EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA AL IMPUTADO MARCIAL PACHECO JARRO CON EL AUTO DE VISTA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PROVEIDOS DE 26 DE OCTUBRE DE 2015 Y DE 12 DE OCTUBRE DE 2020 DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE MARIA LEONOR OVIEDO CONTRA MARCIAL PACHECO JARRO, POR LOS DELITOS DE VIOLACION A NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE TIPIFICADO Y SANCIONADO POR EL ART.308 BIS) CON LA AGRAVANTE ESTABLECIDA POR EL ART. 310 NUMERALES 2) 3) Y 7) DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VISTOS: En apelación restringida la sentencia de fecha 02 de octubre de 2010 pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Maria Leonor Oviedo en contra de Marcial Pacheco Jarro por la presunta comisión del delito de Violación a Niño, Niña y/o Adolescente, previsto y sancionado por el Art. 308 bis) con la agravante establecida por el Art 310 numerales 2), 3) y 7) del Código Penal, los antecedentes procesales, la normativa legal aplicable, y; CONSIDERANDO 1: Que el Tribunal de Sentencia N° 3 de la Capital, ha pronunciado la sentencia de fecha 02 de octubre de 2010, leida integramente en fecha 06 de octubre del mismo año, por la que declaró al imputado Marcial Pacheco Jarro, Autor y Culpable del delito de Violación a Niño, Niña y/o Adolescente, previsto y sancionado por el Art. 308 bis) con la agravante establecida por el Art 310 numerales 2), 3) y 7) del Código Penal, pronunciando en consecuencia sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena privativa de libertad de veinticuatro años de presidio sin derecho a indulto, a cumplir en el Penal de "El Abra", con costas. Esta sentencia fue apelada por el imputado Marcial Pacheco Jarro, mediante memorial presentado en fecha 29 de octubre de 2010, (Fs. 158-160), el cual previo emplazamiento de la parte adversa, fue remitido al Tribunal Departamental de Justicia, mediante providencia de fecha 21 de diciembre de 2010 (Fs. 179). Que, de acuerdo a la regla general prevista por el Art: 396-3) del Código de Procedimiento Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código de Procedimiento Penal, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida y, de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia, en el que deben citarse concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, expresando cual es la aplicación que se pretende, debiendo indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos, por lo que en primer término se pasa a considerar su admisibilidad. Examinado el recurso de apelación restringida presentado, se establece que el mismo ha sido interpuesto cumpliendo las formalidades que establecen los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se ADMITE el mismo y se pasa a resolver los aspectos cuestionados de acuerdo a lo determinado por el Art 398 de la misma Ley Procesal Penal. 1. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL ACUSADO MARCIAL PACHECO JARRO. El apelante en lo esencial señala que en la audiencia de juicio oral se atentó contra su derecho al debido proceso, toda vez que se habría aceptado la intervención de Maria Leonor Oviedo en calidad de representante de la querellante, la cual intervino en el juicio oral sin tener representación legal debidamente reconocida, atentando las normas constitucionales y procedimentales.- Por otra parte, manifiesta que se vulnero el debido proceso, al haberse admitido la declaración de la señora Bertha Pacheco Jarro, quien al momento de prestar su declaración se habría identificado como hermana del acusado por lo que la misma -a criterio del apelante- debía abstenerse a declarar, por lo que se habría violado lo dispuesto por el Art. 35 del Código de Procedimiento Penal y Art. 14 de la Constitución Política del Estado. Cita las S.C. Nos 600/2003-R, 136/2005 y el AS 368 de 17 de septiembre de 2005, y manifiesta que al haberse dictado sentencia con un defecto absoluto en su accionar con la falta de representación legal de la victima y la declaración entre familiares, contraviniendo la norma penal, de conformidad a los Arts. 407 y siguientes, 169 Num. 3) y 370 Num. 4 del Código de Procedimiento Penal, solicita que el Tribunal de alzada anule la sentencia apelada y disponga la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia. CONSIDERANDO II: II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA. En primera instancia, corresponde a este Tribunal de Alzada pronunciarse con relación a la intervención de María Leonor Oviedo en calidad de representante de la querellante, misma que - según el apelante - habría intervenido en el juicio oral sin tener representación legal debidamente reconocida, atentando con ello al debido proceso. En lo que corresponde a este punto impugnado, cabe tener presente que de la revisión del Acta de Juicio Oral (Fs. 137 Vita), se evidencia que la representante del Ministerio Público, la acusación particular, asi como la defensa del imputado, señalaron que no interpondrían ningún incidente, es decir, la defensa del imputado no cuestiono la intervención de la acusadora particular en el momento procesal previsto por el Art 345 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la disposición legal citada, determina que todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el apelante no ha planteado oportunamente saneamiento procesal, menos ha efectuado reserva de recurrir, en ese entendido el Art. 407 de la Ley 1970, prevé que el recurso de apelación restringida solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, concibiéndose con ello que el apelante dejó precluir su derecho, puesto que se reitera, las partes en cada etapa procesal deben oportunamente plantear las excepciones o incidentes que correspondan ante la autoridad que se encuentre en conocimiento de la causa, por cuanto, ante la conclusión de una etapa, no puede retrotraerse la misma, por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido oportunamente las acciones o recursos legales; correspondiendo reflexionar en este punto que la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, la que siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, determino que: “la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (..). Igualmente, con relación a la preclusión de las etapas, el Auto Supremo N° 46 de 07 de marzo de 2006 pronunciado por la Sala Per Primera de la Ex Corte Suprema de Justicia -ahora Tribunal Supremo de Justicia, señaló: “que evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos, las parte en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos gales oportunamente. Que en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En juicio oral como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva mientras que el recurso da casación encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencial y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas. De lo expuesto se puede concluir que la apelación planteada con relación a este punto carece de mérito. Por otro lado, el apelante alega que concurre defecto de sentencia, previsto por el Art 370 numeral 4) del Código de Procedimiento Penal, esto en razón a que se habría admitido la declaración de la señora Bertha Pacheco Jarro, quien se habría identificado como hermana del acusado, por lo que a criterio del apelante- debla abstenerse a declarar, consiguientemente se habría violado lo dispuesto por el Art 35 del Código de Procedimiento Penal y Art. 14 de la Constitución Política del Estado. Respecto a este punto reclamado por el apelante sobre la existencia del defecto de sentencia previsto en el numeral 4) del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, referente a la judicialización de la testifical prestada por la Sra. Bertha Pacheco Jarro; este Tribunal de Apelación considera necesario hacer mención a la doctrina legal aplicable emitida por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Auto Supremo No. 115 de 31 de enero de 2007, toda vez que señala "Que los incidentes interpuestos sobre exclusión probatoria dentro del juicio oral se resolverán por el tribunal de sentencia, teniendo este la facultad de resolver conjuntamente el asunto de fondo en la sentencia o mediante un auto dentro del juicio oral, en este caso, la parte procesal afectada o que no se encuentre de acuerdo con dicha resolución, deberá anunciar interponer recurso de apelación restringida, vale decir, que al tiempo de recurrir de apelación restringida la sentencia, impugnara la resolución que resolvió el incidente de exclusión probatoria. En caso de que el recurrente haya equivocado el anuncio del recurso y haya interpuesto recurso de apelación incidental, su derecho de impugnación habrá precluido, por no haber anunciado el recurso de apelación restringida, en caso de haber anunciado el recurso de apelación restringido y no haber cuestionado la resolución sobre exclusión probatoria dentro del recurso de apelación restringida, habrá precluido también dicho derecho". En el caso presente y de la revisión del Acta de Juicio Oral se establece que la prueba testifical de cargo (Fs. 138), consistente en la declaración efectuada por la Sra. Bertha Pacheco, na sido legalmente ofrecida, admitida, producida y judicializada, además en la audiencia de Juicio Oral la defensa del imputado no ha planteado incidente de exclusión probatoria, tampoco hizo reserva de recurrir con relación a la admisión de la mencionada prueba testifical, habiendo dejado precluir su derecho, consiguientemente en esta instancia mal puede cuestionar la admisión de dicha prueba testifical, por lo que al no haber obrado el imputado apelante conforme a la doctrina legal aplicable precedentemente glosada, su impugnación con relación a este punto resulta carente de mérito. Finalmente, el apelante arguye que concurre el defecto absoluto, previsto por el Art. 169 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal, por no tener la acusadora particular representación legal de la víctima y por haberse permitido la declaración entre familiares. En lo que incumbe al defecto absoluto previsto por el numeral 3) del Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, cabe tener presente que no se advierte de qué forma los hechos relatados por el apelante constituyen actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación y que los mismos estén expresamente sancionados con nulidad por cuanto en materia de nulidad de obrados no existe la nulidad discrecional, puesto que la nulidad esta prevista por los Arts. 166, 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal y las disposiciones legales del mencionado procedimiento que expresamente sancionan con nulidad, más aún si se toma en cuenta que no basta que exista sanción legal, puesto que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantias esenciales de la defensa en juicio, además que el apelante no ha mencionado expresamente que derecho y garantia previstos en la Constitución Politica del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y la ley 1970 se ha visto privado de ejercer menos argumenta cuál es el interés juridico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugna, habiéndose señalado de manera genérica que la acusadora particular no tenia representación legal de la victima y que se permitió la declaración entre familiares, empero, no especifica su punto de agravio, tampoco este Tribunal advierte que en los hechos relatados exista una actuación procesal defectuosa no susceptible de convalidación y que corresponda su revisión de oficio, conforme a lo previsto por el Art. 17-1 de la Ley 025. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia N°3 no ha incurrido en ninguno de los defectos de sentencia señalados por el Art. 370 y menos en los defectos absolutos establecidos por el Art 169 del Código de Procedimiento Penal, que acarree la nulidad de la Sentencia conforme pretende el apelante. POR TANTO: La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado MARCIAL PACHECO JARRO, consecuentemente CONFIRMA en todos sus extremos la Sentencia apelada. En aplicación del Art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que tienen el término de cinco días para interponer el Recurso de Casación a contar desde la notificación con el presente Auto de Vista, conforme establece el Art. 417 del Código señalado. REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Vocal Relator: Ever Richard Veizaga Ayala de la Sala Penal Segunda. PROVEIDO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 - Cochabamba, 26 de Octubre de 2015. A, merito del informe presentado por la Oficial de Diligencias de esta Sala, se DISPONE notificar al imputado Marcial Pacheco Jarro con Auto de Vista de fecha 11 de Septiembre de 2015 mediante Edicto en un diario de circulación nacional, conforme a procedimiento correspondiendo al Ministerio Público, coadyuvar con esta actuación, por lo que por Secretaria de Cámara expídase lo correspondientes edictos. Notifique el Oficial de Diligencias. Fdo.- Mirtga Gaby Meneses Gomez, Presidenta de la Sala Penal Tercera, Fdo.- Adriana Ruiz ESpinoza Secretaria – abogada de la Sala Penal Tercera. ES CONFORME PROVEÍDO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020 En aplicación a lo que establece el art. 165 del CPP, se dispone la notificación por edicto a través del Sistema Hermes. Notifique funcionaria. Fdo.- Dra. Mabel Velasquez Miranda, Secretaria - abogada Sala Penal Tercera. ES CONFORME Cochabamba, 01 de septiembre de 2022. D. S. O.


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