EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN SEGUNDO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


EDICTO Nº121/2022 DR. EMILIO COLQUE BAUTISTA JUEZ DE JUZGADO DE ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Nº2 DE LA CAPITAL SUCRE – BOLIVIA C.U.101102012104765 POR EL PRESENTE EDICTO SE HACE SABER A: LUIS ALVARO URZAGASTE OLARTE que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en instancia de ANA GABRIEL CONDORI TAPIA en contra de LUIS ALVARO URZAGASTE OLARTE por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado por el Art. 272 BIS del Código Penal. SE HA DISPUESTO QUE SE NOTIFIQUE CON: INICIO DE INVESTIGACION CON AUTO, IMPUTACION FORMAL CON DECRETO correspondiente al cuaderno de control de investigación, debiendo publicarse por medio escrito de circulación nacional VIA WEB, EDICTOS JUDICIALES .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para tal efecto se adjunta a continuación la correspondiente pieza procesal del cuaderno control de la investigación. ///:: INICIO DE INVESTIGACION CON AUTO, IMPUTACION FORMAL CON DECRETO ///----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINISTERIO PÚBLICO 101102012104765 SEÑOR JUEZ DE TURNO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL COMUNICA INICIO DE INVESTIGACIONES OTROSI.- Su contenido. Abg. JUAN DAVID ANDRADE GUERRA asignado(a) a la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS EN RAZÓN DE GENERO Y JUVENIL, DE LA CIUDAD DE SUCRE, como director(a) funcional de la presente investigación en aplicación de los Art. 40, de la Ley No. 260 a efectos de control jurisdiccional y en cumplimiento al Art. 289, Art. 293 y última parte del Art. 298 de la Ley 1970, concordante con el Art. 54 inc. 1), del mismo cuerpo legal, informa ante su autoridad el inicio de las Investigaciones preliminares que se detalla, ante su autoridad me presento, expongo y solicito: Número de Caso: 101102012104765 Denunciante(s): ANA GABRIELA CONDORI TAPIA Denunciados (s): LUIS ALVARO URZAGASTE OLARTE Victima(s): ANA GABRIELA CONDORI TAPIA Delito(s): VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA EN SU VERTIENTE FISICA PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 272 BIS DEL CODIGO PENAL Fecha de Inicio de Investigación: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 "Por un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano" Otrosí 1.- Habiendo emitido requerimiento de Medidas de Protección, conforme dispone al Art. 32 de la Ley 348, en concordancia con el Art. 389 bis. y en previsión al Art. 389 Ter. de la No. 1173 Ley de Abreviación Procesal Penal de manera textual indica" II. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará a la jueza o juez de instrucción, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación." solicita a vuestra Autoridad la RATIFICACION de las medidas de protección dispuesta por el suscrito fiscal de materia Abg. Juan David Andrade Guerra, para tal efecto se remite el Requerimiento de Medidas de Protección Otrosí 2.- Por lo precedentemente expuesto, tomando en cuenta que se encuentra involucrado como víctima una persona de sexo femenino, (Ana Gabriela Condori Tapia) el suscrito Fiscal de Materia en representación del Ministerio Público, en apoyo a lo determinado en el Art. 116 Inc. 1) del Código de Procedimiento Penal concordante con el Art. 89 de la LEY 348, solicita la RESERVA de la investigación hasta su conclusión en una de las formas previstas en el citado cuerpo legal Otrosí 3.- Señalo domicilio procesal en oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil de la ciudad de Sucre, Calle Kilómetro 7 N° 282 zona parque Bolívar y Buzón de ciudadanía Digital. Sucre, 24 de noviembre de 2021 Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER N° 2 Sucre – Chuquisaca – Bolivia Sucre, 25 de noviembre de 2021 VISTOS: Regístrese en el libro correspondiente el informe de inicio de investigación presentado por el MINISTERIO PÚBLICO a denuncia de ANA GABRIELA CONDORI TAPIA en contra de LUIS ALVARO URZAGASTE OLARTE, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA en su vertiente física, previsto y sancionado por el Art. 272 Bis. del Código Penal. El Ministerio Publico, a tiempo de comunicar el inicio de investigaciones, presenta resolución fundamentada de aplicación de medidas de protección emitida al amparo de la permisión prevista en el Art. 61 núm. 1) de la Ley 348. Que, de conformidad con el Art. 61 núm. 1) con relación al Art. 72 núm. 2) de la Ley 348, corresponde al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer “Homologar” las Medidas de Protección dispuestas por la autoridad fiscal, quien al conocer en forma detallada y previa los antecedentes del hecho, dispuso las medidas de protección más efectivas destinadas a evitar nuevos actos de agresión y asegurar el desarrollo de la investigación, fuera de ello, no existe reclamo u observación de las partes emergente de su notificación con la misma en sede fiscal. En el caso presente, del análisis de las medidas de protección contenidas en la resolución fiscal adjunta, se evidencia que todas se encuentran dentro del margen de inmediatez y legalidad previstos en el Art. 32 y 35 de la Ley 348, estando destinadas, por tanto, a cumplir con la finalidad de interrumpir e impedir hechos de violencia, además de garantizar el normal desarrollo de la investigación. POR TANTO.- El suscrito Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Nº 2 de la Ciudad de Sucre, con la facultad conferida en el Art. 72 núm. 2) con relación al Art. 61 núm. 1) de la Ley 348, HOMOLOGA la resolución fiscal de aplicación de Medidas de Protección de fecha 24/11/2021, en cuanto se refiere a la aplicación de las medidas de protección previstas en el Art. 35 numerales 4), 6) y 7) de la Ley Nº 348. EL MINISTERIO PUBLICO EN EL PLAZO DE TRES (3) DÍAS SEÑALE EL DOMICILIO REAL PRECISO Y/O FORMA DE NOTIFICAR AL DENUNCIADO. Al Otrosí 1.- Se tiene presente y estese a lo principal. Al Otrosí 2.- Se tiene presente la reserva de las investigaciones de conformidad al Art. 89 de la Ley 348. Al Otrosí 3.- Por señalado el domicilio procesal del MP. REGÍSTRESE.- SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES No. 2 DE LA CAPITAL. CUD: 101102012104765 Imputación Formal. - Otrosí. – Abog. María Fernanda Cortés Rojas, Fiscal de Materia en persecución de delitos de violencia sexual y en razón de genero; en defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejerciendo la acción penal pública por mandato del Art. 225 Constitucional, dentro de los casos acumulados seguido por el Ministerio Publico a denuncia de ANA GABRIELA CONDORI TAPIA en contra de LUS ALVARO URZAGASTE OLARTE por el delito de Violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis núm. 2) del CP; y que, a efectos de control jurisdiccional presento imputación formal: I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES. - DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: Nombres y Apellidos LUIS ALVARO URZAGASTE OLARTE Cedula de identidad: 10719047 Ch. Estado civil: Soltero Fecha de nacimiento: 17/07/1997 Domicilio Inmediaciones del colegio Gastón Villar B Alto Sucre Ocupación: Estudiante SIN MAS DATOS DATOS GENERALES DE LA DENUNCIANTE Y VICTIMA: Nombres y Apellidos ANA GABRIELA CONDORI TAPIA Cedula de identidad: 12367912 Fecha de nacimiento: 14/06/2000 Domicilio: Calle J. Prudencio bustillos Zona mercado campesino Celular: 74457599 II. RELACION DE HECHOS. – En fechas 23 de noviembre 2021 a horas 17:00 p.m. aproximadamente en el domicilio ubicado en la calle J. Prudencio Bustillos de la zona del mercado Campesino el Sr. Luis Álvaro Urzagaste Olarte agredió físicamente a su ex enamorada Ana Gabriela Condori Tapia, quien se encontraba en su cuarto cuando el denunciado ingresa en estado de ebriedad al cuarto de la Sra. Ana preguntando por qué termino con su relación y con quien lo engañaba, empezaron a discutir ahí es donde le quito su celular y lo revisa revisar luego la insulto diciéndole que es una puta, perra y volviendo a preguntar por qué le engaño, de ese modo ella quiso quitarle su celular pero su ex enamorado le agarro a jalones de los cabellos, luego le dio un puñete en la nariz, después le apretó las mandíbulas con su rodilla para luego empujarla haciéndola caer al piso y hacerla golpear sus rodillas y brazos. III.- MEDIOS DE PRUEBA COLECTADOS. - 1. Formulario único de denuncia, de fecha 24 de noviembre de 2021, mediante la que la víctima hace conocer los hechos de violencia físicas los cuales fue sometida por el señor LUIS ALVARO UZAGASTE OLARTE 2. RESOLUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, emitidas en favor de la víctima en fecha 24 de noviembre de 2021. 3. Certificado médico forense de fecha 24 de noviembre de 2021 de la Sra. Ana Gabriela Condori Tapia relazada por el médico forense Juan de Dios Cruz Cruz el cual demuestra en el examen físico segmentario no muestra huellas de lesiones traumáticas en el exterior exteriores en el cuerpo salvo en: Rostro. Región de dorso de nariz presenta una equimosis de color violáceo tenue de 1 cm de diámetro con ligero edema refiere sangrado tras nasal Extremidades superiores. Región de codo izquierdo presenta una equimosis de color violáceo de 2 cm de diámetro, -Extremidades inferiores. Región de rodilla derecha presenta una equimosis de color violáceo tenue de 1,5 cm de diámetro borde regular dándole 3 “tres” días de incapacidad médico legal. 4. Formulario para la prevención de feminicidios identificando el riesgo d feminicidios como Riego Medio. 5. Edicto fiscal, publicado para la comparecencia del señor LUIS ALVARO URZAGASTE OLARDE. IV.- TEORÍA JURÍDICA Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LOS HECHOS. - Del análisis de los hechos expuestos en la denuncia, de las investigaciones realizadas y la documental cursante en el cuaderno de investigaciones se tiene, que existen suficientes indicios de la existencia del hecho punible y la participación en el mismo de LUS ALVARO URZAGASTE OLARTE en el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, previsto en la sanción del Art. 272 bis núm. 2) del C.P. El art. 8.2 inc. b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos señala que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, reconociéndose como garantía mínima la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, precepto que tiene su antecedente en el principio universal del derecho penal nullum crimen nulla poena sine prevé lege, contenido en el art. 117.I de la CPE que refiere: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. Sin bien, lo anterior constituye una garantía jurisdiccional para las personas, también se vincula con el derecho a una acusación formal, o llamado también principio de imputación entendido como el deber del Ministerio Público de individualizar al o los imputados que se pretenda someter a proceso, describir detallada, precisa y claramente el hecho que se acusa, haciendo una clara calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva, puesto que para que una persona pueda defenderse es imprescindible que exista algo de qué defenderse, es decir, que se le atribuya haber hecho algo o haber omitido hacer en el mundo fáctico, con consecuencias jurídico-penales. Al respecto la jurisdicción constitucional, mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció: “El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos”. Así mismo es menester considerar en primer lugar los alcances de la Sentencia Constitucional No. 760/2003-R: la misma que con relación a la Resolución de Imputación Formal ha dejado establecido que: “…. sic…. La imputación formal no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo en alguno de los grados de participación criminal establecido por la ley penal sustantiva, o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios relacionados sobre su participación en el hecho que se le imputa…”. Congruente con estos criterios, el legislador ordinario en el art. 302 del CPP estableció que cuando el fiscal estime que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, misma que deberá contener entre otros los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa; por un razonamiento a contrario sensu, el legislador ordinario ha previsto que, cuando por efecto del proceso investigativo se establezca la existencia de algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso, este aspecto será motivo de rechazo de la acción interpuesta, así lo refleja el art. 304 inc. 4) del CPP que establece que el Fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia. Ahora bien, teniendo establecido la relación fáctica (relación de hechos, Punto II de la presente Resolución), así como los elementos de prueba colectados a lo largo de la Etapa Preparatoria (Punto III), es necesario realizar un exhaustivo análisis Jurídico-legal y probatorio, a efectos de emitir la Resolución correspondiente, para lo cual resulta necesario remitirnos a los tipos penales endilgados, a efectos de establecer la concurrencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal atribuidos al Imputado los cuales deben encontrarse directamente vinculados a los elementos colectados, al efecto debemos conocer el tipo penal endilgado previsto en el Art. 272 bis del C.P. que refiere, "Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito. I. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 3. Los Ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. La violencia familiar o doméstica es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, patrimonial y/o económica o sexual. Comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos. La problemática de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es una violación gravísima de los derechos humanos que afecta al bienestar y desarrollo de los países. En este sentido, afirmó que este mal no se refleja solo en los golpes, sino que existen distintas formas de ejercerla. En Bolivia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 reconoce dichos tipos: • Violencia psicológica, Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. • Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. La Ley 348 en su ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Por otra parte, por disposición expresa del art. 225-1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio Público tiene por misión defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, por cuya razón el proceso penal debe efectuarse en el marco de la objetividad, conforme a las circunstancias concurrentes a la criminalidad a fines de evidenciar tanto la existencia del hecho como la participación del agente en la producción del resultado. Debe considerarse también lo descrito en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de "Belem do Pará". Adoptada por la Asamblea General de la organización de los Estados Americanos en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones del 9 de junio de 1994 y ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley N° 1599 de 18 de agosto de 1994, que define a la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Define a la violencia que se da al interior de la familia e incluye la violación, el maltrato y el abuso sexual y establece la tipología de la violencia (física, sexual y psicológica). La definición que da la Convención Belén do Pará de la violencia contra las mujeres está acompañada de los compromisos que asume el Estado sobre el acceso a la justicia para las mujeres, se respete su vida, el derecho a la integridad física, psicológica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho de igualdad y protección ante la Ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido en los Tribunales competentes y que la proteja de actos que violen sus derechos. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1100 de 1989; y su Protocolo Facultativo, también ratificado mediante Ley Nº 2103 del año 2000, que establece la urgencia de modificar los roles tradicionales de los hombres y las mujeres en la sociedad y la familia, señala también la responsabilidad de los Estados por la discriminación que sufren las mujeres, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, define la violencia contra las mujeres y la reconoce como una forma de discriminación que constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, debiendo los Estados establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar la violencia contra las mujeres. La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1599 de 1994, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 2398 de 2002. En este instrumento internacional, se reconoce y califica a la violencia contra las mujeres, así como la violación y otras agresiones sexuales, como delitos de lesa humanidad. La Constitución Política del Estado, en su catálogo de derechos fundamentales (Art. 15), incluye el reconocimiento de los derechos a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Señala que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Este mandato constitucional, responde al reconocimiento, de que la violencia de género, contra las mujeres requiere especial atención por parte del Estado, lo cual ha sido ratificado por la Ley Nº 348 al declarar la erradicación de la violencia contra las mujeres como prioridad nacional. Ahora bien, con relación al caso concreto, en referencia al delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto en la sanción del Art. 272 bis núm. 3) del Código Penal, tenemos que el imputado Luis Álvaro Urzagaste Olarde el que en fecha 23 de noviembre 2021 agredió físicamente a la Sra. Ana Gabriela Condori Tapia ingresando a su cuarto ubicado en la calle J. Prudencio Bustillos de la zona del mercado Campesino reclamándole por una supuesta infidelidad y agarrándola de los cabellos y con un golpe en la nariz todo esto cuando el imputado se encontraba en estado de ebriedad. Finalmente, el artículo 20 del Código Penal refiere: “Son Autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso…sic…”, de donde se evidencia la participación del Imputado Luis Álvaro Urzagaste Olarde en grado de AUTORÍA. V. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. - Para la imputación formal Arts. 225 de la Constitución Política del Estado, Arts., 73, 301 num. 1), 302, de la Ley 1970, Art. 272 bis núm. 2) del Código Penal, Art. 7 num. 4), 8 num. 3) del Pacto de San José de Costa Rica, Arts. 8, 12.2 y 40.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico. VI. CALIFICACION PROVISIONAL E IMPUTACION FORMAL. - Por los antecedentes precedentemente expuestos, los elementos de convicción e indiciarios colectados hasta el presente trance procesal, el Ministerio Público en aplicación de lo previsto por los arts. 301 Num. 1) y 302 del CPP: 1° CALIFICA PROVISIONALMENTE el hecho como Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el Art. 272 bis núm. 2) del Código Penal y 2° IMPUTA FORMALMENTE la probable comisión del delito de violencia familiar o doméstica al ciudadano Luis Álvaro Urzagaste Olarde, en grado de autoría, conforme prevé el art. 20 de la ley sustantiva penal. “Construir un Sistema Penal más justo, pero fundamentalmente más humano” Otrosí 1.- Se adjunta declaración informativa del ahora imputado. Otrosí 2.- Ofrezco en calidad de prueba indiciaria toda la documental que cursa en el cuaderno de investigaciones que sustentan la presente resolución de imputación formal. Otrosí 3.- Domicilio para conocer providencias, calle Kilometro 7 No. 282. Sucre, 09 de marzo de 2021 Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER N° 2 Sucre – Chuquisaca – Bolivia C.U. 101102012104765 Sucre, 13 de mayo de 2022 Se tiene presente la imputación formal, presentado por el MINISTERIO PÚBLICO en contra de LUIS ALVARADO URZAGASTE OLARDE, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, previsto y sancionado por el Art. 272 bis. del Cód. Penal, notifíquese al imputado en forma personal. Para efectos del control jurisdiccional de la investigación previstos por los artículos 54 numeral 1) y 279 del Código de Procedimiento Penal. Con carácter previo, a declarar la rebeldía de LUIS ALVARADO URZAGASTE OLARDE, corresponde notificar al imputado con la imputación formal que ha sido emitido el MP., conforme los datos que haya otorgado la representación fiscal; será entonces que el suscrito juzgador; quien tiene el control jurisdiccional, constate la notificación y de ser solicitado convoque al imputado y ante su incomparecencia, correspondería declararlo Rebelde en aplicación al Art. 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia, NO CORRESPONDE aún declarar la rebeldía de Luis Alvarado Urzagaste Olarde. Ahora bien, toda vez que se desconoce la ubicación exacta del domicilio del imputado a efectos de su legal notificación y no siendo viable la notificación en tablero en atención a las previsiones contenidas en el Art. 163-1 del CPP., más aún cuando se le otorga un plazo límite para interponer excepciones como se prevé el Art. 314 del CPP., por auxiliatura procédase a la publicación de edictos en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia, sea a través del Sistema Informático de Gestiones de Causas, debiendo el MP., hacer llegar el inicio de investigaciones y la imputación formal en formato digital Word al número de celular 77119163, a efectos de notificar por edictos, sea en el plazo de 24 horas. Al Otrosí 1.- Se tuvo presente. Al Otrosí 2.- Se tiene presente. Al Otrosí 3.- Por señalado. El presente edicto es librado en la ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D. S. O.


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