EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA OCTAVO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO DRA. MARIA AMPARO ZAPATA SOLIS.- JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 8 DE LA CAPITAL. PARA: MARY KARLA BURGOS UZEDA POR EL PRESENTE EDICTO HACEN SABER Y CONOCER A: MIRIAM FERNANDEZ MAMANI, FLORA VEIZAGA DE TERCEROS, ISIDRO TUMIRI ROBLEZ Y PAULINA JAILLITA SILES, CON EL PROVEIDO DE 15 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE IRENE VEIZAGA MOYA CONTRA ERICK GONZALES FLORES Y OTROS, POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA CON LA AGRAVANTE DE VÍCTIMAS MULTIPLES, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS. 335 Y 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRASCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO: AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL VISTOS: La acusación formal interpuesta por el Fiscal, Dr. Freddy Luna Colque contra Néstor Rodríguez Anagua, por el delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal, los antecedentes del caso y; CONSIDERANDO I: Que, por acusación fiscal de 29 de abril de 2022, el fiscal Freddy Luna Colque, Fiscal de Materia, ha interpuesto acusación contra Néstor Rodríguez Anagua; remitida dicha acusación formal a este Juzgado de Sentencia N° 8, en fecha 19 de mayo de 2022, la misma es radicada por proveído en fecha 20 de mayo de 2022. Ahora bien, de la revisión de los fundamentos facticos del pliego acusatorio, se establece en lo esencial que, conforme al Memorándum N° 1941 de fecha 17 de agosto de 2012, emitido por el Alcalde Municipal, realizada la auditoria especial sobre procesos de fiscalización observados en el cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y coro de contravenciones tributarias, se emite el informe INF DAI M° 11/13 de fecha 15 de octubre de 2013 que evaluado el informe por la Contraloría General de Estado y la recomendación del informe de valuación IC/E009/E14 y el instructivo contenido en el memorándum DAI/MEMO N° 04/2016, emergente del informe INF DAI N° 11/13 respecto al punto 2.4 respecto a la impugnación de proceso de fiscalización con caso Ítalo Boliviana y Caso Federación Boliviana de Futbol: con referencia al caso 11/13 respecto 2.4 impugnación de proceso de fiscalización con fallo a favor del contribuyente, después de la recopilación de información se verifica que dentro el proceso de fiscalización, en fecha 25 de julio de 2008 se metió la orden de fiscalización N° 5388/2008 para la fiscalización de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, con código catastral 110149B001000, ubicado en la Av. Maco Kapac N° 01070 de propiedad del Colegio Ítalo Boliviano, por las gestiones 2001 al 2004, orden de fiscalización que se encuentra firmada por Zenón Antezana, Director de Gestión de ingresos, Edson Castellón Orihuela Director de Gestión de Ingresos Néstor Rodríguez Anagua auditor designado, es así que en fecha 19 de septiembre de 2008, se notifica al Colegio Ítalo Boliviano, representando por Loredana Celebrin quien es la Directora del referido colegio, con la orden de fiscalización N° 5388/2008, después de 2 meses de emitida la orden de fiscalización N° 5388/2008, por lo que en fecha 20 de diciembre de 2010, Néstor Rodríguez en su condición de fiscalizador, emite el informe final de fiscalización, mediante el cual estableció que el contribuyente incurrió en omisión de pago de las deudas en mora determinando en la parte conclusiva una deuda de 481.576 bolivianos, en la misma fecha y en base al informe de fiscalización N° 4537, se emite la vista de cargo N° 4130 que determina la deuda por concepto de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 por un valor total de Bs. 482.108, vista de cargo firmada por Néstor Rodríguez – profesional del departamento de fiscalización, Edwin Castellón Orihuela – jefe departamento de fiscalización y Zenón Antezana Director de recaudaciones; ante esta situación mediante memorial de 12 de enero de 2011, Lorenada Celebrin en representación del Colegio Ítalo Boliviano, solicita al Alcalde Municipal de Cochabamba, la prescripción del pago de impuestos por las gestiones 2001, 2003 y 2004 del inmueble 131625 y nulidad de procedimiento de fiscalización y la vista de cargo, para que posteriormente Willy Villazon Arandia –encargado del departamento jurídico tributario, vía Wilfredo Jiménez Saavedra Encargado del Departamento Jurídico tributario y Zenón Antezana – Director de Recaudaciones, mediante nota DJT N°970/2011 informar y dar mérito al declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI únicamente de la gestión 2001 del inmueble 131625, en fecha 26 de septiembre de 2011 el Gobierno Autónomo Municipal de Cercado Cochabamba mediante la Dirección de Recaudaciones como Administración Tributaria Municipal a través de la Resolución Administrativa N° 501/2011, ratifica el informe DJT N° 970/2011 y declara procedente la solicitud de prescripción de la gestión 2001 e improcedente la solicitud correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, disponiendo la cancelación de lo adeudo tributario, bajo conminatoria de ley. Interpuesto el recurso de alzada correspondiente, en fecha 16 de enero de 2012, la autoridad de impugnación tributaria emite la resolución del recurso de alzada ARIT-CBA/RA0006/2012, a través del cual resuelve revocar totalmente la resolución administrativa N° 501/2011 de 26 de septiembre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, del inmueble con N° 131625 con CC N° 110149B001000, de propiedad del Colegio Ítalo Boliviano conforme el art. 212 incl a) de la Ley 2492 (CTB), notificada esta determinación en fecha 31 de enero de 2012, Zenón Antezana Director de Recaudaciones del GAMC plantea ante la autoridad nacional de impugnación recurso jerárquico; que conforme resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0206/2012 se resuelve conformar la resolución ARIT –CBA/RA 0006/2012 de 16 de enero de 2012, dictada por la autoridad regional de impugnación tributaria de Cochabamba, llegándose a identificar irregularidades en la emisión de la vista de cargo, como fuera de plazo, pues la orden de fiscalización N° 5388/2008 emitida el 25 de julio de 2008, fue notificada recién el 19 de septiembre de 2008, estableciéndose como plazo límite para la emisión de la vista de cargo la misma fecha es decir, el 19 de septiembre de 20008, tomando en cuenta la fecha de notificación de la orden de fiscalización; sin embargo, la vista de cargo fue emitida recién en fecha 20 de diciembre de 2010 notificadas en fecha 3 de enero de 2011, es decir, después de más de 2 años, lo cual demuestra que no fue emitida dentro el plazo establecido por ley, además tampoco se evidencia la solicitud de prórroga pro 5 meses más y que haya sido autorizado por la administración tributaria conforme la ley 2492, pues el art. 104 (procedimiento de fiscalización), que estable que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la vista de cargo no podrán transcurrir más de doce meses, sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad de la administración tributaria podrá autorizar una prorroga hasta por seis meses más. Coligiéndose de esta manera que Néstor Rodríguez Anagua ex servidor público (profesional 2 de departamento de fiscalización), durante el periodo de 21 de abril de 2004 hasta el 28 de junio de 2013, al haber iniciado y tenido a su cargo el proceso de fiscalización mediante orden de fiscalización mediante orden de fiscalización N° 5388/2008, emitid en fecha 25 de julio de 2008, al haber emitido extemporáneamente el informe final de fiscalización N° 4537, después de dos años de haberse emitido la orden de fiscalización, ocasionando que la vista de cargo N° 4130 también sea emitida de manera extemporánea, además por no haber emitido la vista de cargo ante las instancias correspondiente (departamento jurídico tributario) para la emisión de la resolución, ocasiono que prescríbala facultad de la administración tributaria municipal de determinar la deuda tributaria por las gestiones 2003 y 2004, por lo que la fiscalización no ha sido ejecutada ni concluida en los plazos establecidos según la ley 1340 y la ley 2492, e incumpliendo las funciones establecidas del departamento de fiscalización. Hechos que motivaron el inicio de la presente investigación, así como la presente resolución. Fundamentos por los cuales, en criterio del Ministerio Público, la conducta del encausado Néstor Rodríguez Anagua, se adecua al delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal, secundando la misma a través de pruebas testificales, y documentales a desfilarse en el debate del juicio Oral. CONSIDERANDO II: Que, con la acusación presentada por la autoridad fiscal, por proveído de 20 de mayo de 2022, se ordenó la notificación personal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a efectos de que presente su acusación particular o se adhiera a la acusación formal; notificada el GAMC con las formalidades previstas por ley, la misma a través de su representante legal, Klaus Nieto Escobar, por memorial de 14 de junio de 2022, formula su acusación particular en contra de Néstor Rodríguez Anagua por el delito de incumplimiento de deberes. En ese orden, por proveído de 4 de julio de 2022, se ordenó la notificación personal del acusado Néstor Rodríguez Anagua, a efectos de que ofrezca y presente sus pruebas de descargo; notificado el prenombrado acusado con las formalidades previstas por ley, el mismo, a través de memorial de 19 de Agosto de 2022, realiza su ofrecimiento y presentación de pruebas de descargo. En consecuencia, estando así cumplidos los actos preparatorios de juicio oral y los requisitos formales como materiales, que se hallan descritos en el art. 340 del Código de Procedimiento Penal, modificado por Ley N° 586 de 30 de octubre de 2014, corresponde convocar a la audiencia de Juicio Oral mediante Auto de Apertura de Juicio, con base en las acusaciones fiscal y particular. POR TANTO: La Juez de Sentencia Penal N° 8, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en aplicación de la última parte del art. 340, así como los arts. 342 y 343 del Código de Procedimiento Penal, ordena la apertura de JUICIO ORAL contra NÉSTOR RODRÍGUEZ ANAGUA, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el Art. 154 del Código Penal; señalando audiencia para la celebración del JUICIO ORAL para el DIA 17 DE ENERO DE 2023 A HRS. 08:30, misma que se desarrollará de manera presencial; a ese efecto, notifíquese a las partes de manera personal conforme dispone el Art. 163 núm. 2) procesal. En ese orden, a fin de garantizar la defensa técnica del procesado, se designa como defensor de oficio al Dr. Víctor Hugo Zurita Alvarado, a quien deberá hacérsele conocer la presente resolución, de manera personal; profesional que deberá tomar conocimiento de los antecedentes del proceso con la debida antelación, bajo su exclusiva responsabilidad. Se hace constar que la audiencia de juicio oral no se programa dentro los 45 días establecidos por ley, debido a que el rol de audiencias de este juzgado se encuentra completamente saturado con otras audiencias establecidas con anterioridad, por lo que, constituyéndose estos argumentos en circunstancias de fuerza mayor que deriva de la excesiva carga procesal que soporta este despacho judicial, al amparo del Art. 130 del Código de Procedimiento Penal, se declara en suspenso los plazos procesales hasta la fecha fijada para la celebración del juicio oral. Así también, se ordena la citación a los testigos ofrecidos por los sujetos procesales, debiendo a ese efecto, expedirse los respectivos mandamientos de comparendo conforme soliciten las partes, no obstante se advierte que la inobservancia del mismo, no será admitida como causal de suspensión de la audiencia fijada. Se advierte a las partes que el presente auto es inapelable en virtud a lo dispuesto por el Art. 342 del Código de Procedimiento Penal. El señor Secretario-Abogado deberá dar cumplimiento al Art. 343 parte segunda de las tantas veces citada Ley 1970. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Fdo. Maria Amparo Zapata Soliz, Juez de Sentencia Penal N° 8, ante mí Secretario Abogado, Edwin Acosta Pozo. Es conforme. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR AUTO DE APERTURA E JUICIO ORAL. DOY FE. Cochabamba, 12 de septiembre de 2022


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