EDICTO

Ciudad: MONTERO

Juzgado: JUZGADO PÚBLICO MIXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE SENTENCIA PENAL DE MONTERO


EDICTO: PARA: REYNALDO LUNA JUSTINIANO Y JUAN CARLOS PADILLA MEDINA (DENUNCIANTE Y VÍCTIMA) PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE LA DRA. MSC. JUDITH MARCELA REYNOLDS E. JUEZ PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SENTENCIA PENAL 1º DE MONTERO – PROVINCIA OBISPO SANTISTEBAN, DISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ - ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, POR EL PRESENTE EDICTO, HACE SABER QUE DENTRO DEL PROCESO DE LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE WILDER OLIVERA ROCHA, A TRANSCRIBIR DE OBRADOS; EXP. 140/2016 NUREJ: 201505999M, QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO, POR EL DELITO DE LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO-------------------______________________________________________________________________Exp. 140/2016.-Nurej: 201505999M.-TRÁNSITO MONTERO 219/2015.-LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO.-AUTO DEFINITIVO Nº 026/2022.-Montero, 01 de junio de 2022.-VISTOS: La excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del proceso interpuesta por WILDER OLIVERA ROCHA, los antecedentes procesales, los de la materia; y considerando:-ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA.-Que, el imputado WILDER OLIVERA ROCHA en fecha 14 DE FEBRERO DE 2022 interpone EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO bajo el siguiente argumento.-Que, se encuentra sometido a un proceso penal y que al día de la presentación de la presente excepción han transcurrido “más de tres años”, sin que se haya arribado a una sentencia firme, habiendo excedido los 3 años previstos en el art. 133 del CPP; es así que a efecto de sustanciar su excepción, precisa determinados actos procesales.-Cursa en obrados Imputación Formal de fecha 16 de junio de 2015. Se tiene que a fs. 40 a 46, cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada en fecha 17/11/2015 en el Juzgado de instrucción penal Segundo de Montero., audiencia en la cual se dispuso se le aplique medidas sustitutivas consistentes en arraigo, fianza y presentación ante el ministerio público y la anotación preventiva del vehículo.-A ls. 53 a 54 de los actuados del presente proceso se tiene requerimiento conclusivo de ACUSACION de fecha 13 de septiembre de 2016, sin que se hubieran cumplidos los actos preparatorios de juicio desde su radicatoria hasta la fecha.-Es así que el Ministerio Público pese a su legal notificación de fecha 31/05/2022 fs. 131 no ha contestado la excepción ni presenta oposición en audiencia de la fecha, al no existir trascendencia en el hecho.-La víctima, REINALDO LUNA JUSTINIANO Y JUAN CARLOS PADILLA MEDINA pese a su legal notificación de fecha 31/05/2022 mediante EDICTOS EN SISTEMA HERMES no ha contestado la excepción ni se apersona a la audiencia de la fecha.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES.-Sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.-El extinto Tribunal Constitucional, se pronunció sobre este instituto jurídico, a tiempo de declarar la constitucionalidad del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, estableciendo en la SC 0101/2004-R de 14 de septiembre, que: “...el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado”.-Siguiendo el mismo entendimiento jurisprudencial, la SC 1042/2005-R de 5 de septiembre, señaló: “…conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su SC 101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada”. Entendimiento jurisprudencial, que fue reiterado en las SSCC 0551/2010-R; 1684/2010-R; 1529/2011-R; ACP 0104/2013, entre otras.-Extractándose de la jurisprudencia citada, que para determinar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, además del transcurso del tiempo, la autoridad judicial que la conozca y resuelva, debe tomar en cuenta o ponderar otros factores concurrentes, como la complejidad del asunto, la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y el accionar de las autoridades competentes.-Sobre el cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.-Con relación al cómputo, para la procedencia de la extinción de la acción penal, tomando en consideración no solo el transcurso del tiempo, sino otros aspectos, la SCP 0275/2016-S2 de 23 de marzo; señaló: “… respecto a la afirmación de que la Jueza a quo a momento de realizar el cómputo para establecer las responsabilidades a las partes procesales con relación a la dilación no consideró las vacaciones judiciales ni los feriados nacionales, cabe referir que la SCP 0981/2015-S3 de 12 de octubre y el Auto Supremo 389/2009 de 22 de julio, establecieron que para efectos del cómputo de plazo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (tres años) se debe aplicar el art. 130 del CPP, que establece la suspensión del plazo por vacaciones judiciales, es decir por veinticinco días calendario -norma procesal que concuerda con el art. 126.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)-; consecuentemente, no resulta factible lo aseverado por los Vocales demandados en el entendido de que el art. 130 del CPP, prevé que para el computo de los plazos solo se deben considerar los días hábiles, habida cuenta que dicha regla o razonamiento solo es aplicable para los términos determinados por días, como ser para la formulación de algún incidente, recurso de apelación, casación, plazo para resolver los recurso citados, etc., cuyo plazo está fijado en días, (razonamiento recogido por el Auto Supremo 387/2015-RRC-L de 22 de julio), consecuentemente solo se deben descontar las vacaciones judiciales” (las negrillas son nuestras).-Entendimiento jurisprudencial que determina con relación al cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el descuento de las vacaciones judiciales y no así los días feriados e inhábiles.-ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.-Que, con relación a la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del proceso promovida por FILEMÓN HILARION RIVERA bajo el argumento que hasta el día 6 de diciembre de 2021, transcurrieron 4 años, 10 meses y 6 días sin que se hubiera arribado a una sentencia ejecutoriada en la presente causa, resultando así un procesamiento indebido que le afecta y le restringe derechos y garantías constitucionales resultando contrario a lo previsto en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal.-Es así que conforme a los fundamentos jurisprudenciales expuestos, corresponde analizar los tres factores pertinentes para determinar si nos encontramos ante una duración máxima del proceso.-La complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica.-Con relación a la complejidad de la causa y sobre los hechos a ser juzgados, se debe puntualizar los hechos descritos en la acusación, es así que el hecho de lesiones sufridas fueron de 10 días de impedimentos a las víctimas, sin que comprometiesen su vida, por lo que se evidencia que las lesiones resultan ser superficiales, el hecho resulta ser culposo, pues al no encontrarse bajo influencia del alcohol, no se evidencia negligencia en el actuar del imputado, más por el contrario resulta ser un hecho fortuito, no existiendo trascendencia social en el mismo.-Es así que los hechos descritos tienen una característica patrimonial derivada de las lesiones, sin que las víctimas tuvieran interés en la continuación de la causa, o el Ministerio Público al tratarse de un hecho irrelevante para la sociedad. . Por lo que se puede inferir que no existió complejidad en el caso, tanto así en los hechos descritos o en la tramitación de la causa como tal.-La conducta de las partes que intervienen en el proceso; y.-Con relación a la conducta de las partes, se puede verificar que el imputado desde su audiencia de medidas cautelares, no obstaculizó la etapa preparatoria ni la etapa de juicio, sometiéndose así al los tiempos del proceso penal. Una vez apersonado verificada la excesiva duración de la causa, formuló la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima.-Asimismo, se debe tener en cuenta que la Victima, no se ha apersonado ante el proceso penal, denotando desinterés en el resultado del mismo, actuar que denota la irrelevancia de los hechos suscitados.-La conducta y accionar de las autoridades competentes.-Con relación a la conducta de la Autoridad Fiscal se puede evidenciar que la etapa preparatorio inició el 16 de noviembre de 2015 y que ameritó requerimiento conclusivo en fecha 13 de septiembre de 2016 siendo su duración de 10 meses en la etapa preparatoria excediendo el plazo de la misma; sin embargo a la presentación de la acusación se evidencia que recién se notificó al Ministerio Público el 8 de mayo de 2017, demorando más de 7 meses para notificarlo desde la radicatoria, por otra parte se evidencia que el Ministerio Publico excedió el plazo de 24 horas para presentar su prueba de cargo pues la misma recién fue presentada el día 10 de mayo de 2017excediendo el plazo previsto en el art. 340 del CPP.-Con relación a la conducta de las Autoridades Jurisdiccionales corresponde referir que a pesar que se inició el control jurisdiccional en fecha 24 de octubre de 2016 recién se notificó en mayo de 2017; existiendo una inactividad desde esa fecha hasta que el imputado solicita la extinción de la acción penal; existiendo una demora de 5 años para generar los actos preparatorios de juicio con relación a las víctimas.-Para efectos del cómputo de plazo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (tres años) se debe aplicar el art. 130 del CPP.-Es así que el art. 133 del CPP, prevé que el cómputo del plazo inicia dese el primer acto el procedimiento, salvo en caso de Rebeldía o causas de suspensión de la prescripción; asimismo, prevé como facultad de la autoridad jurisdiccional declarar extinguida la acción penal.-Es así que en el caso concreto el inicio de investigaciones data del 29 de enero del año 2017, es así que actualmente a la fecha de emisión de la presente resolución han transcurrido 6 años 6 meses y 17 días, es así que conforme al razonamiento jurisprudencial expuesto se debe descontar 25 días por cada año correspondiente a las vacaciones judiciales resultando 300 días.-En consecuencia el cómputo final se traduce a 5 años, 8 meses y día transcurrido desde el inicio de investigación a la fecha, sin que se hubiera instalado la Audiencia de Juicio o dictado sentencia.-Analizados estos tres criterios para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, se evidencia que no existe complejidad en materia o en los hechos que se juzgad, el actuar de las partes ha sido llano, toda vez que no existieron actos dilatorios por parte del imputado quien se sometió al proceso esperando una sentencia en el mismo; con relación a la víctima se verifica un actuar pasivo denotando así que la afectación a su bien jurídico no ha sido significativo y que no tienen intención de proseguir con la presente causa; mientras que el actuar del juez de Instrucción y el Fiscal, dilató por 10 meses el Requerimiento conclusivo de la causa, por otro lado durante la gestión 2016 hasta el 2019 este Juzgado se encontraba sin juez titular, habiéndose posteriormente priorizado causas con afectación a bienes jurídicos más sensibles.-POR TANTO: La suscrita Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato del art. 53 y 133 del CPP declara FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO promovida por WILDER OLIVERA ROCHA; en consecuencia y conforme a la facultad prevista en el art. 133 parágrafo tercero del CPP, concordante con el art. 27 núm. 10 del mismo cuerpo legal EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL con relación a los ciudadanos WILDER OLIVERA ROCHA CI 4368041, NACIDO EL 15 DE AGOSTO DE 1969 en Montero.-En consecuencia procédase a levantar las medidas cautelares que pesaren sobre los ciudadanos.-Al haberse dictado la presente resolución de manera oral, las partes deberán hacer uso del Recurso de Apelación conforme el art. 430 del CPP, quedando notificadas los presentes con el pronunciamiento de la misma.-Notifíquese a la víctima.-Regístrese, Archívese y Notifíquese.-------------------


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