EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: SALA PENAL TERCERO


E D I C T O EL DOCTOR: DANIEL ROLANDO COPA ROQUE, PRESIDENTE DE SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE ORURO, EN ESTRICTA OBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, POR CUANTO LA LEY LE FACULTA.- POR EL PRESENTE EDICTO DE LEY SE NOTIFICA A: FRANCISCO CHOQUEVILLCA HUAYLLA y VALENTÍN SALAS QUISPIA, A OBJETO DE QUE TOME CONOCIMIENTO DE LOS ACTUADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE EDICTO, DENTRO EL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE FLORENTINO TRUJILLO JAILLITA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO, A CUYO. FIN SE TRANSCRIBE, EL SIGUIENTE ACTUADO DE LEY: Tribunal Departamental de Justicia de Oruro Sala Penal Tercera AUTO DE VISTA Nro. 043/2022 Oruro, 30 de mayo de 2022 NUREJ Nro. 40122485 Apelación Restringida. Emitido dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO contra FLORENTINO TRUJILLO JAILLITA por la presunta comisión del delito de: FEMINICIDIO. VISTOS. - El Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Florentino Trujillo Jaillita, contra la Sentencia Nro. 06/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, cursante de fs. 39 a 43 vta., del testimonio de Apelación, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de las provincias E. Avaroa, L. Cabrera, S. Pagador con asiento judicial en Challapata (Oruro - Bolivia); los antecedentes cursantes en el testimonio de Apelación, todo lo inherente, y; CONSIDERANDO I - (Antecedentes). - I.1. Que, el Tribunal de Sentencia Penal de las provincias E. Avaroa, L. Cabrera, S. Pagador con asiento judicial en Challapata (Oruro - Bolivia), una vez desarrollada las audiencias de Juicio Oral, emite la Sentencia Nro. 06/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, que en lo más relevante de su parte resolutiva resuelve: “…Dicta SENTENCIA CONDENATORIA en contra de: FLORENTINO TRUJILLO JAILLITA, declarándole AUTOR del delito de: FEMINICIDIO, tipificado y sancionado por el Art. 252 Bis inc. 7), del Código Penal, incorporado por el Art. 84 de Ley No. 348 “Ley Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia”, imponiéndole en consecuencia la pena de 30 (años) de PRESIDIO, SIN DERECHO A INDULTO…”. I.2. Notificadas las partes con dicha determinación, el sentenciado Florentino Trujillo Jaillita, interpone Recurso de Apelación Restringida mediante escrito cursante de fs. 46 a 56 del cuaderno de Apelación. I.3. Por proveído de fecha 14 de febrero de 2022, se dispone la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, radicando conocimiento ante está Sala Penal mediante proveído de 25 de febrero de 2022. CONSIDERANDO II - (Argumentos del Agravio del Recurso de Apelación). - II.1.- Fundamentos de Agravio de Florentino Trujillo Jaillita.- II.1.1.- PRIMER MOTIVO, que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada (inc. 3 del art. 370 del CPP). Refiere que en la sentencia no existiría una determinación circunstanciada, esto referido al delito atribuido, señalando que debe contener circunstancias de tiempo, modo y lugar que la especifiquen, ya que la intención de la norma seria comunicarle de la manera más exacta los hechos por el cual ha sido, siendo que si los mismos están ausentes, se constituye en un defecto de Sentencia, refiriendo que desde la relación de hechos de la acusación hasta la sentencia, se tendría la obligación de especificar los motivos de hecho y de derecho que llevan a tomar una decisión de sentencia condenatoria, señalando que no existiría prueba directa que el acusado fuera el autor del hecho. Siendo que, la determinación circunstanciada de la Sentencia, debe emerger de una acreditación objetiva, teniéndose simplemente conclusiones genéricas, y que las mismas solo enuncian la base fáctica de la acusación, donde se estuviera omitiendo la participación individualiza. II.1.2.- SEGUNDO MOTIVO, que el imputado no se encuentra suficientemente individualizado, (inc. 2 del art. 370 del CPP). Refiere que este defecto, está ligado a la individualización el autor, lo cual estaría vinculada con la participación criminal que refiere el Código Penal, es decir, definir y establecer el grado de autoría; citando para ello al Tratadista, Fernando de la Rua, mismo que hace hincapié en la relación del acusado con el hecho delictuoso. Se cita párrafos sobre la Sentencia, donde en lo principal se menciona: “De la actividad probatoria desplegada queda confirmado, de manera fehaciente el lugar del hecho, la calidad de inquilino, que vivía en el inmueble de doña María Choquevillca”, “Otro hecho, que se tiene como sospecha razonada del acusado es el hecho de pretender hacerse pasar como fallecido”, “Por “Inferencia Probatoria”, dichas premisas, enunciados, constituyen suficientes razones y argumentos, para sostener que el hecho ha ocurrido y el que el Acusado es el autor del hecho de Feminicidio, porque el acusado, es el único que se encontraba en la casa y abandona sorpresivamente el cuarto que ocupaba como inquilino”. Citando ello, refiere que su participación habría sido establecida por esa inferencia, entendida como deducción o conclusión, puesto que la conducta debe estar individualizada describiendo modo, lugar y motivo por el cual hubiera actuado de esa manera y demás quienes hubieran participado en el hecho, esto en consideración en la poca información que se tendría. La sentencia llegaría la conclusión de su participación por el solo hecho de ser inquilino, no haciéndose referencia a otras personas que habitaban ese bien inmueble. II.1.3.- TERCER MOTIVO, que no exista fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria (inc. 5 del art. 370 del CPP). Refiere que no se establecería sobre la participación del imputado el cómo, dónde, cuándo y por qué hubiera dado la muerte a una persona de la tercera edad, además del móvil u otro aspecto; refiriendo posteriormente que no existiría fundamentación fáctica ni probatoria y que la misma seria contradictoria. En un párrafo posterior, refiere que existiría una contradicción en cuanto a la declaración, donde la sentencia habría introducido otros hechos, como el de abandonar sorpresivamente, situación que sería contradictoria, ya que le día de los hechos, el acusado habría devuelto las cosas que se habría prestado de la Sra. Lourdes, refiriendo que, de cometer el hecho, no habría devuelto las cosas que se habría prestado. Refiere, una contracción del nombre de: María (propietaria del bien inmueble) y María (persona que vivía con el acusado). II.1.4.- CUARTO MOTIVO, que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba (inc. 6 del art. 370 del CPP). En lo referente a este defecto de Sentencia, se menciona que se tiene agravios en los dos últimos presupuestos que tiene este inciso, vale decir que la sentencia se basaría en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba. Sobre los hechos no acreditados, refiere que la afirmación: “fue la última persona que tuvo contacto con la víctima antes del fallecimiento”, dicha afirmación nunca habría sido acreditada, por lo que resultaría especulativo; así mismo en cuanto a la afirmación de: “en horas de la tarde se había trasladado a la Localidad de Challapata”, esto sería otra afirmación que jamás habría sido sustentada, menos con la declaración de un testigo. Asimismo constatando con lo referido por la Médico Forense, no se establecería que el acusado habría dado muerte a la víctima o que el habría tenido contacto con la víctima. De todo ello, no tendría prueba, testigo o confesión que establezca la participación el hecho delictivo. Sobre la valoración defectuosa de la prueba, refiere que en toda la sentencia, no existiría valoración de los elementos de prueba, tampoco una justificación, menos una fundamentación, refiriendo que solo existiría una descripción de los medios probatorios, refiriendo que el Tribunal sólo se limita a decir: “la existencia, el momento y lugar del hecho se encuentra acreditada con lo siguiente…”, empero a continuación solo se habría realizado una descripción de los elementos de prueba. a). En su acápite “cuando no se hayan respetado la normas”, el recurrente reclama que por imperio del art. 333 del CPP, refiere que se habría valorado las entrevistas aun cuando estas no harían sido sometidas al contradictorio y menos a la inmediación; sobre ello, se menciona la entrevista de Valentín Salas Quispia, quien simplemente habría presumido del inquilino como responsable de la muerte de la víctima. b). En el acápite “cuando no se hayan respetado el principio de la recta razón”, dicho principio referiría que, para la responsabilidad de un imputado se requiere prueba directa que involucre al imputado directamente con el hecho, por lo que no se podría especular o inferir. c). En su acápite “cuando la valoración se haya apartado de las reglas de la sana crítica”, refiere que no existiría prueba alguna que apoye la responsabilidad del hoy recurrente (imputado), refiriendo que no se establecería el móvil para que el imputado hubiera dado muerte a una persona que jamás conoció, solo a su hija por el alquiler del bien inmueble, refiriendo que, del mismo modo, tampoco habría conocido al Sr. Valentín Salas quien afirmaría sobre el presunto alquiler; refiriendo para finalizar que no se habría respectado el principio de la razón suficiente. II.1.5.- QUINTO MOTIVO, nulidad absoluta del juicio oral que implique inobservancia y violación de derechos y garantías previstos en la CPE, Convenios, Tratados Internacionales y este Código. En este apartado, el recurrente que, durante el desarrollo del juicio oral, se habría inobservado los principios de inmediación, oralidad y contradicción; refiriendo que la prueba no habría sido sometido al contradictorio, tanto la prueba testifical como las documentales de MPD1 a MPD8 , refiriendo que, tampoco se habría presentado investigador alguno que establezca los hechos. También reclama la ausencia de continuidad, puesto que se habría reprogramado la audiencia de 30 de octubre de 2020 para 04 de diciembre de 2020; situación que la califica de anómala, refiriendo que en la audiencia reprogramada no hubo testigo, perito y sujeto de prueba de garantice la oralidad y contradicción, situación que vulneraria el debido proceso. II.1.6.- SEXTO MOTIVO, nulidad absoluta de la Sentencia, por defectos absolutos por inobservancia y violación de los derechos y garantías previstos en la CPE, Convenios, Tratados Internacionales y este Código. Comienza este apartado citando el artículo referido a la presunción de inocencia de la norma procesal penal, señalando que la sentencia habría referido que la carga probatoria le correspondería al acusado, también habría referido que el imputado tenía la obligación de declarar, por ello el Tribunal de Sentencia habría incurrido en un defecto absoluto; extremos que vulneran el principio de la presunción de incidencia, refiriendo que en caso de debía ser resuelta mediante el IN DUBIO PRO REO, refiriendo que si tendría participación en el hecho endilgado, no habría devuelto la garrafa y la cocina, refiriendo que la culpabilidad del acusado debe superar cualquier duda razonable. Precedentes contradictorios. Señala los siguientes: Auto Supremo N° 384/05, No 63/2007 del 27 de enero de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006, 443/2006 del 11 de octubre de 2006, No. 214 de 28 de marzo de 2007, AS N° 336/2011 de 13 de junio; 133/2012-RRC de 20 de mayo, 090/2013 del 28 de marzo de 2013, No. 326/2013-RRC de 6 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo, 603/2016-RRC de 10 de agosto, N° 137/2018-RRC de 15 de marzo de 2018, N° AS/192/2019-RRC de 08 de mayo de 2019; N° AS/197/2019-RRC de 29 de marzo de 2019, y SCP 0820/2014 Sucre, 30 de abril de 2014. Petitorio. Solicita se conceda el Recurso de Apelación y se ANULE la Sentencia impugnada, con la reposición del Juicio Oral, a través del REENVÍO DE LA CAUSA. CONSIDERANDO III - (De la Doctrina y Jurisprudencia aplicable al caso).- Ahora bien, a objeto de dar una respuesta a los agravios esgrimidos por la parte recurrente, corresponde realizar las siguientes puntualizaciones: III.1.- Sobre el Recurso de Apelación Restringida y la competencia del Tribunal de Alzada. - El art. 398 del CPP, con relación a la competencia de este Tribunal establece que: “…Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución…”, por lo que, con relación al principio de congruencia, este Tribunal, está sujeto a los argumentos y fundamentos de la parte recurrente en su recurso y a los agravios en los que se sustenta el mismo. Con relación a la competencia de este Tribunal de Alzada, el Auto Supremo Nro. 251 de 22 de julio de 2005 (Sala Penal Primera), estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, el Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida; en caso, de no encontrar vicios en la sentencia o defectos absolutos durante el desarrollo del proceso penal, deberá declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida, debidamente fundamentada; confirmando la sentencia apelada. Que, en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada, deberá pronunciar el respectivo auto de vista con el fundamento que corresponda al artículo 124 con relación a los artículos 173, 359 y 370 inciso 6) in fine del CPP; en consecuencia, aplicará el artículo 413 del indicado código penal adjetivo” Pero además de los presupuestos de competencia y marco de acción en que debe circunscribir su decisión esta Sala Penal Tercera, se tiene el deber y obligación constitucional de hacer una revisión prolija de las actuaciones del Tribunal inferior y analizar la actitud de dicho Tribunal si ha sido correcta, justa y legal, es decir, si el Tribunal en la tramitación de la causa hasta asumir la decisión final, hubo actuado y dictado la respectiva resolución desde y conforme la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta que el propio procedimiento penal no está regido propiamente por sí mismo, sino está regido por la Constitución Política del Estado a través de los valores supremos, principios, derechos y garantías constitucionales. III.2.- Sobre el delito de Feminicidio y su configuración sustantiva. Para profundizar la apreciación conceptual en torno al delito de Feminicidio, es pues el contexto histórico en el que fue incorporado en la legislación. Es así que, el 9 de junio de 1994, Bolivia y otros Estados de la región, suscribieron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará, por medio de este instrumento se acordó que la violencia contra las mujeres: “constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”; “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y, “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”. Más adelante la Constitución de 2009, en su art. 15, estableció como fundamental, que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”; así como declaró que, “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; y, finalmente en ese contexto obligó al Estado el adoptar “las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. La norma en cita, claramente censura acciones que perpetúen ciclos de violencia contra la mujer, que generen negación de su dignidad como ser humano; ergo, actos que tiendan a mermar, reprimir o reducir el ejercicio pleno de sus derechos en sociedad, a cosificar a la mujer, son a luces vejatorios y denigrantes. Sobre el particular, Idón Chivi afirmaba que: “Ni duda cabe, la violencia, sea cual sea su grado, constituye violencia y si esta es socialmente tolerada, constituye determinación colectiva absurda contra un grupo humano: las mujeres”; sostenía que “el feminicidio tiene cobertura constitucional, por ello es que su inclusión no debiera ser el tema de discusión, sino su formulación técnica, y la formulación técnica comienza por comprender que el horizonte epistemológico es la despatriarcalización”. Establecido el compromiso de Estado suscribiente y el mandato constitucional, el 9 de marzo de 2013, fue promulgada la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, sentando como objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. Esta norma, introduce en la legislación penal el delito de Feminicidio, ubicándolo en el Título VIII de Código Penal dentro los “Delitos Contra la Vida la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”, a través del art. 252 bis del CP y con el siguiente texto: “Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias”. Un apunte conceptual, importante a decir de esta Sala, se asienta en la diferencia teórica y material del Feminicidio en relación al Homicidio. En primer término, el Feminicidio, abarca tanto muertes que impliquen misoginia como también aquellas motivadas en cuestiones sexistas. Russell, explica que: “Los asesinatos misóginos se limitan a aquellos motivados por el odio hacia las mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas incluyen a los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”. La Sala considera que la lectura del art. 252 bis del CP, arroja no solo la tutela del derecho a la vida, sino contempla una variedad mayor de bienes jurídicos afectados, pues, determina circunstancias específicas contra una mujer que desencadenen en su muerte, siendo éste, el elemento típico normativo esencial a fines de la determinación de la conducta típica antijurídica. Es así que, la presencia de esas circunstancias en el texto de la norma, permite afirmar que el Feminicidio es un delito pluriofensivo, que violenta una serie de bienes jurídicos y derechos no sólo de la víctima, sino también de su entorno familiar, laboral y social, afrentando también, aspectos inherentes al ejercicio de derechos civiles pues dentro el contexto en el que el delito es cometido es de indudable afectación la tranquilidad y estabilidad de la familia. III.3.- Sobre la carga procesal del recurrente ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba. Sobre este aspecto el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 que estableció lo siguiente: “(…) Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de Alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los Jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus Resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la Sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la Resolución de mérito(…) Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la Sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural” . CONSIDERANDO IV - (Análisis del caso concreto). - Luego del desarrollo jurisprudencial y legal expuesto, corresponde verificar los argumentos expuestos en Apelación Restringida por el recurrente, a efectos de determinar si la Sentencia recurrida incurrió en los Agravios planteados por el recurrente, análisis bajo el siguiente orden: IV.1.1.- Sobre el PRIMER MOTIVO, que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada (inc. 3 del art. 370 del CPP). Respecto a este punto, es importante precisar que en el recurso analizado, no se viene en reclamar sobre el primer presupuesto que hace a este defecto de Sentencia, el cual es la enunciación del hecho, que en realidad es apreciable como un requisito del contenido de la Sentencia de acuerdo al art. 360 del CPP; en cambio, el segundo presupuesto que hace a este defecto de Sentencia, es el que atinge a una determinación circunstanciada respecto al contexto en que desenvolvieron los hechos delictivos, y este a su vez con relación a los aspectos comprobados en Juicio Oral, vale decir, circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión presunta de un delito; en correspondencia a ello, el recurrente viene en reclamar que, el hecho por el cual habría sido condenado el acusado, debería contener aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar que la especifiquen; al respecto, es menester hacer un análisis de control conforme la naturaleza del hecho, puesto que nos encontramos frente a un delito de Feminicidio o como la Corte IDH lo ha denominado “homicidio en razón de género”; el cual tiene una connotación particular en cuanto modo, puesto que estos delitos, así como los delitos en contra de la libertad sexual, se perpetúan fuera de la vista social y en la mayor situación de quietud posible; por lo que, al estar frente al análisis de la determinación circunstanciada, los operadores de justicia centran su análisis en el nexo causal que tienen los hechos frente a los elementos de prueba colectados, que dan luces sobre la participación del encausado en el hecho punible. Es menester de igual modo, citar el entendimiento del Auto Supremo Nro. 044/2014-RRC de 20 de febrero, que indica: “Entendiendo como tiempo no solo a la sindicación con fijación de día y hora, sino dependiendo a las características especiales de los delitos cuando no se pueda precisar esos aspectos, se comprenderá, como el espacio de periodo aproximado en el que se suscitó el hecho acusado; sobre el modo, relativo a las circunstancias en que se desarrolló el hecho histórico; y, el lugar referente a la identificación geográfica de los hechos endilgados; preservándose en todo el proceso penal la verdad material sobre las formalidades”, es así que, de una revisión minuciosa de la Sentencia, es apreciable que el hecho ocurrió en fecha de 03 de junio de 2017 en las calles Chuquisaca s/n entre calle Murillo Dorado, interior domicilio, así como se detalla la conducta a penalizar, asimismo identificando la identidad de la víctima vinculado al protocolo de autopsia médico-legal, donde se determinó una asfixia mecánica, ocasionado por una pañuelera fuertemente ajustada al cuello y demás detalles, así como el nexo causal del hecho con el acusado, identificándose de esta forma al responsable; realizando así una relación circunstanciada cabal, dentro de los parámetros que involucra un hecho delictivo de esta naturaleza; el cual también es abordado (determinación circunstanciada) al entendimiento del Auto Supremo Nro. 044/2014-RRC de 20 de febrero, citada ya precedentemente; por lo que no se haya asidero legal en cuanto al agravio denunciado. IV.1.2.- Sobre el SEGUNDO MOTIVO, que el imputado no se encuentra suficientemente individualizado, (inc. 2 del art. 370 del CPP). Sobre el particular, se denuncia la falta de individualización, refiriendo que a través del contradictorio se define y establece el grado de participación, cuestionando así en primera instancia que solo por el hecho haber tenido la calidad de inquilino en el lugar de los hechos es que se lo estaría ligando con los hechos acusados; para lo cual, debemos partir necesariamente de la premisa de la naturaleza del hecho, el cual por el art. 252 bis inc. 7) del CP responde a una agresión contra la libertad sexual, y en última instancia, el arrebatarle la vida a una mujer. Ahora bien, bajo ese marco de análisis, si nos remitimos a los puntos específicos denunciados por el apelante en su Recurso, estos están vinculados con el tópico relativo al apartado de los hechos probados, de donde es posible advertir que la condición que inquilino que cuestiona, fue acreditada mediante pruebas documentales, es así que la Sentencia establece: “la calidad De inquilino del Acusado. En Informe (MP-2) emitido por Sgto. 2do. Jesús Abraham Siles López, que se sabe que en este domicilio habían dado en calidad de alquiler una habitación al señor Florentino Trujillo, desde fecha 15 de mayo”, así mismo dichos extremos, fueron ampliamente corroborados varias veces por la declaración del propio imputado, es en ese entendido que la Sentencia establece aquel extremo, es decir, la calidad de inquilino del imputado; sin embargo de ello, el recurrente refiere: “por el hecho de haber sido inquilino, presumen mi autoría, sin establecer un móvil”, a lo cual, si nos remitimos a la Sentencia hoy cuestionada, observaremos que aquel reclamo no resulta evidente, puesto que es posible advertir la constatación de que el propio imputado reconoció que estuvo en el lugar de la comisión de los hechos; así también, constada a los hechos del pliego acusatorio, que el mismo (en contra de la lógica y las máximas de la experiencia), abandonó el bien inmueble de forma repentina y apresurada, con destino al Departamento de Santa Cruz; a esto se suma la apreciación que el Tribunal inferior hizo en cuanto a que, se habrían quedado solos, el imputado junto con su concubina (María Quinteros) consumiendo bebidas alcohólicas, siendo las únicas personas aparte de la víctima fallecida que se encontraban en el bien inmueble; llegando a despertar al día siguiente el imputado solo y decidiendo sorpresivamente su partida hacia el Departamento de Santa Cruz, dejando incluso su trabajo de albañilería a medias; situaciones corroboradas y las misma vinculadas con los elementos de prueba, llegando a generar una relación causal o nexo causal entre la conducta del imputado Florentino Trujillo y el resultado, esto con base en la comunidad probatoria judicializada e incorporada a juicio; no como se viene en reclamar que simplemente se le habría atribuido la comisión por el solo hecho de ser inquilino; aspectos que, evidencian que el Tribunal de grado constató la existencia del nexo causal entre el individuo y el hecho delictivo, encontrándose individualizado la participación del imputado en la comisión del delito de Feminicidio; consecuentemente, no se advierte que la Sentencia pecaría de inexistencia de individualización, situación por el que, el presente motivo deviene en infundado. IV.1.3.- Sobre el TERCER MOTIVO, que no exista fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria (inc. 5 del art. 370 del CPP). En cuanto a este apartado, en primer orden se advierte por parte del recurrente la inexistencia de fundamentación fáctica y probatoria, esto vinculado a la participación del imputado, donde la Sentencia no establecería el cómo, cuándo y por qué del hecho atribuido a Florentino Trujillo; haciendo mención especial en el móvil, ya que según el recurrente, no conocería siquiera a la acusada; sobre el cual, en primer orden es necesario referir que, si bien se tiene citados ciertas partes de la Sentencia, sin embargo de aquello, no se tiene precisado en cuál de los mimos se hallaría la inexistencia de fundamentación, ya que posterior a la cita de diversos párrafos, solo se menciona como carga argumentativa sobre la contradicción en cuanto a que el acusado habría abandonado sorpresivamente el cuarto alquilado, aspecto contradictorio para el recurrente puesto que refiere que el mismo habría devuelto las cosas prestadas; señalando así: “porque el Acusado, es el único que se encontraba en la casa y abandona sorpresivamente el cuarto que ocupaba como inquilino”, según se desprende de la propia Sentencia (fs. 42), sin embargo, se tiene que precisar que dicha cita, resulta de las conclusiones que el Tribunal de grado efectuó, pero si observamos el tópico donde se desmerece los argumentos de la parte imputada, esto de fs. 41vta, se puede observar porque se desmereció dicha referencia de devolución, donde el Tribunal resuelve: “De manera recurrente menciona a la señora Lourdes, que le presto garrafa, cocina y otros enseres. En los hechos, no existe ninguna persona que lleva ese nombre. La ciudadana que le presto la garrafa, cocina y enseres es la señora Luisa Montoya”, pero además de aquello, no se advierte por parte del recurrente en qué forma la supuesta omisión generaría una dirección opuesta a la del establecimiento de hechos que se tiene en la Sentencia, tomando en cuenta que la misma supuesta devolución de objetos prestados, sigue fundando la apresurada y repentina decisión de abandonar la Localidad de Challapata con destino al Departamento de Santa Cruz. Más adelante en este mismo apartado de agravio, reclama sobre que en la Sentencia se habría confundido el nombre de María (propietaria del bien inmueble) con María (concubina del hoy Sentenciado); empero, a más de ello, no se identifica el lugar donde la Sentencia estaría confundiendo a ambas personas por el nombre; aspecto que imposibilita la revisión y análisis de fondo del reclamo. IV.1.4.- Sobre el CUARTO MOTIVO, que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba (inc. 6 del art. 370 del CPP). Para la contestación y control sobre este apartado, se tiene que precisar que el mismo se denuncia en sus dos vertientes, los cuales pueden fácilmente coexistir en una misma Resolución, lo cual se pasa a analizar en el siguiente orden: Sobre los hechos no acreditados. En cuanto a este primer apartado, se denuncia que las afirmaciones de: “fue la última persona que tuvo contacto con la victima antes del fallecimiento” y “en horas de la tarde se había trasladado a la Localidad de Challapata”, no habrían sido acreditadas, por lo que resultaría especulativo; sobre ese particular, en primera orden respecto a la primera afirmación, la misma deviene de la Acusación, donde se afirma aquel extremo de la misma acusación cuando se señala: “según versión de los vecinos” (Sig.); sin embargo de aquello, dicha aseveración no fue efectuada por el Juzgador a momento de fundar la Sentencia condenatoria, sino que simplemente quedo en la relación de hechos de la Acusación, lo mismo acontece en cuanto a la segunda afirmación, y en lo que toca a este primer presupuesto de defecto de Sentencia, es que la misma se base en hechos no acreditados, y tal cual se precisó dichas aseveraciones de hechos, no fueron fruto para fundar la Sentencia, por lo que no resulta evidente el reclamo. Sobre la defectuosa valoración de la prueba. Sobre este particular, se reclama en primera instancia que no se habrían valorado ninguna de las pruebas, refiriendo que solo existiría una descripción de los elementos de prueba; sobre este reclamo, en primera instancia se hace notar que, el defecto inserto en el núm. 6) del art. 370 del CPP, identifica la falencia de pruebas que hayan sido defectuosamente valoradas, donde no se hayan respetado o se hayan omitido las reglas de la sana crítica que reza el A.S. Nro. 214/2007 de 28 de marzo de 2007, A.S. Nro. 035/2013 de 14 de febrero de 2013 y A.S. Nro. 14/2013 de 6 de febrero de 2013; sin embargo cuando se le alega inexistencia de valoración en su totalidad, la jurisprudencia nos orienta en sentido de denuncia como inexistencia de fundamentación, en el caso del reclamo, inexistencia de fundamentación analítica; por cuanto si se alega defectuosa valoración de la prueba el recurrente tiene la carga de demostrar, bajo una fundamentación coherente, puntual y un respaldo lógico jurídico, cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio, quien además de expresar las reglas de la lógica que hubieren sido inobservadas, debe vincular su crítica con el razonamiento base del Fallo, y proporcionar la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito. Ahora bien, en el presente Recurso vuelve a reiterar su observación a las conclusiones alcanzadas por el Tribunal A quo, no especifica las pruebas valoradas defectuosamente; de qué manera esta defectuosa valoración tiene incidencia en la Resolución final. En su punto “1) cuando no se hayan respetado las normas”, se denuncia que, se habría valorado el acta de declaración informativa del querellante Valentín Salas Quispia (yerno de la víctima fallecida), refiriendo que dicha documental no habría sido sometida al contradictorio, oralidad e inmediación; pero algo que necesariamente debe merecer una llamada de atención, es el hecho de que, a inicio se asevera una inexistencia de valoración, sin embargo, cuando se toca este punto, se asevera que la los Jueces habrían valorado las entrevistas. Al respecto no se debe olvidar que en base a los principios de la Ley Nro. 348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), los juzgadores deben poner en relevancia la verdad material por encima de los formalismos procesales, más aún cuando la jurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado estándares fundamentales que permiten el análisis de los hechos y las normas desde un enfoque en Derechos Humanos y fundamentalmente de perspectiva de género, es así que la Corte IDH ha señalado: “…El Estado puede ser responsable por no “ordenar, practicar o valorar pruebas” que pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos…” . En su punto “2) cuando no se hayan respetado los principios de la recta razón”, se denuncia que, para determinar la responsabilidad de un sujeto en el hecho debe existir prueba directa; más allá de dichas aseveraciones, no se genera mayor carga argumentativa a los efectos de poder responder al reclamo; máxime cuando la aseveración que realiza es sesgada, principalmente a los ojos de los delitos de naturaleza sexual y de Feminicidio. En el apartado “3) cuando la valoración de la prueba se haya apartado de las reglas de la sana crítica”, reclamándose en este caso sobre el móvil, refiriendo como fundamento que su persona jamás habría conocido a la víctima fallecida, refiriendo que no se habría respetado el principio de la razón suficiente; al respecto de ello, a fin de brindar una respuesta completa, se debe identificar los tipos de comisión en cuanto al delito analizado, es así que, la doctrina de Diana Hamilton Russell entre otros, distinguen dos tipos: a) El feminicidio íntimo, que se presenta en aquellos casos en los que la víctima tenía (o había tenido) una relación de pareja con el homicida, que no se limita a las relaciones en las que existía un vínculo matrimonial o de pareja sino también al entorno familiar; b) El feminicidio no íntimo, que ocurre cuando el homicida no tenía una relación de pareja o familiar con la víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por clientes, amigos o vecinos, por desconocidos cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla; entonces se puede inferir que, el hecho de no conocer a la víctima, no implica un fundamento como tal, ya que ciertamente existen casos en los el victimario desconocía a su víctima, sin embargo, no son casos aislados en los que se presenta un agresión sexual precedido por un Feminicidio, tal cual se advierte de la valoración que recibe el protocolo de autopsia médico-legal, donde se halla laceraciones en la parte genital de la víctima fallecida (ver fs. 40 vta); por lo que, en este tipo de casos, el móvil es hallado precisamente cuando el hecho de Feminicidio fue antecedido por una agregación sexual; por lo cual, no se halla sustento y menos resulta fundamento la alegación de que el imputado no conocía a la víctima. Se debe tomar en cuenta que, los delitos vinculados a la Ley Nro. 348, en especial los delitos de afectan fuertemente en contra de la asegurar una vida libre de violencia a las mujeres como grupo vulnerable, es decir, delitos donde se advierte fuertemente violencia desplegada hacia las mujeres, y en ese marco, el delito de Feminicidio, es el tipo penal por antonomasia de la Ley Nro. 348, donde la misma normativa especial, incorpora la aplicación la previsión normativa del inc. 11) del art. 4 de la Ley Nro. 348, mismo que señala: “En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables” (resaltado propio), donde efectivamente se garantiza la aplicación del principio de informalidad cuando concurra necesario considerar la verdad material sobre los formalismos, esto bajo el razonamiento de que, estos delitos merecen un tratamiento especial al margen de los delitos ordinarios, puesto en los hechos, no se aprecian testigos directos como en delitos ordinarios, por lo que, los operadores de justicia, deben explorar todos los hechos y decidir en base a una evaluación de todas las circunstancias que rodean al hecho, de ahí que, este Tribunal considero el nexo causal fundado por el Tribunal inferior para el establecimiento de los hechos vinculados a los elementos de prueba ya referidos precedentemente. V.1.5.- Sobre el QUINTO MOTIVO, nulidad absoluta del juicio oral que implique inobservancia y violación de derechos y garantías, previstos en la CPE, Convenios, Tratados Internacionales y este Código. Se reclama que, se habría inobservado los principios de inmediación y contradicción; refiriendo que la prueba no habría sido sometido al contradictorio, tanto la prueba testifical como la documental; respecto a ello, es menester hacer notar que en audiencia de fecha 30 de octubre de 2020, audiencia donde se llevó adelante la incorporación de la prueba de cargo de la representación del Ministerio Publico, misma que en su amplio derecho a la defensa, la defensa técnica de la parte imputada, planteó un incidente de exclusión probatoria, misma que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio Motivado Nro. 32/2020 de 30 de octubre; en ese marco de antecedente, no resulta evidente el reclamo efectuado en sentido de que se habría inobservado los principios de la inmediación y contradicción, puesto que, de aquel actuado procesal es posible advertir dos situaciones; la primera, la defensa técnica tuvo acceso a las documentales, razón por la cual plantea el incidente de exclusión probatoria; segundo, una vez resuelto dicho incidente, la defensa técnica anuncia reserva de apelación a la Resolución dictada, reserva que no fue objeto de apelación incidental; por ende, se entiende que aquel acto fue consentido, no en el sentido de que así habría querido la defensa del imputado, sino que no se ejercitó recurso alguno vinculado a aquella reserva de apelación, de donde se entiende esa aquiescencia ante la Resolución que resolvió el incidente; de modo que no se halla vulneración de los principios de contradicción e inmediación. En cuanto al reclamo sobre la continuidad de las audiencias de 30 de octubre de 2020 y 04 de diciembre de 2020; reclamo no evidente puesto que el mismo recurrente refiere que dicho receso de audiencia habría sido fundado legalmente bajo los alcances de los arts. 113, 334 y 335 del CPP, refiriendo el mismo que no habría objetado dicha determinación de receso, entendiéndose que bajo el mismo principio de continuidad, la audiencia podría llegar en cualquier momento a los alegatos finales, y así, a la emisión de la Sentencia, tomado en cuenta además que, desde los alegatos iniciales hasta la audiencia de alegatos finales, el imputado se encontraba con su defensa técnica, donde no se advierte limitaciones al derecho a la defensa, desde los principios de igualdad y contradicción (teniendo el acceso a los elementos de prueba) hasta la producción de su teoría del caso y finalmente la intervención en audiencia del propio imputado, por ende, no se halla vulneración al principio de continuidad y menos a la igualdad. IV.1.6.- Sobre el SEXTO MOTIVO, nulidad absoluta de la Sentencia, por defectos absolutos por inobservancia y violación de los derechos y garantías previstos en la CPE, Convenios, Tratados Internacionales y este Código. Refiere el recurrente que se habría incurrido en un defecto absoluto, esto por el tribunal habría señalado que el imputado tenía la obligación de ofrecer medios de prueba, así como la obligación de declarar el hecho; extremos que vulneran el principio de la presunción de inocencia; al respecto, es importante establecer un análisis de contrastación con la sentencia objeto de la presente apelación y análisis del caso; si nos remitimos al tópico relativo a la alegación de la defensa, en su segundo párrafo, es posible advertir que efectivamente, se señala sobre los derechos del acusado, como es el derecho al silencio, así como si este decide declarar, el mismo debe aclarar el hecho, sin embargo la cita: “tenía la obligación de declarar el hecho o aclarar el hecho”, no incide en más que ser una simple cita, la cual puede ser atribuible a un lapsus de transcripción, puesto que en Juicio Oral, el imputado fue consultado sobre si este declararía, y el mismo dio su aquiescencia para hacerlo (ver fs. 24 vta. de obrados testimoniales), entonces queda constatado que no se tiene actos procesales en los que se haya obligado al imputado a declarar o alguna otra situación de coacción en su voluntad. En cuanto al reclamo de “obligación de ofrecer medios de prueba”, del mismo modo, si nos remitimos a dicha parte de la Sentencia, es posible advertir aquel reclamo efectuado, sin embargo, ello no tiene mayor incidencia que lo citado, puesto que, la Sentencia no fue fundada en el hecho de que el acusado no haya presentado prueba, así como tampoco se le exigió en ninguna de las audiencias de Juicio Oral, que dicho acusado debía obligatoriamente probar su inocencia, por ende, al igual que la primera situación, la referida cita de la palabra “obligación” es fácilmente atribuible a un lapsus en la transcripción, por cuanto del control realizado, no se tiene en la Sentencia fundamentación en sentido de que se estuviera invirtiendo la carga de la prueba o se esté fundando la Sentencia condenatoria en prueba que no había presentado el acusado, lo cual no acontece; por lo que, el reclamo más allá de un error de cita, que no reviste trascendencia ni vulneración a su derecho a la defensa, así como tampoco al principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 116 de la CPE y 6 del Procedimiento Penal de la materia. Precedentes contradictorios. En cuanto a los precedentes contradictorios señalados: Auto Supremo N° 384/05, No 63/2007 del 27 de enero de 2007, 308 de 25 de agosto de 2006, 443/2006 del 11 de octubre de 2006, No. 214 de 28 de marzo de 2007, AS N° 336/2011 de 13 de junio; 133/2012-RRC de 20 de mayo, 090/2013 del 28 de marzo de 2013, No. 326/2013-RRC de 6 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo, 603/2016-RRC de 10 de agosto, N° 137/2018-RRC de 15 de marzo de 2018, N° AS/192/2019-RRC de 08 de mayo de 2019; N° AS/197/2019-RRC de 29 de marzo de 2019, y SCP 0820/2014 Sucre, 30 de abril de 2014. Al respecto de los citados, es necesario hacer notar lo siguiente; en primer lugar se tiene citado una Sentencia Constitucional en calidad de precedentes contradictorios, lo cual no resulta aplicable en la materia, esto a las luces de lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha determinado como precedentes contradictorios; segundo, la simple cita en forma cuantitativa, sin la mención mínima de vinculación de los citados “precedentes” con la Resolución cuestionada, impiden realizar el contraste y peor aún un análisis de las nombradas citas jurisprudenciales; máxime cuando la norma procesal en cuanto al planteamiento del Recurso de Apelación Restringida, refiere la separación fundada de los agravios, y al presente, no se tiene la mínima referencia a qué parte del fallo vincula cuál de los citados “precedentes”; por ende, no resulta atendible este apartado. En ese sentido, por los fundamentos esgrimidos supra, al no constatarse los agravios denostados en el Recurso interpuesto, corresponde la improcedencia del mismo. POR TANTO: La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declara IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Florentino Trujillo Jaillita, en consecuencia, CONFIRMA la Sentencia Nro. 06/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, cursante de fs. 39 a 43 vta. del testimonio de Apelación, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de las provincias E. Avaroa, L. Cabrera, S. Pagador con asiento judicial en Challapata (Oruro - Bolivia). Se advierte a las partes que esta Resolución puede ser objeto del Recurso de Casación en el plazo previsto por el art. 417 del CPP. Regístrese y notifíquese. - VOCAL RELATOR: Dr. Daniel Rolando Copa Roque - Presidente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. VOCAL: Dra. Eve Carmen Mamani Roldan - Presidente de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dr. Daniel Rolando Copa Roque Presidente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dra. Eve Carmen Mamani Roldan, Presidente de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro Fdo. Dra. Marisol Marzana Choque, Secretaria de Cámara de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. - DECRETO DE 17 de Junio de 2022 En mérito a la representación emitida por el Oficial de Diligencia de este Despacho Judicial y a objeto de proceder a la notificación con el Auto de Vista Nº 43/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, de: 1.- FLORENTINO TRUJILLO JAILLITA en el Penal de San Pablo de la Localidad de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, por secretaria líbrese la correspondiente Comisión Instruida, encomendando su ejecución y cumplimiento al Juzgado de Instrucción Penal de Turno Localidad de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, debiendo la autoridad comisionada devolver a la brevedad posible; y 2.- De las víctimas FRANCISCO CHOQUEVILLCA HUAYLLA y VALENTÍN SALAS QUISPIA, sea mediante Edictos a ser publicados en el Sistema HERMES, dependiente del Tribunal Supremo de Justicia. Fdo. Dr. DANIEL ROLANDO COPA ROQUE Presidente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Fdo. Dra. MARISOL MARZANA CHOQUE, Secretaria de Cámara de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. EL PRESENTE EDICTO ES FRANQUEADO EN LA CIUDAD DE ORURO A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS AÑOS.-


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