EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PRIMERO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL SUCRE-BOLIVIA EDICTO Nº 140/2022 EL DOCTOR GARY BRACAMONTE GUMIEL, JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 1 DE LA CAPITAL, SUCRE –BOLIVIA Sucre – Bolivia POR EL PRESENTE EDICTO HACE SABER AL DENUNCIADO: EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público a denuncia de G.A.D.CH. Y OTROS, en contra de EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO Y OTROS, por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y FALSEDAD IDEOLOGICA, previsto y sancionado por los Arts. 222 y 199 del Código Penal, con NUREJ: 1062880 y FIS: 1804860; SE HA DISPUESTO QUE SE NOTIFIQUE CON: MEMORIAL DE ACLARA LO SOLICITADO (CRITERIO DE OPORTUNIDAD) DEL 04 DE JULIO DEL 2022 Y EL AUTO DE 08 DE JULIO DE 2022; CUYO TENOR LITERAL ES COMO A CONTINUACION SE TRANSCRIBE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /// A CONTINUACIÒN SE ADJUNTA: MEMORIAL DE ACLARA LO SOLICITADO (CRITERIO DE OPORTUNIDAD) DEL 04 DE JULIO DEL 2022 Y EL AUTO DE 08 DE JULIO DE 2022 correspondiente al cuaderno de investigación.///------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACLARA LO SOLICITADO ----------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL Aclara lo solicitado Otrosí. FIS 1804860 NUREJ 1062880 ABOG. JAVIER ANGEL GORENA CAMACHO, Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalia de Delitos Anticorrupción. Legitimación de Ganancias llicitas. Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, en representación del Estado y la Sociedad dentro la investigación que sigue el Ministerio Público a instancia de VICTOR ARIEL VELASQUEZ LLANQUIPACHA, en su condición de Director de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contra de MARIA ELENA PONCE QUIROGA, por lo presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto y sancionado por el Art. 154 del C.P.: EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, por la probable comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA previstos en la sanción del Art. 222 y 199 del Código Sustantivo Penal: WALDEMAR PERALTA ALCOBA Y JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN (en su condición de miembros de las Comisiones de Calificación y de Recepción) por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONÓMICA, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previstos y sancionados por los Arts, 154, 224, 199 y 203 todos del Código Penal: ACLARA LO OBSERVADO MEDIANTE DECRETO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022 Señor Juez conforme se desprende del decreto de fecha 16 de mayo de la presente gestión, su autoridad señala que esta representacion Fiscal, explique cuál sería la razón por la cual se haría previsible que al imputado EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, al haberse solicitado la aplicación de criterio de oportunidad respecto al mismo en el presente caso, se le aplique el perdón judicial. con énfasis en que se recalifico la conducta al tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS previsto en el art. 222 del Codigo Penal, señalando que el mismo se lo aplica sin las modificaciones de la ley 1390, y de conformidad al art. 24 de la ley 004: se tiene que el imputado de acuerdo a la imputación del 12 de julio de 2021se le endilga probable responsabilidad en los hechos en su calidad de representante legal de la empresa proveedora: ahora bien el artículo 222 del CP está dividido en dos párrafos, por un error involuntario se consignó en el memorial de solicitud de criterio de oportunidad que la recalificación se la hacía sobre el primer párrafo de dicho artículo, siendo lo correcto por el SEGUNDO PARRAFO, es decir "Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años", con esa aclaración se tiene que este párrafo del artículo 222 del código penal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la ley 004 no constituye delito puro o vinculado de corrupción. haciendo viable el perdón judicial en caso de llegarse a un probable juicio oral, por otra parte los hechos endilgados a EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO en la imputación formal referida lineas arriba, se desprenden del presunto incumplimiento de deberes de los demás co imputados, es decir que por negligencia de la comision de recepción al verificar los bienes adquiridos se presumía el incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte de EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO en su calidad de representante legal de la empresa proveedora, siendo que los imputados que fueron parte de la comision de calificación también se encuentran dentro de la solicitud de criterio de oportunidad. situación que permite apreciar que de llegar a un juicio oral el imputado EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO. pueda ser sancionado con una pena privativa de libertad de 2 años o menos, otra circunstancia que hace previsible la aplicación del perdón judicial. En ese sentido me permito aclarar y explicar lo observado por su autoridad, solicitando se tenga cumplido lo extrañado en el decreto de 16 de mayo de 2022 y en consecuencia se proceda conforme a procedimiento respecto a la solicitud de aplicación del criterio de oportunidad planteado mediante memorial de fecha 13 de mayo de 2022. Construir un Sistema Penal más justo, pero fundamentalmente más humano... Otrosí 1.- Domicilio procesal, conforme al Art. 162 del Código de Procedimiento Penal. Kilometro Siete N° 282 Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Sucre, 4 de julio de 2022 FIRMA Y SELLO ABOG. JAVIER ANGEL GORENA CAMACHO FISCAL DE MATERIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022.---------------------------------------------- AUTO INTERLOCUTORIO Sucre, 08 de julio de 2022 NUREJ: 1062880 FIS:1804860 VISTOS: El memorial que antecede subsanando y aclarando lo observado, la solicitud Criterio de oportunidad, dentro del proceso que sigue el Ministerio Público a instancia de VICTOR ARIEL VELASQUEZ LLANQUIPACHA, en su condición de Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca en contra de 1) MARIA ELENA PONCE QUIROGA, por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto y sancionado por el Art. 154 del C.P.; 2)EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA previstos en la sanción del Art. 222 y 199 del Código Penal; 3)WALDEMAR PERALTA ALCOBA y 4 )JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN (en su condición de miembros de las Comisiones de Calificación y de Recepción) por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONÓMICA, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, previstos y sancionados por los Arts. 154, 224, 199 y 203 del Código Penal, los antecedentes del proceso la exposición de las partes los elementos presentados, todo cuanto se vio y se tuvo presente: CONSIDERANDO: Que, previo requerimiento conclusivo de criterio de oportunidad, se tiene que a partir de principio de objetividad el Ministerio Público ha concluido que la conducta de los imputados configura en las previsiones de los arts. 154 y 222 del código penal, por ello ha RECALIFICADO de forma definitiva los delitos indicados supra a INCUMPLIMIENTO DE DEBERES EN RELACIÓN A LOS IMPUTADOS MARIA ELENA PONCE, WALDEMAR PERALTA ALCOBA Y JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN Y RECALIFICADO AL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN RELACION A EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO; Que, conforme se tiene de los actuados que anteceden cursantes en el legajo de control jurisdiccional, se ha hecho conocer por la instancia fiscal los siguientes hechos que se halla debidamente expuestos en el memorial presentado por el MP y que se resumen de la siguiente forma: 1) Que, en fecha 16 de octubre de 2018 VICTOR ARIEL VELASQUEZ LLANQUIPACHA, en su condición de Director de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Departamental denunciante refiere, que: "(...) se ha tomado conocimiento de supuestas Chuquisaca: el irregularidades cometidas en el proceso de contratación "Adquisición de 36 Camas y Colchones de internación para el Servicio de Maternidad H.0.0." bajo la Modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) en su Primera Convocatoria, según N' de CUCE 17-0901-02768469-1-2. para el Hospital Gineco Obstétrico dependiente del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca, DENUNCIA REALIZADA CON RESERVA DE IDENTIDAD, al amparo del Art.24 de la Ley 974 "Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción" de fecha 04 de septiembre de 2017, concordante con el Art. 17 Parágrafo III de la Ley 004 "Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", en atención a ello, se procedió a la investigación administrativa; esta Dirección a efectos de transparentar el uso de recursos públicos en el proceso de adquisición de Adquisición de 36 Camas y Colchones de internación para el Servicio de Maternidad H.G.0.". Que, producto de la investigación se han identificado los siguientes hechos, que se configuran en hechos con carácter penal: A) FALTA DE COTIZACIONES PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE 36 CAMAS Y COLCHONES DE INTERNACIÓN PARA EL SERVICIO DE MATERNIDAD 14.G.0.": Se pudo evidenciar que el Hospital Gineco Obstétrico como unidad solicitante no cuenta con procedimientos que permitan establecer con certeza una adecuada estimación del precio referencial, con carácter previo al inicio del presente proceso de contratación, ya que se verificó que la unidad solicitante, antes de solicitar la certificación presupuestaria, NO REALIZO NINGUNA COTIZACIÓN para la estimación del precio referencial, a través de una comparación de precios unitarios aspecto, que este hecho fue inadvertido por la Lic. Pamela Álvarez Terán administradora y la Dra. María Elena Ponce Quiroga Directora del Hospital Gineco Obstétrico, ya que estas servidoras públicas autorizaron la Certificación presupuestaria, en fecha 30 de junio de 2017. B) FALTA DE PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS Y MANUALES DE USO EN ESPAÑOL POR LA EMPRESA ADJUDICADA HPMEDICALS.R.L. EN EL PROCESO DE CONTRATACION "ADQUISICIÓN DE 36 CAMAS Y COLCHONES DE INTERNACION PARA EL SERVICIO DE MATERNIDAD H.G.O.: Se pudo evidenciar que la comisión de calificación conformada por Waldemar Peralta Alcoba, Jael Pamela Álvarez Terán y Fernando Llobet Tavolara, erróneamente realizaron la verificación y valoración a los documentos presentados por la empresa HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMENT S.R.L. (HPMEDICAL S.R.L.) Representada legalmente por EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, por cuanto este proponente en su propuesta NO ADJUNTO CATÁLOGOS Y MANUALES DE USO Y TECNICOS EN IDIOMA EN ESPAÑOL documentación solicitada por la entidad convocante, requisito sin el cual este proponente debió ser eliminado del proceso, sin embargo la comisión de calificación paso por alto este hecho y lo habilito para la siguiente etapa CUANDO CORRESPONDIA SU DESCALIFICACIÓN, siendo esta empresa la adjudicada. C) POSIBLE DIRECCIONAMIENTO A FAVOR DE LA EMPRESA HPMEDICALS.R.L. EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN "ADQUISICION DE 36 CAMAS Y COLCHONES DE INTERNACIÓN PARA EL SERVICIO DE MATERNIDAD 11.0.0.": se evidencio incongruencias en el proceso de contratación, que derivo en un presunto direccionamiento, a favor de la empresa HPMEDICALS.R.L., en la elaboración del formulario C-2, por cuanto resulta ser evidente que en la ciudad de Sucre existen pocas empresas distribuidoras de equipos médicos si vale el término con licencias de funcionamiento. Por tal motivo se advierte que el presente proceso de contratación "Adquisición de 36 Camas y Colchones de internación para el Servicio de Maternidad H.G.0." bajo la Modalidad ANPE, con el método de Selección, Propuesta Técnica y Costo FUE LIMITATIVO. Cuarto: En base a lo expuesto en el cuadro anterior, siguiendo una interpretación metódica y lógica, se presume que los integrantes de la Comisión de Calificación, de forma intencional omitieron realizar una acto propio de sus funciones por cuanto llama la atención de sobre manera que la empresa HPMEDICALS.R.L., que debió ser descalificada por la no presentación de un catálogo y manuales en español, requisito que ellos mismos solicitaron en la convocatoria. Que, los servidores públicos integrantes de la comisión de calificación conformada por los Sres. Waldemar Peralta Alcoba, Joel Pamela Alvarez Terán y Fernando Llobet no realizaron una adecuada valoración y evaluación a las empresas proveedoras IMPORMET SAN MIGUEL Y VG EQUIPMED, conforme se puede ver a continuación por cuanto es evidente que la comisión de calificación pese a que la empresa V.G. EQUIPMED presento como mejoras adicionales un equipamiento completo adjunto a la cama, la comisión de calificación sola le asigno 6 puntos sobre 10, presumiblemente CON EL SOLO OBJETIVO DE BENEFICIAR A LA EMPRESA HPMEDICALS.R.L. Como ejemplo podemos citar que la empresa IMPORMED SAN MIGUEL contaba con la licencia de funcionamiento en la ciudad de Sucre, sin embargo la Comisión de Calificación le asigno solo 3 puntos, cuando le correspondía 5 puntos, así también, el proponente V.G.EQUIP. MED. Oferto 6 parte de las 36 camas de la Marca: AOLIKEMEDICALEQUIPMET, MODELO: ALK-06 MANUALBED, 36 gradillas de acceso de 1 peldaño. 36 mesas de alimentación como complemente para cada cama. con color y tono que hace juego con las camas ofrecidas, 36 veladores para paciente como complemento para cada con color y tono que hace juego con las camas ofrecidas, 36 porta historias clínicas de ABS para la identificación del paciente. 36 almohadas y 36 cubrecamas, vale decir un equipamiento completo. Por lo precedente resulta ser EVIDENTE UN POSIBLE DAÑO ECONÓMICO A LA INSTITUCIÓN ya que la calificación a las condiciones adicionales no fue elaborada de manera consistente y precisa. D) QUE LA EMPRESA ADJUDICADA HPMEDICALS.R.L. NO REALIZO LA ENTREGA DE LAS CAMAS EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA OFERTA QUE REALIZO EN EL FORMULARIO C-1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" EN EL SUBTÍTULO CALIDAD Y MARCA YA QUE ESTA EMPRESA OFERTO CAMAS DE MARCA: PUKANG DE PROCEDENCIA CHINA MODELO A-4- 21 Resultado de la verificación ocular realizada en fecha 17 de agosto de 2018, se advirtió que el SR.EDWIN MANCILLA MERCADO REPRESENTANTE LEGAL DE HPMEDICAL S.R.L. en su calidad de PROVEEDOR no realizo la entrega de las camas, en estricto cumplimiento a la oferta que realizo en el Formulario C- 1 "Especificaciones Técnicas" en el subtítulo CALIDAD Y MARCA está oferto Camas de MARCA: PUKANG de PROCEDENCIA CHINA, más al contrario este se permitió entregar las camas, sin que las mismas cuenten con la MARCA Y MODELO correspondiente, aspecto que impide realizar la verificación de las características, y poder corroborar la Marca, Procedencia y Modelo respectivo, por tanto resulta ser evidente que esta empresa no cumplió con lo ofertado. 2.- Que, como se ha indicado líneas arriba los delitos imputados son recalificados al delito de Incumplimiento de Contrato e Incumplimiento de deberes primer párrafo, es decir sin daño económico al Estado, al efecto se ha presetando como prueba por parte de la instancia fiscal dos actas de audiencias de acuerdo conclusivos, firmadas por los representaste de la Gobernación de Chuquisaca y el SEDES-CH con los co-imputados para que estos se sometan a la salida alternativa de Criterio de Oportunidad, realizando así el pago de Bs. 62.820 (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS) como reparación de los eventuales daños causados producto de su accionar. Que cursa también copia del deposito de la suma de Bs-. 62.820 (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS) a la cuenta única N° 10000004291823, del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca del Banco Unión, realizado por uno de los coimputados acreditando así el haber cumplido con lo acordado con la entidad denunciante y víctima, acreditando así la no existencia de daño económico en el caso de autos o la reparación de este en caso de existir uno. 3.- Por el certificado de antecedentes penales se demuestra que los coimputados 1) MARIA ELENA PONCE QUIROGA 2) EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, 3)WALDEMAR PERALTA ALCOBA y 4 )JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN, no tienen registrada ninguna Sentencia Condenatoria, Sentencia Ejecutoriada, Rebeldía o Suspensión Condicional del Proceso por lo que se acredita que es su primer delito en el cual se ven involucrados. CONSIDERANDO: Que, el Art. 21 primer párrafo del Código de Procedimiento Penal consagra el principio de legalidad en virtud al cual el Ministerio Público tiene el deber de promover y dirigir la investigación de cualquier hecho que revista caracteres de delito de acción pública, sometiendo a proceso a quien ese hecho pueda atribuirse; no obstante, el mismo artículo reconoce el principio de oportunidad como excepción de aquel, facultándole a perseguir o no hechos que se encuentren en determinadas situaciones expresamente previstas por la Ley, que afectan al hecho mismo, a las personas que se imputa o a la relación de éstas con otras personas o hechos. La incorporación del criterio de oportunidad en nuestra legislación radica fundamentalmente en la necesidad que tiene la sociedad de acceder a soluciones razonables y prontas al conflicto jurídico emergente de un hecho, sin necesidad de la realización de un juicio y su respectiva sentencia. En cuanto a la normativa aplicable en el presente caso, es menester mencionar que por la promulgación de la ley N° 1390 de 27 de agosto de 2021, se ha dispuesto por el legislador, modificar entre otras la ley 004 y las previsiones de los arts. 154 y 222 del código penal, respecto del art. 154, “incumplimiento de deberes” se ha mantenido el quantum de la pena entre los 2 a 4 años y se ha establecido que el delito se configura en determinados presupuestos; por su parte respecto al art. 222, “incumplimiento de contratos” se ha dispuesto en quantum de la pena de un mínimo de 1 año (en la modalidad culposa) agravándolo a un mínimo de 3 años hasta 8 años; entonces tomando en cuenta que momento de la comisión de los presuntos delitos la ley vigente era la ley 004 sin las modificaciones de la ley 1390, corresponde realizar las siguientes consideraciones sobre que norma se debe aplicar para resolver el petitorio fiscal; Que, la CPE, en el capítulo “Garantías jurisdiccionales” dispone en el art. 116 “I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”; garantía constitucional que también se ve reflejada en art. 4 del código penal que establece: “(En cuanto al tiempo).- Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella. Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable”. (subrayado propio) Que, la aplicabilidad de las garantías jurisdiccionales citadas se halla razonada y prevista por la doctrina y jurisprudencia nacional, entre otras tenemos a la SCP 0067/2015 de 20 de agosto de 2015 que establece en su razonamiento: “III.3. Irretroactividad, retroactividad y ultraactividad de la Ley La aplicación de la ley, se rige por uno de los principios más elementales que es su irretroactividad, que expresa que ésta no debe tener alcances hacia atrás en el tiempo; sus efectos normativos solo operan después de la fecha de su promulgación, para casos por venir. El principio de irretroactividad de la ley se funda en la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el referido principio se darían confusiones en cuanto a la oportunidad de regulación, para evitar que con un interés presente, –actual– se regule una actuación pasada que podría resultar excesiva en el sentido de justicia por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Desde una óptica general el efecto retroactivo no está permitido por cuestiones de orden público, las personas tienen confianza en la ley vigente, y de acuerdo a ella realizan sus transacciones y ejecutan sus obligaciones jurídicas; otorgar este a una ley de modo general, destruye la confianza y seguridad que se tiene respecto de ella. Empero desde otra óptica de la doctrina del derecho, se refiere que la retroactividad, es un posible producto de las normas o actos jurídicos que implica la extensión de su aplicación sobre hechos pasados o previos a la ley, como se tiene referido, por principio general, la irretroactividad es la prohibición de emplear una disposición jurídica a sucesos o actos de consecuencias legales anteriores a la entrada en vigencia de cualquier precepto legal, salvo en algunas materias como es la penal; ya que, ésta se rige por el principio de irretroactividad que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido, también se aplica este principio cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigor por ser más benigna. A este último se lo denomina ultractividad de la ley penal. La doctrina en sus diferentes conceptos de forma clara señaló que, si se presenta alguna disposición de cualquier norma jurídica procede su uso bajo el amparo de cualquier tratado internacional o principio pro persona, a un hecho o acto anterior a la entrada en vigencia de una ley, entonces estaríamos en el supuesto de la aplicación retroactiva en virtud a que se utiliza uno de estos principios, es por ello que a este acto jurídico los más altos tribunales internacionales lo denominaron ultractividad de la ley que es aplicable en dos supuestos: 1) En procesos pendientes de concluir a la derogación de una ley. 2) Aplicación de un precepto legal bajo el principio pro persona o un tratado internacional (M.D.C Edgar Meg- Depto.Legal Inteligis). Conforme a la Teoría General del Derecho, es precisa la aplicación del principio “tempus regit actus”, que se traduce en que la norma en vigor al momento de acontecer los hechos por ella prevista, es la que se emplea a esos, aunque la disposición haya sido derogada después; es así que la ultractividad de la ley es un problema de uso de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio de que todo suceso, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Conforme al principio fundamental de irretroactividad de la ley, consagrada por la actual Constitución Política del Estado, la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo opera hacia el futuro, es decir, que las leyes sólo rigen para lo venidero. Esto significa que son de aplicación obligatoria a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia ley, para aquellos casos en los que el legislador establezca una “vacatio legis”. Sin embargo, cabe también señalar que el principio de la irretroactividad tiene dos excepciones: i) La primera excepción es la aplicación retroactiva de las leyes, en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional que consagra el principio de la irretroactividad; lo que significa que en los casos expresamente previstos por el constituyente las leyes pueden ser empleadas en forma retroactiva a casos sucedidos antes de promulgación y publicación. Al respecto, el art. 123 de la CPE, que consagra el principio de la irretroactividad, ha previsto expresamente la excepción a la regla disponiendo la aplicación retroactiva de la ley en los siguientes casos: “…en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y, en el resto de los casos señalados por la misma Constitución”. Esto significa que son de aplicación obligatoria a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia ley, para aquellos casos en los que el legislador establezca una “vacatio legis”. Sin embargo, cabe también señalar que el principio de la irretroactividad tiene dos excepciones: i) La primera excepción es la aplicación retroactiva de las leyes, en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional que consagra el principio de la irretroactividad; lo que significa que en los casos expresamente previstos por el constituyente las leyes pueden se empleadas en forma retroactiva a casos sucedidos antes de promulgación y publicación. Al respecto, el art. 123 de la CPE, que consagra el principio de la irretroactividad, ha previsto expresamente la excepción a la regla disponiendo la aplicación retroactiva de la ley en los siguientes casos: “…en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y, en el resto de los casos señalados por la misma Constitución. ii) La segunda excepción, es la ultractividad de las leyes, que determina que las normas prevalecen en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria, y básicamente se manifiesta en dos casos: a) Cuando un acto acontece en un momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa oportunidad, pero cuando se promulga una nueva disposición que rige la misma materia, se aplica el precepto anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que coexiste otra norma –nueva– en el mismo tiempo; y b) Promulgación de preceptos menos favorables a las vigentes, referente a actos que se han suscitado en vigor de la anterior disposición, se emplean las primeras sobre la base del principio de favorabilidad, a contrario sensu a la norma prevista en el art. 116.II de la CPE, que prevé que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y en consecuencia, sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más beneficiosas” (subrayado propio). Que, por parte la SC 0440/2003- R, de 8 de abril de 2003 establece: “Que en ese sentido, cuando se trata de una ley más benigna, relativa a un precepto de naturaleza sustantiva, contenido en esas leyes, es aplicable el principio de retroactividad, o en su caso, de ultractividad, según cual sea la más benigna para el caso planteado”. Finalmente la SC: 1030/2003-R, de 21 de julio de 2003 razonó; “Como ha quedado sentado, el precepto constitucional acoge el principio general de que la ley rige para lo venidero, es decir mira al futuro; estableciendo de manera excepcional el principio de retroactividad de toda norma penal que beneficie al delincuente (aquí utilizaremos el término delincuente en el sentido genérico que le asigna la Constitución), del que nace también el principio de ultraactividad de la ley derogada, que consiste en la aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del delito, cuando el nuevo precepto penal resultare desfavorable”. Entonces de lo apuntado anteriormente no pudiéndose entender que se configure como garantía jurisdiccional en favor de los ciudadanos que se aplique la norma más desfavorable solo en razón de materia, en aplicación de los principios de ultraactividad, que nace del principio de irretroactividad, de los principios de favorabilidad, indubio pro reo y pro homine corresponde resolver la solicitud del ministerio público conforme las previsiones de la normas vigente a momento de la comisión de los hechos, entonces: CONSIDERANDO: En, cuanto se refiere a que los imputados no vayan a recibir pena privativa de libertad superior a los 2 años y que sean beneficiados con el perdón judicial, se tiene que los delitos que han sido recalificados por Ministerio Público, respecto a los co-imputados MARIA ELENA PONCE, WALDEMAR PERALTA ALCOBA Y JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN, es el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (en su primer párrafo), es decir sin daño económico al Estado, cuya sanción máxima es de 2 a 4 años, como se ha referido líneas arriba, estos no tienen registro de sentencia condenatoria ejecutoriada anterior y por la documental analizada supra, se demuestra que no se tiene daño pendiente de reparación, es decir no existiendo la agravante de dicho delito y si bien el delito encausado y que ha sido recalificado, es un delito previsto y modificado por la ley 004 y que de acuerdo al artículo 368 CPP modificado por la ley 004, por regla no es previsible el perdón judicial en delitos de corrupción, sin embargo de conformidad al artículo 24 de la ley 004, cuyo artículo sistematiza los delitos propios de corrupción y vinculados a la corrupción de acuerdo a esta sistematización, el delito de “Incumplimiento De Deberes” en su primer párrafo, es decir sin daño económico es un delito vinculado a la corrupción, y no propio de corrupción, por lo cual es evidente que ante un eventual juicio por la modalidad del hecho al haber firmado un acuerdo con la víctima realizando la devolución de la suma requerida por la entidad víctima, es previsible que los co-imputados MARIA ELENA PONCE, WALDEMAR PERALTA ALCOBA Y JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN, sean condenados a una pena máxima de 2 años y por el principio de favorabilidad reciban el perdón judicial. Respecto al co-imputado EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, aplicando los principios garantías citadas en el segundo considerando de la resolución se tiene que se ha recalificado los delitos procesados al delito de “Incumplimiento de Contratos” previsto en el Art. 222 (SEGUNDO PÁRRAFO), es decir en la modalidad culposa cuya sanción privación de libertad varía entre los 1 a 4 años, teniendo presente que este no tiene registro de sentencia condenatoria ejecutoriada anterior y por la documental analizada supra, se demuestra que no se tiene daño pendiente de reparación y si bien el delito encausado y que ha sido recalificado, es un delito previsto y modificado por la ley 004 y que de acuerdo al artículo 368 CPP modificado por la ley 004, por regla no es previsible el perdón judicial en delitos de corrupción, sin embargo de conformidad al artículo 24 de la ley 004, cuyo artículo sistematiza los delitos propios de corrupción y vinculados a la corrupción de acuerdo a esta sistematización, el delito de “Incumplimiento de Contratos” en su modalidad culposa no está previsto como delito propio de corrupción, por lo cual es evidente que ante un eventual juicio por la modalidad del hecho al haber firmado un acuerdo con la víctima realizando la devolución de la suma requerida por la entidad víctima, es previsible que EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO, sea condenado a una pena máxima de 2 años y por el principio de favorabilidad reciba el perdón judicial. Que, habiéndose solicitado la aplicación de Salida Alternativa consistente en CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA, y en virtud al Art. 27 Núm. 4) del CPP es viable la extinción de la acción penal, en vista de la prueba adjuntada. POR TANTO: El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N°1 de la Capital, en merito a los antecedentes descritos supra, conforme la solicitud fiscal, y en aplicación del Art. 21 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal ADMITE el criterio de oportunidad y con la facultad conferida por los Arts. 325 parágrafo II y 328 parágrafo I del Código de Procedimiento Penal DISPONE la prescindencia de la persecución penal iniciada en contra de 1)MARIA ELENA PONCE, 2) WALDEMAR PERALTA ALCOBA, 3) JAEL PAMELA ALVAREZ TERAN Y 4)EDWIN ALFREDO MANCILLA MERCADO por la presunta comisión del delito INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (recalificado) e INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (recalificado) previstos y sancionados por los arts. 154 y 222 segundo párrafo del Código Penal respectivamente, con los efectos que señala el Art. 22 y 27 – 4 del CPP, declarando en consecuencia extinguida la acción penal pública en su contra, por los hechos suscitados en el caso signado por el NUREJ:1062880 FIS:1804860 de este despacho judicial. Las partes, podrán hacer uso del recurso de apelación en el plazo de tres días de su legal notificación en conformidad de los Arts. 403 inc. 6 y 404 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese a las partes en sus domicilios consignados en obrados. Al otrosí 1.- Por Señalado. REGÍSTRESE. - FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regístrese. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO------ El Lic. GARY BRACAMONTE GUMIEL------Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujer N°1 de la Capital -------Sucre – Bolivia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO--------- Lic. Víctor Hugo Churqui Ramos- Secretario – Abogado del Instrucción Anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las mujeres N°1 de la Capital------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El presente edicto es librado, en la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia a los VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS AÑOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D. S. O.


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