EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: SALA PENAL TERCERO


E D I C T O EL DOCTOR: DANIEL ROLANDO COPA ROQUE, PRESIDENTE DE SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE ORURO, EN ESTRICTA OBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, POR CUANTO LA LEY LE FACULTA.- POR EL PRESENTE EDICTO DE LEY SE NOTIFICA A: PAOLA LIZETH AYZA CANAVIRI, A OBJETO DE QUE TOME CONOCIMIENTO DE LOS ACTUADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE EDICTO, DENTRO EL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE IVER MIGUEL POMA GUTIÉRREZ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE LESIONES GRAVISIMAS, A CUYO. FIN SE TRANSCRIBE, EL SIGUIENTE ACTUADO DE LEY: Tribunal Departamental de Justicia de Oruro Sala Penal Tercera Auto de Vista Nro. 072/2022 Oruro, 12 de agosto de 2022 Nurej No. 4063692 Apelación Restringida Emitido dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO contra IVER MIGUEL POMA GUTIÉRREZ, por la presunta comisión del delito de LESIONES GRAVÍSIMAS. VISTOS: El contenido del recurso de Apelación Restringida interpuesto contra la Sentencia Nro. 33/2021 emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 1, de la Capital (Oruro Bolivia), dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de Lesiones Gravísimas, seguido por el Ministerio Público en contra de Iver Miguel Poma Gutiérrez, los datos del proceso y todo lo inherente; CONSIDERANDO I.- (Antecedentes): I.1. Que el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 1 de la Capital (Oruro Bolivia), una vez concluida la audiencia de juicio oral, pronunció la Sentencia Nro. 33/2021 de 13 de octubre de 2021, que en lo más relevante de su parte resolutiva señala: “…Al existir suficientes y vehementes elementos de culpabilidad en el hecho que se juzga, este Tribunal de Sentencia Penal 1º de la Capital dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra de: IVER MIGUEL POMA GUTIÉRREZ declarándole AUTOR del delito de LESIONES GRAVÍSIMAS, tipificado y sancionado por el Art. 270 Núm. 6) del Código Penal, en consecuencia se le impone la pena de 07 (SIETE) años de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, a cumplir en la Cárcel Pública de “San Pedro” de esta ciudad, debiendo concluir la pena impuesta en fecha 13 de octubre del año 2028, sin perjuicio de que se le compute como parte de la pena cumplida de sanción, el tiempo que estuvo detenido preventivamente por este hecho, inclusive en sede policial, debiendo expedirse el mandamiento de condena previsto por el numeral 4) del Art. 129 del Código de Procedimiento Penal, una vez ejecutoriada la presente sentencia, con costas ser averiguables en ejecución de sentencia.”. I.2. Notificadas las partes con dicha determinación, Iver Miguel Poma Gutiérrez interpone recurso de apelación restringida mediante escrito cursante de fs. 67 a 77 del testimonio de apelación; recurso que no fue objeto de contestación. I.3. Por proveído de fecha 07 de febrero de 2022 se dispone la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, radicando conocimiento en esta Sala Penal Tercera mediante proveído de fecha 18 de febrero de 2022. CONSIDERANDO II.- (Argumentos del recurso de apelación).- II.1.-Argumentos del recurso de apelación de Iver Miguel Poma Gutiérrez.- II.1.1.- Denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de sentencia contenido en el núm. 1 del art. 370 del CPP.- Señala el recurrente que en el acápite de la sentencia donde se afirma que la acción desplegada por su persona se adecuaría al delito de lesiones gravísimas, no se advertiría ningún proceso de subsunción debidamente fundamentada, no se ejercitaría ninguna valoración fundamentada para establecer la existencia del hecho ni con relación a su participación dentro de lo establecido por el art. 20 del CP., ya que el Tribunal únicamente se limitaría a afirmar que su persona participó en el ilícito ocasionando lesiones gravísimas, sin ningún sustento probatorio Así, respecto al delito de Lesiones Gravísimas afirma que la norma no solo exige que demostrar las lesiones ocasionadas, sino que debe demostrarse que el imputado fue quien ocasionó aquellas lesiones, así como la forma y el arma que pudo haber sido utilizada; así también respecto al componente doloso de este delito señala que debía demostrarse la conducta del imputado integrada por hechos susceptibles de causar una lesión dirigida a poner en riesgo la vida de la víctima; que la expresión de propósito sea persistente y creíble; que el imputado se encuentre en plenas capacidades de raciocinio no estimuladas por el encono, la riña, el enojo o el dolor de una discusión, con lo que a su criterio, estaría demostrado que su persona en ningún momento hubo acomodado sus actos a las exigencias del tipo penal de lesiones gravísimas, pues su persona no participó en el hecho. Precedentes contradictorios.- Invoca como precedentes contradictorios el contenido del Auto Supremo Nro. 231 de 4 de julio de 2006; Auto Supremo Nro. 329 de 29 de agosto de 2006; Auto Supremo Nro. 315 de 25 de agosto de 2006 y Auto Supremo Nro. 236/2007 de 7 de marzo. II.1.2.- Denuncia insuficiente fundamentación de la sentencia, defecto de sentencia contenido en el núm. 5 del art. 370 del CPP.- En lo esencial manifiesta que la falta de fundamentación es percibirle objetivamente cuando solo se limitaría a una argumentación del tipo penal de lesiones gravísimas, al indicar que su persona ocasionó lesiones en la víctima sin establecer en la sentencia de qué forma su persona hubiera ocasionado las referidas lesiones, así como no se realizaría ninguna otra fundamentación sobre la aplicación de la norma sustantiva acusada ni sobre los elementos constitutivos del tipo de lesiones gravísimas Por otro lado señala que no existiría fundamentación sobre el valor otorgado a los medios de prueba y como estos resultaren siendo concordantes entre sí, ya que es a partir de aquel razonamiento debió razonarse su persona participó en la comisión del hecho o si existió dolo en su presunto actuar. Precedentes contradictorios.- Invoca como precedente contradictorio el contenido del Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004 II.1.3.- Denuncia defectuosa valoración de la prueba testifical y documental, defecto de sentencia contenido en el núm. 6 del art. 370 del CPP.- En lo más relevante de su argumento impugnatorio cuestiona la valoración de la declaración testifical de la policía Jimena Luna Rodríguez, en el sentido de que la misma hubiera basado toda su declaración, en la declaración de la víctima y no habría realizado más investigación a fin de establecer la participación de su persona en el hecho, por lo que a su criterio, la aseveración de que el imputado habría ocasionado lesiones en la victima se limitarían únicamente a la versión que da la víctima, por lo que dicha funcionaria policial no puede afirmar que el acusado participó en el hecho Por otro lado también cuestiona la declaración de la Dra. Wilma Petrona Gabriel Ramos, que si bien, establece las lesiones que sufrió la víctima, empero la misma no podría realizar una identificación del presunto autor del hecho, señala también que el Tribunal consideraría el hecho de que la víctima reconoció al autor y lo habría hecho conocer a momento de su valoración médica, sin embargo la testigo referida se limita aquella aseveración de la víctima, lo cual no sería válido para la concurrencia de su responsabilidad penal. Sobre, ambas declaraciones testificales, el recurrente concluye que las mismas no pueden ser consideradas pruebas objetivas pues las mismas derivan de la única aseveración de la presunta víctima, ambos testigos se limitarían a manifestar lo que la víctima les habría vertido; en el mismo sentido manifiesta que los testigos Javier Quispe Quisbert, Rina Jael Gutiérrez Soria, Tania Poma Gutiérrez y Leydi Jhoselin Poma Gutiérrez hubieran manifestado que su persona el día de los hechos no habría salido de su domicilio, es más hubiese sido aprehendido en su propio domicilio, empero no se valorarían aquellas declaraciones, pues solamente se habría valorado aquellas declaraciones para establecer el estado de ebriedad de su persona; también precisa, con relación a la declaración de la víctima, los miembros del tribunal de mérito no hubiesen considerado que para que ésta tenga fuerza probatoria debe ser concordante con los demás medios de prueba, debiendo cumplir con los requisitos de credibilidad subjetiva de la declaración de la víctima ratificada en Juicio Oral; la verisimilitud del relato de la víctima, persistencia en la incriminación la cual debe ser prolongada en el tiempo plural sin ambigüedades ni contradicciones. Precedentes contradictorios.- Invoca como precedente contradictorio el contenido del Auto Supremo Nro. 30 de 26 de enero de 2007. Petitorio.- Solicita se ANULE la sentencia recurrida y se disponga el reenvió de la causa. CONSIDERANDO III.- (De la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso): Ahora bien a objeto de dar una respuesta a los agravios esgrimidos por la parte recurrente, corresponde realizar las siguientes puntualizaciones: III.1. Sobre el recurso de apelación restringida y la competencia del Tribunal de Alzada.- El art. 398 del Código de Procedimiento Penal, con relación a la competencia de este Tribunal establece que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Por lo que también con relación al principio de congruencia, este Tribunal, está sujeto a los argumentos y fundamentos de la parte recurrente en su recurso y a los agravios en los que se sustenta el mismo. Con relación a la competencia de este Tribunal de Alzada el Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, el Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida; en caso, de no encontrar vicios en la sentencia o defectos absolutos durante el desarrollo del proceso penal, deberá declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida, debidamente fundamentada; confirmando la sentencia apelada. Que, en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada, deberá pronunciar el respectivo auto de vista con el fundamento que corresponda al artículo 124 con relación a los artículos 173, 359 y 370 inciso 6) in fine del CPP; en consecuencia, aplicará el artículo 413 del indicado código penal adjetivo” Pero además de los presupuestos de competencia y marco de acción en que debe circunscribir su decisión esta Sala Penal Tercera, se tiene el deber y obligación constitucional de hacer una revisión prolija de las actuaciones del tribunal inferior y analizar la actitud de dicho tribunal si ha sido correcta, justa y legal, es decir, si dicho tribunal en la tramitación de la causa hasta asumir la decisión final, hubo actuado y dictado la respectiva resolución desde y conforme la Constitución Política del Estado. III.2.- Sobre la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y la labor de subsunción.- Sobre este aspecto en primer lugar la el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Nro. 1606/2003-R “Este Tribunal en la Sentencia Constitucional 1075/2003 de 24 de julio, aclaró los alcances de la expresión inobservancia o errónea aplicación de la ley, señalando el primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley. En el segundo caso, si bien la autoridad observa la norma pero la aplica en forma errónea. Siendo tanto la inobservancia o errónea aplicación aplicarse al aspecto sustantivo o adjetivo. La norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1. Errónea calificación de los hechos; 2. Errónea concreción del marco penal; y, 3. Errónea fijación judicial de la pena” Sobre la labor de subsunción debe entenderse que una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible, que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el Artículo 360 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal. En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una tarea lógica del aplicador para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere; consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal. Por tal razón, toda sentencia condenatoria se conforma de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación, se concentra en determinar el hecho probado; y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda, es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica. III.3. Consideraciones sobre la valoración de la prueba. El Código de Procedimiento Penal en su artículo 173 dispone: “(Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; de donde se colige que en el proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba, que significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio, según las reglas de la sana crítica; es decir, según las reglas de la lógica, según los principios generales de la experiencia y según los conocimientos científicamente afianzados; debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos de prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la acusación (imputación objetiva). Consecuentemente, es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas. La denuncia de errónea valoración de la prueba, conlleva obligatoriamente la carga argumentativa del apelante. Si bien la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; pero, puede verificarse, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. CONSIDERANDO IV.- (Análisis del caso concreto).- IV.1.- Sobre la defectuosa valoración probatoria.- a) El recurrente cuestiona la valoración de las declaraciones testificales de la policía Jimena Luna Rodríguez y Dra. Wilma Petrona Gabriel Ramos en el sentido de que dichas testigos. hubieran referido que la víctima dentro de la presente causa les habría señalado que el ahora recurrente fue quien le causó las lesiones, a ese respecto debemos tomar en cuenta que el hecho por el que fue acusado el imputado tiene que ver con violencia ejercida en contra de una mujer, que si bien conforme previene el principio iura novit curia el ahora recurrente fue condenado por el delito de lesiones gravísimas, no es menos cierto que la víctima en la presente causa resulta ser una mujer, por lo que la causa en sí misma debe analizarse dentro de los parámetros que comprende la perspectiva de género, tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad de la mujer a momento de la comisión del hecho y tomando en cuenta el componente fáctico que dio por probado el a quo, se tiene que en aquel momento de la agresión, se encontraban solos el imputado y la víctima, sin la existencia de testigos que den cuenta de lo que ocurrió en ese momento, sin embargo es esta la situación donde la declaración de la víctima adquiere vital importancia a efectos del esclarecimiento del hecho y la participación del imputado que no solamente se basa en el análisis de las testificales que cuenta el recurrente, sino que aquella relación de culpabilidad emerge de una valoración integral de los elementos de prueba que fueron incorporados a Juicio y más propiamente en la prueba codificada como MP-D9, donde la víctima en la presente caso hubo declarado en sede policial que el ahora imputado fue quien la agredió por la espalda propinándole puñaladas en su integridad física, aspecto que incluso, de ahí que sin duda correspondía al a quo asumir una fundamentación y motivación con perspectiva de género y una valoración la prueba conforme establece la ley especial como es la Ley 348 que en su art. 57 numeral 2 señala que: “… denuncias y querellas, a través de la plataforma de atención y recepción de denuncias, actos que tendrán calidad de prueba”, asimismo el art. 92 de la misma Ley 348 señala textual: “Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la juez o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica” Lo que nos permite concluir que la valoración realizada por el Tribunal de mérito se adecuo al ilícito endilgado, además que de la argumentación de esta denuncia no se tiene cómo o de qué manera el Tribunal se habría apartado de las máximas que hacen a la sana crítica a momento de valorar las pruebas, haciendo de este agravio infundado. Respecto a los precedentes invocados.- Con relación al precedente invocado por el recurrente, debemos manifestar que si bien el mismo hace referencia a que el control de este Tribunal de Alzada debe circunscribirse a la verificación de que se hubieran cumplido con las reglas de la sana critica a momento de la valoración probatoria, aspecto que es evidente sin embargo aquella obligación para esta Sala se activa no solamente con la denuncia de defectuosa valoración probatoria, sino que como la jurisprudencia lo ha desarrollado de manera uniforme quien recurre en apelación restringida también debe cumplir con aquella carga argumentativa de hacer conocer a este Tribunal de Alzada cuales los principios de la Sana Critica no se hubiesen considerado o cuales hubieran sido inobservados por parte del Tribunal de juicio, aspecto que no fue mencionado ni por asomo por parte del recurrente, además que también debe considerarse que en la presente causa existe una mujer víctima de lesiones gravísimas, lo que de por si hace que la valoración probatoria tenga un análisis especial dentro del criterio de perspectiva de género y no un tratamiento común, por lo que el Auto Supremo invocado no puede considerarse como contradictorio a la resolución impugnada. IV.2.- Sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva y la falta de fundamentación con relación a la subsunción de los hechos a la descripción típica de lesiones gravísimas.- a) En la argumentación explanada, sobre la posible concurrencia de los defectos de sentencia contenidos en el nums 1 y 5 del art. 370 del CPP, el recurrente cuestiona que en la sentencia no se ejercitaría un análisis intelectivo relativo a la adecuación de los hechos probados al tipo penal por el que al final el imputado fue condenado, sobre tal situación debemos tomar en cuenta que el agravio contenido en el núm. 1 del art. 370 del CPP, se refiere al hecho de que una vez consentidos y aceptados un componente fáctico extraído por el Juez o Tribunal de Sentencia en base a los diferentes medios de prueba puestos a su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta de los procesados, su participación así como otras circunstancias concomitantes, este defecto se opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva, es decir la normativa en la que se acusó que el hecho objeto de juicio encajaría, en ese sentido, la labor de este Tribunal de alzada se circunscribe a la revisión de aquel análisis intelectivo llevado a cabo por el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 1 a efectos de encuadrar el hecho probado a la descripción típica del delito de lesiones gravísimas previsto y sancionado por el art. 270 núm. 6 del Código Penal. b) Ahora bien con base a lo denunciado por el recurrente, de la revisión de la sentencia es posible advertir que en el acápite referido a la “FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA” viene en ejercitar consideraciones legales y doctrinales relativas al delito de Feminicidio y respecto a la tentativa estableciendo sus elementos constitutivos y en esencia, el marco normativo que corresponde a efectos de la subsunción; posteriormente en el acápite relativo a la “FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA” viene en establecer, en base al análisis de la prueba producida en Juicio oral, cuales los hechos que fueron probados y la participación del ahora recurrente, dejando constancia cuales las pruebas de donde emergen las conclusiones fácticas a las que arriba, más adelante en el acápite “SUBSUNCIÓN” el Tribunal de Juicio se limitó a nuevamente establecer el hecho que fue probado, así como el análisis relativo a la aplicación del principio iura novit curia y la decisión de condenar al imputado por la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, sin embargo de aquella fundamentación no es posible advertir fundamentos suficientes que ejercite el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 1 en lo concerniente a aquella operación intelectiva de adecuación de los hechos probados a los preceptos jurídicos desarrollados en el acápite de fundamentación fáctica, lo cual daría lugar a aquel agravio planteado por el recurrente, sin embargo, dentro de los parámetros de lo establecido por el Auto Supremo Nro. 802/2018 – RRC de 10 de septiembre que establece que: “(…) si el Tribunal de alzada advierte que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, lo que le corresponde es anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal. Ahora bien, ante la misma denuncia (errónea aplicación de la norma sustantiva); ya sea, alegada por el imputado, cuando considere que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos, que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba; o, por el acusador que ante la absolución del imputado reclamaría que los hechos demostrados y establecidos en Sentencia, sí se subsumirían en la conducta tipificada acusada o en alguna tipificada en el Código Penal; en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba, lo que le está prohibido; por cuanto, los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, entonces le corresponde únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcto o no, de advertir que el Juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar directamente el mismo a través de la emisión de una nueva Sentencia” y del Auto Supremo Nro. 660/2014-RRC de 20 de noviembre se tiene que: “…En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena.” de donde es posible concluir que este Tribunal de alzada puede ejercitar, dentro de aquel control de legalidad y logicidad de la sentencia, un análisis relativo a la subsunción ejercitada por el Tribunal de mérito, con aquella limitante de no modificar el hecho probado ni revalorizar la prueba, es en ese sentido que dentro de los parámetros establecidos por la jurisprudencia citada, el contenido de los arts. 413 in fine y 414 del CPP, corresponde ejercitar aquel análisis relativo a la subsunción de los hechos probados por el a quo con relación al contenido del tipo penal de Lesiones gravísimas. c) Ahora bien, a efectos de ejercitar aquel análisis intelectivo de encuadre a la descripción típica, corresponde establecer el hecho que el Tribunal de mérito dio por probado el cual refiere que: “…este Tribunal de Sentencia han llegado a la plena convicción de que la víctima Paola Lizeth Ayza Canaviri “fue agredida con un arma punzo cortante por el ahora acusado Iver Miguel Poma Gutiérrez, en fecha 27 de febrero de 2019 a horas 10:00 a.m. aproximadamente, cuando se encontraba hablando con su ex esposo (acusado Iver Miguel Poma Gutiérrez) en inmediaciones a la altura de detrás de narcóticos, (zona este de la ciudad de Oruro) en circunstancias en que le dijo que quiere a sus hijas, le pidió que vuelva con ella, y ella le dijo que no, porque tú no cambias, cambiare le respondió, le dijo que yo estoy bien con mis hijos, yo estuve más adelante ya de pronto por atrás me da con cuchillo de carnicero por mi pierna luego por encima”, siendo este el hecho en concreto, el mismo que se encuentra respaldada por la propia entrevista policial que presto la víctima…” d) En el mismo sentido, corresponde precisar que el art. 270 núm. 6 del Código Penal establece que. “Se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias (…) 6. Peligro inminente de perder la vida” de donde se tiene en un primer lugar el carácter doloso de este delito, pues el agente conoce del daño que mediante su actuar ocasiona en la victima, generándose la acción consistente en ocasionar de cualquier modo, una lesión que puede devenir en un peligro inminente de perder la vida para la victima; más específicamente con relación al núm. 6 de este articulado, se entiende que el sujeto pasivo es sometido a un riesgo o contingencia inminente de que se materialice el desenlace irreparable de la muerte, para lo cual la acción del sujeto activo debe haber tenido la potencia necesaria para matar a la víctima. No puede dejar de señalarse que ese carácter inevitable del efecto mortal es en sí mismo solo una previsión; pero ella estará basada en datos de hechos presentes y reales; debe ser un peligro actual, efectivamente corrido y no meramente temido u opinado como probable y comprobado. e) Es así que con base a aquel componente fáctico descrito precedentemente es posible concluir en primer lugar, la existencia de aquella intención del imputado de ocasionar daño a la víctima cuando ambos se encontraban conversando y aprovechando que la víctima se encontraba de espaldas, es que el ahora recurrente procede a agredirla con un cuchillo de carnicero; de este mismo relato fáctico, se comprobó en sede de Juicio Oral la acción exigida por la descripción típica la cual consiste en ocasionar de cualquier modo la lesión, lo cual se advierte de aquella acción de apuñalar a la víctima por parte del imputado; así también se comprobó aquella circunstancia prevista por el núm. 6 de este articulado en lo relativo a que aquella lesión ocasionada por el imputado generó un peligro inminente de que la víctima pierda la vida, pues conforme señaló el Tribunal se tiene la médico forense señaló en Juicio que la lesión ocasionada en la victima se trataba de un trauma torácico abierto el cual “pone en riesgo la vida de cualquier paciente y desconoce que la actual víctima” y con base a aquella declaración el Tribunal de Sentencia llegó a la conclusión de que “que la víctima sufrió varias heridas y una lesión habría puesto en riesgo la vida de la víctima, precisamente por la naturaleza de la lesión o herida que recibió”, con lo cual se advierte la existencia objetiva de lesión ocasionada en la víctima que representa un peligro de perder la vida, conclusión que conforme consta en la sentencia se basa en un análisis de un pronóstico médico tanto documental y testifical que fue incorporado a Juicio Oral, quedando de esta manera complementada aquel fundamento expuesto por el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 1 respecto a la subsunción de los hechos al tipo penal acusado. f) Como corolario, considerando los argumentos esgrimidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como lo estipulado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - Convención de Belem Do Pará, en el marco del bloque de constitucionalidad y a la luz del control de convencionalidad, además de los preceptos constitucionales y la normativa especial interna, este Tribunal de alzada asume que, la debida diligencia como principio no sólo es inherente a las labores investigativas, sino también en cuanto a la resolución de los casos en el ámbito jurisdiccional, puesto que, la violencia contra la mujer, debe ser prevenida, investigada y sancionada, por todas las entidades estatales que tienen competencia en la materia, aspecto que es y debe ser observado al tener en el presente caso a una víctima mujer, que producto de la agresión generada en su contra, por medio del apuñalamiento, surge aquel peligro inminente de perder la vida. Respecto a los precedentes invocados.- Sobre los precedentes invocados, los mismos hacen referencia a la obligación que tiene el Tribunal o Juez de Sentencia Penal de adecuar los hechos probados a la descripción típica del ilícito acusado, lo cual es evidente y cierto, y tal como se fundamentó precedentemente la ausencia de aquella fundamentación se hace evidente en la sentencia recurrida, sin embargo la jurisprudencia desarrollada a tal efecto, permite al Tribunal de Alzada poder efectuar aquel análisis intelectivo de subsunción en sede de apelación, evitando modificar el hecho que se hubo probado ante las autoridades que conocieron el juicio Oral, aspecto que se realizó y se estableció la autoría del imputado en el delito de Lesiones gravísimas, ejercitando el análisis correspondiente del hecho que se probó y las razones por las cuales se considera que el mismo se adecua a los elementos constitutivos del delito por el que fue condenado el imputado. POR TANTO. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declara IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Iver Miguel Poma Gutiérrez, en consecuencia se CONFIRMA la Sentencia Nro. 33/2021 de 13 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Nro. 1 de la Capital (Oruro – Bolivia), quedando la sentencia recurrida firme e incólume. Se advierte a las partes que esta Resolución puede ser objeto del Recurso de Casación en el plazo previsto por el art. 417 del CPP. Regístrese y notifíquese. - Fdo. VOCAL RELATOR: Dra. Eve Carmen Mamani Roldan - Presidenta de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. PRESIDENTE: Dr. Daniel Rolando Copa Roque - Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dra. Marisol Marzana Choque, Secretaria de Cámara de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. - DECRETO DE ORURO, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 De la representación que antecede, se establece que la víctima no cuenta con un domicilio constituido y de la revisión de antecedentes se establece que la misma fue notificada mediante edicto, en ese sentido se dispone la notificación de la señora PAOLA LIZETH AYZA CANAVIRI con el Auto de Vista Nº 072/2022 de fecha 12 de agosto de 2022, mediante edicto por el sistema Hermes del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dr. DANIEL ROLANDO COPA ROQUE Presidente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dra. MARISOL MARZANA CHOQUE, Secretario de Cámara de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. EL PRESENTE EDICTO ES FRANQUEADO EN LA CIUDAD DE ORURO A LOS DOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS AÑOS.-


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