroa.- Hubieron reuniones a la firma del convenio del 01 de junio, pero de esa reunión se redactaron varios beneficios para el FONVIS, para los cooperativistas, también para los fabriles, y usted recuerda cuáles son los beneficios que estoy mencionando. Responde el Testigo.- “No me recuerdo, porque eso lo hemos dejado nosotros a nuestros asesores, las redacciones, nosotros solamente de acuerdo a la redacción que hacían nuestros asesores, nosotros analizamos y nos explicaban, pero no me acuerdo”. Ayoroa.- Otra consulta, “ustedes antes de que yo sea Liquidador del FONVIS, han tenido reuniones previas con las otras autoridades del FONVIS y del Gobierno para solicitar la devolución del 3X1000 y que se les entregue los terrenos”. Responde el testigo.- “Antes que usted no me acuerdo, pero si yo hubiese sabido de esta audiencia, hubiese revisado todo toda mi documentación, porque yo tengo fotocopias de todo eso, pero como me trasladé de mi casa, ni siquiera lo he tocado, pero si ha tenido reunión mucho más antes”. y a la pregunta aclaratoria hecha por el mismo acusadoen forma que sigue: “Ayoroa.- Una última consulta, hicieron en mi gestión, cooperativistas y fabriles, actos de presión con marchas, amenazas, y cosas así para que se llegue a firmar los Decretos y Convenios”, responde el testigo, “No nada lo único que nosotros hemos hecho con las cooperativas, con los fabriles, hemos tenido un acercamiento pero nunca más, ellos se nos han aproximado y nunca hemos tenido presión aparte”. A las preguntas aclaratorias del Ministerio Público, el testigo responde que los cooperativistas mineros han confiado en el FONVIS, esta institución verificó los terrenos y les llevó a conocer los mismos. A la pregunta de que los cooperativistas mineros “han verificado que haya estudios de avalúo de factibilidad”, responde el testigo, sin afirmar ni negar explícitamente en la forma que sigue: “ Toda esa documentación Sr. Juez ha sido presentada al FONVIS, el mismo ha hecho su verificación, y es por eso que hemos confiado en lo que nos indicaron y ellos tenía la documentación”. En la misma forma responde a otras preguntas formuladas más adelante: si les consta el área que iba a adjudicarse a los beneficiarios, porque han ido con el FONVIS, “Hemos verificado los documentos en mesa pero en campo yo no le puedo decir, en campo sólo hemos ido a ver, hemos hecho un inspección ocular, pero en documentos si hemos visto”. Victor Mena Siacara Declara en fecha 03.02.2015, cursante de fs.3872 a 3878, con C.I.Nº 2520288 PT. Este testigo no aporta nada que pueda conducir al conocimiento de la verdad histórica de los hechos que se juzga. Edwin Castro Menacho Declara en fecha 31.03.2015, cursante de fs.3921 a 3927, indicando que es asesor de FENCOMIN desde el año 2002 hasta el año 2005, con C.I. Nº 2016766 LP, y que como asesor se siente parte de dicha Federación. El año 2003, FENCOMIN rompió con toda una tradición que tenían todos los movimientos obreros y laborales del país. Explica que esa tradición consistía en que hasta ese entonces era normal que la Central Obrera Boliviana (COB) y todos sus afiliados presentaran al Gobierno un Pliego Petitorio. La Federación pidió licencia a la Central Obrera Boliviana (COB) para asumir la defensa de sus socios de manera independiente. En ese entendido, fue característica de FENCOMIN el presentar cada año lo que llamaban “la Agenda de Trabajo Responsabilidad y Productividad” que era diferente de los Pliegos Petitorios, porque muchos de los cuales no tenían sustento normativo, técnico ni económico; mientras la agenda presentada por FENCOMIN, estaba basada en la factibilidad técnica, normativa vigente, viabilidad económica y la aceptabilidad social. Uno de los puntos que tenía la agenda de trabajo era ir a plantear la recuperación de los aportes de los trabajadores cooperativistas mineros al régimen de vivienda social que en ese entonces estaba administrado por el FONVIS en Liquidación; y que esta agenda tenía por respaldo un Decreto Supremo que dispone la devolución de los aportes de los trabajadores Cooperativistas Mineros al sistema de vivienda social. La devolución que lograron en terrenos “aparece como si nosotros hubiésemos sido beneficiados con recursos del Estado, para la compra de estos terrenos, lo que es absolutamente falso (…), No se nos ha regalado nada ha sido fruto de nuestro trabajo y esfuerzo”. Sobre el por qué “se escoge a la empresa CASCARENA para la venta de terrenos” en cuestión, el testigo responde señalando que FENCOMIN estaba facultada buscar los terrenos que le convenía para la compra a través del FONVIS, y han elegido los terrenos ofertados por la empresa CASCARENA (de Omar Alejandro Asbún), previo análisis, evaluo, visitas IN SITU conjuntamente las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, FONVIS. Aclara que los lotes de terreno elegidos por FENCOMIN colindaban con los terrenos de los fabriles, quienes habían desistido sobre la Urbanización Azucenas a cambio de dichos terrenos. En esas circunstancias se efectua la firma del Convenio de 01 de junio de 2004, “ahí donde se produce recién la Firma del Convenio Tripartito porque es un documento firmado, entre FENCOMIN, Fabriles y la Empresa CASCARENA, es la génesis de la firma de ese convenio, totalmente avalado por las autoridades de aquel entonces”. A la pregunta ¿qué autoridades concretamente “habían avalado ese convenio”?, aclara indicando que “No hay dónde perderse, no recuerdo los nombres, pero sé qué autoridad es, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Minería Osvaldo Ramírez, el Ministro de Obras Públicas Nogales, el Ministro de Trabajo Jaime Navarro, (FONVIS) Aníbal Revollo Liquidador, inclusive la llamada Zarina Anticorrupción hace una declaración altisonante en la prensa escrita del país, en esa declaración la Sra. Zarina prácticamente acusa a FENCOMIN, a su asesor, de valerse de la fuerza, presión, etcétera, para sacar recursos al entonces gobierno, catalogó a FENCOMIN y al asesor aquí presente, como los grandes corruptos de aquel entonces(…)”. Sobre la denuncia de la Zarina Anticorrupción, aclara que se trata de una falsa denuncia contra trabajadores del subsuelo. La cual dice que hicieron conocer públicamente, “hicimos una publicación (…) en el periódico El Diario, donde decíamos que para la Sra. Zarina Anticorrupción, el Sr. Carlos Mesa y su Gabinete en Pleno eran unos corruptos”; ya que los que firmaron el Convenio de 01 de junio, “estábamos actuando en base a un Decreto Supremo firmado por el Presidente de la República y el Gabinete en Pleno”. Con relación al acusado Ayoroa aclara que “lo que hace el Sr. Elías es dar cumplimiento estricto (…) de la norma que dispone, se proceda a la devolución de los recursos de los Cooperativistas Mineros, no dice (…)de los Recursos del Tesoro General como regalo a los cooperativistas, nos estaban devolviendo lo que nos correspondía en derecho”. Con relación a “cómo logra que se haga el desembolso a favor de la empresa CASCARENA, para la compra de esos terrenos”, el testigo refiriéndose a la Vice Ministra de Tesoro y Crédito Público Patricia Alborta Valda de Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presuesto, aclara, “ellos son los que en cumplimiento a la norma existente hacen el desembolso respectivo, en bonos, no fue en efectivo, si no en bonos o títulos valores del Tesoro General de la Nación, que era 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS), quedando pendiente la ejecución de casi 3.000.000 (TRES MILLONES 00/100 DOLARES AMERICANOS)”. Sobre sí el testigo como asesor de FENCOMIN tuvo conocimiento o acceso a la documentación que se habría presentado para la compra de esos terrenos, aclara que “ los encargados de la revisión de la documentación pertinente era en este caso el FONVIS, (…) porque ese era el trabajo que ellos tenían que realizar, el trabajo nuestro es el reconocimiento de esta deuda que tenía el estado con nosotros y la devolución de nuestros recursos, acabando ahí nuestra gestión”. Sobre si el Estado se ha beneficiado con el Convenio de 01 de junio de 2004 en favor del Estado, aclara indicando que “Yo estoy acá por una responsabilidad ciudadana en mi condición de asesor de FENCOMIN, soy el menos indicado para decir cuáles son los beneficios del Estado, pero sí hablaré de los beneficios para las cooperativas mineras, los beneficios para el Estado fundamentalmente eran, devenían del hecho de que se salvaba con esta firma del gobierno, la frustración que tenían los fabriles, con el caso de la urbanización Azucenas, que no les habían cumplido, entonces a la compra de los terrenos y el valor de los terrenos que se le estaba vendiendo era absolutamente ventajoso”. Sobre quién o quiénes determinaron el monto del precio de compra de los mencionados terrenos, aclara que “en este caso en la adjudicación de los de estos terrenos los que teníamos la absoluta libertad de decidir si aceptamos el terreno u otro, éramos los cooperativistas mineros”. Aclara también que la empresa CASCARENA “al suscribir el convenio contrajo la obligación de dotarles lotes de terreno a favor de los mineros y fabriles, y no de construcción de viviendas (…) la empresa CASCARENA hizo la devolución de ese 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), porque como expresa el convenio, la devolución se la hace con la entrega de más terrenos para los Fabriles a cuenta de esta deuda pendiente de 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), esto está en el cómputo total del terreno adjudicado en el convenio, entonces si se hace la devolución del 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), y segundo cómo es principio del cooperativismo minero, nosotros somos solidarios con nuestros hermanos de clase o compañeros de lucha, en este caso con los compañeros fabriles, nosotros sabíamos que estábamos ayudando a solucionar un problema que tenían ellos con la adquisición de estos terrenos y en qué forma más colaboramos en salvar esta situación de los fabriles, en el entendido de hacerles devolver 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), en lotes de terrenos a precios absolutamente competitivos”. Para terminar aclara indicando que “yo puedo afirmar que si era urbanizable, tan cierto es esto Sr. Juez que los terrenos colindantes ya están habitados”. El testigo es asesor de FENCOMIN, habla entre otras cosas de la normatividad, la considera como una de las base de los reclamos que han planteado a las autoridades gubernamentales, de donde se infiere que conoce las leyes. Pero como asesor y conocedor de las leyes en su declaración, incurre en omisiones. No indica en qué norma legal concretamente se respalda para decir que FENCOMIN tenía la absoluta libertad de escoger los terrenos que les convenía, y que han elegido los terrenos ofrecidos por la empresa Casacarena representada por el ahora acusado Omar Alejandro Asbun. Declara que el pliego de peticiones de FENCOMIN, tenía entre otros, por base la normatividad, como Decreto Supremo 23974 de 01 de marzo de 1995(MP1), Decreto Supremo Nº27602, de fecha 29 de junio del año 2004(MP5), Decreto Supremo Nº27771, de 28 de septiembre de 2004 (MP6), y que en cumplimiento a lo dispuesto en dichos Decretos Supremos se ha desembolsado $us.2.000.000.-para que ex FONVIS en Liquidación haga entrega de dicho suma, como parte del precio de compra de terrenos mencionados, al ahora acusado Omar Alejandro Asbun; empero los mencionados Decretos Supremos también disponía, que debía efectuarse el desembolso previa cuantificación de los aportes devengados de los cooperativisas mineros, y con esta disposición no se ha dado cumplimiento, el testigo al respecto no hizo ninguna aclaración. Igualmente declaró que el pliego de peticiones de FENCOMIN, tenía por base la normatividad, y que para conseguir resultados favorables se utilizó la presión y violencia; sin embargo. ninguno de los Decretos Supremos referidos y otros autoriza a FENCOMIN, emplear como metodolía, presión, violencia, para viabilizar sus reclamos, ni indica la fecha ni donde constaría el permiso que habría otorgado la COB para proceder el uso de nuevos medios de reclamo. Tampoco señaló razones por las cuales no tenía acceso como asesor que era, a la documentación referente a la transferencia de los terrenos por intermedio de la FONVIS en Liquidción, en favor de los beneficiorios integranes de la FENCOMIN. Por otra parte, el tetigo al hacer mención a la Sra. Zarina, se refiere a la Delegada Presidencial Anticorrupción Sra.Lic. Cajías, cuyas atribuciones están especificadas en los Decretos Presidenciales Nº27214, 27215 y Resolución Suprema Nº 222070, de fecha 19 de octubre de 2004. Esta autoridad Anticorrupción presentó dos informes públicos con relación a los hechos que ahora se juzga, uno de fecha 09 de noviembre de 2004 y el segundo en fecha 24 de febrero de 2005, los cuales fueron ofrecidos por la acusación fiscal como prueba de cargo codificado como MP 55, el primer informe mencionado fue excluido, y habiéndose también ofrecido los mismos informes la acusación particular, ambos fueron judiciliazados, puesto que la defensa al respecto no hizo ninguna observación, y el memorial de la querella presentado por Pablo Asbun Aburdene tiene por respaldo estos dos informes de la Delegada Presidencial Anticorrupción, el cual memorial fue judicializada, igualmente sin observación alguna. Para desvirtuarlos dichos informes no es cuestión de decir que tienen denunciados por falsos públicamente mediante prensa escrita, sin hacer valer dicha supuesta denuncia conforme a procedimiento en juicio oral, y la defensa técnico no lo hizo. Declaración de Javier Eduardo Ferreyra Sánchez Declara en fecha 14.04.2015, cursante de fs. 3947 a 3950, con C.I.Nº 351107 LP, respondiendo a las preguntas aclaratorias hechas por la defensa del acusado Ayoroa, el testigo responde indicando que conoce el convenio de fecha 01 de junio de 2004, fue suscrito “como consecuencia de la presentación de un Pliego de Peticiones de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación de Fabriles, de la Federación de Mineros, más los compañeros de la Federación de Cooperativas y los adjudicatarios de Azucenas”; tiene como antecedentes la suscripción del mencionado Convenio los reclamos efectuados por los cooperativistas mineros; las conversaciones con las autoridades del gobierno de de las gestiones correspondientes a los años 2002 y 2003; acontecimientos como “la toma por parte de los cooperativistas de Alto Chijini en la ciudad de El Alto, donde estaban adjudicados varios sectores, como son mineros, maestros, periodistas, trabajadores de ENTEL, en estos terrenos se asentaron y hubo una toma violenta de los mismos que determinó que se puedan iniciar conversaciones con el Gobierno de turno, en ese entonces, estaba como Ministro de Asuntos Urbanos el licenciado Nogales, por otra parte el sector Fabril, que tenía cerca de la ciudadela strongista una adjudicación, los compañeros fabriles que se vieron igualmente avasallados por los comunarios originarios, eso fue la base donde se iniciaron las negociaciones con el Gobierno para que se dé una negociación a través del Ministerio de Asuntos Urbanos”. Aclara que él era abogado laboral de la Central Obrera Boliviana, inicialmente participó en la búsqueda de la solución a la problemática habitacional en Azucenas y Alto Chijini, y que por parte del sector fabril “estaba el compañero Siquita(…) yo nunca tomé contacto de manera individual con él (arquitecto Elias Ayoroa), con él ingresamos siempre en reuniones de tipo corporativo, gremial, donde estuvo presente la COB, estuvo presente los fabriles, mineros cooperativistas, que tenían su asesor y nos reunimos en 3 ó 4 oportunidades con el arquitecto Javier en las oficinas del FONVIS”. Sobre los puntos más importantes establecidos en el convenio de 01 de junio de 2004 declara, indicando que básicamente era “el compromiso de parte de la empresa CASCARENA de solucionar el problema de los asentamientos (…), la segunda situación fue determinar precios de las viviendas(…)”; pero no sabe sobre si se dio cumplimiento o no los compromisos que contiene dicho convenio “porque yo ya no participé en esa etapa, hubo situaciones orgánicas en el propio sector fabril y donde ya ellos continuaron por su cuenta, yo ya me dediqué a otro tipo de labores con la Central Obrera” Sobre si se verificó o no el Poder 199/1997, orgado por Pablo Asbun a favor de Alejandro Asbun Farah, responde el testigo señalando que “Ese es un tema que ha tenido que hacerlo la Dirección Jurídica del FONVIS”, y con relación a la cuantificación de los aportes de 3X1000, aclara que “se determinó que se les iba a ser, nunca se estableció cuánto fue la cuantía final, por lo menos en el tiempo que nosotros estuvimos dentro de la negociación”. Asi declara este testigo en forma coherente y puntual. Declaración de Raul Estevez Martínez Declara en fecha 28.04.2015, cursante a fs. 3985, con C.I.Nº342027 L.P., con relación al testimonio de la escritura pública Nº479/2004, y acerca de inserción en dicha escritura del testimonio del Poder Nº199/97, en su condición de Notario de Fe Pública durante los años que comprende de 1998 a 2007, se limita en declarar que no recuerda “Yo me remito a los protocolos correspondientes de mis archivos, estamos hablando de 2004, no puedo precisar ya que cumplido con los requisitos y formalidades respectivos para elaboración de escrituras el que yo tengo aquí es un testimonio”. Declaración de Patricia Alborta Valda Declara en fecha 14.07.2015, cursante a fs.4095 a 4098, respondiendo a la pregunta hecha por la defensa sobre qué cargo ocupaba el año 2005, dice que el año 2005 ocupaba el cargo de Viceministra del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Previa judicialización, reconoce que son suyas las firmas que están estampadas al pie de las Notas de Crédito Fiscal y la estampada en el “ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CUARENTA NOTAS DE CREDITO FISCAL, emitidas por el Tesoro General de la Nación ,c/u, por un importe de Bs. 401.000.00 con fecha de vencimiento al 20 de abril de 2005”, de 22 de octubre de 2004, documentos que están codificados como MP56 y P.D.D.31( de parte del acusado Manuel Javier Elías Ayoroa). Aclara que no conocía a los acusados Ayoroa y Asbun, sólo sabe que el primero de ellos “era funcionario del ex FONVIS, tuvimos una relación laboral”. Acerca de las notas de cargo aclara indicando que “ Las Notas de Crédito Fiscal son una función del Tesoro General de la Nación, no es exclusivo de este caso, las Notas de Crédito Fiscal sirven para hacer pagos, al igual que pagar en efectivo, al igual que el Tesoro General de la Nación cuando no tiene efectivo, paga en Notas de Crédito Fiscal que son negociables, es decir que sirven para negociar, venderlas y conseguir el efectivo, esa Nota de Crédito Fiscal como cualquier otra, sirve para hacer un pago en efectivo cualquier sea ese(…) El pago dispone que hacer como tesorero, yo he tenido una instrucción de pago y nada más(…). El Decreto Supremo que usted lo tiene, el 27771(…) A mí no me interesa saber para qué era el pago, yo tengo una instrucción en el caso de este, era para devolver al FONVIS los aportes que habían hecho los aportadores en la COMIBOL, como el tesoro no tenía esa plata consigo entonces no podía yo pagar y por eso que los interesados han demostrado entre otras instancias que haya sus aportes y entonces surge un decreto supremo que me autoriza al Tesoro General del Estado hacer el pago”. Si bien no tenía interés de saber “para qué era el pago” con notas de Crédito Fiscal, pero la testigo en su condicion de Vice ministra de Tesoro y Crédito Público, estaba al respecto debidamente informada sobre el objeto del pago mediante Informe INF.D.J.N499/2004, de fecha 30 de Agosto de 2004(MP54, Anexo 6), dirigida a ella por la Asesora Legal, VIA Dra. María Inés Vera de Ayoroa , DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, relativo a la improcedencia del art. 2° del D.S. 27602(MP5), emitido con relación a la viabilidad y ejecución del Convenio de 01 de junio de 2004, que entre otras cosas dice: “Por otra parte cabe aclarar que la deuda que assume el T.G.N. por COMIBOL en virtud al Decreto Supremo N°23974 1° de marzo de 1995(MP1), se refiere a adeudos devengados por aportes de trabajadores aslariados de COMIBOL en favor de los entes gestores de seguridad social (cuya finalidad es la proteccción de los trabajadores y sus familias en los casos de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y Muerte) diferenes a los adeudos a ser devueltos por aportes del 3% por 1000% de la liquidación bruta de mineral,destinados a la dotación de Vivienda social a favor de trabajadores mineros no asalariados”. Informe que fue base para la modificación del art. 2º del D.S.27602 de fecha 29 de junio de 2004, mediante el D.S.Nº27771, de fecha 28 de septiembre de 2004. Pruega testifical de descargo También corresponde aclarar que los catorse testigos que han declarado, fueron tambien ofrecidos por ambas partes, Ministerio Público (fs.719-732) y la Acusación Particular (fs.794-802), y los acusados Omar Alejandro Asbún (por memorial presentado en fecha 31 de Agosto de 2011, cursante a fs.1458-1459) y Manuel Javier Elías Ayoroa (fs.894-896), con excepción de los testigos de cargo Pablo José Asbún Aburdene, Isidro Pajsi Ali, Gregorio Mamani Gonzales y José Goitia Duran. III.2 Prueba documental MP1 Decreto Supremo Nº23974 del 01 de marzo de 1995, que en sus partes más relevantes dispone: Artículo 1º, instruye a la Corporación Mineral de Bolivia, COMIBOL, transferir al Tesoro General de la Nación “todos sus bienes inmuebles no relacionados directamente con sus operaciones mineras, así como también los títulos accionarios de su propiedad (…)”. Artículo 2º, “El Tesoro General de la Nación asume, bajo su exclusiva responsabilidad, el pago de las siguientes obligaciones, en compensación por la transferencia determinada en el artículo anterior: b) Los aportes de la corporación Minera de Bolivia en favor de los entes gestores de seguridad social, devengados al 31 de diciembre de 1994; inc.c) Las obligaciones impositivas y deudas a otras entidades estatales acreedoras de la Corporación Minera de Bolivia”. Artículo 3º, dispone que los montos correspondientes a las obligaciones señaladas en el artículo 2, incisos b) y c) del “presente decreto supremo deben estar previamente conciliados y encontrarse sin proceso coactivo alguno o de otra especie, para su aceptación y transferencia al tesoro General de la Nación, no reconociendo éste ningún pago sobreviniente a consecuencia de trámite judicial o administrativo anterior”. Las entidades de seguridad social e impuestos Internos, así como otras entidades estatales acreedoras de la Corporación Minera de Bolivia, deben conciliar con ésta, para efecto de lo determinado en el presente artículo (…)” Y art.5º.-“Los montos correspondientes a las obligaciones que asume el Tesoro General de la Nación, según lo dispuesto por el artículo segundo, serán establecidos por una comisión especial integrada en la siguiente forma: a)El Director de Crédito de la Subsecretaria del Tesoro de la Secretaria Nacional de Hacienda; (…)b) El Director de Administración Regional y Empresas Públicas de la Subsecretaría de presupuestos de la Secretaria Nacional de Hacienda; c) Dos ejecutivos nombrados por el directorio de la Corporación Minera de Bolivia”. MP2 Resolución Suprema 222139, de fecha 12 de noviembre de 2003, en su artículo UNICO dispone: “Se designa LIQUIDADOR DEL FONDO DE VIVIENDA SOCIAL EN LIQUIDACIÓN-FONVIS EN LIQUIDACIÓN; al ciudadano MANUEL JAVIER ELIAS AYOROA(…). MP3 Resolución Suprema Nº222237 de 2 de enero de 2004, también su artículo UNICO dispone: “El Liquidador del FONVIS en Liquidación, designado mediante Resolución Suprema N° 222139 de 12 de noviembre de 2003, por concordancia normativa, es el único representante legal para todo el proceso de Liquidación y procesos colaterales, derivados o resultantes del mismo y que corresponden, indistintamente, al Fondo Nacional de Vivienda Social en Liquidación- FONVIS en Liquidación, establecido en el Decreto Supremo Nº 24935 o al Fondo de Vivienda Social en Liquidación-FONVIS en Liquidación establecido en la Ley Nº 2486(…). MP4 Decreto Supremo Nº27289, de fecha 20 de diciembre de 2003, dispone, “Artículo 1(OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer las facultades y atribuciones del Liquidador y del Síndico del FONVIS en liquidación”; artículo 2, especifica las facultades del Liquidador del FONVIS en liquidación, entre las cuales señala: “a) Ejercer la representación legal del FONVIS en Liquidación y otorgar poderes. b) Realizar los actos necesarios para la defensa del patrimonio de la entidad. d) Contratar y designar al personal necesario para cumplir con el proceso de liquidación, con cargo a los recursos de la entidad. f) Conciliar, negociar y celebrar acuerdo y contratos de transacción, así como reprogramar, novar o extinguir obligaciones, como acreedor o deudor. En caso de adquisición de nuevos bienes inmuebles se requerirá de un Decreto Supremo.(…) m) Asumir y adoptar todas las medidas necesarias para el ejercicio pleno de sus facultades, en el marco legal vigente”. MP5 Decreto Supremo Nº27602, de fecha 29 de junio del año 2004, dispone: “ARTICULO 1.-(OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer mecanismos para que el FONVIS en Liquidación cumpla el Convenio con FENCOMIN de 01 de junio de 2004, en lo que le corresponde, y haga uso de los recursos de los Aportes Devengados al Régimen de Vivienda Social de los Cooperativistas Mineros. ARTICULO 2.- (RECURSOS FINANCIEROS). I. Se autoriza al FONVIS en Liquidación el uso de los recursos que le transferirá el Ministerio de Hacienda, con cargo a los Aportes Devengados al Régimen de Vivienda Social-3 por 1000-de los Cooperativistas Mineros, según consolidación de saldos de acuerdo al Decreto Supremo Nº23974 y, con destino exclusivo a lo determinado en el convenio con FENCOMIN de 1 de junio de 2004, el mismo que se encuentra adjunto al presente Decreto Supremo. II. Para el uso de los recursos referidos en el Parágrafo anterior, se deberá cuantificar el monto exacto a ser utilizado (…), por la Comisión integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Minería, Corporación Minera de Bolivia- COMIBOL, FONVIS en Liquidación y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que deberá ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Hacienda. ARTICULO 3.- (AUTORIZACIÓN). Se autoriza al Liquidador del FONVIS en Liquidación, dar cumplimiento a los compromisos suscritos por el Gobierno Nacional, con la compra-venta de los lotes de terreno a la Empresa Constructora y Minera CASCARENA y, previo al cumplimiento por la misma, de las obligaciones contenidas en el Convenio señalado en el Artículo anterior. ARTICULO 4.- (SUSCRIPCIÓN ). El Liquidador del FONVIS en Liquidación procederá a la suscripción de convenios, acuerdos transaccionales, contratos de compra-venta y cuanto documento sea necesario en el marco del presente Decreto Supremo, para atender los problemas de vivienda social de los Cooperativistas Mineros y Trabajadores Fabriles, en cumplimiento de los convenios suscritos por el Gobierno Nacional y, los Cooperativistas y Trabajadores Fabriles. ARTICULO 5 (ADJUDICACIÓN). El FONVIS en Liquidación adjudicará los lotes a los que se refiere el Artículo 3 del presente Decreto Supremo, de acuerdo a normas en vigencia, sobre la base de la nómina de los Cooperativistas Mineros, presentada por la Federación Nacional de Cooperativista Mineras de Bolivia- FENCOMIN”. MP-6 El Decreto Supremo Nº27771, de 28 de septiembre de 2004, dispone: “ARTICULO ÚNICO.- Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº27602 de 29 de junio de 2004, de la siguiente manera:`ARTICULO 2.-(RECURSOS FINANCIEROS). I. El FONVIS en liquidación deberá ejecutar en forma inmediata el Convenio de 1 de junio de 2004 suscrito con los Cooperativistas Mineros y Fabriles, con la finalidad de proceder a la devolución de los aportes de los periodos 1970-1991, mediante la compra y adjudicación de lotes de terreno para dichos sectores. II. Se autoriza al FONVIS en Liquidación la utilización de $us.4.788.000.-(CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) a efecto de dar cumplimiento al Convenio de 1 de junio de 2004`,(…) para la cual: a) El FONVIS en Liquidación:a) Utilizará los recursos de su cuenta fiscal asignada por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Ley Nº2716 de 28 de mayo de 2004, con cargo a los aportes devengados al régimen de vivienda social (retenciones del 3 x 1000) de responsabilidad del FONVIS en Liquidación. Asimismo, se autoriza al FONVIS en Liquidación la inscripción presupuestaria del monto referido anteriormente. El cumplimiento del Convenio de 1 de junio de 2004, extingue la total obligación del Estado a favor de los Cooperativistas Mineros y Fabriles, con referencia a lo acordado en el mencionado Convenio.b) El Ministerio de Hacienda efectuará la devolución de los recursos del FONVIS en Liquidación, que fueron depositados en la `cuenta Única del Tesoro General de la Nación`, de acuerdo a requerimiento y disponibilidad del Tesoro General de la Nación, (…)”. MP-7 El D.S Nº 28021 de 04.03.2005 en su ARTICULO UNICO determina: I. Se realizará la devolución de los aportes del 3x1000, a los cooperativitas mineros, locatorios Veneros y lameros, previo proceso de cuantificación, validación y determinación de la entidad final que recepcionó dichos aportes. II. “Son beneficiarios de la devolución de aportes del porcentaje del 3x1000, sobre la liquidacion bruta de minerals para el Régimen de Vivienda Social, los cooperativistas mineros, locatarios, veneros y lameros que hubieren realizado sus aportes entre los años de 1970 al 1992”. III. “Se derogan las disposiciones contenidas en los Decretos 27602 y 27771, contrarias al presente Decreto Supremo”. Al haberse derogado estos Decretos Supremos 27602 y 27771, tambíen ha quedado sin efecto legal alguno el Convenio de 01 de junio de 2004; puesto que en el mismo no figuran como suscribientes los locatarios, veneros y lameros como beneficiarios de la devolución de aportes del 3 x 1000, sino que en dicho convenio aparece únicamente como beneficiario de dichos aporotes la Federacion Nacional de Cooperativas Mineras suscribiendolo, y así fue ratificado el convenio por el D.S.27602; y que la devolución de $us.2.000.000 como parte de esos aportes se efectuó, sin previo proceso de cuantificación, al amparo del citado D.S. 27771 que lo viabilizó. Y la Claúsula Octava (Causales de resolución) del referido Convenio establece claramente que quedará resuelto entre otras por la siguiente causal: “Por la no aprobación del Decreto Supremo que ratifique el presente convenio y viabilidad al cumplimiento del mismo (…)”. El análisis y su valoración completa del referido Convenio se hace más adelante. MP-8 Resolución Suprema 226329 de 21 de marzo de 2006, por la que se destituye al ciudadano Humberto Velasco Sejas del cargo de Liquidador de FONVIS, y se designa en su lugar a Carlos Eduardo Yañez. MP-9 Resolución Suprema 223070 de 5 de abril de 2005, mediante la cual se designa a Humberto Velasco Sejas el cargo de Liquidador de FONVIS, por haber sido suspendido de sus funciones Manuel Javier Elias Ayoroa por determinación de la Resolución Suprema Nº 222842 de 24 de febrero de 2005, nombrado mediante Resolución Nº 222139 de 12 de noviembre de 2003. MP-10 Testimonio Nº72/2006, de 6 de abril de 2006, donde se establece que Carlos Eduardo Yañez Heredia en su calidad de Liquidador del Fondo Nacional de Vivienda Social en Liquidación(FONVIS en Liquidación), confiere Poder Especial, amplio y suficiente en favor del señor Aldo Fimo Rojas Cáceres para que inicie y prosiga el proceso penal en contra de Alejando Asbún Farah, Javier Elias Ayoroa y otros, por diferentes delitos de orden público. Estos tres últimos instrumentos legales se tratan de Resoluciones por las que se suspendió de sus funciones del Cargo de Liquidador y se design nuevas autoridades de dicha institución, a raiz de las denuncias de parte de la Sarina anticorrupción y Pablo Asbún Aburdene en contra de Omar Alejandro Asbun, representante de la Empresa Constructora y Minera CASCARENA y otros, por supuestos actos de corrrupción y falsedad del poder 199/97, document de obra vendida. MP11.- “Convenio Cooperativistas Mineros - Fabriles - FONVIS en Liquidación – CASCARENA”, de fecha primero de junio de 2004. Este convenio contiene entre las partes más relevantes, los siguientes términos: Claúsula Primera (De las Partes) El convenio fue suscrito por: Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), representada por Florencio Coca C., en su condición de Presidente, Raúl Torres Rinaldo como Vicepresidente; Federación Departamental Aurífira Minera (FEDAMIN) representada por Cesar Benegas Herrera como Director; Confederación General de Trabajadores FABRILES de Bolivia representada por Juan Siquita Escobar; Empresa Constructora y Minera CASCARENA representada por Omar Alejandro Asbun Farah, quien a la vez suscribe como apoderado mediante Poder Notarial Nº 199/97 (MP11), conferido por el Sr. Pablo Asbún Aburdene en representación de la Empresa Constructora ASBUN, y cesionario de la misma empresa(MP17 y PM18); y el FONVIS en Liquidación, representado por el Arq.Manuel Javier Elías Ayoroa en su condición de Liquidador. En el punto I.3 de la misma Claúsula Primera textualment se establece que el Sr. Omar Alejandro Asbun Farah con C.I. Nº490071 LP que representa legalmente a la Empresa Constructora y Minera CASCARENA, no sólo suscribe el Convenio como tal, sino también “como apoderado y cesionario de la Empresa Constructora ASBUN otorgado por su representante legal el Sr. Pablo Asbún Aburdene según Poder Nº199/97conferidos ante el Notario del Dr. Alfonso Bascopé Mendez”. (MP16,17,18) (MP12) Claúsula Tercera (Objeto), establece que se suscribe el Convenio: a) “con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de FENCOMIN previa promulgación de norma legal expresa que autorice la compra de 900.000 m2 brutos que servirán para la urbanización de 1.800 lotes de terreno útiles de 300 m2 cada uno de manera excepcional a la empresa Constructora CASCARENA”; b) Omar Alejandro Asbun Farah, “representante legal como apoderado del Sr. Pablo Asbun representante de la empresa constructora ASBUN, desistirá del proceso judicial incoado contra el FONVIS en Liquidación así como de toda medida judicial y extra judicial”; c) igualmente procederá “ al pago de la deuda que mantiene la Empresa Constructora ASBUN con el FONVIS en Liquidación por concepto de anticipo no invertido en la ejecución de obras de la urbanizaicón `Azucenas` por un valor de $us.1.200.000 (un millón Docientos mil dólares 00/100), suma que será cancelada por la Empresa Constructora CASCARENA con la transferencia de terrenos a un valor de $us 5.32 por metro cuadrado, como prestación diversa a la debida a conformidad del FONVIS en Liquidación, de este pago, 350 lotes serán destinados a la solución de los problemas habitacionales del sector Fabril asentado en la urbanización Azucenas y sus inmediaciones, quedando el saldo de los lotes transferidos en propiedad del FONVIS en Liquidación, para los fines consiguientes de Ley”; d) Asimismo, Omar Alejandro Asbun Farah representante legal como apoderado del Sr. Pablo Asbun, representante de la empresa constructora ASBUN, “se obliga a su vez a la evicción y saneamiento de los predios vendidos al ex FONVIS para la implementación del proyecto `Azucenas´ através de la delimitación de los predios de propiedad del FONVIS en Liquidación y aprobación de la planimetría de la señalada urbanización” e) Establece también que, “El pago del precio de compra de los mencionados terrenos se realizará ´con cargo a los recursos provenientes de Aportes Devengados al Régimen de Vivienda Social del Sector Cooperativista Minero (3 por 1.000) del periodo (1970-1991) cuantificados a través del Viceministerio de Minería´-”. La obligaciones asumidas por Omar Alejandro Asbún Farah como representante de la Empresa CASCARENA , y como apoderado y secionario de la empresa Constructora ASBUN, están también puntualmente establecidos en la Claúsula Séptima. Claúsula Cuarta (Del precio para la compra), dice que el precio $us.5.32, metro cuadrados para la compra de los citados terrenos ha sido establecido por el vendedor Omar Alejandro Asbun Farah como representante de la empresa Constructora y Minera, que sería un costo promedio entre el valor comercial y el valor catastral. Claúsula Quinta (De la forma de pago), el pago del precio de compra venta de terrenos se efectuará “con recursos provenientes de los aportes devenvados al régimen de Vivienda Social de los Cooperativisatas Mineros de Bolivia, será pagado por el FONVIS en Liquidación previa autorización y entrega de estos por el Ministerio de Hacienda través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, en efectivo y/o en Bono del Tesoro General de la Nación, de acuerdo a disponibilidad”. Claúsula Sexta (Del Decreto Supremo), dice que el presente documento adquirirá toda la fuerza legal a los fines de cumplimiento de sus efectos, una vez aprobado el Decreto Supremo que establezca el acatamiento de los puntos contenidos en el presente convenio, validando la suscripción del presente convenio, estableciendo la forma legal para su cumplimiento. Claúsula Séptima (De las obligaciones), establece que las obligaciones que asume Omar Alejandro Asbun Farah al suscribir el Convenio en representación legal de la empresa Constructora y Minera CASCARENA, y como apoderado y cesionario de la Empresea Constructora ASBUN, textualmente transcritas son las siguientes: Primer punto. “Empresa Constructora CASCARENA a través de su representante legal en uso de los derechos conferidos y obligaciones asumidas como apoderado(MP12) y cesionario(PM16,17,18) de la Empresa Constructora ASBUN, proceda al saneamiento y evicción de los terrenos vendidos al ex-FONVIS para la ejecución del proyecto Azucenas a través de la suscripción de una minuta aclaratoria de las colindancias e identificación de los terrenos transferidos al FONVIS hoy en Liquidación” Segundo punto. “Asimismo, se obliga a cancelar a los comunarios anteriormente propietario de los terrenos comprados por la empresa Constructora ASBUN el monto adeudado por concepto de dicha venta, debiendo obtener de éstos un documento ratificatorio de transferencia de estos terrenos y desistimiento de toda acción judicial y extra-judicial en contra de esta institución”. Tercer punto. “Se obliga, a presentar desistimiento del proceso judicial incoada contra FONVIS Liquidación, así como dejar sin efecto toda medida judicial o extra-judicial contra de esa institución” Cuarto punto. “De igual manera se obliga a, devolver el monto conciliado y no ejecutado de anticipo otorgado por el ex -FONVIS en el proyecto Azucenas, suma que asciende a $us. 1.200.000.--, ya sea en dinero o con prestación diversa a la debida”. Quinto. “Se obliga a resolver el contrato de ejecución suscrito entre BIDESA y Empresa Constructora ASBUN”. Por su parte, La Federación Nacional de Cooperativas Mineras(FENCOMIN), “se obliga a respetar el Convenio así como dar cumplimiento al mismo. Se obliga a gestionar el pago de los Aportes devengados al Régimen de Vivienda Social por el T.G.N.” Finalmente, el Liquidador de FONVIS se obliga principalmente: “Una vez cumplidas las condiciones establecidas en el presente documento, se obliga a proceder a la calificación de los beneficiarios en el marco de las normas en vigencia”. Claúsula Octava (Causales de resolución).- Entre las causales de resolución del Convenio, establece: “Por la no aprobación del Decreto Supremo que ratifique el presente convenio y viabilidad al cumplimiento del mismo;(…)Incumplimiento de la empresa constructora y minera CASACARENA del presente convenio en su totalidad o de cualquiera de las claúsulas del mismo”. Este elemento probatorio ha sido ofrecido también por el acusado Manuel Javier Elías Ayoroa, codificado como P.D.D.9, fue judicializado sin cuestionamiento alguno por ninguna de las partes en la session de audiencia de juicio de 19 de Agosto de 2014, durante la declaración del testigo Juan Siquita Escobar(fs.3341 a 3344) Este medio probatorio codificado como MP11 y P.D.D.9 se trata de un artificio para conseguir el desembolso de recursos económicos del Tesoro General de la Nación porque así se concluye del análisis minucioso del mismo y valoración de los demás medios probatorios documentales y testificales, especialmente de la declación testifical de Pablo José Asbún Abordene. En su Claúsula Sexta sobre su validez legal establece: “adquirirá toda la fuerza legal a los fines de cumplimiento de sus efectos, una vez aprobado el Decreto Supremo que establezca el acatamiento de los puntos contenidos en el presente convenio(…)”, determinación que concuerda con lo establecido en la Clasula Octava del mismo que dice: “Claúsula Octava (Causales de resolución).-Por la no aprobación del Decreto Supremo que ratifique el presente convenio y viabilidad al cumplimiento del mismo;(…)Incumplimiento de la empresa constructora y minera CASACARENA del presente convenio en su totalidad o de cualquiera de las claúsulas del mismo”; en atención a estas determnaciones establecidas en el Convenio y para validarlo se emite el Decreto Supremo Nº 27602 de 29 de junio de 2004, luego para su viabilizción de la ejecución inmediata del mismo, se dicta el segundo Decreto Supremo Nº27771 de 28 de septiembre de 2004; pero estos Decretos Supremos que lo ratificaban y viabilizaron su ejecucion, fueron posteriormente derogados por otro Decreto Supremo Nº28021 de fecha 04 de marzo de 2005, estableciendo entre otras cosas que los beneficiarios de la devolución de aportes del porcentaje del 3 x 1000, sobre la liquidación bruta de minerales no son únicamente los cooperativistas mineros afiliados a FENCOMIN, sino también los cooperatavistas mineros rentistas, locatarios, veneros y lameros, para el Régimen de Vivienda Social entre 1970 al 1992, y que se realizará su devolución previo proceso de cuantificación, validación y determinación de la entidad final que recepcionó dichos aportes. De donde se concluye que al haber sido derogados los mencionados Decretos Supremos que lo validaban, el Convenio también perdió toda eficacia legal donde se establece como único beneficiario de la devolución de aportes reclamados a los cooperatiivistas mineros de la FENCOMIN. MP12.- Los datos del testimonio de Poder Nº 199/1997 de fecha 10 de julio de 1997, conferido en favor de Omar Alejandro Asbun Farah por la Empresa Constructora ASBUN representada por Pablo Asbun Aburdene, ante el Notario de Fé Pública de Primera Clase de este Distrito Judicial Alfonzo Bascope Mendez, está insertado en el punto I.3 de la claúsula primera del ya descrito y valorado Convenio de 01.06.2004 (MP11), al igual que el documento de contrato de fecha 10 de julio de 1997 que le acredita al Omar Alejandro Asbun Farah como cesionario también de la mencionada Empresa Constructora ASBUN(MP17), protocolizado, mediante Escritura Pública Nº 479/2004 de fecha 20 de mayo del 2004, previo reconocimioetno de firmas y rúbrica (MP16 y MP18). Con relación al citado contrato de obra vendida, Omar Alejandro Asbún en su memorial de desistimiento presentando en fecha 11 de noviembre de 2004, ante la Sal Civil Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del proceso ordinario de incumplimiento de contrato, incoado por PABLO ASBUN ABURDENE contra FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL EN LIQUIDACION (FONVIS EN LIQUIDACIÓN), dice que es parte indivisible del citado Poder Nº 199/1997: “De conformidad a Contrato de Obra Vendida entre la empresa CASCARENA LTDA, representada por mi persona Alejandro Asbun Farra y Pablo Asbun Aburdene representante de la Empresa Constructora ASBUN S.R.L. de fecha 10 de julio de 1997 (…) En conformidad al contrato de Obra Vendida que reconoce como parte indivisible del mismo Poder especial, amplio y suficiente Nº 199/1997 conferido por ante el Notario de Fe Pública Dr. Alfonso Bascopé Méndez de fecha 10 de julio ded 1997 por el que Pablo Asbun Aburdene confiere el poder a Alejandro Asbun Farra para proceder a presentar desistimiento(…), es que sin que medie presión ni vicio de nulidad alguno, procede al DESISTIMIENTO Y SIMPLE de la acción judicial incoada por PABLO ASBUN ABRUDENE en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL EN LIQUIDACIÓN(…) en virtud del acuerdo transaccional alcanzado” (MP24). Este memorial codificado como MP24 ha sido suscrito y presentado en fecha 11 de noviembre de 2004 por el acusado Omar Alejandro Asbún Farah, no tuvo efecto legal alguno ni fue considerado, solo lleva cargo de recepción; puesto que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese entonces cuando ya no estaba radicado ahí los actuados del proceso civil incoado por Pablo José Asbún por incumplimiento de contrato en contra de FONVIS en Liquidación. En virtud de estos dos citados documentos, el Poder 199/1997(MP12) y contrato de obra vendida de de fecha 10 de junio de 1997(MP17,16 y 18), el citado Convenio determina que el acusado Omar Alejandro Asbún, al suscribir el mismo, contrae entre otras, principalemente, las siguientes obligaciones señaladas, en primer lugar, en Cláusula Tercera que dice: “representante legal como apoderado del Sr. Pablo Asbun representante de la empresa constructora ASBUN, desistirá del proceso judicial incoado contra el FONVIS en Liquidación así como de toda medida judicial y extra judicial”; luego, en su Cláusula Séptima, dice: “ al pago de la deuda que mantiene la Empresa Constructora ASBUN con el FONVIS en Liquidación por concepto de anticipo no invertido en la ejecución de obras de la urbanización `Azucenas` por un valor de $us.1.200.000 (un millón Docientos mil dólares 00/100), suma que será cancelada por la Empresa Constructora CASCARENA con la transferencia de terrenos a un valor de $us 5.32 por metro cuadrado, como prestación diversa a la debida a conformidad del FONVIS en Liquidación, de este pago, 350 lotes serán destinados a la solución de los problemas habitacionales del sector Fabril asentado en la urbanización Azucenas y sus inmediaciones, quedando el saldo de los lotes transferidos en propiedad del FONVIS en Liquidación, para los fines consiguientes de Ley”. Si bien el acusado Omar Alejandro Asbun en su declaración asevera desconocer el citado testimonio de Poder 199/1997 y niega haber hecho uso alguno del mismo; sin embargo, ha suscrito el Convenio (MP11), no solamente como representante de la Empresa Constructora y Minera CASACARENA, sino como apoderado y cesionario de la Empresa Constructora ASBUN de Pablo Asbun Aburdene, donde está insertado los datos del Poder 199/1997; también como se indicó arriba, presentó y suscribió el memorial de desistimiento presentando en fecha 11 de noviembre de 2004(MP24). MP15.- Consistente en Informe- Representanción de fecha 8 de septiembre de 2005, emitido por la Dra. Janett Patricia Araníbar Urquieta, tenedora de los archivos de la Notaría de Fe Pública Nº053 de Primera Clase de este Distrito Judicial, acerca del citado testimonio de Poder Nº 199/1997 de fecha 10 de julio de 1997(MP12), donde se establece que el mismo no tiene no tiene protocolo matriz, cuando indica textualmente: “Que, habiendo revisado el Libro de Poderes Tomo I, del año 1997, se constata la existencia en forma cronológica del PODER Nº199/1997, referido al PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE QUE CONFIERE LA SEÑORA:LILY RODRIGUEZ VDA. DE AGROMONT, EN FAVOR DE LA SEÑORA: CONSUELO LUCILA VELASQUEZ DE PEDRAZA, de fecha catorce de agosto de Mil novecientos noventa y siete” MP14.- Se trata del Certificado emitido en fecha 8 de diciembre de 2005 por la misma Notaria Dra. Patricia Urquieta Notaria de Fe Pública Nº 053, donde aparte de reiterar lo establecido en el citado Informe-Representación (MP-15), lo aditamenta indicando: “En el mencionado Tomo I, no existe poder que haya otorgado la Empresa Constructora Asbun al Sr. Alejandro Asbun Farah”. Dicha Certificación fue emitida dando cumplimiento a la orden Judicial emanada del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Civil, a solicitud hecha mediante memorial presentado en fecha en fecha 5 de septiembre de 2005 por el Representante del FONVIS en Liquidación, Humberto Velasco Sejas, designado después de haberse desembolsado de $us.2.000.000.-, por Resolución Suprema 223070, de fecha 05 de abril de 2005 (AP-14), tras la supensión del ahora acusado Manuel Javier Elías Ayoroa en su condición de Liquidador. Igualmente, queda establecida la falsedad del documento de contrato de construcción en la modalidad de obra vendida de fecha 10 de julio de 1997 suscrito por una parte por Omar Alejandro Asbun Farah en representación de la empresa CASCARENA LTDA, y por la otra parte, por Pablo Asbun Aburdene en representación de la Empresa Constructora ASBUN S.R.L codificado como MP-17; porque así ha determinado el El DICTAMEN PERICIAL DOCUMENTOLOGICO IDIF. GRAL.Nº0425-05 LABCRIM-DOC Nº0068-2005, de fecha 18 de agosto de 2005, emitido por el Lic.José Goitia Duran, Jefe Nacional de laboratorio Criminalístico del Instituto de Investigaciones Forenses y Perito en documentología, codificado como prueba MP13, al indicar en su parte de CONCLUSIONES: “PRIMERA. EXISTE ALTA PROBABILIDAD DE QUE LA FIRMA A NOMBRE DEL SR. PABLO ASBUN ABURDENE, EXISTENTE EN LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 10 DE JULIO DE 1997, DESCRITA DETALLADAMENTE EN EL ACAPITE `DOCUMENTOS DUBITADOS`, NO GUARDE RELACION DE CORRESPONDENCIA CON LAS FIRMAS AUTENTICOS, DE LA MISMA PERSONA. SEGUNDA. LA FIRMA A NOMBRE DEL DEL SR. PABLO ASBUN ABURDENE, EXISTENTE EN EL FORMULARIO DEL PODER JUDICIAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, DE FECHA 11 DE MARZO DE 1998, DESCRITO DETALLADAMENTE EN EL ACAPITE `DOCUMENTOS DUBITADOS`, NO GUARDA RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CON LAS FIRMAS AUTENTICAS DE LA MISMA PERSONA, ES DECIR QUE LA FIRMA NO LE CORRESPONDE, SIENDO EN CONSECUENCIA FIRMA FALSA”. De donde se tiene que tambien son falsos el documento consistente en acto de Resonocimiento de firmas estampadas (MP16) en el mencionado contrato de construcción en la modalidad de obra vendida de fecha 10 de julio de 1997(MP17); y su protocolización mediante la Escritura Pública Nº 479/2004 de fecha 20 de mayo, codificado como MP18. De estos hechos demostados por los elementos probatorios MP15,MP14 y MP13, se concluye que el nombrado acusado Omar Alejandro Asbún hizo uso de estos documentos falsos: poder N° 199/97(MP12) y del contrato de construcción en la modalidad de obra vendida(MP16, 17,18), al suscribir el Convenio (MP11) y al presentar el memorial de fecha 11 de noviembre de 2004 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese entonces(MP24), cuya finalidad única fue viabilizar ilegamente el desembolso de recursos económicos del Tesoro General de la Nación en beneficio de los principales suscribientes del mencionado Convenio que resultan ser los acusados y representantes de la FENCOMIN; y que todo estos elementos probatorios corroboran eficazmente las aseveraciones expuestas en la acusación. Tambien se concluye que el co acusado Manuel Javier Elías Ayoroa no cumplió como Liquidador de FONVIS con sus amplias facultades y atribuciones que el Gobierno Nacional le ha otorgado expresa y claramene mediante Decreto Supremo Nº27289, de fecha 20 de diciembre de 2003, entre las cuales, las especialmente señaladas en sus incisos b) y d) de su Artículo 1(OBJETO) dice: “b) Realizar los actos necesarios para la defensa del patrimonio de la entidad. d) Contratar y designar al personal necesario para cumplir con el proceso de liquidación”; puesto que lo aseverado en su declaración respecto del falso Poder 199/97 “(…) Alejandro Asbún me trajo una certificación firmada por el notario N°52, indicando de que era verdadero, entonces mis facultades llegaban hasta ahí, yo no podía hacer más investigaciones en este caso(…)”, caen en el vacío, no son suficientes para deslindar responsabilidades, porque él si bien como Arquetecto de profesión tenía limitaciones para verificar acerca de la legalidad de documentos notariales y otros, pero estaba facultado para realizar actos necesarios y designar personal especializado necesario para cumplir con su deber, y no lo hizo. Consiguientemente, se infiere también que no solamente incurrió en lo que en la doctrina se conoce como“falta lata, la culpa desusadamente grande, es como si la falta se hubiera cometido a propósito”, sino directamente incurrió en actos dolosos como se establece del análisis de los restantantes elementos probatorios que a continuacion se señalan. MP46.- Oficio FNVSL/DL Nº 138/04, de fecha 11 de octubre de 2004, dirigido por el Sr. Javier Elías Ayoroa, a la Lic. Patricia Alborta, Viceministro de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda sobre transferencia de recursos referidos por Decreto Supremo 27771 y Decreto Supremo 27602, en cual dice: “ A fin de dar estricto cumplimiento a lo establecido por el DS Nº 27771 de 28 de septiembre de 2004(…) para el cumplimiento del convenio suscrito en fecha 1 de junio”, solicita transferencia de recursos siguientes: Octubre de 2004, la suma de $us.1.000.000,oo; Noviembre de 2004, la suma de $us. 1.000.000,oo; Diciembre de 2004, la suma $us.1.000.000,oo; Enero de 2005, la suma de $us.1.788.000,OO”.- MP47.- Oficio FNVSL/DL Nº 1405/04, de fecha 14 de octubre de 2004, dirigido por Javier Elías Ayoroa a la Lic. Patricia Alborta, Viceministro de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda sobre traspaso de recursos, en aplicación al Decreto Supremo Nº 27771 artículo 2, solicitando el primer traspado de recursos entre la libreta de CUT y la cuenta bancaria asignada al FONVIS en Liquidación en el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por la suma de Bs.16.040.0000.00(DIEZ Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL 00/100 B0LIVIANOS), equivalente a $us. 2.000.000.- A esta prueba se adjunta, la Nota de fecha 11 de octubre de 2004, FNVSL/DL Nº1388/04, dirigida a la Lic. Patricia Alborta, VICEMINISTRO DE TESORO Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DE HACIENDA, con REF.: SUSPENSIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONVIS-CUT, pidiendo dar curso a la apertura de las cuentas solicitadas mediante nota FNVSL/DL 1392/04 no suceptibles de traspaso autómatico al TGN. MP25.- Acta de Compromiso del primer desembolso de $us. 2.000.000.-, de fecha 20 de octubre del 2004, suscrita entre autoridades de gobierno como Ministro de la Presidencia, Ministro de Gobierno, Viceministerio de Pensiones y Seguros, Viceministerio de Cooperativas, Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Liquidador de Ex FONVIS EN LIQUIDACION Arq. Javier Elías, Presidente de COMIBOL, Presidente Ejecutivo de la Caja Nacional de Salud, por una parte; y por otra, Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), de Potosí, de Oruro, de la Paz, y otros. Esta acta se suscribió sobre diferentes temas, entre ellos, el relativo al REGIMEN SOCIAL DE VIVIENDA, en sus partes más relevantes se determinó principalmente: 1.-Devolución 3x1.000, destinado exclusivamente a los aportantes al régimen de Vivienda Social; 2.-Urbanización Alto Chijini, respecto de la cual se determina que hasta fin de mes, el FONVIS se compromete a entregar los títulos de propiedad a los 558 adjudicatarios de las Cooperativas Mineras; 6.- Desembolso, el día jueves 21 del presente hasta hrs. 10.00 a.m., el Ministerio de Gobierno y la Viceministro de Tesoro y Credito Público, se comprometen a realizar el primer desembolso no menor de $us 2.000.000,00(dos millones 00/100 Dólares Americanos) a favor de EX FONVIS EN LIQUIDACIO, la misma que tranferirá en el día dichos recursos para la compra de terrenos de acuerdo a Convenio suscrito con FENCOMIN. Y en la parte final del Acta se establece: Habiéndose llegado a un compromiso de cumplimiento de los términos que anteceden entre las partes, FENCOMIN levantará sus medidas de presión a partir del presente documento. Judicializado en la audiencia de J.O. de fecha 01.03.2016. Se suscribió esta acta, no obstante estar en vigencia el Convenio de fecha 19 de octubre del 2004, suscrito un día antes, entre FONVIS en Liquidación, representado por Arq. Javier Elias Ayoroa, y representantes de la Federación Nacional de Rentistas Mineros Cooperativistas de Bolivia, con el compromiso y objeto de que no se entregará los 4.788.000 $us, que el Tesoro General de la Nacional a través del Ministerio de Hacienda desembolsará en cumplimiento a lo dispuestos por el D.S.27771 por concepto del 3x1000, a ningún dirigente actual de FENCOMIN, mucho menos a los representantes de la Empresa CASACARENA (MP49). Este Convenio de 19 de octubre de 2004 codificado como MP49, textualmente dice: “En vista de que está próximo el desembolso de $us 4.788.000, que el Tesoro General de la Nación a través del Ministerio de Hacienda, desembolsará en cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. 27771 por concepto de 3 por 1000, el FONVIS en Liquidación se compromete a no entregar estos recursos , a ningún dirigente actual de FENCOMIN, mucho menos a los representantes de la Empresa CASCARENA, ni ninguna persona, sin que previamente los dirigentes de la Federación Nacional de Rentistas Cooperativistas Mineros y Locatarios, Veneros y Lamas de Siglo XX, tengan pleno conocimiento y estén de acuerdo en la forma y manera de utilización de estos recursos (…) Este documento de compromiso está sujeto al acta de entendimiento que se firmó entre la Federación Nacional de Rentistas Cooperativistas Minero de Bolivia y los dirigentes de Bolivia , firmado el 17 de agosto de 2004, en presencia del Dr. Waldo Albarracin- Defensor del Pueblo, representantes del Ministerio de Hacienda, el Viceministro de Minería y el FONVIS en Liquidación”. Asimismo, se suscribe dicha acta, no obstante estar pendiente el Oficio CITE Nº FNRMCB-00457/2004 de fecha 19 de octubre de 2004(MP25), dirigido a Lic. Javier Cuevas Argote Ministro de Hacienda, por el Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Rentistas Mineros Cooperativistas de Bolivia Serafín Arce Dorado y otros dirigentes, donde en sus partes sobresalientes dice: “Los Rentistas Mineros Cooperativistas del País, nos encontramos sumamentes preocupados al conocer el convenio suscrito entre la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras de Bolivia, Liquidador Fonvis, y la Empresa Consturctora Minera CASCARENA, los mismos que se menciona en los Decretos Supremos 27602-27771. Es de lamentar que el Gobierno Central, teniendo de conocimiento de quienes hemos aportado el 3x1000, tenga que negociar nuestro sacrificio, nuestro dolor, nuestra miseria y hambre, con aquellos compañeros mineros Cooperativistas activos de esta última generación que nada tiene que ver con nuestros aportes del 3x1000. Los aportes del 3x1000, nos pertenece a todos los ex trabajadores Mineros Cooperativistas, ahora Rentistas Mineros Cooperativistas, quienes hemos aportado desde 1970 a 1991 siendo los forjadores para el engrandecimiento de nuestro País, generadores de recursos económicos en nuesta vida activa. En el transcurso del día de hoy (19-10-04) los Ejecutivos de nuestra organización, más los representantes de las Asociaciones Departamentales, Regionales de Rentistas Mineros Cooperativistas, hemos suscrito un convenio con el Sr. Liquidador de FONVIS, los mismos adjuntamos para su conocimiento. Señor Ministro, por todo lo expuesto pedimos se de estricto cumplimiento al convenio suscrito, además pedimos a su autoridad que el monto de $us 4.788.000.-sean transferidos al Servicio del Sistema de Reparto SENASIR, para su devolución una vez cuantificados en su totalidad nuestro aportes del 3x1000 que nos pertenece a los RENTISTAS MINEROS COOPERATIVISTAS, LOCATARIOS, VENEROS Y LAMAS SIGLO XX” (MP48). Habieno llegado a conocimiento del Ministerio de Hacienda dicho convenio mediante la citada Nota de fecha 19 de octubre de 2004, cursada por Federación de Rentistas Mineros, fue derivada por Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros del Ministerio de Hacienda a conocimiento de Elías Ayoroa, Liquidador de ex FONVIS, por hoja de ruta Nº 248-04, de fecha 29 de octubre de 2004, quien extraña y simplemente se limitó a disponer: “ARCHIVAR FILE FENCONMIN” (MP50 y 51). MP56.- Esta prueba consiste en “ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE CUARENTA NOTAS DE CREDITO FISCAL, emitidas por el Tesoro General de la Nación, c/u. por un importe de Bs.401.000.00, con fecha de vencimiento al 20 de abril de 2005”, de fecha 22 de octubre de 2004, haciendo un total de Bs.16.040.000, equivalente a $us. 2.000.000, en cumplimiento a lo determinado en el Convenio 01.06 2004, y de la autorización dipuesta por el Decreto Supremo Nº 27602 de fecha 29 de junio de 2004, estableciendo el mecanismo para que el FONVIS en Liquidación cumpla el Convenio con FENCOMIN, y por el Decreto Supremo Nº 27771 de fecha 28 de septiembre de 2004, modificando el artículo 2 del citado Decreto Supremo Nº27602, que disponía expresamente, “se deberá cuantificar el monto exacto a ser utilizado (…) por la Comisión integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Minería, Corporación Minera de Bolivia- Comibol, FONVIS en Liquidación y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que deberá ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Hacienda”. Para el recojo o recepción de las mencionadas cuarenta boletas de crédito fiscal, el Arq. Javier Elias Ayoroa, Liquidador de ex FONVIS mediante Nota de fecha 22 de octubre de 2004, FNVSL-DL/1462/2004, dirigida a la Lic. Patricia Alborta Valde, VICEMINISTRO DE TESORO Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE HACIENDA, expresamente autoriza al Sr. Jorge Eduardo Flor Otterburg, con C.I.315242 L.P., Consultor del Fonvis en Liquidación(ANEXO 10 de la prueba MP54). Es decir, las cuarenta boletas de crédito fiscal que equivalen a $us 2.000.000.-, es para efectuar el primer pago con dicho monto de dinero en favor del ahora acusado Omar Alejandro Asbun Farah, representante de la Empresa Constructora y Minera CASCARENA, por concepto de precio de transferencia de 90.000 hectareas de terrenos con destino a 1.800 cooperativistas mineros, de 300 mts.2 cada uno, con cargo a los recursos provenientes de Aportes Devengados al Régimen de Vivienda Social del sector Cooperativo Minero (3 por 1000) del periodo 1970-1991 cuantificados a través del Vice ministerio de Minería, según las claúsulas Terecero (Objeto) y Séptima (obligaciones) del Convenio 01.06.2004(MP11). MP57.- Consiste en la Resolución Nº 331/ 2004 de fecha 22 de octubre de 2004, emitida por el Arquitecto Javier Elías Ayoroa, ex-Liquidador del FONVIS, en cuyo Artículo 1ro., dispone: “Autorizar la transferencia de las Notas de Crédidto Fiscal emitidas por el Ministerio de hacienda al FONVIS en Liquidación a la Empresa Constructora CASCARENA, en el marco dispuesto por el DS Nº27771, DS Nº27602 y Convenio Mineros – Gobierno de 20 de octubre de de 2004-(MP25)”. Firman Arq.Javier Elías Ayoroa, LIQUIDADOR FONVIS EN LIQUIDACION y Luis Fernando Claure Iporre CONSULTOR LEGAL FONVIS EN LIQUIDACION. MP22.- Acta de Entrega física de Notas de Crédito Fiscal en cumplimiento a los Decretos Supremos 27771 y 27602 y a lo determinado en el Compromiso del primer desembolso de $us. 2.000.000.-, de fecha 20 de octubre del 2004(MP25); en este acta de entrega, dice: “En la ciudad de La Paz, del mes de octubre de 2004, en cumplimiento a lo dispuesto por el D.S.27771 en cuanto corresponde al FONVIS en Liquidación se procede a la entrega parcial de la suma de $us.2.000.000.—(Dos millones 00/100 Dólares Norteamericanos) previo cumplimiento por la Empresa Constructora CASCARENA Ltda de la presentación del Desistimiento dentro del proceso seguido por Asbun Pablo (Empresa Construcciónb SRL) contra FONVIS en Liquidación hasta la extensión del Auto Supremo que de por concluido extraordinariamente el citado proceso. Las citadas Notas de Crédito Fiscal como modalidad de pago por el monto señalado precentemente, son detalladas en nómina adjunta, misma que determina el valor de cada una de ellas, las cuales son endosables y renovables por una sola vez, con una vigencia inicial hasta abril de 2005. En señal de conformidad y aceptación suscriben la presene Acta, el Sr. Lic Alejandro Asbun Farah por la Empresa Cosntructora CASCARENA Ltda. Y el Sr. Arq. Javier Elias Ayoroa en su condición de Liquidador de FONVIS en Liquidación. Asi mismo, firma en señala de conformidad y aceptación del Sr. Florencia Coca por FENCOMIN. La presente Acta forma parte integrante e indivisible del convenio de fecha 1 de junio de 2004”. Aparte de las personas referidas en el Acta, también firman Raul Torres Rinaldi, y Cesar Banegas Herrera DIRECTOR DE LA FEDAMIN SECTOR AURIFERO FENCOMIN. En el acta no indica día, sino sólo el mes. Se adjunta al Acta 40 Notas de Crédito Fiscal todas del mismo monto de Bs.401, 000.00 (CUATROCIENTOS UN MIL 00/100 BOLIVIANOS) y de 22 de octubre de 2004, pero con series diferentes. Prueba judicializada en juicio oral de fecha 14 de julio de 2015. MP21.- CITE: VUN2636/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, Nota dirigida al Arq.Javier Elías por el Oficial de Inversiones y Director de Valores, ambos de VALORES UNION S.A. AGENCIA DE BOLSA FILIAL DEL BANCO UNION S.A. En esta Nota dice: “Mediante la presente, tenemos a bien solicitar a su institución la certificación para la negociación de las NOTAS DE CREDITO FISCAL de la Empresa Constructora Cascarena S.R.L.que se detallan(…)” ANEXO 15 de la prueba MP54, consistente en el ACTA DE LA REUNION VICEMINISTERIO DE MINERÍA, FENCOMIN Y FEDERACIÓN NACIONAL RENTISTAS MINERO COOPERATIVISTAS. TEMA 3X 1.000 DEVOLUCION DE PAORTES, donde dice: “ en la ciudad de Paz, el día 18 del mes de noviembre del año dos mil cuatro a horas 09:30 (…) el Vice ministro de Minería planteó la necesidad de establecer una agenda de trabajo con temas de cuantificación y validación, en el marco de los requerimientos de la FENCOMIN y la Fedración Nacional de Rentistas Mineros Cooperativistas(…)El Sr. Viceministro reiteró la necesidad de contratar una consultora de auditoria que realice el trabajo de cuantificación y validación para disponer de la información real(…) La reunion de 18 de noviembre de 2004 referida en dicha Acta, en la que se trató principalmente cuantificación del tema 3 x 1000, se efectuó como consecuencia del primer informe público emitido por la Delegada Presidencial Anticorrupción en fechas 9 de noviembre de 2004, relativo al desembolso realizado de $us.2.000.000 (MP55), es decir, a los 9 días de haberse publicado dicho informe, donde extrañamente no asisten ambos acusados. MP27.-Acto de reconocimiento de Firmas de fecha 22 de octubre del 2004, efectuado por Omar Alejandro Asbun Farah y Manuel Javier Elias Ayoroa, ante la Notaria de Fe Pública Dra. Miriam E.León Ugarte. Las firmas reconocidas corresponden al contrato de transferencia de terrenos de 22 de octubre de 2004, donde el primero suscribe como vendedor en representante de la Empresa Constructora y Minera CASCARENA Ltda., y el segundo, como comprador y Liquidador de FONVIS EN LIQUIDACION, 112.0000 Has. Ubicados en el Sector del Ex - Fundo de LIPARI del Cantón Mecapaca de la Provincia Murillo de la ciudad de la Paz. Judicializada en el Juicio Oral de fecha 12.04.2016. MP28.- Contrato de Transferencia de Derechos de fecha 22 de octubre del 2004, elaborado por el Arquitecto Javier Elías Ayoroa, en representación del FONVIS en Liquidación y Alejandro Asbun Farah en representación de la Empresa Constructora Minera CASCARENA, según la Acusación Fiscal. De la lectura de este documento ofrecida como prueba, se establece que no se trata de un Contrato, sino de INFORME de la Notaria de Fe Pública Dra. Armanda Julieta Molier, dirigido a la Sra. Fiscal de Materia. Ha quedado excluida esta prueba MP28 como INFORME de la Notaria de Fe Pública Dra. Armanda Julieta Molier, dirigido a la Sra. Fiscal de Materia, en Juicio Oral de fecha 12.04.2016. MP37 y P.D.D.19.- TESTIMONIO No. 29/2005, fecha 21 de enero de 2005, correspondiente a la protocolización del Contrato de Transferencia suscrito en fecha 22 de octubre del 2004, por la Empresa Constructora y Minera CASACARENA Ltda., representada por Omar Alejandro Asbún Farah, como parte vendedora, y por el ex FONVIS en Liquidación, representado por el Arq. Javier Elías Ayoroa en su condición de Liquidador, como comprador, sobre la venta de 112.0000.-Has de terrenos de terrenos Ubicados en el Sector del Ex - Fundo de LIPARI del Cantón Mecapaca de la Provincia Murillo de la ciudad de la Paz, en cumplimiento del Conveniode fecha 01.06.2004, y a lo dispuesto por el D.S. Nº27602 y D.S. Nº27771. Protocolización que fue celebrada ante la Notaria de Fe Pública Dra. Miriam E.León Ugarte. Este Contrato de transferencia de terrenos también cursa como ANEXO 12 de la prueba MP54. En la Tercera Claúsula(Objeto) del referido contrato de transferencia de terrenos, se establece que el total de los terrenos transferidos se desglosan de la siguiente manera: “90.0000 Hectarias para la urbanización de 1.800 lotes de terrenos correspondientes a los mineros; y 22.0000 Hectáreas de terreno a favor del FONVIS en Liquidación como pago con prestación diversa a la debida de $us 1.200.0000 Dólares Norteamericanos por concepto de devolución de anticipo según se detalla en la claúsula precedente”. La claúsula precedente aludida, en su parte pertinente, dice: “El Sr. Alejandro Asbún Farah por la Empresa Constructora y minera CASCARENA Ltda., realiza transferencia de terrenos al FONVIS en Liquidación por concepto de pago y devolución de $us 1.200.000.-(Un millón docientos mil 00/100 Dólares Norteamericanos) entregados por el Banco BIDESA a la Empresa Constructora ASBUN por concepto de anticipo para la ejecución de proyecto habitacional `Azucenas`, monto que no fue invertido en dicho proyecto y que es honrado de esta forma”. Luego, en esta misma Claúsula Tercera (Objeto), concretamente se establece que FONVIS mediante el referido contrato de transferencia adquiere en propiedad del total de los terrenos mencionados en la siguiente forma: 33.6546 Has, cuyo derecho propietario se encontraba registrabo a nombre del comunario Isidro Pajsi Ali, bajo la Matrícula Nº2.01.2.01.0003453, terrenos que fueron transferidos por Omar Alejandro Asbun Farah en virtud del Poder Nº104/2004 de fecha 29 de enero de 2004 que le había otorgado el nombrado comunario. 12.0000 Has., cuyo derecho propietario se encontraba registrado a nombre de la comunaria Victoria Laura de Tapia, bajo la Matrícula Nº2.01.2.01.0003480, terrenos que fueron transferidos por Omar Alejandro Asbun Farah en virtud del Poder Nº 159/2004 de fecha 4 de febrero de 2004 que le había otorgado la nombrada comunaria. 25.0000 Has, cuyo derecho propietario se encontraba registrado a nombre del comunario Fortunato Laura Ticona, bajo la Matrícula Nº2.01.2.01.0003450, terrenos que fueron transferidos por Omar Alejandro Asbun Farah en virtud del Poder Nº166/2004 de fecha 4 de febrero de 2004 que le había otorgado el nombrado comunario. 25.0000 Has., cuyo derecho propietario se encontraba registrado a nombre del comunario Jerónimo Limachi Quispe, bajo la Matrícula Nº2.01.2.01.0003454, terrenos que fueron transferidos por Omar Alejandro Asbun Farah en virtud del Poder Nº 164/2004 de fecha 4 de enero de 2004 que le había otorgado el nombrado propietario. 20.0000 Has., cuyo derecho propietario se encontraba registrado a nombre del comunario Gregorio Mamani Gonzales, bajo la Matrícula Nº2.01.2.01.0003452, terrenos que fueron transferidos por Omar Alejandro Asbun Farah en virtud del Poder Nº 161/2004 de fecha 4 de enero de 2004 que le había otorgado el nombrado comunario. En la Claúsula Cuarta(Del precio y modalidad de pago), se establece que el precio de $us.5.32 el metro cuadrado de los mencionados terrenos, está fijado en el Convenio de 01.06.2004; por lo que el precio total de los 90.0000 Has, es $us 4.788.000.oo Has.de terrenos transferidos, y que dicha suma es pagada bajo el siguiente plan y cronograma de pagos pactados entre partes: “ Un primer pago de 2.000.000.oo(Dos millones 00/100 Dólares Norteamericanos) a la suscripción del presente contrato de compraventa, monto que será cancelado en dinero en efectivo y/o en Notas de Crédito Fiscal”. “Un segundo y último pago de 2.788.000 (Dos millones setecientos ochenta y ocho mil 00/100 Dólares Norteamericanos), en un plazo a ser acordado computable a partir de la ejecución del primer pago, suma que será cancelada en dinero efectivo y/o en Notas de Crédito Fiscal”. Asimismo, se aclara que “por concepto de transferencia de 22.0000 Has., FONVIS en Liquidación no debe pagar monto alguno, ya que dicha transferencia la realiza el Sr. Alejandro Asbún Farah representante de la Empresa Constructora y Minera CASACARENA Ltda, a favor de FONVIS en Liquidación por concepto de pago y devolución de un anticipo de $us. 1.200.000 Dólares Norteamericanos pendientes de pago a favor de esta Institución”. Estas Pruebas (MP37, PDD19) están directamente relacionadas, entre otras, con las pruebas consistentes en testimonios de Poder otorgados por los cinco comunarios que otorgaron en favor de Omar Alejandro Asbún Farah para que se les transfiera en venta los referidos terrenos y que son los siguientes: MP29.- Testimonio Nº 161/2004 de fecha 4 de febrero del 2004 de Poder Especial Amplio y Suficiente que confiere el Sr. Gregorio Mamani González en favor del señor Omar Alejandro Asbun Farah para que sele transfiera 20.0000 Has.; MP31.- Testimonio Nº 104/2004 de fecha 29 de enero del 2004 de Poder Especial amplio y suficiente que confiere el Sr. Isidro Pajsi en favor del Sr. Omar Alejandro Asbun Farah para que se le transfiera en venta 30.000 Has.;MP32.- Testimonio Nº 166/2004 de fecha 04 de febrero del 2004 de Poder Especial amplio y suficiente que confiere el Sr. Fortunato Ticona en favor del Sr. Omar Alejandro Asbun Farah para que se le transfiera 25.0000 Has.; MP33.- Protocolo Nº 164/2004 de Poder Especial amplio y suficiente que confiere el Sr. Gerónimo Limachi Quispe a Omar Alejandro Asbun Farah para que se le trasnfiera en venta 25.0000 Has.; MP35.- Protocolo Nº 159/2004 de Poder Especial amplio y suficiente que le confiere la Sra. Victoria Laura de Tapia a Omar Alejandro Asbun Farah para que que se le transfiera 12.0000 Has. Existe relación directa de las pruebas MP37 y PDD19 con las mencionadas cinco pruebas MP29, MP31, MP32, MP33, MP5, porque establecen que se le ha otorgado los mencionados Poderes a Omar Alejandro Asbún Farah como a persona natural, y no a la Empresa Constructora y Minera CASACARENA representada por Omar Alejandro Asbún Farah; sin embargo, se ha transferido los 112..0000 Has de terrenos, como representante de la Empresa Constructora y Minera CASACERENA, es decir como un persona jurídica, como establece la prueba, codificada como PM37 y P.D.D.19.-, consistententes en TESTIMONIO No. 29/2005, fecha 21 de enero de 2005, correspondiente a la protocolización del citado Contrato de Transferencia 112.0000 Has. suscrito en fecha 22 de octubre del 2004. Asimismo, por concepto del precio de la venta de terrenos mencionados, ex FONVIS en Liquidación pagó a favor de persona jurídica que resulta ser Empresa Constructora y Minera CASACARENA, representada por Omar Alejandro Asbún Farah, haciéndole entrega de las CUARENTA NOTAS DE CREDITO FISCAL, emitidas en fecha 22 de octubre de 2004 por el Tesoro General de la Nación, c/u. por un importe de Bs.401.000.00, con fecha de vencimiento al 20 de abril de 2005, siendo el total Bs.16.040.000, equivalente a $us. 2.000.000, en cumplimiento a lo determinado en el Convenio 01.06 2004, y no se pagó a Omar Alejandro Asbún en su condición de persona natural como figura en los referidos Poderes que le faculta para transferir los terrenos (MP56, MP57, MP22).- MP30.- Testimonio de Protocolo 617/2005 de Revocatoria del Poder Nº 161/2004, de fecha 16 de agosto de 2005, donde dice: REVOCA el poder Nº 161/2004, de fecha 04 de febrero de 2004(MP-29). MP34.- Protocolo Nº 616/2005 Revocatoria del Poder Nº 164/2004, fecha 15 de agosto de 2005, donde dice: “GERONIMO LIMACHI QUISPE, Con C.I.337565 L.P. (…), REVOCA el Poder Nº164/2004, de fecha 4 de febrero de 2004(MP-33), otorgado por ante esta misma Notaría de Fe Pública, en favor del Lic.ALEJANDRO ASBUN FARAH, en la que en su nombre y representación acciones y derechos, proceda a la venta de Lote de terreno (…) de 25.0000 HAS”. MP26.- Informe FNVSL GO/1001/2005 de fecha 28 de septiembre de 2005 elaborado por la Dra. Leny Erika Chávez Barrancos Consultora Legal de FONVIS en Liquidación, donde se establece que en fecha 18 de agosto de 2005, los Comunarios Gregorio Limachi, Gregorio Mamani e Isidro Pajsi, por conducto regular presentaron testimonio de revocatoria de los poderes 164/2004, 161/2004 y 104/2004. En la parte final de dicho Informe, se deja constancia que la Consultora Legal se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes. MP36.- Dentro de esta prueba se encuentra testimonio de PROTOCOLIZACIÓN Nº 189/2005, DE UNA MINUTA CON CALIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO DEBIDAMENTE RECONOCIDA SOBRE UN CONTRATO ACLARATORIO DE TRANSFERENCIA DE TERRENOS, SUSCRITO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MINERA “CASACERENA LTDA”, EN FAVOR DE FONVIS EN LIQUIDACION, efectuada en fecha 12 de abril de 2005, ante la Notaria de Fe Pública, abogado MIRIAM E. LEON UGARTE, haciendo uso del citado Poder 199/1997, de fecha 10.07.1997 (MP12, MP14, MP15) y el contrato de construcción en la modalidad de obra vendida de fecha 10 de julio de (MP17), y su protoocolizado mediante Escritura Pública 479/2004(MP18, MP13). MP52.- Certificado de fecha 15 de diciembre de 2006, emitido en cumplimiento del requerimiento Fiscal, por el Lic. Luis Salinas Peñaloza, Secretario Ejecutivo de la Cámara Boliviana de la Construcción, donde dice: “1.-La Empresa CASCARENA no se encuentra inscrita en esta Institución. 2.-La Empresa Constructora ASBUN, ha sido suspendida y excluida de nuestros registros”. MP53.- Oficio CITE: CDG-GG-590/2006 de fecha 15 de diciembre de 2006, dirigido a la Sra. Fiscal Aguado por el Gerente General de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, Ing. Pablo Porsel Ballivián, haciendo conocer el contenido del Certificado codificado como MP-52. MP54.-Consistente en el Oficio FNVSL/DL-598/06 de fecha 24 de abril del 2006, enviado por Carlos Eduardo Yáñez Heredia Liquidador del FONVIS en Liquidación, al Dr. Horacio Balcázar Cazón, Profesional II del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, al que se adjunta dos INFORMES: Primer INFORME FNVSI/GL/044/06, de fecha 9 de enero de 2006, elaborado por Luis Fernando Velasco Eulert Gerente Legal de FONVIS en Liquidación. También se adjunta a dicho Oficio como segundo INFORME FNVSL/UAI-002/06, de fecha 6 de marzo de 2006, dirigido al Lic. Humberto Velasco Sejas, LIQUIDADOR FONVIS EN LIQUIDACION, con REF. a la AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE PAGO, A LA EMPRESA CASCARENA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL, elaborado por Lic.F.Sonia Gironda Aliaga, Mat.Prof.CAUB 2479, AUDITOR INTERNO FONVIS EN LIQUIDACION, y Lic. J.Roberto Cadena Larrea. Mat.Prof.CAUB-051 CONSULTOR RESP.AUDITORIA INTERNA FONVIS EN LIQUIDACION. El referido Primer INFORME FNVSI/GL/044/06 de fecha 9 de enero de 2006, elaborado por Luis Fernando Velasco Eulert Gerente Legal de FONVIS en Liquidación sobre “ACCIONES LEGALES - CASO CASCARENA”, en cuyo punto IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, dice: “Los antecedentes descritos, nos muestran suficientes elementos e indicios que hacen suponer la comisión de hechos delictivos y cuya autoría tendrían que identificarse en las investigaciones que se llevan a cabo ante el Ministerio Público”. “En principio, existe la constancia de que el poder 199/97 es falsificado, por lo que interesa que todos los compromisos asumidos por la empresa Cascarena en lo referente al desistimiento de la acción judicial y la subrogación de la deuda supuesta de la empresa Constructora por los $us 1.200.000 al FONVIS en Liquidación, no pueden surtir efectos jurídicos y por lo tanto los compromisos asumidos por dicha empresa en el convenio primero de junio de 2004, en relación a las supuestas facultades que otorgaba este poder, son de incumplimiento imposible”. “Otro elemento que levanta sospecha es el referido al desistimiento que tenía que presentar la empresa Cascarena a favor del FONVIS para extinguir el juicio incoado por la empresa constructora Asbun, no se ha cumplido, precisamente porque el proceso estaba radicado en la Corte Suprema de Justicia en Recurso de Casación y el supuesto apoderado, mediante la supuesta facultad otorgada para el desistimiento desconocía este aspecto habiendo intentado presentar este desistimiento ante la Corte superior de Distrito”. “Mayores elementos de juicio surgen para demostrar ciertos hechos como delictivos, están relacionados directamente con los Decretos Supremos, mencionados precedentemente, a saber: “En efecto, los señalados Decretos Supremos establecían con meridiana claridad que, el convenio de 1º de junio de 2004, suscrito entre las partes para el desembolso de los dineros a la empresa Cascarena, se harían con cargo a los aportes devengados por el régimen de vivienda social correspondientes al período 1970 a 1991 del 3 por 1000 de los Cooperativistas Mineros”. “De la cita glosada, se establece que el Fonvis en Liquidación debió pagar y la empresa Cascarena percibir la suma establecida en el Convenio, siempre y cuando los aportes devengados a los Cooperativistas Mineros fueran existentes como producto de los aportes que hubiera realizado la Ex Comibol, El Ex Banco Minero y la Empresa Metalúrgica Vinto (quienes actuaron como agentes de retención respectivamente), a favor de estos al Fonvis, situación que no es evidente, toda vez que los aportes de los cooperativistas según informe de auditoría interna y gerencia administrativa -no alcanzan ni a la suma de diez mil dólares (lo subrayado y en negrilla son nuestros). Lo que quiere decir que para ejecutar el convenio del primero de junio de 2004, los ex funcionarios del FONVIS y el representante de la Empresa Cascarena, han utilizado recursos ajenos, haciendo creer que estos recursos les pertenecían a los Cooperativistas Mineros, contraviniendo los Decretos Supremos ya mencionados, consumando un daño de grandes magnitudes a las arcas del Fonvis en liquidación y de quienes tienen legítimo derecho al beneficio de dichos aportes mismos que han sido sonsacados de manera ilegal”. Estas conductas, hacen suponer a la vez la comisión de otros delitos como los Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contratos, Conducta Antieconómica, Malversación, Complicidad y otros del Código Penal, cometidos por funcionarios públicos y particulares”. Y en su último punto V.- RECOMENDACIONES, dice: “Por la gravedad de los hechos, el enorme daño causado a la institución, las consecuencias de orden social que generan estas conductas y por la responsabilidad de quienes tenemos a nuestro cargo el manejo de la cosa pública, se recomiendan las siguientes acciones: “5.1.El Fonvis en Liquidación al existir elementos e indicios graves de la comisión de delitos de orden público, debe querellarse de manera inmediata por ser víctima directa de los ilícitos cometidos y porque es una obligación que la ley nos impone como servidores públicos en defensa de los intereses del Estado, tomando cuidado en relación a las deficiencias de la querella presentada anteriormente por el Fonvis”. “5.3.Se recomienda, por lo delicado del caso se proceda a la selección y contratación de un estudio de abogados externo que cuente con la suficiente experiencia en casos de gran envergadura, que a la vez proporcione los suficientes recursos humanos dentro su estructura para el seguimiento permanente del proceso, que otorga profesionales especializados en la nueva estructura penal, así como en materia civil y comercial, ello por la implicancia que puede tener este caso dentro de las materias señaladas. “5.4.Esta contratación debe ceñirse a las normas y atribuciones que tiene el actual Liquidador del FONVIS en Liquidación, aplicando aquellas disposiciones que hagan viable la contratación a la inmediatez posible”. El segundo Informe citado consiste en el INFORME FNVSL/UAI-002/06, de fecha 6 de marzo de 2006, dirigido al Lic. Humberto Velasco Sejas, LIQUIDADOR FONVIS EN LIQUIDACION, con REF. a la AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE PAGO, A LA EMPRESA CASCARENA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL, elaborado por Lic.F.Sonia Gironda Aliaga, Mat.Prof.CAUB 2479, AUDITOR INTERNO FONVIS EN LIQUIDACION, y Lic. J.Roberto Cadena Larrea. Mat.Prof.CAUB-051 CONSULTOR RESP.AUDITORIA INTERNA FONVIS EN LIQUIDACION. El informe es principalmente sobre los hechos suscitados desde los recursos transferidos del TGN al FONVIS en liquidación hasta su utilización del mismo. Este Informe en su punto 4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, dice: “De acuerdo al informe de Asesoría Legal de la Unidad de Auditoria Interna del FONVIS en Liquidación NºFNVSL-UAI-001/06 de fecha 7 de marzo de 2006 y los puntos 1,2,3,4 y 5 del presente informe donde se determina que hubo deficiencia desde que se firmó el Convenio de 01/06/04 hasta el desmbolso $us2.000.0000.00, estableciendo un daño económico al Estado”. “C.1 Al existir indicios de responsabilidad penal previsto en el Art.34ºde la Ley 1178 y el Art.60º del D.S.23318-A, que establece que la responsabilidad es penal, cuando la acción u omisión del servicio público y de los particulares están tipificados en el Código Penal, como el presente caso por $us2.000.000.oo en contra de la Empresa Constructora y Minera CASCARENA, representada legalmente por Omar Alejandro Asbún Farah con CI-490071 L.P. y Manuel Javier Ayoroa con C.I.-337130 L.P.ex liquidador del FONVIS”. “R.1 En cumplimiento del Art.35º de la Ley 1178, se recomienda que mediante la Unidad legal del FONVIS en Liquidación, se inicie las correspondientes diligencias para el proceso judicial respectivo en razón de existir indicios de Responsabilidad Penal por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado”. MP55.- Consistente en Informes Públicos emitidos por la Delegada Presidencial Anticorrupción, de fechas 9 de noviembre de 2004 y 24 febrero de 2005 respectivamente. El primer informe de fecha 09 de noviembre de 2004, sobre IRREGULARIDADES Y PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y DESEMBOLSOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA EN LIQUIDACIÓN, ha sido excluido. Y no así el segundo Informe, de fecha 24 de febrero de 2005, intitulado también SEGUNDO INFORME PUBLICO SOBRE “SOBRE IRREGULARIDADES Y PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y DESEMBOLSOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA EN LIQUIDACIÓN. No obstante la exclusión del primer Informe, en la prueba codificada como MP-58, consistente en el memorial de QUERELLA POR DELITOS DE FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, COMPLICIDAD Y OTROS, de fecha 26 de febrero de 2005, dirigido al SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO por PABLO JOSE ASBUN ABURDENE representante de la empresa Constructora ASBUN S.R.L., se reproduce dicho informe indicando: “Por mi parte, recién en fecha 10.11.04 me enteré de los hechos descritos, a través de la denuncia formulada por la Delegada Presidencial Anticorrupción a los medios de prensa locales en la que involucra erradamente a la EMPRESA CONSTRUCTORA ASBUN S.R.L. en las irregularidades, actos de corrupción y entrega de $us.2.000.000.- en perjuicio de los intereses del Estado”. Y esta prueba MP-58 no ha sido excluida ni observada por ninguna de las partes. De esta manera se ha revalidado el informe de fecha 09 de noviembre de 2004. El segundo Informe de fecha 24 de febrero de 2005, en su punto 9. CONSIDERACIONES FINALES, entre otras cosas, dice: “Se presume que se hizo uso del poder 199/97 para presentar un desistimiento en el proceso civil por incumplimiento de contrato, poder presumiblemente falso”. “La firma del convenio de 1 de junio de 2004, supuestamente con un poder falso ha hecho incurrir en error al Poder Ejecutivo, promulgando los Decretos Supremos Nº D.S.27602 y 27771, autorizando la utilización de los recursos de los aportes”. Se presume que en este caso hubo conducta delictiva del representante de la Empresa CASCARENA Lda., tipificada en el Código Penal”. “Remitir antecedentes al Ministerio Público, para que en cumplimiento a sus atribuciones se proceda a la investigación de la documentación señalada y a los posibles involucrados en este tema”. “Se puede establecer que se procedió al desembolso parcial de Bs.16.040.000.00 haciéndose los $us.2.000.000(dos Millones de dólares americanos) con la presentación de un desistimiento firmado con un poder falso, presumiéndose la nulidad de todo lo actuado”. “Las empresas Constructora Asbún y Constructora Minera CASCARENA Ltda., tienen todavía procesos penales con BIDESA, donde se presume tuvieron vinculación económica con Roberto Landivar, lo cual es objeto de investigación por las autoridades competentes”. “Por la gravedad de los hechos se reitera la solicitud de destitución del actual Liquidador de FONVIS, Javier Elías Ayoroa, debiendo realizarse las investigaciones que amerite el caso, para determinar las responsabilidades correspondientes”. A los 9 días de haberse públicado el primer informe, se efectuó el día 18 del mes de noviembre de 2004 la REUNION VICEMINISTERIO DE MINERÍA, FENCOMIN Y FEDERACIÓN NACIONAL RENTISTAS MINERO COOPERATIVISTAS. TEMA 3X 1.000 DEVOLUCION DE APORTES, donde se estableción la necesidad de contratar una consultora de auditoria que realice el trabajo de cuantificación y validación para disponer de la información real(…)ANEXO 15 de la prueba MP54, después de que se había realizado el desembolso de $us 2.000.000.-, sin previa cuantificación. Las pruebas MP56 y MP57 han sido descritas y valoradas al igual que las otras judicializadas. MP58.- Consistente en Querella que interpone Pablo José Asbun Aburdene contra Omar Alejandro Asbun Farah de fecha 26 de febrero de 2006, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y otros, cuya descripción y valoración fue hecha igualmente arriba, juntamente con la prueba MP-55. Obligacion incumplida de pago a los comunarios de terrenos transferidos En el segundo punto de la Claúsula Séptima del Convenio de 01 de junio de 2004), así señalado en el análisis hecho en la presente Sentencia del Convenio codificado como (MP11), se determina que el acusado Omar Alejandro Asbún tiene la obligación de cancelar a los comunarios de los terrenos a ser transferidos a favor del FONVIS en Liquidación; y el acusado Omar Alejandro Asbun no pagó a los comunarios por los 112 hectareas de terrenos que se los transfirió como apoderado de los mismos; no obstante que él recepcionó como primer pago los $us.2.000.000.-por concepto de venta (declaración del testigo Gregorio Mamani Gonzales, (PDD19, MP37, MP22, MP29, MP31, MP32, MP33, MP35) MP20.- Testimonio Nº 25/1998 de fecha 13 de marzo de 1998, de LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD SUSCRITA POR LOS SEÑORES: OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, MARTHA CLEMENCIA FARAH DE ASBUN, ERIKA SUSANA ASBUN FARAH Y FRED RAYMONDASBUN FARAH - que dice- GIRARA BAJO LA RAZON SOCIAL DE EMPRESA CONSTRUCTORA CASACARENA LTDA. CON UN CAPITAL INICIAL DE BS.163.000.- La prueba MP24, Consistente en el Memorial de DESISTIMIENTO PURO Y SIMPLE, presentando en fecha 11 de noviembre de 2004, ante la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ALEJANDRO ASBUN FARAH, dentro del proceso ordinario de incumplimiento de contrato, incoado por PABLO ASBUN ABURDENE contra FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL EN LIQUIDACION (FONVIS EN LIQUIDACIÓN), ha sido descrita y analizada arriba, juntamente con la prueba MP12 y otras. Esta prueba MP24, consiste en el memorial de desistimiento puro y simple presentado en fecha 11 de noviembre de 2004, por Omar Alejandro Asbun Farh ante la Sala Civil Segunda de entonces de la Corte Suprema de Justicia, no está providenciado, sólo tiene el cargo de recepción. Este memorial dedesistimiento fue presentado dentro del proceso ordinario de incumplimiento de contrato, incoado por PABLO ASBUN ABURDENE contra FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL EN LIQUIDACION (FONVIS EN LIQUIDACIÓN), ha sido descrita y analizada arriba, juntamente con la prueba MP12 y otras. MP38.- Oficio PREV-GR-DC-2168/08/07 de fecha 10 de agosto de 2007, dirigido al Juzgdo Sexto de Instrucción en lo Penal, en cumplimiento a su decreto de fecha 12 de julio de 2007, emitido en atención al memorial de solicitud de Verónica Laura Guiteras Aramayo en Representación de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social, donde dice: Ninguna de las denominaciones de empresas que a continuación se detallan, se hallan rregistradas como tales en el archivo maetro de empleadores BBVA PREVISIÓN AFP. EMPRESA CONSTRUCTORA Y MINERA CASCARENA EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA LTDA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MINERA CASCARENA LTDA EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA Y MINERA CASCARENA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA Y MINERA S.R.L. MP39.- Certificación CITE Nº 364.6503 de fecha 30 de mayo de 2007, emitido por la Caja Nacional de Salud en cumplimiento a la orden judicial dispuesta por el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal en atención al memorial de solicitud de Verónica Laura Guiteras Aramayo en representación de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social. En esta Certificación dice: No figura en los listados mencionados de la CAJA NACIONAL DE SALUD, ninguna de las empresas siguientes. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA LTDA. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA Y MINERA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA Y MINERA S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA Y MINERA LTDA. MP40.- Informe de antecedentes penales de Omar Alejandro Asbun Farh de fecha 25 de agosto de 2007, emitido por el Director Nacional de Registro Judicial de Antecedentes Penales en cumplimiento al requerimiento fiscal, y dice: OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, REGISTRA LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES PENALES: AUTO DE DECLARATORIA DE REBELDIA DE FECHA 14/03/2002, DICTADA POR EL JUZGADO 1RO. DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR, INCURSOS EN LA SANCIÓN DE LOS ARTS.335 Y 337 DEL CODIGO PENAL. MP41.- Informe Nº IANUS 071/07 de fecha 13 de septiembre de 2007 sobre los procesos existentes o iniciados en el Sistema IANUS en contra de Omar Alejandro Asbun Farh, emitido en cumplimiento del requerimiento fiscal. Proceso fecha juzgado delito ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 200101742 21/05/01 Juzgado 1ºde Partido (Liquidador) Falsedad material 200106013 21/11/01 Juzgado 1º de Instrucción Cautelar Estafa 200207906 13/11/02 Juzgado 4º de Sentencia Penal Cheque en descubierto 200305229 05/08/03 Juzgado 2ºde Instrucción Cautelar Estafa 200407881 03/08/04 Juzgado 2ºde Instrucción Cautelar Estafa 200410875 13/10/04 Juzgado 2º de Sentencia Penal Estafa 200501511 19/02/05 Juzgado 4ºde Instrucción Cautelar Estafa 200501987 05/03/05 Juzgado 7º de Instrucción Cautelar Faslsedad material 200503724 25/04/05 Juzgado 3º de Sentencia Penal Cheque en descubierto 200507653 07/09/05 Sala Penal Segunda Cheque en descubierto 200508113 20/04/06 Juzgado 5º de Instrucción Cautelar Falsedad material 200608787 21/01/062 Juzgado 5º de Sentencia Penal Apropiación indebida MP42.- Certificación emitida en cumplimiento del requerimiento fiscal, por la Jefatura del DPTO DE ARCHIVO CENTRAL, de la Dirección Nacional de Identificación de fecha 30 de agosto de 2007, donde se establece que “REVISADO EL ARCHIVO PATRONIMICO SE ESTABLECE LO SIGUIENTES: Del Sr. OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, C.I.490071 L.P.no cursa Tarjeta Prontuario en Archivo central, motivo por el cual no se puede informar con relación al domicilio del mencionado”. MP43.- Oficio CITE: GNCRE/DEOCC/6573/07 de fecha 27 de agosto de 2007, mediante el cual hace conocer el INFORME requerido, al Fiscal de Material por el Gerente Nacional de gestión de Recaudación y Empadronamiento de Servicio de Impuetos Nacinales, que dice: “Revisada la Base de Datos del SIRAT `Sistema Integrado de Recaudación de la Administración`, no se ha encontrado ningún Número de Indentificación Tributaria, cuyo titular sea el Arq.Javier Elias Ayoroa o Ing.José Ernesto Ayoroa”. MP44.- Certificado J-O-LP Nº E-020-06/07 de fecha 4 de junio de 2007, emitido por la Dra. Maritza Criales, Jefe de FUNDEMPRESA - Registro de Comercio de Bolivia y requerimiento fiscal, dice: “se evidencia que bajo el nombre textual de ÈMPRESA CONSTRUCTORA Y MINERA CASACARENA`, no se encuentra inscrita ninguna empresa en el Registro de Comercio, ni se registra ningún acta de entrega de su carpeta comercial dentro del proceso de transferencia del archivo de SENAREC a FUNDAEMPRESA. Cabe hacer notar que entre las empresas inscritas en el Registro de Comercio se encuentra registrada la `EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA LTDA` con matrícula SIREC Nº10180”. MP45.- Certificado J-O-LP Nº E-077-12/06, de fecha 26 de diciembre de 2006, emitido por la Dra. Maritza Criales, Jefe de FUNDEMPRESA - Registro de Comercio de Bolivia, en cumplimiento de requerimiento fiscal, donde se entablece que “Mediante Escritura Pública Nº25/98 de fecha 06 de marzo de 1998, otorgada por Notaria de Fe Pública del Distrito de La Paz, a cargo de la Dra. Martha Alipaz Monje, registrada en el Registro de Comercio en fecha 25 de agosto de 1999 bajo la partida Nº175 a Fs.88 del libro 05-J, se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la razón social de ÈMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA LTDA. En mérito a la Resolución Administrativo Nº29921 de fecha 03 de julio de 1992, la Dirección General General de registro de Comercio y Sociedades por Acciones aprobó la inscripción de la mencionada empresa bajo la matrícula de comercio Nº 04-046428- 01, la matrícula otorgada por FUNDEMPRESA es la 10180”. Asimismo indica que “De la revisión de la carpeta comercial de la EMPRESA CONSTRUCTORA CASCARENA LTDA., se pudo evidenciar que de acuerdo al formulario 020/20 corresopondiente a Solicitud de Matricula Nueva o Renovación de Matrícula de Comercio registrado en FUNDAEMPRESA, como Concesionaria del Registro de Comercio en fecha 12 de julio de 2004, bajo el número de registro 81784 del libro 80, se actualizó la matrícula correspondiente a la gestión 2004, misma que tiene vigencia hasta 31 de agosto de 2004” Las pruebas MP49, MP48, MP51, MP52 fueron descritas y valoradas arriba, juntamente con la prueba MP25.- Pruebas de la Acusación Particular La Acusación Particular ha ofrecido como prueba documental los documentos codificados como P.C.U.T.DOC.-1 a P.C.U.T.DOC.-64. De las cuales, las pruebas P.C.U.T.DOC.-1 a P.C.U.T.DOC.-58., se tratan de las mismas pruebas ofrecidas y judicializadas por la Acusación Fiscal ya descritas y valoradas, por lo que no corresponde repitirlas. Sin embargo, se aclara que la Acusación Particular ha aditamentado a los elementos probatorios judicializados por el Ministerio Público, con los siguientes documentos codificados como P.C.U.T.DOC.59.- Decreto Supremo 29001, de Creación y Cambio de Razón Social del FONVIS en Liquidación a Unidad de Titulación, de fecha 2 de enero de 2007. P.C.U.T.DOC.60.-Poder especial otorgado por el Director General Ejecutivo de la Unidad de Titulación del Ex Fondo Nacional de Vivienda Social a su favor como representante de la misma a nombre de la Dra. Cinthia Verónica Terán Irahola. P.C.U.T.DOC.61.- CITE: FNVSL/DL Nº 182304 de fecha 15 de diciembre de 2004. P.C.U.T.DOC.62.- Carta de comunicación de fecha 11 de Agosto de 2005 dirigida a Humberto Velasco Sejas LIQUIDADOR a.i.FONVIS EN LIQUIDACION, por cuatro comunarios de Lipari, entre ellos, Isidro Pajsi y Fortunato Laura Ticona, adjuntando el documento intitulado “CONTRADOCUMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHO PROPIETARIO DE TERRENOS DE LA ZONA DE LIPARI”, suscrito en fecha 30 de enero de 2004, por Omar Alejandro Asbún y diez comunarios de Lipari, cuya judicialización, y descripción se ha efectuado al momento de la declaración del testigo de cargo Fortunato Laura Ticona. P.C.U.T.DOC.63.- Informe FNVSL/GL/044/06, de fecha 9 de febrero de 2006, emitido por Luis Fernando Velasco Eulert, Gerente Legal Nacional de FONVIS en Liquidacion. P.C.U.T.DOC.64.- Informe de la Unidad de Investigación Financiera Prueba documental de descargo del acusado La mayor parte de los documentos ofrecidos como prueba documental de descargo por el acusado Manuel Javier Elìas Ayoroa, fueron también ofrecidos y producidos como elementos probatorios de cargo por la parte acusadora, como ha manifestado su defensa técnica en la sesion de Juicio Oral de fecha 21 de noviembre de 2017, con excepción de los siguientes documentos que fueron judicializados por el Acusado Manuel Javier Elias Ayoroa: P.D.D.38.- CINCO FOLIOS REALES, (ANOTACIONES PREVENTIVAS DE TERRENOS TRANSFERIDOS AL FONVIS EN LIQUIDACION de fecha 05 de abril de 2005. P.D.D.39.- NOTA 1988/2004, MC/231, RESOLUCION No. 036/2005-2004, DE LA CAMARA DE DESARROLLO HUMANO, presentada por el DIPUTADO SANTOS RAMIREZ, al presidente de la REPUBLICA, pidiendo se proceda al cumplimiento del decreto supremo 27771. P.D.D.20.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, EXPEDIDO POR LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN. P.D.D.21.- ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE CONSIDERACION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, de fecha 27 de mayo 2008. P.D.D.22.- RESOLUCION No. 29/2008, AMPARO CONSTITUCIONAL RESUELTO POR LA SALA CIVIL CUARTA, DE LA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA PAZ. Todos estos documentos que la defensa del acusado Elías Ayoroa los ha ofrecido cumpliendo con todas las formalidades legales como prueba de descargo, fueron judiciliazadas sin observación alguna por las otras partes; pero lejos de desvirtuar los términos de la acusación más bien los respalda. Prueba documental de descargo del acusado Omar Alejandro Asbún Farah Mientras que el acusado Omar Alejandro Asbún, si bien mediante su memorial presentado en fecha en fecha 31 de agosto de 201, ha ofrecido prueba documental de descargo de 1 a 25 documentos, pero no ha presentado físicamente, cual se evidencia del cargo de recepción de del mencionado memorial cursante a fs. 1458 a 1459. Sin embargo, en calidad de prueba extraordinaria hizo producir los siguientes documentos: 1.-Acta de juicio oral de fecha 21 de noviembre de 2019, donde el acusado Omar Alejandro haciendo uso de su derecho de defensa material, aclara indicando, entre otras cosas “Sr. Juez la palabra, no existe el poder, no existe estudio grafotécnico cómo puede presentar si no existe, el Sr. Elías acaba de decir que yo no le he entregado es un hecho que no existe como me puedo defender como puedo presentar prueba de descargo”. Cursante a fs.5819 a fs. 5822. 2.-Acuerdo conciliatorio de fecha 06 de mayo de 2018, suscrito por FENCOMIN representado por Simón Condori Mollo, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración; Guillermo Mamani Quispe, en su calidad de Vicepresidente; Rómulo Calle Condori, en su calidad de Secretario General; Freddy López Choque en su calidad de Tesorero; Abraham Choque, en su calidd de Secretario Area Social; y por representantes de las COOPERATIVISTAS MINEROS denominados VICTIMAS MULTIPLES y en calidad de beneficiarios finales de la devolución del aporte del 3xmil, por una parte; y por otra, OMAR ALEJANDRO ASBUN FARAH, que para fines del presente acuerdo conciliatorio se denominará el ACUSADO. Cursante de fs. 6562 a fs.6566. 3.-Memorial de fecha 08 de junio de 2018, solicitando salida alternativa por conciliación, cursante de fs. 6567 a fs. 6568. 4.-Memorial de fecha 11 de junio de 2018, reiterando se señale día y hora de audiencia de consideración de salidad alternativa referida, cursante de fs. 6569 a fs. 6570. 5.-Resolución Nº213/2018, dictada en audiencia de fecha 27 de agosto de 2018, mediante la cual se RECHAZA EL ACUERDO CONCILIATORIO, incluida el acta correspondiente, cursante de fs. 6866 a fs. 6871. 6.-Resolución Nº1092/06, de fecha 07 de junio de 2006, dictado dentro del Caso Nº1096/05, denuncia Nº1092/2005, por el Fiscal de Materia Gregorio Blanco Torres, disponiendo EL SOBRESEIMIENTO DE OMAR ALEJANDRO ASBUN FARH por los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO. Cursante de fs. 26 a fs. 39.-, 7.- Nota de fecha 24 de marzo de 2017, dirigida al Ministro de Obras Públicas por representantes de FEDECOMIN, SOLICITANDO ENTREGA DE TERRENOS. 8.-Documentos consistentes en las siguientes notas, Certificaciones y otras piezas: Nota de fecha 23 de agosto de 2005, dirigida a FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS, por el Coordinador a.i. FONVIS EN LIQUIDACIÓN, comunicando la decisión de tomar posesión de los terrenos ubicados en la localidd de LIPARI. Cursante a fs 5447. Nota de agosto de 2005, dirigida al Coordinador del FONVIS EN LIIQUIDIACION, por la cooperativa Minera Veneros, por la cual se PRESENTA NOMINA DE BENEFICIARIOS DE LOTES DE TERRENO DE ACUERDO AL CONVENIO DE 1 DE JUNIO DE 2004. Cursane a fs. 5448.- INFORMACION RAPIDA DE DERECHOS REALES con relación al inmueble con la Matrícula Nº2.012010009240, con una superficie de 250.000.00 Metros 2, donde indica que es propiedad de FONVIS EN LIQUIDACION, de fecha 26/1072015. Cursante a fs. 5449. INFORMACION RAPIDA DE DERECHOS REALES con relación al inmueble con la Matrícula Nº2.012010009242, con una superficie de 200.000.00 Metros 2, donde indica que es propiedad de FONVIS EN LIQUIDACION, de fecha 26/10/2015. Cursante a 5450. INFORMACION RAPIDA DE DERECHOS REALES con relación al inmueble con la Matrícula Nº2.012010003480, con una superficie de 114079.00 Metros 2, donde indica que es propiedad de FONVIS EN LIQUIDACION, de fecha 26/10/2015. Cursante a fs.5451. INFORMACION RAPIDA DE DERECHOS REALES con relación al inmueble con la Matrícula Nº2.012010009241, con una superficie de 250.000.00 Metros 2, donde indica que es propiedad de FONVIS EN LIQUIDACION, de fecha 26/10/2015. Cursante a fs. 5452. 9.- TESTIMONIO Nº194/2018, de PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE QUE CONFIERE EL SEÑOR ROMUELDO CALLE CONDORI DELGADO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE COOPERATIVISTAS MINERAS LA PAZ-FENCOMIN LA PAZ, EN FAVOR DE LOS SEÑOES SIMON EDUARDO CONDORI MOLLO Y/O FREDDY LOPEZ CHOQUE, de fecha 19 del mes de mayo de 2018, cursante de fs.6519 a fs. 6521. Todos estos documentos que la defensa técnica del acusado Omar Alejandro Asbun Farah, ha hecho producir cumpliendo con todas las formalidades legales como prueba de descargo, sin observación alguna por las otras partes; empero no desvirtuan de forman alguna los términos de la acusación. CONSIDERANDO IV Fundamentacion intelectiva De las pruebas descritas y valoradas por el Tribunal de conformidad a lo dispuesto por el art. 173 del CPP, se tiene lo siguiente: Antecedentes previos a la suscripción del Covenio de 01.06.2004 Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) se creo mediante D.S. Nº23261 de 15 de septiembre de 1992, considerando que la vivienda es una necesidad vital para todo ciudadano boliviano de cualquier nivel de ingreso, en cuya parte dispositiva determina, entre otras cosas, que el sistema de financiamiento para la vivienda queda bajo la tuición del Ministerio de Asuntos Urbanos; la normativa de la intermediación financiera es atribución del Banco Central de Bolivia y la normativa de su fiscalización y control es competencia de la Superintencia de Bancos y Entidades Financieras; que el sistema de financiamiento para la Vivienda está integrado por el Fondo Nacional de Vivienda(FONVI) y por las entidades de financiamiento para la vivienda; y que las entidades de financiamiento para la vivienda son el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL (FONVIS) que a partir de la fecha del citado Decreto Supremo reemplaza al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVI) creado por Decreto Supremo Nº21660 de 10 de julio de 1987, manteniendo su carácter de institución pública, con personalidad jurídica propia, autónoma de gestión y patrimonio propio. El 3 de julio de 1997, la empresa CONSTRUCTORA ASBUN S.R.L., representada por José Pablo Asbún, completamente distinta de la empresa Constructora CASCARENA representada por el acusado Omar Alejando Asbún Farah, suscribe con BIDESA y FONVIS, un contrato de obra por $us14.000.000.-, denominado Proyecto de urbanización AZUCENA, en favor del Sector fabril. FONVIS entra en quiebra y es intervenida el 18 de diciembre de 1997, y BIDESA en fecha 15 del mismo mes y año. Sobre el referido contrato de obra-proyecto AZUCENA, en su declaracion prestada en Juicio oral del presente proceso, a tiempo de negar que hubiese otorgado a favor de Omar Alejandro Asbún Poder N°199/97, José Pablo Aburdene dice que era un un proyecto cerrado de 747 departamentos, incluye los servicios, agua, potable, alcantarillado, vías, calles, etc. Respecto de su costo aclara que era precio global, el precio del departamento era de $us. 19.700 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS), por departamento, incluido el terreno. También indica que inició tres juicios, uno contra el Banco BIDESA y otro contra FONVIS, en contra de ambos por incumplimiento de contrato relativo al proyecto AZUCENA, que no se ejecuto porque que FONVIS entra en quiebra al igual que BIDEZA, y otro contra Omar Asbun por por haber falsificado el Poder Nº199/97. Mientras que la Empresa Constructora ASBUN mantenía una deuda con el FONVIS en Liquidación por concepto de anticipo no invertido en la ejecución de obras de la urbanizaicón AZUCENAS por la suma de $us.1.200.000 (un millón Docientos mil dólares 00/100), que había recibido como adelanto. FONVIS en Liquidación como Institución Pública tenía estos dos problemas pendientes con la empresa CONSTRUCTORA ASBUN S.R.L.: el juicio que le había inncoado por incumplimiento de contrato mencionado; y $us.1.200.000.-que debía devolverle. Por otra parte, el inciso c) del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 09517 de 16 de diciembre de 1970, había establecido la retención del 3x1000 sobre la liquidación bruta de minerales entregados por los Cooperativistas Mineros, Locatarios, Veneros y Lameros del sector, por parte de COMIBOL, BAMIN y ENAF. El 01 de marzo de 1995, el Gobierno Nacional emite el Decreto Supremo Nº23974 del 01 de marzo de 1995, que en sus partes más relevantes dispone: “Artículo 1º, instruye a la Corporación Mineral de Bolivia, COMIBOL, transferir al Tesoro General de la Nación “todos sus bienes inmuebles no relacionados directamente con sus operaciones mineras, así como también los títulos accionarios de su propiedad (…); Artículo 2º, El Tesoro General de la Nación asume, bajo su exclusiva responsabilidad, el pago de las siguientes obligaciones, en compensación por la transferencia determinada en el artículo anterior: b) Los aportes de la corporación Minera de Bolivia en favor de los entes gestores de seguridad social, devengados al 31 de diciembre de 1994; inc.c) Las obligaciones impositivas y deudas a otras entidades estatales acreedoras de la Corporación Minera de Bolivia…”(MP1). El acusado Arq. Manuel Javier Elías Ayoroa había sido designado como Liquidador del FONVIS en Liquidación por Resolución Suprema Nº222139 de fecha 12 de noviembre de 2003(MP-2); y por Decreto Supremo Nº27289 de 20 de diciembre de 2003, se había determinado facultades y atribuciones especiales del nombrado Liquidador, entre las cuales, las más relevanes, eran: realizar los actos necesarios para la defensa del patrimonio del FONVIS; Contratar y designar al personal necesario para cumplir con el proceso de liquidación, con cargo a los recursos de la entidad (MP4). Los instrumentos legales referidos y otros relativos a los hechos que se juzga están contenidas en la prueba judicializada MP-55, así como en las pruebas codificadas pomo MP-1, MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, MP-8, MP-10. Perpetración de hechos acusados Aparentemente convencidos que los aportes de 3 x 1.000 referidos habrían sido efectuados a la COMIBOL únicamente por los mineros cooperativistas afiliados a la Federaciòn Nacional de Cooperativistas Mineros (FENCOMIN), aportes que alcanzarían al monto total de $us.4.788.000.-; y que la devolución de dichos aportes estarían comprendidos dentro de las obligaciones asumidas por el Tesoro General de la Nación, suscriben el Convenio de 01 de junio de 2004 los represetantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), de la Federación Aurífera Minera (FEDAMIN); de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, así como los ahora acusados Omar Alejandro Asbún Farah y Manuel Javier Elías Ayoroa en representacion de la empresa Constructora CASCARENA y el Fondo de Vivienda Social (FONVIS) en Liquidación, respectivamente. El acusado Omar Alejandro Asbún no solamente suscribe en representación de la empresa Constructora CASCARENA, sino también como apoderado y cesionario de la Empresa Constructora ASBUN de José Pablo Asbún (MP11). Este Convenio en sus Cláusulas Primera (Objeto) y Séptima (De las obligaciones), relativo al objeto del Convenio dice que tiene como propósito el de dar cumplimiento a los requerimientos de FENCOMIN, devolución de aportes en lotes de terreno, previa promulgación de norma legal que autorice la compra de 90 hectareas de terrenos brutos a la empresa Constructora CASCARENA representada por Omar Alejandro Asbún, que servirán para la urbanización de 1.800 lotes de terreno útiles de 300 m2 cada uno; y también establece las obligaciones contraídas por Omar Alejandro Asbún como apoderado y cesionario de José Pablo Asbún de la empresa Constructora ASBUN, principalmente son las siguientes: . 1).- Desistirá del proceso judicial por incumplimiento de contrato con relación al Proyecto de urbanización AZUCENAS, incoado contra el FONVIS en Liquidación por la empresa Constructora ASBUN. 2).- Igualmente procederá al pago de la deuda que mantiene la Empresa Constructora ASBUN en favor del FONVIS en Liquidación por concepto de anticipo no invertido en la ejecución de obras de la urbanización AZUCENAS por un valor de $us.1.200.000 (un millón Docientos mil dólares 00/100), con la transferencia de 22 hectareas de terrenos a un valor de $us 5.32 por metro cuadrado, como prestación diversa a la debida al FONVIS en Liquidación, de este pago, con destino para 350 familias del sector fabril asentados en la urbanización Azucenas. 3).- Siendo que los terrenos referidos 90 hectareas para cooperativistas mineros y 22 hectareas con destino al sector fabril, que en total son 112 hectareas de terrenos, ubicados en la Zona de Lipari, de propiedad de varios comunarios, quienes habían otorgado poder al Omar Alejandro Asbún como persona natural para que se los venda al FONVIS en Liquidación con destino a familias mineras y fabriles, también había asumido la obligación de pagar por concepto del precio de la venta a los comunarios propietarios “con cargo a los recursos provenientes de Aportes Devengados al Régimen de Vivienda Social del Sector Cooperativista Minero (3 por 1.000) del periodo (1970-1991) cuantificados a través del Viceministerio de Minería”.. El Tribunal asume plena convicción más alla de toda duda razonable que el Convenio de 01 de junio de 2004 se había suscrito sólo como un artificio para que el Gobierno Nacional viabilice su ejecución y, luego, disponga el desembolso de la suma de dinero de $us 4.788.000.-, sin previa cuantificación para devolver los aportes supuestamente efectuados únicamente por los cooperativistas mineros afiliados a la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros(FENCOMIN), emitiendo primero el Decreto Supremo 27602 de 29 de junio de 2004(MP5) y, luego, el Decreto Supremo Nº27771de 28 de septiembre de 2004(MP6); y que, posteriormente, en fecha 22 de octubre de 2004, en respaldo de dicho Convenio, el co acusado Manuel Javier Elías Ayoroa, en ese entonces Liquidador de FONVIS en Liquidación, dicte la Resolución interna Nº 331/ 2004(MP57), autorizando la transferencia o entrega en favor del acusado Omar Alejandro Asbún Farah de las Notas de Crédidto Fiscal, equivalentes a $us 2.000.000.-, como primer pago, emitidas por el Ministerio de hacienda, en el marco dispuesto por los citados DS Nº27771 y DS Nº27602 y Convenio Mineros – Gobierno de 20 de octubre de de 2004-(MP25). Esta convicción se asume por las razones que a continuación se refiere: De haberse dado cumplimiento debido y legalmente las obligaciones contraídas por el acusado Omar Alejandro Asbún Farah extinguiendo mediante desistimiento la acción judicial incoada por incumplimiento de contrato por la empresa Constructora ASBUN, y haciendo devolver al FONVIS en Liquidación el monto no ejecutado de anticipo otorgado por el ex-FONVIS respecto del Proyecto AZUCENAS, la suma que asciende a $us.1.200.000, posiblemente se habría beneficiado el FONVIS en Liquidación como institución pública, por ende el Estado; pero no solamente las fueron incumplidas, sino que dichas obligaciones establecidas en el referido Convenio, únicamente sirvieron para exhibirlas como una trampa e inducir en error a las autoridades Gobierno Nacional para que disponga el desembolso indebido de la suma de dinero indicado, en beneficio de los suscriptores del Convenio, principalmente de los ahora acusados y representantes de la FENCOMIN. Posteriormente, habiéndose constatado que los mencionados aportes habían sido realizados no solo por los afiliados de la FENCOMIN, sino también por otros trabajadores mineros como locatarios, veneros y lameros; y considerando que su devolución debe necesariamente efectuarse previa cuantificación para evitar irregularidades denunciadas públicamente por la Delegada Presidencial Anticorrupción de ese entonces mediante dos informes, uno emitido en fecha 9 de noviembre de 2004 y el segundo de fecha 09 de febrero de 2005(MP55), mediante Decreto Supremo N° 28021 de 04 de marzo de 2003(MP7), las mismas autoridades del Gobierno Nacional derogan los citados Decretos Supremos Nº27602(MP5) y Nº27771(MP6) que viabilizaban la ejecución del Convenio 01 de junio de 2004. Asimismo, porque personal y directamente el acusado Omar Alejandro Asbún para suscribir el mismo ha utilizado documentos públicos falsos haciendo insertar los datos de los mismos en el mencionado Convenio, punto I.3 de su claúsula primera, consistentes en el Poder Notarial Nº 199/1997 de fecha 10 de julio de 1997, supuestamente conferido ante el Notario de Fe Público Alfonzo Bascope Mendez, por Pablo Asbun Aburdene representate de la empresa CONSTRUCTORA ASBUN S.R.L. en favor de Omar Alejandro Asbun Farah (MP12), y en el documento de contrato de construcción en la modalidad de obra vendida de fecha 10 de julio de 1997 que le acredita al Omar Alejandro Asbun Farah como cesionario también de la mencionada Empresa Constructora ASBUN(MP17), protocolizado, mediante Escritura Pública Nº 479/2004 de fecha 20 de mayo del 2004, previo reconocimioetno de firmas y rúbrica (MP16 y MP18). Y la falsedad de los citados documentos está demostrada por las pruebas codificadas como MP15, MP14, MP12, MP16, MP17, MP18, y la declaración del supuesto poder conferente José Pablo Asbún Aburdene. En virtud de estos dos citados documentos, el Poder 199/1997(MP12) y contrato de obra vendida de de fecha 10 de junio de 1997(MP17,16 y 18), el citado Convenio determina que el acusado Omar Alejandro Asbún, al suscribir el mismo, contrae entre otras, principalemente, las tres obligaciones principales arriba señaladas. Incumplimiento de la obligación de hacer extinguir la acción judicial por desistimiento Para justificar que habría cumplido con su obligación de extinguir por desistimiento la acción judicial incoada en contra de FONVIS por la empresa Constructora ASBUN, por incuplimiento de contrato, también haciendo uso del citado documento falso de contrato de obra vendida(MP13), y manifestando que el mismo es parte indivisible del citado Poder Nº 199/1997, igualmente falso (MP12,15 y 14), Omar Alejandro Asbún se limitó únicamente en presentaar su memorial de desistimiento de fecha 11 de noviembre de 2004, ante la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del referido proceso ordinario(MP24), sin hacer luego seguimiento alguno ni lograr su pronunciamiento al respecto de parte de la autoridades jurisdiccionales, ni informarse del estado en que se encontraba dicho proceso; ya que en los hechos dicho desistimiento, no tuvo efecto legal alguno ni fue considerado, solo lleva cargo de recepción porque fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando había sido devuelto al juez aquo los actuados del mencionado proceso civil anulando los mismos y disponiendo se emita un nuevo fallo. En atención a este simple memorial de desistimiento, solo con cargo de presentación hecha erroneamente, el co acusado Manuel Javier Ellías Ayoroa autoriza mediante la Resolución interna Nº 331/ 2004(MP57), la entrega en favor del acusado Omar Alejandro Asbún Farah de las Notas de Crédidto Fiscal, equivalentes a $us 2.000.000.-, como primer pago, emitidas por el Ministerio de hacienda, y, luego, cuya ejecución de entrega física se efectua en el día, cual consta del acta correspondiente MP22. Incumplimiento de la obligación de devolver al FONVIS $us.1.200.000.- Después de recepcionar los $us 2.000.000.-, y para cumplir supuestamente con su segunda obligación principal de devolver los mecionados $us.1.200.000.-que adeudaba la empresa Constructora ASBUN a FONVIS, en fecha 22 de octubre de 2004, en uso fraudulento de Poderes Natariales otorgados por los propietarios y comunarios del Sector LIPARI, y en representación de la empresa Constructora CASCARENA el acusado Omar Alejandro Asbún transfiere en venta a favor de FONVIS en Liquidación 112 hectareas de terrenos, ubicadas en el Sector del Ex fundo de LIPARI del Cantón Mecapaca de la Provincia Murillo de la ciudad de La Paz, de las cuales estarían destinadas 90 hectareas para 1800 afiliados mineros de la FENCOMIN y 22 hectareas para 350 familias del Sector fabril, aclarando que con estas 22 hectareas estaría devolviendo los $us.1.200.000.-que le adeuda la empresa Constructora ASBUN por concepto de anticipo para la ejecución del proyecto AZUCENAS, lo cual está establecido en su Cláusula Tercera (Objeto), y textualmente dice: “90.0000 Hectarias para la urbanización de 1.800 lotes de terrenos correspondientes a los mineros; y 22.0000 Hectáreas de terreno a favor del FONVIS en Liquidación como pago con prestación diversa a la debida de $us 1.200.0000 Dólares Norteamericanos por concepto de devolución de anticipo según se detalla en la claúsula precedente”. La claúsula precedente aludida, en su parte pertinente, aclara: “El Sr. Alejandro Asbún Farah por la Empresa Constructora y minera CASCARENA Ltda., realiza transferencia de terrenos al FONVIS en Liquidación por concepto de pago y devolución de $us 1.200.000.-(Un millón docientos mil 00/100 Dólares Norteamericanos) entregados por el Banco BIDESA a la Empresa Constructora ASBUN por concepto de anticipo para la ejecución de proyecto habitacional `Azucenas`, monto que no fue invertido en dicho proyecto y que es honrado de esta forma”(MP27). Este contrato de transferencia fue protocolizado mediante Escritura Pública Nº29/2005 de 21 de enero de 2005(MP37 y P.D.D.19, ANEXO 12 de la prueba MP54). Transferencia fraudulenta de terrenos Pero, como se ha indicado, Omar Alejandro Asbún no los ha transferido directamente y a su nombre, sino los ha hecho efectuar fraudulentmente por la empresa Constructora CASACARENA la cual no tenía Poder ni estaba asistido de dereho alguno para transferir ni para cobrar o rebir sumas de dinero por concepto del precio, como lo hecho indebidamente recibiendo los $us.2.000.000.-; puesto que los comunarios propietarios de los terrenos transferidos le han otorgados Poder en favor de Omar Alejandro Asbun Farah como a persona natural, y no a la empresa CASCARENA(MP29, MP31, MP32, MP33, MP57, MP22). Consiguientemente, tampoco cumplió con su segunda obligación principal, y los comunarios propietarios de los terrenos transferidos ilegalmente también resultan ser víctimas. Incumplimiento de la Obligación de pago del precio de la venta en favor de los comunarios propietarios de los terrennos transferidos Relativo a la tercera obligación, pago de precio a los propietarios comunarios, fue igualmente incumplida, como se evidencia de las declaraciones que prestaron tres de ellos como testigos en juicio oral del presente proceso que responden a os nombres de Isidro Pajsi Ali, Gregorio Mamani Gonzales y Fortunato Laura Ticona. Las tres declaraciones testificales de los comunarios de Lipari están ampliamente corroboradas por las pruebas P.C.U.T.DOC.62, y la ya citdas pruebas MP29, MP31, MP32, MP33. Finalmente, se ha establecido que el monto total de los aportes efectuados por los cooperativistas mineros de la FENCOMIN que reclamaron, “segùn el informe de auditoria interna y gerencia administrativa no alcazan ni a la suma de diez mil dólares. Lo que quiere decir que para ejecutar el convenio del primero de junio de 2004, los ex fucionarios del FONVIS y el representatnte de la Empresa Casacarena, han utilizado recursos ajenos(…)”, dice así textualemente el primer INFORME FNVSI/GI/044/06 de fecha 9 de enero de 2006, adjunto entre otros al Oficio FNVSL/DL-598/06 de fecha 24 de abril de 2006(MP54). De donde se infiere que es falso el monto de $us.4.788.000.-que figura en el Convenio de 01 de junio de 2004, como monto total reclamado que habrian aportado los coopertivistras mineros de la FINCOMIN. La acusación también probada con relación al co acusado Manuel Javier Elías Ayoroa De todo lo expuesto también se establece que el co acusado Manuel Javier Elías Ayoroa suscribió a sabiendas el Convenio de 01 de junio de 2022 en perjuicio del mismo FONVIS en Liquidación que representaba, causando por su mala administración daños al patrimonio de dicha Institución Pública; incumplió las facultades y atribuciones especiales que se le ha conferido mediante Decreto Supremo Nº27289 de fecha 20 de diciembre de 2003, para que en ejercicio de la representación legal del FONVIS en Liquidación, entre otras cosas, realice los actos necesarios para la defensa de patrimonio de la entidad (MP4); ya que al margen de otras cosas no observó los datos de los documentos falsos insertados en el citado Convenio ni hizo cumplir la cuatificación del monto total de los aportes reclamado que estaba determinada en el mismo Convenio, previo al desembolso ordenado por error al que fue inducido el Gobierno Nacional; más al contrario gestionó ininterrupidamente la ejecución del Convenio de 01 de junio de 2004(MP46,47,25, 49, 56); emitió la ilegal Resolución Nº331/2004 de 22 de octubre de 2004, autorizando la entrega a la empresa Constructora CASCARENA representada por el acusado Omar Alejandro Asbún Farah, de $us.2.000.000.- como primer pago, desembolsados indebidamente (MP 57); entregó físicamente y en presencia de otros suscribientes del Convenio, la indicada suma de dinero a la mencionada empresa representada por Omar Alejandro Asbún(MP22); así como suscribió irresponsablemente el citado documento de transferencia fraudulenta efectuado de 112 hectareas de terrenos por la empresa CASCARENA sin Poder ni derecho que le asista, en perjuicio de los comunarios propietarios de dichos terrenos. CONSIDERANDO V Fundamentación jurídica Este Tribunal ha establecido responsabilidad penal de los acusados por adecuarse su conducta descrita a los tipos penales previstos en el Código Penal que a continuación se señala. La conducta de Manuel Javier Elias Ayoroa se subsume a los tipos penales de los arts.153(RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES).-“El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutor dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusion de un mes a dos años”; este hecho consiste en emitir, ejecutar o hacer ejecutar actos que la Constitución y la Leyes no contemplan, según la doctrina, este hecho presenta la doble forma del ejercicio de una facultad que se sabe inexitente como tal, y la del ejercicio de una facultad existente en condiciones conocidamente falsas. 154(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES).-: “El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusion de un mes a un año”; se trata de la conducta omisiva del servidor público con relación a los actos propios de su función, respecto de los cuales está legalmente obligados cumplirlos. 221( CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO).-“El funcionario público que, a sabiendas, celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárticas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de Libertad de uno a cinco años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de Libertad de seis meses a dos años. El particular que, en las mismas condiciones anteriores, celebrare contrato perjudicial a la Economía Nacional, será sancionado con reclusion de uno a tres años”; esta figura penal consiste en la celebración de contratos lesivos al Estado o las entidades descentralizadas, autónomas, mixtas o autárquicas, para su consumación tiene que existir el contrato suscrito validado por autoridades competentes. 224(CONDUCTA ANTIECONOMICA).- “El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimnio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de Libertad de uno a seis años. Si actuare culposamente, la pena será de reclusion de tres meses a dos años”; para que exista este hecho doloso el sujeto activo tiene que ser necesariamente, un servidor público que ejerza cargos de responsabilidad en el manejo de instituciones estatales y que por su manifiesta irresponsabilidad en la mala dirección técnica – administrative ocasiones daños al patrimonio de las mismas. Y la conducta descrita de Omar Alejandro Asbún Farah se adecua a los tipos penales de los arts. 203(USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO).-“El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado será sancionado como si fuere autor de la falsedad”, cualquier falsedad prevista por los arts. 198 y 199, tiene por sanción de uno a seis años de privación de Libertad; la normativa legal brinda la posibilidad de sancionar no sólo a los falsificadores sino también a quienes emplean los documentos falsos sabiendo que lo son o que ellos provocarían el perjuicio o el presumible perjuicio, para la sanción de este hecho es necesario que la persona que usa el documento tenga el conocimiento de que ese documento es falso o contiene datos falsos y pretenda beneficiarse con la utilización de los mismos. 335(ESTAFA).-“El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusion de uno a cinco años y con multa de sesenta a docientos días”; este hecho ilícito, no es otra cosa que provocar o fortalecer error de un tercero de quién se pretende aprovechar ilícitamente su patrimonio con la finalidad de que lo disponga a favor del defraudador, empleando para tal fin, engaños, seducción o fraudes. De lo anterior se puede afirmar que la estafa es un delito no específicamente contra la propiedad pues afecta al patrimonio, el mismo que se ve disminuido a raíz del acto de disposición promovido por el engaño. En este entendido el patrimonio será el bien jurídicamente protegido y no así el deber de lealtad que debe existir en las relaciones económicas o comerciales. La estafa en nuestra legislación, encuentra una definición cercana a las expresadas por la doctrina en la que se afirma que la intencionalidad inicial es obtener un beneficio económico, indebido e ilegal, este primer aspecto de la estafa prevista en el artículo 335, deja en claro que los actos de engaño, de fraude y los ardides empleados, no buscan otra cosa que el favorecerse económicamente o a un tercero. Por lo tanto el elemento subjetivo del delito es el dolo cuya finalidad como anteriormente se señaló no es la de engañar solamente si no de aprovecharse económicamente de la víctima por medio del engaño. Es así, que la condición objetiva de la antijuricidad es el empleo de engaños, artificios o provocar o fortalecer error en otro. Art.346 bis(AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES).- “Los delitos tipificados en los artículos 335, 337, 343,344,345, 346 y 363 bis de este Código, cuando se realicen en perjuicio de víctima multiples, serán sancionados con reclusion de tres a diez años y con multa de cien a quinientos días”. En el presente caso son víctimas el FONVIS en Liquidacion, por ende el Estado, cooperativistas mineros, locatarios, veneros y lameros, por otra parte los comunarios propietarios 112 hectareas de terrenos ubicados en la Zona de Lipari que no fueron pagados por concepto de venta fraudulenta de sus terrenos efectuados en la forma ilegal descrita en la parte pertinente del Considerando III de la presente Sentencia por el acusado Omar Alejandro Asbún en representación de la empresa Constructora CASCARENA en favor de FONVIS en Liquidacion. Para la tipificación de la conducta de los acusados de la presente causa penal, de conformida al párrrafo Segundo del art.4° del Código Penal se ha aplicado la ley sustantiva en vigencia en el tiempo en el cual acontecieron los hechos ilícitos por ser más favorable. Esta norma sustantiva ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional mediante Sentencia Constitucional 0770/2012, 13 agosto, con relacion a algunas normas procesales como las contenidas en los art. 91 bis y 344 bis del Código de Procedimiento Penal, estableciendo: “(…) para este Tribunal no resulta admisible que una garantía de los procesados en materia de corrupción sea la de que se les aplique retroactivamente la ley penal sustantiva desfavorable” y más adelante determina también señalando: (…)los arts. 91 Bis y 334 Bis, ambos también referidos a la rebeldía, por tanto la normativa procesal penal citada refiere a reglas del procesamiento y por tanto es de orden adjetivo, por lo que inicialmente puede aplicarse a las causas en tramitación siempre y cuando su aplicación no afecte a los elementos del debido proceso”. Finalmente, de acuerdo a lo previsto por el art. 6 acápite tres del Código de Procedimiento Penal y arts. 8 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la carga de la prueba para establecer la culpabilidad de los acusados en un proceso penal corresponde al acusador, extremo que como quedó establecido en los Coniderandos III, IV, V, del fallo, fue cumplido por el Ministerio Publico y la acusación particular, puesto que aportaron prueba suficiente que destruye el estado de inocencia del que gozan los acusados como garantía constitucional, determinando en definitiva la existencia de responsabilidad penal en los acusados. CONSIDERANDO VI Fundamentación para la aplicación de la pena El art. 365, parágrafo segundo, del CPP dispone, entre otras cosas, que en la sentencia se debe fijar graduando y determinando con precisión las sanciones que corresponda, y para hacerlo así, se debe considerar la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias, las consecuencias del hecho ilícito, causas atenuantes y agravantes, etc, previstas por los arts. 37,38,39,40 del citado Código Adjetivo Penal. La Doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo Nº038/2013 de 18 de febrero de 2013, dice en su parte pertinente: “…a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 no exige la realización de un diagnóstico `de la personalidad´, sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos…b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art.38 inc.2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. C) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto”. En el presente caso particular el acusado Manuel Javier Elías Ayoroa es casado y con hijos, de profesión Aquitecto, nacido en fecha 12 de octubre de 1951, cometió los delitos que se le acusa estando en ejercicio de un cargo directivo como es el de Gerente General, Liquidador, de Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) en Liquidación, que el Gobierno Nacional depositó confianza en él, desginándole en dicho cargo mediane Resolución Suprema 222139, de fecha 12 de noviembre de 2003(MP2), con facultades y atribuciones especiales determinadas mediante Decreto Supremo Nª27289 de 20 de diciembre de de 2003(MP4); por otra parte no tiene antecedentes penales ni policiales, tampoco ha sido declarado rebelde, se sometió al proceso asistiendo puntual y disciplinadamentea a todas las sesiones de audiencia de juicio oral. Mientras, el co acusado Omar Alejandro Asbún Farah, nacido en fecha 24 de enero de 1968, de profesión administrador de empresas según su declaración, con varios antecedentes policiales y judiciales, demostró falta de voluntad de someterse al proceso, inasistió a varias sesiones de audiencia de Juicio Oral, por varias veces también fue declarado rebelde estando bajo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, y últimamente fue declarado rebelde mediante Resolución Nº032/2022 de fecha 04 de abril de 2022, de conformidad a lo dispuesto por los arts.91 Bis y 344 Bis del CPP, asi como por lo determinado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012 de 13 de agosto de de 2012. Durante la sustanciación del proceso, ha interpuesto infinidad de incidentes y excepciones que el Tribunal los declaró infundados; asimismo, reiterativamente, ha planteado incidente de recusación contra miembros del Tribunal, la mayoria de ellos rechazados in límine de conformidad al parágrafo II del art 321 del CPP. El día 23 de Julio de 2019, posiblemente, para alejar del cargo y/o apartarlo definitivamente del conocimiento de la presente causa penal, han presentado una temeraria y falsa denuncia por la supuesta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales policías y abogados previstos en el art. 174 del CP en contra del Juez Precidente dentro del presente proceso, el acusado y su equipo de abogados conformado por JHONY DAVID ZEBALLOS VARGAS, con RPA Nº4295806 JDZV; ERICK I. ALIAGA LOPEZ, con MCALP 1560 MCASCZ, RPA1053824 LIAL, BEATRIZ VIVIANA CABALLERO BARRIOS, Abogada y esposa del acusado Asbún; denuncia a la que se presto extrañamente y coaduyuvó abusiva e injustificadamente YOLA BERNAL ESCOBAR, de ese entonces Encargada de Recursos Humanos del Consejo de Magistratura –Regional a Paz, haciendo efectuar intervención de acción directa en las dependencias de este Tribunal por miembros de la Institución Policial denominada DACI, bajo la direcciòn del Cap. RENE ROJAS APAZA, asesorado por su abogada SHEYLA MONZON. Dentro de la referida denuncia el Juez Presidente que lleva la presente causa penal fue gravemente intimidado utilizando fuerza física y arrestado por ocho (8) horas en las celdas de la FELCC, y su equipo secuestrado donde tenía guardados archivos y actuados del presente proceso y otros, de esa forma lograron interferer y evitar el desarrollo de la etapa final de Juicio Oral del presente proceso que estaba programada para el día 26 de Julio de 2019, en la que tenía que emitirse la Sentencia correspondiente; y no conformes con todo ello y no obstante de que la temeraria denuncia había sido rechazada inmediatamente, han hecho divulgar por medios televisivos y de prensa escrita por varios días la imagen donde aparece el Juez Presidente conducido a las celdas policiales. De esta manera los nombrados sujetos que tiene que ver con la denuncia temeraria han incurrido flagrantemente en la comisión del ilícito de obstrucción de justicia previsto en el art. 32, párrafo Segundo de la Ley Nº004. Finalmente, en atención al tiempo en el que fueron cometidos los delitos juzgados en el presente caso, corresponde al Tribunal aplicar la pena más favorable a los acusados, de conformidad al art. 4 (EN CUANTO AL TIEMPO) del Código Penal que dice: “(…) Si a Ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable(…)”, dicha norma sustantiva es plenamente compatible con lo dispuesto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado, como se tiene establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012, de 13 de Agosto. En consecuencia, siendo indeterminada la pena y en atención a la calidad de las personas acusadas se fija la pena de privación de libertad en contra de Manuel Javier Elías Ayoroa, de seis (6) años de presidio y en contra de Omar Alejandro Asbún Farah de diez (10) años de presidio, que deberán cumplirlas ambos en el Penal de San Pedro de esta ciudad. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: El Tribunal Séptimo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud de la Jurisdicción Ordinaria que por Ley ejerce FALLA declarando por decisión unánime de sus miembros a los acusados: MANUEL JAVIER ELIAS AYOROA, boliviano, nacido en La Paz, en fecha 12 de octubre de 1951, con Cédula de Identidad Nº 337130 L.P., casado, de profesión Arquitecto, con domicilio procesal en Edificio San Pablo, Piso 20, Oficina 203, domicilio real en la Calle 43 Nº 77, Zona de Chasquipampa de esta ciudad, AUTOR de la comisión de los delitos tipificados y sancionados por los arts.153(RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES), 154(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES), 221( CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO), 224(CONDUCTA ANTIECONOMICA) del Código Penal; y OMAR ALEJANDRO ASBÚN FARAH, boliviano, nacido en La Paz, el día 24 de enero de 1968, con Cédula de Identidad Nº 490071 LP, casado, Administrador de Empresas según su declaración, con domicilio procesal en la Calle Yanachocha Nº441, Edif.Arco Iris.Piso 4, Oficina 405, y domicilio real en el inmueble ubicado en el condominio ciudad Jardin Nº2019, de esta ciudad de La Paz, AUTOR de la comisión de los delitos tipificados y sancionados por los arts. 203(USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO), 335(ESTAFA) y 346 bis(AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES) del Código Penal; por existir suficientes pruebas de cargo que ha generado en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de los nombrados acusados, condenándolos a la pena privativa de libertad en reclusión de seis (6) años en contra del primer acusado nombrado Manuel Javier Elias Ayoroa, y de diez (10) años en contra del segundo acusado Omar Alejandro Asbun Farah, que deberán ambos, cumplirlas en la Penitenciaría de San Pedro de esta ciudad, que se computará a partir de sus detenciones, más daños y perjuicios a favor de la víctimas-Acusación Particular y costas al Estado a calificarse en ejecución de sentencia, así como pago de multa de quinientos (500) días, a razón de bolivianos diez(Bs.10.-). Y se declara temerarios a todos los abogados particulares que asistieron al sentenciado Omar Alejandro Asbun Farah, quienes se encuentran debidamente individualizados en la presente Sentencia. Esta sentencia de la que se tomará razón en el Libro que corresponda es pronunciada en la ciudad de La Paz, a horas 14:45, del día jueves catorce de agosto de dos mil diecinueve años, la misma que podrá ser apelada por las partes en el plazo de quince días de conformidad con lo establecido en el art.408 del Código de Procedimiento Penal, y se funda en las siguientes disposiciones legales. Arts. 115, 116, 117, 123 de la Constitución Política del Estado, vigente. Arts.4, 20, 27, 37, 38, 39, 40, 45, 153, 154, 221, 224, 203, 335 y 346bis del Código Penal. Arts. 91 Bis,171, 172, 173, 340, 342, 343, 344, 344 Bis y sgtes., 358, 359, 360,361, 365 del CPP. REGISTRESE Y TOMESE RAZON Marco Antonio Flores Mamani Agapito Huanca Mamani C.I.Nº4824126 L.P. C.I.Nº2364948 L.P. JUEZ CIUDADANO JUEZ CIUDADANO &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA SELLA------------------------------------------------------------------------------------------------------ DR. CLAUDIO TORREZ FERNANDEZ------------------------------------------------------------------ JUEZ PRESIDENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------TRIBUNAL DE SENTENCIA SÉPTIMO-------------------------------------------------------------------------PAZ-BOLIVIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA---------------------------------------------------------------------------------------------------ANTE MÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DRA. ROXANA CASTRO GARNICA------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA ABOGADA -----------------------------------------------------------------------------------------TRIBUNAL SÉPTIMO DE SENTENCIA EN LO PENAL Y SS.CC. ------------------------------------------- LA PAZ - BOLIVIA--------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente edicto es liberado en la ciudad de La Paz a los dieciséis días del mes agosto de dos mil veintidós años.


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